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Informe: El duro panorama para los pueblos indígenas después de la pandemia

Un informe del Forest People Programme revela que los planes de reactivación económica después de la pandemia de COVID-19 vulnera los derechos de los pueblos indígenas de cinco países, incluído Colombia.

La alternativa encontrada por Samela Satere (rasil) fue la fabricación de mascarillas de protección facial. Inicialmente, su comunidad las hizo para propio uso y para donar a familiares indígenas de otras comunidades y regiones de Amazonas. Sin embargo, las máscaras tuvieron éxito y las personas y empresas interesadas en la producción comenzaron a realizar pedidos. Además, el trabajo llamó la atención de organizaciones que se unieron para donar máquinas de coser, material para la confección de la máscara e incluso alimentos para los miembros de la Asociación, lo que hizo de las máscaras una alternativa rentable para superar las dificultades impuestas por la pandemia. / RAPHAEL ALVES

En su misión por estimular las economías azotadas por la pandemia, los gobiernos de Brasil, Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia y Perú han dejado de lado salvaguardas sociales y ambientales en favor de proyectos de desarrollo destructivos que están causando daño a comunidades indígenas y los bosques que cuidan, según un informe publicado hoy por Forest Peoples Programme.

Las minas a cielo abierto, las plantaciones agrícolas industriales, los mega proyectos de infraestructura y los complejos hidroeléctricos se encuentran entre los proyectos que están causando un aumento en la deforestación y los abusos en contra de los derechos humanos en cinco países que contienen la mayoría de los bosques tropicales del mundo.

“Esta investigación demuestra sin lugar a dudas que el comportamiento de los Gobiernos y los productores de materias primas en estos cinco países es directamente contradictorio con la creciente demanda en las naciones consumidoras de crear cadenas de suministro que estén libres de abusos de derechos humanos, deforestación y pérdida de biodiversidad,” dijo la Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y ponente en una rueda de prensa hoy que dará a conocer el nuevo informe.

“Ahora nos preguntamos ¿cómo responderá la comunidad global a estos hallazgos? Durante la pandemia, los Gobiernos no sólo han fallado al no detener la apropiación de tierras y las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores empresariales, sino que también han reescrito y revertido políticas ganadas con esfuerzo que son vitales para cualquier estrategia dirigida a proteger los derechos humanos y detener la destrucción de ecosistemas invaluables”.

El nuevo informe, titulado “Retroceso en salvaguardas sociales y ambientales en nombre de la COVID-19″, examina cómo los Gobiernos de los países tropicales más boscosos del mundo han utilizado la destrucción económica provocada por la pandemia para justificar el retiro de las protecciones legales sociales y ambientales.

El informe fue elaborado conjuntamente por investigadores de la Lowenstein International Human Rights Clinic en la Facultad de Derecho de Yale, la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex en Londres y el Forest Peoples Programme (FPP), en colaboración con varias organizaciones de pueblos indígenas de los cinco países. Basado en parte en entrevistas con las comunidades afectadas, el informe también se basa en cinco estudios de país co-escritos por investigadores nacionales y grupos de apoyo y organizaciones de pueblos indígenas.

“No se debería priorizar el desarrollo económico por encima de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los bosques tropicales, especialmente durante una pandemia”, dijo James Whitehead, director del Forest Peoples Programme (FPP). “En 2021, dos grandes conferencias internacionales abordarán el cambio climático y la aterradora pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Este estudio proporciona aún más evidencia de que la comunidad internacional y las empresas deberían mantener y fortalecer urgentemente las protecciones de los derechos humanos y los bosques tropicales y apoyar de manera proactiva a los pueblos indígenas para asegurar y proteger sus territorios”.

Un creciente cuerpo de evidencia ha documentado que los pueblos indígenas y las comunidades locales juegan un papel crucial en la prevención del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de una pandemia. Se ha demostrado que los pueblos indígenas superan a otros gestores forestales en la prevención de la deforestación, lo que tiene una importancia particular en los países con bosques tropicales que tienen algunas de las tierras más ricas en carbono y biodiversidad del planeta.

“La pandemia nunca puede ser una excusa para pisotear los derechos humanos y destruir nuestro planeta”, dijo Joan Carling, directora de Indigenous Peoples Rights International. “Para los pueblos indígenas, revertir las protecciones ambientales y sociales en nombre de promover la recuperación económica es sumarle una injuria a un insulto”.

El informe plantea cuatro hallazgos principales:

  • Los Estados están dando prioridad a la expansión del sector energético, la infraestructura, la minería, la tala y la agricultura industrial en o cerca de territorios indígenas sin proteger los derechos de los pueblos indígenas.
  • Los Estados no están haciendo cumplir las leyes nacionales e internacionales que prohíben el acaparamiento de tierras y, al contrario, están facilitando la deforestación ilegal, la expansión de la agroindustria y la minería que están afectando los territorios indígenas. Como resultado, la deforestación aumentó en el 2020 y es probable que aumente en el 2021.
  • Los Estados han desarrollado y están promulgando políticas y regulaciones de planificación y uso de la tierra que debilitan las salvaguardas sociales y ambientales actuales y violan los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los que protegen los derechos a la consulta previa con respecto a la realización de proyectos que afectan sus tierras.
  • Los pueblos indígenas que intentan hacer valer sus derechos se enfrentan a un aumento de la violencia, las detenciones y criminalización de sus acciones.

“Los pueblos indígenas están viendo cómo se les quitan sus derechos al igual que las tierras que durante mucho tiempo han sido sus hogares, también están siendo despojadas”, dijo James Silk, profesor clínico Binger de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Yale. “Las corporaciones de las industrias extractivas han presionado agresivamente a los gobiernos para que se les permita explotar los recursos naturales en las tierras indígenas, prometiendo revitalización económica, pero ignorando el efecto devastador en las comunidades indígenas. El resultado es una cascada de violaciones de los derechos humanos y una contribución cada vez mayor al calentamiento global”.

El informe establece las acciones urgentes que necesitan tomar los Gobiernos de los países con bosques tropicales para revertir estos peligrosos retrocesos y fortalecer las protecciones para los pueblos indígenas y sus territorios. Hace un llamado para regular de manera más estricta las cadenas de suministro globales vinculadas al abuso de derechos y la deforestación e insta a los inversores y financieros internacionales a aplicar salvaguardias rigurosas para respetar los derechos humanos y proteger los bosques en todo el financiamiento de proyectos y programas de recuperación de COVID-19.

Muchas naciones adoptan la explotación a gran escala de los recursos naturales como una estrategia de estímulo económico a pesar de una larga lista de investigaciones que detallan cómo esta estrategia causa daños sociales y ambientales y, a menudo, no genera beneficios económicos duraderos o equitativos. Investigaciones más específicas han demostrado que las plantaciones masivas de palma aceitera contribuyen a un porcentaje muy pequeño del PIB de Indonesia, al tiempo que generan abusos de derechos humanos a gran escala y deforestación.  Investigaciones también muestran cómo el saqueo (en gran medida no regulado) de los recursos minerales de la República Democrática del Congo ha agudizado la inseguridad económica y política que es endémica en el país.

“La forma en que los Estados responden cuando los pueblos indígenas afirman sus derechos territoriales es a menudo muy problemática”, dijo Cathal Doyle, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, Londres. “Los derechos de los pueblos indígenas se subestiman enormemente en las decisiones gubernamentales y algunos pueblos indígenas son criminalizados por su forma de vida. Tienen derechos que existen en papel, pero los Gobiernos no respetan estos derechos. En tales contextos, la ley puede usarse como un arma para silenciar y oprimir a quienes defienden sus tierras”.

Estudios de casos nacionales en Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Indonesia y Perú

En Brasil, la retórica incendiaria del Presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno genera titulares, pero a menudo distrae la atención del grado en que las protecciones de los derechos indígenas han sido limitadas. Tan solo entre marzo y mayo de 2020, el gobierno aprobó 195 leyes ejecutivas destinadas a desmantelar o eludir directa o indirectamente las leyes ambientales, proporcionando así impunidad para el acaparamiento ilegal de tierras en territorios indígenas. La deforestación en la Amazonía brasileña en 2020 alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años.

“El gobierno de Bolsonaro ha hablado abiertamente sobre la motivación oportunista detrás de su campaña para revertir las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Sofea Dil, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “A principios del 2021, líderes de las tribus Kayapó y Paiter Surui presentaron una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando que el Fiscal investigue esta campaña concertada, alegando que el trato agresivo del Gobierno a los pueblos indígenas y el medio ambiente cumple con la definición de crímenes de lesa humanidad. Esta es solo la más reciente de una larga serie de acciones de protesta que hablan de la resiliencia de los grupos indígenas en Brasil frente a años de violaciones atroces de sus derechos humanos”.

En Colombia, la plaga de asesinatos de líderes indígenas y defensores de los derechos humanos se ha intensificado durante los cierres de emergencia de COVID-19, y la deforestación en la Amazonía ha aumentado en más del 80%.

Durante la pandemia, el Estado también ha impulsado medidas controversiales para debilitar las protecciones a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para los pueblos indígenas, y ha avanzado con planes para utilizar la fumigación aérea de herbicidas tóxicos para combatir los cultivos ilícitos, incluso en la región amazónica, a pesar de las demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños agricultores y grupos afrocolombianos que exigen el CLPI y protestan por posibles violaciones de derechos, problemas de salud y daños al medio ambiente.

En la República Democrática del Congo (RDC), el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha sido inadecuado y, ahora, las leyes están retrocediendo. La nación tiene un historial de epidemias, incluidos varios brotes de ébola, que crean un contexto de salud de alto riesgo que el Gobierno utiliza para controlar a la población. La actual pandemia de COVID-19 ha diezmado la economía nacional, proporcionando excusa para nuevas políticas nacionales que eluden las moratorias que existen desde hace mucho tiempo sobre la extracción de recursos en tierras indígenas y amenazan las pocas protecciones de los derechos de los pueblos indígenas que existen actualmente.

En Indonesia, la Ley Ómnibus sobre Creación de Empleo, aprobada en octubre de 2020 sin una participación significativa de los pueblos indígenas y a pesar de su oposición, debilita las leyes de protección ambiental y las leyes que regulan las evaluaciones de impacto, el uso de la tierra y la consulta pública. Sin embargo, el proyecto de ley de derechos indígenas que implementaría el fallo del 2013 del Tribunal Constitucional de Indonesia, que revocó los reclamos del gobierno sobre los bosques indígenas, ha languidecido durante casi una década ante la Cámara de Representantes.

“El año pasado mostró una descarada falta de consulta de los pueblos indígenas en Indonesia sobre un proyecto de ley que transforma radicalmente las formas en que se gestionan los bosques tradicionales”, dijo Chris Ewell, investigador de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “Dada la pandemia en curso, numerosos líderes indígenas alrededor del mundo han exigido que sus Gobiernos se abstengan de aprobar nuevas leyes que afecten a las tierras indígenas hasta que el riesgo de infección haya disminuido y sea posible obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. El proyecto de ley muestra que cuando el Gobierno de Indonesia quiere impulsar algo, puede, pero no reconoce a los derechos indígenas como una prioridad”.

En Perú, la Defensoría del Pueblo documentó en 2019 más de 134 conflictos sociales activos relacionados con temas socioambientales y mineros. Durante la pandemia, la rapidez con la que el gobierno acudió a ayudar a estos sectores económicos contrasta con sus prolongadas demoras, a veces de décadas, para abordar estos conflictos. En mayo del 2020, el Gobierno declaró que la economía volvería a abrir en cuatro fases, la silvicultura, la minería y el petróleo serían los primeros sectores a reiniciar, mientras que las multas ambientales serán aplazadas y los informes de seguimiento ambiental y social suspendidos.

“El Gobierno presenta las reglas de COVID-19 como una excepción, pero estas excepciones simplemente hacen que las cosas vuelvan a la normalidad”, dijo Anna Wherry, investigadora de la Facultad de Derecho de Yale que contribuyó al informe. “El Gobierno afirma que intenta hacer un esfuerzo en buena fe para consultar con las comunidades indígenas afectadas por los acontecimientos, pero estas consultas no garantizan el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado. De hecho, los cinco países de este estudio utilizan esta misma estrategia; la pandemia de COVID-19 ha facilitado que estos gobiernos ignoren los derechos indígenas con impunidad”.

El nuevo informe publicado hoy representa un esfuerzo de colaboración entre investigadores internacionales, defensores de los derechos y comunidades indígenas en los cinco países tropicales más boscosos del mundo. También es un llamado a la acción para que los actores nacionales e internacionales protejan mejor los derechos de los pueblos indígenas ahora y en el futuro.

Los autores del documento señalan que, a pesar de enfrentar los desafíos en curso de la pandemia, estos esfuerzos para debilitar salvaguardas ambientales y sociales y los derechos a la tierra, los pueblos indígenas de los países con bosques tropicales se han unido para oponerse a la erosión sistemática de sus derechos en nombre del COVID-19.

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/

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La peligrosa vocación de educar en Colombia: al menos 30 maestros asesinados desde 2018

Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para quienes luchan por defender sus derechos. En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales. Desde 2018 al menos 30 maestros sindicalistas han sido asesinados. Organizaciones internacionales alertan sobre la incapacidad del Gobierno colombiano para contener la crisis.

El fin de semana del 21 de noviembre dos maestros sindicados fueron asesinados en Colombia: Douglas Cortés Mosquera y Byron Revelo Insuasty. Desde 2018, al menos 30 maestros sindicalizados han sido asesinados, y muchos más amenazados y obligados a desplazarse de su territorio.

Justice For Colombia (JFC), organización birtánico-irlandesa que aboga por los derechos humanos, pide al presidente del país, Iván Duque, que garantice la seguridad de todos los sindicalistas.

Las muertes y amenazas son «particularmente alarmantes dada la incapacidad del Gobierno para contener la espiral de crisis de derechos humanos que envuelve a Colombia, en la que los defensores de los derechos humanos, los líderes comunitarios y los exguerrilleros de las FARC-EP se enfrentan a terribles niveles de violencia», advierten en un comunicado.

Asesinatos de docentes en Colombia

Los asesinatos de Cortés Mosquera y Revelo Insuasty sucedieron días después de que docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) realizaran huelgas nacionales por mejoras en la financiación y las condiciones del sistema educativo público, así como la protección de los derechos humanos.

Además, ambos fueron muertos casi un mes después de que Diógenes Orjuela, presidente de la mayor confederación sindical del país (la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), y varios miembros del Comité Ejecutivo de la Fecode fueran amenazados a muerte.El cuerpo del docente Byron Revelo Insuasty fue encontrado en una morgue en Tumaco, departamento de Nariño (al suroeste de Bogotá), el domingo 22 de noviembre. Según información de JFC, nueve días antes, había sido secuestrado mientras se dirigía a las elecciones sindicales. Byron era miembro del Sindicato de Magisterio de Nariño y del partido político Colombia Humana.

Ese mismo día, el sindicalista docente Douglas Cortés Mosquera, que pertenecía al Sindicato de Maestros de Risaralda, fue asesinado en La Virginia, al oeste de Bogotá. Según JFC, también era conocido localmente como artista.

​En 2020 han sido asesinados 261 activistas sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia. El país sudamericano sigue siendo el más peligroso del mundo para los sindicalistas y líderes sociales.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093692493-la-peligrosa-vocacion-de-educar-en-colombia-al-menos-30-maestros-asesinados-desde-2018/

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Boaventura de Sousa Santos: «El capitalismo no funciona sin sexismo y sin racismo»

Por: Bernarda Llorente

Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa Santos.

El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de Sousa Santos es el gran pensador actual de los movimientos sociales, autor de una extensa obra en la que se destacan títulos como «Una epistemología del sur», «Democracia al borde del caos: Ensayo contra la autoflagelación» y «El fin del imperio cognitivo» se ocupa desde hace décadas de radiografiar la vida y los modos de subsistencia de las comunidades más vulnerables, un radio de acción que lo llevó a documentar desde las condiciones de un campo de refugiados en Europa hasta las formas de organización de las comunidades originarias de Amazonia o los barrios populares de Buenos Aires.

Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad portuguesa de Coímbra, donde reside la mitad del año tras haberse jubilado como docente de la Facultad de Economía. Obtuvo un doctorado en sociología de la Universidad Yale y dio clases también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), donde pasa la otra mitad del año. En sus textos desmenuza los conceptos clásicos de las ciencias sociales para entender el mundo y los revitaliza con el objetivo de construir saberes «que otorguen visibilidad a los grupos históricamente oprimidos».

«El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente».

Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, propone un modelo de intelectual como agente de cambio, Sousa Santos analiza la refundación del estado y la democratización de la democracia . Se considera un «optimista trágico» , por eso cree que la pandemia es una gran oportunidad para replantear el modelo neoliberal, que considera agotado.

–¿Qué futuro podemos esperar después de la pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pensar y de construir el mundo post pandemia?

–La pandemia ha creado tal incertidumbre que los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de publicar «El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía» y lo que planteo es que esta pandemia marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la pandemia, porque va a inscribirse como una marca muy fuerte en toda la sociabllidad de este siglo. Y lo será porque el modelo de desarrollo, de consumo, de producción que hemos creado, ha llevado a que no sea posible en este momento, por más vacunas que existan, poder salir de ella.

Entraremos en un período de «pandemia intermitente»: confinamos-desconfinamos, donde el virus tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es una explotación de la naturaleza sin precedentes, está destruyendo los ciclos vitales de restauración, y por eso los hábitats se ven afectados con la minería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, los insecticidas y pesticidas, la contaminación de los ríos, el desmonte de los bosques… Esto, junto al calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que hace que cada vez más los virus pasen de los animales a los humanos. Y los humanos no estamos preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos cómo enfrentarlos.

–Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas?
–Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. El primero es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy preocupante. Porque esa «normalidad» significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países gritando «basta».

El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas… la gran mayoría no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural.

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas.

–El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías?

–Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la ausencia de alternativa. La idea de que con el fin del socialismo soviético y de la caída del muro de Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capitalismo más antisocial, que es el neoliberalismo dominado por el capital financiero. En Argentina tuvieron una experiencia muy dolorosa con los fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en confinamiento -pandémico y político- encerrados en el neoliberalismo. La pandemia nos da una esperanza de que podemos salir del confinamiento. Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos abre las puertas a alternativas. Porque devela que este modelo está completamente viciado; hay un capitalismo corsario que ha hecho más millonarios a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 millones de dólares en un mes y hasta el confinamiento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de Jeff Bezos, con Amazon. El aumento de las compras online lo convirtieron en el primer trillonario del mundo. Él y otros siete hombres de Estados Unidos tienen tanta riqueza como los 160 millones más pobres de ese país, que conforman más de la mitad de su población. Esa es la actual concentración de la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. La palabra que se me ocurre en este momento es robo. Hubo robo. Y las falencias de este modelo obligan a cambiar la política y eso nos da una esperanza. Lo que más me molesta hoy en día es la distribución desigual entre el miedo y la esperanza. En las barriadas del mundo las clases populares tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, creativamente. Por ejemplo durante la pandemia protegieron sus comunidades. Pero abandonadas por los estados en gran parte de los países, tienen muy poca esperanza.

–Hablaba del peso que hoy tienen las empresas digitales al haberse convertido en las mayores empresas del planeta, incluso superando en dimensiones económicas y poder a muchísimos países. ¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del neoliberalismo actual de cara al futuro? ¿Cómo influye este cambio en nuestras vidas?
–Antes de la pandemia ya estábamos todos hablando de la cuarta revolución industrial, dominada por la inteligencia artificial, la robótica y la automoción. Con las impresiones 3D, la robotización, el enorme desarrollo de las tecnologías digitales, nos volvemos cada vez más dependientes de ellas. El tema es determinar si estas tecnologías son de bien público o de unos pocos propietarios. Ese es el problema ahora. Hay sistemas públicos –por ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser ofrecidos al mundo. Las empresas se niegan porque pretenden seguir con sus negocios. Y son muy pocas… Google, Apple, Facebook, y Amazon (GAFA) y Ali baba en China. Son estas las grandes compañías tecnológicas que hoy dominan el mundo y que no aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, por ejemplo, la discusión en el Congreso en los Estados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho que no acepta ser regulado. Y como tienen tanto poder, estas empresas desde su arrogancia pretenden autorregularse de acuerdo a sus intereses.

–Al mismo tiempo su poder traspasa el económico y juega un papel fundamental en la política. Las fake news desparramadas en las redes sociales y la desinformación colaboran a la degradación de pilares estructurales de las democracias.

–Claro, por supuesto. Y además la contradicción es esta… en muchas partes del mundo, por ejemplo en Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Parlamento Europeo, las fake news y el uso de las tecnologías digitales para producir noticias falsas tuvieron un papel fundamental en los resultados electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en ese momento como hoy lo hace con Trump en Estados Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era brasilero. Twitter intervino cuando era la democracia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si fuera la de Bangladesh, la de Sudáfrica, o de Portugal, no importa… es libertad de internet. Pero si estamos en los Estados Unidos, ahí no, ahí vamos a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede llevar a una regulación más amplia a nivel global de las redes, pero obviamente que estamos en otro paradigma, en el que tenemos que trabajar con estas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra todo el sistema de noticias falsas.

–¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos?
–Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta transición muy desgastados, muy empobrecidos políticamente, porque la política se empobreció muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la política es construir alternativas. En su momento el socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, por ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero había una opción; con la caída del muro de Berlín nos quedamos sin opción, y entonces los políticos se confinaron al capitalismo y se volvieron mediocres. La política dejó de tener interés -incluso para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de ella. Hace poco hablé con algunos que trabajan en vivienda en Brasil, que están interesados en darle una casa digna a la población que está sin techo, casi no participaron en las últimas elecciones municipales. Porque decían mira, vamos a elegir uno u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que la gente piense que los cambios políticos no cambian nada, que son una forma de gatopardismo. La política tiene que volver a construirse. Pienso que de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a la izquierda de la derecha será la capacidad entre los grupos políticos de crear alternativas frente a al capitalismo, alternativas de una sociedad distinta, que puede ser de diferentes matices. Quizás sea una sociedad que vuelva a los intereses de los campesinos y los indígenas del continente. Que tenga una relación más armónica con la naturaleza. El capitalismo no puede tener una relación armónica, porque el capitalismo tiene en su matriz la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar una dimensión paradigmática de cambio para otra civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar el presente siempre con los dos primeros escenarios. Esa va a ser la diferencia a futuro.

–Usted habla de varios conceptos que ayudarían a transformar las formas de construcción política. Salir de la idea de la utopía como un «todo» para reemplazarla por la de muchas y variadas utopías acordes a la diversidad de realidades y sueños. ¿Cómo se hace para diversificar, segmentar, construir distintas utopías y al mismo tiempo potenciar un proyecto global, que sea capaz de estructurarlas, potenciarlas, unirlas?

–Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exactamente esa asimetría entre la dominación que no es simplemente capitalista, sino también colonialista y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo y sin sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la resistencia no está articulada, está fragmentada, es por eso que muchos partidos de izquierda, con vocación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. Incluso algunos movimientos feministas han sido racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos movimientos de liberación anti-racial han sido sexistas y han sido pro-capitalistas. El problema que enfrentamos es una dominación articulada y una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir adelante porque sabemos que la intensificación del modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un modo de dominación que lleva a los otros. En Brasil cuando se intensifica la explotación capitalista, con Temer y después con Bolsonaro, se incrementó de una manera brutal el genocidio de los jóvenes negros en las periferias de las ciudades. Aumentó la violencia doméstica en contra de las mujeres y el feminicidio. O sea, la dominación es particular. Necesitamos de sujetos políticos globales además de los locales, y además de los nacionales. Esta articulación es posible porque cuando los movimientos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, al mismo tiempo, cuando ganan importancia, traen las otras demandas, el hambre o de la desigualdad social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene una dimensión feminista también, y obviamente de oposición a este modelo capitalista tan desigual e injusto. Yo pienso que tiene que haber un cambio. En la dimensión local hay que volver a las barriadas. Hoy son los pastores evangélicos quienes hablan con la gente y les dicen que hay que votar a la derecha. Por eso pienso que no es solo la organización, sino también la cultura política la que necesita cambios.

–¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o reforzar los partidos y los movimientos sociales frente a esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio?

–¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. Los partidos de izquierda se acostumbraron a esta dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 años esa dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. Independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los periódicos eran ocupadas por los economistas y las finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, los epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver otro modo de hacer política y otra manera de gerenciar la política. Yo pienso que parte de las izquierdas deben acostumbrarse a ser oposición para luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a mejorar la vida de la gente. Pero las instituciones actualmente no permiten eso, porque tenemos todo un entorno global que no te deja, por ejemplo el capitalismo financiero. Entonces tendremos que encontrar otra forma de gobierno y hay que empezar a pensar en esa dimensión global.

Conversación entre la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui y el director del proyecto ALICE, Boaventura de Sousa Santos. 

¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo construirse desde otras lógicas?
–La política de gobierno es una parte de la política: fuera de eso tienes que tener otra política que es extra institucional, que no está en las instituciones sino en la formación de la gente, en la educación, en las calles, en las protestas pacíficas. Miren lo que está pasando en Chile antes de esta pandemia; fueron las mujeres, sobre todo, y los movimientos sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para traer a las calles cosas que la política misma no estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, por increíble que parezca, no habían incluido en sus proyectos la causa mapuche cuando los mapuches habían sufrido con huelgas y asesinatos, y habían sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía están abandonados. Es necesario una protesta y un movimiento popular constituyente, donde las mujeres tengan un papel muy importante para tener en la política una gestión plurinacional. Los partidos son importantes pero los movimientos son igual de importantes. Tiene que haber una relación mas horizontal entre ambos.

–¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las principales herramientas de visibilización y resonancia política?

–Las comunidades siguen teniendo una gran creatividad y esto forma parte de un movimiento de izquierda reconstruida, más abierta a toda esta creatividad comunitaria. No son simplemente las calles y las plazas, es la vivencia comunitaria que tendremos que intensificar. Porque las calles no son un emporio de las izquierdas, en esta década vamos a ver calles llenas de gente de extrema derecha. Yo vi a la extrema derecha entrar en las manifestaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, aprovechadas por la extrema derecha, y después dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabemos muy bien eso, los Estados Unidos hoy, la gente contra Biden que no es propiamente de izquierda, y por otro lado los Prat Boys de la extrema derecha organizada y militarizada que ocupa las calles, y que va a hacer la política extraconstitucional, de las calles, de las protestas.

–En Argentina se ha hablado mucho de «la grieta» como si fuera un fenómeno «nacional», único. Cuando se mira al mundo la polarización, sin embargo, parece ser el signo de estos tiempos. ¿Cómo afecta esta situación el funcionamiento de la democracia?
–A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría democrática, la idea más valiente, más segura, era que las democracias se sostienen en una clase media fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, trabajando en África y en América Latina, no veía clases medias fuertes, lo que realmente veía era desigualdad social. Siempre me sentí como un demócrata radical, o sea, la democracia es mala porque es poca. Hay que ampliar la democracia en las calles, en las familias, en las fábricas, en la vida universitaria, en la educación. Entonces esta idea de que la polarización es contraria a la democracia, me parece que es cada vez más evidente cuando hablamos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o se refuerza, con una democracia participativa, con otras formas de participación de la gente que no sean democracias electorales, porque si son solo democracias electorales van a seguir eligiendo anti demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, como tantos otros. Por eso la democracia muere democráticamente, por elección, por vía electoral. Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su golpe. Creo que hay que fortalecer esa democracia con democracias participativas. La polarización, la desigualdad, provienen de esta polarización de la riqueza sin precedentes que hoy tenemos. A mayor desigualdad en la vida económica y social, más racismo, más discriminación y más sexismo. Entonces estamos en una sociedad en retroceso a nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el capitalismo es cada vez más desigual, más racista y más sexista. Esta es la realidad que tenemos hoy.

–¿Como sería la forma de avanzar hacia una mayor participación, imprescindible para recomponer las democracias, con la exclusión social que arroja un modelo tan concentrado y desigual?
–Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debemos contar con políticas sociales, romper con el neoliberalismo, y para eso es necesario una reforma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase media paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. Que Trump haya erogado de impuestos federales 765 dólares, es impensable. Tiene que haber una reforma fiscal para dar políticas de educación, de salud. La otra cuestión es política, necesitamos una reforma constituyente. Las constituciones que tenemos congelaron una sociedad segmentada, no solo desde un punto de vista capitalista sino también racista y sexista. Tenemos que refundar el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma política fueron Bolivia y Ecuador, e igual fracasaron. La misma idea fracasa muchas veces antes de tener éxito, antes de hacer historia. Los derechos de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos resultados en Ecuador, pero veamos lo que pasó en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera ministra, una mujer fabulosa, la líder mundial en este momento después del Papa diría yo, esta señora promulgó una ley sobre los derechos humanos del río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente eso, ha dado plata para regenerar, revitalizar los ciclos vitales del río. Es una revolución que no logró efecto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, como sí en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, conocimiento, incluso sentimiento paisaje».

Pienso que las constituyentes van a ser un marco del futuro para deslegitimar el neoliberalismo y volver a la soberanía popular que va a permitir la soberanía alimentaria, que muchos países no tienen hoy. soberanía industrial, ¿cómo es posible que los Estados Unidos no produzcan mascarillas ni guantes, ni respiradores? Por eso, ¿es un país desarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la vida de la gente que los Estados Unidos.

–El gobierno de Alberto Fernández comenzó en diciembre y tres meses más tarde debió enfrentar la pandemia, a la que se sumó la herencia de un país endeudado y una economía destruida. ¿Qué nos recomendaría a los argentinos, a los latinoamericanos, en este momento?

–Yo soy un intelectual de retaguardia, no de vanguardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es grande, es conversar con la gente. Yo pienso que es un continente en el que siempre ha habido una creatividad política enorme, y estas experiencias han dejado cosas muy interesantes. He hablado de Chile, también Bolivia, las elecciones ahora en Brasil. Alberto Fernández es un caso muy interesante y los describe mi último libro, porque es el único presidente que llega al poder y después viene la pandemia. Viene con un programa, pero el programa se vuelve la pandemia. Alberto Fernández tuvo un coraje enorme para enfrentarla. Un gran problema es la herencia brutal de neoliberalismo, de destrucción del Estado, de las políticas sociales, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva tiempo la reconstrucción. Además, es una sociedad muy movilizada, con movimientos sociales y populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en estos días se expresa en la lucha por el aborto legal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se nota. Esta es una gran oportunidad para repensar un poco la política y para volver a una articulación continental; yo pienso que la idea de matriz de articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, fueron muy interesantes. Esta semana mirá lo que China y los países asiáticos están haciendo: el más grande conjunto de libre comercio, de articulación económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; es mucho más grande que cualquier acuerdo europeo, mucho más grande que el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por qué no entender que el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos? Y tiene que tener más autonomía, porque son todos de desarrollo intermedio, de mucha población. Hay que reinventar y en este momento, sobre todo, hay que hacer una autocrítica. A las personas de izquierda no les gusta, porque viene de la época de Stalin, pero la autocrítica es la auto reflexión, es repensar las izquierdas.

América Latina: el patio trasero

Para entender los procesos políticos latinoamericanos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa en las asimetrías, en lo cultural. Estudia las democracias tribales, mira las economías urbanas, critica los sistemas educativos, se enfoca en lo múltiple, lo pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser refundado porque esta democracia liberal ha llegado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas no es novedad, pero que las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, es producto de la exclusión que produjo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

–¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en América Latina, la cual aparece como una Región en disputa?

–Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de Bolivia, es el único país que tiene la mayoría indígena del continente, 60% de la población. Yo pienso que los occidentales de izquierda, nosotros los blancos de izquierda, intelectuales, no entendemos los pueblos indígenas. Hay que ser muy humildes, porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el MAS de nuevo, la sorpresa fue enorme, porque no imaginaban que los indígenas volverían tan rápido al gobierno. Porque no entienden el alma indígena. Después de la salida de Evo reconstruyeron el MAS, los liderazgos, se animaron de otra manera, con otra gente.

–¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje?

–Estamos repensando todo y las cosas están cambiando. El contexto internacional de esos años hasta el 2014 permitió que en algunos países de América Latina como Brasil o Argentina la gente fuera menos pobre, sin que los ricos dejaran de enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por parte de los gobiernos populares pero el ciclo de las comodities cambió y los modelos entraron en crisis. Cualquiera que hayan sido los errores cometidos en los procesos populares, sabemos que no pueden repetirse. Porque los precios de los commodities no están como estaban, porque las condiciones son muy distintas, y porque hay una deslegitimación de todo el modelo neoextractivista. La agricultura industrial tiene que disminuir, puede ser una transición, pero debe lograrse; si no diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya lo sabemos. Me parece que ahora estamos en un punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández en Argentina, AMLO en México, son las dos esperanzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, a mi juicio. Tenemos bastantes avances en Chile, y la corriente para iniciar el proceso constituyente, que va a ser muy conflictiva de aquí en adelante. Entonces me parece que las cosas están cambiando, y que de alguna manera en América Latina se están dando respuestas porque la gente está, los movimientos sociales siguen luchando, aunque sea en pésimas condiciones como en Colombia.

* Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam.

Fuente e Imagen: https://www.pagina12.com.ar/310091-las-tres-salidas-a-la-pandemia-segun-boaventura-de-sousa-san?fbclid=IwAR01AdDxT7vczxuczoBqghynuUcPlsTWyYRFm37D_3YWPmtbT2YOuPs_mHQ

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Ocho nuevas víctimas: imparable la violencia en Colombia

América del Sur/Colombia/29-11-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Al menos ocho recolectores de café fueron asesinados en una finca en el departamento de Antioquia (noroeste). “Hombres fuertemente armados irrumpieron la madrugada del domingo en una finca cafetera y dispararon” a quienes estaban en el alojamiento con unos 14 recolectores, dejando como saldo ocho fallecidos», dijo el alcalde de Betania, Carlos Mario Villada.

Se apuntó responsabilidad al Clan del Golfo, la mayor banda delincuencial que surgió del paramilitarismo, y que se disputa el control del narcotráfico. Estos meses, en plena temporada de recolección de café, existe una mayor presencia de obreros que se alojan en las fincas de la zona. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102333661/ocho-nuevas-victimas-imparable-la-violencia-en-colombia

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Represión a protestas en Perú deja un balance de dos muertos y 10 heridos

América del Sur/Perú/15-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

La Defensoría del Pueblo indicó que otras tres personas fueron atendidas en el hospital Almenara, entre las cuales se encontraba otra víctima con herida de arma de fuego.

Dos muertos y al menos 10 heridos  es el saldo de la represión policial en Perú durante la sexta jornada de manifestaciones contra el presidente Manuel Merino.

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) ha detallado en un comunicado que el jóven Inti Sotelo Camargo, de 24 años ingresó al Hospital Grau, en Lima, con heridas de armas de fuego en el tórax, a la altura del corazón, y a los médicos solo les quedó constatar que ya estaba muerto.

Medios de comunicación peruanos informaron sobre el fallecimiento de un joven producto de la represión policial durante la sexta jornada de protestas en Perú contra el presidente Manuel Merino.

De acuerdo a RPP Noticias, se trata de un hombre de aproximadamente 25 años que fue trasladado al hospital Almenara tras resultar herido.

El joven, que no ha sido identificado, llegó sin signos vitales al hospital, donde solo pudieron registrar su deceso pasadas las 8:40 de la noche. Según el parte médico el joven  presentaba diversas heridas por proyectil en el rostro y en el cuello.

La muerte del  masculino de 25 años fue confirmado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes indicaron que otras tres personas, entre las cuales se encontraba otra víctima con herida de arma de fuego.

Ante estos hechos violentos que dejó el saldo de cuatro heridos, la defensoría emitió un comunicado en donde exhorta a las fuerzas de seguridad a no utilizar armas de fuego para dispersar las manifestaciones de carácter pacífico.

Tras darse a conocer el balance de la represión contra los manifestantes,  El presidente del Congreso de Perú, Luis Valdez, pidió este sábado la renuncia de Manuel Merino a la presidencia antes de que el Legislativo se reúna para evaluar su destitución.

«Mañana (domingo) tenemos que evaluarlo en la junta de portavoces, pero le pido al señor Merino que pueda evaluar su inmediata renuncia», declaró Valdez en el Canal N de televisión.

Durante el sexto día de movilizaciones, decenas de miles de peruanos marcharon por calles y avenidas de todo el país en una movilización, coordinada tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces.

Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que sólo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.

La marcha de este sábado marca un hito en la vida política del país y aumenta la presión social y política sobre Merino, que ha visto también cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/peru-fallece-joven-represion-protestas-20201114-0024.html

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Periodismo, profesión de alto riesgo

Micrófono y grabadora bajo mordaza. Mucho peor: comunicadores asesinados en distintas regiones del mundo en ejercicio de su profesión. Nueve de cada diez de estos crímenes quedan impunes.

El lunes 9 de noviembre el periodista Israel Vázquez Rangel fue asesinado a balazos mientras cubría el hallazgo de restos humanos en el municipio de Salamanca, en Guanajuato. Hace apenas una semana, el primer lunes de noviembre, en Sonora, el comunicador Jesús Alfonso Piñuelas había corrido la misma suerte. Arturo Alba Medina, conductor de Telediario, en Multimedios Televisión, en la Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinado los últimos días de octubre. Las tres víctimas más recientes, todas en México. Las cifras son escalofriantes. En la última década se registró el asesinato de un-a periodista cada cuatro días. Casi 9 de cada 10 de esos casos fatales quedaron sin sanción.

Organizaciones internacionales contabilizan 157 asesinatos en todo el mundo en el periodo 2018-2019. De los cuales 57 se produjeron el año pasado, lo que representa la cifra más baja del último decenio.

Según las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta en cuanto a este tipo de agresiones a trabajadoras-es de la prensa. En los primeros 9 meses del año en curso se registraron 39 actos fatales. 16 de ellos en el continente latinoamericano, 11 en Asia y el Pacífico, 7 en la zona de los Estados Árabes en tanto 5 en África.

Dato significativo del reciente informe que acaba de presentar la UNESCO es que una gran parte de estos hechos no se dan en contexto de guerras abiertas. Constata “el considerable descenso de periodistas asesinados en países que viven conflictos armados en comparación con el aumento en las naciones que no los padecen”. La mayoría de estos crímenes se produjeron por cubrir casos de corrupción, violaciones de los derechos humanos, delitos ambientales, tráfico y delitos políticos.

El sector de la profesión más golpeado es la televisión. En ese mismo periodo, padeció 47 de las muertes. Seguido de la radio con 20 víctimas – 5 de las cuales trabajaban en radios comunitarias,

Las mujeres periodistas son objeto de ataques de género, tanto en el ciberespacio como fuera de él, que van desde el acoso al troleo, pasando por las agresiones físicas y sexuales, precisa el estudio que fue divulgado el 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Diagnóstico que corresponde con un reciente escándalo que ocupa la primera plana en Suiza. La última semana de octubre el cotidiano Le Temps publicó una detallada investigación realizada por tres de sus periodistas, titulada “La ley del silencio”, sobre el acoso sexual, abuso de poder y soberbia en la gestión de varios cuadros de la actual Radio Televisión Pública (RTS). Entre ellos, el presentador “estrella” de los noticieros, Darius Rochebin, quien en agosto se trasladó a Paris con un nuevo contrato con la LCI/ TF1. Las revelaciones movilizan actualmente a los sindicatos del sector, organizaciones feministas y actores políticos y sociales exigiendo una investigación a fondo de los hechos denunciados. Dos de los cuadros de dirección de la RTS fueron ya separados de sus puestos en tanto Rochebin anuló en los últimos días todos sus programas en la cadena francesa.

Contra la impunidad

Fue la Asamblea General de la ONU la que el 18 de diciembre del 2013 aprobó una primera resolución (A/RES/68/163) relativa a la seguridad de los periodistas y la temática de la impunidad. La misma condenaba cualquier tipo de ataque contra los trabajadores de los medios de comunicación y proclamaba el 2 de noviembre como día mundial del combate contra la impunidad en homenaje a la periodista francesa Ghislaine Dupont y su colega Claude Verlon, asesinados en ese mismo año en Malí.

Esta resolución insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. También exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro, para dar garantías a los hombres y mujeres de prensa para que puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.

México, peor ejemplo

El país azteca sigue “siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, enfatiza la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al lanzar a fines de octubre una campaña anual contra la impunidad.

La FIP recuerda que se registran 162 asesinatos en ese país desde 2006, año en el que empezó la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México reconoció que el 90% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. “Aquí, de nuevo, vemos cientos de casos donde las autoridades corruptas vinculadas a los asesinatos siguen ocupando sus posiciones de poder”, subraya la organización mundial con sede en Bruselas que agrupa a 600 mil periodistas de 187 sindicatos de 140 países.

Las estadísticas mundiales estremecen. Según la FIP, desde 1990, 2644 periodistas han perdido la vida. Evidencia, “los enormes esfuerzos que grupos de poder en todo el mundo están haciendo para ocultar la verdad y aterrorizar a aquello/as que se atreven a contarla…”. Esos periodistas muertos “significan miles de historias de interés público sin contar. Cuando esto sucede, la democracia se ve seriamente afectada”, subraya.

Asesinar la voz pública

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reitera que la seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno.

Sin embargo, en los últimos 14 años (2006-2019), la UNESCO registra 1200 periodistas que han sido asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos prevalece la impunidad. (https://www.un.org/es/observances/end-impunity-crimes-against-journalists).

“La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial”, afirma.

Estas cifras – recuerda el organismo – no incluyen otros crímenes contra los periodistas como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, los de sufrir agresiones sexuales.

“Es preocupante que menos de uno de cada diez casos de crímenes cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación durante la pasada década haya culminado en una condena”, enfatiza.  Esta impunidad tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tienen un efecto paralizador en la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas. La impunidad genera más impunidad, dando lugar a un círculo vicioso, evalúa.

Cuando las agresiones a los periodistas permanecen impunes, se envía un mensaje extremamente negativo: o sea, que contar “verdades embarazosas” o expresar “opiniones indeseadas” podría poner en problemas a la gente común. Además, afirma la organización rectora de la cultura y la educación, la sociedad pierde así la confianza en su propio sistema judicial, cuyo deber es proteger a los ciudadanos de cualquier agresión a sus derechos. Los autores de crímenes contra los periodistas son alentados por el hecho de agredir a sus objetivos sin tener siquiera que dar cuentas a la justicia. La impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son «silenciadas» es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer, enfatiza.

Para el próximo 10 de diciembre, la UNESCO organiza, junto con el Reino Unido y los Países Bajos, una conferencia internacional al mismo tiempo digital y presencial. Pretende celebrar, conjuntamente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes de los periodistas (2 de noviembre). Tema principal de este evento:  el Fortalecimiento de las investigaciones y enjuiciamientos para poner fin a la impunidad de los crímenes con periodistas. En dicho cónclave se presentarán las directrices para fiscales sobre investigación y juicio de los delitos y ataques contra la/os trabajadora/es de la prensa.

Fuente: https://rebelion.org/periodismo-profesion-de-alto-riesgo/

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Piden investigar amenazas contra 25 líderes sociales en La Guajira

Como un hecho sin precedentes calificó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de La Guajira (Asodegua) las amenazadas contra 25 líderes sociales a través de un panfleto firmado por un grupo al margen de la ley. Entre las personas que aparecen en el documento se encuentran docentes, un representante de Fecode y miembros del movimiento Colombia Humana en este departamento.

“Veinticinco personas amenazadas en un solo panfleto es un hecho histórico en La Guajira, por eso exigimos al Gobierno Nacional las garantías suficientes para el ejercicio de la democracia, de la paz y del sindicalismo en Colombia”, expresó Ruth Mariela Fernández, miembro de Asodegua.

“No es posible que en este país siga haciendo curso este modo de proceder, en el cual no se puede presentar una voz de protesta ante las políticas de Estado porque enseguida proceden estas amenazas, situación que es de suma preocupación, porque una vez más se demuestra que en este país ser líder social o sindical es una actividad que pone en riesgo la vida de quienes se atreven a levantar la voz en contra de las injusticias sociales que a diario ocurren en Colombia”, manifestó el sindicato en un comunicado.

Por estos hechos las autoridades realizaron un consejo de seguridad donde determinaron que analizarán la veracidad del panfleto, además activaron los protocolos para la toma de denuncias a las personas amenazadas.

Fuente: https://www.radionacional.co/noticia/lideres-sociales/piden-investigar-amenazas-contra-25-lideres-sociales-la-guajira

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