América del Norte/México/23-06-2023/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx
Ciudad de México. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM ) marcharon del Ángel de la Independencia a la Dirección General de Educación para el Magisterio de la SEP, ubicada en avenida Universidad, en conmemoración de un año de lucha en las normales rurales y el 98 aniversario de la federación.
En el pliego petitorio de los estudiantes normalistas incluyen la necesidad particular de cada normal rural, en el caso de Mactumactzá, Chiapas, está la cancelación de las 95 carpetas de investigación de los jóvenes detenidos en mayo de 2021 or exigir la aplicación de un examen de admisión en forma presencial. En relación con Ayotzinapa, presentan la exigencia de la aparición de los 43 normalistas.
La marcha con centenas de jóvenes comenzó después del mediodía, pasaron por Paseo de la Reforma, así como las avenidas Cuauhtémoc y Universidad. En tanto, un grupo de jóvenes de Mactumactzá continúa en plantón indefinido en el Zócalo, donde están en espera de que se dé una solución a sus demandas.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/06/19/sociedad/con-marcha-fecsum-conmemora-un-ano-de-lucha-de-normales-rurales/
América del Sur/Uruguay/23-06-2023/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
La organización sindical convocó a la protesta bajo el lema «Que el gobierno rinda cuentas, presupuesto para el pueblo».
La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) ejecuta desde el martes un paro nacional de labores por 24 horas, que incluye educadores tanto de la enseñanza pública como de la privada.
La organización sindical convocó a la protesta bajo el lema «Que el gobierno rinda cuentas, presupuesto para el pueblo», para llamar la atención del Ejecutivo sobre diversas exigencias, desde salariales, de acompañamiento al estudiantado hasta sobre mejoras en la infraestructura educativa.
El secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, se pronunció asimismo en contra de la reforma educacional impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que incluye «violaciones» de los derechos laborales.
Mandacen refirió que en poco más de una semana el Ejecutivo enviará al Parlamento la última Rendición de Cuenta, por la cual la actual administración puede aumentar el informe de gastos, algo que puede servir al gobierno para instrumentar recortes presupuestarios.
Según el líder sindical, en lugar de recortes, los educadores consideran que su sector demanda de mayor presupuesto, mayor inversión en infraestructura útil; sobre todo, para el arreglo de escuelas y liceos.
La manifestación prevista para el martes incluirá una marcha multitudinaria que saldrá desde la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia del país sudamericano.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/educadores-huelga-reclaman-derechos-gobierno-uruguayo–20230621-0008.html
De acuerdo con Daniel Esponda, secretario de Educación, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
Tegucigalpa, Honduras – Este lunes la Dirección Departamental de Educación en Tegucigalpa, amaneció tomada por docentes, padres y madres de familia del Centro Básico Manuel Bonilla, de la comunidad de Azacualpa, Distrito Central, como una medida de presión para que les asignaran un docente, una solicitud que venían haciendo desde que inició el año lectivo.
Luego de esta protesta –la segunda en lo que van del año– la Departamental les asignó una docente hasta noviembre, mes en el que concluye el año escolar, esto significa que de no reverse el problema de la estructura docente, el siguiente año este problema continuará.
El centro educativo está a 17 kilómetros al Suroriente de la capital de Honduras, y con un poco de dificultad por la distancia –pero más por el mal estado de la carretera—, los cuatro decentes asignados llegan a impartir las clases a los niños y niñas.
La comunidad educativa de la Aldea Aguacate, donde esta ubicado el Centro Básico Manuel Bonilla, se han presentado a las instalaciones de la Departamental en Tegucigalpa, para denunciar el robo de estructuras docentes.
Mariluz Zepeda, directora CEB Manuel Bonilla. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
De acuerdo con la directora, Mariluz Zepeda, los docentes se han distribuido la carga académica para poder atender a los 139 estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, los estudiantes más afectados han sido los de tercero y cuarto grado, en primer lugar, y el resto de los estudiantes debido a que los docentes no los pueden atender al cien por ciento.
Por su parte, Fanny Valladares, madre de familia –que está al pie de la lucha para el nombramiento del docente faltante—, comentó a Criterio.hn, que en la Departamental les informaron, en relación a la estructura docente que se extravió, “ya no se puede hacer nada, porque se hizo una transferencia a otro centro educativo”.
Sin embargo, con la asignación de la docente para el tercer ciclo los estudiantes de tercer y cuarto grado ya podrán recibir sus clases con normalidad, ya que la maestra asignada para estos grados estaba atendiendo a los estudiantes de secundaria. la ´preocupación de los padres y madres era que los niños corrían el riesgo de perder el año escolar”. Esta situación seria una completa violación al derecho humano a la educación de niños y niñas, que además urgen de una escuela en optimas condiciones.
El centro Básico Manuel Bonilla, además de docentes, necesita reparación de conexiones eléctricas, mobiliario, reconstrucción de un puente de acceso al Jardín de niños Emanuel, dotación de material didáctico, pizarras nuevas, e iluminación en sus aulas.
Esta problemática, según de acuerdo con un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (AASJ), en el 2023 está afectandoha afectado al 25 % de los centros educativos del país..
FALTA DE DOCENTES: PROBLEMA DE PERCEPCIÓN
Desde que iniciaron las clases este 2023, ante la falta de docentes los padres, madres, estudiantes y docentes se han visto obligados a tomarse los centros educativos como una medida de presión para ser escuchados por las autoridades educativas.
Daniel Esponda, secretario de Educación. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Según, dijo a Criterio.hn, el ministro de Educación, Daniel Esponda, esta situación es “un problema de percepción”, ya que, de los más de 23 mil 600 centros educativos, en la Secretaría de Educación “el número de escuelas que nosotros hemos tenido reportes en lo va del año hasta la fecha son menos de 100, eso significa que es menos del 0.00 10%”, sien embargo el problema sigue latente y la más afectada es la niñez hondureña.
De acuerdo con Esponda, han atendido todos los reclamos que han recibido, “debemos señalar que unos son correctos, en algunos centros educativos hacen falta docentes”, reconoció.
Esponda, justificó que la falta de docentes se debe a que “El sistema educativo hondureño opera con las mismas plazas que dejó el presidente Zelaya, es decir tenemos los mismos docentes de hace 14 años y la población estudiantil en nuestra región ha crecido”.
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DENUNCIAS
El concurso docente que inició en 2022 y que se encuentra en etapa de audiencias públicas, pese a esta medida ha sido fuertemente cuestionado y criticado, de acuerdo con docente ya que denuncian que se continúan nombrando docentes de dedo.
Los mas afectados con la falta de docentes en los centros educativos son los niños y niñas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
El viceministro de Educación, Edwin Hernández, en entrevista con Criterio.hn señaló “la asignación de plazas –salvo en algunos departamentos en donde ha habido una falta de agilización de parte de las autoridades, y eso ha generado problemas—, por lo general en 15 departamentos vamos bien”.
Sin embargo, Dafne Unilia Rodríguez, docente y fiscal de la junta directiva central del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), indicó que este colegio magisterial ha recibido denuncias. “hay profesores que mencionan que se están violentando algunas disposiciones para el nombramiento de profesores”.
Además, Rodríguez mencionó que los docentes afiliados a este colegio magisterial han denunciado que a docentes nuevos –recién nombrados— se les han completado sus horas clase, dejando de lado a los maestros con antigüedad.
Otra de las problemáticas, que enfrentan los centros educativos es la perdida de estructuras docentes que pertenecían a docentes jubilados o que han fallecido. “Hay denuncias de centros educativos donde no se han llevado maestros y las estructuras se pierden (…) estos movimientos son los que no entendemos por qué los hacen”, manifestó Dafne Rodríguez.
Además, señaló que el docente que ha sido nombrado con una estructura perteneciente a otro centro educativo “no puede entrar en propiedad en esa plaza, este es el problema de los interinos famosos que nunca logran tener una plaza”.
De acuerdo con Daniel Esponda, el país necesita alrededor de unos 10 mil profesores para poder operar en óptimas condiciones, además de unos 6 mil profesores nuevos para “poder superar la crisis existente” en el sector educación.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que los niños y niñas de los grupos con mayor nivel de exclusión de la cobertura educativa son aquellos que viven en la zona rural, que representa el 48.7%; los que tienen entre 3 y 5 años es decir el 65 % y los adolescentes de entre 12 y 14 años o sea el 55.1 % y los adolescentes de 15 a 17 años el 74.6 %.
América del Sur/Venezuela/19-05-2023/Autoría y Fuente: www.elnacional.com
Los docentes zulianos se negaron a recibir bonos mensuales ya que estos “no poseen incidencias” y solo los obliga a permanecer con “el mismo salario estancado del año pasado.
Maestros del estado Zulia, en compañía de la Coalición Sindical Magisterial, conformada por ocho sindicatos del gremio educativo, iniciaron este lunes un paro de 24 horas en rechazo al incremento que decretó Nicolás Maduro en el marco del Día del Trabajador por considerarlo negativo para salario.
El llamado “Plantón Institucional: Quédate en casa”, planea paralizar las actividades escolares en toda la región zuliana para defender los derechos de los educadores, las reivindicaciones salariales y exigir mejores condiciones para asistir a los planteles, reseñó Versión Final.
Ante esto, los docentes zulianos se negaron a recibir bonos mensuales ya que estos “no poseen incidencias” y solo los obliga a permanecer con “el mismo salario estancado del año pasado.
«Seguimos con un sueldo estancado, un salario miserable, de hambre, de pobreza extrema, es calamitosa esta situación, por eso el magisterio zuliano llama a un plantón en el Zulia”, aseguró Cirilo Canales, presidente de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela, a Versión Final.
Y agregó: “Los maestros no necesitamos bonos porque no tienen incidencia en nuestro salario integral, ya eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Necesitamos un salario base y aumentado porque eso si tiene incidencia en nuestro bono vacacional ahorita en Julio”.
El último “Plantón Institucional” que realizó el magisterio zuliano fue el pasado 10 de abril, en el que los maestros se negaron a dar clases en señal de protesta a sus exigencias para la firma del contrato colectivo y salarios dignos.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-en-zulia-paralizan-actividades-escolares-por-24-horas-necesitamos-un-salario-base-y-aumentado/
Profesores afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este martes, en su segundo día de movilizaciones, los accesos al aeropuerto internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la capital de Oaxaca, con lo que obligaron a suspender 12 vuelos.
Los mentores oaxaqueños exigen que se cumpla su pliego petitorio, que incluye que se abroguen la reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto y el decreto emitido en 2015 que entregó la rectoría de la educación pública estatal a la Federación.
Los maestros acordaron, como parte de su jornada de lucha, que se apoderarían ayer del aeropuerto y se concentraron ahí a las ocho de la mañana. Bloquearon el acceso principal hasta después de las nueve, impidiendo la entrada y salida de usuarios.
Más tarde se apoderaron de la entrada al paraje Bosque del Tequio, por el cual pasajeros lograban acceder a la terminal. Entonces las autoridades aeroportuarias determinaron cancelar 12 vuelos nacionales, lo que afectó a un millar de pasajeros. La protesta concluyó casi a las 4:30 de la tarde.
De su lado, la sección 22 informó que la asamblea estatal celebrada el lunes, que se prolongó hasta la madrugada de este martes, corroboró la decisión de la asamblea plenaria de considerar insuficientes las respuestas del gobierno estatal al pliego de demandas que la gremial entregó el pasado primero de mayo.
Asimismo, se votó por que la siguiente movilización magisterial se realice los días 23 y 24 de mayo, cuando se instalará un plantón de 48 horas en la ciudad de Oaxaca con toda la membresía, es decir, más de 80 mil trabajadores de la educación.
Entre las tareas acordadas por la asamblea estatal figura “realizar una rueda de prensa dentro del marco de la jornada de lucha, fijando posicionamiento ante las respuestas emitidas por el gobierno estatal, declarando el boicot a la Guelaguetza oficial” a celebrarse en julio entrante.
Asimismo, se determinó que integrantes de la sección 22 acudan a presentar posicionamientos políticos a cualquier sitio dentro del territorio oaxaqueño al que acuda el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Marchan en QR
Alrededor de 400 docentes marcharon por las calles de Chetumal, Quintana Roo, para repudiar la propuesta de incorporarlos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Ayer alrededor de las 10 de la mañana, cientos de maestros que laboran en los municipios de Othón P. Blanco –cuya cabecera es Chetumal–, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos caminaron hasta las instalaciones del Congreso local.
Los inconformes aseguraron que dejar de laborar para la Secretaría de Educación Pública para formar parte del INPI vulnera sus derechos humanos, pues el cambio de adscripción reducirá sus sueldos, que ahora ascienden a 5 mil 500 pesos quincenales.
Una comisión de los manifestantes fue recibida por diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, quienes les aseguraron que esas peticiones no son de su competencia. Los profesores abandonaron el palacio legislativo alrededor de las 13:30 horas.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/17/estados/bloquean-profesores-de-la-cnte-aeropuerto-de-oaxaca/
Llegando al Primero de Mayo, la mayoría de los venezolanos parecía haber hecho sus quinielas sobre el monto en que quedaría el salario mínimo en Venezuela, una práctica común en un país donde la supervivencia de buena parte de los trabajadores está atada a la decisión de un solo hombre, dada la ausencia de mecanismos para el consenso entre empresarios y el Estado, el desconocimiento a los gremios independientes y la persistencia saboteadora de un sindicalismo oficial, leal con los intereses del régimen. Sólo los más pesimistas pudieron haber acertado sobre la estafa que se anunciaría horas más tarde y que pudimos ver en directo por las cámaras de Venezolana de Televisión.
Como ya es conocido por todos, Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo integral que queda en un estimado de cinco dólares al momento de escribir este artículo (según la tasa de cambio oficial), incrementó los Cesta Ticket a cuarenta dólares y el llamado Bono de la guerra económica subió hasta los treinta dólares, después de haber anunciado, el día anterior, que el Bono sería de veinte dólares, lo que es otra evidencia del nivel de improvisación de las medidas económicas y la inquietud que debió generar en Miraflores las primeras reacciones a los anuncios.
Lo ocurrido el 1 de mayo en Venezuela pone a nuestra nación en el último escalafón en los salarios en la región y uno de los más bajos del mundo, condena a la pobreza a quienes dependen de su trabajo en la administración pública, margina a los pensionados del país que no tienen derecho a los Cesta Ticket y le quita beneficios a los trabajadores al no incluirse los llamados “bonos” en las prestaciones sociales. Todo esto en medio de una parafernalia oficial que celebra el origen sindical y obrero del líder máximo de una revolución que llegó al poder levantando, entre otras banderas, el de las luchas sindicales y donde Hugo Chávez criticó las “bonificaciones” como estrategia engañosa para compensar el salario sin aumentar las jubilaciones.
Lo ocurrido en el país a comienzos de este mes, afectará a la administración pública al empujar a sus trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo o abandonar definitivamente sus cargos, tendrá efectos muy concretos sobre la calidad de los servicios públicos, desmantelará los restos de la educación pública venezolana y su sistema sanitario, mantendrá a los trabajadores movilizados y expulsará a miles de venezolanos fuera de su patria, familias que deberán buscar subsistir en otras partes del mundo, todas estas consecuencias de un sistema de gobierno que carece de una política económica coherente y que ha apelado a la represión como la única y quizás más efectiva estrategia para garantizar la “paz” en la calle.
A la estela del escándalo de corrupción que se desveló en el interior de la industria petrolera venezolana, con un estimado de 3 mil millones de dólares perdidos (hay quienes elevan esta cifra hasta los 9 mil millones, e incluso más, gracias a la ausencia de datos oficiales) es imposible considerar que la precariedad de los salarios en el país se debe a las sanciones y el bloqueo imperial. La miseria a la que fuimos condenados el 1 de mayo fue una decisión política, improvisada, embadurnada de argumentos ideológicos endebles, una imposición que demuestra la desconexión del régimen con el país y un acto de doloroso cinismo en el que se exige a las mayorías una “resistencia” que los poderosos no son capaces de practicar.
La humillación que vivimos aquella tarde nos recuerda la certeza de que la única posibilidad que tienen los venezolanos para vivir en su país está en la capacidad que tengamos para organizarnos, de manera solidaria, con los gremios y sindicatos que siguen movilizados en la calle y, sobre todo, en la medida que sigamos trabajando por el cambio pacífico que desean la mayoría de los venezolanos.
Sólo el regreso de la democracia, con todas las garantías políticas que conllevan, los trabajadores tendrán la capacidad de exigir y negociar sus condiciones laborales dentro de una economía que ofrezca garantías para el emprendimiento y reglas de juego claro para los inversores.
Luchar por este cambio ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
El malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Su demanda central es muy sencilla: cancelar la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, para cambiar a la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (Dgiib) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indios (INPI).
El pasado 13 de abril, el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, en la que se incluye este cambio. También propone que el INPI absorba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) (https://bit.ly/3IaoYsx).
La iniciativa busca dotar al INPI de facultades en materia de educación indígena, para consolidar y preservar la riqueza de las culturas indígenas. Según la exposición de motivos, es producto de consultas realizadas entre junio y julio de 2019, en 54 foros, efectuados en regiones indígenas de 27 entidades federativas, incluido uno dirigido a personas de origen afromexicano y otro a migrantes indígenas en Estados Unidos.
Aunque los recursos públicos destinados al sector son administrados directamente por la SEP sin duplicar funciones, la propuesta parte de consideraciones basadas en políticas de austeridad: necesidad de optimizar recursos, hacer eficiente el funcionamiento institucional de las autoridades competentes en la materia, y lograr el máximo beneficio de la educación indígena.
Para el magisterio indígena, la iniciativa es un grave retroceso. Ellos son ahora maestros federales que dependen de la SEP. Hace años, muchos de ellos o sus antecesores no: eran promotores educativos del Instituto Nacional Indigenista (INI), en 2003 convertido en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el antecedente del actual INPI. Para ser reconocidos como profesores de la SEP y no como promotores educativos, y contar con una base permanente y prestaciones laborales plenas, tuvieron que emprender grandes luchas en estados como Guerrero y Oaxaca. Volver a laborar para la agencia de desarrollo de los pueblos originarios, en lugar de hacerlo para la secretaría encargada de impartir la educación pública básica en el país, es regresar las manecillas del reloj de la historia muy muy atrás.
Ser traspasados al INPI implicará que los maestros indígenas dejen de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Curiosamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es particularmente fuerte en estados con muchos profesores bilingües. Su traslado a la agencia de desarrollo neoindigenista significará la amputación de sus contingentes más consolidados y combativos.
Dígase lo que se diga, para los maestros del sector también representará un enorme descalabro en sus condiciones laborales. De entrada, quedan suspendidas. En su lugar, entran a un limbo legal. Si pasan al INPI, su traslado a otros niveles educativos dentro de la SEP será casi imposible. Y su cambio a centros de trabajo ubicados en otras regiones de sus estados se volverá mucho más complicado.
Si, finalmente, la educación indígena pasa al INPI, lejos de mejorar, va a empeorar. El instituto no tiene competencias ni experiencia educativa. Es una agencia estatal que se ha jibarizado. Su presupuesto, en lugar de ampliarse, se ha reducido significativamente. Sus funciones se han acotado. Su director fue desconocido por importantes sectores del movimiento indígena, que no le reconocen ninguna autoridad. Sus antiguas oficinas nacionales están tomadas.
Es una ilusión suponer que el instituto y su director pueden hacerse cargo de manejar algo tan complejo como la educación de los pueblos originarios. Más aún con los maestros en rebeldía. El INPI no dispone de la infraestructura, ni del aparato operativo, ni de la tradición, ni de la experiencia para hacerlo. Por muchos años, con aciertos y limitaciones, es la SEP la que ha hecho ese trabajo. Cercenarle esas funciones es una grave regresión.
Lo que podría suponerse es una acción afirmativa, en realidad es un acto que puede parecer racista. No hay en la medida ningún elemento que pueda considerarse un paso adelante en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios. ¿Por qué segregar en una agencia de desarrollo su enseñanza ? ¿Por qué separarla del resto del sistema educativo nacional? ¿Por qué no convertir lo que hoy es la Dirección de Educación Indígena Intercultural Bilingüe en una subsecretaría dentro de la SEP?
Aunque la iniciativa señala que es resultado de 54 foros de 27 entidades federativas, los maestros indígenas lo niegan. Ni fueron convocados ni participaron en ellos. Más: en ninguna de las reuniones efectuadas en junio y julio de 2019 se estableció el traspaso de la Dgiib al INPI. Por eso, los docentes dicen que no en mi nombre en protestas en Mérida, San Cristóbal de las Casas, Felipe Carrillo Puerto, la Wixárica, en la Montaña de Guerrero y Ensenada.
Lejos de solucionar problemas, el traspaso de los profesores de educación indígena al INPI los provocará, curiosamente donde no existían.
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