Las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia, ya que representan el 89 % de los casos de este delito, según alertó este sábado la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.
Entre enero de 2018 y junio de 2023, la Defensoría del Pueblo ha atendido 236 casos de trata de personas en el país, y en el 89% de ellos, es decir en 212, las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. En 60 de dichos casos (el 25,4 %) había relación con la esclavización de personas migrantes.
El preocupante panorama lo planteó este sábado la Defensoría del Pueblo a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, al tiempo que hizo un llamado al Estado para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan prevenir este tipo de casos.
De acuerdo con las cifras de la Defensoría, Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13) fueron los departamentos del país en los que más casos se presentaron. Sin embargo, hay reportes en 133 municipios de 25 departamentos y el organismos ha emitido 40 alertas.
“De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos”, detalla la Defensoría.
Para Camargo el panorama se agrava pues no solo se trata de una grave vulneración de derechos humanos sino que no existen “los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”.
De acuerdo con la Defensoría, es indispensable que el Estado pueda avanzar en tres frentes claves: la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos; la evaluación de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas; y la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante.
“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Hace año y medio el mundo era diferente. Hoy que miramos atrás, reflexionamos sobre la contundente lección que nos deja la pandemia de la Covid-19: todos, sin excepción, somos vulnerables ante las enfermedades y sólo el esfuerzo colectivo puede ayudarnos a salir adelante.
Esta reflexión sobre la importancia de trabajar unidos para enfrentar la pandemia es más relevante hoy, cuando los planes de vacunación avanzan en diversos países. Es necesario, como lo establece el derecho internacional, que su distribución sea equitativa entre todas las personas, incluidas aquellas que por situaciones de vulnerabilidad o violencia pudieran quedar excluidas: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. No importa el género, la situación migratoria o si alguien está privado de libertad, el mundo seguirá en riesgo si los programas de inmunización no llegan de forma equitativa a todos.
Datos del proyecto Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) de la Universidad de Oxford y del Inform Severity Index (Índice de Gravedad) muestran que, hasta mayo, la población de los 50 países de mayores ingresos estaba siendo vacunada a una tasa 27 veces mayor que la de las 50 naciones de menores ingresos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que los estados deben dar máxima prioridad al suministro de vacunas contra el Covid-19 a todas las personas y tienen la obligación de tomar las medidas y destinar los recursos necesarios para que todos tengamos acceso a la vacuna, sin ninguna discriminación.
Para que ese derecho se garantice es necesario tomar en cuenta las necesidades y barreras que enfrentan los grupos de mayor riesgo de ser excluidos. Por ejemplo, las personas migrantes y privadas de libertad están en una situación de particular vulnerabilidad frente al Covid-19.
Las personas que migran tienen acceso limitado a servicios esenciales como albergue, atención médica, al agua o a equipos de protección personal, aumentando así su riesgo de contagio. Por otro lado, quienes se encuentran en lugares de detención, incluida la población en estaciones migratorias y estancias provisionales, muchas veces habitan en condiciones de hacinamiento, lo que impide aplicar medidas de higiene y de distanciamiento para mitigar la propagación del coronavirus.
En prácticamente todos los países existen políticas nacionales de vacunación para contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, en algunos países aún persisten barreras para la inclusión de estos grupos en los protocolos de implementación de las campañas. Por ejemplo, la política de vacunación en México no hace explícita la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes y privadas de libertad.
De igual forma, las barreras de acceso para las personas migrantes se vinculan a falta de acceso a la información o a la tecnología y la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos. Por ejemplo, no todas las personas en situación de movilidad tienen identificaciones como la clave única de registro de población o comprobante de domicilio al que únicamente pueden acceder los ciudadanos o residentes.
En relación con la población privada de libertad, ésta debe ser incluida en las fases de priorización, identificando factores de riesgos como la edad y enfermedades crónicas. Si no es así, es muy probable que no tengan acceso oportuno a las vacunas.
Para alcanzar el objetivo de la vacunación universal, esa que nos pondrá a salvo a todos, es crucial la coordinación entre autoridades locales, nacionales y regionales que contribuya al debido seguimiento a través de registros de inmunización interconectados, que incluyen el intercambio de datos sobre la vacunación entre sistemas de salud. Esto debería implementarse sin perjuicio de la confidencialidad médica y el principio de no discriminación. La vacunación no debería ser un privilegio, sino una medida necesaria para proteger la salud de la población en general y, en particular, de los grupos más vulnerables.
* Coordinadora del programa de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
Las personas migrantes no están contempladas en el diseño de políticas públicas de desarrollo en los países receptores y, en ese sentido, carecen de los derechos que sí tienen los nacionales, lo que posterga su integración plena a los procesos de adquisición de bienes, de progreso y de realización, dijo el Dr. Javier Urbano Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Y en tanto más se difiera su integración, se estará posponiendo el que las y los migrantes doten de mayores posibilidades a los países a los cuales llegan, pues “un inmigrante plenamente productivo puede aportar mucho al desarrollo de una nación, a condición de que se le dé espacio para el desarrollo pleno de sus capacidades”.
Para Urbano, docente del Departamento de Estudios Internacionales, son innegables los beneficios que generan las personas migrantes. Por ejemplo, naciones con un envejecimiento de su población están resolviendo o atenuando este problema grave con la llegada de migración, que está rejuveneciendo su pirámide demográfica, lo que además implica una aportación en el contexto de lo fiscal, un pago de impuestos que a su vez genera una serie de beneficios que no se tendrían si no hubiera inmigrantes.
En segundo lugar, y contrario a lo que dice mucha gente, la presencia de inmigrantes dinamiza el fortalecimiento de las culturas, pues éstas, al cambiar constantemente, encuentran en el migrante, el transmigrante y el inmigrado, a un dinamizador de esta transformación, abundó el también profesor en la Maestría en Estudios sobre Migración, quien recientemente publicó el libro Migración y desarrollo: propuestas para una gestión alternativa de la política migratoria de México, editado por la Dirección de Publicaciones de la IBERO.
No obstante, las personas migrantes se han vuelto una mercancía para los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, que están aprovechando su debilidad e incapacidad para responder políticamente, para decir que son los culpables de muchos de los problemas en sus naciones; lo que “se vende en un contexto político electoral”. En este escenario político, en un contexto de crisis como la actual, se dice que los migrantes son el riesgo; y no que es “la irresponsabilidad de los políticos, que no saben hacer política pública adecuada”.
Respecto a qué debería considerar una gestión alternativa de la política migratoria, tema de su libro, el catedrático de la IBERO, universidad jesuita de la Ciudad de México, propone, primero, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se involucre más en evaluar qué están haciendo los países en materia de atención, protección, promoción e integración de los migrantes, inmigrantes y transmigrantes; lo cual podría exponerse en un informe mundial.
Por otro lado, es urgente tener un diálogo multilateral sobre la migración altamente calificada, de la cual no reclaman nunca las naciones ricas, porque se están aprovechando de esta migración que se forma en los países pobres; “esto lo he definido yo como piratería de recursos humanos altamente calificados”. Es así que, habría que iniciar un diálogo respecto a cómo las naciones receptoras van a compensar el que se están beneficiando a largo plazo con migrantes altamente calificados, que son estratégicos en sus países de origen.
Un tercer punto es la “pobre” ayuda oficial al desarrollo, que ronda los 140 mil millones de dólares, frente a los casi 600 mil millones de dólares en remesas. Aunque las y los migrantes son las personas más desfavorecidas en el mundo, transfieren más recursos de las naciones ricas a las pobres, lo que debe debatirse urgentemente en términos de que por lo menos las naciones ricas igualen los recursos de las remesas, para poder acompañar su proceso de impacto en el desarrollo de las naciones emisoras de migrantes.
En el caso específico de México y Centroamérica, tiene que haber una mayor colaboración instrumental, para generar bases de datos sobre desaparecidos, heridos, mutilados, niños y niñas no acompañados y personas fallecidas.
Asimismo, debe haber una armonización legislativa regional para la persecución de delitos relacionados con la migración, como: trata, tráfico, secuestro, secuestro exprés y extorsión contra migrantes; para que pudieran ser castigados a nivel mesoamericano y evitar que quien cometa alguno de esos delitos huya a otro país donde no está penado, lo que anula la efectividad en la persecución de esos delitos.
También hay que pensar en planes de desarrollo para Centroamérica de lapsos de 20 a 30 años, porque la región requiere una renovación a partir de cero en muchos procesos sociales de violencia, deserción escolar, maternidad y paternidad precoz, violencia intrafamiliar, falta de empleo, cambio climático, entre otros; problemas se resuelven de una generación a otra, no de un sexenio a otro.
Y, finalmente, se requieren recursos. Pero no basta con los cuatro mil millones de dólares que plantea el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; sino que se necesitan cuatro mil millones de dólares anuales durante los próximos 20 años, para que dentro de un cuarto de siglo se empiecen a ver resultados claros en el desarrollo de Centroamérica.
Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.
Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.
Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.
La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.
Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.
“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”
Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.
Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.
Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.
La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.
El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.
Concentración de apoyo a las temporeras de la fresa explotadas en Huelva. J DE LA JARA
El lugar de las feminismos
Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.
A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.
Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían— y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.
Tímidos avances
En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.
“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”
Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.
En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.
Una cuestión europea
De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.
Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.
También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.
Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.
“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”
Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.
Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.
Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/
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