España: Los directores de centros no universitarios tendrán que pasar un curso de formación

Europa/España/30 Septiembre 2017/Fuente: El país

La selección la realizarán cinco representantes de la Administración educativa y cuatro del colegio o instituto

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula el procedimiento para la selección, nombramiento y evaluación del personal de dirección de los centros docentes no universitarios, que entre otras novedades exige un certificado de haber superado un curso de formación sobre la función directiva.

Así, entre los requisitos de los aspirantes para acceder a la dirección, el nuevo texto añade el de estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de formación o de actualización sobre el desarrollo de la función directiva.

La norma, que deroga la vigente de 2007 para adaptarse a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y a los nuevos retos del sistema educativo andaluz, incluye también como novedad la relativa a la composición de la Comisión de Selección, que estará formada por nueve miembros, de los que cinco corresponden a la Administración educativa y cuatro al centro docente.

Sobre esta cuestión, el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, preguntado en rueda de prensa por las críticas en el sector educativo sobre la composición de la Comisión de Selección, ha señalado que dicha decisión está amparada por las leyes educativas de la comunidad autónoma y del Estado, que «hay que cumplir».

Tras asegurar que las «vías de comunicación» de la Consejería de Educación con los sindicatos «están siempre están abiertas», ha subrayado que «el margen de discrecionalidad es muy pequeño» y ha insistido en que se ha seguido el «dictado de la ley, como no puede ser de otra forma».

«La comunidad educativa tiene mucho peso en la decisión de la elección y eso es una buena noticia», ha resaltado, pues el decreto «devuelve» a los centros docentes la capacidad de decisión sobre la selección de la dirección, que la Lomce había «limitado».

El decreto establece que la selección de la dirección de un centro público se llevará a cabo por un concurso de méritos entre docentes funcionarios que impartan alguna de las enseñanzas del centro y de conformidad con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

Una vez admitidas las candidaturas, se aplicará un baremo para valorar tanto los méritos académicos como profesionales de los aspirantes.

El nombramiento será por un periodo de cuatro años renovables por otro, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado.

La nueva norma se dirige, entre otros objetivos, a favorecer la profesionalización y actualización de la dirección escolar y a incrementar la eficacia de los procesos educativos, según el portavoz.

El decreto mantiene los demás requerimientos para poder desarrollar la función directiva, como tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente, haber impartido docencia directa como funcionario durante al menos cinco años en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro al que se opta y presentar un proyecto de dirección.

Dicho proyecto debe recoger, entre otros aspectos, el conocimiento del centro y su entorno; la gestión de la organización, de los recursos y de los equipos humanos; medidas encaminadas a potenciar la participación de las familias, o líneas específicas de actuación para la mejora de la calidad y la equidad de la educación.

Este proyecto, que supone el 50 % del total de la valoración de la candidatura, deberá ser presentado ante la Comisión de Selección, el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar.

El profesorado que reúna estos requisitos podrá presentar en cada convocatoria una o varias candidaturas para acceder a dirigir uno de los centros docentes públicos por los que opte.

Al finalizar el mandato, el personal directivo será evaluado por una comisión que se constituirá en cada delegación territorial de Educación.

Respecto al reconocimiento del ejercicio de la función directiva, el nuevo decreto mantiene que el cargo será retribuido de forma diferenciada en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2017/09/26/andalucia/1506436964_362350.html

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Chile: Casen revela que gasto de los hogares por educación es de entre $20 mil y $300 mil al mes

América del Sur/Chile/04 de noviembre de 2016/www.economiaynegocios.cl

Los montos más altos corresponden a las carreras universitarias y a los colegios particulares pagados. Según expertos, representan una proporción importante de los ingresos de los hogares, pero también muestran el valor que se le da a la educación en el país.

Una de las primeras preguntas de la encuesta Casen 2015 fue: «¿Sabe leer y escribir?». Y el 96,9% de los mayores de 15 años declaró que sí sabía, dos puntos más que lo registrado en 1990.

Pero otra de las interrogantes del estudio, que hace el Ministerio de Desarrollo Social, es si asiste a algún tipo de establecimiento educacional y si paga alguna mensualidad por esto.

Y según un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), sobre la base de los datos de la encuesta -que aún no han sido publicados para el sector educación-, un 31,2% de los hogares que tienen al menos a un miembro inscrito en el nivel escolar destina recursos a una colegiatura o financiamiento compartido. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Educación, en Chile hay cerca de 3,5 millones de escolares.

El pago de colegiatura, eso sí, varía fuertemente según los quintiles de ingreso. Mientras el 12,6% de los más vulnerables declara que costea una mensualidad, el 76,2% de los más ricos también invierte mensualmente en educación (ver infografía).

En ese contexto, el asesor de LyD Jorge Avilés sostiene que «las familias, mientras tienen más disponibilidad de dinero, están más dispuestas a invertir en educación». A su juicio, cuando comience a aplicarse el término del financiamiento compartido -con la Ley de Inclusión-, «las familias van a comenzar a invertir esos recursos por fuera. Entonces, esas platas que benefician a todo tipo de estudiantes que conviven en una misma sala de clases ahora van a empezar a beneficiar individualmente».

Según el abogado, «todos los recursos que el Estado inyecte para aumentar la subvención (por el término del financiamiento compartido) van a ir para sustituir los montos que hoy invierten las familias; entonces, no van a ser recursos frescos para que los colegios inviertan en calidad».

Redestinar recursos

Ernesto Treviño, experto en educación de la U. Católica, introduce un matiz en este punto. «Los recursos que las familias invierten en educación, especialmente en sectores de clase media y alta, probablemente se destinarán a actividades educativas y culturales. En el caso de las familias de menores recursos, la eliminación del financiamiento compartido será un alivio que permitirá solventar de mejor manera otras necesidades vitales».

Otra pregunta de la Casen fue cuánto paga mensualmente por el recinto al que asiste. Así, según los datos que analizó LyD, en promedio un hogar puede destinar desde $20 mil mensuales por un colegio municipal (en la cuota del centro de padres, por ejemplo) hasta $300 mil en una universidad tradicional.

Avilés dice que los últimos estudios internacionales han demostrado que Chile es uno de los países donde el gasto privado es de los más importantes entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y en ese sentido, esta información se condice con que «uno tiene en consideración que el Estado no es capaz de poner todos los recursos necesarios para alcanzar una educación de calidad, o al menos dentro del promedio de la OCDE».

Para Treviño, los montos que se destinan a la educación «son altos en relación con el ingreso de los hogares y representan una importante carga económica».

No obstante, puntualiza que «son un indicador del valor que las familias le otorgan a la educación. Estos recursos son importantes para la calidad, siempre y cuando se inviertan en las instituciones y no se transformen en ganancias para los dueños». Al respecto, recuerda que en el caso de las colegiaturas promedio -que van desde los $20 mil a los $225 mil- «no necesariamente lleva a un mejor desempeño. En Chile esto actúa como mecanismo de selección».

El economista Ricardo Paredes también sostiene que «no cabe duda que las familias gastan en educación superior, en comparación a los colegios, donde es una realidad pequeña». Y agrega que en la enseñanza terciaria «el peso es alto en relación al ingreso (…). Los aranceles reales son altos, aunque no todos salen de los bolsillos de las familias: las que tienen el Crédito con Aval del Estado (CAE) los pueden devolver».

Tomado de: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=304493

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