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Ecuador – No Intervención: un tema latinoamericano

No Intervención: un tema latinoamericano

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador, lunes,  14 de Diciembre, 2020

Después de la independencia de los EEUU (1776), América Latina fue la primera región del mundo en romper con el coloniaje europeo en los albores del sistema capitalista, pues en Asia y África la liberación anticolonial solo se logró durante el siglo XX.

Las nacientes repúblicas latinoamericanas del siglo XIX se desarrollaron en una época de nuevos conflictos e intereses entre las potencias occidentales por dominar el mundo y en la cual también los EEUU requirieron de zonas de influencia. Para ello sirvió la “Doctrina Monroe” (1823), orientada en sus orígenes a detener cualquier intento europeo de reconquista colonial en el continente, pero que se transformó en una guía de la conducta exterior de los EEUU frente a Latinoamérica. Por eso, en 1896, convocado por iniciativa del caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro, se reunió en México el primer Congreso de naciones del continente -boicoteado por los EEUU-, que apenas pudo reunir a 8 países, pero que emitió un contundente documento en el cual, además de cuestionar el uso del “monroísmo” para la expansión de los intereses norteamericanos, acordó la necesidad de sujetar a esa doctrina a un verdadero orden jurídico continental.

De este modo, la urgencia de preservar la soberanía de cada país y la independencia nacional, hicieron de América Latina la región pionera en impulsar el principio de no intervención como política internacional, precisamente con el avance del siglo XX, en el cual la fase del imperialismo capitalista crecientemente afirmó un nuevo tipo de disputas económicas entre las grandes potencias, que derivó en dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y en constantes intervenciones sobre los países del “Tercer Mundo”.

Las propuestas contra el intervencionismo de las grandes potencias ya se encuentran en el chileno Andrés Bello, los argentinos Carlos Calvo y, sobre todo, Luis María Drago, quien en 1902 se lanzó contra la incursión armada de Alemania, Gran Bretaña e Italia sobre Venezuela, para cobrar sus deudas (“Doctrina Drago”). También el mexicano Isidro Fabela escribió sobre el intervencionismo, mientras su compatriota, el presidente Venustiano Carranza (1917-1920), al calor de la cultura radical y nacionalista que incubó la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 -una Carta de enorme importancia mundial, que inauguró el derecho social en América Latina- proclamó la no intervención como política del Estado y como fundamento para respetar la soberanía de los pueblos y sus formas autónomas de gobierno (“Doctrina Carranza”).

Pese a esos iniciales y visionarios conceptos sobre la no intervención, fue la VII Conferencia Internacional Americana, reunida en Uruguay en 1933, la que adoptó la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” (https://bit.ly/3qPnEkf), estableciendo: Art. 8- Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. Además, en la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, realizada en Buenos Aires en 1936 (a la que asistió Franklin D. Roosevelt, presidente de los EEUU) igualmente se acordó: Art. 1º.—Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las Partes. // La violación de las estipulaciones de este artículo dará lugar a una consulta mutua, a fin de cambiar ideas y buscar procedimientos de avenimiento pacífico (https://bit.ly/3nbxJWG).

Todo parecía advertir que el principio de no intervención quedaba históricamente consagrado en América. De modo que al nacer la OEA, su Carta constitutiva, aprobada en Bogotá el 30 de abril de 1948, simplemente se acogió y ratificó lo siguiente: Art. 19- Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen (https://bit.ly/2IEILoi).

Cuando se creó la ONU (1945) y sobre la experiencia sufrida por la II Guerra Mundial (1939-1945), la idea de la paz pareció un mensaje de valor universal, de modo que el “Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados” (1949) incluyó varios principios sobre la soberanía e independencia de los Estados y acordó: Art. 3- Todo Estado tiene el deber de abstenerse de inter­venir en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado; y en el Art. 9: Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recu­rrir a la guerra como instrumento de política nacio­nal, y de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquiera otra forma incompatible con el derecho y el orden internacionales (https://bit.ly/33ZlwwL).

Parecía un progreso civilizatorio de la humanidad. Sin embargo, contrariando todos estos marcos históricos y jurídicos, el desate de la guerra fría en el mundo desde la década de 1950 y su introducción en América Latina a raíz de la Revolución Cubana (1959) alentaron nuevos intervencionismo de las grandes potencias. El combate al “comunismo” en nuestra región se convirtió en pretexto y justificación para el intervencionismo norteamericano en todos los países latinoamericanos y mediante diversos mecanismos. Entre tantos casos, podría anotarse la invasión a Guatemala (1954) para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y garantizar los intereses de la United Fruit Co.; el ilegítimo bloqueo económico a Cuba (que continúa hasta el presente pese a las condenas mundiales); el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile (1973) para instaurar la terrorista dictadura de Augusto Pinochet; o el financiamiento y apoyo a los “contras” en Nicaragua para derrocar al Sandinismo, que logró tomar el poder por las armas en 1979 y dar fin a la sanguinaria dinastía de los Somoza. De nada sirvió que la Corte Internacional de Justicia emitiera, en 1986, un inédito y contundente fallo, que dice: La Corte. Por 12 votos contra 3. Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado (https://bit.ly/3qMKr0c). Imposible dejar de señalar la guerra de las Malvinas en 1982, que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina.

Pero el sentido hegemónico y perdurable en el continente ha sido el intervencionismo dirigido exclusivamente contra gobiernos que los EEUU han considerado que perjudican a sus intereses y que no terminó con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. Se ha mantenido y revivió específicamente durante el ciclo de los gobiernos progresistas latinoamericanos, siempre sospechosos por “socialistas” o “izquierdistas”. Su mayor expresión ha sido Venezuela, país contra el que se ha instaurado el segundo bloqueo económico norteamericano en el continente, que es la raíz de los enormes problemas que ahora tiene ese Estado.

Lo más grave en América Latina no es solo el hecho de que el principio de la no intervención, que nació aquí, en esta región, se usa en función de la geoestrategia continental, sino que una serie de gobiernos se han inclinado por el desconocimiento o manipulación del mismo con fines exclusivamente de conveniencia política. Así ha ocurrido con los integrantes del “Grupo de Lima” (nació en 2017 y Ecuador se vinculó a él en septiembre de 2018), unilateralmente enfocado contra Venezuela. Se llegó al insólito caso, sui géneris en la historia republicana de Latinoamérica, de reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de un país que solo existía en las mentes y declaraciones de quienes lo reconocieron.

El gobierno del Ecuador, por su parte, tuvo recientemente un doble y paradójico comportamiento. Mientras, por un lado, en un comunicado oficial que se hizo público a través de Twitter el 5 de diciembre (2020), resolvió, como política de Estado (y aún antes de que se realizaran las elecciones): “el gobierno del Ecuador no reconocerá los resultados del proceso electoral venezolano, que violan la Constitución y está viciado de toda legalidad” (https://bit.ly/37Ufv5z); por otra lado, en un nuevo comunicado del siguiente día, 6 de diciembre, la Cancillería se refirió a un Twitt de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández (opinaba sobre la ausencia de “democracia” en el país, ante la falta de legalización de la candidatura presidencial de Andrés Aráuz – https://bit.ly/3ncvXEP) y sostuvo que rechazaba esta “inaceptable intervención en los asuntos internos del Ecuador” (https://bit.ly/3a2Lmnt).

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/no-intervencion-un-tema-latinoamericano/

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Tulio Ramírez: Planteles educativos deberían decidir retorno a las aulas. Venezuela

Señaló el educador que para algunos países de la región es más sencillo plantearse la presencialidad por las condiciones de recursos, pero en Venezuela resulta complejo por las deficiencias en materias de servicios básicos, combustible y salarios.

El doctor en Educación, Tulio Ramírez, considera que los directores y maestros de los centros educativos deben ser quienes decidan si pueden retomar la presencialidad en las aulas de clases, refiere el portal web de noticias unionradio.net

«La primera directriz que deberían tomar las autoridades educativas es dejar que los planteles tomen la decisión, haciendo una revisión previa de sus condiciones para el retorno a la presencialidad, ese debería ser el primer lineamiento porque el control excesivo puede generar decisiones no apegadas a la realidad, los directores son los que conocen a sus escuelas y los maestros a sus alumnos», dijo.

Precisó, en entrevista con Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio, que los colegios que cuentan con una infraestructura virtual, plataformas sólidas de conectividad pueden seguir desarrollando actividades de carácter mixto y habrá otros donde la presencialidad será total sobre todo en los grados más bajos y en zonas con fallas de conexión «porque si no la brecha va a seguir aumentando».

Señaló que para algunos países de la región es más sencillo plantearse la presencialidad por las condiciones de recursos mientras que para Venezuela resulta complejo por las deficiencias en materias de servicios básicos, combustible y salarios.

Comentó que un estudio en Ecuador reveló que en la red de colegios privados, los estudiantes solo han aprovechado 25% de los contenidos en confinamiento.

«Eso sí lo llevamos a la educación oficial donde no hay aulas virtuales, la conectividad es precaria, en zonas rurales y que no hay cobertura ese 25% puede reducir aún más».

Alertó que a pesar que los estudiantes están aprobando los grados pareciera que están avanzando sin adquirir las competencias necesarias para su formación.

«Esto supone un problema grueso (…), luego cuando lleguen a la universidad van a tener serias dificultades de éxito académico, eso está atacando a toda América Latina, esto no es exclusivo de Venezuela , en Venezuela se agrava».

El experto en educación sugirió implementar políticas de Estado que apoyen a los planteles a garantizar las medidas de bioseguridad para que a su vez se minimicen posibles consecuencias en las generaciones que se están formando hoy en día.

 

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:235285/Tulio-Ram%C3%ADrez_-Planteles-educativos-deber%C3%ADan-decidir-retorno-a-las-aulas

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Honduras: ¿Cuál es la situación de Honduras en Educación y Salud?

Por: telesur.net/05-06-2019

Los manifestantes reclaman una solución integral a los principales problemas que afectan a la Educación y Salud en el país centroamericano.

La plataforma en Defensa de la Educación Salud anunció nuevas movilizaciones para este martes en las principales ciudades de Honduras a pesar de la derogación por parte del Gobierno de los decretos que originado el paro de ambos sectores en el país.

La derogatoria fue publicada este 3 de junio en el diario oficial La Gaceta, Sin embargo desde la plataforma desconocen a los firmantes del acuerdo con el Gobierno, pues a la firma no asistió ningún representante de la organización.

Entre las protestas, se destaca el deseo de la ciudadanía por «menos armas y más educación» enHonduras, mientras aseguran que la intención del Gobierno de Juan Orlando Hernández no es «mejorar» los sectores educativos y de salud, sino privatizarlos.

Video insertado

Tanto la Salud como la Educación presentan graves problemas debido a la falta de una política de Estado, la corrupción y la desinversión en estos sectores.

Problemas Educación

En cuanto a la Educación, una de las principales problemáticas se refiere a la falta de escuelas, el 75 por ciento de los colegios públicos  están destruidos, siete de cada diez escuelas están dañadas y solo funciona un servicio sanitario para cada niño.

Ovenir Flores, vicepresidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, dijo por su parte que la situación de la educación en el país es «crítica».

«El 75 por ciento  de los centros educativos están destruidos. No hay pupitres en las aulas, no hay merienda escolar ni capacitación docente. Los salarios de los maestros llevan 10 años congelados», explicó

Problemas de Salud

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, señaló  que «el origen de las protestas es el hecho de que el gobierno sistemática y progresivamente ha ido haciendo un desmontaje del sistema de salud, ha ido precarizando la prestación de los servicios de salud de la población hondureña a través de muchas leyes que ha ido promulgando».

La corrupción es una de los graves problemas dentro el sistema de salud, de acuerdo  a datos del Consejo Nacional Anticorrupción los niveles de corrupción en el área han alcanzado un 49 por ciento.

Recortes en el presupuesto de Salud y  la falta de personal médico es otro de los graves problemas, según estimaciones internacionales deberían haber 25 médicos por cada 10.000 habitantes, sin embargo en Honduras existen 16 especialistas.

La ausencia de personal médico ( doctores, especialistas y enfermeras) han complicado la atención sanitaria a la mayoría de los hondureños.

Video insertado

Más allá de la derogación de los decretos para la reforma del sector salud y educación, la Plataforma y los manifestantes insisten en una solución a las grave problemática educativa y de salud en Honduras.

Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/news/honduras-problematica-sector-salud-educacion-20190604-0006.html

Fuente de la Imagen: https://www.telesurtv.net/news/honduras-problematica-sector-salud-educacion-20190604-0006.html

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Rubalcaba, la LOGSE y la educación

Por: Álvaro Marchesi.

 

La negociación de la ley con la comunidad educativa iprimero y en el Parlamento después fue también tarea casi exclusiva de Alfredo

Tuve la enorme suerte de trabajar con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio de Educación. Cuando él ocupaba el puesto de secretario de Estado, fui director general de Renovación Pedagógica, una dirección cuyo objetivo era elaborar un modelo integral sobre la reforma educativa. Más tarde le sustituí cuando fue nombrado ministro de Educación. Durante estos seis años, de 1986 a 1992, se diseñó, se aprobó y empezó la aplicación de la LOGSE, por lo que pude conocer bien sus ideales, sus habilidades y su forma de trabajar

La LOGSE no se improvisó. Primero se presentó un Libro Blanco sobre la reforma educativa en 1989. En él se incluían el sentido de las nuevas etapas educativas, los nuevos institutos en cada una de las Comunidades Autónomas que dependían del Ministerio, las medidas para mejorar la calidad de la enseñanza y el coste de todo ello (1,3 billones de pesetas). La negociación con el Ministerio de Hacienda para conseguir el aval a una propuesta tan ambiciosa y tan costosa fue obra de Alfredo, aunque hay que reconocer que el apoyo del ministro Solana y del presidente González fueron factores decisivos.

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La negociación de la LOGSE con la comunidad educativa primero y en el Parlamento después fue también tarea casi exclusiva de Alfredo. La consecuencia de su habilidad y esfuerzo fue el respaldo final de todos los partidos excepto del Partido Popular.

A lo largo de estos años vivimos juntos un esfuerzo enorme para acertar en el diseño de la LOGSE y para convencer a la sociedad y a la comunidad educativa de que las reformas propuestas merecían la pena. Solo destacaré en estas líneas los cambios más importantes para que pueda visualizarse su profundidad y su dificultad: un nuevo nivel de educación infantil hasta los 6 años con el objetivo de escolarizar a todos los niños de los 3 a los 6; una etapa de Educación Secundaria Obligatoria de los 12 a los 16 años en los antiguos Institutos de Enseñanzas Medias, lo que suponía que los maestros de 7º y 8º de la antigua EGB pasaran a dar clase en los Institutos; la construcción de centenares de nuevos Institutos de Secundaria en muchas ciudades y pueblos que solo tenía EGB para acercar la enseñanza obligatoria hasta los 16 años a todos los alumnos; un nuevo modelo de Formación Profesional con una oferta al término de la ESO y otra de Formación Profesional Superior al finalizar el Bachillerato; una apuesta por mejorar la calidad y la equidad educativa reduciendo el número de alumnos por aula, incorporando equipos y departamentos de orientación en los centros y ampliando la formación continua del profesorado; un nuevo currículo que incluyera no solo la enseñanza de conocimientos, sino también la educación en las estrategias de aprendizaje y en los valores.

La aprobación de la LOGSE impuso una tarea ingente, pues su desarrollo exigía cambios en los contenidos de la enseñanza, nuevas tareas de los docentes, traslado de alumnos y de profesores, reformas en la formación inicial y permanente de los profesores y nuevos modelos de organización de los centros. Cada uno de estos temas abría en cascada otros muchos. Por ejemplo, si ya no iba a continuar el 7º y 8º de EGB, había que cambiar la especialidades de las escuelas de Magisterio. Pero, ¿qué perspectivas laborales se podían ofrecer a los estudiantes que se estaban preparando para dar clase en estos cursos?

Rubalcaba ha sido un hombre que creía en la capacidad de la educación para mejorar a las personas y reducir las desigualdades

Es preciso recordar que la LOGSE fue aplicada en gran parte de las Comunidades Autónomas desde el propio Ministerio de Educación, pues dependían de su gestión directa hasta su traspaso definitivo años después. Este hecho multiplicaba el esfuerzo del ministerio. Tal vez por ello se pudo asumir un liderazgo educativo en el conjunto de la educación española.

En este proceso, Alfredo volvió a demostrar unas habilidades estratégicas y negociadoras extraordinarias. Analizaba cada problema y veía sus implicaciones en otros posibles conflictivos. Hablaba entonces con sus interlocutores una y otra vez para buscar soluciones equilibradas, porque la cesión a un colectivo podía suponer agravios a otro o abrir una cadena interminable de reivindicaciones. En el conflicto con las Escuelas de Magisterio, el punto de encuentro fue establecer en la LOGSE que para el ingreso en el cuerpo de Maestros era necesario estar en posesión del título de Maestro, lo que anteriormente no era así.

Aprendí de él cuatro estrategias que he seguido fielmente. La primera, escribir el primer texto para la negociación. Siempre me decía: el primer texto marca el campo de juego y es fundamental. Y añadía: los políticos hablan mucho, pero no escriben. La segunda, tener en cuenta la perspectiva humana y política del negociador contrario. Entender qué necesita. La tercera, no dar nunca por perdida una negociación por imposible que parezca. A veces, cuando los sindicatos de profesores se levantaban de la mesa y decían que no volverían a reunirse, él me comentaba posteriormente que estaba dispuesto a llamarles de nuevo de forma individual para intentar alguna salida. Y la última, revisar de manera concienzuda todo lo que se escribe antes de su publicación. Era un poco pesado en esto. El desarrollo de la LOGSE supuso decenas de decretos, órdenes y reglamentos. Por mucha confianza que tuviera en nosotros, y de hecho la tenía, los leía con rapidez y en voz alta y te indicaba no solo cambios de fondo, sino también en las palabras para una mejor comprensión e incluso te advertía si una coma faltaba o estaba mal puesta. A esta tarea hemos dedicado todas las tardes de los sábados durante muchos años.

Hemos seguido conversando sobre educación hasta pocas semanas antes de su muerte. Yo le enviaba mis informes sobre los futuros cambios educativos, el último sobre la evaluación del profesorado y su desarrollo profesional, y él me comentaba sus impresiones y me abría nuevas perspectivas. Se acordaba de todas las normas aprobadas. En esta última etapa hablaba mucho más con los profesores y notaba una mayor valoración de la LOGSE que en el pasado, lo que le producía una íntima satisfacción.

Ha sido un hombre que creía en la capacidad de la educación para mejorar a las personas y reducir las desigualdades; un hombre inteligente, divertido, irónico, buen jefe y buen amigo, defensor de sus ideas, pero respetuoso con los que pensaban diferente. Un hombre leal y admirable.

 

 

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2019/05/17/opinion/1558081829_504349.html

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¿Cómo generar trabajo para los investigadores? Científicos chilenos proponen medidas concretas

Por: El definido/Lorenzo Reyes/ 22-09-2017

Investigadores chilenos residentes en Suiza se reunieron para proponer acciones que ayuden a integrar la ciencia en nuestro país más allá del ámbito académico. ¿Cómo lograrlo?

Hace algunos días, se hizo en Berna el tercer Encuentro de Investigadores Chilenos en Suiza, donde se habló sobre la inserción laboral de investigadores. ¿Qué nos falta como país para darle más espacio (y trabajo) a los científicos?

En la cita, participaron chilenos que trabajan como investigadores en el sector público y privado suizo; e invitados expositores de Chile y Suiza con amplia experiencia profesional. Se dedicaron a identificar y analizarvías de integración concretas para que los investigadores con formación internacional puedan volver al país e incorporarse al mundo laboral exitosamente.

¿En simple? Que tengan pega y puedan aportar al país luego de haber estudiado.

Muy breve: el problema

Actualmente 5 mil chilenos realizan estudios de postgrado en el extranjero, muchos de ellos con Becas Chile y deben regresar al país al término de sus estudios. Pero volver y encontrar trabajo no es cosa fácil, incluso algunos quedan en el aire y se pierden buenos talentos.

¡Y al grano! Las propuestas

La principal actividad de este encuentro fue organizada por el Prof. Dr. Mauricio Reyes de la Universidad de Berna y llegamos a las siguientes propuestas para aplicar en 4 áreas diferentes y así incrementar la integración de investigadores en los tres ámbitos: académico, público y privado.

Políticas de Estado

Además de esfuerzos actuales que buscan resolver de manera directa la inserción, abriendo posibilidades de financiamiento para facilitar la contratación de investigadores, el Estado debiese poner énfasis en los siguientes aspectos:

  1. Innovación “made in Chile”: promover la generación de industrias tecnológicas nacionales. Proponemos asignar fondos de riesgo estatales que tengan como objetivo la generación de una industria tecnológica, por ejemplo, en los programas FONDAP.
  2. Más estado, menos gobierno: como en toda materia fundamental del país, complementar la discusión de corto plazo en términos de ciencia (creación del Ministerio de Ministerio de Ciencia y Tecnología, extensión/focalización de Becas Chile) y crear una visión país para el desarrollo de programas de financiamiento y fomento de la ciencia y la innovación. Crear una hoja de ruta de la Ciencia.
  3. Innovación y desarrollo de nuevos sectores productivos: generar planes de financiamiento especiales para propuestas únicas en el país que tengan perspectivas de desarrollo productivo en el largo plazo.

– Educación

Aquí el cambio está principalmente en el aula y debe ser apoyado por la comunidad científica.

  1. Ciencia en Enseñanza Básica: mostrar aplicaciones prácticas relacionadas con las materias educativas en base al entorno del escolar. Debemos sembrar la semilla de la búsqueda, cuestionamiento y debate continuo en los niños desde pequeños. Esta propuesta requiere de la intervención de organismos gubernamentales.
  2. Promover la educación bilingüe: bien sabemos que formalmente nuestra educación es bilingüe. Sin embargo, muy pocos puedenefectivamente desenvolverse en inglés, el principal idioma en Chiledespués del español. Nuestra hipótesis es que los chilenos, en general, no estamos expuestos a instancias donde se necesite un segundo idioma. Por ello, proponemos que se incentive el intercambio y cooperación continua con escuelas de otros países (de distinta lengua materna) y con colegios chilenos-bilingües.
  3. Educación como herramienta para pensamiento crítico y creativo:fomentar en los formadores, profesores y profesoras, la capacidad de entregar educación para aprender a aprender. Que cada escolar tenga la capacidad de generar su propio camino en base al cuestionamiento constante y la formación de sus propias ideas. Proponemos reforzar los programas de entrenamiento de formadores – es decir, depende de cada escuela – para desarrollar la capacidad creativa, deductiva, inductiva, de esbozar mentalmente procesos (dejar de repetir), cuestionando el entorno y con ello generar nuevas ideas, evitando los cursos informativos tecnológicos.

Modernización

Propuestas para que las instituciones (públicas y privadas), sufran procesos de constante cambio y mejora, teniendo equipos de trabajo dedicados exclusivamente a esa labor.

  1. Inserción de estudiantes en las instituciones: que los estudiantes universitarios de postgrado (magíster y doctorado) que desarrollan su investigación en instituciones del estado o en la industria privada, tengan la labor de proponer mejoras para el funcionamiento de quehacer de la institución. Esto es, evitar el aislamiento profesional que existe hoy en día y darle la oportunidad al estudiante – con una visión externa y propia- de proponer ideas para el mejoramiento de los procesos de la institución.
  2. Generación de grupos de investigación en las instituciones: tanto en la industria privada como en el sector público, debemos incentivar la creación de grupos de investigación cuyo objetivo sea el mantener en constante modernización la institución a la que pertenecen, ya sea generando nuevos productos en base al mercado (en el sector privado por ejemplo), como evaluando la evolución de la ciudadanía y generando instrumentos que se actualizan continuamente (en el sector público). El investigador está formado para, en base al análisis de la situación actual y las experiencias internacionales, generar propuestas de modernización continua independiente de su lugar de trabajo.
  3. Descentralización: darle poder a las autoridades regionales para decidir sobre la repartición de los recursos de ciencia y tecnología en base a las necesidades de la comunidad local. Dotar a las universidades regionales de autonomía científica.

– Rol de los investigadores en la sociedad

  1. Integración de los investigadores: involucra un cambio de pensamiento de empresarios y funcionarios públicos para concebir a los investigadores como parte necesaria de sus actividades de gestión y producción, de manera de generar mejora continua.
  2. Desarrollo de redes de contacto: incentivar la adhesión y participación activa de investigadores en asociaciones científicas que promuevan y ofrezcan esquemas de tutoría a jóvenes científicos menos experimentados en temas de interés mutuo. Ello exige, por parte de la asociación y sus miembros más experimentados gran compromiso.
  3. Difusión científica: desde el mundo de los investigadores, generar estrategias de difusión coordinadas de manera de concientizar a la sociedad de su rol y la importancia de su labor, así como también incentivar a los escolares a participar de actividades relacionadas con la ciencia. Sabemos que ya existen muchos esfuerzos en esta dirección, pero creemos que toda y cada una de las instituciones que hacen ciencia en Chile deben tener un grupo dedicado a la difusión de su trabajo. La sociedad sigue viendo a los investigadores como entes extraños resolviendo problemas complicados y sin efectos para su vida, o que aquellos que están realmente haciendo ciencia están en Europa o Estados Unidos, cuando en realidad tienen mucho que aportar (o ya están aportando) a las más variadas áreas en nuestro país.

*Fuente: http://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/9031/Como-generar-trabajo-para-los-investigadores-Cientificos-chilenos-proponen-medidas-concretas/

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The Culture of Cruelty in Trump’s America

Por: Henry A. Giroux

For the last 40 years, the United States has pursued a ruthless form of neoliberalism that has stripped economic activity from ethical considerations and social costs. One consequence has been the emergence of a culture of cruelty in which the financial elite produce inhuman policies that treat the most vulnerable with contempt, relegating them to zones of social abandonment and forcing them to inhabit a society increasingly indifferent to human suffering. Under the Trump administration, the repressive state and market apparatuses that produced a culture of cruelty in the 19th century have returned with a vengeance, producing new levels of harsh aggression and extreme violence in US society. A culture of cruelty has become the mood of our times — a spectral lack of compassion that hovers over the ruins of democracy.

While there is much talk about the United States tipping over into authoritarianism under the Trump administration, there are few analyses that examine how a culture of cruelty has accompanied this political transition, and the role that culture plays in legitimating a massive degree of powerlessness and human suffering. The culture of cruelty has a long tradition in this country, mostly inhabiting a ghostly presence that is often denied or downplayed in historical accounts. What is new since the 1980s — and especially evident under Donald Trump’s presidency — is that the culture of cruelty has taken on a sharper edge as it has moved to the center of political power, adopting an unapologetic embrace of nativism, xenophobia and white nationalist ideology, as well as an in-your-face form of racist demagoguery. Evidence of such cruelty has long been visible in earlier calls by Republicans to force poor children who get free school lunches to work for their meals. Such policies are particularly cruel at a time when nearly «half of all children live near close to the poverty line.» Other instances include moving people from welfare to workfare without offering training programs or child care, and the cutting of children’s food stamp benefits for 16 million children in 2014.  Another recent example of this culture of cruelty was Rep. Steve King (R-Iowa) tweeting his support for Geert Wilders, a notorious white supremacist and Islamophobic Dutch politician.

To read more articles by Henry A. Giroux and other authors in the Public Intellectual Project, click here.

Focusing on a culture of cruelty as one register of authoritarianism allows us to more deeply understand how bodies and minds are violated and human lives destroyed. It helps us to acknowledge that violence is not an abstraction, but is visceral and, as Brad Evans observes, «should never be studied in an objective and unimpassioned way. It points to a politics of the visceral that cannot be divorced from our ethical and political concerns.» For instance, it highlights how Trump’s proposed budget cuts would reduce funding for programs that provide education, legal assistance and training for thousands of workers in high-hazard industries. As Judy Conti, a federal advocacy coordinator [at the National Employment Law Project] points out, these cuts would result in «more illness, injury and death on the job

Rather than provide a display of moral outrage, interrogating a culture of cruelty offers critics a political and moral lens for thinking through the convergence of power, politics and everyday life. It also offers the promise of unveiling the way in which a nation demoralizes itself by adopting the position that it has no duty to provide safety nets for its citizens or care for their well-being, especially in a time of misfortune. Politically, it highlights how structures of domination bear down on individual bodies, needs, emotions and self-esteem, and how such constraints function to keep people in a state of existential crisis, if not outright despair. Ethically the concept makes visible how unjust a society has become. It helps us think through how life and death converge in ways that fundamentally transform how we understand and imagine the act of living — if not simply surviving — in a society that has lost its moral bearing and sense of social responsibility. Within the last 40 years, a harsh market fundamentalism has deregulated financial capital, imposed misery and humiliation on the poor through welfare cuts, and ushered in a new style of authoritarianism that preys upon and punishes the most vulnerable Americans.

The culture of cruelty has become a primary register of the loss of democracy in the United States. The disintegration of democratic commitments offers a perverse index of a country governed by the rich, big corporations and rapacious banks through a consolidating regime of punishment. It also reinforces the workings of a corporate-driven culture whose airwaves are filled with hate, endless spectacles of violence and an ongoing media assault on young people, the poor, Muslims and undocumented immigrants. Vast numbers of individuals are now considered disposable and are relegated to zones of social and moral abandonment. In the current climate, violence seeps into everyday life while engulfing a carceral system that embraces the death penalty and produces conditions of incarceration that house many prisoners in solitary confinement — a practice medical professionals consider one of the worse forms of torture.

In addition, Americans live in a distinctive historical moment in which the most vital safety nets, social provisions, welfare policies and health care reforms are being undermined or are under threat of elimination by right-wing ideologues in the Trump administration. For instance, Trump’s 2017 budgetary proposals, many of which were drafted by the hyperconservative Heritage Foundation, will create a degree of imposed hardship and misery that defies any sense of human decency and moral responsibility.

Public policy analyst Robert Reich argues that «the theme that unites all of Trump’s [budget] initiatives so far is their unnecessary cruelty.» Reich writes:

His new budget comes down especially hard on the poor — imposing unprecedented cuts in low-income housing, job training, food assistance, legal services, help to distressed rural communities, nutrition for new mothers and their infants, funds to keep poor families warm, even «meals on wheels.» These cuts come at a time when more American families are in poverty than ever before, including 1 in 5 children. Why is Trump doing this? To pay for the biggest hike in military spending since the 1980s. Yet the U.S. already spends more on its military than the next 7 biggest military budgets put together. His plan to repeal and «replace» the Affordable Care Act will cause 14 million Americans to lose their health insurance next year, and 24 million by 2026. Why is Trump doing this? To bestow $600 billion in tax breaks over the decade to wealthy Americans. This windfall comes at a time when the rich have accumulated more wealth than at any time in the nation’s history.

This is a demolition budget that would inflict unprecedented cruelty, misery and hardship on millions of citizens and residents. Trump’s populist rhetoric collapses under the weight of his efforts to make life even worse for the rural poor, who would have $2.6 billion cut from infrastructure investments largely used for water and sewage improvements as well as federal funds used to provide assistance so they can heat their homes. Roughly $6 billion would be cut from a housing budget that benefits 4.5 million low-income households. Other programs on the cutting block include funds to support Habitat for Humanity, the homeless, energy assistance to the poor, legal aid and a number of antipoverty programs. Trump’s mode of governance is no longer modeled on «The Apprentice.» It now takes its cues from «The Walking Dead.»

If Congress embraces Trump’s proposal, poor students would be budgeted out of access to higher education as a result of a $3.9 billion cut from the federal Pell grant program, which provides tuition assistance for low-income students entering college. Federal funds for public schools would be redistributed to privately run charter schools, while vouchers would be available for religious schools. Medical research would suffer and people would die because of the proposed $6 billion cut to the National Institutes of Health.

Trump has also called for the elimination of the National Endowment for the Arts, the National Endowment for the Humanities, the Corporation for Public Broadcasting and the Institute of Museum and Library Services, making clear that his contempt for education, science and the arts is part of an aggressive project to eliminate those institutions and public spheres that extend the capacity of people to be imaginative, think critically and be well-informed.

The $54 billion that Trump seeks to remove from the budgets of 19 agencies designed to help the poor, students, public education, academic research and the arts would instead be used to increase the military budget and build a wall along the Mexican border. The culture of cruelty is on full display here as millions would suffer for the lack of loans, federal aid and basic resources. The winners would be the Departments of Defense, Homeland Security, the private prison industry and the institutions and personnel needed to expand the police state. What Trump has provided in this budget proposal is a blueprint for eliminating the remnants of the welfare state while transforming American society into a «war-obsessed, survival-of-the fittest dystopia

The United States is now on a war footing and has launched a war against undocumented immigrants, Muslims, people of color, young people, the elderly, public education, science, democracy and the planet itself, to say nothing of the provocations unfolding on the world stage.  The moral obscenity and reactionary politics that inform Trump’s budget were summed up by Bernie Sanders: «At a time of massive income and wealth inequality, when 43 million Americans are living in poverty and half of older Americans have no retirement savings, we should not slash programs that senior citizens, children and working people rely on in order to provide a massive increase in spending to the military industrial complex. Trump’s priorities are exactly the opposite of where we should be heading as a nation.»

As more and more people find themselves living in a society in which the quality of life is measured through market-based metrics, such as cost-benefit analyses, it becomes difficult for the public to acknowledge or even understand the cost in human misery and everyday hardship that an increasing number of people have to endure.

A culture of cruelty highlights both how systemic injustices are lived and experienced, and how iniquitous relations of power turn the «American dream» into a dystopian nightmare in which millions of individuals and families are struggling to merely survive. This society has robbed them of a decent life, dignity and hope. I want to pose the crucial question of what a culture of cruelty looks like under a neofascist regime, and in doing so, highlight what I believe are some of its most crucial elements, all of which must be recognized if they are to be open to both criticism and resistance.

First, language is emptied of any sense of ethics and responsibility and begins to operate in the service of violence. This becomes evident as social provisions are cut for programs that help poor people, elderly people, impoverished children and people living with disabilities. This is also evident in the Trump administration’s call to scale back Medicaid and affordable, quality health insurance for millions of Americans.

Second, a survival-of-the-fittest discourse provides a breeding ground for the production of hypermasculine behaviors and hypercompetitiveness, both of which function to create a predatory culture that replaces compassion, sharing and a concern for the other. Under such circumstances, unbridled individualism and competition work to weaken democracy.

Third, references to truth and real consequences are dismissed, and facts give way to «alternative realities» where the distinction between informed assertions and falsehoods disappears. This politics of fabrication is on full display as the Trump administration narrates itself and its relationship to others and the larger world through a fog of misrepresentations and willful ignorance. Even worse, the act of state-sanctioned lying is coupled with the assertion that any critical media outlets and journalists who attempt to hold power accountable are producing «fake news.» Official lying is part of the administration’s infrastructure: The more authority figures lie the less they have to be taken seriously.

Fourth, in a culture of cruelty, the discourse of disposability extends to an increasing number of groups that are considered superfluous, redundant, excess or dangerous. In this discourse, some lives are valued and others are not. In the current moment, undocumented immigrants, Muslim refugees and Black people are targeted as potential criminals, terrorists or racial «others» who threaten the notion of a white Christian nation. Underlying the discourse of disposability is the reemerging prominence of overt white supremacy, as evidenced by an administration that has appointed white nationalists to the highest levers of power in the government and has issued a racist appeal to «law and order.» The ongoing rise of hate crimes should be no surprise in a society that has been unabashedly subjected by Trump and his cohorts to the language of hate, anti-Semitism, sexism and racism. Cultures of cruelty slip easily into both the discourse of racial cleansing and the politics of disposability.

Fifth, ignorance becomes glamorized, enforced through the use of the language of emotion, humiliation and eventually through the machinery of government deception. For example, Donald Trump once stated that he loved «uneducated people.» This did not indicate, of course, a commitment to serve people without a college education — a group that will be particularly disadvantaged under his administration. Instead, it signaled a deep-seated anti-intellectualism and a fear of critical thought itself, as well as the institutions that promote it. Limiting the public’s knowledge now becomes a precondition for cruelty.

Sixth, any form of dependency in the interest of justice and care for the «other» is viewed as a form of weakness, and becomes the object of scorn and disdain. In a culture of cruelty, it is crucial to replace shared values and bonds of trust with the bonds of fear. For the caste of warriors that make up the Trump administration, politics embraces what might be called neoliberalism on steroids, one in which the bonds of solidarity rooted in compassion and underlying the welfare state are assumed to weaken national character by draining resources away from national security and placing too large a tax burden on the rich. In this logic, solidarity equates with dependency, a weak moral character, and is dismissed as anaemic, unreliable and a poor substitute for living in a society that celebrates untrammeled competition, individual responsibility and an all-embracing individualism.

Seventh, cruelty thrives on the language of borders and walls. It replaces the discourse of bridges, generosity and compassion with a politics of divisiveness, alienation, inadequacy and fear. Trump’s call for building a wall on the Mexican border, his endless disparaging of individuals and groups on the basis of their gender, race, religion and ethnicity, and his view of a world composed of the deadly binary of «friends» and «enemies» echo the culture of a past that lost its ethical and political moorings and ended up combining the metrics of efficiency with the building of concentration camps.

Eighth, all cultures of cruelty view violence as a sacred means for addressing social problems and mediating relationships; hence, the criminalization of homelessness, poverty, mental illness, drug addiction, surviving domestic violence, reproductive choice and more.  The centrality of oppressive violence in the United States is not new, of course; it is entrenched in the country’s origins. Under Trump this violence has been embraced, openly and without apology, as an organizing principle of society. This acceleration of the reality and spectacle of violence under the Trump administration is evident, in part, in his call for increasing an already-inflated military budget by $54 billion. It is also evident in his efforts to create multiple zones of social abandonment and social death for the most vulnerable in society.

Ninth, cultures of cruelty despise democracy and work incessantly to make the word disappear from officially mandated state language. One example of this took place when Trump opted not to utter the word democracy in either his inaugural address or in his first speech to Congress. Trump’s hatred of democracy and the formative cultures that sustain it was on full display when he and his top aides referred to the critical media as the enemy of the American people and as an «opposition party.» A free press is fundamental to a society that takes seriously the idea that no democracy can exist without informed citizens. Trump has turned this rule on its head, displaying a disdain not only for a press willing to pursue the truth and hold politicians and corporations accountable, but also for those public spheres and institutions that make such a press possible. Under these circumstances, it is important to remember Hannah Arendt’s warning: «What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed … and a people that no longer can believe anything cannot make up its mind. It is deprived not only of its capacity to act but also its capacity to think and to judge.»

Tenth, all fascist regimes disparage, dismantle and destroy institutions, such as public and higher education and other public spheres where people can learn how to think critically and act responsibly. Evidence of an act of war against public spheres that are critical, self-reflective and concerned with the social good is visible in the appointment of billionaires, generals and ideological fundamentalists to cabinet positions running public agencies that many of them have vowed to destroy. What does it mean when an individual, such as Betsy DeVos, is picked to head the Department of Education even though she has worked endlessly in the past to destroy public education? How else to explain Trump appointing Scott Pruitt to head the Environmental Protection Agency, even though he does not believe that climate change is affected by human-produced carbon dioxide emissions and has spent most of his career actively opposing the authority of the EPA? At stake here is more than a culture of incompetency. This is a willful assault on public goods and the common good.

Eleventh, cultures of cruelty thrive when shared fears replace shared responsibilities. Under such conditions, an ever-expanding number of people are reduced to the status of a potential «terrorist» or «criminal,» watched constantly, and humiliated under the watchful eye of a surveillance state that inhabits practically every public and private space.

Twelfth, cultures of cruelty dispose of all vestiges of the welfare state, forcing millions to fend for themselves. Loneliness, powerlessness and uncertainty — fueled by the collapse of the public into the private — create the conditions for viewing those who receive much needed social provisions as cheaters, moochers or much worse. Under the Republican Party extremists in power, the welfare state is the enemy of the free market and is viewed as a drain on the coffers of the rich. There are no public rights in this discourse, only entitlements for the privileged, and rhetoric that promotes the moral superiority and unimpeachable character of the wealthy. The viciousness of these attacks is driven by the absolute idolatry of power of wealth, strength and unaccountable military might.

Thirteenth, massive inequalities in power, wealth and income mean time will become a burden for most Americans, who will be struggling merely to make ends meet and survive. Cruelty thrives in a society in which there seem to be only individual problems, as opposed to socially-produced problems, and it is hard to do the work of uniting against socially-produced problems under oppressive time constraints. Under such circumstances, solidarity is difficult to practice, which makes it easier for the ruling elite to use their power to engage in the relentless process of asset-stripping and the stripping of human dignity. Authoritarian regimes feed off the loyalty of those who benefit from the concentration of wealth, power and income as well as those who live in stultifying ignorance of their own oppression. Under global capitalism, the ultrarich are celebrated as the new heroes of late modernity, while their wealth and power are showcased as a measure of their innate skills, knowledge and superiority. Such spectacles function to infantilize both the general public and politics itself.

Fourteenth, under the Trump administration, the exercise of cruelty is emboldened through the stultifying vocabulary of ultranationalism, militarism and American exceptionalism that will be used to fuel further wars abroad and at home. Militarism and exceptionalism constitute the petri dish for a kind of punishment creep, in which «law and order» becomes code for the continued rise of the punishing state and the expansion of the prison-industrial complex. It also serves to legitimate a war culture that surrounds the world with military bases and promotes «democracy» through a war machine. It turns already-oppressive local police departments into SWAT teams and impoverished cities into war zones. In such a culture of cruelty, language is emptied of any meaning, freedom evaporates, human misery proliferates, and the distinction between the truth and lies disappears and the governance collapses into a sordid species of lawlessness, emboldening random acts of vigilantism and violence.

Fifteenth, mainstream media outlets are now a subsidiary of corporate control. Almost all of the dominant cultural apparatuses extending from print, audio and screen cultures are controlled by a handful of corporations. The concentration of the mainstream media in few hands constitutes a disimagination machine that wages a pedagogical war on almost any critical notion of politics that seeks to produce the conditions needed to enable more people to think and act critically. The overriding purpose of the corporate-controlled media is to drive audiences to advertisers, increase ratings and profits, legitimate the toxic spectacles and values of casino capitalism, and reproduce a toxic pedagogical fog that depoliticizes and infantilizes. Lost here are those public spaces in which the civic and radical imagination enables individuals to identify the larger historical, social, political and economic forces that bear down on their lives. The rules of commerce now dictate the meaning of what it means to be educated. Yet, spaces that promote a social imaginary and civic literacy are fundamental to a democracy if the young and old alike are to develop the knowledge, skills and values central to democratic forms of education, engagement and agency.

Underlying this form of neoliberal authoritarianism and its attendant culture of cruelty is a powerfully oppressive ideology that insists that the only unit of agency that matters is the isolated individual. Hence, mutual trust and shared visions of equality, freedom and justice give way to fears and self-blame reinforced by the neoliberal notion that individuals are solely responsible for their political, economic and social misfortunes. Consequently, a hardening of the culture is buttressed by the force of state-sanctioned cultural apparatuses that enshrine privatization in the discourse of self-reliance, unchecked self-interest, untrammeled individualism and deep distrust of anything remotely called the common good. Once again, freedom of choice becomes code for defining responsibility solely as an individual task, reinforced by a shameful appeal to character.

Many liberal critics and progressives argue that choice absent constraints feeds the rise of Ayn Rand’s ideology of rabid individualism and unchecked greed. But they are only partly right. What they miss in this neofascist moment is that the systemic cruelty and moral irresponsibility at the heart of neoliberalism make Ayn Rand’s vicious framework look tame. Rand’s world has been surpassed by a ruling class of financial elites that embody not the old-style greed of Gordon Gekko in the film Wall Street, but the inhumane and destructive avarice of Patrick Bateman in American Psycho. The notion that saving money by reducing the taxes of the rich justifies eliminating health care for 24 million people is just one example of how this culture of cruelty and hardening of the culture will play out.

Under the Trump administration, a growing element of scorn is developing toward the increasing number of human beings caught in the web of oppression, marginalization, misfortune, suffering and deprivation. This scorn is fueled by a right-wing spin machine that endlessly spews out a toxic rhetoric in which all Muslims are defined as «jihadists;» the homeless are cast as «lazy» rather than as victims of oppressive structures, failed institutions and misfortune; Black people are cast as «criminals» and subjected en masse to the destructive criminal punishment system; and the public sphere is portrayed as largely for white people.

The culture of hardness and cruelty is not new to American society, but the current administration aims to deploy it in ways that sap the strength of social relations, moral compassion and collective action, offering in their place a mode of governance that promotes a pageant of suffering and violence. There will, no doubt, be an acceleration of acts of violence under the Trump administration, and the conditions for eliminating this new stage of state violence will mean not only understanding the roots of neofascism in the United States, but also eliminating the economic, political and cultural forces that have produced it. Addressing those forces means more than getting rid of Trump. We must eliminate a more pervasive irrationality in which democracy is equated with unbridled capitalism — a system driven almost exclusively by financial interests and beholden to two political parties that are hardwired to produce and reproduce neoliberal violence.

*Fuente: http://www.truth-out.org/opinion/item/39925-the-culture-of-cruelty-in-trump-s-america

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Universidades chinas retendrán todos los ingresos por investigaciones científicas

China/26 de agosto de 2016/mba.americaeconomia.com/Por: Agencia Xinhua

China ha lanzado una serie de políticas para estimular a los científicos para que transformen sus investigaciones en productos comerciales.

Las universidades chinas tendrán autonomía para transferir la propiedad intelectual de sus investigaciones científicas y retendrán todos los ingresos, según una circular emitida por los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología del país.

Según el documento, difundido el viernes, no menos de la mitad de los ingresos netos de las transferencias serán entregados a los investigadores.

Los investigadores de mayor contribución y los miembros de la facultad ganarán no menos de un 50 por ciento de las recompensas totales, añade la circular.

China ha lanzado una serie de políticas para estimular a los científicos para que transformen sus investigaciones en productos comerciales.

El Consejo de Estado, el gabinete chino, emitió en marzo una regulación con medidas detalladas para orientar a los académicos e inventores sobre cómo explotar comercialmente su trabajo, en un momento en el que el país promueve el desarrollo impulsado por la innovación.

Las autoridades chinas también animan a las instituciones de investigación y al personal técnico a transferir o hacer concesiones de sus logros o invertir con ellos como permutas.

Los resultados en el traslado de resultados científicos a productos serán considerados en la evaluación integral de las instituciones de investigación y de educación superior, según estas políticas.

Tomado de: http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/universidades-chinas-retendran-todos-los-ingresos-por-investigaciones-cientificas

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