América del Sur/Colombia/25-10-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Los movilizados pretenden reivindicar el Acuerdo de Paz y exigir a Duque garantías de protección de sus vidas.
La Peregrinación en Defensa de la Vida y la Paz, iniciativa impulsada por los firmantes de la paz para rechazar los más de 230 asesinatos contra la población de excombatientes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), completaron este viernes su tercera jornada de marcha, acumulando 134 kilómetros recorridos.
La marcha que transcurre en el departamento del Meta, llegó este sábado a la ciudad de Villavicencio. La movilización partió del municipio de Mesetas después de los actos fúnebres en homenaje al dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Albeiro Suárez, recientemente asesinado.
En el transcurso de la jornada los movilizados marcharon por las principales calles de la capital del Meta, partiendo del parque los Libertadores hacia el colegio Francisco Arango, donde se instalaron para pasar allí la noche. La movilización tuvo la acogida de la población de la ciudad de Villavicencio, donde se solidarizaron con las exigencias de los caminantes.
El pasado viernes la Comisión de la verdad acompañó a la peregrinación, expresando el apoyo a esta iniciativa y la repulsa al asesinato de los reincorporados, pidiendo por la vida de los firmantes de la paz, líderes sociales y de los colombianos en sentido general.
Los organizadores anunciaron que desarrollarán diferentes actividades en la ciudad como reuniones, conversatorios, asambleas e intercambio con las comunidades, para seguir haciendo toda una jornada pedagógica reivindicando el Acuerdo de Paz, sus alcances y la necesidad de defender la implementación del mismo.
La peregrinación proyecta retomar la movilización por las carreteras del Meta para arribar a la ciudad de Bogotá del día 28 de octubre, donde esperarán la llegada de otras movilizaciones que ya empiezan a desarrollarse de diferentes latitudes del país.
Esta acción busca generar una reflexión nacional para defender el derecho a la vida, y demandar del Estado la implementación del acuerdo de paz para garantizar la integridad de los firmantes de la paz, sus familias y el cumplimiento de las transformaciones sociales y económicas acordadas.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/colombia-excombatientes-marchan-pidiendo-fin-violencia-20201024-0018.html
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Gráfico 1. Cuerpos no identificados en México. Gráfico: Omar Bobadilla.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Gráfico 2. Cuerpos no identificados por estado. Gráfico: Omar Bobadilla.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Foto 2. Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
Foto 3. Capilla en jardín funerario de Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Gráfico 3. Destino final de los cuerpos sin identificar. Gráfico: Alejandra Saavedra.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Documentos 1. Cuestionario respondido por autoridades forenses de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. Crédito: Documentos obtenidos vía solicitudes de información pública.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
Documento 2. Diagnóstico de CICR. Crédito: AVC Noticias/Connectas
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
Foto 4. Hallazgos de restos óseos en fosa. Crédito: Germán Canseco/Proceso.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
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Foto 5. Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Crédito: Benjamín Flores/Proceso.
En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
Foto 6. Fosa común en el panteón Centenario de Los Mochis, Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
En estos días Nicaragua se ha visto nuevamente convulsionada por el asesinato. Esta vez dos niñas, una macheteada, la otra, además, violada sexualmente. Un asunto que ha sido denunciado a lo largo y ancho del país durante más de una década, mujeres organizadas, feministas, defensoras, todas, a voz de pulmón han reclamado justicia.
Esta vez los asesinatos sucedieron en una comunidad rural, pero pudieron haber sido en cualquier parte del territorio nacional. Así estamos, lamentablemente. El patriarcado cobrando más vidas.
La madre de las niñas ha declarado que fue muchas horas después de la desaparición, que encontraron a la mayor de niñas. La más pequeña, quien cumpliría próximamente diez años, luego fue localizada, violada sexualmente.
La indignación se ha hecho sentir en las calles, los buses, los mercados y por supuesto, en las redes sociales. La gente dice ¡Basta! La policía ha dicho en un comunicado que tiene detenido al hechor, un hombre de XX años. La indignación ha subido de tono y no es para menos.
Pero lastimosamente, personas insensibles han comenzado a responsabilizar a la madre, sin reflexionar que muchas niñas quedan solas o al amparo de alguna vecina, ya que las madres salen del hogar a resolver el bocado del día, pues los padres responsables brillan por su ausencia.
Que los hombres asuman lo que les toca, ha sido una demanda de antaño. Se ha vuelto “natural” la irresponsabilidad paterna o intrínseca de la forma de ser hombres, probablemente no sólo en Nicaragua. Responsabilidad paterna no sólo con la pensión alimenticia, que hasta llevado a algunos a renunciar de sus empleos con tal de dar lo que mínimamente les toca sus hijas o hijos, o ha llevado a acumular demandas en el parlamento nicaragüense. ¿Dónde las leyes?
Asesinato de niñas en medio de la crisis socioeconómica
Este hecho se inscribe en una Nicaragua en crisis sociopolítica desde hace más de dos años. En una Nicaragua donde más de 300 personas han sido asesinadas, miles desaparecidas y casi un centenar aún guarda prisión, según informes de la Comisión de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos.
Por ello no extraña la repulsa que ha causado el anuncio hecho por la vicepresidenta Rosario Murillo en su “acostumbrada” alocución del mediodía, por el único canal público del país, Canal 6 de TV, quien afirmó la iniciativa gubernamental de establecer cadena perpetua por “crímenes de odio”, sin especificar el concepto, en este contexto.
Equivocadamente “se asigna” la responsabilidad de la mencionada propuesta al Poder Judicial, cuando quien legisla en Nicaragua es la Asamblea Nacional, salvo que se quiera dejar bien claro que el Ejecutivo es quien manda a los demás Poderes, en detrimento de su independencia, establecida en la Constitución Política de la República.
Tarde se quiere “brindar justicia”, cuando el mismo Ejecutivo cambió por medio de un Decreto Presidencial, el Objetivo de la Ley 779, Ley de Violencia hacia las Mujeres, cambió el femicidio, al decir que sólo se reconoce cuando ocurre en relaciones de pareja… ¿acaso lo que ha ocurrido con las niñas no es terrible femicidio?
¿Acaso no se da cuenta el gobierno que Nicaragua no ha olvidado la violación de Zoilamérica?
Justicia para las niñas no es hablar de “crímenes de odio”, es impulsar un verdadero enfoque de género en todos los niveles educativos, que reconozca que a las niñas no les viola, no se les mata, por el contrario, se les quiere y respeta como personas humanas que son.
Justicia para las niñas es promover la paternidad responsable entre hombres que laboran en el sector formal y el informal de la economía, incluso entre quienes en este momento no tienen un empleo.
Justicia para las niñas es promocionar una campaña educativa desde los medios de educación promoviendo su respeto, incluyendo sus intereses y sus sueños. Que respete su humanidad y su integridad
Justicia para las niñas es democratizar Nicaragua. Es hacer respetar la ley. Es que la policía se dedique a lo que su ley creadora establece y no a asediar y matar nicaragüenses.
Justicia para las niñas es no continuar debilitando el sistema democrático del país, no seguir profundizando la crisis de gobernabilidad existente, que vulnera sus derechos, aumenta la misoginia e instrumentaliza la vida y los derechos humanos.
¡Exigimos justicia! Basta de violencia contra las niñas
Al menos 33 jóvenes fueron asesinados en las últimas dos semanas. Masacres que Duque minimiza como «homicidios colectivos». Con esta actitud, no hará que el país sea más seguro que el de su predecesor, opina Uta Thofern.
Cinco amigos visitaban una plantación de caña de azúcar donde se les vio con vida por última vez. Sus padres los encontraron en los arbustos: tiroteados y apuñalados. Uno de ellos con la garganta cortada. Jair, la víctima más joven, tenía solo 14 años. Los cinco estudiantes vivían en una comunidad afrocolombiana al sureste de Cali. Sus padres son trabajadores comunes.
Ocho jóvenes fueron asesinados unos días después en una fiesta en Samaniego, a 500 kilómetros de distancia. Tenían un trasfondo completamente diferente: la mayoría eran estudiantes de clase media, hijos de maestros, comerciantes, médicos. No tenían nada en común con otros tres jóvenes que fueron encontrados muertos pocos días después en el mismo municipio de Nariño y que pertenecían al pueblo indígena awá.
Sobre las 17 víctimas de este fin de semana todavía se sabe menos. Cinco estaban en las cercanías del departamento de Arauca, no lejos de la frontera con Venezuela, seis en la comunidad de El Tambo, en el departamento del Cauca, y seis más en un pueblo cerca de Tumaco, en Nariño, en la frontera con Ecuador.
Lo que conecta a las 33 víctimas es la inexplicabilidad de sus muertes, la total falta de sentido de lo sucedido, y el hecho de que su juventud y la proximidad temporal de los hechos desencadenan más discusiones que los actos de violencia «habituales» a los que se ha acostumbrado Colombia en las últimas décadas. La ONU contabilizó 36 masacres el año pasado, es decir, en promedio tres al mes. Este año, el número ya es mayor.
En la mayoría de los casos, no está claro quiénes son los perpetradores. Los sospechosos habituales son los miembros del último grupo guerrillero que queda, el ELN, disidentes de las FARC que eludieron el desarme y el narcotráfico organizado, que ahora está controlado en gran parte por carteles mexicanos. Los grupos paramilitares, que también se cree son responsables de crímenes, generalmente no son mencionados por el gobierno actual. Se dice que el expresidente Álvaro Uribe tiene vínculos con estos grupos y en este contexto se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario por decisión de la Corte Suprema. Y Uribe es el mentor del actual presidente Iván Duque.
Independientemente de cuál de los diferentes grupos armados sea responsable de qué delito, el comportamiento y la elección de palabras del gobierno, y por cierto también de la oposición, muestran cuán altamente politizado está el debate sobre la violencia y la seguridad en el país. La postura sobre el proceso de paz con las FARC es decisiva para cada una de estas posiciones.
El anterior gobierno del ganador del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, observó pasivamente cómo los diversos grupos armados se aprovecharon del vacío de poder dejado por las FARC. El lema parecía ser: mejor guardar silencio que dejar que surjan críticas al proceso de paz. Y ganar así las próximas elecciones. Pero con Duque, el ganador fue un pupilo del hombre que como ningún otro defendió una política de fuerza militar intransigente contra la guerrilla y luchó contra el proceso de paz. Hasta el día de hoy, no ha analizado las causas sociales tras el surgimiento de la guerrilla.
Por el momento, Duque es el responsable del destino de su país. Un presidente al que después del asesinato de 33 jóvenes lo primero que se le ocurre es decir que estos actos no deben calificarse como masacres, sino como «homicidios colectivos”. Y que en segundo lugar hace hincapié en las estadísticas de asesinatos casi igualmente malas de su predecesor. ¿Cómo ayuda esto a las madres y padres de los muertos? ¿Qué pasa con los padres cuyos hijos están planeando una fiesta el próximo fin de semana? ¿Mejorará esto la infraestructura y las economías de las muchas regiones que han sido abandonadas por el gobierno?
En Colombia el problema no se centra solo en la falta de seguridad. Pero una paz solo de papel no es suficiente. Para un futuro verdaderamente pacífico se necesita un gobierno capaz de actuar, que enfrente la gran desigualdad social e invierta en las regiones olvidadas. A Duque le quedan solo dos años para emanciparse, lo que difícilmente será suficiente. La comunidad internacional debe despedirse de la ilusión de que el acuerdo de paz resolverá el problema de Colombia.
La pandemia solo evidenció el abandono estatal en el que viven millones de indígenas en América del Sur.
Redacción LIMA
«Nada que celebrar» y mucho que exigir es el sentimiento compartido entre los cientos de etnias nativas que habitan en Suramérica para este domingo, día internacional de los pueblos indígenas, al que las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 sustraen cualquier conmemoración festiva.
20 MILLONES De indígenas perviven en Suramérica y representan a casi el 5 % de la población de la región, repartidos en unas 420 etnias, algunas bajo un peligro de extinción inminente como los isconahuas o los awá.
«Hace 26 años que se decretó este día de los pueblos indígenas (…) pero esta pandemia está revelando su abandono total y esos derechos reconocidos hace ya casi 30 años que no se cumplen», aseguró a Efe Gregorio Díaz Mirabal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Quechuas. Un hombre toma la temperatura a mujeres de las comunidades altoandinas en Perú antes de ingresar a una feria rural. La municipalidad de Coata dispuso la desinfección y tamizaje obligatorio a todo aquel que visite la feria. EFE
Abandono en pandemia
«La pandemia ha matado la política hacia los pueblos indígenas que quizás nunca existieron más allá del papel. Ha desnudado la crisis estructural de nuestros gobiernos. Si no atienden a las ciudades, imagínate cómo están de abandonados los pueblos indígenas», indicó Díaz Mirabal, del pueblo wakuénai kurripako.
Amenazas no cesan
Durante la pandemia han continuado además el resto de amenazas ya rutinarias que enfrentan los pueblos indígenas.
Hasta la semana pasada, el coronavirus había contagiado a 34.598 indígenas de más de 200 etnias amazónicas y habían fallecido al menos 1.251.
La emergencia no ha detenido los asesinatos de indígenas que defienden sus territorios de invasores que buscan sus tierras para cultivos, narcotráfico, tala ilegal o minería ilegal, ni tampoco los planes para ciertos proyectos de hidrocarburos.
Menos aún la violencia, como la violación sexual de un grupo de militares a una niña indígena emberá en Colombia.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102324728/sin-pena-ni-gloria-se-recordo-el-dia-de-los-pueblos-indigenas
El más reciente informe de Global Witness destaca que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados durante el 2019; la mitad de los homicidios ocurrieron en Colombia y Filipinas.
Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentran Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un solo número lo muestra: 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019.
En el documento, América Latina vuelve a ubicarse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde 2012, año en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes.
De los diez países con el mayor número de asesinatos, siete se localizan en Latinoamérica: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
Petrona Ramon Martín, de la comunidad de San Francisco, donde se oponen al proyecto de la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, Guatemala. Foto: James-Rodriguez/Global Witness.
La documentación que realiza Global Witness pone sobre la mesa una tendencia nada alentadora: la violencia contra los defensores ambientales va en aumento año tras año. En 2018 se registraron 164 crímenes; para el 2019 el número se elevó a 212.
Ben Leather, de Global Witness, explica algunas de las razones de ese aumento: “Estamos viendo intereses más fuertes sobre la tierra y los recursos naturales para responder a las demanda de los consumidores. Industrias como minería, agronegocios o la explotación de madera están entrando cada vez más a nuevos territorios, en los cuales vemos que las empresas están haciendo acuerdos con políticos corruptos para imponer proyectos”.
La corrupción, considera Ben Leather, también está facilitando el cambio climático, al permitir que las empresas “puedan hacer lo que les da la gana, para tener ganancias a corto plazo y a costa de la protección del medio ambiente. Lo que nuestro informe demuestra es que son las y los defensores quienes están denunciando esta corrupción política, esta irresponsabilidad empresarial”.
El protagonismo de la minería
En América Latina, pero también en Asia y África, incluso con comunidades nativas de Estados Unidos que han sido afectadas por la imposición de megaproyectos se repiten las mismas historias: “Cuando estas comunidades denuncian los abusos y la destrucción causada por los proyectos —señala Ben Leather— comienzan a recibir amenazas, agresiones y, en algunos casos, asesinatos”.
El informe de Global Witness resalta que la gama de violencias en contra de los defensores ambientales es amplia; incluye ataques, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales. El documento no se limita a documentar el número de asesinatos, también señala a las industrias contra las cuales se manifestaron los defensores ambientales.
Como en otros años, la minería fue el sector vinculado al mayor número de agresiones; en 2019 se le relaciona con los asesinatos de 50 defensores. Más de la mitad de estas víctimas provenían de comunidades afectadas por la minería en América Latina.
También se documentó que 34 asesinatos fueron contra defensores que se oponían a la agricultura a gran escala, ese número representa un aumento de más del 60 % si se compara con los datos de 2018.
Otros de los sectores que denunciaron los defensores ambientales que fueron asesinados son la explotación forestal, la caza ilegal y la pesca.
Ante esta situación, Ben Leather resalta que “las empresas tienen que implementar políticas que permitan asegurar que sus inversiones y sus operaciones no afectan los derechos de las comunidades y no están contribuyendo a que se realicen ataques en contra de las personas defensoras del medio ambiente y de la tierra”.
Ben Lather señala que se ha demostrado que los compromisos voluntarios de las empresas no están funcionando, por lo que es necesario impulsar leyes que obliguen a las empresas a realizar la debida diligencia, para que demuestren que no están contribuyendo a los abusos de derechos humanos y ambientales.
En el informe de Global Witness se resalta que en 37 de los asesinatos se pudo vincular a fuerzas estatales como perpetradores. “También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados”.
De las víctimas asesinadas, 19 eran funcionarios estatales o guardaparques, personas contratadas para proteger el medio ambiente. Estos ataques se documentaron en ocho países; Guatemala, Brasil, Filipinas, Rumania, Kazajstán, República Democrática del Congo, Uganda y Ghana.
Además, una de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres.
A Samir Flores lo asesinaron el 20 de febrero de 2019. Se oponía a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, México. Foto: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos.
Territorios donde reina la impunidad
Colombia y Filipinas sobresalen por el alto número de asesinatos contra defensores ambientales, pero también porque durante los últimos años su tendencia es al alza.
Colombia, por ejemplo, registró 64 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Si esa cifra se compara con los 24 casos del 2018, el país sudamericano presentó un aumento de más del 150 %, destaca el informe de Global Witness.
En Filipinas, se documentaron 43 asesinatos de defensores ambientales en 2019. Ben Leather destaca que si se comparan los tres primeros años del gobierno del presidente Rodrigo Duterte, con los tres años anteriores, se tiene que “el número de asesinatos de defensores es el doble”.
Colombia y Filipinas —explica Leather— también coinciden en que no han logrado resolver antiquísimos problemas relacionados con el derecho a la tierra, sufren por la presencia de grupos armados que son legado de conflictos internos, poseen una política de seguridad militarizada y una regulación inadecuada de las empresas.
Niños pemones juegan en las calles de Kumarakapay. Decenas de familias indígenas debieron huir tras el asalto militar a este pueblo en febrero de 2019 y se encuentran en refugios en la frontera con Brasil. Foto: Lorena Meléndez.
Pero además, los dos países tienen un factor que también está presente en otras naciones donde la violencia contra los defensores ambientales es crítica: altos niveles de impunidad.
“La gran mayoría de los ataques contra defensores ambientales continúan en la impunidad; eso actúa como una especie de luz verde para quienes quieren silenciar a los defensores”, resalta Ben Leather, de Global Witness.
Una verdadera justicia, destaca Leather, es “una rendición de cuentas que se aplica tanto a las empresas que están actuando con irresponsabilidad, como a quienes están llevando a cabo estos asesinatos”.
Defender la “casa grande”
En Colombia, el informe de Global Witness, documentó que 14 de las 64 muertes de defensores ambientales ocurridas en 2019 se vinculan con la sustitución de cultivos ilícitos.
En los territorios previamente ocupados por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “ahora están entrando paramilitares y otros grupos armados, y están asesinado a cualquiera que se oponga a su llegada. Hay una implementación inadecuada de los acuerdos de paz, lo que ha tenido un impacto sobre los defensores”, señala Ben Lather.
Para Francia Márquez, una de las defensoras ambientales afrodescendientes más reconocidas en Colombia y quien en 2018 ganó el Premio Ambiental Goldman, la violencia contra los defensores es consecuencia de la acumulación del capital que “usa la violencia, el racismo estructural, el patriarcado para seguirse imponiendo […] En este país hay a quienes les interesa seguir impulsando la violencia para mantenerse en el poder, porque es la forma en como lo han hecho”.
La colombiana Francia Márquez, defensora ambiental, Premio Goldman 2018.
La defensora resalta el papel de la “minería ilegal pero también la minería inconstitucional, entendida como la que promueve el mismo gobierno nacional en los territorio ancestrales, en territorios de pueblos afrocolombianos e indígenas”.
Francia Márquez insiste en que hay “una política de muerte” que no toma en cuenta el cuidado de la “casa grande, el planeta”. Los defensores ambientales, de territorio, de derechos indígenas y afrodescendientes “estamos dificultando ese proyecto político. Por eso nos están matando, por eso nos asesinan”.
Francia Márquez sabe de lo que habla. En mayo de 2019, en la región del Cauca, ella y otros líderes ambientales y sociales fueron atacados por hombres armados quienes, incluso, lanzaron una granada contra el grupo. El ataque duró 15 minutos.
El Cauca es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender el ambiente. En 2019, más de un tercio de todos los asesinatos de defensores ambientales en Colombia ocurrieron en esa región del suroeste del país.
Años antes, Francia ya había recibido otros ataques, sobre todo cuando participó en las acciones para detener la minería ilegal en La Toma.
Por su defensa de la naturaleza y su territorio, Patricia Gualinga —lideresa Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador— ha recibido amenazas de muerte y ataques. Foto: Jonathan Rosas para GK.
Honduras: violencia que no cesa
El informe de Global Witness también incluye a los cinco países con más asesinatos per cápita. En esa lista sobresale Honduras, nación centroamericana que este año registró 14 homicidios.
Desde 2016, cuando fue asesinada la defensora ambiental Berta Cáceres, diversas organizaciones señalaron la difícil situación que viven los defensores de derechos humanos en Honduras. Este panorama no ha cambiado, al contrario, sigue agravándose, señala Hedme Castro, coordinadora de la Asociación para la Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), organización que trabaja en la documentación de las violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano.
Hedme Castro explica que 36 % del territorio de Honduras ha sido concesionado a empresas —algunas pertenecientes a políticos locales— y a compañías de capital extranjero para el desarrollo de minas, hidroeléctricas, proyectos fotovoltaicos y desarrollos turísticos; los cuales han provocado desplazamiento forzado, así como agresiones y represión contra comunidades y defensores ambientales.
“La situación en el país es terrible”, describe la defensora y como ejemplo recuerda lo que ha sucedido durante el mes de julio en Honduras. El 9 de julio, por ejemplo, allanaron las oficinas de ACI-Participa; dos días después desapareció Marvin Damián Castro Molina, presidente de la Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense-Honduras y miembro del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Su cuerpo, con signos de tortura, se encontró días después.
La defensora hondureña Consuelo Soto durante un plantón frente al Congreso Nacional en contra de la Ley de Consulta Libre Previa e Informada, en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
El sábado 18 de julio, un grupo armado entró a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz y se llevó a Alberth Esnider Centeno Tomas, presidente del Patronato de la comunidad; Milton Joel Martínez Álvarez; Suami Aparicio Mejía y Gerardo Mizael Róchez. Hasta el martes 28 de julio, no se tenía noticias sobre ellos.
Hedme Castro explica que la comunidad del Triunfo de la Cruz lleva una larga lucha para que se le devuelvan sus derechos ancestrales sobre su territorio. Incluso, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en donde se exige al gobierno hondureño reconocer los derechos de los garífunas.
“Alberth Esnider encabezaba las exigencias contra el gobierno para que cumpliera con la sentencia de la Corte interamericana”, resalta Hedme Castro. La defensora comenta que “mientras al país lo sigan dirigiendo personas vinculadas a escándalos de corrupción, personas que están dispuestas a vender el país entero, seguirán los asesinatos, los desplazamientos forzados; no se respetarán las zonas protegidas ni los títulos ancestrales”.
Rosalina Domínguez, defensora hondureña que continúa la labor que inició Berta Cáceres, ha recibido amenazas de muerte. Foto: Rubén Escobar.
Las más afectadas: comunidades indígenas
Entre los nombres de los defensores ambientales asesinados en 2019 está el de Paulo Paulino, de 26 años y miembro de la comunidad indígena guajajara. En noviembre de 2019 fue asesinado a tiros por un grupo integrado por, al menos, cinco madereros ilegales, en el estado de Marañón, Brasil.
Paulo formaba parte de la organización “Guardianes del Bosque”, cuyo objetivo es combatir a los grupos de tala ilegal que invaden tierras indígenas en la Amazonía brasileña. El informe de Global Witness señala que 90 % de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Entre 2000 y 2018, 42 indígenas guajajara fueron asesinados por hacer frente a los madereros ilegales. Paulo no fue el último. Hasta abril de 2020, mataron a otros cuatro líderes de la comunidad.
“En Brasil —donde es urgente proteger la Amazonía— observamos que las comunidades indígenas están siendo muy vulnerables debido a las políticas de (Jair) Bolsonaro”, subraya Ben Lather. El presidente brasileño, se resalta en el informe, ha impulsado la expansión de la minería a escala industrial y la agroindustria en la Amazonía.
Miembros de la comunidad Guajajara. Fotografía: Global Witness.
Al igual que los guajajara, otras comunidades indígenas están mirando cómo se asesina o desaparece a los suyos por defender sus tierras, los bosques, los ríos o el agua.
En México, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara se ha registrado el asesinato de, por lo menos, 12 indígenas raramuri que se han opuesto y denunciado la tala ilegal de sus bosques. Dos de ellos fueron asesinados en 2019: Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo de 20, Gregorio Chaparro Cruz. Ambos eran familiares de Julián Carrillo, defensor de Coloradas de la Virgen, a quien le dispararon en octubre de 2018.
En 2019, 40 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, a pesar de que representan solo el 4.4 % de la población mundial, señala el informe de Global Witness. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques han sido contra pueblos indígenas, por lo que son una de las comunidades en mayor riesgo en todo el mundo.
El indígena rarámuri Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio en México, fue asesinado en octubre de 2018. Foto: Amnistía Internacional México.
Pandemia: aumentan las amenazas
Ben Lather resalta que no solo se está ante la urgencia de combatir la crisis climática, también se debe trabajar para detener las violencias contra los defensores ambientales, quienes se encuentran en la línea de batalla para proteger los recursos naturales: “¿Cómo vamos a proteger al planeta si no podemos proteger a quienes defienden el planeta?”
Los defensores ambientales no solo son vitales para combatir la crisis climática, “también son nuestros aliados para prevenir otra pandemia como la del COVID-19, porque ahora ya sabemos que se aumentan las probabilidades de tener otras pandemias si aumenta la deforestación y se afecta la naturaleza”, señala Ben Lather.
La defensora colombiana Francia Márquez resalta que la pandemia del COVID-19 mostró “la cara de una política que es inviable y de un ‘desarrollo’ que para lo único que ha servido es para enriquecer los bolsillos de unos pocos a costa del sufrimiento de millones de millones de personas en el mundo, a costa del detrimento y del daño a ecosistemas frágiles y muchas especies”.
Adán Vez fue asesinado el 8 de abril de 2020, en Veracruz, México. Foto: Tomada de la página de Facebook de Adán.
Estos argumentos pareciera que no alcanzan a tener la fuerza suficiente, porque ni siquiera durante el confinamiento que se vivió por la pandemia del COVID-19 se logró detener las agresiones contra los defensores ambientales, como se ha visto en países como Honduras, Colombia, México o Brasil donde durante los últimos cuatro meses se registraron asesinatos de ambientalistas.
“Durante esta crisis del COVID-19 —apunta Ben Lather, de Global Witness— algunas empresas están ampliando su ataque contra las personas defensoras, y los gobiernos están reduciendo la protección”.
Además, la crisis económica que trae de la mano la pandemia del COVID-19 intensificó la presión sobre los territorios naturales, sobre todo en aquellos países en donde se impulsan megaproyectos que afectan el medio ambiente y a las comunidades que viven en esas zonas.
Francia Márquez comenta que es preocupante “ver a las personas que tienen el poder, que gobiernan nuestros países, tomando decisiones a nombre de la crisis económica; decisiones que plantean que seguirán, sin ningún pudor, profundizando la crisis en muchos territorios que van a seguir destruyendo”.
En el caso de Colombia, señala, “se plantea utilizar el fracking, la explotación petrolera y minera para sacar al país de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Eso, para nosotros implica seguir convirtiendo nuestros territorios en cementerios”.
Para Francia Márquez el gran desafío que tienen los defensores ambientales es “articular nuestras acciones a nivel global; así como la ‘política de la muerte’ se articula en un sistema global, nosotros tenemos que articular acciones de resistencia a favor de la vida. Salvar nuestra casa grande es la responsabilidad colectiva que hoy tenemos como humanidad”.
“Salgan perros, les vamos a dar su chilate con pan”, fue el grito de guerra del general Alfredo Oropeza Garnica para arremeter contra los indígenas Na’Savi, que descansaban en uno de los salones de clases de la escuela primera Caritino Maldonado. Rosearon de balas los salones para acabar antes del amanecer contra algunos miembros del Ejército Revolucionario del pueblo Insurgente (ERPI). El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante universitario asesinados, cuatro adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras 22 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, entre ellas cuatro niños y una estudiante universitaria.
Para doña Eustolia, esposa de José Rivera, uno de los caídos en esa madrugada “no había necesidad de matarlos. El gobierno los masacró cruelmente a sangre fría. Estas fechas me causan tristeza porque aquí quedó su alma. Aquí murió. Nos marcó la vida. El gobierno nos golpeó. No se puede reparar ni olvidar lo que pasó. Fue muy doloroso, son huellas que nos marcaron para siempre. El sufrimiento, la soledad y el hambre que pasamos con nuestros hijos, además de los rumores de que los militares nos iban a matar, ha sido la pesadilla que por 22 años nos ha impedido vivir tranquilas y conciliar el sueño”.
“Mi esposo me decía que al gobierno no le gustaba que nos organizáramos. El gobierno quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Recién había pasado lo de Aguas Blancas, aquí puede pasar algo parecido, decía, si llegara a pasar es porque estamos exigiendo algo justo”.
Eustolia recuerda que “la organización era para impulsar la autonomía de las propias comunidades, que traerían los cambios sociales en beneficio de la gente más pobre. Por eso, se trabajó con los comisarios de cada comunidad. Fue como un sueño que se pensaba lograr muchas cosas. La organización era la magia para recuperar la fuerza de las comunidades, porque solos, cuando bajamos a Ayutla nadie nos ve ni nos atiende”.
Hoy se sabe que los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas al interior de los salones donde pernoctaban los indígenas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que el ejército disparó 780 cartuchos.
En la madrugada del 7 de junio, Apolonio Giménez fue uno de los primeros que se animaron a salir con las manos en alto gritando que no le dispararán. Les respondieron que se tirara en la cancha. Así lo hizo. Empezó a avanzar como pudo, mientras otros compañeros al animarse a salir recibieron varios impactos de bala. Ya no pudieron avanzar. Ante la metralla que no cesaba, algunos intentaron correr, pero fueron alcanzados por las balas. José Rivera fue herido en la pierna, como pudo se arrastró hacia la cancha para ponerse a salvo. Las balas arremetían contra quienes se atrevían a salir. José ya no tuvo fuerza para arrastrarse con sus brazos, porque sus piernas quedaron inmovilizadas por las balas. Al final, recibió el tiro de gracia, como pasó con varios compañeros que se encontraban en la cancha.
La esposa de José Apolonio, que dejó a 9 hijos, nos comenta que se había ido al arroyo a buscar acamayas. En el camino escuchó los ruidos de los helicópteros. No sabía lo que había pasado en la madrugada. A su regreso se topo con uno de sus pequeños hijos que desesperadamente corría para darle la noticia, de que habían asesinado a su papá. “Yo no creía que mi esposo estuviera muerto. Hasta regañé a mi hijo, porque pensé que estaba inventando. Al llegar al pueblo, varios señores me dieron la noticia. Más bien me espantaron, porque me dijeron que escondiera mis papeles, la credencial de mi esposo, porque si no lo hacía iban a matar a todos. Les dije que prefería que nos mataran a todos si en verdad teníamos la culpa para merecer la muerte. No entendía el coraje que tenía el gobierno para que nos viniera a matar. Ya no pude comer, sentía desfallecer. Estaba muy desesperada y triste. No sabía como consolar a mis hijos, ni que hacer para que entregaran a mi esposo. Me quedé aturdida. En varias ocasiones se me revelaba, escuchaba sus pasos, el ruido de sus huaraches. Sentía que entraba a la casa, pero todo era imaginación. Porque él ya está muerto. Mi cabeza se hacía grande y mi cuerpo pequeño. Para mí era mejor morir y no saber nada, sobre todo porque tenía un mes de embarazo. Sólo mis hijos me dieron la fuerza para seguir. Mis dos hijos más grandes, que en ese tiempo eran niños, empezaron a ir de peones para conseguir maíz y jabón. Así la íbamos pasando porque tenía nueve hijos. Estuve a punto de regalar a un hijo, ya que mucha gente venía a pedírmelo porque veían que no iba a poder, pero mis hijos grandes lo evitaron. Uno de mis hijos se fue a Estados Unidos a trabajar de jornalero. Tenía 17 años. Lamentablemente falleció en marzo de 2009. Era el que más me apoyaba para que mis hijos más pequeños pudieran estudiar. Por él teníamos que comer. He sufrido mucho porque tuve que trabajar como peón para no morirnos de hambre. En medio de tanto sufrimiento, mi hija se logró. Ahora ya esta grande y está estudiando para médico.
En la lengua Tu’un savi, otra de las viudas se animó a decir que gobierno solo sube al pueblo para matar a la gente. Así lo hizo con su esposo y sus demás compañeros. No solo nos quita la vida, sino que nos mete miedo, para que no hagamos nada para defender nuestros derechos. Tuve que dar varias vueltas para recuperar el cuerpo de mi esposo. Me decían que ya lo habían enterrado en la fosa común. Era para que yo ya no lo buscara y me quedara callada. Después de tres días me lo entregaron. Me traje su cuerpo y me quedé en mi pueblo para enterrarlo. He vivido con mucho miedo, porque el ejército siguió subiendo para detener a más gente. A varios compañeros, los han ido matando. Nadie sabe quien lo hace, pero así trabaja el gobierno, para que sigamos agachados sin decir nada.
Después de El Charco, nuestra vida está marcada por el dolor y el sufrimiento. Así como está la escuela rociada de balas, así siento que está mi cuerpo. Como si a mi me hubieran matado. En verdad así es, porque para el gobierno no existimos, no valemos nada. Las vidas de nuestros esposos tampoco valieron, porque las autoridades no investigaron a los militares. Más bien, los premiaron y les dieron mejores cargos. Así hace el gobierno, gasta el dinero en armas y en el entrenamiento a los militares, para que vengan a matarnos, cuando se dan cuenta que nos estamos organizando para salir de pobres.
Han pasado 22 años y estamos peor. Las autoridades se han puesto de acuerdo para castigarnos, para que nosotros mismos nos peleemos y seamos nuestros propios verdugos. Quisieran que El Charco no existiera para que nadie reclame justicia y para que no molestemos a los militares que asesinaron a nuestros esposos.
Trabajamos sin descanso, en muchas ocasiones con el estómago vacío. Con nuestras propias fuerzas hemos podido sacar adelante a nuestros hijos. Con muchos sacrificios logramos que estudiaran en Ayutla y en Chilpancingo. Me da mucha alegría, en medio de tanta pobreza, saber que mi hija está estudiando en la universidad, y que tiene el sueño de ser doctora. Nunca imaginé que, trabajando en el campo, cortando leña y sembrando maíz, iba a lograr que mis hijos crecieran y que pudieran estudiar. Eso es lo que me da fuerza, para seguir en esta lucha. Ahora entiendo porque mi esposo trataba de organizarse con la gente del pueblo, para que ya no hubiera tantas injusticias y tantos sufrimientos. Puedo decir, que está orgulloso de mi, porque no abandoné a mis hijos y porque nunca me olvidé por lo que el soñó.
A 22 años de la masacre de El Charco, el gobierno sigue desangrando nuestras vidas. Como mujeres indígenas, nunca hemos recibido la protección del Estado, ni nos han reconocido como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo más cruel es que el gobierno sigue sin castigar a los militares que perpetraron esta masacre y se obstina en darle más facultades el ejército para que se encargue de la seguridad pública, sin que se les obligue a rendir cuentas por estas atrocidades.
Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-las-viudas-de-el-charco/
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