Las organizaciones STE-CLM, CSIF y CCOO, que representan al 60% del profesorado de Castilla-La Mancha, han convocado una jornada de huelga para este miércoles. La medida se toma en protesta por la perpetuación de unos recortes que siguen vigentes desde la administración de María Dolores de Cospedal, manteniendo a la comunidad autónoma en una posición rezagada en comparación con el resto del país.
Los sindicatos denuncian que estos recortes han afectado gravemente la calidad de la educación en la región, limitando recursos esenciales y aumentando las cargas laborales de los docentes. Los recortes, introducidos durante la crisis económica, fueron tratados inicialmente como medidas temporales, pero, según los convocantes, se han convertido en una realidad permanente que limita las oportunidades educativas y pone en jaque el futuro académico de los estudiantes.
La huelga busca poner de manifiesto la necesidad urgente de revertir estas políticas y realizar nuevas inversiones en educación que permitan a Castilla-La Mancha recuperar terreno y ofrecer una enseñanza de calidad. Los sindicatos esperan que la jornada de protesta sirva como una llamada de atención a las autoridades, instándolas a tomar medidas concretas para mejorar la situación.
Las movilizaciones han recibido el respaldo de gran parte del profesorado, que ve en esta huelga una oportunidad para visibilizar problemas que afectan tanto a los profesionales de la educación como a los estudiantes. La jornada de huelga incluirá diversas acciones de protesta, entre ellas concentraciones y manifestaciones en distintas localidades de la región.
Ante esta convocatoria, las autoridades educativas de Castilla-La Mancha aún no han emitido una respuesta clara. Sin embargo, es previsible que la huelga tenga un impacto significativo en el funcionamiento de los centros educativos de la comunidad, subrayando la gravedad del problema y la necesidad de buscar soluciones a largo plazo.
Los sindicatos organizadores hacen un llamado a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general para que apoyen esta jornada de lucha, con el objetivo de acabar con lo que describen como una «cronificación» de los recortes y emprender un camino hacia la mejora y dignificación de la educación en la región.
Europa/España/17/06/2020/Autor y fuente: elsaltodiario.com
El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (DEPEX) se concentró la mañana del día lunes en Cáceres y Mérida contra los recortes educativos anunciados por la Junta de Extremadura. En el ciclo de movilizaciones, las próximas convocatorias podrían ser la antesala de una gran Huelga General de la Educación prevista por los sindicatos, si nada cambia, para el mes de septiembre.
El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (DEPEX) se ha vuelto a concentrar el pasado lunes contra los recortes educativos anunciados por la Junta de Extremadura. Simultáneamente en Cáceres y Mérida, las protestas han vuelto a superar en ambas ciudades las limitaciones impuestas (de nuevo) por la Subdelegación del Gobierno. Según DEPEX, en esta ocasión la Administración restringió las movilizaciones a ochenta personas por medio de un escrito formal, lo que para el movimiento ha vuelto a ser, tal y como publicaron en relación a la última cortapisa, “un intento claro por minimizar la asistencia y boicotear el impacto de la convocatoria”. Una condición repetida que contrasta con la ausencia de obstáculos para los toreros y defensores de la tauromaquia que se manifestaron el pasado fin de semana en las provincias de la región.
Concentración convocada por DEPEX, Plaza de España de Mérida
Tanto en la Plaza de España emeritense como en el Paseo de Cánovas cacereño, las concentraciones han vuelto a ser un éxito. Con el apoyo de los cinco sindicatos pertenecientes a la Mesa Sectorial de Educación Pública No Universitaria en Extremadura (CSIF, PIDE, ANPE, CCOO y FeSP-UGT), pero sin su presencia física en ninguna de las dos ciudades, la comunidad educativa organizada en DEPEX ha denunciado el recorte de 302 plazas de maestros y profesores, la falta de planificación del siguiente curso escolar, así como el inexistente compromiso educativo del ejecutivo extremeño, “que ha anunciado recortes y aumento de la carga lectiva”.
Imagen de la concentración cacereña. Redes sociales de DEPEX
La crítica de la situación educativa en Extremadura se ha llevado a cabo a través de la lectura de un comunicado coordinado en ambas ciudades. En él, como llevan haciendo desde el principio de sus reivindicaciones, demandan (1) la ampliación de unidades y plantillas orgánicas y funcionales en los centros públicos, (2) la reducción de ratios (número de alumnos y alumnas por aula) hasta quince alumnos/as “de modo que se garantice la educación presencial del alumnado, la atención a la diversidad y especialmente las condiciones de seguridad sanitaria” y (3) el aumento de la dotación presupuestaria específica a los centros públicos para gastos de aplicación en el “protocolo preventivo” y “gastos de funcionamiento”. Cuestiones que, según el Movimiento, “no pueden plantearse en términos de rentabilidad económica” porque “lo que aquí está en juego es el futuro de generaciones de extremeños y extremeñas”.
Miembros de DEPEX en la concentración del día lunes, en Mérida, España.
La reducción de las horas lectivas, la denuncia del incumplimiento de los acuerdos por parte de la Junta y la defensa de la Educación Pública han copado las pancartas y los lemas que se portaban en las protestas. “El profe luchando también te está enseñando”, “La consejera no se entera” o “Vara tienes mucha cara” han sido algunos de los cánticos coreados por los y las manifestantes.
En el ciclo de movilizaciones, las dos próximas convocatorias (concentraciones frente a las Delegaciones Provinciales de Educación de Cáceres y Badajoz) podrían ser, si nada cambia, la antesala de la gran Huelga General de la Educación prevista para el mes de septiembre.
Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/educacion-publica/depex-protesta-contra-los-recortes-educativos-en-merida-y-caceres
España / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo / Fuente: Diario de la Educación
Altas tasas de repitición (11% frente al 2% de media de la OCDE), influencia del nivel cultural de la familia en los logros académicos de chicas y chicos o situación salarial y laboral de los docentes son algunos de los aspectos mejorables.
De nuevo el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE vuelve a hacer una radiografía de un sistema educativo adelgazado de inversión pública, con más alumnado y un profesorado que, aunque cobra bastante bien al inicio de la carrera tiene una lenta progresión a lo largo de los años.
Un sistema que consigue que el 45% de las chicas y chicos de familias con menor nivel educativo, por debajo de la Secundaria Obligatoria, consigan superar ese techo formativo de sus madre y padres. Más de la mitad no lo logra. De estas personas de 25 a 34 años, el 34% no ha conseguido superar la secundaria postobligatoria frente a la media del 15% de la OCDE.
Datos que no son nuevos, como las altas tasas de repetición en el país. Mientras que de media en la OCDE repite el 2% del alumnado, en España lo hace el 11%. De este porcentaje, la mayoría (60%) son chicos.
Aunque esto sí, las tasas de matriculación entre los 15 y los 17 años son bastante similares a las del resto de países de la organización: 96% para los dos primeros años y 89 para los 17. Las tasas de la organización internacional son de 97, 95 y 90% respectivamente.
Y como no son nuevos los datos de inversión en los diferentes niveles. Inversión pública, de las familias y por alumno.
El gasto educativo sumado de todas las etapas supone el 4% del PIB. Por debajo de la UE y la OCDE, 4,2 y 4,5% respectivamente. Y ha bajado la inversión por alumno un 11% en la educación no terciaria y un 13% en la terciaria. La OCDE dice que se debe en parte al aumento del número de alumnado en estos años (2010-2015).
El gasto público en educación, desde la primaria a la superior descendió al 3,5% del PIB, por debajo de los 4,1 de la OCED y de los 4 de la UE23. Esto ha supuesto un aumento del gasto privado hasta el 0,8% del PIB (en la media de la OCDE y por encima de los 0.5% de la UE23).
Esta disminución de la inversión se suma al aumento de la matrícula en todos los niveles, lo que ha empujado hacia abajo la inversión por estudiante. En el año 2015 se invirtió el 89% de lo que se invertía en 2010 por alumno en la educación no superior. En la OCDE se ha producido el movimiento contrario, se invierte un 5% de media más que en 2010. Y esta distancia es mucho menor que la que existe en la educación superior, en donde mientras en España se invertía el 87 que en 2010, en el resto de países se invertía hasta 12 puntos porcentuales más, lo que eleva a 25 la diferencia entre lo que se invierte en España y lo que se invierte en la OCDE, de media.
Uno de los puntos más positivos del informe es la mejora en el tiempo de las tasas de Abandono Escolar Temprano que durante los peores años de la crisis, en el periodo estudiado por la OCDE de 2005 a 2012, cayeron en España 25 puntos porcentuales. La bajada para la OCDE fue del 7%.
Eso sí, todavía sigue habiendo un 19% de personas que no alcanzan el título de educación secundaria postobliatoria, frente al 13% de la OCDE. Todavía queda tiempo para conseguir el objetivo de un 15% de AET para el año 2020, aunque cada vez es más complicado conseguir dicha cifra. Sobre todo si la economía comienza a ofrecer a las personas jóvenes oportunidades de trabajos poco cualificados que hagan que abandonen los estudios por un salario.
Condiciones docentes
Los salarios docentes, como viene siendo habitual, son moderadamente buenos al principio de la carrera profesional pero su crecimiento es muy lento. En los primeros 15 años de profesión, el salario subirá un 15% en España, mientras que en la media de la OCDE ese crecimiento será del 39%. A pesar de esto, la nómina de los docentes españoles sigue siendo mayor que la de la media de la organización tanto al inicio como al final de ese periodo de tiempo.
Además de la lentitud de la subida salarial, el profesorado español, especialmente el de secundaria, ha perdido una buena cantidad de dinero (hasta un 5%) por los recortes educativos de los últimos años.
En cuanto a las horas de trabajo, hay ciertas diferencias con respecto a la OCDE y la UE23. Mientras, en primaria, las y los maestros tienen más horas lectivas (880) que sus compañeros (778 y 754 respectivamente), disfrutan de menos horas para preparar clases, corregir, evaluar o formarse que la media de la OCDE y la UE23 (1.425 frente a 1.620 y 1.153).
En la ESo pasa lo mismo. Más horas letivas que el resto de sus compañeros, pero menos horas totales de trabajo (1.425 frente a las 1.642 de la OCDE y las 1.585 de la UE23).
Es decir, el personal docente español trabaja 1.425 horas al año. Esto supone entre 160 y 200 horas, aproximadamente, menos de jornada. Esas horas salen principalmente del tiempo no lectivo de la jornada laboral docente.
La mayor parte del personal es mujer. Muchas más en los niveles iniciales (hasta el 93%) que en los superiores como la universidad (43%). En la OCDE estas cifras son mayores que en España.
Como es habitual, el informe hace hincapié en los beneficios económicos de la mejora de los niveles de estudio de las personas, tanto por la mayor facilidad de acceso a trabajos mejores y mejor pagados, así como por el hecho de que cuantos más altos son los niveles de estudio, mayor porcentaje de personas han conseguido mantener el puessto de trabajo durante los años de la crisis.
Argentina / 25 de noviembre de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Página 12
Las rectoras Gabriela Diker y Sandra Torlucci; la titular de la Ctera, Sonia Alesso, y la militante juvenil y feminista Ofelia Fernández coincidieron en la necesidad de construir un espacio capaz de evitar el avance del neoliberalismo sobre el sistema educativo.
La construcción de un frente de unidad como estrategia para evitar que siga avanzando la derecha sobre la educación pública fue el punto en donde se encontraron los discursos de las cuatro mujeres que participaron de la mesa “En defensa de la educación pública”, que tuvo lugar ayer por la tarde en la contracumbre de Clacso. La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, exigió “redoblar las luchas y salir del consignismo” para defender una educación pública “de calidad”. Su par de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, propuso apuntar los esfuerzos de las mayorías “con el único objetivo de pensar un mundo que lejos de dividir logre una vida mejor para todes”. La titular de la Ctera, Sonia Alesso, recordó que “la derecha encuentra claramente cómo juntarse y acumular”, mientras que la tarea del resto es “la unidad del movimiento popular” para “defender la educación del pueblo”. Por último, Ofelia Fernández, dirigente juvenil del flamante Frente Patria Grande, llamó a “asumir el compromiso” de defender el carácter público de la educación y su transformación: “Eso es lo que verdaderamente le molesta a este gobierno”, insistió.
En la mesa que integró el programa del segundo día del Foro Mundial de Pensamiento Crítico, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), a Fernández la precedieron las dos rectoras y la sucedió Alesso. Cuando tomó el micrófono eligió comenzar por el único punto que la diferenció de todas ellas: la edad. “Tengo 18 años, debo ser una de las más jóvenes en pisar este escenario y eso no es casual”, sostuvo, y se quejó del lugar “bastante nulo” que los y las jóvenes tienen “en clave de educación pública”. “Está claro que tenemos que estar ahí y formar parte de las decisiones, porque si no solo obtendremos miseria”, sostuvo.
En la tarea de “conquistar la democratización de la educación pública”, la ex presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Carlos Pelegrini mencionó la “doble tarea” de la comunidad educativa: “En primer lugar, defender la educación en su carácter de pública frente al sistemático intento de desfinanciamiento, exclusión y destrucción de contenidos” porque “nuestra educación no es mercancía, es nuestro derecho”. En segundo, “cuestionarla”. “Muchas veces somos pasivos receptores y nos educan para la obediencia. El pensamiento crítico hoy se ahoga en la educación. Debemos pensar cómo vamos a transformar eso”. Denunció que “las recetas de nuestro conocimiento hoy las escribió el Banco Mundial y no queremos eso. No queremos ser legitimadores del orden vigente, no queremos ser tecnócratas. Queremos otra cosa”, advirtió.
Se quejó de que las “autoridades, los ministros sobre todo, no han pisado ni mandan a sus hijos ni saben cómo funciona la escuela pública. Y sin embargo nosotras y nosotras tenemos poder de decisión nulo”. A esas mismas autoridades también criticó por pensar políticas “desde los despachos”. Y citó ejemplos: “Así pensaron la política con la que supuestamente nos insertan en el mercado laboral cuando en realidad nos convierte en mano de obra barata de sus empresas” y la “desfinanciación de la educación pública cuando somos nosotras y nosotros los que ponemos los muertos, como pasó con Sandra y Rubén en a escuela de Moreno”. También la falta de aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral.
La exposición de Alesso comenzó con una referencia a la joven dirigente, la que cosechó más aplausos en la mesa. “Algo muy bueno hizo la escuela pública si tenemos estos jóvenes como Ofelia y como miles y miles que marchan en cada punto de nuestro país defendiendo la educación pública”. Aquel fue el único festejo de la dirigente. “No traigo buenas noticias”, advirtió inmediatamente después. “Lo que se está aplicando en materia de políticas de educación en Argentina está calcado en cada uno de los países de la región. Son las políticas de ajuste del Banco Mundial, del FMI. Es la mercantilización y privatización de la educación”, puntualizó.
En ese sentido, apuntó que “los pueblos están peleando, pero los medios hegemónicos en ningún país de América latina lo muestran”. Así que advirtió sobre “el compromiso militante” de quienes participan de esa lucha, de difundir, compartir y distribuir”. “Nuestra tarea es la de la unidad del movimiento popular que debe ser además nacional, feminista y profundamente federal” porque “la derecha no se divide”, sostuvo. “En esa tarea estamos, defendiendo la educación de nuestro pueblo”, aseguró por último.
Para Diker, que dirige la Universidad Nacional de General Sarmiento, para ejercer esa defensa hay que “redoblar las luchas” y “eludir todo consignismo”. “No nos podemos dar el lujo de sostener consignas. Consignas usan ellos”, en relación a aquellos que organizan y participan en foros “donde se plantea todo lo contrario” a la defensa de la educación pública. “Tenemos que responder con evidencia y pensamiento, denunciando que hay políticas educativas para los medios que no son iguales a la realidad, la de las escuelas que estallan, la de los precarios salarios docentes, la de las bajas y recortes de presupuesto, la de protocolos policiales y represivos contra movimientos estudiantiles y la del ingreso de fuerzas policiales en campus universitarios”.
En ese sentido, llamó a “profundizar los principios, volver a pensar una y otra vez lo que pensábamos, asumir las tensiones y contradicciones que históricamente ha mostrado la educación pública” para ejercerla como “la herramienta más poderosa de producción de igualdad”. “El pensamiento, el conocimiento está de nuestro lado: usémoslo”, invitó.
La rectora de la UNA, Torlucci, tomó la crítica a las consignas de Diker y respondió con otra: “El amor vence al odio”. “No es una consigna sino un concepto político filosófico”, postuló tras plantear el desafío de la academia en la defensa de la educación pública: “La academia tiene que ser capaz de deconstruir jerarquías. Ese uno por ciento que se lleva la riqueza es el único otro con el que no podemos conciliar. El resto, el 99 por ciento, debe estar unido con un único objetivo: el de pensar un mundo que lejos de dividir logre una vida mejor para todes”.
Un anteproyecto de ley derogará el aumento del ratio de alumnos y de horas lectivas de los profesores, y acelerará las sustituciones de los docentes
Reducir las horas lectivas de los profesores o el número de alumnos por clase y acelerar las sustituciones por baja. El Gobierno quiere desactivar con estas medidas algunos de los ajustes más polémicos aprobados por el Gobierno del PP en plena crisis. Para eso, prepara un proyecto de ley que permitirá revertir los recortes educativos a partir del curso 2019-2020 si obtiene respaldo suficiente. El gasto educativo ha caído más de 7.000 millones —un 13% menos desde 2009, agudizado por los recortes— y se han perdido unos 30.000 profesores, según los sindicatos, que critican que las mejoras no se apliquen ya.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció este lunes un anteproyecto de ley que dará marcha atrás a tres puntos claves del Real Decreto Ley 14/2012, aprobado por el polémico exministro de Educación José Ignacio Wert en 2012 y mantenido en el tiempo por su sustituto, Íñigo Méndez de Vigo. El primero de esos puntos permite un aumento de hasta en un 20% del número de estudiantes por aula —de 27 a 30 en primaria, de 30 a 36 en secundaria obligatoria—. El segundo aumenta la parte lectiva de la jornada de trabajo de profesores de centros públicos y concertados (privados sostenidos con fondos públicos) hasta al menos 25 horas en primaria, cuando antes este era el máximo, y 20 en secundaria, donde la horquilla iba de 18 a 21 horas. El último punto establece que los profesores titulares de baja sean sustituidos a partir del décimo día de ausencia.
Estas medidas, aplicadas con distinta intensidad en las diferentes comunidades autónomas, provocaron la convocatoria de dos huelgas generales, en 2013 y en 2017. Su rechazo ha estado presente además en todas las movilizaciones de la marea verde —la movilización de la comunidad educativa contra los ajustes del PP y su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)— de los últimos años.
La norma, anunciada el lunes por la ministra Isabel Celaá en la conferencia sectorial de Educación, tiene que seguir ahora los cauces habituales de una ley ordinaria. Fuentes del Gobierno señalan que los recortes se aprobaron a través de real decreto ley porque se podía justificar la urgencia debido a la mala situación económica de entonces. Y añaden que, esa falta de urgencia y la mejora económica, provocan que ahora se tenga que tramitar como ley ordinaria. Aunque se aprobara mañana mismo, sería complicado modificar las programaciones escolares (los horarios, las aulas y el reparto de profesores) que quedan cerrados en julio para que los cambios se aplicaran el curso que viene. Una de las tres medidas, cubrir las bajas antes de 10 días, sí se podrá aplicar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno cree que su propuesta podría llegar al Consejo de Ministros en septiembre o, “a más tardar”, en octubre. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que solo cuenta con 84 diputados de los 350 de la cámara, esperan cosechar el respaldo suficiente. Al tratarse de una ley ordinaria, requiere más votos a favor que en contra, no mayoría absoluta.
Las cinco comunidades autónomas del PP —Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja— se levantaron el lunes de la mesa de negociación. Lo justificaron por la falta de organización y de fondos aunque aseguran que apoyan que se reviertan los recortes. Los sindicatos prometen estar vigilantes. “No creo que esta medida tenga dificultades para salir, porque se han comprometido muchos partidos”, señala Maribel Loranca, responsable de enseñanza de UGT. “Los que no voten a favor tendrán que dar explicaciones a toda la comunidad educativa”, añade.
Para CC OO, la medida del Gobierno va en la buena dirección pero llega tarde. “Los recortes han masificado las aulas, han retrasado de forma muy inconveniente la cobertura de sustituciones de profesores y han dificultado el funcionamiento de los centros”, explica el secretario de Enseñanza de Comisiones, Paco García. “Habría que hacer un esfuerzo para que estas medidas puedan empezar a notarse el curso que viene”, añade. Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato de enseñanza ANPE, cree también que los recortes deberían haber sido derogados mucho antes. Y pide una implantación de estas políticas en todo el Estado, para evitar desajustes entre comunidades.
Lo cierto es que ese desajuste ya existe. Comunidades como Andalucía, Cantabria, País Vasco, Navarra o Cataluña ya habían empezado a reducir las horas lectivas de sus docentes o a rebajar las ratios de alumnos (lo que se aprobó con Wert era una horquilla de máximos y mínimos). El anteproyecto de ley da seguridad jurídica a las autonomías que quieran revertir los recortes, pero no supone un apoyo económico por parte del Gobierno. “Si el Gobierno central tuvo facultad para imponer recortes debe tenerla ahora para garantizar que esta iniciativa se pueda a llevar a cabo económicamente”, critica el responsable de ANPE.
La polémica Lomce
A los recortes de 2012 les siguió, un año después, la Lomce, que el PP sacó adelante cuando contaba con mayoría absoluta pero sin el apoyo de ningún partido en todo el arco parlamentario. Solo Unión por el Pueblo Navarro (UPN) se abstuvo. Entre las medidas más polémicas estaban las reválidas, exámenes externos al final de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato que había que aprobar obligatoriamente para pasar de ciclo. El propio Mariano Rajoy dejó en suspenso estos exámenes, una propuesta contestada desde la comunidad educativa, mientras estaba aún en el Gobierno.
Celaá anunció, en cuanto llegó al Ministerio de Educación, que el Gobierno estaba decidido a “descargar la Lomce de los aspectos más denostados por la comunidad educativa” y volver a una educación que “sea un ascensor social”. En su primera entrevista con EL PAÍS adelantó que acabaría con las reválidas, suprimiría los itinerarios que separan a los alumnos desde los 13 años y que la asignatura de Religión dejaría de contar para la nota media y que habría una nueva asignatura, obligatoria, para enseñar valores civiles y éticos. Celaá anunció también su intención de eliminar el principio de “demanda social”, por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. Sus palabras indignaron a las escuelas católicas.
PLANTÓN DEL PP POR LA “CHAPUZA” DE LA REUNIÓN
Los cinco consejeros de Educación del PP se marcharon antes de tiempo de la conferencia sectorial. Eran el responsable madrileño de Educación, Rafael van Grieken; de Castilla y León, Fernando Rey Martínez; el de Galicia, Román Rodríguez; la consejera de Murcia, Adela Martínez, y el de La Rioja, Alberto Galiana. Criticaron la «chapuza» de la convocatoria y la «falta de diálogo», aunque apoyan la reversión de las políticas de austeridad. Para el consejero gallego, la propuesta obliga a las comunidades a unas fuertes inversiones en educación que no tienen «ningún tipo de compensación o aporte económico» por parte del Estado. Calculó en 66 millones de euros el gasto que asumirá Galicia. Román Rodríguez criticó que el Gobierno no ha sido capaz de sacar adelante el techo de gasto. Su partido, el PP, fue uno de los que votó contra esa posibilidad.
El consejero Fernando Rey, que estima que revertir los recortes supondrá 60 millones en Castilla y León, considera que el anuncio le sale gratis al Gobierno: «Es el típico invito yo y pagas tú». Criticó que el encuentro no fuera precedido por una reunión preparatoria con los directores generales, como ocurre siempre antes de las sectoriales.
La consejera de Murcia aseguró que Educación no les informó de que iba a haber una votación, a pesar de que lo habían preguntado. «Estamos ante un caso clarísimo de populismo», subrayó, y advirtió de que el Ministerio «tiene que garantizar que hay igualdad en el territorio español» aunque la ley impulsada por su partido, la Lomce, ha sido la que más ha acentuado las diferencias entre comunidades en aspectos como las horas lectivas de cada materia o las materias optativas.
Recientemente, el Gobierno ha venido implementando un plan fiscal de carácter agresivo a los derechos más básicos de la clase trabajadora. Bajo la línea de querer cobrar la crisis fiscal a los pobres, servicios como la educación resultan más deteriorados que en años anteriores.
Organismos neoliberales internacionales atentan contra la educación pública
Acompañado a los planes de recortes implementados por el Gobierno PAC, se encuentra la orientación de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos): incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB), que se le debe destinar a la educación pública. Esto en los hechos es una maniobra para recortar la educación. Según la constitución política se debe destinar 8% del PIB para la educación, este mandato constitucional no incluye el presupuesto del INA. En este momento ni se ha garantizado el 8% (actualmente se destina cerca del 7,6% en educación) y de acuerdo a realidad educativa encontramos un encadenamiento de problemáticas en cuanto a nuestras condiciones de estudio, tanto desde el inacceso a la educación como problemas en becas, infraestructura y calidad educativa. Meter al INA va a significar reducir la actual inversión en educación.
De este modo, valdría la pena cuestionarse las implicaciones que ha tenido y sigue teniendo la política de austeridad en financiamiento a derechos como la educación. Hemos visto algunos ejemplares de lucha estudiantil que han tenido como centro problemático el desabastecimiento de recursos económicos hacia la educación.
Citemos, por ejemplo: la huelga estudiantil del pasado 7 de abril en el Liceo Napoleón Quesada. Esta levantó la exigencia de la remodelación de las instalaciones del colegio, que datan de 1955 y tienen una orden de insalubridad desde el 2017 por parte del Ministerio de Salud. También está la protesta estudiantil de CINDEA San Antonio, Satélite Llano Bonito, a principios de abril. En esta lucha la exigencia fue la rehabilitación del transporte, tras 7 meses de que se les haya suprimido este servicio. Dicha suspensión ha provocado que estudiantes deserten ya que han debido recorrer distancias de hasta más de 20 km en taxi y son una población de recursos económicos bajos. Asimismo, tenemos el ejemplo de la reciente protesta de estudiantes de la UTN, en la sede central, exigiendo depósitos de becas que tienen más de un mes de atraso y que resulta insuficientes para que los jóvenes puedan sostener su permanencia en la Universidad. Otro ejemplo fue el cierre del colegio por parte de los estudiantes de Batan durante cinco días a inicios de abril, exigiendo la destitución de la directora por las malas condiciones del colegio y varias irregularidades financieras.
Desde la Juventud del Partido de los Trabajadores apoyamos los distintos embriones de lucha y de organización estudiantil que se han venido desarrollando. Consideramos que la única alternativa para que los hijos de la clase trabajadora podamos acceder a una educación realmente pública, de calidad y regionalizada, es luchando de forma unificada contra todas las medidas neoliberales que ha implementado el actual Gobierno PAC en complicidad con el FA, quienes traicionan la lucha y la organización estudiantil, con su actuación no solo desde el Gobierno, sino desde la FEUCR como agente aliado al Gobierno y a las autoridades educativas.
Sigamos el ejemplo de la juventud en Nicaragua
Frente a los planes de ajuste neoliberales que lleva a cabo este Gobierno que se pinta como progresista, es necesario seguir el ejemplo de los jóvenes nicaragüenses, quienes hoy encaminan un proceso de lucha histórico contra la dictadura de Ortega, una dictadura que implementa recomendaciones de organismos imperialistas como el FMI y que no dista de las directrices que imperan en la política educativa en Costa Rica, como la actual orientación de la OCDE acogida por este Gobierno.
Los estudiantes de varios sectores del país han empezado a luchar por mejorar sus condiciones inmediatas de estudio, este es un paso fundamental. La tarea es unificar estas luchas contra la raíz del problema, el desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno.
América del Sur/ Argentina/ 21.04.2018/ Fuente: diagonales.com.
A través de un comunicado oficial, el municipio denunció que el Gobierno bonaerense redujo más de $5,7 millones el presupuesto destinado a los Centros Educativos Municipales.
El municipio de Avellaneda que conduce Jorge Ferraresi, por medio de un comunicado que difundió en su cuenta oficial de Facebook, denunció que por decisión de la gobernadora, María Eugenia Vidal, se redujo para el 2018 más de $5,7 millones destinados a pagar los sueldos de los docentes de los Centros Educativos Municipales. Remarcaron que la gestión de Cambiemos «sigue adelante con su política de desinversión y debilitamiento de la educación pública en nuestro Distrito».
La publicación detalla que desde el Ejecutivo «les retiran $5.711.110,38 de subvenciones que se utilizaban para pagar los sueldos de su personal docente» de cinco instituciones educativas de Avellaneda. Según indican en el escrito, la Provincia argumentó que «se considera innecesario ese gasto» ya que dan por satisfechas las necesidades educativas del distrito.
En consecuencia, la gestión de Ferraresi, que hasta el momento aportaba «un 56% de los $ 30,6 millones que demandaban anualmente estas instituciones» a partir de este desfinanciamiento, la Comuna «subirá su proporción al 74% de ese monto que precisan los CEM para seguir funcionando».
Por eso denunciaron que «el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue adelante con su política de desinversión y debilitamiento de la educación pública en nuestro Distrito». En esa línea, explicaron que no es la primera vez que Vidal aplica recortes en Avellaneda. A principios de marzo «se retiraron más de la mitad de los fondos que se destinaban al pago de sueldos docentes» en cuatro instituciones: de Cerámica, de Artes Plásticas, de Música y de Fotografía.
Con estas dos decisiones, Vidal aplicó una reducción que «implicó para este año un total de más de 6,7 millones de pesos, que ya son afrontados por la Comuna».
Por último, el comunicado repudió «la verdadera política que lleva adelante es la del vaciamiento educativo y un duro ajuste cuyas consecuencias recaen sobre los docentes y estudiantes de Avellaneda».
Fuente de la noticia: http://diagonales.com/contenido/ferraresi-denunci-que-vidal-hizo-un-nuevo-recorte-a-la-educacin-en-avellaneda/9145
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Concentración convocada por DEPEX, Plaza de España de Mérida
Imagen de la concentración cacereña. Redes sociales de DEPEX
Miembros de DEPEX en la concentración del día lunes, en Mérida, España.
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