Niños y niñas damnificados

Por: Hedelberto López Blanch

Puerto Rico está envuelto en un enorme laberinto pues por ser colonia de Estados Unidos solo puede aspirar a que la metrópolis le ayude a salir de la desastrosa situación que padece tras el paso de los huracanes Irma y María. Los dos fenómenos atmosféricos han posibilitado que muchos habitantes de la Isla y numerosos países del mundo comprendan realmente las grandes ataduras que la nación caribeña padece con respecto a la metrópolis desde que en 1898 Washington se adueñó de ese territorio y lo controla política, económica y financieramente.

Antes del paso de Irma y María, la colonia estadounidense ya padecía una enorme crisis económica-financiera que Estados Unidos no ayudó a resolver.

Hace unos seis meses este país se declaró en una especie de quiebra, pues la deuda exterior se fijaba en más de 73.000 millones de dólares y el gobernador, Ricardo Rosselló, declaró que tomó la decisión de solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos desde el 30 de junio de 2016, que se acogiera a la protección del Titulo III para trabajar en forma estructurada e intentar cancelar los pagos bajo los parámetros del plan fiscal.

La JSF fue creada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debido a la crisis de la deuda pública puertorriqueña con el objetivo de reestructurar las cuentas de la colonia, denominada eufemísticamente Estado Libre Asociado (ELA).

El Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, preveía el inicio de un proceso supervisado de reestructuración en caso de que los acreedores y el Gobierno no lograran acuerdos para los pagos de deuda.

Como esa solución no se logró porque tras terminar la congelación de litigios varios inversionistas de bonos demandaron al ELA, el Estado deberá reestructurar parte de su deuda en los tribunales.

Un 45 % de los ciudadanos vive por debajo de la línea de pobreza y sólo el 40 % de la población adulta trabaja o busca empleo, el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida.

El cerco colonial es tan férreo y amplio que a las autoridades, sin ningún poder, y al pueblo puertorriqueño se les prohíbe pertenecer a cualquier organización regional, como por ejemplo la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Tras los desastres provocado por María el 20 de septiembre y con los servicios eléctrico y telefónico caídos en casi toda la isla, con carencia de agua potable, combustible y alimentos, más de 15.000 evacuados, aumento de los saqueos y la criminalidad, varios países y organizaciones internacionales manifestaron el interés de enviarles suministros, pero todos se han enfrentado con un insólito obstáculo: sus barcos no pueden atracar en la isla.

En 1920 el Congreso norteamericano aprobó la Ley de la Marina Mercante, conocida como Ley Jones, la cual estipula que únicamente los barcos estadounidenses pueden llevar mercancías y pasajeros de un puerto a otro de Puerto Rico.

O sea, en el estado de desastre que vive esa nación toda ayuda debe llegar primero a territorio continental de Estados Unidos para, una vez allí, ser transportada en barcos con bandera estadounidense hasta esa isla.

El presidente Donald Trump, que ha sido fuertemente criticado por la desidia demostrada hacia el pueblo puertorriqueño, al que muchos afirman lo considera como ciudadano de segunda clase, autorizó eximir a Puerto Rico de la Ley Jones durante solo 10 jornadas para facilitar la llegada de recursos.

Además el presidente se regodeó con la asfixiante situación que viven los habitantes de la isla al lanzar varios de sus acostumbrados tuits.

En el primero, después de cinco días del desastre natural, escribió que Puerto Rico está en graves problemas y sus miles de millones de dólares en deudas con los bancos de Wall Street deben ser afrontados.

A todas luces, primero esta el señor dinero en el sistema capitalista y después la atención de las personas afectadas y desesperadas ante la tragedia.

La realidad es que las subsidiarias norteamericanas han extraído del país, solo en la última década, 330.000 millones de dólares anuales, prácticamente sin pagar impuestos.

Un informe preparado por la Junta de Planificación boricua asegura que esas corporaciones prestaron dinero al Gobierno, mediante bonos, en el mercado de Wall Street que conllevó a la deuda.

El documento explica que desde 1972 hasta la fecha las subsidiarias de las corporaciones estadounidenses se han llevado de la Isla más de 716.000 millones de dólares de los cuales el 46 % ha sido repatriado en los últimos 10 años.

Trump, a través de otro tuit, volvió a la carga el sábado 29 de septiembre a pocos días de su anunciado viaje a San Juan, y criticó a las autoridades puertorriqueñas por su “pobre liderazgo” en la respuesta al paso del huracán y enfatizó: “quieren que se les haga todo y no logran que sus trabajadores ayuden”.

Al fin, el pasado 3 de octubre, a casi dos semanas de que el huracán María devastara Puerto Rico, llegó Trump a ese país y lo primero que dijo fue: “Han desquiciado nuestro presupuesto… Gastamos mucho dinero”, en relación al costo de los trabajos de emergencia, que ha incluido el envío de miles de marines, personal de la Administración Federal de Manejo de Emergencias e ingenieros.

Además, señaló que lo ocurrido no podía llamarse catástrofe pues solo murieron 16 personas. Al final de su efímera jornada, realizó un recorrido aéreo y aterrizó en el buque USS Keasarge para saludar al personal militar.

Los pobladores comprenden que por varias semanas no dispondrán de servicio eléctrico ni de agua potable, dependerán de poco combustible y de alimentos, pero sí dispondrán de numerosos militares estadounidenses en el territorio y una enorme deuda financiera que no podrán pagar.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano, especialista en política internacional. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232405&titular=crisis-en-la-colonia-puertorrique%F1a-