Recursos públicos

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España: La escuela concertada se queda sin ayudas para compensar el covid-19

Noticias

Redacción: La Voz de Galicia

La propuesta del Gobierno para el acuerdo de reconstrucción indica que los 2.000 millones previstos para las escuelas se limitarán a «la educación pública de gestión directa»

El grupo de trabajo de Políticas Sociales dentro de la comisión de Reconstrucción rechazó las enmiendas de Ciudadanos, JxC y PP para que el dinero dedicado a la educación tras el covid —2.000 millones de euros— se reparta también entre los centros concertados. Así, se mantiene el texto que PSOE-Unidas Podemos llevó a la comisión y que dice expresamente: «Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa».

 «El documento sirve para fortalecer lo público, cuyos recursos y servicios sirven de protección a toda la población, y eso es un consenso social»

Fueron Marisa Saavedra (Unidas Podemos) y la exministra María Luisa Carcedo (PSOE) las que defendieron la limitación del dinero para la escuela pública en que «el texto en que el documento sirve para fortalecer lo público, cuyos recursos y los servicios sirven de protección a toda la población, y «eso es un consenso social», según Saavedra; Carcedo por su parte recordó que «España es el país de Europa con más centros concertados; lo de perseguir a la concertada, dígaselo a otros países», y apuntó que una cosa es «la responsabilidad de las instituciones públicas» y otra la situación de los alumnos particulares, que tienen todos los derechos; «no mezclemos conceptos». Finalizó recordando que la educación pública es la que no segrega por razón de sexos, o de capacidad económica y por eso «es lo que necesita este país en equidad e igualdad de oportunidades».

«La que ha garantizado el acceso a la educación en condiciones de equidad es la escuela pública»

El Gobierno contó con el apoyo expreso de Inés Sabanés (Más País), quien consideraba que la ideología no tiene nada que ver con la apuesta por la red educativa pública: «La que ha garantizado el acceso a la educación en condiciones de equidad es la escuela pública. No es una cuestión ideológica».

De esta manera respondían a las críticas de PP, Ciudadanos y UPN, así como a la mención de JxC, de que el articulado «es un ataque directo a la libertad de elección que pueden y deben tener los padres reconocidos en la Constitución», en palabras de Rosa María Romero (PP).

«Creen que hay 2 millones de niños que son ricos y van a la concertada y el resto son pobres y van a la pública»

Carlos García Adanero (UPN) consideró que «el sectarismo del que ha hecho gala el Gobierno no tiene limites» y que ha sido «una indecencia traer este ataque a la concertada». Según apuntó, el Gobierno cree que «hay 2 millones de niños que son ricos y van a la concertada y el resto son pobres y van a la pública», cuando hay una oferta compleja, con centros concertados «religiosos y otros no, hay ikastolas», hay libertad de opción. Para UPN «si no se elimina este punto, entendemos que no hay interés por el acuerdo, porque es una provocación que tiene como único objetivo que partidos políticos como el nuestro que no puedan apoyar las conclusiones».

«¿Merecen más protección unos alumnos frente a otros?»

Algo parecido dijo antes Ciudadanos que, en boca de Sara Giménez «el consenso no está impregnando el documento que se nos pone encima de la mesa». Giménez explicaba que la propuesta demuestra «sectarismo e ideologización» y propone «proteger más la escolarización pública» que la concertada. La comisión de reconstrucción, explicaba la diputada, debería «identificarnos con la realidad de todas las familias» por lo que se pregunta si «¿merecen más protección unos alumnos frente a otros?» y si «es este el debate en que nos tenemos que introducir».

«No es tan natural que se pretenda cerrar aquí algunos debates que no se han podido cerrar en otros lugares»

Sergi Miquel (JxC) defendió que el texto tenga cuestiones ideológicas porque eso es la política, pero entendió que «no es tan natural» que se «pretenda cerrar aquí algunos debates que no se han podido cerrar en otros lugares»; es la cuestión del modelo educativo (escuela pública frente a privada) y que debería haberse tratado en el pacto social o en la próxima ley. El grupo catalán presentó en ese sentido alguna enmienda. Y Miquel destacó que el documento del Gobierno «riza el rizo» uniendo la cuestión competencial con la ideológica «al decir a las administraciones autonómicas lo que tienen que hacer en el reparto en materia educativa», un «doble pecado» que no acepta JxC.

Texto del documento sobre educación

  • 18.1. Incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas. Fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas. La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa.
  • 18.2. Ampliación de recursos del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y mejora de los derechos laborales de sus profesionales. Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes.
  • 18.3. Universalización del acceso a la educación infantil 0-3 años en condiciones de equidad. Elaboración de un plan de extensión con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente para los menores de 3 años. El sistema de educación infantil universal será de carácter gratuito y público, y se regirá por criterios de calidad, incrementando la tasa de cobertura a la vez que aumentando la ratio alumno/personal.
  • 18.4. Aumentar profesionales especialistas en los centros ordinarios (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, trabajadores sociales y otras figuras) en centros con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y dificultades de aprendizaje.
  • 18.5. Luchar contra la segregación escolar asociada a la vulnerabilidad sociocultural y económica familiar o la discapacidad y garantizar la inclusión. Apoyo a los planes específicos de las comunidades autónomas dirigidos a potenciar los dispositivos de seguimiento y control de prácticas segregadoras y reforzar a los centros educativos con alta concentración de alumnado en desventaja socioeconómica o de minorías, para mejorar su calidad, resultados y atractivo.
  • 18.6. Reforzar los programas de enseñanza on-line y la distribución de equipos digitales a los estudiantes que carecen de ellos o no disponen de material digital suficiente para realizar un seguimiento adecuado de actividades educativas en condiciones de limitación de la enseñanza presencial. Preparar a los docentes para llevar a cabo esta instrucción digital y una supervisión tutorial de los alumnos a distancia. Reforzar la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado en todos los niveles educativos.
  • 18.7. Apoyar a las Administraciones educativas en el diseño para el curso 2020-2021 de planes de recursos para los colegios de máxima complejidad, para que puedan incrementar las dotaciones de los equipos de personal docente y no docente que puedan llevar a cabo el seguimiento de aquellos alumnos y familias que requieran de un apoyo social y emocional más intensivo. Consensuar, en el marco de la Conferencia Sectorial, un plan de choque de inicio del curso escolar 2020-2021 con las comunidades autónomas y la comunidad educativa con medidas y acciones específicas para detectar las desigualdades que se hayan podido generar como consecuencia del COVID-19 y revertirlas.
  • 18.7.1. Impulsar un plan de formación permanente y continua al profesorado para garantizar su competencia digital y su capacidad para hacer frente a escenarios de actividad educativa no presencial.
  • 18.7.2. Impulsar medidas para que las familias en situación de vulnerabilidad dispongan del equipamiento tecnológico necesario (hardware y software) así como fomentar la capacitación digital del alumnado y sus familias para dar respuesta a la brecha digital.
  • 18.7.3. Impulsar por parte de las Administraciones educativas los costes indirectos de la enseñanza obligatoria (libros de texto, material escolar, transporte, comedor…) que pueden dificultar el acceso a la educación del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica hasta conseguir su gratuidad.
  • 18.7.4. Fomentar, de forma coordinada con las comunidades autónomas y otras Administraciones públicas, las actividades educativas extraescolares como pieza clave para hacer frente a los efectos emocionales de la crisis y revertir las desigualdades educativas generadas.
  • 18.7.5. Establecer medidas contra el acoso y el ciberacoso, especialmente por motivos de discapacidad, de orientación sexual, y de identidad de género

Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/07/01/ayudas-post-covid-educacion-concertada-alero/00031593597939428101738.htm

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Es criminal

Marisol Vicens Bello

Por: Marisol Vicens Bello

Esta crisis sanitaria mundial, si bien ha golpeado todos los países, habiendo iniciado incluso en los más ricos y en las clases sociales más altas, desnuda crudas realidades, desmonta muchos mitos y penosamente pone en evidencia que, si bien el virus afecta por igual a todos, existen grandes desigualdades para enfrentar sus consecuencias y tener la posibilidad de protegerse de este o curarse.

La República Dominicana es quizás de los países de la región menos preparados para soportar la crisis, entre otras razones por algo denunciado desde hacía años, la baja inversión en salud y la mala calidad de esta, principalmente por la corrupción y la deficiente gestión.

La crisis nos encontró con un sistema sanitario muy deficiente a pesar de que en los últimos años las autoridades han invertido importantes recursos públicos en construcción, remodelación y equipamiento de hospitales, pero con muchas falencias y corrupción, en el cual se ha invertido poco en la buena preparación de los recursos humanos tanto médicos como paramédicos y en garantizar la formación en especialidades importantes en las cuales tenemos grandes carencias.

Aun bajo los efectos de esta pandemia que ha arrodillado al mundo y que debería servir como una gran lección para la humanidad la gente generalmente actúa simplemente como es, el generoso, haciendo el bien, el malvado haciendo el mal, el responsable cumpliendo, el irresponsable violentando y los corruptos aprovechándose del sistema como siempre lo han hecho.

También con un mercado laboral con un altísimo porcentaje de informalidad de alrededor de 57%, un Código de Trabajo desactualizado a pesar de años de discusiones y de existir un anteproyecto de modificación presentado por la comisión tripartita que fuera designada a los fines, el cual entre otras cosas no está al día en las tendencias internacionales del trabajo a distancia que el covid19 nos ha impuesto realizar a algunos, y una escasa conciencia sobre la carga laboral de los empleos formales y baja valoración de estos, por enfocarse únicamente en el monto de los salarios y olvidar la importancia de contar con las protecciones y derechos de que goza un empleado formal.

Con un sistema educativo público que a pesar de la inversión del 4% del PIB en educación ejecutada por la presente administración tiene enormes asimetrías con el privado, las cuales se reflejan en la odiosa dicotomía de que mientras en el público los estudiantes no están recibiendo clases y no se sabe aún que pasará con el año escolar, en buena parte del privado esto no impactará por poder continuar con el programa virtualmente.

Una justicia anclada en el pasado, con reformas pendientes de nuestros códigos napoleónicos del siglo XIX con un pernicioso hiper formalismo y necesidad de actuaciones presenciales y de depósitos de documentos físicamente, que forzosamente en limitados casos finalmente ha implementado la tecnología de audiencias virtuales. Y es que a pesar de la propaganda estábamos muy lejos de una República Digital, y eran muy limitados los procesos en línea.

Un sistema de compras y contrataciones públicas con muchas debilidades, con un marco normativo deficiente cuya modificación hace tiempo se espera, que ha provocado que las instituciones que quieren hacer las cosas transparentemente como ha sido el caso del Tribunal Constitucional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y otras, se vean en la necesidad de buscar en organismos internacionales como el PNUD la vía para escapar de los entuertos y riesgos del sistema, y que muchas empresas reconocidas prefieran no licitar por los intríngulis de unas contrataciones manejadas muchas veces para favorecer a proveedores favoritos que cambian de objeto social como de camisa.

Aun bajo los efectos de esta pandemia que ha arrodillado al mundo y que debería servir como una gran lección para la humanidad la gente generalmente actúa simplemente como es, el generoso, haciendo el bien, el malvado haciendo el mal, el responsable cumpliendo, el irresponsable violentando y los corruptos aprovechándose del sistema como siempre lo han hecho.

Esa malvada corrupción que históricamente tanto daño nos ha causado en momentos como estos adquiere ribetes patéticos y fuerza admitir que simplemente es criminal cualquier intento de aprovecharse de la tragedia, aunque esto no sea nuevo en el país, ni sea único en el mundo, independientemente de la seriedad de algunos buenos funcionarios que lamentablemente ni ayer ni hoy han podido garantizar que se erradique este execrable mal.

Fuente: https://acento.com.do/2020/opinion/8803353-es-criminal/

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/dna-genetic-material-helix-proteins-3539309/

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Pandemia y oportunidades

Pedro Miguel

Por: Pedro Miguel

El ala más recalcitrante de la oligarquía que perdió el control del poder presidencial y sus voceros oficiosos han pretendido convertir la crisis sanitaria y económica del momento en una oportunidad para descarrilar a la Cuarta Transformación. Pero, como se ha dicho, para que este designio pudiera tener una mínima perspectiva de éxito tendrían que concretarse escenarios de catástrofe epidémica de enormes proporciones y de demolición de la economía. El plan ha sido concebido desde una tremenda incapacidad para entender las lógicas del actual gobierno y las que operan en el grueso de la sociedad mexicana desde hace algunos años y sus probabilidades de triunfo son, por ello, muy escasas. En realidad, la epidemia de Covid-19 –y los quebrantos que conlleva en la producción, el comercio, el empleo y las finanzas– representa para ese sector de la casta desplazada una gran oportunidad para empezar a comprender lo que ocurre en el país desde el derrumbe del programa neoliberal en adelante.

Es claro, por ejemplo, que desde diciembre de 2018 esta vertiente de la reacción oligárquica dio por hecho que, en lo sustancial, y por intolerable que le resulte la toma de Palacio Nacional por los plebeyos, el gobierno de López Obrador era una sucesión presidencial más, que el programa político del tabasqueño era mera demagogia y que en lo sustancial la vida pública del país habría de seguir en el rumbo impuesto en el tramo Salinas-Peña, en el que las instituciones fueron convertidas en instrumentos de enriquecimiento personal y corporativo. En consecuencia, la crisis del coronavirus era para ella una doble bendición: por un lado representaba el ataúd de la Cuarta Transformación y por el otro, la astronómica oportunidad que cualquier crisis ofrecía, en los tiempos previos, para detonar un nuevo ciclo de concentración de riqueza, depauperación de las mayorías y saqueo de las arcas públicas. Y como daba por hecho que la diferencia entre López Obrador y sus antecesores es sólo de modales, discurso y símbolos, esa reacción oligárquica fue corriendo al Palacio a pedir un plan de rescate, es decir, una nueva transferencia multimillonaria de recursos públicos a bolsillos privados.

El error de cálculo se hizo evidente de inmediato: este gobierno no tiene la menor intención de seguir las reglas del régimen oligárquico y entre sus objetivos coyunturales no está el de crear condiciones para que unos cuantos multipliquen su riqueza; sus propósitos son, en cambio, cuidar la salud pública del embate del virus y aliviar hasta donde sea posible la penuria que se cierne sobre las mayorías. Tales son las orientaciones prioritarias del presupuesto en la presente circunstancia y el poder presidencial no va a doblarse ante la presión empresarial. El desconcierto y el berrinche de algunos de los dueños del dinero ante esta respuesta dice mucho de lo equivocados que estaban sobre la naturaleza de este gobierno. Ellos y sus voceros en los medios y las redes sociales –tanto los de carne y hueso como las hordas de cuentas falsas que siembran odio y mentiras en Twitter y Facebook– se debaten entre la rabia y la incredulidad y buscan desesperadamente amplificar su propio descontento y contagiarlo, con cierto éxito, hacia las clases medias.

En el ámbito de la salud pública y en el de la economía, los desplazados del poder y el privilegio llegan a extremos como calificar de ocurrencia o simulación el sistema de vigilancia epidemiológica centinela –adoptado por la Organización Mundial de la Salud y sus países miembros– o de tuitear con afán pontificador de verdades evidentes: El Presidente cree que los empleos los crea el gobierno. Como si el sector público en su conjunto, y el gobierno federal en particular, no hubiese sido, no sea y no habrá de seguir siendo, por mucho, el mayor empleador del país.

Para mayor enojo de este grupo, la Presidencia sigue siendo la Presidencia, es decir, la jefatura del Estado y la institución que establece los lineamientos generales de política pública, y los empresarios más prominentes de México –o para decirlo abiertamente: los más acaudalados– aceptaron los lineamientos del plan lopezobradorista para hacer frente a la emergencia económica: demandar el pago puntual de impuestos y exhortar a que no se despida a nadie y se preserven los salarios; por su parte, el gobierno redujo significativamente los precios de los combustibles, comprometió 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, extendió algunos de los programas sociales para beneficiar a cientos de miles y dio una nueva y severa vuelta de tuerca al gasto de las oficinas públicas.

Ese grupo oligárquico político-empresarial y los comunicadores a su servicio bien podrían aprovechar la reclusión para empezar a entender en qué país viven. Ojalá.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/10/opinion/021a2pol

Imagen: https://pixabay.com/illustrations/covid-19-coronavirus-4964287/

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Capitales sin patria

La Jornada

Por: La Jornada

De acuerdo con información revelada por la Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos, ningún país latinoamericano supera a México en la cantidad de dinero transferido por sus ciudadanos y empresas al sistema bancario estadunidense: a enero de este año, el monto de los recursos remitidos por mexicanos a cuentas bancarias de la nación vecina sumó 76 mil 166 millones de dólares, 31 por ciento de los 246 mil millones depositados por el conjunto de Latinoamérica. En el podio de la expatriación de divisas le siguen Brasil, con 29 mil 239 millones; Chile, 29 mil 41 millones; Argentina, 22 mil 277 millones; Panamá, 17 mil 199 millones, y Perú, 17 mil 136 millones de dólares.

A fin de dimensionar el significado del monto llevado a Estados Unidos por consorcios y por millonarios personales mexicanos, cabe señalar que duplica el ingreso de divisas por remesas a lo largo de 2019, y multiplica por 3.3 la inversión extranjera directa captada por el país en el mismo año. Además, debe destacarse que sólo en el mes transcurrido entre diciembre de 2019 y enero de este año los recursos enviados al norte de la frontera ascendieron a 4 mil 286 millones de dólares.

La cuantía de esos recursos y la velocidad con que se incrementan deja al descubierto que el compromiso de los dueños del dinero con el desarrollo nacional, expresado a título personal o por medio de sus organismos cupulares a lo largo del pasado año, es para muchos de ellos una mera estrategia propagandística para presentarse ante la opinión pública como aliados de la sociedad en el cumplimiento de los grandes pendientes nacionales, mientras en los hechos practican una brutal descapitalización del país que lastra los esfuerzos de mejora para las mayorías.

Pese a lo que alegan algunos de los mayores críticos empresariales, esta fuga de capitales no necesariamente responde a una supuesta falta de condiciones para invertir en el país, sino que parece un ataque deliberado a la economía nacional, destinado a obligar a las autoridades a recular en su empeño por poner fin a la corrupción y los negocios privados a expensas de las arcas públicas. Así lo demuestra que, mientras la inversión realizada por el sector privado local se contrajo a lo largo de 2019, ese mismo año la inversión extranjera aumentó en 4.2 por ciento.

La cantidad de dinero llevada a Estados Unidos contrasta con los llamados de algunos empresarios y de sus personeros para que el gobierno federal les realice transferencias de recursos públicos, ya sea de manera directa o por la vía de condonaciones, exenciones o créditos fiscales, como única manera de evitar una quiebra masiva en el contexto de la pandemia del Covid-19. Como se ve, hay en el ámbito corporativo nacional una liquidez más que sobrada para afrontar la crisis y, si su compromiso con México fuera real, más que exigir el uso de recursos públicos para procurarse un alivio que no necesitan, deberían echar mano de sus capitales para impulsar la reactivación económica, que será la primera urgencia nacional tras la emergencia sanitaria.

De no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza acumulada por un diminuto sector de mexicanos quedará clara de nueva cuenta la veracidad de uno de los axiomas fundamentales del sistema económico vigente: el capital no tiene patria.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/03/opinion/002a1edi
Imagen: https://pixabay.com/photos/conclusion-of-the-contract-handshake-3100563/
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El problema de Colombia es la crisis moral ligada a un deficiente sistema educativo

Ricardo Angoso

Por: Ricardo Angoso

El país latinoamericano acusa los casos de corrupción, la impunidad, el fracaso del sistema judicial y la desafección de los ciudadanos ante su clase política.

La corrupción, la impunidad reinante en el país, el fracaso del sistema judicial y la escasa credibilidad de la sociedad colombiana en su sistema político tienen mucho que ver con la profunda crisis moral que padece el país desde hace décadas debido, sobre todo, al fracaso de su sistema educativo, si es que realmente es merecedor de ese nombre.

La corrupción se ha hecho algo presente, casi natural, en la sociedad colombiana, como si ya la ciudadanía se hubiera acostumbrado a la misma y la viera como un mal consustancial a nuestra clase política pero también a todos los sectores y estratos sociales, permeando todas las instituciones, empresas, organizaciones y, lo que es más grave, a todo el tejido de la sociedad civil. El problema no es sólo económico, ya que la corrupción genera pobreza, mal empleo de unos recursos públicos que podrían ser invertidos en educación y salud, el pesimismo en una sociedad que ya no cree en sus líderes, que deberían ser referentes morales y éticos, y una sensación generalizada de que el sistema está podrido y no tiene arreglo.

De ese estado de cosas que padecemos desde hace dos siglos, que tiene un dimensión más profunda que la económica al señalar a la administración como más propia de un Estado fallido que de un país moderno, funcional, justo y organizado, pueden surgir en el futuro fuerzas antisistema, movimientos de corte populista y caudillismos del más variado pelaje, tanto a izquierda como a derecha. Ahí radica uno de los verdaderos peligros que conlleva el problema.

Pero conviene que pongamos el foco en el verdadero problema: digo que la crisis de Colombia es moral y ética. Y esa doble crisis, que explica una buena parte de los comportamientos ilícitos, nefandos e inmorales de la dirigencia colombiana, está absolutamente ligada, diría que casi de una forma estructural, a la educación. Más bien habría que decir que a la falta de la misma, es decir, a la ausencia de un auténtico sistema educativo público, gratuito, incluyente y universal que fomente e implemente un conjunto de valores éticos y principios cívicos a los futuros ciudadanos de Colombia.

Un sistema que consiguiera superar la perniciosa segregación social que caracteriza al país desde la infancia, donde ya se acentúan los estratos y las diferencias entre las clases más pudientes y las más desfavorecidas, y el acceso al mismo en igualdad de condiciones de todos los futuros estudiantes. Un sistema educativo incluyente, superador de la desigualdad social y que no haga de la educación un negocio solo apto para los más favorecidos socialmente, de tal forma que solamente los ricos pueden estudiar en colegios de calidad y después acceder a los centros universitarios, discriminando, claramente, a los más pobres. Haría falta una auténtica voluntad política, algo de lo que carece en la actualidad la dirigencia, para poner en marcha ese sistema de educativo de carácter público de calidad que permita superar la crónica desigualdad social que ahora caracteriza a todos los tramos de la educación en Colombia, desde la infancia, como ya he dicho antes, hasta la formación universitaria.

Todo el mundo sabe que los colegios públicos en Colombia son un desastre, están escasamente dotados de medios, los profesores están mal pagados y deficientemente formados para ejercer sus tareas, y los centros aportan, en términos cualitativos, poco o nada a sus estudiantes; las clases más pudientes envían a sus hijos a colegios privados de mejor calidad o al menos con un nivel formativo superior a los públicos. Así las cosas, la segregación social se agudiza e incluso se intensifica antes de la llegada a la universidad, donde los sectores sociales con menos ingresos llegan con un nivel mucho más bajo y con pocas posibilidades de acceder a los centros universitarios, tanto por razones económicas como formativas, al haber recibido un aprendizaje mucho más deficiente que las clases pudientes.

Otro problema que manifiesta el ineficiente sistema educativo es la ausencia de controles de calidad de las instituciones educativas y de los profesionales que imparten sus conocimientos en las mismas; en Colombia es relativamente fácil ser docente y uno percibe que cualquiera, sin haber pasado el necesario proceso formativo, puede ejercer como profesor hasta en las más prestigiosas universidades del país. Hay muy pocos concursos públicos para dotar de docentes a la mayoría de las universidades, siendo los puestos adjudicados a dedo y generalmente a través de las famosas «palancas», y tampoco la administración ejerce ningún tipo de control acerca de la calidad de las plantillas universitarias, algo que explicaría por qué nunca las universidades colombianas están entre las doscientas mejores del mundo en ningún rankig de los que miden el nivel de calidad de las mismas en todo el mundo.

Las consecuencias de lo anteriormente expuesto explican la escasa movilidad social que se manifiesta en la sociedad colombiana desde hace dos siglos y que un reducido núcleo social, compuesto quizá por unas 40 o 50 familias -sin exagerar-, hayan controlado con un poder omnímodo sobre la vida social, política, cultural y económica del país durante todos estos años. ‘Las élites han secuestrado al Estado a través de sus relaciones familiares’, señalaba el congresista David Racero. Unas élites que no han permitido el acceso de los más desfavorecidos a la educación, quizá para seguir controlando el país por saecula saeculorum, y mantener sus privilegios feudales -aparte del indiscutible derecho al saqueo del Estado sin miramientos ni compartido con nadie-, en una sociedad que demanda a gritos un sistema educativo funcional.

Y es que, como señala el analista Mauricio Caicedo, «es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con el crecimiento económico: el crecimiento no resuelve la pobreza, la pobreza la resuelve la educación. El problema de la desigualdad en Latinoamérica no es un problema de crecimiento económico, sino de educación»

La clave del desarrollo social y económico en Asia en el último medio siglo, con grandes economías emergentes que ya dominan el mundo, como Corea del Sur, China, Japón, Singapur, Taiwán y Vietnam, por poner solamente algunos ejemplos bien gráficos, tiene mucho que ver con la calidad de sus sistemas educativos y la consiguiente movilidad social que emana de los mismos, de tal forma que llegan a la universidad tan sólo los más aptos y preparados y no aquellos que tienen más recursos económicos. Sin sistemas educativos de calidad, no hay progreso social ni desarrollo alguno, pudiéndose decir que educación y desarrollo son un binomio inseparable y que van juntos de la mano; sin educación no hay posibilidad de cambio social y ser capaces de generar bienestar, prosperidad y riqueza para la mayoría de la sociedad.

Termino, a modo de conclusión, con un apunte del ya citado Caicedo que ilustra bien el asunto y la escasa percepción que tiene del mismo la dirigencia colombiana: «Los gobernantes colombianos olvidan que no invertir en educación equivale automáticamente a invertir en ignorancia, en fanatismo, en resentimiento y en desigualdad social, y que las víctimas de esa pedagogía negligente no son solo las gentes humildes, sino toda la sociedad, incluidos los más poderosos y los mejor educados».

Fuente: https://diario16.com/el-problema-de-colombia-es-la-crisis-moral-ligada-a-un-deficiente-sistema-educativo/

 

 

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Docentes latinoamericanos resisten en cruzada contra los que profesan la fe en el conocimiento

Javier Tolcachier

Por: Javier Tolcachier 

No estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo

 Paulo Freire

Profesan la fe en el conocimiento, lo declaran y practican públicamente y a diario. Son los que llamamos “profesores”. Maestros, que en cada rincón del planeta se ocupan de que cada niña o niño se sume en corto tiempo a la corriente milenaria del progreso humano. Docentes, que viven en el intento de acompañar, contener, ayudar a resolver o a mitigar las contradicciones acumuladas por ese mismo proceso.

¿Quién podría perseguir o reprimir, quién osaría cercenar los derechos de este pueblo del conocer? ¿Podría acaso alguien poner en entredicho su dedicada entrega, limitar o desfavorecer su sagrada vocación? ¿Quién se arrogaría criticar tan elevada misión? ¿Quién obstaculizar su cometido? Y sin embargo…

En Honduras, el sector magisterial es violentamente reprimido mientras sostiene protestas y paros desde hace varias semanas. La derogación de los decretos que abrían la puerta a despidos masivos y privatización de la educación no conforma a un amplio sector de maestros, quienes descreen que el gobierno inconstitucional de Juan Orlando Hernández tenga interés en fortalecer el sector público de la educación.

En Chile, los profesores iniciaron el 3 de Junio un paro nacional indefinido luego de las reiteradas negativas del Ministerio de Educación a dar respuestas a la crisis de la Educación Pública. Con la medida de fuerza los docentes reclaman que el gobierno se retracte del cambio curricular que hace optativas las materias de Historia, Artes y Educación Física, repare la Deuda Histórica, remedie el agobio y mejore las condiciones laborales de los maestros.

Cientos de miles salen también a la calle para repudiar los dramáticos recortes de presupuesto para la educación y la investigación científica en Brasil. A ello se suma la línea ideológica con la que el gobierno de Bolsonaro pretende censurar la práctica académica, limitar derechos, eliminar contenidos progresistas y ensalzar la sangrienta dictadura de 1964.

El reclamo por mayores recursos para infraestructura escolar, protección a la salud de los docentes, garantías al acceso a la educación gratuita y jerarquización de la educación pública movilizan a los docentes en Colombia, mientras que en Ecuador maestros jubilados debieron iniciar una huelga de hambre en la Asamblea Nacional para exigir el pago de haberes atrasados.

En Puerto Rico, un amplio arco de organizaciones nucleadas en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) marchó en Marzo de este año en rechazo a las “escuelas chárter”, al tráfico de influencias y contra el mal manejo de fondos públicos para beneficiar intereses privados.

En Costa Rica los sindicatos docentes luchan contra la intención gubernamental de declarar a la educación como “servicio esencial”, subvirtiendo así el Derecho a huelga de los trabajadores de la educación.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó un plantón en el Congreso mexicano contra la sanción de lo que consideran una apenas remozada nueva-vieja Reforma educativa, rechazando las evaluaciones compulsivas como mecanismo que pone en riesgo su estabilidad laboral.

En Argentina, la pérdida de poder adquisitivo de los maestros, la represión de la protesta, la difamación y amenazas a la dirigencia sindical han sido moneda corriente en el gobierno de Macri.

Más allá de los matices locales, la homogeneidad de este cuadro en los países gobernados por la derecha en América Latina y el Caribe responde sin duda a un patrón global.

¿Dónde están, cuántos son, los valientes del pizarrón?

Según consignan las estadísticas de la UNESCO, en el nivel preprimario de la región latinoamericano caribeña hay algo más de un millón de docentes, poco más de 3 millones en la primaria y 3.9 millones en la secundaria. El perfil de género es significativo: las educadoras constituyen un 95% en la etapa inicial, 78% en la primaria y algo menor, pero todavía mayoritaria, es la participación femenina de un 57% en el escalón secundario.

En promedio regional, por aula cada docente se ocupa de unos 20 párvulos, de casi 22 alumnos en la escuela primaria y de algo más de 16 educandos en el nivel secundario. Las disparidades, sin embargo, son elocuentes: Mientras el número de estudiantes por profesor es bajo en Cuba (9), Uruguay (11) o Costa Rica (12), revelando el enorme papel que históricamente tiene la educación en estas naciones, en países como Nicaragua (30, según último dato 2010), El Salvador (28), México (27), Honduras (26) o Colombia (24) la proporción aumenta enormemente, dando cuenta de las dificultades de docentes y educandos para avanzar con el aprendizaje.

Esto guarda directa correlación con el presupuesto que destinan los gobiernos a la misión educativa en relación al PBI. Mientras Cuba se sostiene invicta en la cúspide con casi un 13%, naciones como Panamá o Guatemala rondan un magro 3%; mientras Bolivia o Costa Rica invierten más del 7% del PBI (2015), Chile, Paraguay, Nicaragua, Colombia o Uruguay no llegan al 5%.

Las 7 plagas neoliberales en la educación

El Banco Mundial, por ejemplo, –entidad cuyos principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos – opina que “realizar inversiones inteligentes y eficaces en las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano con el que se pondrá fin a la pobreza extrema.” Entiéndase bien: capital humano no es aquí un dinerillo del que todos pueden disponer, sino la increíble visión que reduce lo humano a un factor económico.

En la misma introducción, el Grupo -cuyo actual presidente David Malpass se desempeñó antes como subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos- dice que “trabaja con los países para fortalecer y alinear sus sistemas educativos, de manera que se haga hincapié en garantizar que todos los niños aprendan.” Entre otros elementos “benéficos” este banco, uno de los pilares centrales del esquema financiero y de desigualdad internacional de la posguerra, “ayuda a los países a definir las competencias y los conocimientos que se deben enseñar, a brindar apoyo a los docentes y a los establecimientos educativos para establecer estrategias de instrucción eficaces, y a medir el aprendizaje de los alumnos.”

Esta mirada, alineada (y alienada) con los intereses de los más altos estamentos del poder financiero mundial, permite entender porqué entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformada por 36 países del capitalismo occidental, ha desarrollado un sistema de evaluación internacional de estudiantes conocido como PISA, a través del cual, directa o indirectamente, se pondera también el desempeño del cuerpo docente y de los Estados.

Como de manera arrogante se indica en su sitio web, este programa “busca determinar qué es importante que los ciudadanos sepan y puedan hacer”. La explicación continúa así:”PISA evalúa hasta qué punto los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cerca del final de su educación obligatoria han adquirido los conocimientos y habilidades que son esenciales para la plena participación en las sociedades modernas”. El test en cuestión contiene pruebas de lectura, matemáticas y ciencias, pero además, en algunos países se han incluido recientemente problemas de “literatura financiera y competencia global”.

Lejos de restringirse a sus miembros, el programa se ha extendido ya a 80 países. Sin duda que el muestreo no da cuenta de la real capacidad estudiantil o de los sistemas educativos, sino que revela el grado de vasallaje de los países que lo aplican de someterse al monitoreo global de la educación por parte de los centros del capital.

Según la integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Reformas y Contrarreformas Educativas Iliana Marina Lo Priore Infante, con esta estandarización jerarquizadora se induce “la aceptación de escalas estratificadoras socioculturalmente en la educación que se correspondan con la división social y jerárquica que reproduce la sociedad capitalista” y “ se pretende que los países que presuntamente salieron rezagados en las posiciones “deben” imitar en sus políticas y prácticas educativas a los países que resultaron mejor ubicados, con base a las orientaciones de la OCDE.”

La investigadora agrega que así se asimila la educación a la noción de capacitación y no se ve como un proceso holístico, integral, global, humanizado, además de invisibilizar los avances de inclusión educativa en algunas regiones, como es el caso de América Latina, al sobrevalorar criterios de calidad tecnocráticos de la educación.

Es evidente que los resultados de las evaluaciones son consistentes con su propósito, que es hacer llover sobre el mundo educativo las siete plagas del dios dinero.

Mercantilización y Privatización

La Educación pública y gratuita es un logro histórico colectivo hacia la nivelación de oportunidades. El tratamiento de la educación como mercancía y su direccionamiento privatizador representan un ataque directo a la posibilidad de ascenso y cohesión social.

Desfinanciamiento educativo del sector público

Los gobiernos de derecha asumen políticas de desinversión pública, amparados en el supuesto cuidado de no incurrir en déficits presupuestarios. La educación, junto a la salud, suelen ser sus primeros blancos. Por lo demás, si bien el monto global de recursos destinados por el Estado a la educación es un primer indicador, la desagregación de su destino es fundamental. En muchos países los recursos públicos se transfieren a entidades privadas ya sea mediante convenios o cubriendo los salarios de personal en sus establecimientos. Algo similar ocurre con la compra de bienes y servicios. Éstos se tercerizan a empresas cuyas prestaciones, enfocadas en la maximización de beneficios, colocan al sector educativo en calidad de rehén.

En el mismo sentido actúa la municipalización, la que escondida bajo el manto de descentralización administrativa y posibilidad de incluir contenidos locales, impide compensar las dificultades presupuestarias de comunas más pobres, eliminando la mediación niveladora del Estado entre distintos segmentos sociales.

Estandarización, difamación y premio-castigo

Junto a los testeos estudiantiles, se han implantado sistemas de evaluación a la docencia, con punición o recompensa según los resultados. Es frecuente la utilización de estas pruebas estandarizadas para difamar al magisterio, culpándolo del fracaso del sistema. Esta visión tecnocrática y competitiva de la educación, agrega inestabilidad y presión, abriendo la puerta a la precarización, el despido, la enfermedad y el malestar de miles de maestros.

Cosificación al servicio del mercado

El capital exige que el sistema educativo sirva a sus necesidades inmediatas y mediatas. Se “enseña” para conseguir mano de obra “apta”, se instalan en el imaginario individual y colectivo “virtudes” como innovación o eficiencia, se fomenta la potenciación unilateral de capacidades en desmedro de un desarrollo integral y armónico, se apadrinan la competencia y el mérito, se potencian actitudes de tecnificación, se desprestigia lo público y lo colectivo. Los educandos son cifras en planilla tecnocráticas y objetos sin intención, conciencias vacías que hay que llenar. Los docentes, en este esquema, son apenas ejecutores de un plan de sometimiento acrítico a los parámetros existentes.

Gobernanza corporativa en la definición de la política pública educativa

A través del tráfico de influencias, donativos, prácticas de lobby o presión sobre la opinión pública a través de los medios masivos (cuyos grupos hegemónicos están fuertemente ligados al negocio educativo), el sector privatista incide crecientemente en las decisiones públicas. Como lo indica el Mapeo sobre Tendencias de la Privatización en América Latina y el Caribe (CLADE: 2014) mediante la “participación de empresas o redes empresariales en la elaboración de la agenda educativa nacional y regional; la presencia de programas desarrollados por el sector empresarial y la presencia directa de este segmento en órganos públicos y cargos estratégicos para definir dicha agenda, lo que implica un conflicto de intereses manifiesto.”

La financiarización educativa

El informe de la CLADE citado anteriormente señala incluso modalidades tales como la negociación de matrículas en forma de “commodities” en la bolsa de valores, a modo de activos que garantizan rendimientos a futuro. A lo que hay que sumar el endeudamiento forzado del estudiantado en algunos países, como único modo de afrontar el costo de onerosas carreras universitarias.

El sometimiento cultural

Al estar impregnadas por el virus globalizador, las empresas de educación privadas tienden a formar parte de redes internacionales. Los programas pasan a depender de contenidos fabricados en los países centrales, los que a través de nucleamientos como la OCDE, dictaminan los modos y criterios de evaluación. Todo el esquema conspira contra la afirmación e integración de la multiplicidad de identidades propias, implica una mengua de soberanía, de diversidad cultural y la degradación de la lógica democrática, pública y participativa.

La cruzada oscurantista

A los flagelos anteriores se agregan los vientos de irracionalismo que surcan la época. La exclusión sistemática de una porción significativa de la sociedad de los circuitos de protección social, la cerrazón de futuro individual y colectivo junto a la velocidad de transformaciones que resulta arduo digerir, configuran un malestar que es captado por corrientes retrógradas para engrosar sus filas. Este fenómeno, expandido de modo mercantil, pisa sobre terreno fertilizado por el abandono y ha cobrado fuerza en las periferias tanto urbanas como rurales.

La clave de su avance está en la proposición de “volver el tiempo atrás”, a tiempos de una “moralidad” falsamente idealizada pero de perfil más reconocible y ciertamente más estable. Tal imposibilidad histórica arroja sin embargo arcaísmos monstruosos sobre la superficie política, los que rápidamente actúan sobre el aparato educativo para volverlo afín a sus propósitos. De trasfondo actúa la idea de un retroceso civilizatorio a épocas pretéritas, en las que el conocimiento libre, el pensamiento racional y crítico no debían rebasar los límites doctrinales determinados por el poder eclesiástico.

Arriba los que creen en el conocimiento y luchan por él

El azote que propina el sistema capitalista a los que acercan diariamente a niños, niñas y jóvenes a beber de la fuente del conocimiento, es una muestra de su lógica cruel. Cuanto menos redituable para el poder, más fuertes son los latigazos. De nada sirven aquí la súplica, el consentimiento, la inacción, ni la adaptación a la injusticia flagrante. Así lo indican las luchas en curso, en las que profesores y educandos defienden un derecho humano inviolable.

Pretender que los frutos del conocimiento colectivo sirvan tan sólo a la voracidad particular es un barbarismo que debe ser desechado. Por eso es en la educación donde se juega la bifurcación de senderos entre una real igualdad de oportunidades y la perpetuación de un mundo de segregación y violencia, entre la posibilidad de transformar la realidad en sentido humanista o sucumbir a ella.

Tenemos profunda confianza en que triunfarán los que proclaman la fe en el conocimiento. Convicción fundada, más allá de las coyunturas, en su historial de victorias ante la opresión.

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=257038

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Piñera por subvención preescolar: “En esa instancia podemos nivelar la cancha”

Noticias

América del Sur/Chile/04.09.18/Por O Pérez y J Matus/Fuente: www.latercera.com.

El gobierno ingresará un proyecto de ley que creará una subvención para la educación temprana. Parlamentarios de oposición advirtieron que la iniciativa podría abrir la puerta al lucro.

“Tenemos una gran deuda en materia de cobertura con (…) la educación parvularia, porque en Chile la educación temprana tiene una cobertura muy pequeña en los sectores más vulnerables”. Así, el Presidente Sebastián Piñera se refirió hoy al anuncio hecho a La Tercera por la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En una entrevista publicada ayer, la secretaria de Estado explicó que en las próximas semanas el gobierno ingresará al Congreso un proyecto de ley que creará una subvención para la educación preescolar y que se estima favorecerá a 500 mil niños.

Por eso, dijo el Mandatario, en “este gobierno estamos avanzando en la sala cuna universal y en asegurarles educación parvularia, prekínder y kínder a todos nuestros niños y que sea de calidad, porque sabemos que es en esa instancia donde podemos nivelar la cancha e igualar las oportunidades. Si no lo hacemos cuando los niños son pequeños, muchas veces cuando llegamos a la etapa escolar ya es demasiado tarde”.

Cubillos detalló que en los próximos días tendrá una reunión con el Presidente precisamente para zanjar el texto definitivo del proyecto.

Diversas miradas

La propuesta del Ejecutivo generó visiones encontradas entre los parlamentarios.

Para el senador PPD Jaime Quintana, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, “esto abre la puerta al lucro, con la creación de un voucher que no existía en la educación preescolar. A mí se sorprendió el anuncio de la ministra y que se hagan sin saber qué piso tiene. Yo no sé qué expertos pudieron avalar una cosa como esta, es una modalidad que va a reponer el lucro en la educación preescolar”.

El legislador agregó que “nos anuncian un aumento en la subvención escolar, que lo que hace en la práctica es crear un voucher, es decir, un subsidio a la demanda para competir con la oferta pública desarrollada en el gobierno de Bachelet, especialmente en la creación de salas cuna y jardines infantiles públicos. Un aumento en la subvención (…) significa un crecimiento exponencial de jardines privados, en donde se podría lucrar con recursos públicos”.

El diputado del Movimiento Autonomista (MA) Gonzalo Winter, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, también cuestionó la propuesta del gobierno. “Hemos sido históricamente críticos de un fundamento de este sistema, que es aquel que piensa que en la competencia por el voucher necesariamente mejoraría la calidad de la oferta. Es lo que hemos llamado el subsidio a la demanda y no el subsidio a la oferta”. Añadió que, “a priori, pareciera referirse (la ministra) al sistema que no dio resultado en la educación escolar y que, por el contrario, terminó segregando y dejando a la educación municipal como el remanente de la pobreza”.

Por el contrario, el diputado UDI Jaime Bellolio dijo que es una buena noticia el anuncio, apuntando a que es el foco “más justo”. “Mientras en el gobierno pasado los olvidados fueron la educación inicial, la educación técnico-profesional y la calidad de la educación en general, porque fueron movidos por los sectores que más salieron a marchar a la calle, olvidaron qué es lo más justo y donde existe consenso mundial es que en la educación inicial es donde parten las diferencias que luego repercuten en adelante en la vida”, señaló.

En la misma línea, el senador RN José García Ruminot celebró la iniciativa del Ejecutivo. “Tenemos que conocer el proyecto en su integridad, pero la idea es muy valiosa y sería un cambio muy importante y muy beneficioso en la formación de nuestros niños”, indicó.

Expertos

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, dijo que “esta iniciativa es clave para poder darle concreción a la agenda de calidad del Presidente Piñera. Es el punto que faltaba para poder enfrentar de lleno este problema, esta deuda que tiene el país en materia de educación parvularia, por lo tanto, es muy positivo”.

En tanto, Ariel Ramos, investigador de Política Educativa de Educación 2020, hizo hincapié en que “si seguimos con el mismo número de educadoras por niño, no es mucho lo que vamos a aportar en la calidad, ni tampoco lo que podamos aportar como emparejar esa cancha”.

Fuente de la noticia: https://www.latercera.com/nacional/noticia/pinera-subvencion-preescolar-esa-instancia-podemos-nivelar-la-cancha/305013/

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