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A combatir el control y reforma educativa de la Junta Fiscal

Por: Emilio Nieves Torres

El reciente plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal el 27 de mayo de 2020 incluye un control directo del Departamento de Educación y la imposición de una reforma educativa. El Plan Fiscal no hace referencia a la Ley 85 de 2018 que recoge la visión de reforma educativa de la actual administración gubernamental. Por el contrario, pretende imponer política pública en el Departamento de Educación.

Para el inicio del próximo año escolar 2020-2021, la JCF le exige al DE crear un plan post COVID-19 de regreso a la escuela y un Task Force para reabrir las escuelas y para la educación a distancia. Es decir que el plan elaborado por el Secretario de Educación y discutido con algunos sindicatos, está sujeto a lo que establezca la Junta. Incluso le señala al Departamento de Educación que hay que hacer reformas curriculares y superar la barrera digital educativa.

La Junta pretende imponer su reforma educativa en la cual establece como prioridad la enseñanza de inglés porque, bajo su filosofía, el trabajador que domina el idioma inglés tiene mejor salario. Con esta premisa discriminatoria, asigna $1.5 millones para adiestramientos a maestros de inglés. Es decir, la Junta se inserta en la política pública del DE para impulsar como prioridad la enseñanza de inglés, como si no fuera parte del currículo la enseñanza del inglés y español. Desconocen o se resisten a aceptar que la defensa de nuestro vernáculo no está sujeto a los dólares, sino a nuestra cultura. Están inconformes con la realidad de que solo el 20% de la población es bilingüe. La verdad es que, si hay que utilizar inglés en asuntos laborales, el puertorriqueño lo asume con éxito. Pero parece que el mensaje de la Junta al gobierno es que, si han fracasado en el proceso de asimilación, ellos van a establecer la ruta.

Por otro lado, la Junta promueve el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), lo cual excluye las bellas artes como plantea el DE con el enfoque STEAM. No conforme con esto, para establecer el control absoluto de la educación pública, le exige al Departamento de Educación definir sus metas y un plan estratégico a 5 años (2022 al 2027) el cual tiene que ser discutido con la Junta.

Ante estas intenciones y otros señalamientos que hace la Junta al DE, ¿cuál va a ser la postura del Secretario de Educación y la Gobernadora ante la intervención de la Junta para establecer política pública? No es suficiente demandar en el Tribunal a la Junta y simultáneamente someterse a la misma. Hay que confrontar a la Junta.

Junta y bipartidismo coinciden en la visión neoliberal de la educación

El Plan Fiscal aprobado establece como filosofía educativa la visión neoliberal. En esto coinciden con el bipartidismo. Indica que en los grados de kínder a duodécimo los estudiantes deben desarrollar las destrezas necesarias para lograr una economía autosuficiente y que se integren a la fuerza laboral. Esto puede parecer correcto. Incluso podemos pensar que es la filosofía que nos conduce a un país autosuficiente e independiente. Sin embargo, se fundamenta en la visión individualista en la cual se descarta la visión comunitaria en la que se forjan los principios de participación democrática, solidaridad y resiliencia. La Junta y el bipartidismo en su ejecución excluyen la dimensión social de la educación. Ignoran la visión constructivista y liberadora de la educación en la cual el estudiante desarrolla conocimientos a través de procesos de construcción social activa. Tampoco les importa implantar el “derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” (Constitución de PR Art 2, sección 5)

También coinciden en la visión neoliberal en la cual se promueve la competencia entre escuelas y se utilizan fondos federales para justificar la federalización y la privatización de la educación. La Junta promueve en su plan fiscal la competencia entre escuelas ofreciendo $100,000 a 70 escuelas (10 de cada región educativa) que desarrollen un proyecto de innovación educativa. Este incentivo niega el esfuerzo que desarrollan todas las escuelas (con las limitaciones particulares) e intenta imponer la visión neoliberal de que compitan y sobreviva el más fuerte. Hay escuelas que tienen unos proyectos innovadores porque son escuelas especializadas o las condiciones económicas que rodean la escuela le son favorables. Todas las escuelas pueden desarrollar proyectos de innovación educativa, pero las limitaciones administrativas, tecnológicas y socioeconómicas impiden competir en igualdad de condiciones. Además, las escuelas no existen para competir, sino para educar y compartir las experiencias exitosas. Sin embargo, la Junta, por su naturaleza estrictamente fiscal, pretende imponer medidas neoliberales creando las condiciones para cerrar o privatizar escuelas.

A esto se añade que el organismo federal separó $71.5 millones del presupuesto entrante para pagar incentivos a empleados públicos y agencias si cumplen los requisitos que determine la Junta. En el caso del Departamento de Educación, impone un incentivo de $1,500 a directores escolares y $5,000 por escuela si cumplen con reportar mensualmente la asistencia de maestros y estudiantes. Esta es una información inherente al funcionamiento de las escuelas que no requiere de bonificaciones, sino de medidas que reduzcan o eliminen las deficiencias administrativas y tecnológicas que afectan el salario de los trabajadores y que impiden un registro de asistencia efectivo para maestros y estudiantes.

Esta repartición de dinero representa el intento de la Junta de justificar su intención de establecer política pública y de generar opinión pública a su favor, ante el evidente rechazo del pueblo a su política de austeridad.

Reto a los defensores de la educación pública  

Todo esto representa un enorme reto para las organizaciones magisteriales y las comunidades escolares en defensa de la escuela pública y su autonomía administrativa, docente y fiscal.

Estas medidas de la Junta no atienden los problemas fundamentales que han incidido en el aprovechamiento académico de los estudiantes: centralización, politización y burocratización del sistema educativo. Por otro lado, la estrategia del bipartidismo ha sido la federalización y la privatización. La Junta coincide con esta estrategia y busca darle continuidad.

La federalización consiste en definir un currículo que responda a la visión federal y neoliberal de medir el proceso educativo exclusivamente a base del idioma (español e inglés) y las matemáticas. Las ciencias, la historia, las bellas artes, la salud, los cursos vocacionales, la educación física, entre otros no se miden con las pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas, META, PISA). El éxito o fracaso de un sistema educativo se ha medido con dos criterios que impone la visión neoliberal: idioma y matemática. Este es el mayor fraude con el que tenemos que romper para definir nuestra filosofía educativa y nuestro currículo para luego medir resultados de forma integral, sin estar atados a fondos federales cuyos beneficiarios principales no son los estudiantes, sino las compañías privadas.

La privatización de escuelas públicas se ha traído a Puerto Rico mediante dos estrategias fracasadas en los Estados Unidos: escuelas charter y vales educativos. La ironía es que el argumento principal para justificarlas es que las escuelas y colegios funcionan de forma autónoma y eso mejora el aprovechamiento académico. Precisamente lo que establecía la derogada Ley 149 de 1999 era la implantación de la autonomía escolar: administrativa, docente y fiscal. La resistencia a este cambio vino de las estructuras gubernamentales y sus representantes políticos en las regiones educativas y distritos escolares.

La otra ironía es que, aunque las leyes aprobadas reconocen al maestro como el principal recurso, es el menos escuchado. Tenemos impulsar las propuestas de maestras(os) que reclaman la autonomía docente que permite construir currículo con los estudiantes, crear y elaborar propuestas de desarrollo social, cultural y económico; la autonomía administrativa para tomar las decisiones de organización escolar que mejor respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y su comunidad; la autonomía fiscal para una sana y transparente administración de los fondos que responda a las prioridades de la comunidad escolar.

Las organizaciones magisteriales, las comunidades escolares y el pueblo tenemos que rescatar la educación publica realizando las acciones pertinentes. Una de ellas es exigir a todos los candidatos a puestos públicos a que asuman posición ante la Junta de Control Fiscal. O la sacan o se someten a su voluntad de gobernar en Puerto Rico. No hay espacio para términos medios o tibios.

Fuente: https://www.claridadpuertorico.com/a-combatir-el-control-y-reforma-educativa-de-la-junta-fiscal/

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Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico critican la aprobación del plan fiscal revisado

Redacción: El Nuevo Día

El Movimiento Estudiantil del recinto de Río Piedras tronó contra las medidas que imponen aumentos en los costos para universitarios y alumnos de las escuelas laboratorio.

Estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) exigieron que se reconsidere la aprobación de un nuevo plan fiscal para la institución educativa, el cual argumentaron que contiene medidas que ponen en riesgo el acceso a la educación superior de universitarios actuales y futuros.

El grupo argumentó que ayer mismo se enteró que el nuevo plan fiscal sería discutido en la reunión ordinaria de ayer de la Junta de Gobierno, el cual contenía por primera vez una propuesta para aumentar las cuotas que pagan las familias de estudiantes de la Escuela Elemental y la Escuela Secundaria de la UPR (conocida como UHS) y establecer una mensualidad.

“Después de una escasa discusión y paupérrimo debate, el plan queda aprobado, sentenciando así a cientos de estudiantes de la UHS a la periferia de la educación accesible y de calidad que tanto la administración y el presidente Jorge Haddock presumen salvaguardar”, señaló el Movimiento Estudiantil por escrito.

La propuesta para las escuelas laboratorio adscritas al recinto de Río Piedras elevaría el costo de estudio a $3,500 anuales. Además, se propuso un fondo de becas, que la administración universitaria estima que pudiera beneficiar a 40% de los alumnos.

El plan fiscal revisado del sistema universitario fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno de la institución, a pesar de contar con el rechazo de los representantes del sector estudiantil y claustral.

El documento consigna la asignación de más fondos para la UPR por parte del gobierno para mejoras de infraestructura, así como la flexibilidad en el uso de fondos destinados para ofrecer adiestramientos a empleados del sector público. Como medida para allegar más fondos externos, se mantienen los aumentos en el costo de la matrícula estudiantil tanto a nivel subgraduado como graduado, aumentos en las cuotas que pagan los estudiantes y cambios en beneficios a empleados, como el plan médico.

Del mismo modo, incluye una recomendación para modificar el Sistema de Retiro de los empleados y aumentar la edad de jubilación para los empleados que actualmente no cumplen con los criterios para retirarse.

La organización estudiantil sentenció que estas son “medidas que imposibilitan la capacidad de estudio para muchas personas pobres y trabajadoras en la Universidad del Pueblo para poder ‘cuadrar la caja’ y pagar una deuda ilegal, ilegítima, odiosa y que ningune de nosotres generó”.

Los estudiantes criticaron que el plan fiscal revisado se aprobara en medio de un toque de queda decretado para frenar la propagación del COVID-19.

“Con toda la malicia, la Junta de Gobierno se reúne cibernéticamente, aprovechando que en esta coyuntura, los sindicatos y movimientos sociales se encuentran aturdidos para accionar ya que, al igual que les demás residentes de Puerto Rico, se encuentran siguiendo las directrices del estado para detener el COVID-19. De esta manera, se logra censurar las voces y acciones disidentes que pudiesen provenir de los sectores que el mismo Plan Fiscal aprobado trastocaría”, sostuvo el Movimiento Estudiantil.

El plan fiscal revisado de la UPR pasa a manos de la Junta de Supervisión Fiscal, ente que decidirá si lo certifica o lo rechaza.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/estudiantesdelauprcriticanlaaprobaciondelplanfiscalrevisado-2557315/

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Denuncian a más de mil 300 escuelas en Costa Rica

Redacción: La Gente

La Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este martes que en 2018 atendió mil 321 denuncias por temas académicos, violencia, negligencia y discriminación en centros educativos de Costa Rica.

Y esa elevada cantidad, precisó la directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, Rocío Solís, pese a que el curso lectivo 2018 tuvo casi tres meses menos que todos los anteriores, debido a la huelga general contra el plan fiscal.

Las cifras de esa entidad reflejan que en las denuncias de tipo académico, las relacionadas con la evaluación ascendieron a 110 y las de conducta fueron 80, mientras las de violencia sumaron 85, las de negligencia 42 y las de discriminación 15.

Por otra parte, según una consulta realizada por el Departamento de Convivencia de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP en 2018, en un 53 por ciento de los centros educativos de Costa Rica se reconoció la presencia de situaciones de bullying (acoso) y en un 71 por ciento los estudiantes identificaron la presencia de esa conducta negativa.

Ante todas las situaciones que se pueden presentar en los centros escolares, Solís pidió a los padres de familia no esperar hasta las últimas instancias para alzar la voz, sino que deben hacerlo apenas surja la duda.

‘No se tarden, hablen con la institución y si nos les hacen caso acudan a la Contraloría de Derechos Estudiantiles. En cuestiones de niñez y adolescencia no hay que esperar hasta las últimas consecuencias’, subrayó Solís.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/258424/denuncin-a-mas-de-mil-300–escuelas-en-costa-rica/

 

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Frente defensa educación pública Puerto Rico reiteran se defienda sus pensiones

Centro América/Puerto Rico/23 Diciembre 2018/Fuente: Hoy Los Ángeles

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) de Puerto Rico emplazó al gobierno de la isla y a los presidentes de las cámaras legislativas a «asumir posición frente a lo que establece el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para eliminar el derecho adquirido de los maestros activos de una pensión de 75% tras 30 años de servicio y con más de 50 años (…) el Plan Fiscal establece congelar este derecho».

«El Plan Fiscal, que funciona como la guía de la política pública a implantar por el Gobierno, indica que todos los maestros activos pasarían al sistema de aportaciones definidas, lo cual implica revertir la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 2014 y derogar los artículos de la Ley 106 de 2017 que protegen los derechos de más de 25.000 maestros a los que se les reconoce el derecho adquirido de tener una pensión conforme a lo que establece la Ley 91 de 2004, bajo el concepto de beneficios definidos», indicaron en un comunicado.

«Las intenciones de la JSF de derogar el derecho adquirido de los maestros tendrían el efecto de reducir sustancialmente la pensión por la que los maestros llevan trabajando 15,20, 25 y 30 años de servicio. Por ejemplo, un maestro con 55 años y 30 años de servicio podría retirarse con una pensión de 2.000 mensuales, que no es suficiente», añadieron en un comunicado.

De implantarse lo que pretende el Plan Fiscal, la pensión de ese maestro podría reducirse a mil dólares mensuales, «lo cual se agrava con la propuesta reducción de 10 a 25% a los que actualmente reciben sus pensiones. Sería una pensión de indigencia total: sin plan médico, sin dinero para medicamentos, sin dinero para pagar su vivienda, entre otras situaciones de crisis humanitaria», concluyeron.

«Vamos a visitar las oficinas de los presidentes de las cámaras legislativas para presentar por escrito nuestro reclamo de que se garantice a todos los maestros activos los beneficios definidos como lo establece la Ley 91 de 2004 y que no se reduzca la pensiones de los maestros jubilados», advirtieron.

Fuente: https://www.hoylosangeles.com/efe-3848497-14957796-20181220-story.html

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Educadores ticos divulgan borrador de acuerdo para finalizar huelga

Centro América/Costa Rica/29 Noviembre 2018/Fuente: Prensa Latina

Los sindicatos del sector educativo, en huelga general por tiempo indefinido contra el plan fiscal hace 80 días, divulgaron hoy un borrador de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para deponer la protesta.
La propuesta, que ahora será discutida por las bases de esas agrupaciones, fue elaborada por representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y presentada ayer al titular del MEP, Édgar Mora.

Divulgado hoy aquí, el borrador indica que los tres sindicatos se comprometen a levantar el movimiento de huelga y a reanudar los servicios educativos a partir del próximo viernes en todos los centros de enseñanza del país.

Aclara que ‘aquellas personas trabajadoras que en razón de la distancia en que se encuentran ubicados sus centros de trabajo, requieran más tiempo para reincorporarse a sus labores, podrán hacerlo el día lunes 3 de diciembre de 2018’.

Destaca que el MEP no realizará ninguna acción discriminatoria o represalia contra las personas que integran el personal de esa cartera, por el solo hecho de haber ejercido el derecho fundamental a la huelga, tutelado por la Constitución Política, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y el Código del Trabajo.

Igualmente, prosigue, ambas partes garantizan a las personas funcionarias que actualmente se encuentran laborando o que se reintegren el goce de un ambiente laboral sano.

En cuanto a los salarios, ambas partes respetarán lo que en definitiva resuelvan los tribunales de trabajo en el procedimiento de calificación de la huelga, señala la propuesta.

El cuarto y último punto sostiene que una vez levantado el movimiento de huelga, durante el mes de diciembre, representantes del MEP y los tres sindicatos se reunirán para acordar las medidas administrativas necesarias para normalizar los servicios educativos al cierre del año lectivo 2018 y el inicio del curso lectivo 2019.

Refiere que la agenda de estas reuniones se formará con los temas de interés de ambas partes, entre las que destacan que el Gobierno no establecerá ninguna conducta, acción discriminatoria, represalia o rebaja salarial, entre otras, contra quienes participaron en la protesta.

También, dejar sin efecto las suspensiones, sustituciones o cualquier otro tipo de procedimiento disciplinario y supresión de recargos a los participantes en el movimiento de huelga.

Tras el primer mes de la huelga general por tiempo indefinido contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, iniciado el 10 de septiembre pasado, los sindicatos del sector educativo mantuvieron la protesta, pese a que otras organizaciones obreras llegaron a acuerdos con sus patronos para deponer el paro.

Durante más de un mes y cuando hoy se cumplen 80 días de la huelga general, el SEC, la ANDE y la APSE revelaron que tras el criterio de la Sala Constitucional en que le da luz verde a la discusión del plan fiscal en el segundo y definitivo debate en la Asamblea Legislativa, decidieron en conjunto reunirse con Mora y entregarle la mencionada propuesta.

En declaraciones a la prensa, el ministro espera que los afiliados confirmen lo expresado en el borrador de propuesta de acuerdo.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=232448&SEO=educadores-ticos-divulgan-borrador-de-acuerdo-para-finalizar-huelga
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Universidades públicas de Costa Rica piden no aprobar plan fiscal

Centro América/Costa Rica/25 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

Universidades públicas de Costa Rica solicitan a los diputados no aprobar la reforma fiscal en el segundo y definitivo debate, según indican las respuestas de estos centros educativos a la Asamblea Legislativa, divulgadas hoy aquí.
Luego de sancionar el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra en primer debate el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, la directiva del Legislativo tico envió a consulta -requisito de ley- el texto a diversas entidades para conocer su parecer.

Las universidades Nacional (UNA), la de Costa Rica (UCR) y la Estatal a Distancia (UNED) reconocen la crisis fiscal del país, pero piden que no se apruebe esta iniciativa en segundo debate, si antes no se corrigen los aspectos que consideran lesivos, de acuerdo con las respuestas de esos centros de estudio, publicadas por el informativo digital crhoy.com.

La UNA precisa que el plan fiscal viola la autonomía universitaria, fundamentado en que su artículo tres contradice disposiciones específicas de la Ley de Salarios para el Sector Público que ya estas instituciones tienen reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización.

La UNED sostiene que la legislación debe reconocer y respetar esa autonomía de los centros superiores sobre la toma de decisiones y demás acciones propias de la administración de su personal, potestad que les permite atraer, mantener y evaluar el personal más calificado que se requiere para el debido cumplimiento de sus funciones.

De su lado, la UCR considera que la iniciativa legal causaría un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.

Asimismo, señala que el proyecto legal ‘otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con nuestra carta magna y el espíritu del legislador constituyente.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) lleva esta misma posición, con la diferencia de que recomiendan cambiar el texto en el artículo cinco sobre regla fiscal.

Las universidades públicas de Costa Rica rechazan también que dentro del ocho por ciento del Producto Interno Bruto destinado a los centros de altos estudios se incluya al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el gravamen de un dos por ciento para la compra de bienes y servicios, tal cual quedó establecido en el plan fiscal.

Además de los señalamientos mencionados por las universidades públicas, el proyecto legal tiene respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia, mientras afiliados a agrupaciones obreras y sociales realizan desde el 10 de septiembre una huelga general por tiempo indefinido con el objetivo de que dicha reforma fiscal no sea aprobada.

Los huelguistas estiman que sus impuestos y medidas afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país.

También, al menos 10 diputados -los exigidos por ley- consultaron la semana anterior a la Sala IV sobre la constitucionalidad del proyecto legal, y la respuesta puede tardar un mes.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221956&SEO=universidades-publicas-de-costa-rica-piden-no-aprobar-plan-fiscal
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Concentraciones en día 36 de huelga en Costa Rica contra plan fiscal

Redacción: La Gente

Volanteos, perifoneos, campañas informativas y concentraciones regionales caracterizaron este lunes el día 36 de la huelga general por tiempo indefinido en Costa Rica contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal.

Este lunes comenzó la sexta semana de paro, seguido en firme aún por los trabajadores del sector educativo, y respaldados por otras agrupaciones obreras, pero fundamentalmente movimientos sociales, populares y comunales opuestos a más impuestos para la clase trabajadora y los más pobres del país.

Buena parte del resto de las organizaciones integradas en la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN), para luchas contra ese proyecto legal, que ellos denominan combo fiscal, llegó a acuerdos con sus empleadores para poner fin a la huelga y retornar a sus puestos de labor, proceso que se produjo la semana anterior.

Sin embargo, los tres sindicatos del sector educativo -principalmente- y otras agrupaciones obreras decidieron mantener la protesta contra los impuestos y medidas del Ejecutivo para reducir el déficit fiscal, que sus oponentes califican de regresivas e inequitativas, al perjudicar en mayor medida a los más pobres, aunque el Gobierno insiste en asegurar que serán los más ricos quienes más van a pagar.

Lo cierto es que hasta la Iglesia Católica -mediadora en una negociación infructuosa para poner fin a la huelga- llamó a las partes a volver al diálogo para solucionar el grave problema fiscal del país, al tiempo que le pidió a los promotores de la reforma fiscal evitar que sean los pobres quienes paguen las consecuencias.

Aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra, pese a la movilización obrera y popular en las calles para frenar su curso en el Congreso, la reforma fiscal está ahora en consulta en varias entidades estatales, entre ellas la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, sobre el Poder Judicial vuelven ahora su mirada quienes rechazan el paquete de medidas de corte neoliberal -calificadas así por los sindicatos- con la esperanza de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia acepten mañana el dictamen de la Dirección Jurídica, la cual estimó que el plan fiscal afecta a ese poder del Estado.

De mantener ese criterio, entonces la reforma fiscal requiere de mayoría calificada (38 votos) para ser sancionada en el segundo y definitivo debate en la Asamblea Legislativa.

Además, los opositores al combo fiscal esperan que al menos 10 diputados firmen una consulta a la Sala Constitucional (IV) sobre el proceso seguido en el Congreso para aprobar el referido proyecto legal.

Para muchos analistas y expertos, incluidos los integrantes de la Asesoría Jurídica del propio Legislativo tico, esa discusión y aprobación del plan fiscal presentó vicios de procedimiento que le permitirían a los magistrados calificarlo de inconstitucional.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/251664/concentraciones-en-dia-36-de-huelga-en-costa-rica-contra-plan-fiscal/

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