Pinochet

La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) presenta este viernes una nueva investigación sobre el proceso de mercantilización de la educación en Uruguay. En ella se revelan los mecanismos tendientes a generar el desprestigio de la educación pública para facilitar el ingreso de corporaciones privadas en el sector.

Uruguay cuenta con un fuerte sistema de educación pública que en los últimos tiempos ha comenzado a ser erosionado por intereses financieros privados que ven en el sector una oportunidad de negocios. Ese proceso de mercantilización es analizado en la investigación “El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas”. Según explicó a Caras y Caretas el dirigente de Fenapes José Olivera, esta situación es parte de un proceso mundial.

Recordó Olivera que Fenapes integra la denominada Internacional de la Educación, una federación presente en 37 países con más de 200 organizaciones afiliadas que representan a unos 300 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación. Fue esta organización, que tiene a acción a nivel mundial y participación en ámbitos internacionales como Unesco, Unicef, OIT, la que en su último congreso en 2015 definió comenzar una campaña mundial frente al comercio y la privatización de la educación. “Esto se hace porque se comenzó a visualizar, a nivel mundial, que había una ofensiva muy grande del sector privado, no la educación privada como la conocimos históricamente, sino de grandes corporaciones financieras que ven en la educación y en torno a lo que en ella se mueve una oportunidad de negocios”, explicó.

“Es multimillonaria la cifra que se mueve en torno a la educación a nivel mundial y las principales corporaciones, grandes instituciones financieras y organismos internacionales, como el BID para el caso de América Latina, o la propia OCDE, comenzaron a generar las condiciones para promocionar la participación de estos sectores en el sistema educativo, creando lo que se llama el mercado educativo”, agregó.

Esto se hace con un doble objetivo: económico, “para obtener una ganancia, transformando a la educación en lugar de un derecho, y por lo tanto la existencia de un sujeto de derecho que la pueda ejercerlo, en una mercancía que se puede comprar o vender en un espacio llamado mercado”. Allí concurren “no los ciudadanos sujetos de derecho, sino los consumidores y clientes. Este es el esquema mundial que se comienza a visualizar como problemático en términos del sistema educativo y esta es la parte más económica”.

Pero también hay una parte política e ideológica, y consiste en que los Estados “generen las condiciones para dejar un buen sector del sistema educativo en manos de privados. Comienza a hablarse de costo/beneficio, eficacia y eficiencia, de calidad educativa, no de educación de calidad, y básicamente reserva a los Estados encargarse de la educación a través de los sistemas públicos para los sectores más pobres”.

Bajo este esquema se promueve el llamado currículum mínimo. “Esto es la formación en competencias y habilidades para el mercado laboral. Se habla de la formación de capital humano, es decir, la mano de obra que el mercado de trabajo requiere, mientras que para los futuros gobernantes se les reserva el espacio del conocimiento como espacio privilegiado”.

En este proceso “van a promover la descalificación de lo público y la elevación de lo privado como verdadero y de buena calidad. Van a escandalizar y llamar crisis de la educación pública, como diciendo que los Estados no pueden con la educación pública. Van a utilizar los medios masivos de comunicación, que son también empresas, para promover esta idea en la sociedad de que lo público es peor que lo privado, o al revés, que lo privado es mejor que lo público. Que la crisis en la educación pública es irreversible y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos. Van a atacar a los docentes y sus organizaciones representativas”.

Ante esta realidad se define en Canadá, en 2015, la campaña mundial. Una primera investigación demuestra que no había una gran información. “Esa investigación dice dos cosas muy interesantes en torno a la situación de América Latina. Una, que es la región que más ha avanzado en este esquema. Un ejemplo muy fuerte es el de Chile y la reforma de la educación de [Augusto] Pinochet, que claramente establece el sistema de mercado en su formato más duro. En Uruguay se habla de un estado de latencia. Hay una privatización latente. Es decir, hay un embrión que está latiendo en un discurso promercado, de privatización, en un país que tiene fuerte presencia de la educación pública”.

Por esta razón “entendimos que había que profundizar porque visualizamos la presencia fuerte de organismos como el Banco Mundial o el BID, que vienen desde los 90 con la reforma Rama, pero que nunca se fueron del sistema educativo uruguayo. De hecho, hoy Uruguay tiene préstamos con estas instituciones. Vemos una presencia cada vez más importante de la OCDE promoviendo este sistema. Hay un informe de 2017 de la OCDE que le recomienda ciertas cosas a Uruguay sobre su política educativa. Y vemos una política constante y sistemática contra la educación pública en los medios masivos de comunicación y el surgimiento de algunos fenómenos, como pueden ser Eduy21, la proliferación de liceos públicos de gestión privada, Ceres, con Talvi a la cabeza, planteando la creación de colegios de excelencia”.

Una segunda investigación, que fue presentada el año pasado -Privatización educativa en el Uruguay. Políticas, actores y posiciones-, revela, entre otras cosas, que en Uruguay “hay una privatización de la política pública. Esto es los partidos, las organizaciones sociales, sindicales, quedan excluidas de la definición de lo que hay que hacer en la educación y esa construcción de la política educativa queda en manos de supuestos expertos que se presentan como un movimiento apolítico y promueven un plan de reforma educativa. Incluso por arriba de los partidos políticos, lo cual implica también en cierta medida una deslegitimación del sistema democrático representativo”.

Otro tema que aparece en la investigación es que Uruguay tiene el sistema más grande de subvenciones a la oferta educativa privada. “Acá lo que se subvenciona mediante exoneraciones fiscales es la oferta educativa privada y aun así hay colegios que se funden o hay sistemas de transferencia de recursos públicos que financian centros como el Jubilar”.

En tercer lugar aparece el papel de los medios masivos de comunicación en la formación de estas fundaciones como Eduy21 o el sistema de reclamar fondos públicos para la actividad privada.

En función de eso, “encargamos una investigación sobre dos aspectos: el papel de los medios de comunicación en torno a la promoción y mercantilización de la educación y, por otro lado, el sistema de exoneraciones fiscales. De ahí que surge este libro”.

“Queda evidenciado, a través del estudio de la prensa, que hay una acción decidida desde el punto de vista político de tomar partido por la construcción del sentido común en torno a la crisis de la educación pública”.

Revela dos elementos centrales: el sistema de exoneraciones fiscales que en Uruguay trae una larga data. “Acá se encuentra que con la reforma tributaria de 2007 y un cambio en la normativa del artículo 358 de la Rendición de Cuentas de 2013, se modificó el sistema y amplió los beneficios fiscales así como los posibles donantes”.

Señaló que otro elemento es la Participación Público Privada y recordó que se anunció hace poco la construcción de locales educativos bajo esta modalidad. “Esto significa que por 25 años se le va a estar pagando a empresas privadas el canon correspondiente por la utilización de esas obras por mantenimiento, limpieza y seguridad”.

“Este régimen, construido en los años 80 en Inglaterra, hoy está descartado en Europa incluso por la OCDE y el Banco Mundial, que han dicho que es un sistema que ha sido más costo. En Uruguay esto no se discutió, hay obras que están en curso que por 25 años van a implicar transferencias de fondos públicos al sector privado”, finalizó.

Fuente de la Noticia:

Privatización de la educación

ove/mahv