Tal parece que el transcurso del tiempo, inclusive en el caso de políticas públicas de trascendencia como el caso del Bono Juancito Pinto (BJP) hace aparecer estas medidas como una rutina y se olvida su valor social-económico-comunitario y su sentido estratégico y equitativo. Para tener presente ese valor y sentido, habría que recordar que, pese a voces agoreras que anunciaron pronto fracaso, el BJP se entrega a estudiantes de unidades educativas desde 2006 hasta el presente, es decir, nada menos, desde hace 17 años.
Como lo señala el DS 28899 de 26 de octubre de 2006, el bono Juancito Pinto es un subsidio de incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar de estudiantes de unidades educativas públicas de todo el territorio nacional, en el marco de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien 2006-2012”. En 2006, el programa benefició a 1.084.967 estudiantes de 1º a 5º de primaria y de centros de educación especial, con una inversión de cerca de Bs 220 millones, mientras que en la presente gestión se prevé entregar a 2.316.385 estudiantes de educación primaria, secundaria y especial con una inversión de casi Bs 470 millones para efectivizar el pago de Bs 200 a cada beneficiario. De estas cantidades fácilmente se puede deducir que, comparado con sus inicios, en la actualidad el BJP ha duplicado y más el número de beneficiarios, por tanto, en igual proporción aumentaron los recursos invertidos.
También cabe considerar otros logros y efectos positivos del BJP, señalados en distintos estudios etnográficos y cualitativos, investigaciones y análisis estadísticos realizados en distintas gestiones. Por ejemplo, el análisis de los indicadores educativos indica que “La tasa de deserción escolar en Bolivia bajó del 6,4% en 2006 al 1,6% a la fecha…” (Ministerio de Economía, 2022) “Una revisión panorámica de la información estadística de los indicadores educativos —tras la implementación del BJP— muestra una mejora en la tasa de matriculación en el sistema público del ciclo primario, tanto a nivel de género, así como considerando el ámbito rural y urbano. La tasa de abandono en general también tuvo una marcada tendencia decreciente. La tasa de promoción también paulatinamente tendió a mejorar. Asimismo, la transferencia monetaria condicionada está negativamente asociada con la tasa de reprobación y con la tasa de abandono. Al cuantificar la magnitud de la incidencia del bono Juancito Pinto se constata: a) el impacto positivo y muy significativo en la tasa de matriculación, el mismo que estaría en el orden en promedio de 1%; b) igualmente el BJP impactó de forma positiva y significativa en la permanencia escolar, en promedio en 1%; c) asimismo el BJP mejoró sustancialmente la tasa de promoción, en torno al 3,7%. En resumen, el bono Juancito Pinto cumple con los objetivos previstos en el DS 28899.” (H. Aguilar, 2014) Es más, otro estudio sostiene: “Los resultados sugieren que el BJP ha tenido un impacto positivo en la reducción de la inasistencia escolar en el ciclo primario, ha colaborado en la reducción de los niveles de indigencia además de haber mejorado la distribución del ingreso, sobre todo en el sector rural del país.” (E. Yáñez, 2012) Un resumen de estos logros puede resumirse en la contribución del BJP al ejercicio del derecho a la educación.
Otros efectos del BJP se pueden encontrar en variables económicas. En principio, los recursos entregados a estudiantes en 2006 principalmente tuvieron su origen en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de los recursos provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos (DS 28899-2006), mientras que en la actualidad 26 empresas estratégicas estatales aportan con recursos financieros. Un claro desmentido a supuesta ineficiencia o quiebra de empresas estatales estratégicas y una opción por políticas sociales equitativas. Pero además debemos considerar que al “inyectar” en un tiempo de solo un mes Bs 470 millones a través de las familias, claro que se incentiva la demanda interna, se dinamiza la economía y se incentiva la producción.
El bono Juancito Pinto, a 17 años de su vigencia, sigue constituyéndose en una medida estratégica que aporta a la reducción de la inequidad y desigualdad, y tiene que ser comprendido en su real valor y sentido.
Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial.
Doris Martínez fue cocinera en un restaurante de Venezuela que cerró sus puertas; migró a Colombia, enfermó de tanto trabajar de pie ante un fogón, y regresó a su país donde, junto a su esposo e hijos, administra un concurrido quiosco de comida rápida en una carretera de los Valles del Tuy, aledaños a esta capital.
El peruano Johnny Paredes fue vigilante y empleado de un restaurante en Lima hasta que decidió trabajar por cuenta propia como vendedor ambulante de prendas de fantasía, en las mañanas, y comidas y bebidas en las tardes, en el emblemático barrio de Miraflores.
El técnico de computadoras mexicano Jorge de la Teja labora en la capital de su país muchas más horas que en su antiguo trabajo en una empresa de servicios, pero, con el viento a favor del teletrabajo forzado por la covid-19, sus clientes e ingresos han aumentado en los dos años que lleva la pandemia.
En América Latina y el Caribe 140 millones de trabajadores (51 % del total de personas ocupadas) laboran en el sector informal y han sido fuertemente impactados por la covid. Pero, a menudo desde las calles, toman el pulso de la crisis y asumen nuevas tareas o emprendimientos para hacerse con el sustento diario de sus familias.
Desatada la pandemia en marzo de 2020, se perdieron en la región 49,6 millones de puestos de trabajo, tanto formales como informales, y de ellos 23,6 millones ocupados por mujeres, según datos del último panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en febrero.
La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región”, señaló a IPS desde la sede regional de la OIT en Lima la argentina Roxana Maurizio, especialista en economía laboral del organismo.
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han mostrado que, de ese 51 % de trabajadores en la informalidad, hasta 37 % se ocupan en el sector informal de la economía, más de 10 % en el sector formal y 4 % dentro de los hogares.
En la práctica, «una de cada dos personas ocupadas en la región está en condiciones de informalidad», según la OIT y un tercio labora por cuenta propia, de acuerdo a la Cepal.
La OIT considera empleo informal todo trabajo remunerado (tanto el autoempleo como el empleo asalariado) que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Para los trabajadores que lo realizan, añade, la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos.
La venta ambulante es una de las expresiones de la informalidad laboral que domina numerosas calles de las grandes ciudades de la región, como en este mercado al aire libre en Lima. Foto: Cortesía de Johnny Paredes
Los rostros de las cifras
Paredes, de 46 años, dijo a IPS desde Lima que “en casos como el mío resulta mejor, por la independencia de tener mi propio horario y encogerlo o alargarlo según como resulte la jornada, y porque en la calle gano al día entre 25 y 35 dólares, el doble de lo que me pagaban en los anteriores empleos”.
De la Teja, de 37 años, coincide y explica que en Ciudad de México mantiene a su familia “con holgura, en alimentos y demás gastos del día a día, me ingresan más de 2000 dólares al mes. Pero se hacen difíciles las cargas extras como seguros, o al pensar en viajar de vacaciones”.
Martínez, a sus 50 años, madre de dos varones y tres hembras y ya con tres nietos, aún hace trabajos en el servicio doméstico y de cuidados en las mañanas y al mediodía, y luego va a “Doris Burger”, el quiosco familiar, al que atiende junto a su esposo y dos hijos.
Allí puede ganarse “unos 30 o 35 dólares de lunes a viernes, y hasta 50 el fin de semana. Mucho más que en los trabajos que he tenido ante un fogón desde jovencita, y mejor también porque ingresa algo de plata para varios miembros de la familia”.
Distinta es la situación de Wilmer Rosales, de 39 años, un “todero” (sabe de varios oficios) en Barquisimeto, ciudad a 350 kilómetros al oeste de Caracas, para quien “aquí en el interior (del país) no se consigue casi nada qué hacer y cuando hay, la paga es muy poca, dos, tres, o cinco dólares por una jornada de trabajo, cuando mucho”.
El reparto de comida y otros productos a domicilio se ha instalado como una fuente de trabajo informal en las ciudades latinoamericanas, en un sector impulsado por la pandemia de covid, que llegó para quedarse. Foto: OIT
Recuperación con menos empleo
La OIT mostró en su informe de febrero que el crecimiento económico registrado en la región en 2021, de 6,2 %, ha sido insuficiente para recuperar el mercado laboral, y la tasa regional de desocupación se ubica en 9,6 %.
De los 49 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 millones, en su inmensa mayoría correspondientes a mujeres. Y en total hay unos 28 millones de personas buscando trabajo.
Tras el inicio de la pandemia, la crisis se manifestó de manera atípica y en vez de afectar más a las ocupaciones formales hubo una pérdida mayor de empleos informales, lo que dejó a millones de personas sin ingresos.
En Argentina, México y Paraguay, por ejemplo, la reducción de los puestos informales dio cuenta de más de 75 % de la caída del empleo total durante la primera mitad de 2020. En Costa Rica y Perú este valor fue algo menor, 70 %, mientras que en Brasil y Chile fue de alrededor de 50 %.
La situación se ha revertido, y los países con datos disponibles indican que entre 60 y 80 % de los empleos recuperados hasta el tercer trimestre de 2021 lo fueron en condiciones de informalidad.
Entre los factores que favorecen la recuperación informal está la destrucción de empleos por la pandemia, la mayor facilidad para interrumpir una relación asalariada informal, su mayor incidencia en emprendimientos y empresas pequeñas, como el caso de Martínez, y la imposibilidad de muchos informales para hacer teletrabajo.
Para las mujeres hay importantes rezagos en esta recuperación, por su mayor presencia en sectores fuertemente afectados por la crisis y lentamente reanimados, como hotelería y restaurantes. En sectores altamente feminizados, como el trabajo en el servicio doméstico, la tasa de informalidad supera 80 %.
La informalidad tampoco es benigna con los jóvenes, que enfrentan una mayor intermitencia laboral, explicada en parte por las intensas entradas y salidas de la fuerza de trabajo; y la mayor inestabilidad laboral se asocia a su prevalencia en actividades informales, precarias, de baja calificación.
El teletrabajo es una opción de trabajo informal que prosperó durante la pandemia covid-19 en América Latina y un refugio laboral para las mujeres, especialmente perjudicadas por la abrupta caída del empleo durante el confinamiento y el cierre de actividades no esenciales a comienzos de la crisis sanitaria. Foto: OIT
No dejar a nadie atrás, especialmente a ellas
Con ese panorama, la informalidad representa un desafío a la necesidad y propuestas en la región para producir, al paso de la pandemia y como modo de superarla, una recuperación sostenible e inclusiva, “sin dejar a nadie atrás”, como reza el mantra ya incrustado en el discurso de diversos organismos internacionales.
Maurizio apuesta claramente por la formalización del empleo. “Hoy más que nunca se requiere que la recuperación esté centrada en las personas; en particular, en la creación de más y mejores empleos, empleos formales”, expuso.
La informalidad “continúa siendo una de las características más importantes de los mercados de trabajo de la región. La recuperación económica y social no será posible si no se avanza de manera significativa en la reducción de su incidencia”, destacó la especialista de la OIT.
Una condición necesaria es “avanzar en un proceso de crecimiento económico con estabilidad, reconstrucción del aparato productivo y mejoras persistentes en la productividad”.
Debe haber, según la experta, “un foco particular en la transición digital y los jóvenes; fortalecimiento de las instituciones de trabajo como, por ejemplo, el salario mínimo; políticas de cuidado que permitan a las mujeres retornar y permanecer en el mercado de trabajo; y apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.
Asimismo, abogó por que se amplíen los seguros por desempleo, y políticas de protección social y “garantías de ingresos para la población que continúa siendo fuertemente afectada por la crisis”.
La perspectiva de género adquiere “una relevancia central en la recuperación, teniendo en cuenta que de los 4,5 millones de puestos de trabajo que faltan por recuperar, 4,2 millones corresponden a ocupaciones femeninas”.
Se requiere, entre otras medidas, “facilitar el regreso de las mujeres al mercado de trabajo de la mano de una política de inversión en servicios de cuidados integral y de mayor cobertura, que a la vez sea una fuente de empleo formal. Asimismo, apuntalar la recuperación de los sectores económicos con alta presencia femenina”.
La precariedad en las condiciones de trabajo ha sido una característica de la informalidad asociada a la pobreza en América Latina: Foto Marcello Casal /Agencia Brasil
Sindicatos para nueva clase trabajadora
Desde el mundo sindical, el brasileño Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), agregó el reto de “tener un sindicato para la actual clase trabajadora, que en buena parte es precarizada, tercerizada, trabajando desde aplicaciones”.
Esa fuerza de trabajo, “sin contrato laboral y que cada vez más hace parte del sector informal, lo es en grandes proporciones, por ejemplo 70 % en Honduras y 80 % en Guatemala”, dijo el líder del conglomerado sindical con 55 millones de afiliados desde su sede en Montevideo.
La informalidad, estructural en el panorama social y laboral latinoamericano, es una pesada losa para el despegue económico y la justicia social en la región, y mientras los gobiernos formulan estrategias, definen políticas y toman medias, millones de ocupados informales abren el paraguas de la resiliencia para “resolver” su pan de cada día.
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