Las invasiones bárbaras

Por: Daniel Seixo

 

«No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder

Benjamin Franklin

«El primer día derogaremos el Obamacare. El Obamacare es un gran problema de los demócratas y nosotros vamos a resolver ese problema«

«Lo tenemos bajo control«

Donald Trump

«Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyáis.«

Barack Obama

Mientras el presidente Trump prepara el terreno y el clima social de cara a las próximas elecciones presidenciales y los Demócratas continúan enfrascados en sus propias dinámicas internas, intentando transformar definitivamente el mermado sistema político estadounidense en un mero juego de popularidad y engaños, la abnegada comunidad científica que a duras penas logra sobrevivir, intentando asesorar al Gobierno de Estados Unidos durante la gestión de esta crisis sanitaria motivada por el Covid-19, se empaña una vez más en repetir para todo aquel que lo quiera escuchar el alarmante mensaje de que el coronavirus se encuentra hoy mucho más extendido en el país de lo que estuvo en los meses pasados. Con cerca 1,9 millones de positivos y 25.000 muertos durante el mes de julio, casi el doble que las cifras oficiales de los últimos meses, el total de infectados en el país se sitúa en la actualidad en los 4.700.000 con un balance total de 150.000 fallecidos. Unas cifras realmente crudas que evidencian la incapacidad del Imperio estadounidense para lograr hacer frente a los efectos de la pandemia entre su propia población.

Tal y como señala la doctora Deborah Birx, coordinadora médica del equipo de la Casa Blanca, el coronavirus continua hoy expandiéndose sin control tanto por las áreas rurales como urbanas del país, todo en medio de una contracción histórica de la economía nacional durante el segundo trimestre del año, fruto de los efectos de la pandemia en el consumo y la actividad de las empresas. La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol, al tiempo que la propagación del virus parece imparable entre protestas sociales, un consumo desmedido y desplazamientos generalizados por todo territorio nacional sin respeto alguno por las más básicas medidas de distanciamiento social. La cifra de desocupación alcanzaba la semana del 25 de julio los 1,43 millones de estadounidenses desempleados, un incremento de cerca de 12.000 personas respecto a la semana anterior. Sin la posibilidad real de una vacuna en un lapso de tiempo cercano más allá de las especulaciones en bolsa y con un panorama empresarial y económico realmente complicado, las colas del hambre en torno a los bancos de alimentos y la amenaza de un nuevo confinamiento, parecen ubicar a la administración Trump y al propio modelo estadounidense al borde del abismo.

El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población

La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza y con aproximadamente la mitad de los trabajadores inmersos de lleno en un mercado laboral deteriorado y de bajos ingresos, en el que solo el 40% de los estadounidenses declara poder hacer frente a un gasto imprevisto de apenas 400 dólares, sin tener por ello que recurrir a la venta de alguna propiedad o a pedir dinero prestado. Con pérdidas generalizadas y sostenidas en el tiempo durante las últimas décadas de los ingresos reales de la clase trabajadora y con un panorama inmediato de profunda recesión económica fruto de los efectos del coronavirus, la ausencia de un sistema de salud pública en los Estados Unidos dibuja la respuesta política y social a esta crisis no tanto como un asunto de derecho a la vida y a la salud garantizado por el estado, sino como una cuestión meramente mercantilista de carácter individual en su respuesta. Mientras una minoría social ve totalmente garantizado su acceso a servicios sanitarios de calidad gracias a lograr costear las elevadas cuotas que exigen las compañías aseguradoras, el conjunto de la depauperada clase obrera estadounidense se enfrenta durante esta pandemia a la espada de Damocles que los acorrala a diario entre la amenaza de un contagio casi asegurado o el desempleo y la ruina. En un país en el que la cobertura sanitaria depende de la actividad laboral, eso supone sin lugar a dudas una condena al fracaso para el proyecto vital de gran parte del proletariado estadounidense.

Desde el acceso a los tests, hasta el más mínimo ingreso hospitalario, la profunda desigualdad del sistema y los efectos del coronavirus sobre el mismo, vienen en este contexto a depauperar los ya de por sí pobres índices de salud de un Imperio militar, económico, pero quizás no social o sanitario. Actualmente la esperanza de vida de los estadounidenses se encuentra situada en los 79,2 años, ubicándose así en el puesto número 40 de mundo, claramente por detrás del conjunto de naciones desarrolladas y muy lejos de los cerca de 83 años en los que se encuentra la esperanza de vida en nuestro país. Pero hay más, analizando en detalle los datos de un estudio del Centro Nacional sobre Pobreza de Estados Unidos (NPC) podemos ver como las diferencias sociales en el país son llamativas, mientras un hombre blanco con estudios universitarios sitúa su esperanza de vida cerca de los 80 años, un afroamericano con escasa formación, apenas llegaría a los 66 años. Otros datos complementarios en este análisis del marco social estadounidense como la mortalidad infantil o la mortalidad materna, evidencian claramente la actuación disfuncional del sistema sanitario de este país sobre la salud de su población. Con cerca de 5,7 muertes por cada 1.000 nacimientos y 26,5 muertes maternas en el año 2015 por cada mil nacimientos, Estados Unidos se ve de nuevo sobrepasado en estos indicadores por el conjunto de los países ricos, llegando incluso a ser superado en el primer indicador por países como Bosnia Herzegovina y Croacia y mostrando tendencias claramente contrarias a la evolución global en el caso de la mortalidad materna.

Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad

En medio de una situación de clara crisis sanitaria global, los cuidados hospitalarios, los medicamentos o las operaciones, suponen un gasto difícilmente asumible para millones de estadounidenses. Mientras las empresas mejor situadas suelen correr con los gastos del seguro médico de sus empleados, muchas otras no lo hacen o simplemente suelen ofrecer coberturas muy limitadas. Esta vinculación entre vida laboral y cobertura sanitaria, explicaría perfectamente la profunda brecha en el acceso a los cuidados sanitarios entre las diferentes clases sociales en Estados Unidos y su reflejo en los indicadores generales del país. Una sola noche de hospitalización en EE. UU. puede elevar una factura médica a cerca de 5.220 dólares, frente a los 424 que costaría en España, mientras que el precio de una operación de apéndice variaría entre los 16.000 dólares que pagaría un estadounidense a los apenas 2.000 que podría costar en el caso de un hospital español. No se trata únicamente de la inversión individual en servicios médicos tal y como señalan repetidamente muchos economistas liberales, sino del propio concepto de la sanidad, entendida esta como un bien común o como un lucrativo negocio. España se encuentra entre los países que menor porcentaje de la renta dedica a su sistema público de salud, unos 1.500 euros al año pero cápita, frente a los cerca de 9.000 dólares al año que dedica cada estadounidense, pero mientras el gasto sanitario del país norteamericano no cesa de aumentar y su atención es claramente deficiente para una mayoría social, el sistema público español se encuentra, pese a las continuas oleadas recientes de austeridad impuestas por el modelo neoliberal, entre los más eficientes y mejor valorados del mundo.

Cerca del 57% de los habitantes de Estados Unidos aseguran haberse llevado en algún momento de su vida una sorpresa con una factura médica que aparentemente cubría su compañía de seguros y quizás precisamente debido a eso, los estadounidenses acuden aproximadamente la mitad que los españoles al médico, una media de 4,1 visitas al año. Facturas de 126.000 dólares por un ingreso hospitalario de 4 días tras un accidente de moto, 47.000 dólares por servicios varios como laboratorio, anestesista, fisioterapia, rehabilitación, 60.000 dólares en servicios médicos esenciales como un escáner o una radiografía tras un accidente de coche, 11.000 dólares tras el traslado al hospital en ambulancia y una estancia de penas dos días o directamente 407.000 dólares por una estancia hospitalaria de algo más de dos meses. Analizar este contexto social en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 -una enfermedad que en muchos casos requiere intensos y prolongados cuidados hospitalarios- y con una crisis económica acuciante que afecta progresivamente a sectores más amplios de la población, supone hablar de un marco sanitario en el que el virus y una economía depredadora se unen mano a mano para poner en riesgo la vida de millones de personas, ante el nulo papel de un estado ciertamente inexistente que únicamente observa como las compañías de seguros negocian sus propias tarifas con médicos y hospitales, incluso caso por caso, para tratar al paciente como un cliente que en gran parte de los casos rematará teniendo que asumir una parte importante del coste de sus tratamientos, incluso cuando creía tener una cobertura sanitaria suficiente. Este es el caso de Malcol Bird: en 2016 un hospital en Connecticut le reclamó algo más de 600 dólares por haberle puesto una venda a su hija de un año tras haber sufrido un corte en el dedo mientras le cortaban las uñas. Cerca de 7 dólares por lavar la herida y una tirita y 622 dólares por el servicio médico y el uso de las instalaciones del hospital.

Estas elevadas cifras en las facturas médicas no son casos aislados en un sistema sanitario que funciona en su foro interno como un gran sistema especulativo al rededor de la salud de los pacientes o directamente jugando con la salud de los mismos: 1.000 dólares por una resonancia magnética, 300 dólares por una mamografía, 300.000 por una fractura de cráneo con hemorragia cerebral o 9.000 por un traslado en helicóptero. Una consulta medica en Estados Unidos ronda los 100 dólares en un médico de cabecera, 300 en un especialista y 700 dólares si además de la misma necesitamos un análisis de sangre. Estados Unidos es en esencia el país ideal para terminar arruinado por el costo de las facturas médicas.

Sin embargo el gobierno estadounidense no se muestra en absoluto capaz de garantizar la calidad de su sistema de salud pese al alto costo del mismo. No deberíamos olvidar que tras el cáncer y las enfermedades cardíacas, la tercera causa de muerte el país se debe precisamente a los errores médicos. Cerca de 250 mil personas al año mueren en Estados Unidos debido a esta causa, superando con creces los fallecimientos debidos a accidentes o infartos. Pero incluso con estas alarmantes cifras, la mala praxis o directamente la negligencia médica, no siempre conllevan automáticamente la suspensión del ejercicio profesional de sus responsables, sino que en gran parte de los casos los mismos son únicamente sometidos a largos procesos disciplinarios durante los cuales los médicos afectados por la investigación podrán seguir ejerciendo su profesión a la espera de que los Consejos Médicos de los estados en los que ejercen resuelvan las demandas. Miles de médicos estadounidenses ejercen su profesión pese a estar sometidos a investigaciones por abuso de drogas, acoso sexual, negligencias graves o incluso a cometer errores letales. Por estrambótico que parezca, la figura del Dr. Nick Riviera de Los Simpson, es un reflejo de una situación real de una parte del sistema sanitario estadounidense. En el caso del FBI contra el doctor Farid Fata, se demostró que al menos 553 personas habían sido falsamente diagnosticadas con cáncer y sometidas a caros y agresivos tratamientos médicos, por los que el doctor Fata llegó a presentar facturas equivalentes a 225.000.000 dólares al Medicare, el sistema de seguro de salud estatal de Estados Unidos. Largos y dolorosos procesos de quimioterapia aplicados a personas sanas, únicamente como forma de enriquecerse a costa de la salud de sus pacientes. Una estafa posible bajo el paraguas de un sistema de salud privado y depredador.

El 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas

En la otra cara de la moneda, una enfermedad como la diabetis, fácilmente controlable y tratada con cambios en el estilo de vida y una buena dieta, supone a día de hoy una amenaza sanitaria creciente en un país en el que al menos el 72% de los adultos admite no consumir las suficientes frutas o vegetales y opta directamente por la comida rápida, llegando a consumirla incluso cuatro veces por semana, en muchas ocasiones debido a lo accesible de su precio frente a otras alternativas más saludables. Solo en California entre 2011 y 2017, los médicos llegaron a realizar más de 82.000 amputaciones diabéticas. Un procedimiento drástico e irreversible que ejemplifica claramente las consecuencias de ser pobre y carecer de seguro médico en Estados Unidos. Atendiendo a un estudio de 2015, los pacientes que sufren diabetes en comunidades que se sitúan en el nivel más bajo de la base de ingresos, tuvieron casi un 39% más de probabilidades de sufrir amputaciones severas en comparación con los que viven en comunidades de mayores ingresos. Las personas de raza negra o latinas tienen en la actualidad más del doble de probabilidades que los blancos de sufrir amputaciones relacionadas con la diabetes, lo que en muchos casos supone una incapacidad directa para continuar de manera efectiva en un mercado laboral cada vez más deteriorado.

La cosa es simple: sin trabajo, no hay seguro. Actualmente cerca de 27,5 millones de estadounidenses carecen de seguro médico, lo que significa que cerca del 8,5% de la población carece de cualquier tipo de asistencia sanitaria de calidad. Si triunfase el llamado «Trumpcare», la propuesta republicana para derogar y sustituir el Obamacare, esta cifra se elevaría en 14 millones de estadounidenses sin cobertura médica en el país durante el próximo año y cerca de 24 millones de cara al 2026. En una sola década, el número de habitantes sin cobertura médica podría llegar a situarse en Estados Unidos en 52 millones de personas. En contraprestación, la administración Trump podría reducir el déficit federal en cerca de 337.000 millones de dólares, una suculenta mordida económica con total seguridad destinada a los peces gordos de Wall Street y a una lluvia de fuego y destrucción sobre algún país soberano en forma de jugosos beneficios para la industria del armamento.

Debemos apuntar llegados a este punto que para los ciudadanos más depauperados de Estados Unidos existe un programa destinado a asistirlos con los gastos derivados de su atención médica, llamado Medicaid. Actualmente se encuentran inscritos en este programa unos 75 millones de personas, que ven como mediante servicios puntuales se cubren sus necesidades sanitarias. Pero el Medicaid únicamente se dirige a reducir los costes sanitarios, no a propiciar una atención gratuita. No es extraño por tanto encontrarse a familias que directamente recurren al crowfunding como la alternativa más directa de cara a intentar evitar la ruina que puede suponer una enfermedad en los Estados Unidos. La caridad individual como sustituto del papel que debería jugar el estado a la hora de aportarnos la atención médica que necesitamos. La más mínima visita a un hospital puede llegar a suponer una factura de cientos de dólares para aquellos que se encuentran sin cobertura sanitaria. Pese a que la ley de Estados Unidos exige que las personas que tienen una emergencia médica puedan obtener la atención que necesitan, independientemente de su capacidad de pago, la acuciante crisis económica y la seguridad de que las facturas médicas terminarán por llamar a la puerta de los pacientes, hace que el 57% de los trabajadores estadounidenses acudan a trabajar mientras están enfermos y que cerca del 33% lo haga de forma habitual. Una situación social que si bien supone una auténtica locura en condiciones normales, apunta directamente al desastre más absoluto en medio de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

La situación de crisis sistémica potenciada por los efectos del Covid-19, afecta especialmente a un país que alberga a cerca de 40 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea oficial de pobreza

Cerca de 45.000 personas mueren cada año en Estados Unidos debido a la falta de una correcta atención médica y el riesgo de morir aumenta en torno a un 40% entre quienes carecen de un seguro de salud. No se trata de una decisión individual o de un riesgo que corran personas irresponsables, se trata directamente de pobreza y de su efecto sobre la salud de las personas. Los gastos médicos suponen una de las principales causas de pobreza entre los estadounidenses y provocan que cada año miles de ciudadanos tengan que declararse en banca rota. Incluso entre quienes tienen un seguro médico, cerca de 500.000 personas deben declararse insolventes cada año debido a deudas relacionadas con sus enfermedades. Una deuda médica total de cerca de 81.000 millones de dólares que afecta a uno de cada seis estadounidenses. Una situación social límite que no hace sino empeorar con los años, si entre el año 2000 y 2006 la inflación en el país subió un 3,5% y los salarios de los estadounidenses aumentaron en un 3,8%, las primas de los seguros médicos lo hicieron a su vez en un 87%.

El simple hecho de adquirir un medicamento puede llegar a costar para un estadounidense miles de dólares mensuales pese a contar con un seguro, mientras un tratamiento con insulina cuesta entre 5 y 10 euros en España y es cubierto por la Seguridad Social, en Estados Unidos su precio se puede disparar a los 200-300 euros al mes con un seguro médico y hasta los 800-1200 euros para aquellas personas que carecen del mismo. Esto convierte el acceso a medicamentos básicos en un problema de primer orden de salud pública. En el caso del cáncer, el 42% de los estadounidenses que padecen esta enfermedad se dejan en facturas médicas durante los dos primeros años de tratamiento los ahorros de toda su vida. De nuevo un personaje de ficción como Walter White de Breaking Bad, retrata bajo toda la locura de su trama la realidad asfixiante de miles de ciudadanos en Estados Unidos. No en vano, un cáncer de vejiga puede llegar a suponer cerca de 21.000 dólares, frente a los más de 100.000 de tratamientos relativos a las últimas etapas de los tipos de cáncer más complicados.

El 59,7% de los estadounidenses obtiene directamente el acceso a su seguro médico por la empresa en la que trabaja, un 27% por ciento a través de programas del gobierno como Medicaid –destinados a gente con bajos ingresos– y Medicare –para mayores de 65 años– y solo un 9,1% lo hacen a través de seguros contratados de forma individual. Pero todos ellos, sin excepción, se ven inmersos en un bazar sanitario en el que las 10 compañías más importantes controlan el 70% de todo el mercado de los seguros sanitarios en Estados Unidos. Un sistema enormemente rentable para estas compañías cuyos beneficios superan ampliamente los 10.000 millones de dólares. Quizás por ello, sus directores se encuentran entre los profesionales estadounidenses mejor pagados con un promedio de 12 millones de dólares al año. Las compañías basan sus beneficios en la pura lógica mercantil y por ello estos directores funcionan como ejecutivos de una empresa y no como médicos, sus tareas principales se basan en seleccionar a pacientes con mayores necesidades médicas, especialmente los crónicos, eliminar a las personas que requieren cuidados costosos y reducir en la medida de lo posible la cobertura sanitaria prestada, aumentando los copagos. No en vano, el 40% de las personas que están muriéndose debido a una enfermedad terminal en Estados Unidos, aseguran tener serias preocupaciones acerca de las facturas médicas y sobre como sus familias podrán hacer frente a las mismas. Todo ello a pesar de que la mayoría tiene un seguro médico. Pero esto no es todo, tu edad, tu estado de salud y tu profesión, pueden suponer factores decisivos para que se te niegue un seguro de salud en Estados Unidos. Un modelo sanitario que en la práctica ya aplica una especie de eugenesia ligth a pacientes con antecedentes de cáncer, obesos, hipertensos o simplemente a fumadores o personas que practican deportes de alto riesgo.

La situación actual de Estados Unidos puede calificarse sin temor a equivocarnos de total y absoluto descontrol

El sistema de seguros médicos privado en Estados Unidos ha demostrado ser costoso e ineficiente, el país que más gasta en sanidad, cerca del 17% del PIB, se encuentra actualmente atrapado e un modelo que apenas satisface al 21% de la población. La supervivencia de un modelo demencial e ineficiente, solo resulta por tanto posible atendiendo al enorme peso que las compañías de seguros médicos tienen en la economía y en la vida política del país. El poder político y mediático de los grupos de presión relacionados con estas compañías es inmenso y se refleja fielmente en sus enormes aportaciones a las campañas electorales de las diferentes figuras con capacidad de decisión en el Congreso de Estados Unidos. Unos fondos que hasta ahora se dirigían de forma más o menos equitativa tanto a figuras demócratas como republicanas y que a día de hoy, tras el intento de la administración Obama por remodelar ligeramente el sistema sanitario estadounidense, parecen decantarse firmemente por las posturas más extremas y fundamentalistas de la ultraderecha del país. Medios como FOX News funcionan a su vez como un engranaje necesario para lograr trasladar satisfactoriamente el mensaje de estas grandes compañías de seguros a los estadounidenses, boicoteando con ello cualquier intento de Reforma Sanitaria mediante campañas de intoxicación informativa.

En medio de una de las mayores tragedias sanitarias de Estados Unidos debido a los desastrosos efectos Covid-19 sobre la población y a las puertas de la posible conjunción de esta crisis sanitaria con una profunda recesión económica que amenaza directamente a cerca de 28 millones de estadounidenses con ser desalojados de sus casas, el sistema sanitario de Estados Unidos parece profundizar en la decadencia de un país cuya clase trabajadora se encamina a la ruina y la realidad de unos índices sanitarios más propios de países del tercer mundo que de una potencia imperial. Todo, mientras su presidente, Donald Trump, se atreve a catalogar la situación en del país y su propia gestión de la pandemia de «adecuada». En un país con millones de personas sin acceso a servicios sanitarios y con grandes porcentajes de población decidiendo no acudir al médico por temor a ser deportados o a quedarse sin trabajo, el cambio de rumbo de un presidente y una militancia republicana adscrita a las teorías conspirativas, parece ser el golpe de timón definitivo para que un el coronavirus termine cobrándose la vida de millones de estadounidenses. De todos modos, pese al dolor personal y a la tragedia para la nación, para el sistema de salud del país y para las grandes firmas de seguros médicos, tan solo se tratará de negocios.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/las-invasiones-barbaras/

Comparte este contenido:

América Látina y El Caribe: Crecerá “alquiler de vientres” por crisis económica tras Covid-19

América Látina y El Caribe/Autora: Elizabeth Muñoz Vásquez/Fuente: CIMAC Noticias

La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19 podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.

Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.

Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.

Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.

“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.

Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.

Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas

Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).

Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.

El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-,  el grueso de trata de personas”, cuestionó.

“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.

Fuete: CIMAC Noticias

Imagen: César Martínez López

Comparte este contenido:

La ONU alerta sobre los efectos del coronavirus: desocupación, hambre y terrorismo

Europa/Italia/15/07/2020/Autora: Elena Llorente/Fuente: Pagina12.com.ar

«El virus, como el terrorismo, no respeta fronteras» afirma Antonio Guterres.

Entre 83 millones y 132 millones de personas se agregarán en 2020 a las que ya sufrían el hambre: será consecuencia de la recesión económica provocada por la pandemia.

Desde Roma

Naciones Unidas estima que a causa de la covid 19, el hambre aumentará de modo alarmante en el mundo, agregando un mínimo de 83 millones y un máximo de 132 millones, a los 690 millones de personas que ya padecían hambre en el mundo en 2019, según un informe difundido el pasado lunes.

En el mundo se habla sobre todo de las consecuencias económicas del coronavirus, centrando las preocupaciones en el gran nivel de desocupación generado (la Organización Internacional del Trabajo calcula la pérdida de unos 195 millones de puestos de trabajo a tiempo completo), en la alarmante pobreza y el hambre. Pero el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inaugurar el 6 de julio en la ONU de Nueva York la Semana contra el Terrorismo, mencionó además la posibilidad de que las debilidades del sistema que han salido a relucir con la pandemia, puedan ser aprovechadas por “formas nuevas de terrorismo” como ataques cibernéticos, bioterrorismo y mal uso de las tecnologías. “Como el virus, el terrorismo no respeta fronteras”, dijo Guterres, señalado que “afecta a todas las naciones y sólo puede vencerse colectivamente”.

Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, el estudio realizado por distintas instituciones de Naciones Unidas difundido este lunes, los 690 millones de hambrientos de 2019 significan un aumento de 10 millones respecto a 2018. El informe fue difundido pocos días después de que el secretario Guterres presentara el 9 de julio otro documento sobre el impacto del covid-19 en América Latina y el Caribe, aconsejando a los gobiernos a tomar ciertas medidas para la recuperación de la crisis, reduciendo la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Aunque la ONU reconoce que todavía es un poco temprano para establecer los efectos reales de las cuarentenas en los distintos países y de las otras medidas de contención aplicadas, estima sin embargo que los 83/132 millones que se agregarán en 2020 a los que ya sufrían el hambre, serán el efecto de la recesión económica provocada por el coronavirus. Estos datos hacen cada vez más difícil conseguir el objetivo de “Cero Hambre en 2030” que se había propuesto la ONU, dice el informe elaborado entre otros por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Alimentario mundial (PAM) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), las tres con sede en Roma, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Asia es el continente con más desnutridos (381 millones), seguido por África (250 millones) y América Latina y Caribe (48 millones), dijo el informe ONU. Es necesario aclarar que Asia es el continente con más población (más de 4.600 millones según estimaciones para el 2020), seguido por África (unos 1.300 millones). América Latina y Caribe en torno a los 650 millones de habitantes pero eso no la salva de la pobreza y el hambre. El mayor porcentaje de desnutridos en proporción a la población está en Africa (19,1%), seguido de Asia (8,3%) y América Latina (7,4%), precisó el informe ONU. Si se continúa con esta tendencia, en 2030, África será el lugar donde se encontrará más de la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo, añadió.

“La pandemia intensificó la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial”, afectando las actividades productivas, la distribución y el consumo de alimentos. Por eso el estudio llamó a todos los gobiernos a incorporar el tema nutrición en sus políticas agrícolas, tratando de disminuir los costos de la producción, transporte y distribución y apoyando a los productores pequeños y locales para cultivar y vender más alimentos nutritivos, asegurando su acceso a los mercados. La idea es dar prioridad además a la nutrición de los niños, fomentando cambios en la educación y en los medios de comunicación, a fin de favorecerla, pero también facilitar el acceso a dietas saludables que podrán ser diferentes de un país a otro.

En cuanto a América Latina y el Caribe en particular, el documento difundido por la ONU el 9 de julio destacó que la región se ha transformado en un punto de acceso de la pandemia donde los más vulnerables sectores de la población son una vez más los más afectados y mencionando en este sentido a las mujeres, los ancianos, los indígenas, los africano-descendientes, los migrantes y refugiados, entre otros.

“Para Latinoamérica y el Caribe la comunidad internacional debe proveer liquidez (dinero efectivo), asistencia financiera y aliviar sus deudas”, subrayó Guterres al presentar el documento sobre Latinoamérica. “En una región donde las desigualdades se han hecho insostenibles, es necesario desarrollar un sistema de asistencia social accesible a todos”, creando además un sistemas de impuestos equitativo, promoviendo trabajos decentes y reforzando los mecanismos de protección social, fomentando, entre otras cosas, la participación masiva de las mujeres en la vida pública y económica. “Junto podemos superar esta crisis y construir una sociedad sostenible para todos”, concluyó el secretario general de Naciones Unidas.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/278260-la-onu-alerta-sobre-los-efectos-del-coronavirus-desocupacion

 

Comparte este contenido:

No perdamos más tiempo

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta pandemia que está provocando una grave recesión económica mundial, deben buscarse remedios para tratar de aliviar el duro impacto sobre las personas, sobre todo las de menores ingresos, la preservación de los empleos y la supervivencia de muchas empresas.

Es mucho lo que se ha discutido sobre el conflictivo proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 30% de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y no vale la pena abundar pues las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  han desplegado una abundante campaña a la que han logrado sumar múltiples voces alertando sobre sus efectos negativos para la macroeconomía, y es evidente que el gobierno y las autoridades monetarias no permitirán que esto pase.

Sin embargo, hay medidas que pueden y deben realizarse, como la exoneración temporal de aportes a cuentas de pensiones debido a la crisis como han solicitado los empleadores, la cual a pesar de que las AFP expresaron aprobarían aún no se ha dictado, o las relacionadas con beneficios no reclamados del seguro de sobrevivencia por los familiares de afiliados fallecidos del régimen contributivo del SDSS o que han sido denegados por supuestos incumplimiento de requisitos.

En múltiples ocasiones la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) ha llamado la atención sobre el tema de los beneficios no reclamados o denegados, y en parte gracias a esto el Consejo de Seguridad Social (CNSS) aprobó en el 2015 una modificación al contrato de póliza entre las AFP y las aseguradoras para extender el plazo de prescripción para reclamar de 2 a 7 años y la edad límite de cobertura de 60 a 65 años. Y en consonancia con lo que han señalado distintas sentencias del Tribunal Constitucional y el Superior Administrativo, la SIPEN ha manifestado que “el derecho a recibir una pensión por sobrevivencia cubierta en la forma exigida por las normas no debe prescribir”, sin embargo, a la fecha el CNSS no se ha pronunciado al respecto.

Aunque importantes medios de comunicación han cifrado el monto no reclamado por familiares de afiliados fallecidos  en más de 1,700 millones de pesos al 2019, la SIPEN no ha dado una cifra oficial, pero el CNSS en su Resolución 457-03 dictada en octubre de 2018 indicó que conforme a auditoría practicada en el 2014 habían “39,386 afiliados fallecidos” con aportes acumulados no reclamados por  la suma de “RD$870,252,453.00”, señalando que el costo para  poder cumplir con los requisitos exigidos,  como es el pago del impuesto sucesoral, a veces superior a lo reclamado constituye una traba y, en este sentido  autorizó a la SIPEN y a su  Gerencia  a realizar gestiones ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a fin de que se otorguen facilidades respecto del pago de impuestos, moras y multas, sin que se conozcan  resultados.

También se instruyó a la SIPEN modificar el contrato de afiliación para que se requiera suministrar los datos de contacto de los familiares, lo que sería importante aclarar si se ha hecho, así como a la DIDA, las AFP y las aseguradoras a realizar campañas informativas, que no se han realizado.

Urge pues que la DGII disponga las medidas para facilitar que los familiares reciban los beneficios eximiéndolos de pagos que se lo imposibilitan, que la SIPEN y las AFP hagan todo lo necesario para facilitar los trámites e informar a los beneficiarios de sus derechos y que el CNSS asuma con responsabilidad el seguimiento de estos temas. Si todas las publicaciones realizadas y la atención dedicada al fallido proyecto de ley se hubiesen concentrado en estos puntos que sí son posibles y tienen fundamentos legales, a lo mejor muchas familias de afiliados estarían recibiendo estos beneficios a los que tienen derecho o empleadores estarían exonerados de pagar por el plazo acordado las cotizaciones de pensiones, lo que constituiría un alivio en medio de estas difíciles circunstancias. No perdamos más tiempo.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8817170-no-perdamos-mas-tiempo/

Imagen: https://pixabay.com/photos/hand-human-woman-adult-hands-3666974/

Comparte este contenido:

Casi la mitad de niños que viven en hogares donde solo entra un sueldo están en riesgo de pobreza

Europa/España/Autor y fuente: elperiodico.com

El Observatorio Social de La Caixa concluye que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad.

Un 48,1% de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los progenitores está en riesgo de pobreza,  según un informe del Observatorio Social de La Caixa hecho público este martes.

El informe, titulado ‘Objetivo: paliar la pobreza infantil’, analiza la estrecha relación entre la pobreza infantil, el mercado de trabajo y las ayudas económicas públicas y concluye que el empleo es determinante en la pobreza infantil, incluso en épocas de bonanza económica.

El estudio constata que en el 2008 el riesgo de pobreza anclada entre los niños que vivían en hogares donde solo uno de los padres tenía empleo era del 35,5%, mientras que en el 2018 esa cifra subió al 48,1%. Según la autora del estudio, Sara Ayllón, investigadora del Departamento de Economía de la Universitat de Girona, en España, cuando solo uno de los dos progenitores está empleado, «vivir con ambos no garantiza una vida digna» para los niños.

El informe denuncia que España tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa y al mismo tiempo es uno de los cinco países europeos que menos ayudas destinan a la infancia.

Por debajo del umbral de la pobreza

También destaca que en el 2018, el 29,9% de los niños españoles vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra superior a las de antes de la crisis, lo que significa que la recuperación económica no ha alcanzado a las capas más débiles de la sociedad.

«Al inicio del período estudiado, en 2008, más de tres de cada diez niños en esta situación vivían bajo el umbral de pobreza anclada (35,5%), pero el panorama para este grupo no ha mejorado: en 2018, el 48,1% de los niños en este tipo de hogares vivían en la pobreza», señala Ayllón.

Los colectivos más vulnerables

Los más vulnerables son aquellos niños de familias en las que ninguno de los dos progenitores trabaja, lo que hace que en el 2018 fueran pobres ocho de cada diez menores en esta situación, frente a los siete de cada diez del 2008.

A estos les siguen los niños que crecen en familias monoparentales en las que el padre o la madre no trabaja (siete de cada diez son pobres).

Según Ayllón, la recesión económica tuvo importantes consecuencias en los niños, «agravando una situación ya preocupante antes de la crisis» y ha dejado que España tenga actualmente una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa.

Tomando como referencia la pobreza relativa (indicador que considera a aquellos que viven en hogares con rentas inferiores al 60 % de la renta mediana equivalente), la tasa era alta ya en 2008 (26,9%), alcanzó su máximo en el 2014 (30,2 %) y bajó ligeramente con la recuperación económica hasta llegar en el 2018 al 26,6%.

Apuesta por las ayudas directas a la infancia

El estudio incluye un apartado dedicado a «las transferencias a la infancia como mejor método para luchar contra la pobreza infantil», elaborado por los investigadores de la Universidad de Málaga Elena Bárcena, M.Carmen Blanco y Salvador Pérez. Este trabajo concluye que concentrar las ayudas económicas en la infancia es tres veces más eficaz para combatir la pobreza infantil que canalizarlas hacia toda la población en función de su nivel de renta.

Comparte este contenido: