Mundo/13-09-2020/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Lo que se ha hecho para paliar el empobrecimiento producido por la Covid-19 no alcanza, según reveló el jueves la ONU.
El relator especial de la ONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Olivier De Schutter, calificó el viernes de insuficientes y «llenas de agujeros» a las más de 1.400 medidas de protección social adoptadas por los Gobiernos de todo el mundo para paliar el aumento de la pobreza durante la crisis provocada por la Covid-19.
El alto representante de la ONU, en un análisis sobre la implementación de tales políticas estatales publicado el viernes, señaló: «Estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido».
De acuerdo a esos datos, «los Gobiernos han presupuestado en total unos 589.000 millones de dólares para protección social en la actual crisis, lo que representa alrededor del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial», aunque el informe del relator vaticina que esas iniciativas no frenarán el aumento del empobrecimiento.
El alza podría alcanzar los 176 millones de nuevas personas, al considerar como umbral de la pobreza aquel que se encuentra por debajo de los 3,2 dólares diarios.
Según De Schutter, la pobreza afecta también a muchas comunidades desfavorecidas, las cuales podrían quedar excluidas de los planes de protección, debido a detalles como el hecho de que muchos programas piden que los beneficiados se inscriban a través de internet, un medio al cual muchas familias de bajos ingresos no tienen acceso.
Otro de los ejemplos expresados por De Shutter es que hay programas que plantean «condiciones imposibles de cumplir» para personas en condiciones laborales precarias o sin domicilio permanente, como muchos trabajadores migrantes o aquellos en el sector informal, los cuales alcanzan un 61 por ciento de la fuerza laboral mundial.
De igual manera, el funcionario de Naciones Unidas expresó que «las peores consecuencias de la crisis sobre la pobreza están aún por venir», al tiempo que también lamentó que muchos de los programas de protección social ya se están eliminando de manera gradual o podrían no ser renovados si el signo político de los Gobiernos cambia en futuras elecciones.
En las próximas semanas debe comenzar, en línea, la sesión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, cuyo tema fundamental será el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/onu-aumento-pobreza-covid-20200911-0011.html
El objetivo planetario de erradicar la pobreza en el 2030 se diluye entre los zarpazos de la pandemia que arrastrará a 250 millones de personas al borde de la inanición. Sin embargo, las causas del incumplimiento de esta meta esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se limitan al impacto sanitario del COVID-19. Sino que hay que buscarlas en mecanismos internos propios de un sistema oxidado por la desigualdad.
Constatación que no surge -en este caso- de la crítica alter mundialista. Sino que condensa las conclusiones centrales de un nuevo informe de Naciones Unidas que acaba de ser presentado la primera semana de julio en Ginebra por el experto belga Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. “El pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia”, enfatiza el experto (Versión preliminar en inglés bajo la denominación A/HRC/44/40 Advanced Unedited Version).
El documento anticipa que la misma arrastrará a 176 millones de personas más a la extrema pobreza, agravando la situación, ya dramática, de personas de muy bajos ingresos, entre las que se encuentran, fundamentalmente, mujeres, trabajadora-es migrantes y refugiada-os o demandantes de asilo.
Estadísticas “manipuladas”
«Muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el progreso contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo», dice el documento de las Naciones Unidas. Sin embargo, «la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muerte evitable, y no disfrutan de sus derechos humanos básicos».
«En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten», enfatiza. Y desnuda el mecanismo de polarización social planetario: «la economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos».
Según estadísticas oficiales de organismos internacionales, entre 1990 y 2015 se habría logrado reducir el nombre de personas pobres de 1.900 millones a 736 millones. Sin embargo, según el informe de la ONU, esa cifra se basa en una medición “insatisfactoria” de la pobreza aplicada por el Banco Mundial, que fija el piso de la misma en 1,90 dólares diarios. Si la barra de análisis se estableciera en 2,50 dólares diarios, en los últimos 25 años casi no se percibieron mejorías. Incluso, se comprobaría un empeoramiento de la situación de al menos 140 millones de personas que viven, especialmente, en África subsahariana y el Medio Oriente.
El documento – por el momento solo en una versión preliminar en inglés- fue elaborado por el profesor australiano Philip Alston, quien hasta abril de este año fue el Relator de la ONU en esta temática y quien sintetiza su contenido de 20 páginas en tres conclusiones principales.
Hay que parar con la apuesta al crecimiento económico como medio para reducir la pobreza y centrarse, sobre todo, en la reducción de la desigualdad y la redistribución de las riquezas. En segundo lugar, la filantropía no puede reemplazar el rol esencial de protección que deben jugar los gobiernos. Adicionalmente, propone implementar una más efectiva justicia fiscal, profundizar la democracia y adoptar una gobernabilidad participativa.
La diabólica evasión fiscal
Casi en paralelo a la presentación en el 44 período del Consejo de Derechos Humanos del informe de Philip Alston, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) se pronunció sobre uno de los temas centrales del informe sobre la pobreza.
Recaudar más fondos con los que mitigar el impacto económico y social creado por el COVID-19 -en lugar de un mayor endeudamiento- es la fórmula que recetan los expertos económicos de la ONU para América Latina y el Caribe. Región donde solo en 2018, el incumplimiento tributario –denominando como evasión fiscal- representó 325.000 millones de dólares, monto equivalente al 6,1% del Producto Interior Bruto de la región.
La evasión del impuesto sobre la renta corporativa, es decir la que deberían pagar las grandes empresas, en la región latinoamericana es especialmente aguda, subraya la CEPAL. Quien llega a la conclusión que los sistemas tributarios que tienen un impacto significativo en el PIB, en algunos casos de más del 5%, en algunos países, debido a la evasión, generan menos de la mitad de lo que deberían recaudar.
Esa evasión fiscal empresarial constituye una “de las principales barreras” para una mayor movilización de recursos internos en la región. Una parte significativa de los recursos destinados por los Estados en la situación de la emergencia pandémica podrían ser cubiertos por el correcto pago de los impuestos empresariales. Evitando así un incremento del endeudamiento interno.
La justicia fiscal
“La pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos», afirmó Olivier De Schutter en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra el martes 7 de julio. «Es una cuestión de desempoderamiento, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos». Y llamó a conformar un Fondo de Protección Social para ayudar que los países puedan asegurar garantías básicas de seguridad social a los sectores más empobrecidos de su población.
El mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad «para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos», subraya el informe del Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos.
La justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social: en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40 % de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38 por ciento en 1980 al 24,18 % en 2019.
La pandemia, subraya por su parte el Panorama Fiscal de la CEPAL, ha expuesto las deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.
Por lo tanto, “América Latina debe acelerar hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad…” enfatiza.
Millones de niños corren el riesgo de tener que trabajar como consecuencia de la crisis de la Covid-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances, según se desprende de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Según el informe «Covid-19 y trabajo infantil: En tiempos de crisis», es hora de actuar; el trabajo infantil había disminuido en 94 millones de niños desde 2000, una mejora que ahora podría verse amenazada. Las estimaciones globales en 2017 indicaban que 152 millones de niños trabajaban en todo el mundo. Los niños que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones.
Muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad. “Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT.
“La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables (..) “Tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y derechos humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental”, añadió Ryder.
Según el informe, la pandemia podría resultar en un aumento de la pobreza y por tanto en un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7%, o más, del trabajo infantil.
“En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar», señaló.
Fore añadió que «Cuando imaginamos el mundo después de la Covid, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias dispongan de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro: una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas”. Hay cada vez más pruebas de que el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran durante la pandemia, lo que actualmente afecta a más de mil millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela.
Como resultado, más niños podrían verse forzados a realizar trabajos peligrosos y de servidumbre. La desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico, según el informe.
En el informe, OIT y Unicef proponen un conjunto de medidas encaminadas a paliar el riesgo de que aumente el trabajo infantil, entre ellas, ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley.
Trabajo infantil; el catalogo de la deshonra
Los tiempos cambian. Hace menos de un año la Asamblea General de Naciones Unidas había instado a la comunidad internacional a emprender actividades para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y había declarado al 2021 como el Año para la Eliminación del Trabajo Infantil.
El desafío previsto para 2025 aparentemente se adelantaba en cuatro años. Hoy es más que probable que se agraven las causas fundamentales del trabajo infantil y el trabajo forzoso, entre ellas la pobreza, el acceso limitado a oportunidades de trabajo decente para las personas en edad legal de trabajar, la marginación social, la discriminación, la falta de una educación universal de calidad, la prevalencia de la economía informal y la debilidad del diálogo social.
El último relevamiento de la OIT en el año 2017 detectaba 218 millones de niñas y niños que realizaban alguna actividad productiva en el mundo. De ellos, 152 millones, el 70 % formaban parte del trabajo infantil y cerca de la mitad (73 millones) realizaba trabajos peligrosos.
El informe resalta que la crisis económica y social afectará especialmente a los niños. Se estima que este año entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis, lo que se suma a los 386 millones de niños que en 2019 ya se encontraban en esa situación.
Los niños “invisibles” que provienen de grupos minoritarios marginados, discapacitados, personas que viven en la calle y sin hogar, hogares monoparentales o encabezados por niños, migrantes refugiados, desplazados internos o de zonas afectadas por conflictos o desastres, son más vulnerables al trabajo infantil y corren un riesgo especial en la crisis actual. Los niños, en particular las niñas, además del riesgo de trabajo infantil, pueden verse abrumados por el aumento de las tareas domésticas y las responsabilidades de cuidado.
Las personas y familias vulnerables que han perdido sus empleos en la economía informal, y que necesitan urgentemente financiamiento para la supervivencia del hogar pero que tienen pocos ahorros y un acceso limitado a la protección social u otras formas de apoyo del Estado, es probable que corran un mayor riesgo de ser víctimas de los prestamistas que conceden créditos en condiciones que constituyen servidumbre por deudas.
Los trabajadores vulnerables tienen más probabilidades de ser engañados y atrapados en trabajos forzosos. La probabilidad de que más trabajadores contraigan deudas para sobrevivir, hace que el riesgo de aumentar la servidumbre por deudas sea particularmente importante. Las redes criminales pueden utilizar activamente esta crisis mundial para explotar las vulnerabilidades a fin de restringir aún más la libertad de las víctimas y aumentar el beneficio financiero que generan el trabajo forzoso y la trata de personas.
Las restricciones a la circulación pueden modificar las formas de explotación. Por ejemplo, las mujeres y los niños pueden ser explotados sexualmente con fines comerciales por sus abusadores en línea o en domicilios privados.
Los controles más estrictos en las fronteras pueden aumentar el riesgo de trata de personas. De hecho, las víctimas con documentación confiscada pueden correr el riesgo de sufrir abusos, detención y revictimización por parte de agentes de seguridad/policía que aplican cuarentenas y gestionan puntos de control.
Las víctimas a quienes los explotadores les han quitado su documentación personal pueden experimentar barreras adicionales para acceder a los servicios de salud y otros servicios relacionados con la Covid-19.
Una condena inherente al capitalismo
Una mirada mas inquisitoria del trabajo infantil por sector de la actividad económica arroja que el 70,9 % lo hace en la agricultura, el 17,2 % en los servicios y el 11,9 % en la industria.
El peso superlativo del sector primario indica el carácter aberrante del capitalismo que en pleno siglo XXI se aprovecha de la fuerza de trabajo de los menores en las tareas más duras y en las peores condiciones, expuestos a las altas temperaturas, a los agrotóxicos, a las alimañas, en síntesis, el trabajo en la naturaleza bajo el capitalismo no es apto para los niños y niñas.
Por fuera de la actividad agrícola, multinacionales como Apple, Samsung, Sony, entre otras, han sido denunciadas por obtener el mineral de cobalto para la fabricación de baterías para celulares o tablets de mano de miles de niñas y niños en el Congo.
En el mundo se registró en el último cuarto del siglo XX un resurgir del trabajo infantil en países sobre todo de Asia que han desarrollado sus industrias con trabajo muy simplificado, volviendo en algunos casos a situaciones de trabajo preindustrial.
Hasta aquí hemos visto como usa el capital la fuerza de trabajo y su propia dinámica de valorización nos lleva a la conclusión de que el trabajo infantil le es inherente.
Las actuales formas extremas de trabajo infantil, en la que los niños sufren tanto el efecto de las condiciones del trabajo peligroso como el trauma de la coacción, la amenaza de una pena y la falta de libertad, requiere la adopción de medidas urgentes por parte de los gobiernos y la comunidad internacional.
Pero las metas que declaman, los organismos del sistema de Naciones Unidas no pasan mas allá de las buenas intenciones, puesto que no atacan a la raíz del problema, la propiedad privada capitalista, sino al contrario buscan lavarle la cara al capitalismo con promesas de ponerle fin al trabajo infantil. Cada vez que señalan un objetivo como el de llegar a la erradicación del trabajo infantil en 2025, termina obviamente fracasando.
El mentado uso capitalista de los avances en la tecnología, en vez de liberar cada vez más a la humanidad del trabajo asalariado, extiende el tiempo vital dedicado al trabajo. Y, por otro lado, expulsa fuerza de trabajo y precariza las condiciones laborales de cada vez más amplios sectores.
En tiempos de barbarie todo intento de erradicar el trabajo infantil dentro de los marcos de la sociedad capitalistas está condenado al fracaso.
Fuente e imagen: https://rebelion.org/millones-de-ninos-obligados-a-trabajar-como-consecuencia-de-la-covid-19-o-del-capitalismo/
Las autoridades de la provincia sudafricana de Gauteng (donde se enclava esta capital y la ciudad de Johannesburgo) cerraron más escuelas de manera temporal luego que algunos maestros y alumnos dieran positivo a la Covid-19.
Al respecto, el portavoz del Departamento de Educación de demarcación, Steve Mabona, aseguró a la prensa que proporcionaría ‘a su debido tiempo’ una información actualizada y detallada sobre el número de centros escolares que habían cerrado, así como la cantidad de alumnos habían dado positivo a la enfermedad.
La pasada semana el primer ministro de esa provincia, David Makhura, había revelado que para entonces 52 escuelas habían sido afectadas por 56 personas contagiadas con el nuevo coronavirus.
En otros departamentos del país, como Western Cape y North West también se han debido cerrar temporalmente varias escuelas ante casos de Covid-19.
Frente a esa situación, la Asociación de Servidores Públicos (PSA) pidió a la ministra de Educación Básica, Angie Motshekga, que revierta la decisión gubernamental de reabrir las escuelas bajo el actual Nivel tres de Alerta nacional.
El PSA cree que con el aumento de la tasa de infección diaria actual, el cierre temporal de las escuelas se convertirá en la norma en todo el país, lo cual provocará aún más interrupciones en el año académico y, en última instancia, no beneficiará a los alumnos, informó la asociación.
UNICEF y OIT alertan de que incluso cuando las escuelas reabran muchos niños no volverán a clase y podrían empezar a trabajar.
En los últimos 20 años, la cifra de niños víctimas de trabajo infantil se ha reducido en 94 millones, un importante logro que podría revertirse como consecuencia de la crisis provocada a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 y que podría empujar a millones de niños a tener que trabajar, según alertan el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ambas agencias han presentado un informe conjunto «COVID-19 y trabajo infantil: Un tiempo de crisis, un tiempo de actuar» con motivo de que el 12 de junio se celebra el día mundial contra esta práctica.
En él, alertan de que no solo la crisis por la pandemia podría obligar a empezar a trabajar a millones de niños sino que los que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas, o en peores condiciones. Muchos de ellos podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo, lo que causaría un daño significativo a su salud y a su seguridad.
«Habida cuenta de las graves consecuencias de la pandemia en los ingresos de las familias, muchas de estas, al no tener apoyo alguno, podrían recurrir al trabajo infantil», previene el director general de la OIT, Guy Ryder. «La protección social es fundamental en épocas de crisis, puesto que permite brindar asistencia a los más vulnerables», sostiene.
En opinión del máximo responsable de la OIT, «tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y Derechos Humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental».
Según el informe conjunto, la COVID-19 podría causar un aumento de la pobreza y, por tanto, un incremento del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios aseguran que un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza conlleva un aumento del 0,7 por ciento, o más, del trabajo infantil.
En este sentido, la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, recuerda que «en tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias». «A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar», añade.
Por ello, sostiene que «cuando imaginamos el mundo después de la COVID-19, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro». «Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas», defiende la jefa de UNICEF.
De acuerdo con ambas agencias, los grupos de población vulnerables, en particular los que trabajan en el sector informal y los trabajadores migrantes, serán los que más padezcan los efectos de la recesión económica, el aumento de la informalidad y el desempleo, así como el empeoramiento general de la calidad de vida, las crisis sanitarias y las deficiencias de los sistemas de protección social, entre otras consecuencias adversas de la crisis.
Asimismo, subrayan que hay cada vez más pruebas de que el trabajo infantil está aumentando a medida que las escuelas cierran durante la pandemia. El cierre temporal de escuelas afecta actualmente a más de 1.000 millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, previenen, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela
El resultado de ello podría ser más niños forzados a realizar trabajos peligrosos y en condiciones de explotación. Además, advierten, la desigualdad de género puede agudizarse, puesto que las niñas son particularmente vulnerables a la explotación en el sector agrícola y en el trabajo informal o doméstico.
El informe propone un conjunto de medidas encaminadas a paliar el riesgo de que aumente el trabajo infantil, entre ellas, ampliar la protección social, facilitar la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley.
Esta organización expone el panorama de la educación mundial. Plantea una ruta sanitaria y pedagógica para cuidar a niños, padres y maestros.
Caldas tiene 81 mil estudiantes en casa y Manizales 41 mil que tendrán clases mediadas por la virtualidad hasta el 29 de mayo. De ahí en adelante es incierto el camino. En Colombia son 7 millones 636 mil (de instituciones públicas) y en el mundo mil 300 millones (de colegios y universidades) con enseñanza on line.
La Unesco presentó el miércoles un informe sobre líneas para reabrir escuelas sin afectar a directivos, alumnos, docentes y padres.
El documento advierte que la covid-19 representa riesgos sin precedentes para la educación, la protección y el bienestar de niños. El secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte a gobiernos y donantes para que den prioridad a la educación.
Crearon la Coalición Mundial para la Educación con el propósito de apoyar a gobiernos en el fortalecimiento de enseñanza a distancia y facilitar la reapertura de escuelas.
Todavía no hay suficientes pruebas para medir el efecto del cierre en la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños, ni para pensar en las consecuencias para las economías y las sociedades en el aumento de la desigualdad, el empeoramiento de los resultados sanitarios y la reducción de la cohesión social.
¿Por qué reabrirlas?
Las interrupciones en el tiempo de instrucción en el aula pueden tener un impacto severo en la capacidad de aprendizaje de un niño. Cuanto más tiempo fuera de la escuela, menos probable es que regresen.
Los niños de los hogares más pobres tienen casi cinco veces más probabilidades de no asistir a la primaria que los de los más ricos. El hecho de no asistir aumenta el riesgo de embarazo adolescente, explotación sexual, matrimonio infantil, violencia y otras amenazas.
Los cierres prolongados perturban los servicios esenciales de las escuelas, como la inmunización, alimentación escolar y apoyo psicosocial y de salud mental. Pueden causar estrés y ansiedad, debido a la pérdida de interacción con compañeros y alteración de rutinas.
¿Cuándo, dónde y cuáles?
El momento de la reapertura de escuelas debe guiarse por el interés superior del niño y por consideraciones generales de salud pública, sobre la base de una evaluación de los beneficios y riesgos conexos. Debe basarse en evidencias de factores de educación, salud pública y socioeconómicos de cada contexto local.
DESTACADO
Los niños más vulnerables son los que viven en países en conflictos y crisis prolongadas, migrantes, desplazados forzosos, minorías, que viven en condición de discapacidad e internados en instituciones.
Momentos de reapertura
Antes
* Puede ser escalonada, por ejemplo, podría limitarse inicialmente a unos pocos días a la semana, o aplicarse sólo a determinados grados o niveles.
* Prohibición de grandes reuniones, escalonar el comienzo y el cierre de la jornada, escalonar horarios de alimentación, trasladar clases a espacios temporales o al aire libre.
* Revisar políticas de personal y asistencia con los sindicatos de maestros para incluir ausencias relacionadas con salud y apoyar la enseñanza a distancia o en modalidad mixta.
* Proteger a profesores y estudiantes en alto riesgo por edad o condiciones médicas con planes que cubran ausencia de maestros y continuidad remota para estudiantes que no puedan asistir.
* Identificar la financiación de la respuesta y la recuperación para inversiones inmediatas en agua, saneamiento e higiene en escuelas.
* Dar prioridad al costo de suministros y servicios para limpiar y desinfectar a fondo escuelas y para planes de contingencia y de las existencias.
* Proporcionar a maestros y líderes escolares apoyo y capacitación en aprendizaje a distancia y orientarles para apoyar a estudiantes mientras las escuelas están cerradas.
* Crear grupos de padres en las plataformas móviles o proporcionar créditos de teléfono para contactar con padres.
* Evaluar efectos en la educación privada en aspectos como la ampliación de la oferta pública, financiación de la oferta privada.
Durante la reapertura
* Adoptar enfoques proactivos para reintegrar a niños marginados y no escolarizados.
* Autoridades educativas deben fortalecer mecanismos de comunicación y coordinación que promueva diálogo local y compromiso con comunidades, padres y niños.
* Aumentar la proporción de escuelas con agua potable, estaciones para lavado de manos, suministros de limpieza. Ampliar sanitarios, incluyendo disposiciones para gestión de higiene menstrual.
* Las escuelas también deben garantizar espacios para separar temporalmente a estudiantes y al personal enfermo sin estigmas.
* Revisar políticas y requisitos de admisión para eliminar barreras y reduciendo requisitos para el ingreso.
* Equipar a profesores para que aborden ambos aprendizajes de recuperación y de salud mental de estudiantes y necesidades psicosociales.
* Mejorar capacidad de profesores para cumplir conocimientos básicos de alfabetización, aritmética y necesidades socioemocionales de estudiantes.
* Aumentar prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial que aborden estigmatización y discriminación.
* Exonerar de gastos de uniformes. siempre que sea posible y eliminar barreras de ingreso para maximizar las tasas de reinscripción.
* Aumentar inversiones en educación a distancia para preparar posibles cierres de escuela en el futuro y reforzar enseñanza y aprendizaje si los cierres siguen vigentes.
* Complementar horas de enseñanza con un modelo mixto, que escuelas funcionen con horarios parciales o adaptados de otra manera.
* Incluir un aumento de la financiación para fortalecimiento de capacidades y formación de maestros.
* Considerar eliminación de exámenes menos importantes, como los utilizados para decisiones de ascenso, y concentrar recursos en exámenes de importancia crítica.
Centro América/ Panamá/ 04.02.2020/ Fuente: www.laestrella.com.pa.
Panamá está entre los países con menos oportunidades de que su población alcance niveles de prosperidad. En un ‘ranking’ global ocupó la 63 posición entre 82 países
Panamá está entre los países con menores posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La tendencia demuestra que los panameños, que vienen al mundo en áreas que no cuentan con recursos y servicios básicos, tienen pocas oportunidades de superación social y económica. El problema estaría asociado con la mala calidad de la educación, la desigualdad de los ingresos y el escaso desarrollo de las áreas rurales, establecen economistas consultados por La Estrella de Panamá.
El Índice de Movilidad Social Global del Foro Económico Mundial, que establece la capacidad de los ciudadanos para alcanzar su mayor potencial, coloca al país en el puesto 63 de 82 países. En América Latina, Panamá está por debajo de Uruguay (35), Costa Rica (44), Chile (47), Ecuador (57), México (58) y Brasil (60).
El estudio evalúa el estado actual de la movilidad social (ascenso en la sociedad) considerando factores como acceso a la educación, a la salud, a la protección social, a la tecnología, los salarios y las oportunidades de empleo.
Pasado y presente
Entre las décadas del sesenta y setenta hubo una gran movilidad social en el istmo producto de la educación. A medida que los panameños concluían sus estudios, encontraban trabajo y su condición social mejoraba. Eso originó un gran movimiento denominado “clase media”. Los pobres subían a clase media, explicó Rolando Gordón, exdecano y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.
Pero en los años ochenta, se estancó la reforma educativa que pretendía modernizar la educación panameña. A principios del siglo XXI, la educación no estaba a tono con los avances tecnológicos. Los graduandos de la secundaria y de la universidad no dominaban las herramientas tecnológicas del mundo moderno. Los trabajos que conseguían eran mal pagados. El mercado laboral panameño empezó a llenarse de extranjeros especializados en diferentes tecnologías. “La educación dejó de jugar ese papel fundamental que tuvo en el pasado, como instrumento de movilidad social”, reconoció el docente universitario.
Otra parte del problema que ha paralizado los ascensos sociales en el país es la desigualdad de los ingresos y la territorial. Los panameños que viven en áreas de difícil acceso tienen menos oportunidad de tener empleos mejor remunerados, agregó Gordón.
Panamá ha sido uno de los países de mayor crecimiento. En el último quinquenio, el crecimiento estimado es de un 4.6%. Sin embargo, ese crecimiento no se traduce en desarrollo. Adicionalmente, se concentra en pocas actividades económicas (sector servicios) dejando rezagadas las productivas.
Las regiones de Panamá y Colón concentran la mayor parte de las actividades económicas. El resto del país (8 provincias y 5 comarcas) está sumergido en el abandono, que genera exclusión.
En las comarcas es donde la pobreza muestra su peor rostro. Afecta al 82% de la población, mientras que la pobreza extrema alcanza a 6 de cada 10 personas. Pero no hay que llegar hasta las comarcas para observar los rasgos de la pobreza, en la misma ciudad son visibles.
“La mayor desigualdad de este país al resto de América Latina no es solo consecuencia de la elevada pobreza en las comarcas indígenas”, acota Carlos Garcimartín, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país centroamericano, citado por el diario español El País, en mayo de 2019. “Es una cuestión de desequilibrios territoriales, que van en aumento”, agrega Garcimartín. La diferencia entre la capital y el resto del país es abismal, añadió el experto del BID.
Las riquezas se concentran en pocas manos y en una pequeña franja del territorio, establece la economista Maribel Gordón. Los ingresos del 10% de la población más acaudalada son hasta 35 veces superiores que los del 10% menos agraciado. El país ocupa la sexta posición con la peor distribución de las riquezas.
“Es necesario señalar que un modelo económico como el neoliberalismo no funciona para todos los seres humanos. Por el contrario, es excluyente, discriminatorio, marginal, y genera pobreza”, dijo la economista Gordón. A nivel mundial, se habla de que el 1% o 2% de la población concentra la mayor parte de las riquezas. En el caso de Panamá, son 115 ultramillonarios, concluyó.
La ciudad más cara
El economista Felipe Argote coincide con sus colegas. A su juicio, la concentración de las riquezas está estrangulando a la clase media.
Panamá es, además, la ciudad más cara de Latinoamérica, agrega Argote.
Un estudio del banco suizo UBS sitúa a la capital panameña entre las 21 del mundo en donde es más onerosa la vida, por delante de urbes europeas como Francfurt, Viena, Montreal o Madrid, donde el ingreso anual de un trabajador está en $50 mil anuales. Mientras que el mínimo de un panameño está por debajo de los $12 mil anuales, plantea Argote. Además, en la última década se han encarecido los alimentos, los medicamentos y el transporte, lo que ensancha la brecha entre salario y costo de vida.
Estas situaciones han impedido que el istmo centroamericano reúna las condiciones para que su población ascienda en la escala socioeconómica, concluyen los especialistas consultados por este diario.
Fuente de la noticia: https://www.laestrella.com.pa/nacional/200203/desigualdad-mala-educacion-paralizan-progreso
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