Centro América/ Nicaragua/ 07.07.2020/ Fuente: redclade.org.
Federación de organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia en el país realiza consulta con niñas, niños y adolescentes para saber cuáles son sus percepciones sobre la pandemia.
Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones que trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI) realizó la consulta virtual “Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Pandemia del Coronavirus” para saber cuáles son las demandas y las realidades de niños, niñas y adolescentes en este contexto.
La consulta se realizó entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año y contó con la participación de 131 niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones, que presentaron sus percepciones referentes a cómo viven la emergencia generada por el COVID-19 a nivel personal, familiar y en sus comunidades.
Según el reporte, 24% de las niñas, niños y adolescentes que respondieron a la consulta manifestaron su preocupación por el riesgo del contagio, ya que todavía siguen asistiendo a la escuela. Este mismo porcentaje de participantes de la encuesta considera que el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) debe brindar información a la población para que las familias conozcan y tomen medidas de higiene y prevención ante la pandemia, y 20% de los niños, niñas y adolescentes consultadas y consultados defienden la suspensión de las clases durante la crisis sanitaria.
América del Sur/ Bolivia/ 23.06.2020/ Fuente: redclade.org.
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19
“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.
Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.
Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.
Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.
En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/bolivia-mas-de-2-9-millones-de-estudiantes-estan-en-vulnerabilidad-educacional/
América del Sur/ Bolivia/ 16.06.2020/ Fuente: redclade.org.
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19
“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.
Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.
Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.
Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.
En el pronunciamiento, además se exhorta al Ministerio de Educación a tomar una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.
América del Sur/ Brasil/ 18.05.2020/ Fuente: redclade.org.
En posicionamiento público, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación defiende cambios en el proyecto de ley para nuevo fondo público de la educación nacional, con el objetivo de asegurar el financiamiento adecuado de este derecho
“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas de hecho comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.
Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que tiene lugar en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/brasil-financiamiento-de-la-educacion-no-puede-poner-en-riesgo-a-otros-programas-esenciales/
América del Sur/ Ecuador/ 19.05.2020/ Fuente: redclade.org.
Según la coalición, la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades llevaría a impactos como la precarización del trabajo docente, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, etc.
Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.
“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.
Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.
“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.
Educación básica y regular
Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.
Lee a continuación el posicionamiento completo:
Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional
La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.
Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.
Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.
Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.
Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias.
Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.
Quito, mayo 2020
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/ecuador-contrato-social-por-la-educacion-respalda-decision-judicial-que-suspende-el-recorte-de-financiamiento-para-la-educacion-superior/
América del Sur/ Ecuador/ 12.05.2020/ Fuente: redclade.org.
En nota pública, el Contrato Social por la Educación plantea acciones para contener retrocesos al derecho a la educación en el país durante la pandemia COVID-19
El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/ecuador-comunidad-educativa-rechaza-medidas-economicas-que-afectan-la-educacion/
América del Sur/ Brasil/ 12.11.2019/ Fuente:redclade.org.
El objetivo es contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.
Una de las acciones que foros nacionales miembros de la CLADE vienen utilizando para presionar y presentar propuestas por la garantía del derecho a la educación es la elaboración participativa de agendas educativas y su presentación a gobiernos y candidatos a la presidencia de sus países. Desde la construcción de estas agendas, han actuado de forma propositiva y constructiva, presentando lineamientos, demandas y planteamientos, con el objetivo de contribuir con la realización de políticas que aseguren una educación pública, gratuita, transformadora y de calidad para todas las personas.
Los procesos de elaboración colectiva y participativa de estas agendas presentan en común la articulación entre diferentes organizaciones y movimientos sociales, así como el diálogo con comunidades educativas, indígenas, rurales, entre otras, y la actuación cooperativa entre estos sectores de la sociedad civil, para construir propuestas y presionar para que sus planteamientos sean puestos en práctica por los gobiernos de los países.
Nicaragua: Agenda para Transformar la Educación del País
El FEDH- IPN se creó en el contexto de las elecciones generales de Nicaragua de 1996, cuando distintas organizaciones se unieron para diseñar una propuesta de Agenda Educativa Nacional. Desde entonces, en cada elección nacional o municipal, la coalición se moviliza para crear una agenda que dialogue con las necesidades de la población.
Ese proceso resultaría, 21 años más tarde, en el lanzamiento de la “Agenda para Transformar la Educación del País”, una propuesta construida por FEDH-IPN, en alianza con Fe y Alegría Nicaragua y el Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA), con el objetivo de promover la mejora de la educación del país.
La elaboración de la Agenda contribuyó a la reflexión crítica y propositiva sobre la situación de la educación nacional, motivando la amplia participación de diversos sectores sociales, con el propósito de ampliar los niveles de responsabilidad social en las transformaciones educativas que requiere el país, e invitando al Ministerio de Educación (MINED) a ser parte de la propuesta.
Se impulsó un proceso de consulta a docentes, estudiantes, madres y padres, en distintas partes del país, con miras a invitarlas/os a reflexionar y plantear qué era necesario para mejorar la educación.
El documento se centra en la educación en sus etapas inicial, básica, media, de personas adultas, especial y técnica, así como en la formación docente. Con 21 ejes temáticos, incluye asimismo elementos oriundos de investigaciones sobre la realidad educativa del país.
Como la elaboración de la Agenda se impulsó en alianza con otras organizaciones y en diálogo con comunidades educativas, su proceso ha fortalecido la capacidad de convocatoria y liderazgo del FEDH-IPN. La iniciativa también permitió a las organizaciones impulsoras tratar temáticas que normalmente no se abordan en el debate sobre la política educativa en el país, y tener conocimiento de desafíos importantes de la educación nacional, posibilitando la sistematización y la visibilidad pública de esas pendencias y retos.
“Esta agenda fue muy importante principalmente porque contó con actores-clave de Nicaragua que trabajan en el tema Educación; actores como por ejemplo desde la academia, las universidades, centros de pensamiento, así como docentes de escuelas comunitarias, movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema Educación. Igualmente, se contó con la participación del grupo de la Costa Caribe”, cuenta Edgar Palacios, técnico de Educación del FEDH-IPN.
Ecuador: Agenda Ciudadana por la Educación
Para que el derecho humano a la educación (DHE) fuera cumplido independientemente del resultado de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador, el Contrato Social por la Educación (CSE), en alianza con otras 16 organizaciones nacionales de la sociedad civil, articuladas en la plataforma denominada Mesa de Convergencia, creó la “Agenda Ciudadana por la Educación”, la cual durante las elecciones fue firmada públicamente por candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional.
“Previamente a las elecciones, observábamos la persistencia de problemas estructurales de calidad en la educación, con la aplicación de un modelo educativo homogeneizador, cuyo instrumento más visible era la aplicación de un sistema de evaluación estandarizado”, afirmó el entonces coordinador nacional del CSE, Milton Luna.
Para contrarrestar esta tendencia de las políticas y proponer alternativas para la garantía de una educación transformadora y de calidad, desde la perspectiva de derechos humanos, el CSE, como parte de la Mesa de Convergencia, elaboró durante tres años un conjunto de propuestas, a partir del desarrollo de una investigación colectiva y en diálogo con distintos sectores sociales, entre ellos los grupos de población marginalizados, pueblos indígenas, ambientalistas y comunidades rurales. Se buscó recoger sus perspectivas sobre los temas que deberían priorizarse en las políticas educativas del país.
El contenido de la Agenda Ciudadana aborda distintos aspectos. Plantea, entre otras medidas: el aumento de la inversión en educación y la calidad del gasto; mayor participación de la sociedad civil en el debate y la definición de políticas públicas; elaboración e implementación de un proyecto educativo en base a los compromisos asumidos por el Estado en la Agenda de Educación 2030; y evaluación educativa para el mejoramiento de la formación de estudiantes – y no para su control o sanción –, así como para mejorar las condiciones de trabajo de las/los docentes, equipos administrativos y directivos.
Con la victoria de Lenin Moreno, el CSE ha iniciado una nueva fase de incidencia política, presionando el presidente para que cumpla los compromisos, y cobrando respuestas sobre las prioridades educativas presentadas en el debate electoral: la atención a las comunidades y escuelas rurales; la evaluación del Plan Nacional de Educación; la renovación del Sistema Nacional de Evaluación con miras a superar su mirada excluyente y basada en el mérito; y el acceso libre a las universidades.
El resultado más significativo de la acción de incidencia fue la aceptación del gobierno de reabrir las escuelas rurales que se habían cerrado y el trazado conjunto (entre gobierno y organizaciones indígenas) de una hoja de ruta para la reestructuración y el fortalecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país, con la participación de las comunidades y organizaciones indígenas del Ecuador.
Sin embargo, ante los acontecimientos recientes en el Ecuador, en particular el Estado de Excepción, el Toque de Queda y el proceso de militarización decretado por el gobierno nacional como respuesta a la movilización social que expresa su inconformidad ante medidas económicas – como el aumento del precio de los combustibles y un acuerdo de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras – , este proceso de incidencia y diálogo entre organizaciones, movimientos sociales y el gobierno está amenazado.
En nota pública divulgada el 13 de octubre, la CLADE presentó su solidaridad y apoyo a los movimientos sociales que luchan por el mantenimiento de sus derechos en el país. “Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión y rechazamos el uso excesivo de la fuerza en contra los y las manifestantes, tal como denunció la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha informado sobre personas fallecidas, heridas y graves situaciones de arbitrariedades, detenciones y violencia de la fuerza pública, incluso en contra de estudiantes. Rechazamos los actos vandálicos que han tenido lugar de forma aislada y que buscan deslegitimar la protesta y movilización social y exhortamos a la no criminalización, ni estigmatización de las organizaciones indígenas, campesinas, de trabajadores/as y estudiantes que se han movilizado, siendo el Estado el primero en implementar su garantía de protección y de exigencia especialmente a los medios de comunicación”, afirma el posicionamiento de CLADE.
Foto: Misterio_Henry
La incidencia política por el derecho humano a la educación
Además de Ecuador y Nicaragua, la Clade reunió más 11 experiencias de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización de sus miembros en diferentes países, así como relatos de iniciativas que se impulsaron a nivel regional, para defender la educación como un derecho humano. >> Descargue el documento
Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/nicaragua-y-ecuador-agendas-educativas-para-garantizar-el-derecho-a-la-educacion/
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