Un desarrollo sostenible y compartido se ha convertido en una necesidad vital de sobrevivencia, lo que puede depender en gran medida de la calidad de la educación
La importancia de un desarrollo sostenible y compartido se ha convertido en una necesidad vital de sobrevivencia, lo que puede depender en gran medida de la calidad de la educación como pilar fundamental para equipar a las personas con conocimientos, habilidades y valores capaces de transformar sus vidas y la de su entorno.
Mirando este contexto global, la educación basada en el mérito en Latinoamérica ha perdido su relevancia en términos de desarrollo global, ya que aún no ha logrado superar el paradigma centrado en diplomas y títulos de bajo impacto, que realmente no son útiles para competir. Como reflejo de esta realidad desoladora, observamos que ninguna universidad latinoamericana aparece entre las cien mejores en los rankings universitarios del 2023, lo cual denuncia que aún estamos lejos de lograr los objetivos de desarrollo sostenido.
En cuanto a esta realidad, siendo esperanzador, estamos a tiempo de promover una educación sostenible que rompa las barreras de la pobreza y la inequidad que perpetúan la desigualdad, para desarrollar al máximo el potencial humano con el afán de lograr el desarrollo sostenible y compartido que es impulsada desde las Naciones Unidas.
Este camino hacia la sostenibilidad, requiere, entre otros, la participación activa y comprometida de todos los ciudadanos. La educación debe cultivar habilidades como el pensamiento crítico, la empatía, la colaboración y la comunicación, lo que implica un cambio en la forma en que nos relacionamos y nos preocupamos por los demás. Cultivar estas cualidades desde temprana edad significa educar ciudadanos responsables y comprometidos en la construcción de un mundo más justo y equitativo.
Por otro lado, para lograr los objetivos del desarrollo sostenible, los expertos afirman que los países deben invertir en una educación de calidad, inclusiva, equitativa y científica en todos los niveles, destinando al menos el 6% del producto bruto interno como política educativa. Esto permitirá fomentar la participación activa a través de una educación comprometida y dedicada a sembrar las semillas del cambio y cosechar un futuro sostenible y compartido para las generaciones venideras.
Como consecuencia, es esencial cambiar de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje creativo, tal como lo sugiere el experto chino en tecnología, Kai Fu Lee. En este sentido, es fundamental enfocarnos en la formación en ciencia y tecnología en las escuelas a través de la práctica experimental que permita adquirir las habilidades necesarias y enfrentar con éxito los desafíos globales, pues de no hacerlo, pondremos en jaque a nuestro porvenir.
En resumen, podemos afirmar que una educación científica e inclusiva es crucial para un desarrollo sostenible y compartido, donde cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir al bienestar colectivo de nuestra generación.
En términos teóricos, todo reflejo es un retroceso (reflejo = del latín reflexus, «volver hacia atrás [1]»). Aceptando la concepción de que en los centros educativos se reflejan las complejidades de la vida social, estaremos indirectamente consintiendo las ideas que subyacen a dicha concepción. A saber:
Que el retroceso es algo que se vivencia a posteriori. Es decir, que la escuela [2] se encuentra situada (¿sitiada también?) justo detrás de «lo social», dándose a entender dos cosas (entre otras): la primera, que «lo social» y «lo escolar» se presentan como esferas autónomas pero que, a su vez, se comunican condicionadamente; como si lo escolar no fuese profundamente social; lo segundo, el aspecto de dependencia que se enraiza en esta premisa nos complace a pensar que todo aquello que se vive (se sucede) en la sociedad —aparentemente— determina todo aquello que se vive en los centros educativos. Esto implica acarrear con la aceptabilidad de que la escuela no posee capacidad de decisión, no puede «autonomizar» sus alegatos socioeducativos (o no se contempla el irremediable peso que tiene «el filtro profesoral») porque quien los determina es —supuestamente— esa abstracción llamada «sociedad». Acceder a la llamada de esta determinación puede tener una traducción implícita: la negación de toda posibilidad de transformación (lo que significa la anulación de la misma posibilidad, del mismo cambio). Sería interesante discutir —en futuros textos— la integración de esta premisa dialéctica de «no posibilidad de transformación social» en la discursiva normalizada de una parte del personal profesional de la educación y la docencia.
Que la escuela pasaría a ser una estéril extensión instrumental del aparato político. Si abogamos por esta premisa («la escuela como reflejo de la sociedad política»), significaría que el aparato político o sociopolítico de una sociedad estaría gestionando, a modo de fría elongación instrumental, lo que denominamos «sistema educativo». Así, consideramos que «no existen modelos educativos al margen de la sociedad que los produce» (Beluche, 2019), pero no olvidemos que lo productivo no tiene que ser inequívocamente lo reproductivo. Es necesario defender una teoría de la escuela que «produzca» formas de procesar y abordar la realidad; engendrar producciones materiales (textos, revistas, cuadernos, blogs) y no materiales (pensamiento crítico, hábitos de convivencia, dinámicas comunitarias) que no solamente plasmen lo que se viva fuera de sus paredes, sino —sobre todo— que acuda de forma responsable y comprometida a defender una respuesta reflexiva sobre las injusticias que habitan y «se toleran» fuera de las citadas paredes. La intención del presente punto es recordar el valor de trabajar en una escuela politizada (en sentido de «inculcar conciencia política» y ciudadana; esto incluye producir nuevas formas de politizar las realidades).
¿Bajo qué preceptos tiene sentido abordar los puntos arriba mencionados con respecto a la dignificación de la pobreza? Nuestra interpretación lo justifica en un doble sentido: por un lado, la formación de ciudadanía (función indispensable de las escuelas) no puede distanciarse de «lo político», y lo político es aquello que menciona a la polis (πολις = ciudad = el conjunto de la ciudadanía). Es decir, al conjunto de personas —ciudadanas, ciudadanos— que la habitan o, dicho de otro modo, a la atención prestada que se hace sobre las vidas urbanas y no urbanas (entendamos —entre otras— rurales, por ejemplo; formas de vivir en sociedad) que habitan en dicha ciudad (lo que implica atender igualmente a lo que mora tanto en su centralidad como fuera de ella, su periferia). Por otro lado, si la escuela engloba una formación cívica y humanista (Cerini de Reffino, 2006) debe ser porque «atiende» (con las limitaciones que ello comporta pero procurando no restar ni equidad ni igualdad) a todas y cada una de estas formas de vivir o «estar» en sociedad («no soportando» la invisibilidad de ninguna de ellas); esto significa, irrevocablemente, que su atención debe ser más sensible sobre aquello que está fuera de la centralidad. Así, las personas pobres y la pobreza deben estar presentes en los espacios dignificatorios de las escuelas (sus aulas principalmente). Como guión pedagógico, cabe señalar que, desde dichas instituciones educativas, se debe evitar el anclaje de la visión asistencialista [3] de la pobreza; ésta debe enmarcarse, para acercarnos a textos propios de la teoría crítica y emancipatoria, a una vinculación entre la cotidianidad familiar y los contextos de pobreza (Eguía & Ortale, 2007: 205-218), la justicia social (Connell, 1997) y la igualdad de oportunidades (Aguado Odina, 2010).
2.- Una propuesta
Más allá de mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) —donde el primero de ellos es el «fin de la pobreza» [4]— y las investigaciones que se han realizado en torno a las dificultades y falta de oportunidades que se plasman en «las pobrezas» que habitan en la sociedad, una tramitación acorde y ajustada a las necesidades de dichos colectivos vivientes debe estructurarse, en los niveles educativos y escolares, desde una razonada y compartida proposición pedagógica. Nuestra propuesta aquí referenciada se articula sobre la noción normativa y práctica de una educación inclusiva (Rogero et al., 2016) que extienda sus teorías y consolide sus prácticas; esta propuesta la haremos sobre el eje de entender la pobreza desde una doble perspectiva (ambas indispensables de ser comprendidas conjuntamente): la política (la «actividad social en el mundo») y la existencial (la «estancia en el mundo»).
La perspectiva política nos define la obligatoriedad de atender los contextos y condiciones que se establecen en la pobreza y cómo afectan sobre el alumnado en sus diversas etapas educativas. Así, «la pobreza y la exclusión no solo se refieren a la carencia de ingresos económicos, sino que, […] presenta una multidimensionalidad de rasgos que hemos de tener en cuenta: la posición en el mercado laboral, la dificultad de acceso a los servicios y el descarte en el ámbito de las relaciones sociales» (Rogero et al., 2016: 76). Cuestiones, todas ellas, de necesaria estipulación política.
Por ello, es eminentemente vigoroso recordar —constante e implacablemente— la urgencia de atender, desde las esferas políticas y politizadas, la realidad marginalizada vivida (y viviente) de la pobreza. De hecho, se «exige también una respuesta sistémica y articulada por parte de las diversas políticas (educativas, de salud y sociales) para romper el círculo vicioso de la reproducción intergeneracional de la pobreza» (Rogero et al., 2016: 78). Destacamos la importancia de atender y sensibilizar sobre estas realidades basándonos en los siguientes puntos: la participación de la comunidad y el trabajo comunitario (Fernández, 1996); mayor inversión en políticas educativas, sociales y laborales, garantizar el derecho a la educación en todos los niveles educativos y reforzar las políticas de educación compensatoria y las medidas de discriminación positiva destinadas al alumnado más vulnerable (Rogero et al. 2016); y la defensa de un «paradigma biocéntrico» y del desarrollo centrado en la ética (Hernández Acevedo, 2014).
La perspectiva existencial nos define los planteamientos relacionales que vertebran las «formas de estar» entre nos(otros); las maneras en que se presenta la estancia en el mundo [5]. Así, es atributo sociohistórico, político y cultural «estar» integrado/a en un grupo o colectivo (con sus concepciones valorativas, sus ideas y sus comportamientos). La pobreza, como conjunto de personas, no debe contemplarse pasivamente bajo la tutela de pensarse que «hay una parte de los pobres que no hacen nada para salir de ahí» (interpretación de la falsa meritocracia [Stiglitz, 2012] y olvido de las injusticias estructurales) o «el pobre debe ser asistido como ‘sujeto necesitado’» (interpretación asistencialista que —por sí sola— robustece la perpetuidad misma de las desigualdades). Ambas posturas interpretativas son insoportables (aborrecibles ambas) desde una lectura humanística y democratizante.
Por ello, nos gustaría cerrar este apartado haciendo referencia a dos observaciones —característicamente instructivas— a valorar por las personas implicadas, directa o indirectamente, en el mundo educativo: la persona pobre negada como «sujeto de intercambio (de comercio)» y la persona pobre negada como «deseo no deseado». La primera observación se relaciona con la idea de que la pers. pobre, como sujeto improductivo e infértil, no posee algo valorativo (recursos materiales y no materiales) con el cual se pueda entablar una relación con ella; al poseer nada, no puede darme algo (sin embargo, me solicita algo. Es decir, «noentra» en el juego comercial de las relaciones [Cortina, 2017]). La segunda observación se relaciona con la visión explícita de que la pers. pobre «nos despierta» la imagen de un deseo que no deseamos; representa aquella figura en la cual no nos gustaría convertirnos, vernos en reflejo. Así, ambas observaciones, de no ser visibilizadas y, por tanto, comprendidas desde el amparo educativo, podrían trasladarse cómodamente a las vidas ajetreadas, organizadas y relacionales de las escuelas. Lo que se traduce —fácilmente— en la falta de tacto ético para censurarlas por deshumanizantes («te doy porque me das») y en la falta de tacto pedagógico para intervenirlas educativamente («trabajar sobre el reconocimiento de los deseos que no deseamos» en las relaciones).
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Notas[n.]
[1] Véase Enlace 2 (reflejo, refleja).
[2] No entraremos a debatir la adecuación terminológica de si corresponde llamar «escuela» a los centros educativos escolares o colegios; esta cuestión nos parece necesaria que sea abierta y debatida, pero consideramos —mismamente— que éste no es el espacio más propicio para ello. Nos acogeremos a la concepción socialmente aceptada de interpretar «la escuela», el colegio o el centro educativo como sinónimos (véase Enlace 3 y Enlace 4).
[3] Dice Gastón Vigo (2019) al respecto: «El asistencialismo perpetuo es un engranaje del atraso. No sólo no combate la miseria sino que la estimula. […] A la luz de los datos, nos dimos cuenta de que el asistencialismo no saca a la gente de la pobreza.» (ver Enlace 5).
[4] Ver Enlace 7: Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (25 de septiembre de 2015).
[5] Nos parece importante distinguir entre «tierra» («planeta que habitamos») y «mundo» («conjunto de todo lo existente», «conjunto de todos los seres humanos») [Ver Enlace 2: https://dle.rae.es].
Referencias
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Aguiar Baixauli, N. & Breto Guallar, C. (2005). La escuela, un lugar para aprender a vivir. Experiencias de trabajo cooperativo en el aula. Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), Ministerio de Educación (162 págs.).
Carda Ros, R. M. & Larrosa Martínez, F. (2012). La organización del centro educativo. Manual para maestros. San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario (428 págs, 2ª edición).
Cerini de Reffino, A. L. (2006). El humanismo pedagógico en el debate pedagógico contemporáneo. Buenos Aires: Editorial Dunken (360 págs.).
Checa, F. (1995). Reflexiones antropológicas para entender la pobreza y las desigualdades humanas. Gazeta de Antropología, 1995, 11, artículo 10 · http://hdl.handle.net/10481/13616 [consultado en diciembre de 2019].
Connell, R. W. (1997). Escuelas y justicia social. Madrid: Ediciones Morata (182 págs., 3ª edición).
Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós (196 págs).
Eguía, A. & Ortale, S. [coords.] (2007). Los significados de la pobreza. Buenos Aires: Biblos (264 págs.).
Fernández, G. (1996). Superación de la pobreza y educación: Una mirada desde lo local Ultima década, ISSN-e 0717-4691, Nº. 5, 1996.
Gallino, L. (2005). Diccionario de sociología. México: Editores Siglo XXI (1003 págs.).
Giroux, H. (2001). Cultura, política y práctica educativa. Barcelona: Editorial GRAÓ (141 págs.).
Hernández Acevedo, A. (2014). Pobreza y educación: retos para la teoría del currículo. Revista Entramados – Educación y Sociedad, Año 1, Nº 1 (pp.203-209) [en línea].
Llano Ortiz, J. C. (2019). El estado de la pobreza: seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018. Madrid: EAPN-ES (17 págs.).
McLaren, P. (1995). La escuela como un performance ritual. Hacia una economía política de los símbolos y gestos educativos. Mexico: Siglo XXI Editores (307 págs.).
Además, más de la mitad de la población tampoco tiene acceso a la atención sanitaria básica. La pobreza sigue estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente. En 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema o moderada. Mientras, la desigualdad sigue aumentando, con marcadas diferencias de ingresos entre ricos y pobres.
A escala mundial, solo el 68% de las personas en edad de jubilación percibe algún tipo de pensión, y en muchos países con bajos niveles de ingresos esa proporción es del 20%. En menos del 60% de los países existen planes o prestaciones para garantizar ingresos básicos destinados a los niños.
El estudio, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, hace hincapié en la Recomendación de la OIT sobre los pisos de protección social, 2012, en virtud de la cual se preconiza una seguridad en materia de ingresos y servicios de atención sanitaria elementales desde la infancia hasta la vejez. Al mismo tiempo, promueve ampliar el nivel de protección para el mayor número posible de personas en el plazo más breve posible.
En los países ricos, los ingresos se reducen para los que menos tienen
Pero a pesar de los niveles sin precedentes de riqueza y crecimiento económico, y de los progresos realizados en el último decenio en la reducción de la pobreza en todo el mundo, ésta continúa estando generalizada y la de los trabajadores sólo se reduce lentamente.
Además, aumenta la desigualdad , con marcadas diferencias de ingresos y, en muchos casos, en aumento entre ricos y pobres en todas las regiones del mundo. Estas disparidades afectan especialmente a los hogares de bajos ingresos.
A modo de ejemplo, se estima que en los países de la OCDE durante los últimos decenios hasta el 40 por ciento de la población en la parte inferior de la escala de distribución de ingresos ha visto una reducción en términos reales de sus ganancias o su estancamiento.
La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico (…) Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor.
A nivel mundial, en 2017, más de 700 millones de trabajadores vivían en la pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) o en la pobreza moderada (menos de 3,10 dólares). La falta de medios de los trabajadores aumentan las carencias de los hogares, ya que los trabajadores pobres a menudo deben compartir sus ingresos con miembros del hogar dependientes.
Con independencia de que la protección social redistributiva basada en la solidaridad se proporcione a través de prestaciones y servicios relacionados con el empleo o financiados a través de los impuestos, en efectivo o en especie, incluida la atención de salud, no puede pasarse por alto la importante función que desempeña en la mitigación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la promoción del crecimiento inclusivo.
Trabajadoras examinan semillas en un mercado de Mumbai, India.
La seguridad social es un derecho humano
«La protección social ha demostrado su utilidad en los planos social y económico. Cabe destacar que este derecho humano está refrendado firmemente a escala internacional, en particular por empleadores y trabajadores de todo el mundo», señaló Emmanuelle St-Pierre Guilbault, especialista jurídica del Departamento de la OIT sobre Normas Internacionales del Trabajo.
«Es imprescindible para reducir la amplia desigualdad, cada vez mayor, que se da actualmente y para promover estabilidad», explica.
El establecimiento o restablecimiento de garantías básicas de seguridad social se ha convertido en una cuestión de estabilidad social y política para la población de muchos países de ingresos altos y medios. Para los países de ingresos más bajos, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible a través de una seguridad básica del ingreso y del acceso a la atención de salud esencial son de vital importancia a día de hoy.
Según las estimaciones de la OIT, que este año cumple el centenario de su creación, sólo el 29 por ciento de la población mundial tiene acceso a sistemas de seguridad social plenos y el 55 por ciento carecen de ámbitos de protección .
Cobertura inadecuada, y peor en el sector informal
La cobertura de la seguridad social es específicamente inadecuada para el creciente número de personas que desempeñan formas atípicas de empleo, que en 2017 ascendían a aproximadamente 1400 millones. Se estima en 17 millones el incremento anual de personas en esta situación.
Esta situación se debe al hecho de que las disposiciones legales excluyen a muchos de estos trabajadores del derecho a prestaciones de seguridad social, o a que los empleos de corta duración, los bajos ingresos o las escasas horas de trabajo proporcionan un acceso limitado, o nulo a ese derecho.
Del mismo modo, los trabajadores que participan de la economía informal, que suman 2000 millones de la población mundial ocupada, más del 61,2 por ciento del empleo mundial y más del 90 por ciento del empleo en los países en desarrollo y emergentes, se cuentan entre aquellos que gozan de una menor cobertura de los regímenes de seguridad social.
Debido a la naturaleza de su trabajo, los trabajadores en la economía informal no forman parte de los regímenes de seguridad social contributivos. Tampoco tienen acceso a los diversos tipos de prestaciones vinculadas al trabajo, debido a su exclusión de la cobertura legal,, una capacidad contributiva limitada, unos ingresos bajos y volátiles, y unos procedimientos administrativos complejos.
Al mismo tiempo, los trabajadores que participan de la economía informal suelen estar excluidos de los programas orientados explícitamente a las personas o los hogares pobres con capacidad limitada para obtener ingresos.
El sector informal crece en la economía digital
El ejemplo anterior también es aplicable al creciente número de personas que trabajan en la economía digital, que muy a menudo desempeñan formas atípicas de empleo o participan de la economía informal.
Como consecuencia de ello, figuran, junto a sus familias, en las categorías de la población con más probabilidades de no tener ningún acceso a la protección social o de no estar cubiertas por la misma.
Desde la perspectiva de la protección social, la transición de la economía informal a la economía formal puede considerarse tanto un objetivo como un medio.
Las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal.
La ampliación de la cobertura de la protección social a los trabajadores de la economía informal no sólo proporciona seguridad de los ingresos y acceso a la atención de salud en caso de necesidad, sino que también puede contribuir a facilitar la transición de la economía informal a la formal.
La mujer, más afectada
A causa de las pautas persistentes de desigualdad, discriminación y desventajas estructurales, que a menudo se reflejan y se reproducen en los sistemas de protección social, las significativas brechas de cobertura afectan más a las mujeres
En la mayoría de países, las mujeres tienen unas tasas más reducidas de participación en la fuerza de trabajo y niveles más elevados de empleo informal y formas atípicas de empleo, ingresos más bajos, y una participación significativamente mayor en los cuidados y los trabajos no remunerados que los hombres, lo que conlleva que durante su ciclo de vida tengan unos niveles más bajos de protección y más probabilidades de vivir en la pobreza.
ONU Medio Ambiente/Duncan Moore
Una minera mezcla mercurio para extraer el oro sin ningún tipo de protección.
Caer en la pobreza por los gastos sanitarios
Anualmente, cien millones de personas caen en la pobreza extrema por no poder hacer frente a los gastos médicos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre financiación que analiza datos de 2016.
Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos
La necesidad de subsanar las deficiencias de cobertura en la protección de la salud reviste particular importancia habida cuenta del impacto empobrecedor para la población del costo de la atención de salud.
Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en las zonas rurales del mundo, el 56 por ciento de la población carece de cobertura en materia de salud, lo que significa que los trabajadores en cuestión no se benefician de ninguno de los progresos alcanzados en las zonas urbanas; por ejemplo, a raíz de las deficiencias en la prestación de servicios al no haber suficientes trabajadores en el ámbito de la salud y de la falta de disponibilidad de los medicamentos necesarios.
“Millones de personas caen en la pobreza, en otras cosas, porque deben gastar sus ingresos y activos en tratamientos o en asistencia de maternidad, o porque han perdido sus empleos debido a una enfermedad”, asegura el informe de la OIT.
El desafío de garantizar una protección social adecuada
Las prestaciones de seguridad social y otras medidas de protección colectiva, tales como los servicios públicos de salud y los servicios sociales, desempeñan un papel importante a la hora de mantener la seguridad de los ingresos de millones de personas en todo el mundo y de asegurar el acceso efectivo a la atención de salud.
Al aumentar los ingresos de los hogares, las transferencias sociales tienen un impacto considerable en la medida que impulsan la demanda interna, apoyan la transformación estructural de las economías nacionales, promueven el trabajo decente y favorecen el crecimiento inclusivo y sostenible.
Sin embargo, establecer y mantener un nivel adecuado de prestaciones es uno de los principales desafíos para muchos sistemas nacionales de seguridad social. Las prestaciones de protección social a menudo son inadecuadas para garantizar la seguridad de los ingresos y el acceso a la atención de salud para todos. No obstante, se estima que, para casi 100 de 125 países en desarrollo, gastar menos del 6 por ciento de su PIB podría bastar para subsanar las deficiencias en su protección social.
Las medidas de austeridad promotoras de la pobreza
La crisis financiera de 2003 llevó a muchos países a adoptar políticas de austeridad, una situación que condujo a muchas naciones de altos ingresos a reducir la diversidad y el nivel de las prestaciones de protección social.
Estas medidas, unidas al desempleo persistente, unos salarios más bajos y unos impuestos al consumo más elevados, han contribuido mucho al aumento de la pobreza, según la OIT.
Actualmente, este tipo de medidas afectan a 86 millones de personas en la Unión Europea, representando más del 17 por ciento de su población. Muchos países en desarrollo también aplican medidas de ajuste, tales como reducciones de los subsidios, recortes de la masa salarial, aumentos de los impuestos al consumo y condiciones más estrictas para la concesión de prestaciones.
Ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución.
“Sin embargo, la adopción de soluciones exclusivamente fiscales, y en particular la reducción de los costos laborales no salariales y del bienestar básico, sin tener en cuenta su impacto en la seguridad social y otros derechos humanos, y en el mantenimiento de unos niveles de vida dignos para todos los segmentos de la sociedad podría dificultar el desarrollo social y el crecimiento a largo plazo”, explica el informe de la OIT.
Para los expertos de la Organización, por el contrario, “ayudar a los países a salir de la crisis requiere reforzar las medidas de protección social y hacer que la seguridad social sea parte de la solución, a través de la reasignación de recursos y la redefinición de las prioridades en materia de gastos”.
Maxime Fossat/ILO
Según la Organización Mundial de la Salud, los productos químicos se cobraron 1,6 millones de vidas solo en 2016.
El desafío demográfico
Se prevé que para el año 2040 el porcentaje de personas de más de 65 años aumentará en todo el mundo, del 8 por ciento actual al 14 por ciento .
En 2016, el 68 por ciento de las personas de edad de todo el mundo recibía una pensión, en contraste con lo que sucedió en Asia Central y Meridional donde sólo la recibía el 26 por ciento, o el 23% del África Subsahariana.
“Dado que un porcentaje considerable de la población carece de protección social, es preciso reexaminar el papel del sistema de seguridad social en una sociedad en proceso de envejecimiento, a fin de asegurar una cobertura y unas prestaciones adecuadas, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”, advierte la OIT.
En los países en desarrollo, se estima que la población se duplicará prácticamente, al pasar de 1000 millones en 2017 a 1900 millones en 2050. Sin embargo, la cobertura efectiva de las prestaciones familiares y por hijos oscila entre el 64 por ciento en América Latina y el Caribe al 28 por ciento en Asia y el Pacífico y el 16 por ciento en África.
Además, está el problema del empleo. En la actualidad, el desempleo afecta a 71 millones de jóvenes y hay un déficit de aproximadamente 62 millones de puestos de trabajo.
La Red de Ciudades Cómo Vamos evaluó el estado de 22 ciudades frente a los Objetivos de Desarrollo.
¿Qué tan lejos están las ciudades colombianas de erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se comprometió Colombia para el 2030?
El trabajo informal, es decir, el que no garantiza aseguramiento social en asuntos como las pensiones, y el deficiente nivel de instrucción de las personas constituyen dos de las principales barreras y desafíos que deben enfrentar las ciudades para cumplir con estos objetivos.
Esa es una de las principales conclusiones del análisis que realizó la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), que evalúo los indicadores y les tomó el pulso a 22 ciudades a las que les hace seguimiento, teniendo como base de la comparación las cifras del 2014 al 2017. Se estudió a 11 capitales y a 11 ciudades que hacen parte de las áreas metropolitanas de Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín (vea gráficos con cifras para las 22 ciudades).
De ellas evaluó la pobreza monetaria, general y extrema (ingreso de los hogares), y la pobreza multidimensional, esto es, el acceso a condiciones educativas del hogar, de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos domiciliarios y vivienda. Pobre es el que tiene cinco o más variables con privaciones.
En pobreza monetaria, la RCCV encontró que de las 11 ciudades capitales evaluadas, siete ya tienen niveles de pobreza por debajo de la meta nacional del 18,7 por ciento, lo que significa que deberían fijar unos objetivos acordes con su realidad, y que sean más ambiciosas frente a la realidad que tienen.
Ingresos desiguales
El informe indica que en ingreso per cápita por hogar, la mejor posición la tiene Bogotá con un promedio superior al millón de pesos, mientras la peor es Cúcuta, que tenía 504.906 pesos en el 2016; y las ciudades del Caribe, con niveles parecidos. Solo Bogotá y Medellín mantuvieron ingresos superiores en los cuatro años analizados y Bucaramanga en al menos uno de los cuatro años.
El análisis destaca que a pesar de que el 2015 y el 2016 fueron años de desaceleración económica en el país, hubo ciudades con crecimiento de su ingreso per cápita de hogares: Barranquilla área metropolitana (AM) con 31,5 %, Cali AM con 23 %, Manizales AM con 22 % y Santa Marta con 18 %. “Estos aumentos muestran que el desempeño positivo del ingreso de los hogares tiene una mayor concentración en las ciudades de la costa Caribe”, señala el documento.
A nivel nacional, el porcentaje de pobreza pasó de 25 % a 14 % entre el 2014 y el 2017 en las cabeceras, mientras la general del país pasó de 29 % a 27 %. En las ciudades de la Red, Cúcuta tiene la pobreza monetaria más alta con un 34 %, seguida de Santa Marta con 33 %. El resto de las analizadas está en un promedio del 20 %. De hecho, Bogotá y Bucaramanga son las más bajas, con 12 % cada una. Medellín tenía 13 %.
El estudio destaca a Barranquilla, que pasó de 25,5 % a 20 %, con una disminución de 5,5 puntos, y Pereira AM que redujo de 18,1 % a 12,7 %. En cambio, Bogotá y Bucaramanga subieron en el periodo 2,3 y 3,6 respectivamente, aunque siguen siendo dos de las urbes con niveles más bajos de pobreza.
Los más pobres
La pobreza extrema en las urbes de la RCCV está por debajo de la nacional, que del 2014 al 2017 pasó de 18 % a 15 %. En las ciudades estudiadas el nivel más alto está en Santa Marta, con 7 %; Cúcuta, con 5 %; y Cartagena, con el 4 %. Las menores son Bucaramanga, con 1 %; y Pereira, con 0,8. Otra vez se destaca el caso de Barranquilla, que bajó de 3,6 a 2,4, a diferencia de Cartagena, que de 4,3 pasó a 4,1.
Uno de los asuntos sobre los que hace énfasis la RCCV es el porcentaje de pobres extremos en relación con la pobreza general de cada ciudad. Es lo que llama profundidad de la pobreza monetaria. El porcentaje de pobres extremos, dentro de la pobreza general, va del el 6 % (Pereira AM) al 20 % (Cali AM). Las ciudades con más pobreza extrema son Cali, con 23 %; Santa Marta, con 22 %; y Bogotá, con 19 %.
La lectura de la RCCV es que el reto de las ciudades está en reducir la pobreza extrema para lograr mayor impacto. Más desafiante es el caso de Santa Marta, que debe enfrentar una pobreza monetaria de 34 % y un 22 % de proporción de los más pobres entre los pobres. Por cada 100 personas, 33 están en situación de pobreza y 7 en pobreza extrema.
La pobreza multidimensional está en 29 % promedio en las ciudades estudiadas. La evaluación muestra que el asunto que más influye en la pobreza multidimensional es el trabajo informal que afecta a la mayoría de las ciudades. Significa que alguna de las personas que integran el hogar y son económicamente activas no está ocupada con afiliación a pensiones. Las más altas son Soledad (95 %), Santa Marta (94 %), Cúcuta (93 %), Barranquilla (93 %) y Girón (92 %).
En educación, que mide si el promedio de escolaridad de las personas de 15 años o mayores es inferior a 9 años, las deficiencias más altas están en Soledad (87 %) y Girón (81 %), seguidas de Cúcuta y Barranquilla (80 % AM)
El alcance de la RCCV
La RCCV reúne actualmente 16 iniciativas que agrupan más de 35 municipios del país, incluyendo 13 ciudades capitales. La RCCV es una iniciativa liderada por los 16 programas Cómo Vamos y la Fundación Corona. Adicionalmente, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el periódico EL TIEMPO y la Universidad Javeriana como socios nacionales, y de más de 120 socios a nivel regional.
Hay que partir de la realidad de cada ciudad
Luis Hernán Sáenz, Coordinador Nacional de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), explicó que la idea es identificar cuáles son los retos que deben enfrentar las ciudades para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del país, que al mismo tiempo permitan lograr un desarrollo urbano más sostenible.
Así, se confrontaron los ODS con las necesidades y realidades de las ciudades, en el marco de la Agenda Urbana 2030, propuesta por la RCCV, que definió los cinco retos prioritarios que permiten una mejor articulación con los 17 ODS: los cinco retos son pobreza, informalidad y desigualdad; Educación de calidad y cultura; Ciudades inclusivas y sostenibles; Cambio climático y resiliencia urbana, y Paz, coexistencia pacífica y seguridad.
El primero es el reto de pobreza y desigualdad, que corresponde a dos de los ODS: fin de la pobreza (ODS 1) y reducción de las desigualdades (ODS 10).
La RCCV parte del hecho de que todas las ciudades tienen realidades diferentes y, por tal motivo, a la hora de fijar metas e indicadores para cumplir con los ODS hay que tener en cuenta sus particularidades. Lo que se busca es “contribuir a cerrar brechas de información a nivel local, informar y brindar herramientas para los gobiernos locales y la ciudadanía, y motivar a la sociedad civil organizada a sumar sus esfuerzos en torno a una agenda común bajo el principio fundamental de ‘No dejar a nadie atrás’ ”, dice el documento.
Clases sociales según el IBM
El informe destaca que en la medida en que sube el ingreso y aumenta la clase media disminuye la posibilidad de que los hogares caigan en episodios de pobreza. En las ciudades de la red, entre 47 % y 69 % de las personas están en clase media. El Banco Mundial señala como pobres los hogares con ingresos de 0 a 4 dólares diarios; vulnerables, aquellos cuyo ingreso diario por miembro está de 4 a 10; y clase media, de 10 a 50. La clase alta está por encima de 50.
Fuente de la reseña: https://www.eltiempo.com/bogota/desafios-para-erradicar-la-pobreza-en-colombia-274324
América del Sur/Perú/30.07.18/Fuente: www.elperuano.pe.
Progreso para la Infancia en la era de los ODS’ es el primer informe temático de Unicef que analiza el desempeño de los países hacia el cumplimiento de los ODS a escala global para los niños y los jóvenes. El informe alerta que 520 millones de niños viven en países que carecen totalmente de información sobre al menos dos tercios de los indicadores de los ODS relacionados con la infancia, o que carecen de suficiente información para evaluar su progreso, lo que hace que esos niños sean ‘invisibles’.
En el caso del Perú, el informe detalla avances significativos en salud, aprendizaje, protección frente a la violencia y explotación, además de lograr un entorno más seguro e igualdad de oportunidades para los niños y niñas del país.
El documento señala que existen importantes avances en el logro de los siguientes objetivos: reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años (en el 2012 llegó a 18.1%, y el 2017 bajó a 12.9%); aumento de la proporción de partos atendidos por personal de salud calificado (2012: 85.9%; 2017: 93%); disminución de la tasa de mortalidad materna y la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (2009: 21 niños por cada 1,000 nacidos vivos frente al 2017, cuando descendió a 15 por cada 1,000).
Sin embargo, refieren que se hace necesario que el Estado realice mayores esfuerzos para alcanzar estos objetivos, como el de la reducción de la prevalencia de anemia entre los niños de 6 a 36 meses de edad, que entre 2015 y 2017 se ha mantenido alrededor de 43.6%.
Precisamente, para lograr este objetivo el Gobierno del presidente Martín Vizcarra está ejecutando un plan nacional y multisectorial para combatir la anemia y desnutrición infantil en nuestro país. La meta es reducirla de 43% a 19% en los próximos tres años.
Demostrando el compromiso del Ejecutivo con la infancia, se aprobó el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, que declara de prioridad la lucha contra ese mal en niñas y niños menores de 36 meses. Se trata de un conjunto de acciones que diversos sectores públicos ejecutan articuladamente a favor de 600,000 niños con anemia identificados.
En cuanto al derecho de aprender, el informe destacó que el Perú registra avances en la cobertura educativa, debido a que ha ampliado la oferta de educación intercultural bilingüe. Sin embargo, señala, se encuentra rezagado en el alcance de objetivos que guardan relación con la mejora de competencias de los estudiantes de primaria y secundaria, tanto en matemáticas como en lectura.
Al respecto, el presidente Vizcarra ha expresado su preocupación y compromiso por mejorar esta situación. Está convencido de que si se logra tener una buena educación en los niveles de inicial, primaria, secundaria, técnica superior y universitaria, se asegurará el futuro del Perú. El Mandatario ha convocado a una gran cruzada nacional a favor de la educación, una tarea en la que todos estamos comprometidos.
Fuente de la noticia: https://www.elperuano.pe/noticia-avances-favor-de-infancia-69571.aspx
Actualmente, una de cada siete niñas contrae matrimonio en Indonesia antes de llegar a los 18 años.
A la edad de 14 años, Ika (quién decidió no dar su nombre verdadero), se casó y ahora, con 18 años, es madre de un niño y una niña.
“A mis padres les asustaba que yo cayera en el adulterio así que el matrimonio era visto como una forma de evitar que eso sucediera. Yo nunca dejaría que mi hija se casara a tan corta edad, eso me dolería. Quiero que ella estudie y reciba educación”, le dijo Ika a la Agencia Anadolu en una visita a la aldea de Ancolmekar en Java Occidental.
El matrimonio infantil es un tema serio en Indonesia, el séptimo país en el mundo que presenta los mayores números de matrimonios de este tipo. Se estima que una de cada cada siete niñas contrae matrimonio en ese país antes de llegar a los 18 años, la edad recomendada para casarse según las organizaciones internacionales de derechos humanos.
La pobreza, falta de educación y, hasta cierto punto, las normas culturales, son algunos de los factores que contribuyen a la prevalencia del matrimonio infantil en Indonesia. De acuerdo con un estudio liderado por la Agencia de Estadísticas de Indonesia y la Unicef, el 30,5% de las niñas en Java Occidental están comprometidas. El estudio cubrió el periodo del 2010 al 2015.
Ika junto con otras docenas de mujeres y niñas, hacen parte de un encuentro bimensual organizado por Bale Istri, que significa “la sala de las esposas”. El encuentro informal fue impulsado en sus inicios por el Instituto Sapa, una plataforma de comunicación y educaciónpara mujeres respaldada por el Gobierno local, en 2007.
En su décimo año, Bale Istri es auto sostenible, ofrece con regularidad discusiones, reuniones y sesiones de terapia abiertas a todos sus miembros. Una vez al mes, se reúnen para leer el Corán, escogiendo versos específicos para empoderar a las mujeres.
“Las actividades que se realizan en Bale Istri son dirigidas a todas las mujeres, tanto para madres, como para jóvenes y niñas que aún no se han casado. El matrimonio infantil es una cadena que se tiene que romper y aquí, los padres aún son los actores que toman las decisiones en la casa, así que esperamos influenciarlos y hacerlos cambiar de parecer”, le dijo a la Agencia Anadolu Dindin Syaripudin, coordinador del programa en el Instituto Sapa.
Igualdad de género para generar un cambio
Una de las agendas que tiene Bale Istri es mantener las discusiones abiertas acerca de la igualdad de género esperando que así se puedan reducir los casos de violencia que viven las mujeres a nivel local, incluyendo en este punto, el matrimonio infantil.
Dindin no duda en ponerle la etiqueta de víctimas a las novias jóvenes. Dice que en efecto, ellas son víctimas en la medida en la que les quitan múltiples derechos cuando son obligadas a contraer matrimonio.
“Muchas de ellas han tenido que dejar sus estudios desde la secundaria, tampoco pueden disfrutar de su niñez como lo merecen”, explicó Dindin.
Muchos residentes locales comparten ese mismo pensamiento y llevan a cabo sus protestas de manera personal en contra del matrimonio infantil.
Ruslan, un oficiante de matrimonio en la aldea, se rehúsa completamente a solemnizar algunas uniones. Ruslan es firme en su obligación de supervisar que la novia y el novio sean mayores de edad.
“Moralmente no me siento bien, así que termino rechazando a las parejas adolescentes que se quieren casar. Por supuesto, recibo una multa por esto. Otro oficial puede hacer la ceremonia para ellos”.
Se cree que detrás del matrimonio infantil hay varios problemas sociales como violencia doméstica, altas tasas de mortalidad tanto en madres como en niños, divorcio e incluso tráfico humano. De acuerdo con la Ley de 1974 de Matrimonio en Indonesia, es legal que las niñas que tengan de 16 años en adelante se casen, aunque en el caso de los hombres, deben tener mínimo 19 años. Esto va en contra de la ley de protección a la infancia del 2002, la cual define que un niño es considerado tal hasta haber cumplido los 18 años.
Enfoque en cinco provincias
Un programa del Ministerio del Empoderamiento de Mujeres y Protección a la Infancia (PPPA) hizo a principios de noviembre un llamado para poner fin a la práctica del matrimonio infantil.
El programa, denominado “Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak” está enfocado en cinco provincias (Islas menores de la Sonda occidentales, Java Occidental, Java Central, Java Oriental y Célebes Meridional) en donde se encontraron las mayores cifras referentes a las novias niñas.
La idea es ambiciosa. Busca cambiar la mentalidad del público y resaltar las penurias a las que una novia niña se debe enfrentar de por vida.
“Estamos llegando a la raíz del problema al querer poner fin al matrimonio infantil. Únicamente después de esto, podremos tratar de reducir la tasa de mortalidad en madres y niños, mejorar la calidad de la educación y el índice de desarrollo humano”, le dijo a la Agencia Anadolu Lenny Rosalin, viceministra para el crecimiento infantil del PPPA.
De acuerdo con la Unicef, ponerle fin al matrimonio infantil sigue siendo una tarea para Indonesia como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Ellos creen que la educación es una estrategia que ha probado ser exitosa en cuanto a la reducción del número de matrimonios infantil a nivel global.
“Apoyar a las niñas para completar sus estudios de secundaria ha comprobado ser un factor importante en el esfuerzo de prevenir el matrimonio infantil”, dijo Emilie Minnick, especialista de protección infantil en Unicef Indonesia.
“La educación secundaria contribuye a brindarle a las niñas el conocimiento y habilidades que necesitan para evaluar decisiones importantes, así como incrementar oportunidades de empleo, lo cual podría ayudar a reducir la pobreza”.
Además de esto, la Unicef también emprende iniciativas para poner fin al matrimonio infantil al involucrar directamente a los jóvenes en tales esfuerzos y en asegurar su participación en temas que los afectan a ellos.
En las últimas tres décadas, Indonesia notó una disminución de más del doble en la prevalencia del matrimonio infantil.
Sin embargo, reportes de la Unicef-BPS evidenciaron que la tendencia se ha visto estancada y que los números únicamente han disminuido en un 7% en los últimos siete años. Actualmente, las cifras de matrimonios infantiles en Indonesia siguen siendo unas de las más altas en la región Oriental de Asia y del Pacífico.
Resumen: El Secretario Permanente, Ministerio Federal de Educación, Adamu Hussaini, ha revelado que Nigeria tiene el número más alto de niños fuera de la escuela en el mundo.
The Permanent Secretary, Federal Ministry of Education, Adamu Hussaini, has disclosed that Nigeria has the highest number of out-of-school children in the world.
Hussaini made the disclosure yesterday at the opening of the 62nd National Council on Education (NCE) in Kano.
He said it was worrisome that the situation had adversely affected efforts to meet the sustainable development goals on inclusive education for all.
According to him, this percentage represents 10.5million of the cumulative 20million out of school children in the world.
He explained: «Almajiri-children, those of the nomadic pastoralists, boy and girl-child drop out, social miscreants, children living with disability, those of migrant fisher men and more recently, children displaced by insurgency, constitute the bulk of the affected children.»
The permanent secretary lamented that investments in education is still low, despite the significant impact of both national and international intervention in the sector.
Hussaini stressed that the country’s inability to overwhelm the devastating challenges of unemployment and insecurity is due to the poor state of its education.
He further explained that the Federal Government had allocated two percent of the consolidated revenue fund to the Universal Basic Education Programme (UBEP).
He said some states and the Federal Capital Territory, Abuja are yet to access the 2015 education intervention fund.
«No nation can achieve economic prosperity without a sound, inclusive and functional education system. The security and stability of the country, to a large extent, depends on its ability to provide functional education to its citizens,» he said.
He said the theme of the conference «Inclusive Education Creating Quality Learning Opportunities For All» was designed to remove the barriers that prevents pupils from participating fully in education.
The permanent secretary added that inclusive education rejects special schools or classrooms that separate students with disabilities from others, as well as discriminating against their social, civil and educational rights.
The Deputy Governor of Kano State, Prof. Hafizu Abubakar disclosed that the state has developed a draft policy document on education to provide an all-inclusive education.
A Special Adviser, Dr. Bakare Ado Hussaini represented the deputy governor, who is also the commissioner for education.
He said when fully operational, the policy would break children’s barrier in accessing quality education.
Permanent Secretaries in the Ministry of Education across the 36 states and the secretary for education in the FCT, head of educational agencies and institutions, as well as international development partners on education attended the meeting.
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