Lucha Campesina

Por: Inés Lucía Orea

A principios de 1997 llegaban, como forma de protesta, cerca de 2.000 personas a Brasilia desde diferentes rincones del país. La ruta había sido larga, unos 64 días, durante los cuales algunos de los campesinos llegaron a recorrer más de mil kilómetros. Todos ellos se reunieron frente al Congreso junto con más de 100.000 simpatizantes que apoyaban la propuesta de una reforma agraria que redistribuyera de una manera justa la tierra. Al grito de ‘la tierra es de quien la trabaja’ el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) se consolidaba en aquella marcha como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica.

No hacía tanto tiempo había tenido lugar la famosa masacre en Eldorado dos Carajás, en la que durante una protesta que pretendía forzar al gobierno a asentar a unas familias de campesinos sin tierra, la policía militar cargó contra estos matando a 19 campesinos e hiriendo a 57. Conviene comprender qué hay detrás de un movimiento social que lleva casi desde los años 80 en activo y que mantiene un rol relevante como grupo de presión a pesar de los sustanciales cambios que ha atravesado tanto su organización interna como la sociedad en la que habita.

Las raíces del Movimiento Sin Tierra

Se podría decir que este movimiento conserva sus raíces en la desigual distribución de la tierra en Brasil. Ya durante la colonización portuguesa, la Corona había dividido entre varias familias el territorio sobre el que además tenían un derecho de propiedad hereditario y la posibilidad de beneficiarse de la producción agrícola que allí se trabajara. La contestación a esta desigual situación es también larga; a principios del siglo XVII, esclavos recién liberados o escapados se instalaban en tierras de manera ilegal, reproduciendo en Brasil sus aldeas originarias africanas a las que se llamó ‘quilombos’. De ahí que en numerosas ocasiones el movimiento se vincule intelectualmente con la superación de la esclavitud y la formación incipiente de una ciudadanía con derechos sobre la tierra.

Las reivindicaciones más modernas por un reparto equitativo de la tierra se gestan con la dictadura tras el golpe de 1964. Apenas unos días antes del golpe, el presidente João Goulart intentaba poner en marcha la primera reforma agraria en respuesta a las movilizaciones del noreste del país, que habían ido yendo en aumento desde el comienzo de la década de los 60. La llegada de los militares supuso un giro en la implementación de esta reforma, ya que estos iban a tomar otra dirección.

Los militares tenían el proyecto de modernizar el sector primario para exportar productos agrícolas, especialmente soja, y entrar así con fuerza en el mercado internacional. Pero el golpe estuvo en gran medida apoyado por las élites rurales y los militares se toparon con una poderosa esfera con intereses propios, por lo que a la modernización le acompañó la corrupción. Las políticas agrarias de la dictadura, aunque aumentaron la producción, fueron desarrollando tendencias clientelistas que favorecieron a los grandes propietariosy no siempre, como se preconizaba, a la productividad y al libre mercado. Asimismo, supusieron abruptos desplazamientos para los pequeños agricultores y los sin tierra, que se vieron obligados bien a emigrar a los países vecinos, bien a buscar suerte en las ciudades, aún a pesar del vertiginoso desempleo de los núcleos urbanos.

Junto con las medidas encaminadas a renovar el sector primario, los militares desarrollaron un plan energético para la creciente industria, para lo que se veía necesario la construcción de gigantescas centrales hidroeléctricas que de nuevo supusieron importantes desplazamientos en un momento de crecimiento poblacional. La expropiación de territorio a pequeños campesinos en el sur del país fue importante.

El desarrollo de una conciencia y activismo rurales en un momento tan represivo se debe, en parte, a la búsqueda de una alternativa al sindicato de campesinos apoyado y controlado por los militares, es decir, al intento de lograr una forma de organización fuera de las instituciones del régimen que denunciara los cuantiosos desplazamientos. Esta opción fue posible gracias al respaldo e impulso de la Comisión Pastoral de la Tierra.

Hasta el golpe militar, la Iglesia se había visto representada en las instituciones y era muy cercana al estado y a las élites, pero con la consecución del golpe se rompió dicha alianza. No hay que olvidar que la Iglesia apoyó en un primer momento el golpe militar, pero la debilidad de la Iglesia Católica en Brasil en ese momento, junto con el crecimiento de los poderes seculares y su falta de influencia, llevó a cambios internos por los que decidió cambiar su relación con la sociedad. Este giro también obedece a un incremento en el número de miembros progresistas en el seno de la Iglesia brasileña y al Concilio Vaticano II, con especial relevancia de la reunión regional que se celebró en Medellín y en la que numerosos obispos latinoamericanos expresaron su deseo de convertirse en la ‘opción de los pobres’.

En el caso particular de Brasil, la Iglesia Católica sirvió para legitimar el activismo rural e incluso cumplió una labor pedagógica crucial para la toma de conciencia de los campesinos. Numerosos miembros del clero buscaban generar una identidad religiosa y política combativa basada en muchos casos en la Teología de la Liberación. De hecho, ante las profundas transformaciones que tuvieron lugar en el campo por las políticas de modernización de los militares, algunos obispos, como los de la Amazonia, expresaban directamente una opinión contraria al sistema capitalista en conjunto, al que tildaban de envenenado. La base ideológica mezclaba el marxismo y el catolicismo, aunque con un concepto de clase que pretendía ser lo más amplio posible, e instaban a la población a tomar de conciencia de ello para variar su situación.

Además de una función ideológica, la Iglesia sirvió para organizar el movimiento y darle prestigio fuera de Brasil. Por un lado proveía de un servicio local, que movilizaba a la población, era un caladero de líderes y creaba vínculos comunitarios, y por otro, como institución internacional, conseguía apoyos y recursos de simpatizantes por el país y por el mundo. Curiosamente, el apoyo de la Iglesia y esta alianza se disiparían en la transición democrática del país, que no sobrevivió ni a la alianza de los movimientos rurales con el Partido dos Trabalhadores y con la CUT (Central Única dos Trabalhadores), ni al mayor peso del ala conservadora en la Iglesia brasileña con el Papa Juan Pablo II, con el que la Iglesia se alejaba de la visión de la Teología de la Liberación y adoptaba una postura conservadora.

No obstante, resulta hoy innegable la importancia del poso que dejó la Comisión Pastoral de la Tierra para la supervivencia del movimiento, no sólo a nivel ideológico, sino por las entidades organizativas que dejó, que refuerzan la identidad comunitaria y la importancia del papel de la educación como motor para el cambio y el activismo político. Cabe decir que una de las razones por las que este movimiento ha sobrevivido tantos años, es su robusta organización interna, sin perder por ello flexibilidad. Los peregrinajes que organizaba la Comisión Pastoral reforzaron su espíritu comunitario, y la importancia de la educación filosófica, además de la teológica, fue crucial para armar de contenido al movimiento.

Para ampliar: Estudio en profundidad sobre el papel de la Iglesia en el Movimiento Sin Tierra

Además de la organización interna, una de las señas de identidad de los campesinos sin tierra es la estrategia de ocupación de territorios improductivos para el asentamiento de familias. Esto empezó en 1979 cuando, inspirados por un economista del sindicato de campesinos, João Pedro Stédile, se ocupó un enorme territorio improductivo, la Hacienda Macali. Tras lograr su expropiación, este modus operandi se replicó durante los 80 y fue evolucionando desde esa primera ocupación: se realizaban acampadas en territorios como llamada al gobierno para negociar el asentamiento de familias en territorios baldíos, aunque no fueran obligatoriamente aquel donde habían acampado en un primer momento.

Esta táctica se mostró tan polémica como efectiva. La reforma agraria y el reparto equitativo de la tierra eran a menudo vistos como una cuestión marginal desde el gobierno, que respondía de forma parcial parcheando el problema y siempre en connivencia con la élite local y los grandes conglomerados empresariales de la industria agrícola. Las ocupaciones se realizaba tras una planificación meticulosa, buscando primero territorios improductivos, organizando los campamentos, asignando diferentes funciones a cada quien dentro de los mismos y elaborando rigurosos planes logísticos. A su vez, se planificaba una propuesta para negociar con el gobierno que había sido estudiada previamente por abogados del MST.

Papel en la transición y consolidación democrática  

Oficialmente, el nacimiento del movimiento tiene lugar en el encuentro en Cascavel (1984) donde se reunieron líderes de diversos movimientos rurales de desplazados. En esta reunión se afianzó el nombre del movimiento, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y se fijaron una serie de puntos ideológicos que ambicionaban unir a movimientos diversos en su origen y características. Entre los puntos compartidos estaban el acuerdo de mantener una presencia a nivel estatal y el de conservar su independencia frente a partidos políticos.

La reunión de Cascavel coincide con el ultimo año de dictadura militar, en el que el MST se asienta como nueva fuerza a nivel estatal, adoptando la consigna ‘sin reforma agraria no hay democracia’. A pesar de haber promulgado su independencia frente a partidos políticos, con la transición democrática aparecieron con fuerza como actores políticos el sindicato CUT y el Partidos de los Trabajadores, que recibieron con brazos abiertos las peticiones del MST. Aunque debe matizarse que en ocasiones existieron debates internos sobre la pertinencia de que los campesinos compartieran espacio político con los obreros urbanos.

Durante la dictadura militar había tenido lugar una profunda renovación y modernización del sector agrícola, que había hecho crecer su producción a pesar del clientelismo. Los años 80 trajeron consigo la crisis de la deuda que azotó a toda la región latinoamericana, y que supuso el impulso de medidas neoliberales apoyadas por las entidades financieras internacionales. En el caso de Brasil, estas políticas favorecieron a la élite rural debido a la decisión del gobierno de impulsar las exportaciones de productos primarios para pagar la deuda a los acreedores. Esta élite consiguió, a pesar de las consignas de libre mercado, una enorme cantidad de recursos estatales, así como protección a nivel institucional. El estado también consintió la apropiación, considerada en muchos casos fraudulenta, de importantes terrenos en el Amazonas.

Las medidas neoliberales, junto con el impulso del sector agrícola, atrajeron inversión extranjera y se asentaron en Brasil grandes conglomerados empresariales que tenían gran poder e influencia sobre el precio de los productos, el mercado de semillas y el de pesticidas. Por citar los más conocidos encontramos a Monsanto, a Bayer o a Dupont. Estas grandes empresas conforman a día de hoy un gran lobby que, junto con las élites locales, controlan la industria agrícola del país y vetan propuestas encaminadas a una distribución más equitativa de la tierra. La sobrerrepresentación del la élite rural en el Congreso, la llamada ‘bancada ruralista’, controla la agenda política en este tipo de temas y deja poco margen de decisión en la materia a los poderes ejecutivo y legislativo.

El MST jugó un papel significativo en la transición democrática del país y se convirtió en un apoyo para el Partido de los Trabajadores. Durante este periodo sufrió profundas transformaciones internas relacionadas con la ruptura de su alianza con la Iglesia, que supuso un duro golpe tanto a nivel organizativo como ideológico: la secularización del movimiento dividió a muchos de sus miembros. Ello no impidió que se le diera una importancia central a la cuestión agraria en la nueva Constitución brasileña de 1988, en la que se instituye como principio general la función social de la propiedad y se imponen una serie de requisitos a las propiedades rurales.

Así, en el Artículo 184 del Capítulo III de la nueva Constitución, se establece la posibilidad de expropiar por interés social mediante justa indemnización, salvo en el caso de propiedades pequeñas y medianas, y de aquellas que se mantengan productivas. Asimismo, en el Artículo 186 se fijan una serie de requisitos para que una propiedad cumpla una función social, a saber, su aprovechamiento racional y oportuno, la utilización adecuada de los recursos naturales con atención al medio ambiente o el que favorezca al bienestar de propietarios y trabajadores y cumpla con las disposiciones de regulación laboral. Otro artículo que plasma las reivindicaciones del MST es el 191, según el cual aquel que sin ser propietario de un inmueble, urbano o rural, posea como suya una superficie de tierra no superior a 50 hectáreas por cinco años sin interrupción y la haya puesto a producir con su trabajo, adquirirá la propiedad.

Pese a los múltiples intentos de criminalizar el movimiento, tanto por parte de la prensa, como por parte de los poderes judicial y político, que en ocasiones buscaban tildarlo de antidemocrático e ilegal, éste ha logrado tener un papel crucial en la transición democrática, dando voz a las clases populares rurales, proveyendo de organización a las mismas y defendiendo derechos básicos. Se ha consolidado como un actor con capacidad de negociar con las autoridades públicas, apoyar campañas, impulsar reformas legislativas y ganar batallas legales para implementar de forma efectiva lo dispuesto en la Constitución.

En un país con las disparidades económicas de Brasil, que frecuentemente se traducen en un abismalmente menor acceso a los recursos políticos y judiciales de las clases populares, el MST ha logrado canalizar las demandas de un importante número de población y ha realizado una labor social apremiante, que era lograr tierras para miles de familias campesinas desplazadas. Es más, ha propuesto una amplia gama de políticas al poder ejecutivo para resolver las cuestión de la desigual distribución de la tierra en un país que posee, según informes del gobierno brasileño, el 22% de las tierras cultivables del planeta, y en el que a pesar del crecimiento industrial, el sector primario y la población rural siguen ocupando un puesto importante en los indicadores económicos y sociales. En el siglo XXI, apenas un 1,6% de los propietarios detentan cerca del 50% del territorio cultivable y más de 4 millones de familias siguen sin tierra, por lo que la circunstancia que dinamitó la creación de este movimiento está lejos de haberse superado.

La resiliencia del movimiento

Durante el primer periodo de gobierno de Henrique Cardoso (1995-1998) se produjeron numerosos asentamientos, de hecho es quizá el periodo político en el que más asentamientos se concedieron, en parte facilitados por la caída en los precios en las propiedades rurales en esos años. Sin embargo, durante la Administración de Cardoso, cayeron las ayudas a los campesinos, y los intentos de criminalizar al MST y sus estrategias de ocupación fueron en aumento, especialmente después de su reelección en 1998.

La conservadora prensa brasileña lo apoyó en su determinación de apartar al MST como actor en la arena política, y el movimiento pasó una época crítica durante la que muchos querían adivinar ya su final. A nivel internacional, el Banco Mundial secundó e impulsó iniciativas para un reparto de la tierra con el mercado como asignador de recursos, lo que minó aún más la labor de los sin tierra.

Con la victoria del presidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2003, muchos ‘rurales’ –como se les llamaba frecuentemente– celebraron lo que creían que iba a ser una nueva era para el reparto de la tierra y la reforma agraria. Los compromisos con la industria agrícola y el sector energético frenaron muchas de las promesas de Lula y terminaron por decepcionar a los sin tierra. Pese a que el viraje pragmático del PT se sintió como un abandono de los ideales socialistas que compartía con el MST, este presidente no buscó criminalizar el movimiento y éste volvió a conseguir apoyos después de la oscura época que supuso el ostracismo mediático de la administración anterior.

Con Dilma Rousseff el número de asentamientos de familias se ha estancado y gran parte de las asignaciones de territorios se deben a procesos que se iniciaron antes de su llegada al gobierno. Las disparidades se mantienen y la propia ministra de agricultura, Kátia Abreu, llegó a negar en una entrevista la existencia de latifundios en Brasil. El enfriamiento en la relaciones con el gobierno central del PT se une a un estancamiento tanto en la redistribución de la tierra, que sigue siendo profundamente desigual, como con nuevos problemas que afronta el movimiento en el desarrollo de los asentamientos hacia un modelo competitivo.

Stédile, un economista que se presenta como una de las pocas caras visibles del movimiento, explica los cambios que ha atravesado el sector agrícola desde los años 60. En sus inicios, las reivindicaciones de los sindicatos campesinos meramente buscaban que los grandes propietarios les cedieran tierra en la que cultivar, hoy existen otros temas que resultan cruciales para una reforma agraria justa. La modernización de la agricultura y la entrada del sector en un mercado global con una competencia feroz contra los grandes conglomerados empresariales, trae consigo otras cuestiones que requieren, a ojos del MST una reformulación: el acceso al capital, el proceso agro-industrial, el know-how, y el modelo tecnológico. Una reforma agraria verdaderamente redistributiva, supone la democratización de estas cuestiones y no lo que se ha entendido hasta este momento como tal, que es básicamente expropiar terrenos improductivos y cederlos a familias sin tierra.

Hasta ahora se ha parcheado el problema con expropiaciones y cesiones, pero la dificultad hoy es avanzar desde la fase de subsistencia a una de producción y entrada en el mercado. Esto es cada vez más difícil y aunque existen organizaciones y universidades que colaboran con el know-how, existen a menudo problemas relacionados con la capacidad de producción de ciertos terrenos, la especialización o la imposibilidad de competir en un mercado copado por las grandes empresas.

En suma, el MST es un movimiento social que ha sobrevivido a contextos poco amigables, desde su gestación en la dictadura militar, hasta las sacudidas de la conservadora prensa brasileña. Su aliado político, el PT, parecer haber cedido ante los aprietos de la Realpolitik y el MST se enfrenta hoy a la difícil de tarea de hacer un hueco al modelo cooperativo en un mercado de grandes conglomerados empresariales y de dura competencia a nivel internacional, debida en gran medida al proteccionismo que en otras regiones acolchona este sector. Veremos si en los próximos años el movimiento continúa a flote y mantiene la misma capacidad de transformación.

Fuente: http://elordenmundial.com/regiones/movimiento-sin-tierra-brasil/

Fuente de la imagen: http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2016/04/mst.jpg