Profesores y estudiantes de la Universidad EAFIT han sido víctimas de amenazas e intimidaciones a raíz de su participación en las movilizaciones durante el paro nacional. Ya hay una denuncia formal.
Estas amenazas e intimidaciones se conocieron después de que algunos profesores y estudiantes de la institución se vincularan a las marchas y manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de abril.
Desde la institución superior indicaron que: “repudiamos las amenazas que han venido recibiendo algunos miembros de EAFIT por sus posiciones, y que pretenden acallar sus voces y negar su derecho a participar de una vida universitaria en libertad”. Y agregaron que esta forma de actuar “le hace daño a la Institución, a la ciudad y al país”.
El primer pronunciamiento de la Universidad se dio el 17 de junio de este año. En él pidieron que las autoridades actuaran con celeridad ante las denuncias que esta institución interpuso.
El llamado, incluso, llegó hasta la Comisión Primera de la Cámara. Allí, la representante Ángela María Robledo indicó que hasta ahora no se ha podido establecer de dónde provienen estas intimidaciones e instó a la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía de Medellín a generar espacios de protección a la vida y a la comunidad universitaria.
Robledo agregó que “uno de los decanos que abrió espacios durante las movilizaciones para el debate y el análisis ha recibido ocho amenazas”. EL COLOMBIANO estableció comunicación con este docente víctima de intimidaciones, pero se abstuvo de dar alguna declaración. No obstante, señaló que prefiere “que se remitan a los comunicados” de la institución.
En el pronunciamiento más reciente EAFIT afirmó que “la sociedad entera solo debe gratitud a sus profesores y respeto por los estudiantes; y como ciudadanos estamos en la obligación de rodear a aquellos que dedican su vida a enseñar y a buscar un mejor futuro para todoshttps://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin/eafit-denuncia-amenazas-contra-estudiantes-y-profesores-que-participaron-en-el-paro-CB15410453”.
Por último, EAFIT hizo un llamado a las autoridades para que la investigación se adelante con prontitud. “Se han hecho las denuncias correspondientes y creemos en la eficacia de la justicia para devolver la confianza a nuestra comunidad”, puntualizó la Universidad en el comunicado.
Usar el arte como medio de comunicación, crear ollas comunitarias como herramientas de dignidad, resistencia y apoyo, y en especial democratizar el acceso a la universidad pública y construir una universidad antipatriarcal, son algunas de las banderas de las juventudes y la educación en el marco de las movilizaciones en el país.
“Al mismo tiempo, estos dos puntos pueden ser el puente entre la relación universidad-sociedad que ayude a reducir las brechas e incomprensiones sobre el papel real de la educación superior para quienes están en las calles”.
Así lo expone Natalia Niño Silva, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) e integrante del Comité de Género de Sociología, quien junto con Emily Cañón Salazar, politóloga de la UNAL e investigadora del Observatorio de Juventud, fueron invitadas a participar en la charla “Educación, juventudes en movimiento, artes, juntanza y cambio cultural”, adelantada en el marco de la iniciativa de “Convergencia por Colombia: ideas desde la Universidad para diálogos constructivos”, promovida por la UNAL.
Según las estudiantes, dentro de las apuestas transformadoras lideradas por los jóvenes en estas movilizaciones –que no han tenido a Bogotá como centro, sino a otras regiones y ciudades como Cali– se destacan la educación popular y la descentralización del diálogo.
En este contexto, el profesor Javier Sáenz, del Departamento de Sociología de la UNAL y director del Centro de Estudios Sociales de la Institución, señala que “el paro ha intensificado procesos de formación por fuera de la escuela y con metodologías no pedagógicas, más dialogantes, centradas en el cuerpo y la emoción”.
Agrega que “siendo consistentes con lo que se ha planteado, y con una mirada a una juventud en conflicto generacional, se deben repensar las prácticas normativas en la escuela y en la universidad, pues los niños y jóvenes consideran que no es mucho lo que los adultos les podemos enseñar en temas centrales como la política, la sexualidad y la vida en comunidad, entre otros. Ahí el horizonte que se debe plantear es que en las universidades y los colegios es donde los jóvenes y niños deben participar en la definición de qué quieren aprender y cómo quieren aprenderlo”.
Arte, medio oficial en las movilizaciones
Por diferentes calles de todas las ciudades del país se pueden ver grafitis, carteles y frases que han marcado un hito en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia.
Por eso uno de los paneles más nutridos en el encuentro fue el de “Artes, juntanza y cambio cultural”, en el que docentes, gestores culturales y artistas manifestaron apoyo total ante las diferentes manifestaciones de ideales, a través del arte como herramienta comunicativa.
“Desde siempre el arte ha tenido en Colombia el papel de generar reflexión, conciencia, y de incitar al cambio, solo que ahora es más visible. Por un lado, se tiene represión, violencia y tergiversación de la información en diferentes medios, mientras que por otro está la realidad de las calles y los manifestantes”, señala Cinthya Moncayo, cantautora, gestora cultural y comunicadora social de Cali.
Según la invitada, el arte tiene la tarea de transformar los imaginarios, pues en medio de las movilizaciones se considera como el medio de comunicación más fidedigno, ya que alienta a construir sociedad y país, contando la realidad de la mayor parte de la población colombiana.
Señala además que “en este país vivimos normalizando la violencia, la pobreza y la vida en condiciones inhumanas, pero desde una pieza artística podemos decir que esto no es normal”.
Por su parte Diana Avella, rapera y estudiante de la Maestría en Educación en Tecnologías de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, asegura que “que en tiempos de desesperanza el arte permite que las personas se sientan identificadas frente a otras vidas que se han ido, y es una herramienta que llega a todos los territorios, en especial a los más vulnerables”.
Luego de la matanza de estudiantes de 1968, los universitarios de México volvieron a salir a las calles el 10 de junio de 1971. La fecha es recordada como el «halconazo», pues enfrentaron otro tipo de represión encubierta.
La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios en Ciudad de México.
Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Los universitarios no dejaron morir su movimiento, pero pasaron más de dos años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno.
Hasta el 10 de junio de 1971.
En esa fecha, un jueves de Corpus en el calendario católico – que luego daría nombre a lo ocurrido – , vieron la oportunidad de nuevamente salir a las calles y manifestarse a favor de la educación pública y el movimiento estudiantil de la época.
“Testimonios de manifestantes ese día dicen que la emoción era mucha. Era volver a tomar las calles que les habían intentado arrebatar en 1968. Entonces el 10 de junio era volver a tomar las calles y tenía un simbolismo muy importante”, le explica a BBC Mundo el historiador Camilo Vicente Ovalle.
Los universitarios se reunieron en Ciudad de México el 10 de junio de 1971.
Un grupo paramilitar, llamado los “halcones” y organizado por el gobierno mexicano, paró la protesta en seco.
A las agresiones con palos les siguió el uso de armas de fuego. Incluso los heridos fueron “rematados” en las salas de emergencias de los hospitales.
Desde entonces se conoció a lo ocurrido como el “halconazo” o la “masacre del “jueves de Corpus”, un hecho que incluso una fiscalía especial calificó décadas después como “genocidio”, pero por el que nadie fue condenado.
El motivo de la protesta
La protesta del “jueves de Corpus” se dio en respaldo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del norte del país, que se habían ido a huelga por conflictos con el gobierno estatal.
Le sumaron sus propias demandas, como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública.
La marcha exigía la liberación de presos políticos de 1968, entre otras demandas.
“Hay un golpe brutal a las movilizaciones sociales y populares en 1968, pero los estudiantes se continuaron organizando”, señala Ovalle, autor de Tiempo suspendido, un libro que documenta – incluso con archivos clasificados – lo ocurrido entorno a episodios como el de 1971.
Los universitarios en la ciudad de Monterrey pidieron la solidaridad del resto del país, así que los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), las dos instituciones superiores más importantes del país, respondieron al llamado.
En ese contexto, alumnos de la UNAM y del IPN convocaron la marcha del 10 de junio.
La manifestación estudiantil no estaba autorizada por el gobierno. Pero los jóvenes dijeron que había garantías de que sería pacífica.
Pese a que la huelga de la UANL ya se había suspendido antes de esa fecha, y las demandas se habían atendido, los estudiantes de Ciudad de México decidieron mantener la cita para protestar.
El inicio del ataque
A las 4 de la tarde, la protesta dio inicio con unos 10 mil estudiantes concentrados en el Casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN.
Planeaban caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de Ciudad de México.
“Era una marcha no autorizada. Entonces los estudiantes se encuentran calles bloqueadas por granaderos y policías que impiden que avance la marcha o que tomen otras calles”, explica Ovalle.
La policía y el ejército no buscaba disuadir activamente la protesta, pero sí bloquearon calles.
Resueltos a avanzar pacíficamente, habían caminado un kilómetro cuando se encontraron con el grupo de los “halcones” – reportes dicen que eran al menos 400 o 500 – en el cruce de dos avenidas.
Esta vez no eran uniformados de la policía del Departamento del Distrito Federal (DDF), ni del ejército, los que intentaban “romper” la protesta, como en 1968. El ataque vino de jóvenes vestidos de civil que cargaron contra el contingente estudiantil.
“Los halcones estaban esperando en el punto definido para el ataque. Sí había algunos infiltrados en la marcha, pero el grueso del grupo paramilitar entra por esa parte de la avenida y se lanza en contra de la manifestación”, explica Ovalle.
Los miembros de los “halcones” fueron armados con apoyo de la policía y el ejército, según se supo después.
Víctor Guerra, uno de los líderes estudiantiles de la época, relata que él estaba integrándose a la marcha cuando empezó todo.
“Vi que la policía se bajaba para apoyar a los halcones. Vi cómo les proporcionaban varas de bambú. Minutos después de eso empezaron los disparos“, explicó Guerra a la agencia estatal mexicana Notimex.
“Fue una ratonera”
Como luego reconocería el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces funcionario del DDF, los “halcones” fueron financiados y capacitados por el gobierno. El militar también había estado al frente del batallón “Olimpia” que atacó a los estudiantes de la masacre de 1968.
El grupo portaba varas de bambú porque fueron entrenados en artes marciales y usaban los palos como arma kendo. La película “Roma”, de Alfonso Cuarón, así lo retrata.
Pero su actuación fue combatida por los estudiantes aquel 10 de junio.
“Son repelidos por los manifestantes. Y al ver la resistencia, se repliegan. Entran en su lugar halcones que ya llevan fusiles M-1 y otras armas de fuego que comienzan a disparar contra la manifestación”, explica Ovalle en base en la documentación que obtuvo.
Los “halcones” utilizaron armas de fuego incluso en hospitales.
Por su parte, Guerra cuenta algo similar: “Vi a un sujeto, en una foto muy famosa, que está disparando afuera de la Escuela Nacional de Maestros, hincado, disparando hacia adentro”, relata.
También asegura que desde lo alto de un edificio contiguo pudo ver disparos “hacia la multitud”.
Fue un ataque indiscriminado, que tuvo toda la intención de dispersar a los manifestantes y, nuevamente, mostrar el poder del Estado, pues la policía y el ejército respaldaron las acciones.
“Fue una ratonera (…) Como la táctica de yunque y martillo: hay una fuerza que empuja al enemigo contra una fuerza superior que los aplasta“, explica el historiador.
El “remate” en hospitales
La manifestación se dispersó al transcurrir los siguientes minutos.
Muchos estudiantes intentaron esconderse en las escuelas, negocios y viviendas de la zona. Pero ni los heridos, que habían llegado a clínicas como el Hospital Rubén Leñero estuvieron a salvo.
Algunos recuentos indican que ese día murieron hasta un centenar de jóvenes, pero la documentación muestra que fue una treintena.
“Hay periodistas, pacientes, médicos y enfermeras que fueron testigos de cómo grupos de halcones entraron al hospital y agredieron a estudiantes con armas de fuego”, explica Ovalle.
La acción se calificó como el “remate” de los heridos, documentado en numerosas notas y crónicas en los medios que, pese al control informativo del gobierno en aquella época, salieron a la luz ya que los periodistas fueron también atacados.
“La prensa estaba muy enojada con el gobierno federal. Estaban tan molestos que Luis Echeverría tuvo que reunirse con ellos a los dos días del ataque para ofrecer disculpas”, señala Ovalle.
Las autoridades de ese entonces culparon de lo ocurrido a los propios universitarios. Luego se sabría que no fue así.
Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo. Pero se calculan unos 30 muertos, cientos de heridos de distinta gravedad y decenas de detenidos.
Un “genocidio” descalificado
El líder estudiantil Félix Hernández dice que si bien la “represión” de 1968 “no se justifica y no se entiende”, la del 10 de junio “se entiende menos”.
“El gobierno decidió no utilizar a la tropa uniformada. Entonces utilizó a los halcones, un grupo paramilitar que, sin embargo, estaba formado por exmilitares o militares en activo”, señaló Hernández a Notimex.
Los periodistas también fueron atacados por los “halcones”, lo que dio pie a la publicación de notas y crónicas muy negativas para el gobierno.
En una primera reacción, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que, en base en una investigación, había determinado que un grupo de estudiantes estaba armado.
“Muchos de los integrantes portaban palos, varillas y otras armas”, dijo la PGR al diario El Universal. Otro grupo cargó “contra los manifestantes y fue cuando se provocó una riña colectiva en la que se dispararon armas de diverso calibre”.
Las autoridades constataron la “existencia de francotiradores que hacían sus disparos en contra de los manifestantes y de la policía”.
Pero con el paso de los días, reconocieron que los “halcones” era un grupo que había sido entrenado por el gobierno.
Luis Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976.
El alcalde Alfonso Martínez y su jefe de policía, Rogelio Flores, renunciaron a sus cargos. El presidente Luis Echeverría ordenó una investigación.
Cincuenta años después, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido.
En la década de 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por “genocidio”.
La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación (Interior), Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados.
Pero la magistrada del caso, Herlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de “genocidio”, sino de “homicidio simple”, que sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido.
Nadie fue encarcelado ni juzgado por la matanza de 1971.
Para Ovalle, la matanza del “Halconazo” se explica dando un paso atrás y mirando qué ocurría en aquellos momentos en México.
“El 71 no fue una repetición del 68”, sostiene. “Fue parte de la estrategia contrainsurgente” para combatir a grupos sociales, en momentos en que el comunismo se consideraba un peligro geopolítico en el occidente liderado por Estados Unidos.
“No fueron eventos excepcionales, medidas exageradas de fuerza. Era parte de la estrategia contrainsurgente que el gobierno tenía desplegadas”, señala el historiador.
“Hoy a simple vista parece un error, volver a cometer una masacre, pero no. En esos años había una estrategia en la que los sucesos de 1968 y 1971 cobran sentido”.
Fotografías del acervo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.
El INEHRM y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación editaron una antología con documentos de agencias de inteligencia, cables diplomáticos y notas de prensa de México y Estados Unidos sobre el “halconazo“. El libro estará en línea para su consulta y descarga gratuita en su web.
Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2.021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.
Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.
No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.
Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.
Alcances políticos del paro
En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los Servicios Públicos esenciales (Comunicaciones, Agua, Luz, Transporte, Educación, Salud, Banca, Recursos Naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, sub valorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante(o por eso) el objetivo del movimiento popular, no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.
Efectos de los alcances políticos del paro
En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el más de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.
El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos vice ministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.
Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1ª LINEA. Los muchachos o pelaos de La 1ª Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ONG´s sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de La 1º Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.
Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.
El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.
La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. Vaya pues!
El paso dictatorial con un decreto de marras
Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica cómo manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económicos y financieros; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.
El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. De cuando acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en“el orden público”? Acaso se está con la Constitución de 1886? No..En el Departamento Norte de Santander existe un conflcito armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosfato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestara el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la Alcaldesa de Bogotá,DC y el Alcalde de Bucaramanga. Más de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.
La salida es política no militar
Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.
Los movimientos feministas y las mujeres presentes en las calles marcan los ritmos de muchas de las principales movilizaciones sociales de los últimos años en buena parte de América Latina.
El feminismo juega un rol preponderante, significa una entrega ilimitada y constituye una fuerza liberadora: síntesis del pensamiento de Lucila Puyol, quien integra desde su creación la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Puyol es hija de dos militantes de la década del 70: su padre está desaparecido desde diciembre de 1976 –en plena época de la Dictadura Militar–, y su madre fue presa política durante casi seis años entre 1975 y 1980.
Se autodefine como feminista, militante en derechos humanos y de género. Es abogada en causas donde se juzgan delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2019 fue designada Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
P: ¿Cómo presentaría, muy brevemente, el movimiento feminista?
Lucila Puyol (LP): Los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y el Movimiento Ni UnaMenos son prueba de que las mujeres tenemos imaginación, sabemos lo que queremos y contamos con una visión estratégica. El ENM es, tal vez, una experiencia única a nivel mundial. El primero, se convocó en Buenos Aires en 1986 y hasta ahora se han realizado 35 encuentros.
Es interesante comprobar que, en estos años, todas las reformas legislativas que se refieren a la mujer nacieron de estos encuentros: divorcio, patria potestad compartida, el primer taller de anticoncepción y aborto, la lucha por la visibilidad de la violencia contra la mujer, el surgimiento de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, entre otras.
En cuanto a nuestra visión, el feminismo en nuestro país –y en América Latina– es un movimiento profundamente político –aunque no partidario–, potente, con definiciones claras a favor de los derechos humanos.
P: ¿También en Argentina, como en tantos otros países, existen diversas concepciones de feminismo?
LP: Es cierto. No hay un solo feminismo. Junto con otros miles de mujeres, lo entendemos como un feminismo popular. Es decir, anticapitalista, antiimperialista, antirracista y profundamente anti patriarcal. Nos definimos como movimiento feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Por lo tanto, otro desafío es la ruptura del binarismo y el cuestionamiento a la heteronormatividad impuesta.
Nuestro principal desafío es abolir el patriarcado: sistema político, cultural y económico que nos somete a las mujeres, a las disidencias y a todos los sectores oprimidos desde hace siglos.
Y en ese camino, es mucho lo que nos falta todavía: la autonomía sobre nuestros cuerpos es prioritaria; la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), también es fundamental. Pero no son suficientes. La lista de reivindicaciones es extensa: el derecho al acceso a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual; las tareas de cuidado equitativas; la erradicación de la violencia de género y su máxima expresión: los femicidios y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
No menos significativa es la disputa por el lenguaje. Es otra batalla que también estamos dando las feministas, ya que lo que no se nombra, no existe. Fue así que hace años empezamos a nombrarnos: nosotras y nosotros, todas y todos…
La pandemia limitó la movilización
P: ¿En qué medida las organizaciones de mujeres de Argentina han debido readaptar su trabajo y movilización en época de pandemia?
LP: Uno de los mayores obstáculos que impuso esta crisis sanitaria es no poder movilizarnos en la calle. Nuestro movimiento mueve miles de mujeres y disidencias en marchas, encuentros, festivales, luchas concretas, etc.
Sin embargo, cuando en diciembre de 2020 el Parlamento Nacional trató el proyecto de la IVE, recuperamos nuevamente las calles. Con barbijos, distanciamiento, y todos los cuidados. Era esencial mostrar la fuerza del movimiento porque los grupos anti derechos –que no cumplen con las disposiciones anti pandémicas– también habían salido a la calle.
Lucha esencial de Madres y Abuelas
P: A nivel internacional, la lucha argentina antidictatorial y por la democracia se conoció, principalmente, a través de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
LP: En Argentina, y América Latina en general, el feminismo nació en las organizaciones del pueblo y al calor de las luchas de resistencia contra las dictaduras. En nuestro país está íntimamente unido al movimiento de derechos humanos.
En ese combate resaltamos el papel central de las mujeres y especialmente de nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. La irrupción de estas mujeres en el ámbito público transformó ese espacio –“la plaza”- a partir de la lucha para encontrar sus familiares, incluyendo a los nietos y las nietas desaparecido-as.
El concepto “lo personal es político”, tal como lo definía la feminista estadounidense Kate Millet, se encarnó en estas mujeres gigantes.
Estamos persuadidas de que la perspectiva de género y de derechos humanos debe atravesar todas las políticas públicas y todos los aspectos de la sociedad. Sólo así construiremos un mundo más humano.
Los valores internacionalistas de una lucha común
P: ¿Ese mundo más humano del cual habla requiere una visión de feminismo bien amplia?
LP: El feminismo popular en el que me inscribo es profundamente revolucionario e internacionalista porque plantea un horizonte emancipatorio: vino a romper con el orden injustamente establecido, a discutir lo que quieren callar, a dar luz lo que se pretende ocultar. ¡Ya no hay vuelta atrás, a este mundo lo vamos a cambiar!
El feminismo tiene la mirada amplia: sabemos lo que es la discriminación, sabemos lo que es el maltrato y el no reconocimiento, porque los hemos sufrido por siglos. Por eso abrazamos a quienes también sufren esa discriminación y maltrato en sus cuerpos en cualquier parte del mundo. Para nosotras, el feminismo es una forma de ver la vida, de construirla y de transitarla.
Trabajadores de empresas públicas, maestros y estudiantes realizaron plantones y marchas en varias ciudades de Ecuador en contra del paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.
«Los empleados de Tame pedimos explicación de por qué el gobierno deja morir irresponsablemente a la aerolínea de los ecuatorianos, además de regalar el mercado aéreo ganado para entregarlo a empresas extranjeras», dijo un comunicado de los empleados Tame, aerolínea estatal que será eliminada junto a otras nueve empresas públicas, por orden del presidente.
La aerolínea mantiene pérdidas de al menos 400 millones de dólares en los últimos 5 años.
En Quito, los participantes se concentraron en las afueras del edificio matriz de Tame, en el centro norte de la ciudad.
Como medidas de seguridad para evitar el COVID-19, usaron mascarillas y visores, además se colocaron a dos metros de distancia entre ellos.
Los trabajadores de Correos del Ecuador, otra de las empresas que será liquidada por decisión del Gobierno, también se manifestaron en Quito y Cuenca.
A su vez, por segundo día consecutivo, los trabajadores de la empresa Ferrocarriles del Ecuador protestaron contra su cierre, concentrándose en varias estaciones ubicadas a lo largo de la línea del tren que une la región Costa con la Sierra, a lo largo de 965 kilómetros.
La primera convocatoria se realizó el pasado 21 de noviembre. En esta movilización cerca de 210.000 personas pertenecientes a sindicatos, indígenas, estudiantes, organizaciones sociales o simplemente gente del común, salieron a las calles a protestar contra el Gobierno del presidente Iván Duque por el denominado ‘Paquetazo’, que hace referencia a una serie de reformas en materia laboral, pensional y educativa.
Pese a que el Gobierno militarizó algunas partes del país, acuarteló las Fuerzas Militares, cerró las fronteras y otorgó facultades extraordinarias a los mandatarios locales como ley seca o toque de queda, ese 21N pasó a la historia de Colombia como el día en el que los ciudadanos se unieron sin importar, color, religión o condición social y paralizaron al país pidiendo un cambio en las políticas anunciadas.
Así las cosas, a la jornada ya sin precedentes, se le sumó un masivo cacerolazo, en evento que se dio en horas de la noche cuando pareciera que las marchas se apaciguaban. En esta jornada, miles de personas salieron a las calles, ventanas y balcones de sus casas con olla y cuchara en mano para hacer sentir su descontento social.
Carrera Séptima. Un grupo de estudiantes conformó la llamada ‘primera línea’, un grupo que tiene como objetivo defender a manifestantes.
Inaldo Pérez-Sistema Integrado Digital
Lo feo vino después, y es que en medio de los disturbios se registraron cuatro muertos (tres en Cali uno en Bogotá) y múltiples heridos, sin contar los saqueos, vandalismo a los bienes públicos y el pánico colectivo que obligó a muchos ciudadanos a seguir de largo toda la noche para cuidar sus viviendas.
Una de las muertes que conmocionó al país fue la de Dilan Cruz, el joven que resultó herido el pasado sábado 23 de noviembre durante las manifestaciones en Bogotá por un artefacto lanzado por un agente del Esmad.
Cruz, de 18 años, se convirtió en el símbolo del malestar ciudadano contra la violencia durante estas protestas en Bogotá.
Ante estos hechos, el presidente Iván Duque convocó a un diálogo nacional para escuchar el descontento generalizado y buscar soluciones. Esta mesa se instaló desde el 23 de noviembre y a la fecha continúa, aunque sin acuerdos claros.
El comité promotor del paro entregó un pliego de 13 peticiones, entre las que se encuentra el retiro del proyecto de reforma tributaria, la disolución del Esmad y la depuración de la Policía, que no haya reforma laboral y que se cumplan los acuerdos con estudiantes, educadores y trabajadores, entre otros.
Un estudiante sostiene una pancarta que representa a Dilan Cruz, el joven manifestante herido por un miembro del Escuadrón Antidisturbios Móviles (ESMAD) durante una protesta contra el gobierno colombiano y murió ayer, en Bogotá.
AFP
Los días avanzaron con pequeñas movilizaciones hasta este miércoles, día en el que se realizó otra masiva manifestación, pero sin el aforo del 21N.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estimó en unas 40.000 las personas que participaron en las marchas en toda Colombia. Los organizadores reunidos en el Comité Nacional del Paro, sin embargo, aseguran que fueron muchos más.
La jornada transcurrió pacíficamente en su mayoría. Jóvenes, indígenas, campesinos, afrocolombianos y sindicatos se movilizaron en las principales ciudades del país bajo vigilancia policial y militar.
Por su parte, Fenalco reportó pérdidas superiores a un billón de pesos en todo el territorio nacional, lo que representa la reducción de la productividad en un 30 % solo en el sector comercial e industrial, es decir que diariamente las pérdidas ascienden a los $15.000 millones.
Este jueves sobre las 2 p.m., se programó una nueva jornada de la mesa de diálogo entre los voceros de Gobierno y el Comité promotor y se espera que antes de terminar el año se conjure este gran paro nacional que demuestra que Colombia ya no es el mismo país del pasado.
Para la próxima semana están previstas varias actividades hasta el próximo 10 de diciembre como un cacerolzao intercontinental, además de un encuentro nacional de organizaciones, el concierto Enciende tu voz: Un canto por Colombia y la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
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