La comunidad, que empezó a llegar al país en 1991, afirma que no recibe las mismas oportunidades que los demás.
l único recuerdo que Izra Ayalo, de 25 años, no puede sacudirse fue el momento en que el oficial le dijo a un comandante: “Mira esto”, y volvió a alzar el puño.
“Desde entonces he tenido un agujero en el corazón”, dijo.
Izra Ayalo dijo que fue arrestado 10 veces bajo cargos falsos. Cuatro de sus arrestos fueron eliminados (Jonas Opperskalski para The New York Times).
No es el único. El fatal tiroteo policial contra un adolescente etíope-israelí desarmado el 30 de junio desencadenó protestas iracundas y a veces violentas en ciudades de todo Israel, obligando a una evaluación nacional de lo que es, a decir de los israelíes de raza negra, una historia de racismo endémico, sobre todo en lo que se refiere al trato por parte de la policía.
Los etíopes-israelíes, una pequeña minoría de 150.000 en un país de 9 millones de habitantes, dicen que esperan que el asesinato de Solomon Tekah, de 18 años, sea por fin su momento. La policía asesinó a al menos cuatro etíopes-israelíes desde 1997. Otros siete fueron registrados como suicidios o murieron después de encuentros con la policía. Nueve de los 11 tenían menos de 25 años.
“Todos tenemos historias como ésta”, dijo Ayalo, que trabaja en la ciudad de Netanya, donde está la mayor concentración de etíopes-israelíes del país. Dijo que sus antecedentes penales contenían 10 arrestos falsos, cuatro de los cuales han sido eliminados hasta ahora.
“Saben que no tenemos dinero para abogados”, dijo. “Saben que no podemos defendernos”.
En 2015, cuando dos oficiales fueron captados en vídeo golpeando a un joven soldado de origen etíope en un ataque sin provocación, el gobierno formó una comisión para erradicar el racismo. Encontró políticas y prácticas discriminatorias contra los etíopes-israelíes en la educación, la atención médica, el empleo y el Ejército, así como por parte de la policía. Se encontró que los etíopes eran acusados y encarcelados en proporciones mucho mayores que otros israelíes.
Cuando la ola más grande de unos 14.000 judíos etíopes llegó en 1991 en un transporte aéreo secreto, los israelíes se regocijaron y los inmigrantes besaron el piso. Pero la integración no fue fácil.
“La idea era que se desarrollarían mejor como comunidad”, dijo Isaac Herzog, un ex ministro de servicios sociales y bienestar que ahora preside la Agencia Judía, que se encarga de la inmigración. “Ese fue un error histórico”.
Según un estudio, sólo el 20 por ciento de los etíopes-israelíes que crecieron aquí tienen un título académico, en comparación con el 40 por ciento del resto de la población judía. El ingreso mensual de los hogares es casi un tercio más bajo que el promedio nacional.
“Es muy difícil para una persona negra tener las mismas oportunidades”, dijo Alamito Itzhak, de 32 años, de Netanya, quien dijo haber obtenido un certificado de maestra, pero trabaja como cajera en un supermercado. “A la gente le cuesta mucho verte como igual”.
Las autoridades dicen que ha habido avances. El ministerio de Justicia indicó que existe “una disminución en la vigilancia policial excesiva” y “una mejoría significativa en las interacciones de la policía con jóvenes etíopes-israelíes”.
En los años 80, cuando Zion Getahun era adolescente, caminó cientos de kilómetros desde Etiopía hasta Sudán, desde donde fue trasladado a Israel.
Había crecido escuchando el sueño de su abuela de llegar a Jerusalén. Llegar ahí fue “como tocar la luna”, dijo.
“¿Es éste el Israel con el que soñamos?”, añadió Getahun. “Es una pregunta que me hago”.
A millones de niñas y adolescentes casadas en numerosos países del continente africano se les está negando la educación con políticas y prácticas discriminatorias, según ha denunciado la organización Human Rights Watch (HRW) este viernes, Día Internacional del Niño Africano.
Más de 49 millones de niñas no están escolarizadas en África subsahariana, de las cuales al menos 31 millones deberían estar en secundaria, lo que supone una violación de sus derechos y la limitación de sus oportunidades.
El matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes son factores significativos. En África subsahariana el 40 por ciento de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años, y hay entre 15 y 20 países en el continente con el mayor número de matrimonios infantiles a nivel internacional.
HRW destaca que el continente cuenta con el índice mundial más alto de embarazos adolescentes. Entre un 30 y un 50 por ciento de las niñas de 14 países de África subsahariana son madres antes de cumplir los 18 años. Las creencias culturales o religiosas estigmatizan a las niñas solteras y embarazadas, por lo que muchas niñas embarazadas son forzadas al matrimonio.
«El continente africano tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente en el mundo, pero muchos gobiernos insisten en abordar este desafío social y de salud pública castigando a las niñas y poniendo en peligro su futuro», ha denunciado la observadora de Derechos Humanos de HRW, Elin Martínez, quien ha instado a los gobiernos a «centrarse en ayudar a las niñas a prevenir embarazos no deseados y apoyar sus esfuerzos para permanecer en la escuela».
Aunque la mayoría de los países de África subsahariana se han comprometido a garantizar la enseñanza primaria y secundaria obligatoria para todos los niños, muchos excluyen o expulsan a las niñas embarazadas y a las madres jóvenes de las escuelas. Según la investigación de Human Rights Watch, Tanzania y Sierra Leona están entre los países con más políticas y prácticas discriminatorias para las mujeres embarazadas y casadas.
POLÍTICAS DE REINGRESO
«Los gobiernos africanos deben garantizar que las niñas tengan igualdad de acceso a educación primaria y secundaria de calidad y gratuita, así como apoyo para permanecer en la escuela», ha declarado HRW, que ha añadido que deben revertir las políticas y prácticas dañinas que estigmatizan a las niñas, incluidas las pruebas de embarazo y las regulaciones que permiten la expulsión de los colegios de las niñas embarazadas o casadas.
También deben adoptar directrices claras para que las escuelas vuelvan a inscribir a las jóvenes madres, prestar servicios de apoyo y garantizar que tienen acceso a los servicios de primera infancia.
Algunos países, entre ellos Camerún, Sudáfrica y Zambia, han adoptado políticas de «reingreso» para que las madres adolescentes puedan volver a la escuela después del parto, sin embargo no siempre estas políticas se implantan adecuadamente. Además, las madres jóvenes carecen por lo general de apoyo para reinscribirse, debido a los coste de la escolarización, el estigma en la escuela y la falta de servicios de cuidados infantiles asequible, así como de los servicios relacionados con la primera infancia.
Además, los gobiernos de los países de África han asumido un compromiso de Desarrollo Sostenible con Naciones Unidas para garantizar la igualdad de género y el acceso universal a la educación primaria y secundaria gratuita para todos los niños en 2030. La Unión Africana ha reconocido la importancia de eliminar todas las formas de violencia y discriminación de género, especialmente el matrimonio infantil, que es un impedimento para el desarrollo y la prosperidad de las distintas regiones.
FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL
Muchas adolescentes se quedan embarazadas debido a la ausencia de eduación sexual o las carencias en la información relativa a la toma de decisiones sobre sexualidad, planificación familiar y salud reproductiva. Además, muchas menores son forzadas a mantener relaciones sexuales y requieren protección, acceso a servicios y apoyo sanitario. Según las Naciones Unidas, el 80 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años en África subsahariana tienen VIH, y las niñas de 15 a 19 años tienen cinco veces más probabilidades de contraer el VIH que los niños.
Rita, con 19 años, ha asegurado que fue expulsada cuando a los 17 años «los maestros descubrieron que estaba embarazada». «Me enteré de que a ningún estudiante se le permite permanecer en la escuela si está embarazada», ha añadido. Rita reconoce que carecía de educación sexual.
No obstante, algunos países incluyen la sexualidad y la reproducción en sus programas escolares y se llevan a cabo programas de sensibilización sobre el VIH y de «aptitudes en la vida».
HRW ha emplazado a los gobiernos a velar por que todos los niños tengan acceso a una educación sexual adecuada y han determinado que, siempre que sea posible, los servicios escolares deben estar conectados a los de salud para asegurarse de que los adolescentes reciben información imparcial y sin prejuicios.
Además, la organización ha instado a los gobiernos a adoptar leyes que establezcan claramente los 18 años como edad mínima de matrimonio para niños y niñas.
Sierra Leona debe levantar la prohibición profundamente discriminatoria de que las niñas claramente embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, una prohibición que continúa afianzando la desigualdad de género en el país y que pone en peligro el futuro de miles de adolescentes, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple un año de su informe sobre este asunto.
“La prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistan a escuelas públicas y se presenten a pruebas académicas es profundamente desacertada y no contribuye a que se aborden las causas profundas del alto índice de embarazos adolescentes en Sierra Leona, que aumentó durante la devastadora crisis del ébola y que sigue siendo elevado pese a la prohibición”, ha declarado Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
La prohibición fue declarada política oficial del gobierno en abril de 2015, poco antes de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. Más de un año y medio después, Amnistía Internacional siente honda preocupación por que la prohibición sigue vigente a pesar de las críticas nacionales e internacionales.
Amnistía Internacional ha hablado con 68 niñas de entre 15 y 20 años embarazadas o que habían dado a luz recientemente en zonas urbanas y rurales del oeste de Sierra Leona. También ha hablado con 26 agentes nacionales e internacionales de la sociedad civil, profesores y profesoras y autoridades gubernamentales para evaluar el impacto de la prohibición.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola, momento en el que hubo un aumento de los embarazos adolescentes junto con un incremento de la violencia sexual. El impacto económico negativo de la crisis del ébola dio lugar a un aumento de las relaciones de explotación y de abuso.
La mayoría de las niñas entrevistadas quedaron encintas durante el brote de ébola.
La mayoría de las niñas afirmó que esta política les hizo sentirse abandonadas y desanimadas por no poder ir a la escuela. Describieron su frustración por no poder presentarse a pruebas académicas para las que se habían preparado.
Una niña contó a nuestro equipo de investigación: “Podría haber hecho el examen. Estudié bastante. Aunque estés embarazada, si has estudiado, deberías poder examinarte.”
Las niñas también hablaron de su frustración al tener que repetir curso después de dar a luz, por haber perdido la oportunidad de hacer el examen cuando estaban embarazadas:
“Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene”, contó una niña de 17 años a Amnistía Internacional.
La estigmatización que existe en torno al embarazo adolescente en Sierra Leona conlleva que se haga sentir vergüenza a las niñas por estar embarazadas y que a veces sufran el ostracismo o incluso abusos por parte de sus familias y profesores.
Una niña con la que habló Amnistía Internacional afirmó que había abandonado voluntariamente la escuela tras ver el trato que habían recibido sus compañeras en el pasado: “Un profesor anunció […] que la niña estaba embarazada delante de toda la escuela, le quitó la mochila (con la que la niña se estaba protegiendo el vientre) y la golpeó con una vara”.
Tengo que repetir curso. Me siento mal porque veo que mis amistades pasarán de curso el año que viene.
En mayo de 2015, ante la presión internacional y nacional, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales u horarios diferentes los de sus iguales.
A pesar de que este sistema paralelo ofrece a las niñas acceso a una forma limitada de educación, el presidente Koroma, en su discurso del Día de la Mujer de marzo de 2016, pareció confirmar que, en parte, se fundamentaba en estereotipos negativos de las niñas embarazadas cuando afirmó: “Continuarán recibiendo una educación formal pero no se les permitirá estar en la misma clase con otras niñas que también van a la escuela. Volvamos a lo básico y protejamos nuestros valores y nuestra cultura.”
Autoridades del ministerio de Educación contaron a Amnistía Internacional que, inicialmente, 14.500 niñas se inscribieron en el plan y que alrededor de 5.000 habían regresado al sistema público ordinario tras dar a luz. Las clases se impartían tres veces por semana, entre dos y tres horas al día. El plan de estudios era distinto al de las escuelas regulares y sólo se impartían asignaturas troncales. También se ofrecía a las niñas información y servicios de salud, tales como planificación familiar.
La mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional hicieron comentarios positivos sobre el sistema puente. Algunas niñas afirmaron preferirlo al de su escuela regular por la estigmatización a la que allí se enfrentaban.
Una niña dijo a Amnistía Internacional: “Me sentía avergonzada, en la escuela regular todo el mundo se reía de mí.”
Sin embargo, varias niñas afirmaron que, de haber podido elegir, hubieran preferido permanecer en el sistema escolar ordinario.
“Sólo nos enseñaban matemáticas e inglés, pero yo estudiaba comercio en la escuela, y eso no nos lo enseñan”, contó una niña a Amnistía Internacional.
Otra niña dijo: “Yo preferiría ir a mi escuela, porque allí me dan resultados [calificaciones de los exámenes]. Cuando dé a luz, seguiré estudiando en mi escuela; el centro de aprendizaje es sólo para cuando estoy embarazada.”
El plan puente concluyó en agosto de 2016, pero las clases alternativas para niñas embarazadas continuarán con el nuevo plan —gestionado por el ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF y del gobierno del Reino Unido—, que se centrará también en las niñas que hayan abandonado la escuela por diferentes motivos así como en intervenciones para ayudar a las niñas a que sigan yendo a la escuela. El nuevo plan tendrá una duración de 17 meses y empezará a aplicarse en noviembre de 2016.
Amnistía Internacional y expertos nacionales han aplaudido la atención permanente a la educación de las niñas a través de este programa. Con todo, sigue suscitando preocupación la falta de opciones para las niñas embarazadas debida a la prohibición y a que no pueden presentarse a pruebas académicas, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de Sierra Leona de proporcionar igualdad de acceso a una educación de calidad para todos los niños y todas las niñas.
Las escuelas especiales para niñas embarazadas no son la solución para abordar el elevado índice de embarazos adolescentes de Sierra Leona. A pesar de las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones nacionales, la información sobre salud sexual y reproductiva todavía no forma parte del plan de estudios oficial. La mayoría de las niñas contaron a Amnistía Internacional que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
La mayoría de las niñas contaron que antes de quedar embarazadas no tenían conocimientos sobre planificación familiar y que habían recibido muy poca o ninguna educación sexual.
Una de la niñas dijo a nuestro equipo de investigación: “En la escuela, realmente no nos enseñan planificación familiar. Creen que somos demasiado pequeñas, o que es malo, o que nos animará a tener relaciones sexuales.”
Las niñas también tenían mucho miedo y recibían información errónea sobre la planificación familiar.
Una niña de 19 años que estaba embarazada de cuatro meses afirmó:
“Me puse la inyección durante uno o dos años, pero no me llegaba el periodo. Alguien nos dijo que la inyección mató una niña porque evita que tengas el periodo. Pensé que debía dejar de ponerme la inyección hasta que me llegara el periodo. No sabía dónde preguntar sobre este tema. Luego quedé embarazada.”
Las niñas que quedan embarazadas pueden enfrentar obstáculos complejos y entrecruzados para proseguir con su educación. Además de la prohibición del embarazo, los gastos escolares también preocupaban enormemente a la mayoría de las niñas con las que habló Amnistía Internacional.
En un país en el que el 72 por ciento de la población vive en una situación de pobreza extrema, esos gastos y el costo de tener un hijo o una hija pueden ser abrumadores. Además, la estigmatización relacionada con el embarazo adolescente implica que muchas familias les retiren su apoyo económico, lo que dificulta aún más a muchas niñas poder regresar a la educación regular, incluso después del nacimiento de sus hijos.
Como una niña dijo a Amnistía Internacional:
“No puedo volver a mi escuela porque no puedo pagar los gastos. Intento buscarme la vida e ir a clases particulares. Nadie me ayuda.”
“A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro. De conformidad con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe dar pasos concretos para garantizar progresivamente el acceso de todas las niñas a la educación —incluso con subvenciones para aquellas que las necesiten— como parte de su estrategia educativa”, ha declarado Alioune Tine.
A no ser que se eliminen los obstáculos a la educación, el gobierno de Sierra Leona está dejando en la estacada a sus niñas y poniendo en peligro su futuro.
“También es fundamental erradicar la estigmatización que existe en torno a las niñas embarazadas. Sierra Leona ha hecho grandes esfuerzos para abordar la estigmatización de las personas supervivientes de ébola, y debe garantizar que las adolescentes en situaciones de gran vulnerabilidad reciban la protección y el apoyo de sus profesores, familias y comunidades; en vez de que las avergüencen y las culpabilicen.”
Información complementaria
En noviembre de 2015, un informe de Amnistía Internacional estimó que hasta 10.000 niñas resultaron afectadas por la prohibición de que las niñas claramente embarazadas asistieran a la escuela y se presentaran a pruebas académicas. Diversos estudios han concluido que durante el brote de ébola se produjo un incremento de los embarazos adolescentes. Un estudio realizado en 2016 por Secure Livelihoods Consortium afirmó que las encuestas del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicaban que 18.119 adolescentes quedaron embarazadas durante el brote de ébola.
Incluso antes de que se produjera el brote, a finales de 2013, Sierra Leona tenía uno de los índices de embarazos adolescentes más elevados del mundo, con un 28 por ciento de las niñas de entre 15 y 19 años embarazadas o habiendo dado a luz al menos una vez.
El Comité de los Derechos del Niño, en su reciente examen de octubre de 2016, instó a Sierra Leona a levantar inmediatamente la discriminatoria prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y se presenten a pruebas académicas, y a garantizar que tanto ellas como las madres adolescentes reciben apoyo y ayuda para proseguir con su educación en escuelas regulares. Muchos otros países formularon recomendaciones similares durante el examen periódico universal llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos en enero de 2016, pero Sierra Leona no las aceptó. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona, la coalición Educación para Todos, el Colectivo de la Sociedad Civil sobre Matrimonio Precoz y Embarazo Adolescente y el equipo de las Naciones Unidas en Sierra Leona emitieron declaraciones en 2015 en contra de la prohibición.
Excluir a las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas ha sido práctica habitual en Sierra Leona durante más de un decenio; no obstante, la declaración oficial de la prohibición en abril de 2015 convirtió una práctica informal y esporádica en una política gubernamental que formalizó y exacerbó el problema. Hace más de 10 años, tras el final de la guerra civil, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación formuló una recomendación imperativa, afirmando que la práctica de expulsar a las niñas embarazadas de las instituciones educativas era discriminatoria y retrograda.
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