Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa condenaron la violencia y abusos ejercidos por la policía contra los más de 200 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, que fueron reprimidos el pasado martes mientras exigían condiciones más justas para el nuevo ingreso a la escuela.
La represión fue “a todas luces un acto de autoridad desproporcionado y violatorio de los derechos de los estudiantes, legitimados para exigir mejores condiciones para la Normal”, declararon en un comunicado las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Los estudiantes de la escuela de Mactumactzá fueron detenidos con uso excesivo de fuerza y al menos 71 mujeres normalistas fueron abusadas sexualmente mientras protestaban en la carretera Chiapas-Corzo para exigir que los procesos de nuevo ingreso a la escuela sean de manera presencial, ya que “campesinos e indígenas del estado no tienen acceso a las tecnologías para realizar su registro y examen en línea”, señalaron los familiares de Ayotzinapa.
Establecieron en el comunicado que las peticiones de los estudiantes en protesta “se inscriben en el marco constitucional y tienen como fin fortalecer la educación pública para los que menos tienen”, por lo que afirmaron que sus demandas y exigencias no deben ser criminalizadas.
El paradero de las y los normalistas de Mactumactzá privados de su libertad se desconoce hasta el momento, por lo que las madres y padres de los 43 exigieron establecer su situación jurídica y su reaparición y libertad inmediata. También demandaron la pronta solución a las “justas demandas” de las y los manifestantes y exigieron el alto a la represión del gobierno de Chiapas.
A continuación el comunicado completo:
Ayotzinapa, Guerrero a 18 de mayo de 2021
El día de hoy alrededor de 300 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá Chiapas fueron violentamente reprimidos por las fuerzas estatales de seguridad en la caseta de cobro de Chiapas de Corzo con un saldo de 250 personas detenidas.
El día de hoy estudiantes de la escuela normal Rural de Mactumactzá acompañados de varios campesinos se trasladaron a la caseta de cobro de Corzo de Chiapas para realizar actividades de información relacionadas con la negativa del gobierno del Estado de publicar la convocatoria de nuevo ingreso para que los exámenes sean presenciales pues campesinos e indígenas del estado no tiene acceso a las tecnologías para realizar su registro y examen en línea. Estando en este lugar arribaron más de quinientos policías estatales que de manera violenta sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza procedieron a desalojar privando de la libertad a más de 250 estudiantes cuyo paradero al momento se desconoce.
Las madres y padres de familia de los 43 condenamos la violenta represión de las fuerzas de seguridad a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá a todas luces es un acto de autoridad que resulta desproporcionado y violatorio de los derechos de los estudiantes que están legitimados para exigir mejores condiciones para la Normal. Sus peticiones se inscriben en el marco constitucional y tienen como fin fortalecer la educación pública para los que menos tienen, estas demandas y exigencias no deben ser criminalizadas.
Que de ilícito tiene que el estado invierta en educación para los jóvenes indígenas. En este sentido resulta perverso que el gobierno del estado haga público los recursos destinados a la Normal Rural de Mactmactzá, amen de ser una obligación, que de malo hay en esa inversión.
Esas exigencias no deben ser motivo para el uso desproporcionado de la fuerza ni para la privación de la libertad de cientos de estudiantes. Deber ser el diálogo el que prive y no las posturas facistoides de un gobierno disfrazado de progresista, circunstancia que además contrasta con la posición del gobierno federal de la no represión a los movimientos sociales.
Por todo lo anterior las madres y padres de los 43 exigimos:
Establecer el paradero de los 250 estudiantes.
En caso de establecer su situación jurídica su libertad inmediata.
Pronta solución a las justas demandas de la Normal de Mactumactzá.
Alto a la represión del gobierno de Chiapas a la Normal de Mactuctzá.
ATENTAMENTE
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Normalistas protestan tras la detención, el abuso sexual y el uso excesivo de fuerza cometido el pasado martes por agentes policiales a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Chiapas.
Los manifestantes tomaron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para exigir la liberación de los normalistas de Mactumatzá detenidos mientras exigían que la aplicación y obtención de fichas para el nuevo ingreso sea de manera presencial, ya que muchos no tienen los recursos necesarios para realizar el proceso en internet.
Por medio de bloqueos a avenidas, marchas, mítines, acciones virtuales y otras protestas, diversas organizaciones y escuelas normalistas, tales como la de Ayotzinapa, Guerrero, la de Amilcingo, Morelos, y la de Panotla, Tlaxcala, manifestaron su apoyo a los estudiantes de Mactumatzá y responsabilizaron al gobernador Rutilio Escandón, a la Secretaria de Educación Rosa Domínguez Ochoa y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Gabriela Zepeda Soto de las acciones represivas.
Durante las manifestaciones del pasado martes, agentes policiales reprimieron a los y las estudiantes en protesta con el uso de gases lacrimógenos, detención arbitraria y abuso sexual.
«Nos agarraron a varias mujeres, nos están subiendo a la tanqueta y nos están tocando. Ayúdenos. Están comenzando a quitarnos todas nuestras cosas,» fue lo último que reportó una de las mujeres normalistas detenidas.
A pesar de que en la prensa oficial mencionan 95 estudiantes detenidos, de las cuales 71 son mujeres, las organizaciones denuncian que son más de 200 personas las que se encuentran desaparecidas, por lo que exigen su reaparición y liberación inmediata.
La organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios y 503 detenciones.
Organizaciones sociales denunciaron en la noche del domingo nuevas acciones de represión de las fuerzas de seguridad colombianas contra civiles y manifestantes en las varias ciudades del país.
De acuerdo a informaciones en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca donde se han reportado las acciones más violentas, se estiman más de 30 desaparecidos y al menos tres muertos.
Ante la situación de extrema gravedad en Palmira y Cali, los manifestantes han solicitado la presencia de organismos de derechos humanos para que constaten las violaciones cometidas por los efectivos del Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Los denunciantes han señalado que en la localidad de Palmira, efectivos del Ejército no han permitido auxiliar a los heridos de la represión.
“Lo que está pasando en la recta cali palmira tiene que saberlo toda colombia, el ejército está disparando a CIVILES, No dejan entrar a sacar los heridos @Declaracion violacion a los #DerechosHumanos” reza uno de los mensajes de twitter denunciado los hechos de violencia en la localidad del departamento del Valle del Cauca.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recolectando información de varias organizaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) y sindicales, informa que en la ciudad de Cali, se registraron al menos 10 asesinatos de ciudadanos que se movilizaron.
Por su parte la organización Defender La Libertad detalló que entre el 28 de abril y el 1 de mayo, en todo el país se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DD.HH., 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones oculares.
Aunque el presidente Duque anunció el retiro del proyecto, los colombianos se mantienen en las calles exigiendo que no debe existir ningún tipo de reforma, ante esto la Minga Indígena se moviliza desde el departamento del Cauca hasta Bogotá para concentrarse en la histórica Plaza de Bolívar.
Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión.
La libertad está intrínsecamente vinculada a la responsabilidad social, al ejercicio ciudadano y al desarrollo humano. Sin libertad no hay desarrollo humano.
El ejercicio ciudadano en nuestra sociedad es muy débil, nuestra población no tiene clara conciencia de sus derechos ni de su responsabilidad social. Esta responsabilidad social no se ha forjado, se ha aniquilado uno de sus principales cimientos, la libertad. Cada individuo se socializa en el miedo y en la represión en la familia, la escuela, el vecindario, los espacios laborales, la relación con el Estado y en la vida social.
La inexistencia de una construcción del sentido de responsabilidad se debe a la ausencia de libertad. Padres/madres, abuelos/as tías/os tienen miedo de ofrecerle a los/as niños/as y jóvenes espacios de libertad donde tomen sus propias decisiones y tengan control sobre lo que hacen.
Tanto en el hogar, en la calle como en los centros educativos se educa con represión, con sanciones permanentes, siempre es “no”, “no hables”, “no te pares”, “cállate”, “siéntate”, los mensajes principales están sustentados en prohibiciones y sanciones. Estas prohibiciones y sanciones generan rebeldía, agresividad, violencia y poca responsabilidad.
Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.
Las instituciones sociales, escuela, familia, religiones, grupos sociales, instituciones públicas, partidos políticos, tienen miedo. Miedo a que la población adolescente y joven adquiera conciencia de derechos y asuman responsabilidad frente a su cuerpo, sus propios proyectos de vida, su conducta y su vida cotidiana.
Los conflictos intergeneracionales tienen así una matriz de miedo, resistencia al cambio, resistencia a la responsabilidad social. Así se fortalece el conservadurismo expandiéndose con ello las corrientes fundamentalistas religiosas, la intolerancia cultural, social, racial, sexual y a la diversidad en sentido general.
Ofrecerle libertad a la juventud no la convierte en una amenaza, por el contrario, la empodera e integra socialmente convirtiéndola en sujeto social.
Cotidianamente en nuestras calles vivimos el irrespeto “al otro”, a la diversidad. “El otro” no existe, se entiende que todos/as tenemos que comportarnos igual, tener las mismas creencias religiosas, tener las mismas orientaciones sexuales, tener los mismos pensamientos, usar la misma vestimenta, peinados, gestos corporales, color de la piel, oír la misma música. Esa actitud de aniquilamiento y desconocimiento de la “otredad” y la “diversidad” se produce porque no somos una sociedad realmente democrática y cada día se fortalecen las tendencias más conservadoras que impiden que la democracia se convierta en realidad.
El sostenimiento del miedo, las prohibiciones, exclusiones y represión a las libertades incrementan el autoritarismo, la violencia y la desigualdad. Necesitamos que todas las generaciones y personas asumamos sentido de responsabilidad y ejercicio ciudadano, respetemos la diversidad y rompamos con el miedo a la libertad.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY
En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.
El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.
El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.
En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.
Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Más allá del coronavirus
La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.
Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.
El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.
Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)
Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.
Inmovilismo político y aumento de la represión
Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.
El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.
La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.
“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático
Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.
Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.
A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.
América Central/Guatemala/22-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
A la fuerza se disolvió ayer la caravana migratoria, que tiene como objetivo final llegar a Estados Unidos.
El Gobierno de Guatemala disolvió este lunes a la fuerza la caravana migrante compuesta por más de 6.000 hondureños, que huyen de la pobreza en su país y que pretenden llegar a Estados Unidos, en busca de trabajo.
Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil y decenas de soldados del Ejército de Guatemala desalojaron al mediodía de ayer la carretera donde los migrantes se encontraban varados, en el departamento de Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras y ubicado unos 200 kilómetros al este de la capital del país.
Disueltos
Los hondureños, imposibilitados de avanzar desde el sábado por la barrera policíaca, fueron desalojados a empujones por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a la multitud para que liberara el paso.
La caravana quedó disuelta después del operativo y cientos de hondureños se adentraron en el poblado de Chiquimula, Vado Hondo, acorralados por los disparos de gases lacrimógenos lanzados.
El enfrentamiento no reportó heridos de gravedad e hizo retroceder a los migrantes, quienes quedaron desperdigados por el lugar a la espera de encontrar una ruta alterna.
Desde la semana pasada, el Gobierno guatemalteco había advertido que no dejaría avanzar a los hondureños sin cumplir con los requisitos migratorios, principalmente una prueba negativa de la Covid-19.
¿Por qué el éxodo hondureño?
El éxodo de miles de hondureños, que la semana pasada salieron en caravana con la idea de llegar a EE.UU. en busca de trabajo, es un reflejo de la crisis que vive su país desde 2009, que se agudizó con la desgracia sufrida en 2020 por la pandemia de Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.
Honduras, un país con 9,3 millones de habitantes, acumula 134.111 casos de Covid-19 y 3.354 muertos.Los fenómenos naturales afectaron principalmente el Valle de Sula, región que produce el 45% del producto interno bruto (PIB) del país, lo cual ha dejado consecuencias gravísimas para Honduras.
La crisis deja en las cifras de desempleo a 1 millón de personas en el sector formal y más de 1,5 millones de personas con problemas de ingresos en el sector informal.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338471/represion-contra-migrantes-hondurenos-en-guatemala
El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se unen para reunir el dinero suficiente que pague los costes del juicio en la reapertura del caso.
El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se han unido en una campaña de la plataforma GoFoundMe con el objetivo de sufragar los gastos judiciales de las ocho personas que hacen frente a un nuevo proceso judicial en Sevilla, por su participación en las concentraciones contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOír el 29 de marzo de 2017. El llamamiento tiene como finalidad “poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal”, “apelar a la solidaridad” y “poner en aviso que este proceso judicial y represivo se ha reabierto y sigue en pie”, explican en un manifiesto.
El “transfobus”, llamado así por las organizaciones, fue una acción de la asociación HazteOír, fundada en 2001 por Ignacio Asuaga. El citado vehículo recorrió diferentes ciudades españolas en el año 2017, con mensajes homófobos y en contra de la enseñanza de diversidad sexual en las escuelas, como el polémico: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”.
En Sevilla, como en otros puntos de España, se organizaron actividades de rechazo. Entre ellas, el 29 de marzo de aquel año hubo una concentración frente al mencionado autobús a su llegada al Palacio de San Telmo.
Mensajes de odio
Para SOCORRE y Maricones del SUR, “el autobús se dedicó a difundir mensajes de odio por toda la península contra las infancias transexuales, y las personas trans en general”. Este vehículo llegó a ser inmovilizado en la comunidad de Madrid y Barcelona, y en Sevilla también hubo una declaración institucional suscrita por grupos políticos en contra de sus mensajes.
Después de aquella jornada de protesta, varias personas participantes fueron identificadas y prestaron declaración. Una de las imputadas es Denis, que cuenta que fueron acusadas de “delitos contra la integridad moral, amenaza, coacción y daños materiales” pero el caso fue archivado por falta de pruebas.
“Éramos nueve, pero uno de ellos ha fallecido este año”, explica. “En casi todas las ciudades donde pasó el autobús hay juicios pendientes contra activistas. A mi juicio es una estrategia mediática. Provocan porque saben que tienen rechazo en la sociedad y aun así tienen el valor y la cara de sacar un autobús con un mensaje muy doloroso”, añade Denis.
Tras el recurso de HazteOir en 2018, la Audiencia provincial reabrió el caso y, en junio de 2020, la Policía presentó un nuevo informe donde se atribuye a estas ocho personas otros delitos, entre ellos “el delito de odio de carácter ideológico”. Este giro ha dado lugar a un nuevo proceso judicial que comenzó el pasado lunes 14 de diciembre.
“Pensamos que es una estrategia policial y judicial. Una de las cosas que alega el informe es que estábamos organizadas, pero entre las acusadas no nos conocíamos. Se presentan imágenes de aquel día y se mezcla la trayectoria política de cada una, organizaciones de las que fuimos parte, antecedentes o multas. Nos hacen un perfil político e incluso estético, como para agravar la peligrosidad que tenemos y para alegar que estamos organizadas y que hay un delito de odio, cuando en realidad precisamente nuestras protestas eran contra los mensajes de odio que hacia circular el autobús de HazteOír”, explica Denis.
Solidaridad Colectiva
En este nuevo escenario, SOCORRE y Maricones del Sur, se ponen en contacto con las personas imputadas para llevar a cabo la campaña “Solidaridad contra la transfobia” y sumar esfuerzos en este proceso donde se añaden gastos judiciales importantes.
Denis relata que “en 2017 todas nos abrieron la vía de sanción administrativa, y el canal penal que es el que utiliza HazteOír para denunciarnos. En aquel momento, la mayoría fuimos con abogados de oficio y con apoyos de algunos letrados y letradas que se solidarizaron, como en mi caso. Ahora el costo judicial está estimado en torno a 1.200 euros para cada una; esto sin contar con otros gastos futuros, si bien esperamos salir absueltas por fin”.
El objetivo de la campaña es buscar apoyo económico, y dar un mensaje de unidad: “No queremos represión en silencio ni compañeras que se sientan solas”, concluye el manifiesto.
Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/lanzan-campana-en-apoyo-de-las-acusadas-por-protestar-contra-el-bus-de-hazteoir
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 21
Total Users : 35459616
Views Today : 55
Total views : 3418027