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¿Educación inclusiva o diferenciada?

Europa7 España/ 07.05.2018/ Fuente: www.deia.eus.

“La educación segregada no promueve la igualdad, pero tampoco la libertad”

La educación diferenciada es legal. Un Tribunal Constitucional (TC) dividido -ocho magistrados a favor y cuatro en contra- avala la financiación pública de los colegios que separan a sus estudiantes por sexo. El fallo considera que la segregación por sexo entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de colegios tienen derecho a recibir subvenciones públicas. Tras dos décadas de debate dentro y fuera de los juzgados, la conclusión es que separar a niños y niñas no es inconstitucional, pero, ¿es un buen modelo educativo?

El Gobierno vasco nunca ha retirado la financiación pública a los centros de educación diferenciada al considerar que “no es discriminatoria”, argumento que usó el Tribunal Supremo para echar por tierra el intento de la Junta de Andalucía de cerrar el grifo a estos centros en su comunidad. En concreto, los Presupuestos de la CAV contemplan este año una partida de 13,5 millones de euros para financiar a los seis colegios -vinculados en su mayoría al Opus Dei- que solo aceptan o chicos o chicas en sus aulas: Gaztelueta, en Leioa;Munabe y Ayalde, en Loiu;Arangoya, en Bilbao;Erain. en Irun, y Eskibel, en Donostia.

La organización en la que se agrupan cuatro de estos centros, COAS, ha editado un documento en el que informa de las “ventajas” de este modelo. COAS defiende que separan a chicos y chicas porque maduran a distinto ritmo y obtienen mejores resultados académicos porque la homogeneidad entre profesor y estudiante crea un clima de mejor empatía y disciplina. Sostiene que hay una mejor percepción del rol de las personas del mismo sexo y se reducen las diferencias por esta razón en el currículo y en las oportunidades del alumnado. Asegura que, al estudiar separados, se elimina la dominación de género y otras conductas conflictivas hacia el otro sexo. Dicen que se dan más oportunidades de liderazgo ya que no hay tantos estereotipos por la presión grupal. Esta corriente se basa en la neurociencia y aduce razones físicas y psicológicas para justificar que niños y niñas aprenden y procesan sus emociones de forma distinta y que, por tanto, hay que enseñarles de forma diferente.

Pero esta manera de concebir la enseñanza choca de plano con el paradigma educativo mayoritario actual, un sistema mixto, basado en la educación inclusiva y en la coeducación. “Hay estudios para todo, proponga una hipótesis y encontrará un estudio que la corrobore”, afirma Amelia Barquín, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea. Barquín asegura que “la neurociencia no dice que niños y niñas aprendan de forma diferente, como defienden los segregacionistas, sino que cada persona tiene una serie de características y capacidades y necesita distintos recursos”. Por tanto, considera que “dividir a toda la población en dos categorías y decir que una aprende de una forma y la otra de otra es una forma falsa de interpretar lo que dice la neurociencia”.

Para esta especialista en el tratamiento inclusivo de la diversidad cultural “la educación segregada no promueve la igualdad, pero tampoco la libertad y la diversidad. Y para mí esto es importante porque cuando hablamos de inclusión no solo hablamos de igualdad de oportunidades, que también, hablamos de la libertad de las personas para construirse como personas”. Y según dice, “encerrar a los seres humanos en dos categorías y tratarlas de forma homogénea está lejísimos de la neurociencia y del sentido común”.

Desde la óptica de la educación inclusiva, Barquín cree que “la diferenciación no tiene cabida y la segregación por sexo tampoco. En un mundo en el que vivimos y viviremos juntos, una educación que no nos prepara para vivir juntos no puede ser buena”. Además, dice, “no hace falta haber hecho un máster para darse cuenta de que quienes promueven la segregación son sectores ultraconservadores y ultracatólicos que precisamente no son los más inclusivos y que más apertura hacia la diversidad demuestran. Todo lo contrario”.

Barquín censura que el TC aluda a la libertad de elección de la familias para financiar a estos centros porque “la libertad de elección no es un derecho absoluto”. “Hay cosas -dice- que podemos elegir, pero que están mal, no son morales, ni beneficiosas para la chavalería o para la sociedad. Es como la libertad de expresión, que no lo ampara todo”. Y es que desde su punto de vista, por encima del deseo de las familias “están los derechos de la chavalería”.

Fuente: https://www.deia.eus/2018/05/05/sociedad/euskadi/educacion-inclusiva-o-diferenciada

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Costa Rica: Financiamiento de la educación pública

Centroamérica y El Caribe / Costa Rica/ 07.05.2018 / Fuente: www.nacion.com.

Para calcular el 8 % del PIB, es necesario considerar todos los gastos con fines educativos. Eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje.

El financiamiento de la educación pública reviste enorme interés, no solo por la elevada inversión anual de recursos públicos, sino por los réditos esperados por la sociedad en términos de cantidad y calidad de graduados en todos los niveles del sistema. Si los programas de estudio se diseñan de manera adecuada, existirá una importante correlación entre los niveles de educación y la posibilidad de que sus beneficiarios encuentren oportunidades de empleo bien remunerado.

La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma

El artículo 78 de la Constitución Política dispone la obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica. Ambas son gratuitas y costeadas por la nación, así como la educación diversificada en el sistema público. En cuanto a la educación superior, el mismo artículo constitucional asigna al Estado el deber de facilitar la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. En ese nivel, el mandato constitucional no insiste en obligatoriedad ni en la gratuidad, como lo hace en los niveles inferiores. Además, dispone que el apoyo estatal a quienes opten por la educación superior deben focalizarse en las personas de menores recursos.

Por su parte, el artículo 85 dispone que el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades públicas y “les creará rentas propias, independientes de las originadas” por ellas mismas. Las universidades estatales cuentan con un patrimonio, pero se espera que produzcan rentas independientes para ayudar a cubrir sus costos. Esas rentas pueden provenir de ventas de servicios de consultoría altamente especializadas, lo cual no solo liga fuertemente a las universidades con la sociedad donde operan, sino que les suple valioso material empírico para fortalecer la base teórica de las carreras. Las rentas también pueden provenir del cobro de matrículas (lo cual incluye préstamos) a los estudiantes de hogares acomodados. Así operan prácticamente todas las universidades del mundo.

Costa Rica optó por fijar el aporte anual del Estado a la educación pública en al menos un ocho por ciento del valor de la producción nacional (8 % del PIB), lo cual es alto, y más aún si se tiene en cuenta el nivel de presión tributaria y el enorme déficit fiscal. Para calcular el porcentaje es necesario tomar en cuenta todas las erogaciones estatales que, por una u otra vía, van a la educación, y eso no puede excluir los aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje. Dejar esos gastos fuera del cálculo es elevar la contribución estatal todavía más y ya existen costos asociados con la educación que no suelen tomarse en cuenta para el cómputo, como los subsidios con cargo al presupuesto nacional por concepto de pensiones a exempleados del sector educativo.

Por otra parte, la evidencia empírica muestra que la inversión nacional en educación no rinde lo que debiera, pues otras naciones obtienen resultados superiores, como lo demuestran las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés.).

La generosidad constitucional respecto al aporte estatal a la educación pública no debe interpretarse como carte blanche para que los recursos se gasten de cualquier forma. Es preciso emplearlos con eficiencia. Las universidades públicas también deben procurar hacer su aporte financiero mediante la generación de los recursos esperados por la Constitución.

Los medios económicos del país son limitados. Esa verdad no es menos cierta cuando se trata de causas tan importantes como la educación. El 8 % del PIB es un esfuerzo muy importante. En las circunstancias actuales no puede ser ampliado a capricho. En cambio, es indispensable sacarle el mayor provecho.

Fuente:  https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-financiamiento-de-la-educacion-publica/XYAV75B32VCADNGNMOIUC35ZGE/story

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Puerto Rico: La Cámara verá proyecto sobre educación especial

Centroamérica y El Caribe / Puerto Rico/ 07.05.2018 / Fuente: www.elnuevodia.com.

El proyecto para crear la nueva Ley de Educación Especial será considerado dentro de dos semanas por el pleno la Cámara de Representantes sin tomar en cuenta gran parte de las enmiendas recomendadas por el Departamento de Educación en el proceso de vistas públicas, adelantó el representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega.

Como presidente de la Comisión de Educación Especial de la Cámara, Rivera Ortega dirigió el proceso de evaluación del proyecto de ley.

En una vista celebrada el 4 de abril, Educación presentó una ponencia con sobre 100 enmiendas, en la que alertó que ese lenguaje incluido en la medida ya es atendido en la Ley federal de Educación para Personas con Discapacidad. Argumentó, además, que el proyecto es muy específico en ciertos aspectos que deben ser dejados en manos de la agencia mediante reglamentación.

Rivera Ortega dijo, tras la vista, que la secretaria de Educación, Julia Keleher, se comunicó con él. “Ella lo que me dijo es que apoya la medida como la radiqué”, aseguró. “Se queda como está ahí”, agregó al señalar el proyecto de 144 páginas.

Una de las principales objeciones de Educación tiene que ver con la creación de la nueva Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, una especie de miniagencia   con autonomía administrativa, fiscal y docente. Su titular sería nombrado por el gobernador y tendría que ser confirmado por la Asamblea Legislativa.

En la vista pública, Educación planteó que la Secretaría aumenta los gastos y la nómina, criticó que tenga su propia División de Compras de Bienes y Servicios y que solicite directamente su presupuesto a la Legislatura.

Rivera Ortega argumentó, en una entrevista en su oficina, que la ley vigente de Educación Especial le daba ese poder a la actual Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, pero la ley nunca se respetó.

“La autoridad la tiene el secretario de Educación Especial”, contestó Rivera Ortega cuando se le preguntó cómo se resolverían disputas entre el titular de Educación y este funcionario.

El proyecto también ordena la creación de un panel de seis jueces administrativos supervisados por un juez administrador que tendrán la misión de atender querellas de padres y tutores. Todos   tendrían que ser confirmados por la Asamblea Legislativa.

Rivera Ortega sí acogió una petición de la Oficina de la Administración de Tribunales para que estas vistas no se celebren en tribunales, como dispone la medida originalmente.

En la actualidad, estas vistas se celebran en las regiones educativas -conocidas tras la aprobación de la reforma educativa (Ley 85) como Agencias Locales Educativas- y Rivera Ortega ha argumentado que el proceso coloca en desventaja a los querellantes al celebrarse los procedimientos en un edificio de la dependencia.

No se ha determinado dónde se celebrarán las vistas con la enmienda acogida.

La legislación propuesta también crea la Junta Examinadora de Defensores de Niños con Discapacidades, un ente creado bajo el Departamento de Estado que licenciará a estas figuras que en la actualidad son conocidas como intercesores. Estos ciudadanos privados o agrupados bajo organizaciones acompañan a padres o tutores de estudiantes en vistas administrativas del DE. Según Rivera Ortega, el trabajo de estas personas no está regulado y tampoco sus honorarios.

De convertirse en ley el proyecto, estos tendrán que aprobar un examen confeccionado por el Departamento de Estado y cumplir con una serie de requisitos, que incluye una cuota anual máxima de $100 para realizar el trabajo. Los honorarios serán reglamentados por el Departamento de Estado.

De otro lado, Rivera Ortega no acogió enmiendas como eliminar de la medida un listado de las condiciones de salud incluidas en la definición de un niño con discapacidad o dejar en manos del DE la reglamentación necesaria para confeccionar el Programa Educativa Individualizado (PEI) de cada estudiante de educación especial.

El DE también objeta que se eleve a rango de ley lo que se conoce como el Remedio Provisional, una herramienta que forma parte del laudo del pleito de clase Rosa Lydia Vélez que pueden utilizar los padres o tutores para exigirle a la agencia que sufrague los costos con proveedores privados de servicios que la agencia no puede brindar a los niños.

La posición del DE es que el titular de la agencia establezca, como dice en la Ley 85 de reforma educativa, “normas para la operación de este mecanismo”.

“Queremos hacerlo por ley. El reglamento es una autorización que se le da a la agencia para que legisle internamente”, dijo Rivera Ortega, acompañado por su asesora, Carmen Pereles, una veterana de 36 años de servicios en el DE.

“Si estuviera atendido, la pregunta que hay que hacer es por qué al día de hoy tenemos ejemplos que demuestran que no se está cumpliendo con el estudiante?”, se preguntó.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lacamaraveraproyectosobreeducacionespecial-2420427

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Pautas del sistema educativo francés

Argentina / 6 de mayo de 2018 / Autor: Osvaldo Olmo Gómez / Fuente: Diario de Cuyo

El periodista Fernando Aróstegui, en el diario La Nación, el 14 de abril, dice que el Ministro de Francia, Jean Michel Blanquer, ha comenzado con el rediseño de la educación francesa, donde se buscan dos ejes fundamentales. Por un lado la inclusión y por el otro, la verdadera revalorización del docente. Plantea la escolarización obligatoria a partir de los tres años, poner énfasis en el leguaje y la organización de las aulas con no más de doce alumnos en barrios pobres. También, el ministro de Educación Argentina, Alejandro Finocchiario, apoyó la idea de aumentar la inversión educativa selectiva en las escuelas como el funcionario francés. Los dos previeron que dicha inversión representará siempre un poco más en el PBI.

En Francia es parte de la solución ante el aumento del ingreso de hijos de inmigrantes que residen ahí, fenómeno multitudinario producido por personas en búsqueda de bienestar. En el 2015 se censaron casi 8.000.000 de inmigrantes, donde la mayoría son argelinos y marroquíes, habiendo un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Atento a esto, el funcionario francés afirmó que es fundamental acudir al mejoramiento del lenguaje, mediante técnicas lúdicas y la música en el nivel inicial que sirvan de integración. También dijo que es necesario volverles el prestigio perdido a los docentes. «Pero ese prestigio no se devuelve por un decreto de un ministro» (sic). Advirtiendo que los sueldos deben mejorar, pero que esto no les es fácil realizarlo en forma inmediata. Este prestigio se asienta en la confianza y que esa confianza se debe distribuir entre alumnos, docentes, padres y la institución porque la escuela debe ser el centro social de la racionalidad en este mundo irracional. En la educación media, en el ciclo superior, cada alumno expresará libremente su decisión de la materia a cursar, en un formato de confianza, mediante guías y de acuerdo al campo laboral donde se desarrollará.

Este es el cuadro que presenta el sistema educativo francés. Si lo contraponemos, podemos observar que no está muy alejada de nuestra realidad. En lo referente a procesos migratorios, la Argentina recibe un gran flujo de inmigrantes de países vecinos, donde no es el idioma el verdadero problema a superar, sino la cruel discriminación que los adultos ejercen sobre bolivianos, peruanos y chilenos que se estigma en niños escolarizados.

En la escuela, la maestra es la pieza fundamental en el sostén del parámetro antidiscriminatorio desde los 3 a los 11 años. Al realizar esto o a la par, se deben diseñar modos de inclusión en lo referente a lo pedagógico y con didácticas de grupales. Como vemos, no es una tarea fácil que sólo dura 6 horas al día y por 5 días a la semana. Si fuera fácil, todos podrían trabajar de maestros, es decir planear el trabajo, trabajar con más de 20 personas a la vez, intentando que durante 5 horas sostengan la atención en el proceso enseñanza – aprendizaje. Luego evaluar toda la labor individual y colectivamente, de lunes a viernes y, finalmente, el domingo pasarse más de 4 horas pensando y repensando como seguir la semana siguiente. Tamaño trabajo no es imposible sostener por otro actor que no sean los dignos y laboriosos docentes, porque las ideas sobre políticas educativas deben aplicarse y de eso se encargan ellos, a pesar de todo.

Fuente del Artículo:

https://www.diariodecuyo.com.ar/columnasdeopinion/Pautas-del-sistema-educativo-frances-20180416-0072.html

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Estudiantes en Chile marcharán para denunciar cambios en la educación pública

América del sur/Chile/03 Mayo 2018/Fuente: El Telégrafo

Los estudiantes secundarios, que este miércoles 2 de mayo entregaron al Ministerio de Educación un documento con una serie de propuestas, especialmente un plan de rescate para la educación pública chilena, convocaron a una huelga multitudinaria para el próximo 9 de mayo.

La vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Amanda Opazo, dijo este miércoles a los periodistas que «el gobierno ya no puede jugar a desconocer el porqué los estudiantes secundarios nos manifestamos en Chile».

«Exigimos un plan de rescate de la educación pública con recursos para mejorar la infraestructura de nuestros liceos, la incorporación obligatoria de la educación sexual en todos los niveles y un mecanismo de acceso a la educación superior que no nos discrimine socioeconómicamente», añadió Opazo.

Asimismo, la vocera de la Cones manifestó que «no nos quedamos en solo exigir, por eso el documento entregado contiene propuestas en cada materia».

Manifestó su esperanza de que el ministro se tome más tiempo en estudiarlas y debatirlas «que en seguir intentando apagar el fuego con bencina mediante declaraciones en prensa».

Respecto a la movilización de la próxima semana, Opazo aseguró que «el 9 de mayo nos movilizamos sí o sí en la denominada marcha el ‘pingüinazo'».

«De la intendenta (Karla Rubilar) depende si es con o sin permiso. Si de verdad al gobierno le importa la infancia, que nos deje expresar nuestras ideas», aseveró la portavoz de Cones.

El «movimiento de los pingüinos» fue el nombre que recibió el movimiento estudiantil secundario en Chile durante el año 2006.

Este movimiento se inició como una toma de colegios (al terminar el primer semestre del año escolar), que reclamaba una mejora sustancial de las condiciones de infraestructura en que se desempeñaba la enseñanza, pero también, desde el principio, apuntaba a reformular la calidad de la enseñanza y el rol del Estado como agente en dicho proceso.

A partir de ese año, los «pingüinos» continuaron con sus grandes movilizaciones en pos de una mejor educación pública y gratuita.

Amanda Opazo precisó a Efe que en el Ministerio de Educación entregó un documento de 15 hojas que contempla una serie de propuestas de la Cones a esa entidad.

Destacó que la marcha, que arrancará a las 08:00 (10:00, hora de Chile) y contará con el apoyo de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que congrega a la mayor parte de las federaciones de estudiantes de las universidades chilenas.

Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/chile-educacionpublica-marcha-denuncia

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Argentina: Riesgo de retroceso para Educación Especial

Por: elnuevodia.com/ María de Lourdes Santiago/ 02-05-2018

Recién se ha dado a conocer la deficiente puntuación del Departamento de Educación en la monitoría anual mandatada por la Sentencia por Estipulación del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, en el que por 38 años se ha batallado por los derechos de los niños y niñas de educación especial. Ante este bochornoso (y repetido) incumplimiento, y como si la reforma educativa y los cierres de escuelas no implicaran suficiente sufrimiento para los niños con diversidad funcional, la Cámara está considerando el P de la C 1484, que so pretexto de «armonizar» leyes y reglamentos, es una propuesta para legalizar ese incumplimiento.

Como el DE no cumple con el plazo fijado para que antes de que acabe el semestre esté listo el Programa Educativo Indivualizado (PEI) de cada niño, el P de la C 1484 da un nuevo término, de 30 días antes de que empiece el otro año escolar. En el PEI se establece la ubicación y los servicios, y posponerlo hará aún más difícil que los intérpretes, los terapistas o la asistencia tecnológica a la que tiene derecho el alumno estén disponibles a tiempo. La medida también promueve que el PEI se enmiende sin consultar a maestros o especialistas, y sin la presencia de asistencia legal, lo que dará espacio para engaños y abuso de poder de funcionarios.

Aún con la objeción de Admistración de Tribunales, se propone que los procesos de querellas se ventilen en la corte, lejos de los espacios escolares, ante jueces administrativos nombrados por el gobernador, y de cuyas decisiones sólo se podrá recurrir mediante un juicio de novo, lo que implica costos inaccesibles para la inmensa mayoría de las familias.

El proyecto crea, con sospechoso detalle todo un aparato para burocratizar la figura del intercesor —la persona que sin ser abogado puede asistir a los padres en los procesos de querella— de tal forma que tengan que pertenecer «a un grupo dedicado a la defensa de niños con discapacidades», a los cuales se les concederá honorarios, y a quienes beneficiará un fondo de multas que allí se crea.

La educación especial, según el proyecto, será manejada por una Secretaría Asociada con mínimos vínculos con el Departamento de Educación, a pesar de que el 76% de los niños de educación especial están en corriente regular. Entre las facultades administrativas del nuevo organismo estará la imposición de horario flexible a sus empleados más allá de lo que disponga «cualquier convenio colectivo o Ley Laboral aplicable», mientras que la «autonomía docente» parece apuntar a una estrategia de modificación curricular que, en lugar de crear inclusión, llevará a la segregación al interior del salón.

El P de la C 1484 no es otra cosa que una muestra de la violencia institucional del Estado -la que se ejerce desde la comodidad de una butaca en el hemiciclo- dirigida a los más vulnerables.

Está en manos de los legisladores leer con detenimiento esta nefasta medida, escuchara quienes conocen del viacrucis de las familias de educación especial y negarse a ser instrumentos de la injusticia.

*Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/riesgoderetrocesoparaeducacionespecial-columna-2419294/#comments

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Uno de cada tres alumnos reconoce que en su clase hay niños que sufren bullying

Por: abc.es/02-05-2018

Un 80% de los alumnos cree que la movilización de los compañeros es lo más eficaz para frenar al acosador

El problema del acoso escolar continúa siendo una realidad extendida en España,donde uno de cada tres niños reconoce haber sido testigo de una situación de acoso escolar en su clase. Estos mismos alumnos aseguran que de media conocen a dos compañeros que son víctimas de bullying. «En concreto, la cifra que nos sale es de 2,3 niños acosados por clase y, a pesar de que se ha reducido con respecto a 2017, que era de 2,6, sigue siendo un dato llamativamente alto. De hecho, debería ser cero. O como mucho, tendría que quedarse en el plano de los meros problemas de convivencia», advierte Benjamín Ballesteros, psicólogo y director de programas de laFundación ANAR

 Las cifras son el resutado de encuestas realizadas a alumnos y profesores de centros escolares que han participado en los programas de prevención del bullying, realizados por esta entidad en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña en 2017. Este nuevo estudio se ha realizado en el marco del programa de acción contra el acoso escolar puesto en marcha en 2015 por ambas entidades y que incluye, además de las iniciativas de prevención en centros escolares, campañas de concienciación en las redes sociales entre los más jóvenes y la realización de estudios para conocer mejor la naturaleza y dimensión de este problema social, para así poder implementar medidas más eficaces para paliarlo.
 Las conclusiones de este informe se han extraído del análisis de una muestra de más de 2.600 encuestas realizadas a alumnos de 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO pertenecientes a 150 centros escolares públicos y concertados del centro peninsular, así como a un centenar de profesores de los mismos colegios e institutos, y revelan una mayor sensibilización del problema por parte de niños y adolescentes.

Visión del alumnado

Así, crece el número de chicos que ven en la unión entre compañeros la medida más efectiva para frenar el acoso escolar cuando ya ha comenzado a producirse (80,3% en 2017 frente a 65,7% en 2016) en comparación con otras alternativas como pedirle ayuda directamente al profesor, que disminuye del 77% al 73%. En cuanto a su percepción, aumentan los alumnos que ven el acoso escolar como un tipo de maltrato (97,7%) y disminuye el número de los que lo consideran una broma o algo normal que ocurre entre compañeros (1,6% en 2017 frente a 5,4% en 2016). De hecho, los insultos y las agresiones físicas son las formas más habituales de acoso, alrededor del 85% en ambos casos, seguidas de las diferentes formas de presión psicológica (aislamiento, exclusión y difusión de rumores) que sufre una de cada tres víctimas (32,2%).

La mayoría de alumnos, un 62%, piensa que los acosadores actúan por creerse mejores que sus compañeros y, en segundo lugar, que solo lo hacen para divertirse. Estos estudiantes destacan como principales causas del acoso la forma de ser de las víctimas y su aspecto físico, en más del 50% de los casos, y un 20% afirma que el motivo es por pertenecer a otra cultura o raza.

Sin embargo, la mayoría de los docentes encuestados tiene otra visión respecto al perfil del acosador, y Benjamín Ballesteros recalca que las características de los agresores «son contrarias a las que uno se puede esperar, además de que estos suelen acarrear unos problemas propios que también hay que visualizar». De esta forma, los complejos, los problemas de inseguridad, la baja autoestima o el miedo al rechazo son las características principales del acosador señaladas por los docentes, seguidas de la agresividad y el sentimiento de superioridad. Además, más de la mitad de los profesores entrevistados destacaron también la visión que tienen los jóvenes de la violencia como algo normalizado en la vida cotidiana como otro de los aspectos decisivos para que se produzca el acoso escolar.

 Los docentes

El profesorado encuestado también considera que los talleres de concienciación y las charlas de especialistas son las intervenciones más efectivas en los centros educativos para luchar contra el bullying y, por primera vez, apunta al trabajo con los padres como medida para resolver el problema. «Es curioso, pero en otros estudios que hemos realizado con datos extraídos del Teléfono de la Fundación ANAR y que nos daban los progenitores de las víctimas ya se veía claramente que la necesidad de padres y profesores viene a ser la misma: ambos hablan de consenso con el centro escolar».

 Los padres

Las familias, prosigue el director de programas de esta institución, «se quejan de la falta de diálogo con el colegio, y afirman que este no les involucra a la hora de solucionar un problema de estas características. Por eso nosotros, como adultos, deberíamos buscar esa comunicación casa-escuela. Un profesor debería llamar inmediatamente a los progenitores. De este modo, es probable, que en muchos casos los progenitores no se coloquen en posición de enfrentamiento o de denuncia. Sabemos que la satisfacción de los padres crece enormemente si el colegio les involucra en la solución del problema. Por contra, si sienten que no se les tiene en cuenta, el disgusto crece», concluye Ballesteros.

*Fuente: http://www.abc.es/familia/educacion/abci-internacional-contra-acoso-escolar-cada-tres-alumnos-reconoce-clase-ninos-sufren-bullying-201805012036_noticia.html

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