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Lo que se sabe del nuevo diseño curricular en Venezuela

El director de la Escuela de Educación de la UCAB destacó que de acuerdo a la información que maneja, en este año escolar 2023-2024 unos 1.200 centros educativos alrededor del país serán tomados como puntos de pruebas para el nuevo diseño curricular

El Ministerio de Educación tiene como objetivo desarrollar pruebas para la posterior aplicación de un nuevo plan de estudios para la educación media en Venezuela en el venidero el año escolar. Expertos han señalado que no se conocen muchos detalles sobre la planificación, al tiempo que las instituciones tampoco han recibido mayor información sobre nuevo diseño curricular. ¿Qué se sabe al respecto?

Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informó a través del programa En Este País de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, que desde febrero de este 2023 el Ministerio ha estado llevando a cabo una consulta sobre el nuevo diseño curricular, que incluye 36 planes de estudio.

«Esto implica el cambio del plan de bachillerato genérico que tenemos actualmente, a un bachillerato de ciencia y tecnología con alrededor de 40 a 44 horas de clase en la semana», señaló.

Calatrava indicó que el Ministerio ha publicado una serie de planes de estudios que muestran asignaturas de entre primero a quinto año y en algunos casos, hasta sexto año de bachillerato técnico. «El objetivo es que el bachillerato sea más que una preparación para la universidad, que también enseñe un oficio», dijo.

Calatrava destacó que estás propuestas han sido debatidas debate, especialmente con la AVEC y Fe y Alegría.

Período de prueba

El director de la Escuela de Educación de la UCAB destacó que de acuerdo a la información que maneja, en este año escolar 2023-2024 unos 1.200 centros educativos alrededor del país serán tomados como puntos de pruebas.

“Se tiene previsto que la fase experimental de esos 36 planes de estudio que conformarían el nuevo diseño curricular de ciencia y tecnología se aplique en algunos centros educativos, no sería en todo el país. Aún existen mesas de discusión sobre los planes de estudios que se quieren implementar«.

Calatrava señaló que la ejecución del nuevo diseño curricular para la educación media en Venezuela se llevará a cabo en el año escolar 2025, luego de que se realice un proceso de estudio y desarrollo.

Asimismo, consideró que el proyecto presenta algunas distorsiones en ciertas áreas del conocimiento y una debilidad técnica en su diseño para el perfil del egresado, por lo que es necesaria su evaluación.

Carlos Calatrava destacó que si hay buenos profesores en las aulas y una familia que supervise el trabajo en la escuela, estas desviaciones pueden ser resueltas con tiempo.

https://elestimulo.com/educacion/2023-08-25/lo-que-se-sabe-del-nuevo-diseno-curricular-en-venezuela/

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Se registraron 411 protestas en Venezuela durante el mes de julio

Por Rafael A.

Del total registrado por el OVCS, en  al menos 50 protestas los jubilados y pensionados exigieron “pensiones dignas”.

n julio fueron documentadas al menos 411 protestas donde la principal exigencia de los trabajadores fue el derecho a un “salario digno” para satisfacer sus necesidades básicas, reseñó el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicado el 23 de agosto de 2023.

El ente indicó que las protestas laborales representaron 68 % del total durante ese mes, lo que se traduce en 279 manifestaciones y un promedio de 14 protestas diarias.

El Observatorio indicó que los Derechos Civiles y Políticos (DCP) fueron exigidos en al menos 132 protestas. Lo que es igual al 32 % de la cifra total registrada en este período.

Destacan las denuncias por violaciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los casos donde se realizó la detención y criminalización de trabajadores, sindicalistas y líderes.

Por su parte, los jubilados, pensionados y adultos mayores participaron en al menos 50 protestas. Su principal exigencia son “pensiones dignas” para garantizar su seguridad social y satisfacer sus necesidades básicas.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Durante el mes de julio los venezolanos también exigieron condiciones justas y transparentes para futuras jornadas electorales.

Descontento de los trabajadores públicos

A su vez, de las exigencias laborales documentadas durante el mes de julio, en al menos 90 participaron docentes de todos los niveles educativos acompañados de personal administrativo y obrero.

De igual forma, las exigencias del sector educación se incrementaron en 29 % en comparación con julio de 2022.

Protesta de trabajadores, jubilados y pensionados del sector educación profesores maestros salario digno El Diario by José Daniel Ramos
Foto: José Daniel Ramos @danielj2511

Según los datos de la medición, las protestas de los trabajadores venezolanos se relacionaron principalmente con los siguientes motivos:

-Pago incompleto del estipendio correspondiente al bono vacacional

-Las enfermeras denunciaron las jubilaciones forzadas realizadas durante los últimos años y exigieron el pago de sus prestaciones sociales

-Se reportaron manifestaciones en rechazo a la condena de 16 años impuesta a seis sindicalistas y activistas sociales, entre los que destaca: Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho

Distribución de las manifestaciones

Los estados que lideraron el índice de protestas durante mayo fueron Anzoátegui con 72, Lara con 37, Sucre con 35, Bolívar con 32 y Carabobo con 27.

Los estados que menos registraron protestas fueron Guárico con 5 y Cojedes donde se reportaron 2.

Acceso al combustible y a otros servicios públicos

Por otro lado, los habitantes de siete estados del país protestaron durante julio para exigir abastecimiento de forma regular y sin dolarización.

Falcón y Nueva Esparta lideraron el índice de protestas con tres cada uno, seguido de Anzoátegui, Lara, Monagas, Sucre y Táchira con una cada uno, respectivamente.

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El OVCS documentó 21 protestas exigiendo a las autoridades la reparación de la vialidad. Asimismo, los ciudadanos exigieron la limpieza de canales de aguas servidas en nueve acciones de calle documentadas.

También, solicitaron mejoras en el alumbrado público en tres manifestaciones, así como la recolección continua y eficiente de los desechos sólidos.

A su vez, se reseñaron 26 protestas por agua potable, lo que constituye el servicio más requerido para garantizar una vivienda digna.

De acuerdo con el OVCS, los reclamos ciudadanos que buscan soluciones “efectivas y definitivas” por parte del Estado siguen vigentes.

https://eldiario.com/2023/08/23/411-protestas-en-venezuela-julio-2023/

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Elecciones en Ecuador: primeras aproximaciones

Por: Edgar Isch L.

El presente proceso electoral en el Ecuador ha tenido condiciones inéditas desde su origen, por la aplicación de la “muerte cruzada” decretada por Lasso para evitar una segura destitución resuelta en la Asamblea Nacional. El desprestigio del gobierno y de la Asamblea, que en ningún caso superaron el 16% de aceptación, se expresó en la falta de oposición social de la medida, sin poner ninguna esperanza en ella y más bien como una profundización de la crisis política. Trajo también la realización de una campaña electoral en un tiempo extremadamente corto, lo que daba ventaja a las chequeras y a las estructuras políticas más mencionadas en los medios de comunicación.

La agudización de la violencia criminal, que cada vez está más cerca del ecuatoriano común, se presentaba, por primera vez, como el tema central en las preocupaciones de la gente de los distintos estratos sociales, principalmente en los barrios más pobres y abandonados. Esto cambió buena parte de los debates a nivel social, aunque las consultas populares vinculadas al freno al extractivismo, trajeron otro tipo de disputas ideológicas y políticas.

El infame asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia y conocido por su accionar en torno a denuncias sobre casos de corrupción, sacudió el ambiente electoral en sus últimos días, en una manera que al inicio no estaba clara, pero que no ha tenido antecedentes en procesos anteriores. Sin embargo, presentó el peligro de que Ecuador concluya su camino a convertirse en un “narco-Estado”. El alto número de asesinatos de funcionarios, las amenazas y sobre todo compra de jueces, masacres en cárceles dominadas por los reos, asesinato de líderes y autoridades locales, la denuncia del embajador norteamericano que interviniendo en nuestra política ratificaba la existencia de narco-generales que no han sido sancionados, son parte de la crisis que se agudizó con el asesinato de Villavicencio.

El escenario era propicio para que las elecciones sirvan como expresión del descontento social, tanto por la decepción en el gobierno y la Asamblea cuanto, por las perspectivas de futuro, buscando una salida, aunque sin saber bien dónde. Por ello buena parte de los votos fueron en búsqueda de lo “nuevo”, pero sin análisis profundo y menos aún de clase.

Algo sobre los resultados

Los resultados hasta cerca de la media noche, con la mayoría de las actas procesadas superando al 90% en las presidenciales, ratificaron tendencias que prácticamente ya estaban presentes desde el inicio del conteo. Pero también trajeron novedades. Primero, que la diferenciación de candidaturas y programas no fue determinante, llevando a la gente a buscar lo nuevo, sin ubicar de que se trataba y por ello apoyar a candidaturas como la de Daniel Noboa (que pasa a la segunda vuelta con el 23,78%), oligarca que fue asambleísta pero era desconocido por la población o Jan Topic, empresario que se promocionó como mercenario capaz de enfrentar la inseguridad, pero que finalmente llegó al 14,65%. Simultáneamente se rechazó a los que se presentaban como continuadores de los dos últimos gobiernos, Moreno y Lasso, como es el caso de Sonnenholzner (7,1%) e incluso Villavicencio que aparecía cuarto o quinto en las encuestas de la mayor parte de la campaña.

Por otra parte, como no se esperaba de acuerdo con las experiencias pasadas, esta vez el debate fue importante. Las condiciones posteriores al asesinato de Villavicencio generaron mayor expectativa y, más allá de haber sido observado por alrededor de la mitad de los electores, se convirtió en tema de diálogo permanente. Esto benefició principalmente a Noboa que no fue atacado por sus competidores al considerarlo sin importancia. Y benefició momentáneamente a Topic con su insistencia de que era quien podía enfrentar a la delincuencia usando más y más violencia.

La sociedad ecuatoriana está en shock, especialmente pero no únicamente por el tema de la violencia y el crimen organizado y, como demostraría Naomi Klein, el shock permite que incluso se renuncie a derechos con tal de salir del hoyo. Eso explica que se generalice el pedido de mano dura y ese se convirtió en discurso generalizado que utilizó Topic, quien tuvo el apoyo del Partido Social Cristian, partido tradicional de la extrema derecha que está en declive. El espacio de ese partido será posiblemente llenado por estos nuevos representantes de las posiciones reaccionarias, pero con mayor habilidad en su discurso y en las formas publicitarias para llegar especialmente a la juventud, como se vio en esta candidatura.

En el caso del correísmo, se ratifica con un 33,24% de los votos que tiene la estructura más votada, como sucedió en este mismo año en las elecciones de alcaldes y prefecturas, desde donde supieron hacer también la nueva campaña (por ejemplo, en Quito el alcalde señalaba que su candidata garantizaba la segunda fase del metro que aún no está en operación). Tienen la mayor votación a pesar de errores de campaña o de que la persecución que realizaron contra Villavicencio generó en ciertos sectores dudas sobre su interés en la muerte del rival. Sin embargo, la imagen autoritaria y su carácter nacional superó que la candidata Luisa González repitiera una y otra vez su ofrecimiento de retornar al pasado, de hacer lo que ya hicieron, como si las circunstancias no hubiesen cambiado. Su discurso ya ni menciona el llamado “socialismo siglo xxi”, pero mantiene un discurso que pega en sectores importantes de la población de las distintas regiones.

En cuanto a quienes apoyaban a Fernando Villavicencio, les correspondió en pocos días y prácticamente sin que se les permita hacer campaña, presentar un nuevo candidato. Se trata del también comunicador Christian Zurita que no solo insistió en las propuestas de su antecesor (cuya foto obligatoriamente iba en la papeleta), sino que igualmente se presentaba como otro outsider que no tenía responsabilidad con anteriores gobiernos. En su conjunto, la solidaridad popular, la buena imagen del nuevo candidato y los votos previamente obtenidos anteriormente, le permitió sumar un 16,49% alcanzando la tercera posición.

La otra sorpresa fue el descenso en la votación de Yaku Pérez, quien representó a una alianza de fuerzas de izquierda y centro izquierda (Unidad Popular, Partido Socialista, Somos Agua, Democracia Sí y un sector de Pachakutik). La no integración de listas conjuntas con Pachakutik y la negativa de la dirección nacional de la Conaie para apoyar a esta candidatura, afectaron a la votación de las dos fuerzas en varias provincias. Si bien por buena parte de la campaña estaba en una posición expectante, siempre con la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, los cambios provocados por el asesinato a Villavicencio o ser visto por algunos como insuficientemente determinado contra la delincuencia tras el debate, le afectaron al grado de terminar con un 3,92% de los votos.

Por último, los resultados y la campaña demostraron que en esta primera vuelta fue menos notoria e importante aquella fragmentación entre correistas y anticorreistas. Para la mayoría de electores y sobre todo para los más jóvenes, no fue el tema central como algunos lo quisieron ubicar. Esto, en parte, por la dispersión de fuerzas y, por otro lado, por las nuevas temáticas que se presentaron.

La importancia de las consultas populares

Junto a la votación presidencial y de asambleístas se realizaron dos consultas populares que surgieron de la iniciativa popular y que tendrán importancia continental. La primera, de carácter nacional, para definir si el crudo del bloque 43 o ITT, ubicado en parque nacional Yasuni y junto a la zona de vida de dos pueblos en aislamiento voluntario. Esta consulta debió haberse dado cuando ya se tuvo las firmas necesarias de apoyo, pero fue ilegalmente impedida por el correísmo, luego que Rafael Correa renunciara a ese proyecto de protección humana y de la naturaleza que había acogido de la sociedad civil y ofrecido al mundo. Ahora, se suspende la explotación y en el plazo de un año la petrolera estatal debe salir de la zona.

La segunda, válida para el Distrito Metropolitano de Quito, consultaba para impedir la minería metálica en cualquier escala y así proteger los ecosistemas únicos del Chocó Andino y sus habitantes. La minería ha sido bandera de los tres últimos gobiernos y ha tenido un importante impulso al tiempo que confronta a las poblaciones que observan la destrucción de las condiciones de vida de las próximas generaciones.

En ambos casos, el extractivismo fue derrotado de manera determinante. El término, su significado y las consecuencias en destrucción ambiental y acumulación de la riqueza en pocas manos, han sido debatidos por importantes sectores, especialmente la juventud. La falaz pero millonaria campaña de compañías nacionales y transnacionales que contó con el apoyo de ministros y el Banco Central, fue derrotada por las organizaciones sociales que impulsaron las consultas, la izquierda y por la mayoría de la población. En el caso de la consulta sobre el Yasuní el Sí logró alrededor del 60% de la votación y, en el caso del Chocó Andino el Sí obtuvo alrededor de 68%.

La derecha política y económica fueron derrotadas pero un aspecto que se evidencia es que, a pesar de ello, las mismas poblaciones que votaron por el sí de manera simultánea dieron su voto por quienes impulsan esos proyectos extractivos. Por el contrario, no dieron un apoyo mayoritario al único candidato que en su historia se ha mostrado defensor del agua y la naturaleza, como es el caso de Yaku Pérez.

Esta contradicción demuestra la necesidad de un mayor debate sobre el tipo de desarrollo que debe impulsar el Ecuador y de dónde saldrán las fuerzas y representantes que pueden impulsarlo si se quiere fomentar la justicia social, la equidad y la vivencia de los derechos humanos y de la naturaleza.

Con miras a la segunda vuelta

El correísmo tiene una base electoral con la que puede contar, con presencia en los principales distritos electorales y tendrá sin duda el bloque parlamentario más grande, aunque difícilmente mayoritario. Esto le favorece, pero es sabido que tiene un techo de posible crecimiento y que difícilmente puede lograr la mitad más uno de los votos. Desde dónde puede lograr nuevos votos es fundamentalmente de los votos de la derecha socialcristiana, con la que en otras ocasiones ha sido capaz de establecer acuerdos. Las otras expresiones de derecha más posiblemente apoyen a Noboa y en cuanto a buena parte de sectores populares que tenían candidaturas propias, no olvidan la persecución vivida en un gobierno que puso juicio por “terrorismo” a más de 200 dirigentes populares y a ninguno de la oligarquía.

En cuanto a Noboa, se muestra con más posibilidades de crecer. Tendrá el apoyo de buena parte de electores de otras candidaturas, con excepción de los de Yaku Pérez, así como de una presencia importante en la Asamblea con candidatos de su partido y de otras expresiones reaccionarias. Es temprano para saber si eso será suficiente para lograr la presidencia.

Por otra parte, al igual que en la elección pasada, se puede presentar un crecimiento del voto nulo pero en menor proporción que en 2021. De todas maneras, su peso será importante para el conteo final de apoyos para definir el resultado electoral.

La disputa entre las dos candidaturas finalistas por los votos apenas comienza a dibujarse. Sin embargo, lo que viene tras esta primera vuelta y las consultas populares para muchos sectores organizados, una vez más, es sostener los anhelos de ecuatorianas y ecuatorianos, llevando a los pueblos a realizar un debate que supere lo coyuntural, que plantee las posibilidades de futuro del Ecuador y las nuevas batallas que tendrán que dar los explotados para dar un giro a la historia. Como ya sabemos por la experiencia social, un proceso electoral no es el comienzo ni el fin, sino solo un momento en las batallas que confrontan a las clases sociales. Aunque venga un gobierno de año y medio, combinado con la nueva campaña electoral, los cantos por concertación siempre serán pedidos para que los de abajo se pongan bajo las órdenes de los que domina. ¿Se tendrá ahora ese debate en los escenarios de trabajo, vivienda y estudio?

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Importancia de la educación para combatir la desigualdad

Por teleSUR – Isbelia Farías

La desigualdad podría definirse como la condición en que las personas no acceden por igual a diferentes recursos y servicios, y se asocia con el género, las clases sociales, la religión, la etnia, entre otras.

La desigualdad social se concibe como una situación en la que los ciudadanos de un estado o diferentes países no tienen acceso a las mismas oportunidades.

La igualdad y la desigualdad son nociones que van de la mano y se refiere a la forma en la que distribuyen los bienes entre la población.

Son varios los factores que influyen en la desigualdad, incluyendo el patrimonio que se hereda o que se tiene acumulado, la educación, el contexto social y la salud. Las desigualdades se pueden medir y observar cuando hay individuos ricos y pobres en una misma nación.

Las nociones de igualdad y desigualdad se refieren a la manera en que se distribuye un bien entre una población.

La desigualdad se ha convertido en un tema de estudio para muchas áreas, tales como la sociología y la filosofía, ya que esta problemática está presente en muchas sociedades. A esta, se le considera como un problema social y no natural, aunque algunos autores enfatizan que se trata también de un hecho cultural e histórico.

En resumen, la desigualdad, podría definirse como una condición en la que las personas no tienen acceso por igual a diferentes recursos y servicios. De igual manera, la desigualdad social se puede asociar con el género, las clases sociales, la religión, la etnia, entre otras.

Por ello se dice que la desigualdad social toma una forma de opresión, pues, el sujeto queda oprimido de forma política, religiosa, económica y cultural.

De acuerdo con los debates sobre la pobreza, se pueden diferenciar varias perspectivas, tal como lo expone Federico Stezano, en su estudio para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

  1. Concebida la pobreza como una necesidad, relacionada con bienes y servicios.
  2. Pobreza como un estándar de vida, de quienes vive con más privaciones, que otras personas.
  3. La pobreza como una carencia en los recursos que se reciben en un hogar.
  4. Pobreza como violación y falta del ejercicio de los derechos económicos, culturales y sociales.

La desigualdad y la educación como medio para combatir la desigualdad

La desigualdad y la educación están vinculadas a nivel mundial. Sobre todo, en relación con la permanencia de los niños en los centros escolares. Además, esto también se ve afectado por el hecho de vivir en zonas urbanas o rurales.

Se dice que el fenómeno no es de forma natural, porque se deriva de una falta de políticas que incluyan la equidad en la educación como una forma de alcanzar la convivencia en ciudades más justas.

A nivel mundial, hay 258 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin escolarizar. En los países en desarrollo, el número es mayor.

Sin embargo, la solución radica en la misma educación, pues sin ella. no es posible alcanzar el progreso ni el desarrollo de las naciones.

No se trata solo de proporcionar a todos los niños los mismos recursos, ya que algunos especialistas consideran que el problema es mucho más complejo y que los gobiernos deben avanzar para alcanzar la igualdad.

El proceso de alfabetización, por ejemplo, fomenta la confianza, el respeto hacia otras culturas y es una herramienta fundamental para el logro de los derechos económicos, sociales y civiles.

Sin una buena educación, las personas carecen de conocimientos o de los problemas a los que se enfrentan las comunidades y cómo solucionarlos, por lo que quedan vulnerables a la manipulación por parte de otros, al odio y a la violencia.

De igual manera es necesaria una buena educación para que todos conozcan sus derechos humanos y sepan cómo pueden hacerlos valer.

La carencia de educación también lleva hacia la pobreza, el desempleo, los problemas de salud y los actos delictivos.

El mundo también avanza a pasos vertiginosos y quienes carecen de educación no conocen sobre los avances tecnológicos, especialmente en países que no están desarrollados.

Quienes tienen menos conocimientos, también tienen menos conciencia sobre las emisiones nocivas y las crisis ambientales a las cuales se enfrentan los seres humanos y cómo disminuir los niveles de contaminación para vivir en un entorno más saludable.

En conclusión, la igualdad educativa es fundamental para abordar los desafíos, tanto a nivel nacional como internacional, el cambio climático y la desigualdad económica. Si los niños obtienen una buena educación, tendrán mejores trabajos, salarios más altos y una mejor calidad de vida, convirtiéndose en miembros productivos de la sociedad.

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/importancia-educacion-combatir-desigualdad-20230821-0032.html

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España: Primer año de la ley de educación en las aulas, del lío con las evaluaciones a la burocracia interminable

Por: Daniel Sánchez Caballero

La tardanza de muchas comunidades autónomas en aprobar los currículos y la sensación de provisionalidad han dado lugar a un primer curso de aplicación descafeinada de la norma

Probablemente lo peor, opinan los profesores consultados, es la sensación de hastío. De haber hecho un gran esfuerzo para adaptarse a una nueva ley con riesgo de tener los días contados y todo el trabajo habrá sido casi en vano; tocará empezar de cero.

Los estudiantes tendrán que memorizar menos y «saber hacer» más en el nuevo modelo educativo que prepara el Gobierno

“Hay una sensación evidente de cansancio y rendición en gran parte del profesorado, o al menos es lo que veo desde mi particular punto de vista; y, en esta profesión, la pérdida de la ilusión es algo que arrastra con ella un puñado de otras cosas necesarias para que un país goce de una educación (y, por tanto, de un futuro) de calidad”. El “particular punto de vista” de Elías Gómez, profesor en Melilla, no es tan particular. “En los claustros lo que se escuchaba al final de curso era: ‘A ver cuánto dura esto’. Falta entusiasmo”, coincide Ana Aguirregoitia, de un centro gijonés.

Quizá por eso, el primer año con la Lomloe en las aulas, en la enseñanza de cada día, puede haber resultado algo descafeinado. “Lomloe light”, dice César González, director de un instituto asturiano. “No se está aplicando nada de la ley”, sube la crítica Clara, profesora y formadora en Andalucía.

La tardanza (o desinterés) de muchas comunidades autónomas en sacar los currículos, que arrastró a las editoriales, junto a la escasa formación que ofrecieron la mayoría de las administraciones al profesorado para adaptarse a una manera de enseñar que aunque no novedosa como tal sí lo era para muchos, provocó que la cuestión quedara en parte en manos del profesorado. Un cuerpo docente dividido, que ha rechazado en buena medida la Lomloe por cuestiones diversas, pero especialmente por una supuesta bajada del nivel educativo.

La enorme carga burocrática que no cesa, las novedades con la evaluación por competencias, algunas discrepancias (habituales) a la hora de decidir si un alumno pasa de curso o no al haberse eliminado el máximo de asignaturas suspensas para promocionar o el aumento de trabajo que supone haber tenido dos leyes diferentes a la vez (las normas educativas se implantan primero en los cursos impares y al año siguiente en los pares) son algunas de las cuestiones que han marcado este primer año de la Lomloe.

En el aspecto positivo, el profesorado valora la implantación de las competencias –aunque muchos son críticos con que se dejen un poco de lado los contenidos– o la “accesibilidad y flexibilidad”, explica Mercedes, profesora de Lengua, que implican las situaciones de aprendizaje, uno de los nuevos elementos de la ley para cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta docente también ve positivamente que “ha reactivado entre los profesores la necesidad de discutir qué hacemos cuando evaluamos o lo oportuno de nuestro trabajo”, y Calle Alonso, profesora en Valladolid, valora la autonomía para los centros que sobre el papel proponía la ley (aunque en su caso concreto el gobierno de Castilla y León la cercenó): “El profesorado podríamos haber pensado qué queríamos hacer y nos habría llevado a procesos colectivos que hubieran servido para conocer cómo funciona la ley”.

Formación y neolengua

El curso empezó en un pequeño caos. Aunque no es la primera ley que las menciona, la Lomloe implanta definitivamente las competencias como eje del sistema y unos criterios repletos de nuevos términos o de términos antiguos que cambiaban algo su significado sumieron al cuerpo docente en una cierta desesperación para elaborar las programaciones que un nuevo currículum exige.

Saberes, criterios, competencias específicas, competencias clave, descriptores operativos, situaciones de aprendizaje, perfil de salida, cómo interactúan unos con otros… Cada ley se vuelve un poco más compleja técnicamente (“neolengua”, dicen algunos profesores) y esta Lomloe aterrizó en las clases un poco aprisa, sin que nadie explicara al profesorado las claves y cómo afrontarlas. “Al principio fue muy caótico”, admite Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, de Madrid. “No sabíamos por dónde tirar, las instrucciones de la consejería no eran muy claras… Los jefes de departamento y los profesores han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse, pero lo hemos hecho nosotros. Desde la consejería no hemos recibido ninguna formación”.

Como siempre en Educación, la situación va por comunidades. Madrid continuó su boicot más o menos abierto. Canarias es citada a menudo como referente en cuanto a la puesta de materiales a disposición de los docentes. Pero ni siquiera es todo ideológico o partidista. Andalucía, aunque llegó tarde a los currículos, se cita como buen ejemplo con la formación. “Los dos primeros trimestres se hicieron a la antigua usanza”, cuenta la experiencia que vivió en su centro Calle Alonso, profesora de inglés en Valladolid.

¿Cómo evaluamos?

Uno de los principales problemas que se ha encontrado el profesorado, refieren los docentes consultados, ha sido con la evaluación por competencias. Por un lado estaba la parte técnica: se trataba, grosso modo, de evaluar no lo que el alumnado sabía (contenidos) sino lo que sabía hacer con eso. Había que hacerlo a partir de decenas de pequeños ítems, centenares según el alumnado de cada profesor. Y se ha convertido en una pesadilla para muchos.

“Creo que lo que no hemos entendido es que antes había competencias asociadas a las materias (por ejemplo, la competencia lingüística era la propia de la lengua). Pero como con la nueva ley no hay competencias propias, todos deberíamos haber trabajado todas, esto significaba que para tener evidencia del desarrollo competencial de cada niño había que haber realizado diferentes actividades de evaluación, pero eso no se ha hecho en la mayoría de los casos”, opina Calle Alonso.

El trabajo se ha multiplicado. “En un curso de Historia puedes tener 40 criterios de evaluación por cada alumno, con sus índices”, explica Aguirregoitia. En una clase hay 25-30 alumnos y cada docente puede tener 5-6 grupos. Salen ciento y pico estudiantes con 40 criterios cada uno. En un mundo ideal, explica la profesora Elena, “una plataforma para hacer un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje te da la posibilidad de incoporar las situaciones de aprendizaje con las competnecias asociadas, te da la nota de cada alumno en cada criterio y de ahí la nota general del curso”. No ha sido así, pero los excels interminables estaban ahí, esperando ser rellenados.

¿Qué ha acabado pasando, al menos varias comunidades autónomas? “La gente lo que ha hecho ha sido adaptar la evaluación a lo que querías. Si querías poner un siete a un alumno, le ponías un siete en cada competencia. Ha sido un despropósito. No porque el alumno no estuviera bien evaluado, iba a tener la misma nota, sino porque no se ha evaluado por competencias”, cuenta Alonso. Elena, en Andalucía, refiere exactamente la misma situación: “El personal se ha ido directamente a la nota final en vez de evaluar las competencias”. Alonso cree que la intención de la ley era buena, “pero la han complicado demasiado”.

Burocracia y suspensos

Lo entiendan o no, todo este trabajo implica una elevada carga burocrática para el profesorado. No es una situación nueva, pero la Lomloe está lejos de resolverla. “Esta es una queja que los docentes mantenemos desde la primera ley de educación del periodo democrático, la LOGSE de 1990”, explica Elías Gómez. “En esta modificación normativa no hay un aumento especialmente significativo de la burocracia, pero desde hace 30 años esta carga ha ido aumentando gota a gota. Existe la sensación de que hay que realizar, para cada aspecto de nuestro trabajo, dos o tres informes por cada alumno o alumna, y asimismo la sensación de que gran parte de esos informes no se van a leer, a comprender o a atender. El tiempo que se dedica a ello resta al docente el tiempo que este suele estimar como de más calidad del que dedica a su alumnado: elaboración de materiales, encomienda y corrección de trabajos, explicaciones, aclaraciones, tutorías personalizadas, y más. No estoy diciendo que el trabajo burocrático sea innecesario ni inútil, pero si se aumenta el trabajo por un lado y no se reduce por otro, irremediablemente una de las dos vertientes se va a ver afectada”, reflexiona.

Otro de los elementos que más polarizó al profesorado de la nueva ley fue la eliminación del número máximo de asignaturas con las que los alumnos pueden pasar de curso y obtener el título de Secundaria y Bachillerato. Hasta ahora con tres suspendías, con dos pasabas (si esas dos no eran Matemáticas y Lengua). Ya no hay límite, la decisión la toma la junta de evaluación (las profesoras y profesores de cada alumno) en función de que el crea que cada estudiante haya obtenido o no las competencias necesarias para hacerlo. Algunos docentes (¿muchos?) creen que esto es prácticamente una aberración.

“La titulación es complicada de gestionar”, apunta la directora Rocha. “Los claustros están polarizados porque hay gente que está a favor de las medidas, pero otra que se está devaluando el sistema. El clima es difícil y aunque no hemos tenido problemas de tensiones graves sí que hay un cierto malestar. Sigue habiendo cierta cultura de la repetición y nos estamos quedando atrás en ciertas cosas como abandono o repetición”, advierte. Elías Gómez no parece acabar de encontrarle la lógica al planteamiento: “La observación que se haría cualquiera es: si [el estudiante] hubiese adquirido las competencias, no habría suspendido las materias, ¿no es así?”.

¿Y las familias?

Por último, algunas profesoras que tanto cambio, tanta neolengua, tanto concepto nuevo y complejo está teniendo un efecto evidente sobre las familias, que están perdidas. “Cambia la terminología, la evaluación, y nosotros nos adaptamos, pero las familias no se enteran de nada de lo que está pasando. Solo saben si pasan de curso o no o si van a poder ir a la universidad”, cuenta Aguirregoitia. Calle Alonso, en Valladolid, tiene la sensación de que “los padres no entienden de qué les hablamos”.

Rocha cierra con un deseo que han expresado todos, cada uno con sus palabras. “Hemos trabajado mucho. Solo espero que después de tanto trabajo no nos modifiquen la ley el año que viene. Al menos no la parte pedagógica, que nos vamos a volver locos. Es mucho tiempo y trabajo. Y a nadie le gusta que su trabajo caiga en saco roto”.

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Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

https://www.eldiario.es/sociedad/primer-ano-ley-educacion-aulas-lio-evaluaciones-burocracia-interminable_1_10393992.html

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Colombia: Reforma de la educación superior, todo lo que debe saber de los cambios que se proyectan

Con la propuesta se espera reorganizar el sistema de educación superior en Colombia y responder a las necesidades de formación de calidad

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USICAMM: El mercado y la meritocracia

La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucional.

Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento.

¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares? Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta preparación para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua. Sabemos que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.

Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio) del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas, así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados, que se han dado en los trámites y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, pero lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”).

¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?

El cambio curricular de 1992, que iba a remolque del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados. Aunque se le considero como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal.

Sin embargo, la reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica.

Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos al salario de docentes y directivos de la escuela pública: Carrera Magisterial (CM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).

Carrera Magisterial, como programa, desapareció por problemas de consistencia interna y sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013. No obstante lo anterior, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional”) prevalece.

A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México, esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del poder legislativo (en este paquete incluyo a la reforma educativa de 2019); marco que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:

Insisto que, en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.

¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?

Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).

Fuente: Calendario de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2022, DOF: 16/12/2021; y para el año fiscal 2023, DOF: 15/12/2022.

USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN; así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe el COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.

¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?

Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.

Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

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