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México: Protestan contra represión policial a normalistas de Mactumatzá

Normalistas protestan tras la detención, el abuso sexual y el uso excesivo de fuerza cometido el pasado martes por agentes policiales a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas.

Los manifestantes tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir la liberación de los normalistas de Mactumatzá detenidos mientras exigían que la aplicación y obtención de fichas para el nuevo ingreso sea de manera presencial, ya que muchos no tienen los recursos necesarios para realizar el proceso en internet.

Por medio de bloqueos a avenidas, marchas, mítines, acciones virtuales y otras protestas, diversas organizaciones y escuelas normalistas, tales como la de Ayotzinapa, Guerrero, la de Amilcingo, Morelos, y la de Panotla, Tlaxcala, manifestaron su apoyo a los estudiantes de Mactumatzá y responsabilizaron al gobernador Rutilio Escandón, a la Secretaria de Educación Rosa Domínguez Ochoa y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Gabriela Zepeda Soto de las acciones represivas.

Durante las manifestaciones del pasado martes, agentes policiales reprimieron a los y las estudiantes en protesta con el uso de gases lacrimógenos, detención arbitraria y abuso sexual.

«Nos agarraron a varias mujeres, nos están subiendo a la tanqueta y nos están tocando. Ayúdenos. Están comenzando a quitarnos todas nuestras cosas,» fue lo último que reportó una de las mujeres normalistas detenidas.

A pesar de que en la prensa oficial mencionan 95 estudiantes detenidos, de las cuales 71 son mujeres, las organizaciones denuncian que son más de 200 personas las que se encuentran desaparecidas, por lo que exigen su reaparición y liberación inmediata.

Fuente:  desinformemonos

 

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Denuncian represión en varias ciudades del Valle del Cauca, Colombia

La organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios y 503 detenciones.


Organizaciones sociales denunciaron en la noche del domingo nuevas acciones de represión de las fuerzas de seguridad colombianas contra civiles y manifestantes en las varias ciudades del país.

De acuerdo a informaciones en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca donde se han reportado las acciones más violentas, se estiman más de 30 desaparecidos y al menos tres muertos.

Ante la situación de extrema gravedad en Palmira y Cali, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos de derechos humanos para que constaten las violaciones cometidas por los efectivos del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Los denunciantes han señalado que en la localidad de Palmira, efectivos del Ejército no han permitido auxiliar a los heridos de la represión.

“Lo que está pasando en la recta cali palmira tiene que saberlo toda colombia, el ejército está disparando a CIVILES, No dejan entrar a sacar los heridos @Declaracion violacion a los #DerechosHumanos” reza uno de los mensajes de twitter denunciado los hechos de violencia en la localidad del departamento del Valle del Cauca.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recolectando información de varias organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) y sindicales, informa que en la ciudad de Cali, se registraron al menos 10 asesinatos de ciudadanos que se movilizaron.

Por su parte la organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DD.HH., 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones oculares.

Aunque el presidente Duque anunció el retiro del proyecto, los colombianos se mantienen en las calles exigiendo que no debe existir ningún tipo de reforma, ante esto la Minga Indígena se moviliza desde el departamento del Cauca hasta Bogotá para concentrarse en la histórica Plaza de Bolívar.

Fuente e imagen:  telesurtv.net

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Frenar la libertad

Por: Tahira Vargas García 

Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión.

La libertad está intrínsecamente vinculada a la responsabilidad social, al ejercicio ciudadano y al desarrollo humano. Sin libertad no hay desarrollo humano.

El ejercicio ciudadano en nuestra sociedad es muy débil, nuestra población no tiene clara conciencia de sus derechos ni de su responsabilidad social. Esta responsabilidad social no se ha forjado, se ha aniquilado uno de sus principales cimientos, la libertad. Cada individuo se socializa en el miedo y en la represión en la familia, la escuela, el vecindario, los espacios laborales, la relación con el Estado y en la vida social.

La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Padres/madres, abuelos/as tías/os tienen miedo de ofrecerle a los/as niños/as y jóvenes espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen.

Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones permanentes, siempre es “no”, “no hables”, “no te pares”, “cállate”, “siéntate”, los mensajes principales están sustentados en prohibiciones y sanciones. Estas prohibiciones y sanciones generan rebeldía, agresividad, violencia y poca responsabilidad.

Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.

Las instituciones sociales, escuela, familia, religiones, grupos sociales, instituciones públicas, partidos políticos, tienen miedo. Miedo a que la población adolescente y joven adquiera conciencia de derechos y asuman responsabilidad frente a su cuerpo, sus propios proyectos de vida, su conducta y su vida cotidiana.

Los conflictos intergeneracionales tienen así una matriz de miedo, resistencia al cambio, resistencia a la responsabilidad social. Así se fortalece el conservadurismo expandiéndose con ello las corrientes fundamentalistas religiosas, la intolerancia cultural, social, racial, sexual y a la diversidad en sentido general.

Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.

El sostenimiento del miedo, las prohibiciones, exclusiones y represión a las libertades incrementan el autoritarismo, la violencia y la desigualdad. Necesitamos que todas las generaciones y personas asumamos sentido de responsabilidad y ejercicio ciudadano, respetemos la diversidad y rompamos con el miedo a la libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente: https://acento.com.do/opinion/frenar-la-libertad-8928653.html

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Jordania: reformas incumplidas, crisis social y creciente represión


Por: Victoria Silva Sánchez 


En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.

El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.

El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.

En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.

Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Más allá del coronavirus

La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.

Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.

El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.

Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)

Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.

Inmovilismo político y aumento de la represión

Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.

El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.

La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.

“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático

Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.

Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.

A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.

Fuente e imágenes: https://www.esglobal.org/jordania-reformas-incumplidas-crisis-social-y-creciente-represion/

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Represión contra migrantes hondureños en Guatemala

América Central/Guatemala/22-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

A la fuerza se disolvió ayer la caravana migratoria, que tiene como objetivo final llegar a Estados Unidos.

El Gobierno de Guatemala disolvió este lunes a la fuerza la caravana migrante compuesta por más de 6.000 hondureños, que huyen de la pobreza en su país y que pretenden llegar a Estados Unidos, en busca de trabajo.

Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil y decenas de soldados del Ejército de Guatemala desalojaron al mediodía de ayer la carretera donde los migrantes se encontraban varados, en el departamento de Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras y ubicado unos 200 kilómetros al este de la capital del país.

Disueltos

Los hondureños, imposibilitados de avanzar desde el sábado por la barrera policíaca, fueron desalojados a empujones por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a la multitud para que liberara el paso.

La caravana quedó disuelta después del operativo y cientos de hondureños se adentraron en el poblado de Chiquimula, Vado Hondo, acorralados por los disparos de gases lacrimógenos lanzados.

El enfrentamiento no reportó heridos de gravedad e hizo retroceder a los migrantes, quienes quedaron desperdigados por el lugar a la espera de encontrar una ruta alterna.

Desde la semana pasada, el Gobierno guatemalteco había advertido que no dejaría avanzar a los hondureños sin cumplir con los requisitos migratorios, principalmente una prueba negativa de la Covid-19.

¿Por qué el éxodo hondureño?

El éxodo de miles de hondureños, que la semana pasada salieron en caravana con la idea de llegar a EE.UU. en busca de trabajo, es un reflejo de la crisis que vive su país desde 2009, que se agudizó con la desgracia sufrida en 2020 por la pandemia de Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.

Honduras, un país con 9,3 millones de habitantes, acumula 134.111 casos de Covid-19 y 3.354 muertos.Los fenómenos naturales afectaron principalmente el Valle de Sula, región que produce el 45% del producto interno bruto (PIB) del país, lo cual ha dejado consecuencias gravísimas para Honduras.

La crisis deja en las cifras de desempleo a 1 millón de personas en el sector formal y más de 1,5 millones de personas con problemas de ingresos en el sector informal.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338471/represion-contra-migrantes-hondurenos-en-guatemala

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España: Lanzan una campaña en apoyo de las personas juzgadas por protestar contra el bus de HazteOír en Sevilla

El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se unen para reunir el dinero suficiente que pague los costes del juicio en la reapertura del caso.

El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se han unido en una campaña de la plataforma GoFoundMe con el objetivo de sufragar los gastos judiciales de las ocho personas que hacen frente a un nuevo proceso judicial en Sevilla, por su participación en las concentraciones contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOír el 29 de marzo de 2017. El llamamiento tiene como finalidad “poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal”, “apelar a la solidaridad” y “poner en aviso que este proceso judicial y represivo se ha reabierto y sigue en pie”, explican en un manifiesto.

El “transfobus”, llamado así por las organizaciones, fue una acción de la asociación HazteOír, fundada en 2001 por Ignacio Asuaga. El citado vehículo recorrió diferentes ciudades españolas en el año 2017, con mensajes homófobos y en contra de la enseñanza de diversidad sexual en las escuelas, como el polémico: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”.

En Sevilla, como en otros puntos de España, se organizaron actividades de rechazo. Entre ellas, el 29 de marzo de aquel año hubo una concentración frente al mencionado autobús a su llegada al Palacio de San Telmo.

Mensajes de odio

Para SOCORRE y Maricones del SUR, “el autobús se dedicó a difundir mensajes de odio por toda la península contra las infancias transexuales, y las personas trans en general”. Este vehículo llegó a ser inmovilizado en la comunidad de Madrid y Barcelona, y en Sevilla también hubo una declaración institucional suscrita por grupos políticos en contra de sus mensajes.

Después de aquella jornada de protesta, varias personas participantes fueron identificadas y prestaron declaración. Una de las imputadas es Denis, que cuenta que fueron acusadas de “delitos contra la integridad moral, amenaza, coacción y daños materiales” pero el caso fue archivado por falta de pruebas.

“Éramos nueve, pero uno de ellos ha fallecido este año”, explica. “En casi todas las ciudades donde pasó el autobús hay juicios pendientes contra activistas. A mi juicio es una estrategia mediática. Provocan porque saben que tienen rechazo en la sociedad y aun así tienen el valor y la cara de sacar un autobús con un mensaje muy doloroso”, añade Denis.

Tras el recurso de HazteOir en 2018, la Audiencia provincial reabrió el caso y, en junio de 2020, la Policía presentó un nuevo informe donde se atribuye a estas ocho personas otros delitos, entre ellos “el delito de odio de carácter ideológico”. Este giro ha dado lugar a un nuevo proceso judicial que comenzó el pasado lunes 14 de diciembre.

“Pensamos que es una estrategia policial y judicial. Una de las cosas que alega el informe es que estábamos organizadas, pero entre las acusadas no nos conocíamos. Se presentan imágenes de aquel día y se mezcla la trayectoria política de cada una, organizaciones de las que fuimos parte, antecedentes o multas. Nos hacen un perfil político e incluso estético, como para agravar la peligrosidad que tenemos y para alegar que estamos organizadas y que hay un delito de odio, cuando en realidad precisamente nuestras protestas eran contra los mensajes de odio que hacia circular el autobús de HazteOír”, explica Denis.

Solidaridad Colectiva

En este nuevo escenario, SOCORRE y Maricones del Sur, se ponen en contacto con las personas imputadas para llevar a cabo la campaña “Solidaridad contra la transfobia” y sumar esfuerzos en este proceso donde se añaden gastos judiciales importantes.

Denis relata que “en 2017 todas nos abrieron la vía de sanción administrativa, y el canal penal que es el que utiliza HazteOír para denunciarnos. En aquel momento, la mayoría fuimos con abogados de oficio y con apoyos de algunos letrados y letradas que se solidarizaron, como en mi caso. Ahora el costo judicial está estimado en torno a 1.200 euros para cada una; esto sin contar con otros gastos futuros, si bien esperamos salir absueltas por fin”.

El objetivo de la campaña es buscar apoyo económico, y dar un mensaje de unidad: “No queremos represión en silencio ni compañeras que se sientan solas”, concluye el manifiesto.

Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/lanzan-campana-en-apoyo-de-las-acusadas-por-protestar-contra-el-bus-de-hazteoir

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Activistas denuncian violencia contra mujeres por motivos políticos en Cuba: “Sufren mayores niveles de represión que los hombres”

América Central/Cuba/21-12-2020/Autor(a) y Fuente: www.cibercuba.com

Activistas cubanos publicaron una declaración en que alertan sobre la violencia desatada por el Estado y sus aparatos represivos contra las mujeres, particularmente aquellas que se oponen de alguna forma a la ideología gubernamental en la Isla.

En un largo texto, destacan las acciones que durante estas últimas semanas se han producido a raíz de los sucesos de San Isidro y la protesta pacífica del 27 de noviembre frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana.

Seguidamente, reproducimos de manera íntegra la declaración en defensa de las mujeres cubanas, vulneradas con la anuencia del Estado y las instituciones gubernamentales que, en teoría, deberían ampararlas.

Feministas cubanas y aliades pretendemos con esta carta contextualizar y pronunciarnos en contra de recientes y reiterados episodios de discriminación, exclusión y violencia promovida y/o ejercida por el Estado contra las mujeres cubanas.

Señalando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1994) define que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, comunidad, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, en cualquier lugar donde ocurra.

Partiendo de la Convención sobre la eliminación de todo tipo de violencias contra la mujer, presentada en las Naciones Unidas y en vigor desde el 3 de septiembre de 1981, que Cuba se precia de ser el primer país en ratificar. Según el Artículo 7 de este documento de carácter internacional: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a (…) participar en organizaciones y en asociaciones NO GUBERNAMENTALES que se ocupen de la vida pública y política del país.”

Recordando que la sociedad civil cubana no puede articularse de manera orgánica en sus propias asociaciones que representen otros modelos de pensamiento de naturaleza diversa, pues estas no son reconocidas legalmente.

Reconociendo que estamos en un momento en que la solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, impulsada por activistas feministas, luego de ser discutida con miembros del Parlamento cubano no fue incluida en el Cronograma  Legislativo a ejecutarse hasta 2022.

Activistas feministas y antirracistas, así como del colectivo LGBTIQ+, son víctimas de ciberacoso desde cuentas falsas que responden a lógicas de vigilancia y deslegitimación, un comportamiento que es frecuentemente utilizado por cuentas anónimas presuntamente asociadas al Estado cubano. A feministas cubanas se les disminuye y minimiza abiertamente desde publicaciones oficiales. La criminalización del activismo feminista es de larga data en el período llamado revolucionario, que comenzó con el ostracismo y desconocimiento de feministas de la etapa anterior como Mariblanca Sabás Alomá (1901-1983), continuó con la desactivación de la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magin en 1996 y se ha mantenido con escarnios públicos, desconocimientos y amenazas a feministas que han mantenido una postura crítica hacia las autoridades cubanas sobre la defensa de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, hoy vivimos en un escenario diferente porque el acceso a internet permite mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar: acoso y violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, en la intimidad; feminicidios; necesidad de refugios; violencia obstétrica; violencia institucional y política. Los datos acerca de feminicidios y hechos de violencia machista son conocidos gracias a medios independientes y activistas que mantienen una red transparente y efectiva de observación y estadística, y no a una labor estatal implicada o interesada por estos procesos.

Se dispone de varios informes preparados por la organización no gubernamental Cubalex, incluyendo el informe sombra a la CEDAW presentado en 2013, que alerta que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas y con manifestaciones que los hombres que participan en activismo político no padecen. Este sesgo de género se evidencia en el intento de descrédito a través de la exposición de su vida íntima; el uso de expresiones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas; en la instrumentalización de la seguridad de las y los integrantes más vulnerables de su familia para presionarlas; e incluso en violencia sexual. Cubalex ha documentado también varios casos de amenazas por parte del Estado de quitarles a madres activistas las custodias de sus hijes. Estas violencias sistemáticas se ven muchas veces atravesadas por otras formas de discriminación: racial, religiosa, económica, etc.

La brutalidad de los agentes policiales y de la Seguridad del Estado, incluidas las mujeres integrantes de estos órganos, contra las mujeres disidentes, es avalada por el Estado. Las mujeres que disienten con el sistema político en Cuba sufren mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, ellas denuncian mayor cantidad de actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias, así como eventos de vigilancia policial fuera del domicilio para restringir su derecho a la movilidad: estos son métodos recurrentes para impedir el ejercicio de sus derechos a expresarse, asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes utilizan la violencia física y psicológica, la ofensa y el agravio sexual como medios de represión. Se registran testimonios de encierros en calabozos sin condiciones higiénicas, con servicios sanitarios sin privacidad o sin condiciones apropiadas para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con hombres. Algunas denuncian haber sido forzadas a desnudarse, a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos en sus genitales, e incluso que les han introducido un bolígrafo en la vagina, a pesar de tener en ese momento su período, bajo la justificación de la búsqueda de objetos de grabación.

Entre las prácticas represivas más comunes que afectan especialmente a las mujeres migrantes internas está la expulsión de las casas donde se encuentran alquiladas a través de la presión policial sobre los dueños de la vivienda, con argumentos fabricados por agentes de la Seguridad del Estado que equiparan el hecho de alojar a activistas políticos con ser cómplices de mercenarismo y “contrarrevolución”. El Decreto Ley 217 restringe la libertad de circulación a cubanos entre La Habana y otras provincias y les exige solicitar permiso a autoridades administrativas para residir en la capital. Aunque no es delito la estancia en la capital, la policía arresta y “deporta” a su lugar de origen a quienes incumplen el decreto.

Además, el Estado cubano ha impedido a mujeres, por causa de su actividad política, el acceso al mercado laboral. Igualmente,  ha expulsado a estudiantes y a profesoras de centros de estudios superiores.

El Estado organiza en centros laborales las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) con la misión de participar de actos de repudio que atentan contra el orden público y promueven el odio entre cubanes. Las mujeres cubanas disidentes han sido víctimas de estos eventos. Esta violencia ha sido ejercida recientemente incluso a través de la Federación de Mujeres Cubanas, organización a la cual todas las mujeres cubanas pertenecemos por mandato del Estado desde los 14 años de edad y a la cual cotizamos, por lo que rechazamos la participación de la organización y el uso de su estandarte en estas acciones violentas.

A todo lo anterior, se suman los medios de comunicación, con campañas para desacreditar a estas mujeres, que no tienen oportunidad para ejercer su derecho a réplica. Los medios estatales han lanzado hacia estas personas acusaciones graves, sin respaldo, de mercenarismo, penado con las penas más graves bajo la Ley No. 88 “Ley de Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”.

Afirmamos que existe actualmente en Cuba un clima de evidente hostilidad hacia un segmento amplio y diverso de la ciudadanía que se encuentra en disenso con el estatus quo, y demanda un proceso de revisión y restauración de daños ocasionados. En este sentido, advertimos sobre importantes eventos recientes de discriminacion, violencia y exclusión protagonizados por instituciones estatales, fuerzas policiales y militares, y servidores públicos, motivados especialmente por las acciones más recientes de protesta pacífica del Movimiento San Isidro (MSI), creado en 2018 en respuesta al Decreto Ley 349, que institucionaliza la censura a la creación artística en Cuba.

Feministas cubanas y aliades denunciamos públicamente la situación de varias mujeres, que han padecido, documentado o dado testimonio de acciones violentas por parte del Estado cubano en los últimos tres meses en La Habana:

– Anamely Ramos, curadora, crítica de arte y miembro del MSI: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Detención arbitraria durante todo el día 27 de noviembre, luego de ser desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en la casa de Omara Ruiz Urquiola, a excepción del día 3 de diciembre. Detención arbitraria el 15 de diciembre. Previo a esta ola de represión, Anamely fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Arte, expulsada del apartamento donde estaba alquilada y se vio obligada a separarse de su hijo para evitar que fuese constantemente expuesto al acoso policial.

– Omara Ruiz Urquiola, historiadora de arte: Detención arbitraria con agresión física el 13 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Vigilancia policial desde el día 28 de noviembre hasta la fecha en su casa, a excepción del día 3 de diciembre cuando fue al hospital a recibir tratamiento. Difamación en la TV nacional. En 2019 fue expulsada de su puesto como profesora del Instituto Superior de Diseño y desde entonces sufre fuerte acoso policial.

– Iliana Hernández, activista y reportera de CiberCuba: Detenciones arbitrarias los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Su madre fue detenida el 19 de noviembre mientras intentaba visitarla en la sede del MSI. Desalojada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Vigilancia policial fuera de su casa desde el 28 de noviembre hasta la fecha. Detención arbitraria el 2 de diciembre. Acto de repudio encabezado por la Federación de Mujeres Cubanas el 8 de diciembre luego de ser difamada en la TV nacional. Detención arbitraria el 15 de diciembre cuando se dirigía a una cita en la Embajada de España en La Habana (Iliana es ciudadana española).

– Daylys Bandera, vecina de la sede del MSI: El 18 de noviembre agentes de la Seguridad del Estado le decomisaron suministros de comida y dinero que llevaba a Damas 955. Este evento motivó el inicio de las huelgas de hambre de algunos integrantes del MSI.

– Rosmelis Hernández y Jade Castillo, pareja e hija de Maykel (Osorbo) Castillo: La hija de 4 años del rapero fue agredida físicamente por supuestos agentes de la Seguridad del Estado el 21 de noviembre mientras accedía junto a su madre a Damas 955. Rosmelis ha recibido amenazas de retirarle la custodia de su hija, por parte de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, con los argumentos de que no le enseña “los conceptos reales de la Revolución” lo cual puede derivar en “un trastorno en la conducta”.

– Tania Bruguera, artista y fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR): Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias e interrogatorios el 2, 4 y 6 de diciembre. Vigilancia policial desde el día 6 de diciembre hasta la fecha frente a su casa. Desde el 15 de noviembre tiene deshabilitado el servicio de telefonía móvil y el acceso a internet por datos.

– Katherine Bisquet, escritora: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Detenciones arbitrarias los días 13, 14 y 15 de noviembre durante averiguaciones por el caso de Denis Solís. Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26, donde se encontraban sitiados los huelguistas desde el día 18. Detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Vigilancia policial desde el 2 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside. A pesar de que amenazaron al propietario de la vivienda para que fuera desalojada, la policía le impidió efectuar la mudanza. Katherine ha tenido que cambiar de sitio por el mismo motivo en diez ocasiones anteriores.

– Camila Ramírez Lobón, artista visual: Detención arbitraria y acto de repudio el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial desde el 4 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde reside Katherine Bisquet, a donde se trasladó para ayudar con la mudanza que nunca ocurrió.

– Claudia Genlui, curadora de arte y miembro de MSI: Detención arbitraria el 25 de noviembre por intentar acceder a la sede del MSI. Acto de repudio fuera de INSTAR durante reunión de la plataforma 27N y detención arbitraria el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Castillo. Detención arbitraria el 2 de diciembre junto a Luis Manuel Otero Alcántara (su pareja sentimental), cuando intentaba reunirse con él luego de ser dado de alta del hospital. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil  el 11 de diciembre.

– Aminta De Cárdenas, productora: Detención arbitraria el 10 de octubre. Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27, vigilancia policial el día 5 de diciembre y desde el día 10 hasta la fecha, fuera de su casa.

– Luz Escobar, periodista de 14yMedio: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar cubrir la protesta convocada en el Parque Central de La Habana. Vigilancia policial y arresto domiciliario arbitrario el 25 de noviembre y desde el 4 al 10 de diciembre, impidiéndole recoger a sus dos hijas de la escuela.

– Yoani Sanchez, bloguera y directora de 14yMedio: Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial los días 11 y 12 de diciembre.

– Anyell Valdés, trabajadora en el hogar y activista: Sacada por la fuerza de Damas 955 la noche del 26. Su papel durante las huelgas fue de cuidados. Recibió una visita de agentes de la Seguridad del Estado el 2 de diciembre y fue detenida arbitrariamente el día 5 y nuevamente el día 10, en la vía pública cuando llevaba a sus hijos a la escuela.

– Iris Ruiz, actriz y coordinadora del MSI: Detención arbitraria el 10 de octubre, y el 29 de noviembre por intentar visitar a Maykel Osorbo. Inhabilitación de servicio de telefonía móvil y vigilancia policial desde el día 10 de diciembre hasta la fecha fuera de su casa, donde viven también sus 6 hijes.

– Camila Acosta, periodista de Cubanet: Detención arbitraria el 10 de octubre, durante la cual tuvo que orinar dentro de la patrulla de policía porque le impidieron ir al baño. Participó del diálogo en el MINCULT la noche del 27 de noviembre. Vigilancia policial desde el día 5 de diciembre hasta la fecha fuera de la casa donde ha sido acogida temporalmente. Entre marzo y octubre de este año, ha sido detenida en cuatro ocasiones, ha tenido que mudarse 10 veces y reponer tres veces su teléfono celular, que han roto agentes de la Seguridad del Estado. Ha sido amenazada con ser procesada por presunta “usurpación de funciones públicas” y multada bajo el decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales.

– Miryorly García Prieto, historiadora de arte: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido detención domiciliaria arbitraria y vigilancia policial los días 4 y 5 de diciembre.

– Solveig Font, curadora de arte independiente: Luego de su participación en la reunión en el MINCULT el 27 de noviembre, ha sufrido vigilancia desde el 4 hasta el 6 de diciembre fuera de su casa, por hombres vestidos de civil. Inhabilitación del servicio de telefonía móvil el 10 de diciembre.

– Marthadela Tamayo, activista antirracista y por los derechos de la mujer: Detención arbitraria el 19 de noviembre, y el 22 de noviembre por asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana, donde fue agredida físicamente durante el acto de repudio permitido por el Estado. Vigilancia policial el 10 de diciembre fuera de su casa.

– Kirenia Yalit, psicóloga y activista: Acto de repudio y detención arbitraria el 10 de octubre. Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– María Matienzo, periodista de Cubanet: Vigilancia policial entre el 18 y el 22 de noviembre fuera de su casa.

– Maylin Alonso, periodista de Agence France-Presse (AFP): Agredida durante el acto de repudio permitido por el Estado el 22 de noviembre, mientras cubría como parte de su trabajo la protesta convocada en el Parque Central de La Habana.

– Diasniurka Salcedo, activista del proyecto comunitario Casa a Casa: Detención arbitraria el 20 de noviembre por sospechas de que intentaba acercarse a San Isidro, durante la cual asegura que sufrió abusos sexuales por parte de los oficiales. Detención arbitraria el 28 de noviembre en los alrededores del Hospital Manuel Fajardo, donde se encontraba retenido Luis Manuel Otero. Fue liberada en horas de la madrugada en una zona desierta a 14 kilómetros de su casa. Vigilancia y arresto domiciliario arbitrario los días 4, 5 y 10 de diciembre fuera de su casa.

– Bertha Soler, coordinadora de las Damas de Blanco y Premio Sárajov del Parlamento Europeo: Detención arbitraria el 22 de noviembre por intentar asistir a la protesta convocada en el Parque Central de La Habana en apoyo al MSI. Detención arbitraria el 6 de diciembre cuando salía de la sede de la UNPACU. Vigilancia policial los días 9 y 10 de diciembre a la sede nacional de las Damas de Blanco. Detención arbitraria el 10 de diciembre antes de participar en una Reunión Extraordinaria del Parlamento Europeo. Inhabilitación de servicio telefónico los días 11 y 12 de diciembre.

– Lourdes Esquivel, integrante de las Damas de Blanco: Detenciones arbitrarias los días 6 y 10 de diciembre.

– Dayana Zerquera: Detención arbitraria el 28 de noviembre durante una protesta por el cierre de las tiendas en MLC (monedas libremente convertibles) frente a la sede del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), convocada por madres cubanas. Estas tiendas, donde se venden productos de primera necesidad en una moneda con que no se remunera a trabajadores cubanes, generan segregación económica y exclusión social violando derechos consagrados en la Constitución de la República de Cuba. También asistió a la sentada fuera del MINCULT.

– Rossane Carmona, estudiante de Comunicación Social y activista feminista: Detención arbitraria el 29 de noviembre en camino a una manifestación pacífica convocada en el Capitolio de La Habana.

– Yeilis Torres, ex fiscal e integrante de UNPACU: Detención arbitraria el 10 de diciembre.

– Ketty Méndez, activista: Secuestrada por agentes vestidos de civil el 14 de diciembre, en presencia de su hija menor, mientras se dirigía a una manifestación pacífica por el cierre de las tiendas en MLC y en contra de las medidas económicas anunciadas recientemente. Se ha manifestado en las redes sociales por el desamparo que sufre su hija de 22 años, que padece autismo y desnutrición.

Esta lista incluye solamente a quienes han hecho pública su denuncia y autorizado su divulgación. Además nos consta que al menos una mujer que se acercó a llevar comida a las personas sitiadas en San Isidro, ha recibido citaciones y amenazas de la policía. Tenemos conocimiento de que varias mujeres que participaron de la sentada fuera del MINCULT han recibido amenazas directas o a través de familiares, pero no están preparadas para denunciar públicamente. Algunas fueron gaseadas con spray pimienta por la policía cuando trataban de acercarse a la sentada frente a esta institución la noche del 27 de noviembre. La firma de peticiones o la adhesión a declaraciones como esta, en apoyo a quienes han sido víctimas de estas formas de violencia recientemente, ha sido también causa de acoso y amenazas por parte de autoridades.

La mayoría de estas mujeres lleva meses o incluso años sufriendo estas formas de persecución, acoso y represión. Las parejas, madres, hermanas, hijes de los activistas, artistas, o periodistas hombres vinculados a estos eventos también son víctimas secundarias de la violencia ejercida por el Estado.

La organización Human Rights Watch advirtió recientemente que el gobierno ha usado normas relativas a la covid-19 para intensificar la represión, en forma de detenciones, multas y acoso a disidentes, incluso antes de los hechos de las últimas semanas.

Consideramos importante llamar la atención sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, detenida por la policía el 12 de abril en la ciudad de Cienfuegos por el uso incorrecto de la mascarilla. En la estación de policía, De la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla. Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, De la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. De la Mora Valle ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios. Estos cargos han sido utilizados para juzgar a otras mujeres integrantes de la UNPACU y de las Damas de Blanco, de las que al menos dos continúan en prisión a pesar de la crisis de la Covid-19, durante la cual el Estado cubano ha excarcelado a más de 10 mil personas bajo las figuras de ‘libertad condicional’ y ‘licencia extrapenal’. Las activistas políticas Aymara Nieto Muñoz y Martha Sánchez González han denunciado maltratos físicos, incomunicación y privación de atención o tratamiento médico dentro de los centros penitenciarios.

Considerando todo lo cual, feministas cubanas y aliades nos sentimos compelidas a manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas discriminatorias, excluyentes y violentas que el Estado cubano ejerce, estimula y normaliza, en contra de mujeres y ciudadanxs en general, cuyo pensamiento y actuar cívico o político disienta de las formas de ordenamiento social admitidas según el discurso ideológico promovido por el Partido Comunista de Cuba, único e inapelable órgano rector de las políticas públicas e institucionales del país. Las violencias ejercidas desde el Estado cubano son una manifestación de un orden patriarcal político que busca perpetuarse en el poder por todas las vías. La supuestamente alta representatividad de las mujeres en cargos públicos se ve anulada por el mandato de tipo patriarcal que ellas representan y reproducen. El Estado ha vaciado de significado las instituciones cubanas, que reproducen los valores ideológicos del Partido Comunista de Cuba y son inflexibles e inoperantes en su capacidad para representar la pluralidad de la sociedad civil cubana, cada vez con más actores.

Solicitamos apoyo internacional de colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a la vez que insistimos en posicionarnos en contra de la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos de Cuba, y ratificamos nuestro interés en que estos conflictos sean resueltos de una manera justa para todos sus implicados, incluyendo a cubanes que residen fuera del país. Nos pronunciamos en contra del uso de expresiones y de acciones misóginas, sexistas, racistas, homofóbicas y transfóbicas, independientemente de quien las utilice, así como de señalamientos a cubanos de “marginales”, “enemigos al servicio de entidades mercenarias”, “alienados”, “manipulados” o “confundidos”, inmerecedores de la condición de ciudadanos. No admitiremos, como ha venido aconteciendo recientemente, que el Estado desplace el diferendo interno con una parte de la sociedad cubana hacia el conflicto con los Estados Unidos, haciendo uso de un ejercicio retórico reductivista y arbitrario.

Desde nuestras prácticas feministas diversas promovemos el activismo pacífico y decimos NO A LA VIOLENCIA en todas sus manifestaciones. El Estado cubano debe cumplir con las convenciones internacionales de las que es signatario, y comprometerse con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en especial en lo concerniente a la participación en la vida política y pública del país independientemente de nuestra orientación política o ideológica. El Estado debe permitir nuestra organización al margen del Estado mismo, sin ser por causa de ello víctimas de acoso policial o violencia institucional.

Convocamos a las autoridades a entablar un diálogo nacional, sin discriminación de actores o posturas, sin represalias para quienes participen, y del cual emerjan acuerdos vinculantes que permitan la implementación de soluciones a los reclamos urgentes de la sociedad civil y a la actual crisis política que atraviesa el país.

A los 15 días del mes de diciembre.

Firman,

Salomé García Bacallao, conservadora de arte e investigadora

Anaeli Ibarra Caceres, investigadora

Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma. Coordinadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)

Juliana Rabelo, coordinadora de INSTAR

Camila Ramírez Lobón, artista visual y coordinadora de INSTAR

Kirenia Yalit Núñez Perez, psicóloga y activista

María Matienzo Puerto, narradora y periodista

Simone García Bacallao, artista

Laura Rodríguez Arango, creadora escénica

Ana Victoria Pérez, cineasta

María Gabriela Sánchez Álvarez, diseñadora de vestuario

Fernanda Montalvo, creadoræ escénico independiente y acompañante corporal holístico

Katia Gato Rimbau, abogada

Lisandra Castro López, filóloga

Ena Lucía Portela, escritora

Frida Alejandra Lobaina Pérez, teatróloga

Yanelys Nuñez Leyva, activista y productora cultural

Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas

Danae Diéguez, investigadora y experta en temas de género

Hector Luis Valdés Cocho, periodista independiente

Ricardo Sarmiento Ramírez, dramaturgo

Mara Karla Sanchez, psicóloga

Karla Perdomo, psicóloga

Laura Verdecia, Marketing Manager

Geisy Guia Delis, periodista independiente

Elaine Díaz Rodríguez, directora de Periodismo de Barrio

Ismario Rodríguez Pérez, periodista en Periodismo de Barrio

Yasmín S. Portales Machado, escritora, crítica literaria y activista LGBTIQ+

Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota

Laritza Diversent, abogada

Adria Valdés Peyrellade, arquitecta

Thais Milanés, autónoma

Liz Peláez, archivista

María de los Ángeles Bonet Hevia, asistente

Lia Villares, artista

Aminta de Cárdenas Soroa, productora

Karla María Pérez González, periodista y editora en la revista ADN Cuba

Claudia Genlui Hidalgo, curadora de arte

Fabiana Salgado Bernal, realizadora audiovisual

Ariadna Del Carmen Kott, actriz y músico

Virginia Ramírez Abreu (LA POLAKA), Directora/fundadora y profesora titular de Antropología de la Cultura e Historia del Arte de la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia. Guionista, productora y directora audiovisual.

Maielis González Fernández, escritora e investigadora literaria

Janet Batet, curadora independiente, crítica de arte y ensayista

Lynn Cruz, actriz y productora independiente

Daleysi Moya, curadora y crítica de arte

Diana Carmenate Castellano, comunicadora visual y docente

Claudia Padrón Cueto, periodista en Tremenda Nota

Laura N. Díaz Ravelo, diseño escénico

Maria Carla Rodríguez, vedette

Laura Kaila López Duarte, historiadora del arte

Clara González, feminista

Hilda Landrove Torres, investigadora

Iris Ruiz Hernández, actriz y coordinadora del MSI

Elena Larrinaga de Luis, Presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Directora Ejecutiva de la Red Femenina de Cuba

Dunia Medina Moreno, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

María Elena Mir Marrero, Secretaria General de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba (CONIC) e integrante de la Red Femenina de Cuba

Yanela Reyes, activista por los Derechos Humanos, Red Femenina de Cuba

Marthadela Tamayo, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Lázara Eumilla Ayllon  Reyes, Comité Ciudadanos Integración Racial (CIR) y Red Femenina de Cuba

Tania García Hernández, Red Femenina de Cuba

Zelanda de la Caridad Perez Abreu, Red Femenina de Cuba

Yacqueline Madrazo Luna, Red Femenina de Cuba

Mileisis Vigoa Marrero, Centro Democracia Proactiva y Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”

Maribel Isidra Hernández, Mujeres Democristianas Cuba

Rocinante Sotolongo Cruz, Mujeres Democristianas Cuba

Maritza Concepción Sarmiento, Mujeres Democristianas Cuba

Lázara María Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Evelyn Pineda Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Yusleidy Valero Concepción, Mujeres Democristianas Cuba

Anai Penalba Subit, Mujeres Democristianas Cuba

Delices González Dorrego, Mujeres Democristianas Cuba

Mimi Onel, Mujeres Democristianas Cuba

Sara Cuba Delgado, Alianza Cubana por la Inclusión

Aimara Peña González, Directora de Somos Nueva Cuba, activista feminista y YouTuber

María Cristina Labrada Varona, Consejo de Dirección de las Damas de Blanco

Marisel Nápoles González, periodista de Diario de Cuba y coordinadora del grupo Mujeres Esperanza

Adriana González Téllez

Olivia Blanco Martín, psicóloga forense (España)

Roberto Garcés Marrero, investigador

Luis Alberto Dieguez Albelo, informático de Habana Verde

Yudith Vargas Riverón, curadora e historiadora de arte

Linet Cums Yumar, editora de Rialta

Ibrahim Hernández, editor de Rialta

Carlos Aníbal Alonso, director de Rialta

Camila Cabrera Rodríguez, investigadora y gestora cultural

Leticia Ramos Herrería, activista por los Derechos humanos

Miriam Herrera Calvo, Licenciada en Enfermería

Sheyla Pool, cineasta

Lidia M Romero Moreno, jurista y activista por los derechos humanos de las personas LGBTIQ y de las mujeres

Organizaciones, colectivos y medios que se adhieren a esta carta:

Revista Alas Tensas

Cubalex

ONG de Derechos Humanos José de la Luz y Caballero

Candela Review

Mujeres Democristianas Cuba

Red Femenina de Cuba

Habana Verde

Alianza Cubana por la Inclusión (ACI)

YoSíTeCreo en Cuba

Fuente e Imagen: https://www.cibercuba.com/noticias/2020-12-16-u1-e185759-s27061-activistas-denuncian-violencia-contra-mujeres-motivos

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