Por: Julia Alegre Barrientos.
En 2018, el 87,7 % de este tipo de delitos se cometieron contra niños y adolescentes.
El primer día del recién estrenado año el país se despertó con la noticia de la violación, tortura y asesinato de Angie Lorena Nieto, una niña de 12 años de Cabuyaro, Meta, a manos de un vecino del municipio, identificado por las autoridades como Pastor Gómez Vaca.
El caso ha generado un rechazo unánime entre la opinión pública, similar al que suscitó en octubre de 2018 la violación y posterior incineración en Fundación, Magdalena, de Génesis Rúa, de apenas 9 años, o el asesinato y abuso sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, por parte de Rafael Uribe Noguera, quien hoy cumple una condena de 58 años en la cárcel de Valledupar.
Salvando las distancias, esta semana se dieron a conocer cifras de Medicina Legal que evidencian que casos como el Yuliana, Génesis y Angie Lorena no son aislados, sino que la violencia sexual contra niños y adolescentes no ha hecho sino aumentar en los últimos tres años.
El 2018 fue un año funesto: entre enero y noviembre se reportaron 21.515 denuncias, y eso sin tener en cuenta los números del mes de diciembre, que todavía no se han hecho públicos. Esto se traduce en que cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos. En una reciente entrevista con este diario, Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, fue más lejos y habló de 74 registros diarios.
El 2017 cerró con un balance de 20.663 casos –57 cada día–, y en el 2016 hubo 18.416 –50 diarios–. Haciendo un comparativo, entre 2016 y 2018 el aumento de la violencia sexual infantil fue del 16,8 por ciento.
Las niñas son las que se llevaron la peor parte: representan el 74,4 por ciento de las denuncias de 2018. En 2016 y 2017, la tendencia fue prácticamente la misma: 85,4 por ciento y 73,9 por ciento, respectivamente.
Otro de los hallazgos que se desprende del informe de Medicina Legal es que los menores de entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896, frente a los 6.015 de entre los 5 y los 9 años, y los 2.835 con edades comprendidas entre los 15 y los 17. También es preocupante el número de niños de entre los 0 y los 4 años que fueron víctimas: 2.767. Así, los menores de edad se consolidan como el grupo poblacional que más exámenes forenses por abuso sexual concentraron en 2018 del total de la población afectada (24.525). Son el 87,7 por ciento.
En cuanto a los criminales que perpetraron estos delitos, cerca de 10.963 eran familiares de la víctima, lo que se corresponde con el 44 por ciento del total de los registros. De estos, algo menos de 5.000 fueron los padres o padrastros de los menores; 1.697, los tíos y 1.034, los abuelos. En otras 5.632 denuncias, el agresor conocía a la víctima, aunque no estaba emparentado con ella; 1.939 eran amigos directos y solo en el 4,8 por ciento de los casos el victimario no conocía a la víctima.
El abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión
La vivienda familiar es el lugar donde más se cometen estos crímenes, 18.000 en 2018, seguido de la calle (1.830) y las instituciones educativas (733). Como apunta Luis Prada, médico forense con más de dos décadas de experiencia en este tipo de delitos, “el abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión. Tenemos que entender que estos delitos no pertenecen al ámbito familiar, sino que es un problema público”.
El experto asegura que esta tendencia al alza de las cifras está relacionada directamente con el reconocimiento y publicidad de derechos y la estimulación de la denuncia. “Lo que siempre tuvimos era la invisibilización de este problema. Las víctimas siempre han estado ahí, pero antes no las escuchábamos. Por cada caso que yo examino hay entre 8 y 10 que no estamos viendo. Necesitamos visibilizar más para hacer mejores intervenciones”.
En esto último coinciden los informes ‘Forensis’ de los últimos años de Medicina Legal, que, además, resaltan la importancia de poner el foco en la zona rural, donde se genera el mayor número de subregistros: “Aunque la mayoría de casos se desarrollan en el área urbana, los esfuerzos institucionales deben centrarse en la defensa de los derechos de la población rural, donde se dificulta la denuncia”. Alertan que la casi imposibilidad del desplazamiento hacia las instituciones y los patrones culturales del campo imposibilitan que haya emancipación de las víctimas.
Atajar el problema
Según el Código Penal, mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito, aunque el niño lo consienta. También lo es “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre menores de edad, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad
La claridad de la norma choca de lleno con el problema estructural de impunidad que rodea estos casos y que asciende a más del 80 por ciento, advierten entes como la Fiscalía y la Procuraduría. “Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad”, señaló el procurador de la Nación, Fernando Carrillo, en un evento en junio.
Una de las fórmulas que se barajan para atajar estas cifras –y que más resuena cada vez que un caso de violencia sexual infantil se vuelve mediático– es la de instaurar la cadena perpetua para violadores de menores.
El abogado penalista Gerardo Barbosa opina que esta medida podría ser contraproducente: “En términos de proporcionalidad, sería más que justificada, pero en términos de eficacia práctica puede generar el efecto paradójico de incrementar la impunidad. En algunos casos, los jueces podrían preferir fallar a favor del acusado que castigar en términos tan fuertes”. Para él, las penas que se contemplan en el ordenamiento jurídico colombiano para este tipo de delitos son suficientes si se aplicaran: “El problema es de permisibilidad judicial y una sociedad que se ha vuelto tolerante con el abuso”.
Añade que faltan investigadores, jueces y fiscales profesionalizados en este tipo de casos, como sucede con los que manejan cuestiones relacionadas con el narcotráfico. “Falta preparación. Creen que si no hay daños físicos evidentes o rastros de fluidos, no hay delito. Y eso es absurdo. Estos casos se suceden en la clandestinidad, y puede que no haya esa evidencia tan visible, pero sí otra”.
De la mano de una justicia efectiva, hay sectores de la comunidad educativa que defienden la necesidad de implementar medidas que vayan más allá de lo punitivo y se centren en la prevención del fenómeno. Es ahí donde aparece la propuesta de incluir una materia de educación sexual obligatoria en los colegios que, como lo define la Unesco, “brinde conocimientos, competencias y valores que permitan a niños y adolescentes tomar decisiones personales, sanas y responsables acerca de su vida y su sexualidad y, evitar así, la explotación, el abuso y la violencia sexual”.
Miguel Ángel Bermúdez, profesor colombiano que el año pasado quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize, el Nobel de la educación, es uno de los impulsores de esta línea metodológica que pone en práctica a diario en el colegio Gerardo Paredes, en Suba, Bogotá.
Explica que debe implementarse desde preescolar y estar orientada a tres aspectos: “El primero, que el niño aprenda a identificar una violencia sexual sobre su cuerpo, enseñándole quién lo puede tocar, cómo y dónde y quién no. Segundo, hay que enseñarles a decir no a la gente de la que desconfían y que para ellos es extraña,aunque sean amigos de la familia”.
Finalmente, apunta, se debe incidir en las opciones que tienen para denunciar el abuso en caso de que se haya perpetrado. “Enseñarles que si no pueden confiar en la familia, porque es donde se ha cometido el delito, existen otras rutas, como la escuela. Lo más difícil es generar confianza para que hablen. Para ellos es complicado reconocer que quien les hizo daño es una persona a la que quieren”, concluye.
Fuente del artículo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/registro-de-abuso-sexual-en-colombia-contra-menores-de-edad-311738
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