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México: que el gobierno federal sepa que no nos vamos a callar»: padres de normalistas de Mactumactzá

Por: Erika Lozano

«Queremos que el gobierno federal sepa que no nos vamos a callar, somos campesinos y tenemos el derecho de clamar por justicia», advirtió Jacob Marroquín Morales, padre de uno de los 95 estudiantes detenidos en mayo y que hoy lleva su proceso fuera de la cárcel. Agregó que los normalistas «no son terroristas como han dicho en los medios» y recalcó que la escuela Normal Rural de Mactumactzá ha sido un gran beneficio para los pueblos indígenas, pues «vivimos del campo y queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro».

Estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, así como padres y madres, se movilizaron este miércoles en la Ciudad de México para exigir que el gobierno federal atraiga el caso, y que retire los cargos contra los 95 jóvenes detenidos tras la represión ocurrida el 18 de mayo.

Por su parte, Fredy Flores Jiménez, padre de uno de los 95 normalistas denunció que como familiares no han obtenido respuesta por parte del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. «Escandón no tiene la capacidad de dar una solución, ni el valor de sentarse con campesinos, obreros e indígenas. Nosotros somos la gente que sostiene al país y trata a nuestros hijos como terroristas», denunció.

«Somos campesinos y no tenemos la oportunidad de mandar a nuestros hijos a una escuela privada porque no tenemos recursos. Esperamos que la ciudadanía nos apoye para pedir al gobierno federal que nos de una solución, porque después de dos meses no hay ningún avance», señaló en entrevista Luis Sánchez Parcero, de Palenque, Chiapas.

Los estudiantes fueron acusados de daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad, luego de que protestaran el 18 de mayo de este año en la caseta Chiapa-Corzo para exigir que el examen de admisión a la normal se realizara de manera presencial. Hasta la fecha, esta demanda tampoco ha sido cumplida, denunciaron.

Durante la protesta del 18 de mayo, los estudiantes fueron reprimidos por elementos de la policía estatal, muchos corrieron hacia los cerros para protegerse, recuerda uno de los normalistas. Fue ahí que detuvieron a 91 estudiantes de la normal de Mactumactzá y a cuatro personas desplazadas del municipio de Chenalhó quienes se sumaron a la movilización, entre ellas, dos menores de edad. Las normalistas denunciaron haber sido torturadas sexualmente por los policías.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org/
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La larga marcha de las niñas afganas para seguir estudiando

El reciente atentado contra una escuela en Kabul forma parte de una avanzada de los sectores talibanes contra la educación femenina, en particular de las adolescentes.

La orden de cerrar las escuelas de niñas fue comunicada en la mezquita, durante una reunión con el consejo de ancianos. La noticia se filtró por los docentes y llegó a los hogares de los alumnos. O llegó en forma de carta tajante a las autoridades escolares locales.

Cualquier reclamo, tratativa o intento de razonar con los talibanes era inútil, ya lo sabían. Así que hace tres años, las chicas mayores de 12 años tuvieron que dejar de ir al colegio en dos distritos rurales del sur de Šibarġan, una remota capital provincial del norte de AfganistánHasta 6000 chicas se quedaron sin clases de la noche a la mañana. Los docentes varones fueron despedidos abruptamente: lo que habían hecho, dar educación a esas niñas, iba en contra del islam, decían los talibanes.

En todo Afganistán llegaron órdenes similares a esas impartidas a apenas 100 kilómetros al sur de Šibarġan, capital de la provincia de Yauzyán. En los distritos controlados por el movimiento talibán, se acababa la escuela para todas las niñas, excepto las más pequeñas, salvo poquísimas excepciones. El mensaje talibán era claro: las adolescentes debían estar en casa ayudando a sus madres.

“No pude pisar el colegio durante 2 años”, dice Farida, que ahora tiene 16 años. Farida se quedó sin escuela en el distrito de Darzab cuando tenía 12 y llegó aquí, a la capital provincial a los 14, en condición de refugiada. “Fue mi hermana la que me dijo que se acababa la escuela. Ella es maestra”, dice Farida. “Así que me quedaba ayudando a mamá con las cosas de la casa.”

En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.

En todas las escuelas de Šibarġan hay unas cuantas adolescentes refugiadas que viajaron al norte desde zonas controladas por el talibán y ahora viven en la capital provincial con algún pariente.

“Le dije a mi familia que tenía muchas, pero muchas ganas de estudiar”, dice Nabila, de 16 años, que llegó a Šibarġan junto a su madre hace dos años, procedentes del distrito de Darzab. “Tal vez les tengan miedo a las mujeres.”

La aceptación a regañadientes de los pobladores locales permite entrever en qué se convertiría la vida de todos los afganos si continúa el lento desplome de las fuerzas militares del gobierno. Y no pasa un día sin que lleguen malas noticias sobre el auge de insurgencia talibán: más bases tomadas por asalto, más distritos capturados, puestos de avanzada que se rinden, y funcionarios y periodistas asesinados.

Desde el 1° de mayo, cuando Estados Unidos inició formalmente su retirada de Afganistán, los talibanes han conquistado territorios en prácticamente todas las regiones del país.

El 8 de este mes, el cruento atentado contra una escuela de Kabul, capital de Afganistán, dejó un tendal de niñas muertas. Aunque el talibán negó ser responsable del hecho, el mensaje del responsable era muy claro: la educación de las niñas no será tolerada.

El talibán controla los distritos de Qosh Tepa y Darzab —una región agrícola pobre, de tierra poco productiva y golpeada por la sequía, donde viven 70.000 personas— y las 21 escuelas de esos distritos. Tomaron el control en 2018, después de feroces enfrentamientos con fuerzas del gobierno y con los talibanes renegados locales, que habían proclamado su alianza con Estado Islámico.

Dos gobiernos

Aunque el control lo tienen los talibanes, todos los meses los docentes de esos distritos peregrinan hasta Šibarġan, la capital provincial, para cobrar sus salarios, una de las muchas anomalías de un país que en los hechos ya tiene dos gobiernos. La ciudad, polvorienta y bulliciosa, sigue en manos del gobierno central, pero como otras capitales de provincia, es una isla y está rodeada: los talibanes dominan las rutas de entrada y salida.

El gobierno provincial todavía tiene inspectores escolares para los distritos capturados, pero esos funcionarios de educación locales deben observar con impotencia cómo los insurgentes islamistas introducen grandes dosis de religión en el programa de estudios, recortan las horas de historia, y excluyen de las aulas a las niñas.

Las docentes mujeres han sido despedidas. Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica. También castigan a los profesores que no se presentan a trabajar, recortándoles el sueldo, y sacándoles días libres. Varios docentes de esos distritos han sido acusados por los talibanes de espionaje y de afeitarse la barba.

Los talibanes usan los libros de texto gratuitos que entrega el

gobierno, pero controlan estrictamente su contenido y se aseguran de que se trabajen intensamente los libros de instrucción islámica.

“Si no obedecemos, nos castigan”, recuerda haber escuchado de boca de los maestros el director de educación de Yauzyán, Abdul Rahim Salar.

Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes. Nilofar Amini, de 17 años, dice que extrañaba la escuela a la que le prohibieron ir hace tres años. Llegó a la capital provincial hace apenas unos días.

“Quiero recibir educación”, dice Nilofar.

La política del talibán en relación con la educación de las niñas puede variar ligeramente, porque las decisiones las toman los comandantes locales, fiel reflejo de la descentralización de un movimiento que varios expertos, como Antonio Giustozzi, han descrito como una “red de redes”. En un informe difundido el año pasado, la organización Human Rights Watch señaló que si bien los comandantes talibanes suelen permitir la escolarización de las niñas de hasta 12 años, en general lo prohíben a partir de esa edad. De todos modos, en algunas zonas “la presión de la comunidad convenció a los comandantes de permitir un mayor acceso a la educación para las niñas”, dice el informe. Pero no son muchos. Y menos en esta parte de Afganistán.

Las niñas que huyen a Šibarġan para poder continuar con su educación tienen la sensación de haber escapado por un pelo de un destino desconocido que les imponían los talibanes.

Un docente del distrito cuyas tres hijas adolescentes ya no pueden ir a la escuela señala: “La situación es mala y me duele mucho por ellas. No tienen nada que hacer”. El hombre agrega que sus hijas se dedican a ayudar a su madre con las tareas de la casa.

Nadie puede desobedecer

Frente a la sede escolar provincial de Šibarġan, donde fue a cobrar su sueldo, el docente prefiere no revelar su nombre por temor a las represalias de los talibanes, y dice que sus hijas le siguen preguntando cuándo podrán volver a la escuela.

“No nos dejaron seguir estudiando”, dice Fatima Qaisari, de 15 años, alojada en un ruinoso campamento de refugiados de la vecina provincia de Faryab, y agrega que cuando cerraron su escuela tenía 12 años.

Los funcionarios de educación de la capital provincial hablan de un clima de represión en el que los residentes, padres y maestros no tienen voz ni voto en las duras y estrictas políticas impuestas por los talibanes.

“Hemos entrado en contacto con los miembros de esas comunidades educativas muchas veces, pero sin ningún resultado”, dice Abdel Majid, director de escuelas en Darzab. “Nos dicen que su gobierno no quiere que las niñas reciban educación y que nadie puede desobedecer”. La facción talibán que apoyaba a Estado Islámico destruyó algunas de sus escuelas; otras no tienen ventanas.

En la Escuela Mariscal Dostum —que lleva el nombre del militar Abdul Rashid Dostum, exvicepresidente del país y héroe local, cuyo retrato está por todas partes en la ciudad—, un puñado de niñas escapadas de los distritos controlados por el talibán tratan de ponerse al día con los estudios y recuperar el tiempo perdido. Varias dicen querer ser maestras, y una de ellas tiene la esperanza de estudiar ingeniería.

En la oficina del director, algunas de las refugiadas de Darzab y Qosh Tepa siguen sin entender la absurda decisión de los talibanes de prohibirles ir a la escuela.

“Es una decisión sin sentido”, dice Farida, de 16 años, y mueve la cabeza de un lado a otro con incredulidad. “Nunca tuvo la menor lógica”.

Fuente Original:  Jaime ARRAMBIDE (TRADUCTOR) 

Fuente: https://kaosenlared.net/la-larga-marcha-de-las-ninas-afganas-para-seguir-estudiando/

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México: Colectiva feminista de Puebla exige al gobierno federal acabar con represión a normalistas

Tras los ataques policíacos a las estudiantes de la Normal Rural de Teteles, Puebla, del pasado martes, la colectiva feminista Coatlicue Siempre Viva exigió que el gobierno federal acabe con la represión a las Escuelas Normales del país.

«Así como el gobierno ha mostrado estar en contra de la represión que en 2014 vivieron los normalistas de Ayotzinapa, ahora en su calidad de presidente debe tomar posturas fijas en contra de las represiones de normalistas en Puebla y Chiapas», exigió la organización por medio de un comunicado.

La colectiva feminista descolonial de Puebla repudió la represión policial del pasado 1 de junio en contra de las estudiantes de Teteles y exigió la liberación inmediata de las normalistas presas, así como justicia y castigo a los culpables.

En el comunicado, la organización responsabilizó al gobernador estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, y a Ardelio Vargas de ordenar a la policía estatal la represión física y sexual de las normalistas, quienes “sólo estaban ejerciendo su derecho a la libre manifestación para exigir justicia por sus dos compañeras que murieron atropelladas el pasado 20 de mayo”.

La colectiva exigió que las normalistas privadas de su libertad sean liberadas de inmediato y que no se detenga a ninguna otra estudiante de la Normal ni a “compañeras, compañeros, compañeres que muestren su solidaridad con ellas”. También demandó que los policías estatales responsables de agredir física y sexualmente a las normalistas sean inhabilitados de la función pública y sean juzgados por sus actos. En tercer lugar, solicitó que la fiscalía del estado de Puebla tome acciones en contra de los responsables materiales e intelectuales de los actos represivos.

“No permitiremos que en un gobierno que dice ser parte de la 4T se siga reprimiendo a las normalistas al mero estilo PRIAN”, afirmaron en el comunicado las jóvenes organizadas de Puebla.

A continuación el comunicado completo:

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org

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México: Policía reprime a normalistas de Teteles, Puebla; hay más de 30 detenidas

Más de 30 normalistas de la escuela Carmen Serdán de Teteles, Puebla, fueron reprimidas y detenidas por la policía estatal la tarde de este martes, mientras exigían no disminuir la matrícula, raciones alimenticias, mejorar la infraestructura de la normal, así como el esclarecimiento de la muerte de dos de sus compañeras.

Entre las víctimas de la represión se encuentran normalistas de Amilcingo, Morelos, quienes acudieron a apoyar a las estudiantes. Durante la protesta, también exigieron la libertad de los estudiantes de Mactumactzá, quienes se encuentran presos en el penal de El Amate desde el 18 de mayo.

«Hay una ofensiva del Estado mexicano contra las normales rurales», denunció el Plantón de la Resistencia en Huexca-Morelos en un comunicado y responsabilizó al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y al presidente municipal, Mario Castro Jiménez de estas acciones represivas. Además, exigió libertad inmediata e incondicional para las estudiantes presas.

Fuente e imagen: desinformemonos.org
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México: “Kenia Hernández y normalistas de Mactumactzá, víctimas de la misma estrategia de represión”: abogado

Antonio Lara Duque, abogado de la activista amuzga Kenia Hernández, señaló en entrevista con Desinformémonos que el encarcelamiento de la defensora, así como la detención de los y las normalistas de Mactumactzá, Chiapas, son “parte de una estrategia de las grandes esferas económicas y políticas del país para reprimir a quienes protestan en las autopistas privadas” y que “son víctimas de una lógica de castigo ejemplar”.

El integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero aseguró que “Kenia está redactando un pronunciamiento en solidaridad con los normalistas desde prisión, ambas son exigencias legítimas que tienen como punto en común un mismo sector empresarial que ha sido agresivo contra de quienes protestan. Ahora le tocó a los normalistas”.

Lara Duque recordó que en la anterior audiencia en el caso de la activista, el juez Jorge González Rivera giró una orden de arresto en su contra, luego de que solicitara un intérprete para asistir a Hernández, y aseguró que este jueves 27 de mayo “hubo un cambio de actitud en el juez”, pues reconoció que las personas indígenas tienen derechos que deben ser respetados y promovidos, y consideró que esto fue posible gracias a la presión de organizaciones nacionales e internacionales que se pronunciaron «contra la arbitrariedad, la discriminación y el racismo».

La activista realizó una huelga de hambre por la discriminación que vivió por parte de las autoridades y, aseguró Lara Duque, ya la levantó, pues se cumplieron algunas de sus exigencias sobre su situación en el penal.

Kenia es indígena amuzga, abogada, feminista y defensora de derechos de los pueblos indígenas y activista por la libertad de las personas injustamente presas, fue consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el estado de Guerrero y desde octubre del 2020 se encuentra recluida en el Estado de México.

El pasado 18 de mayo, más de 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía estatal cuando protestaron en la autopista de Chiapa de Corzo para exigir que el examen de nuevo ingreso a la normal se realice de manera presencial, pues la mayoría no tiene acceso a internet en sus comunidades. Actualmente, 19 jóvenes se encuentran presos en el penal de El Amate y 74 mujeres están siendo juzgadas fuera de la cárcel.

El defensor denunció que en la actual administración ha habido un “incremento de la represión hacia el movimiento estudiantil, campesino y feminista” e hizo un llamado a la ciudadanía a solidarizarse con la exigencia de libertad para las personas presas injustamente.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/kenia-hernandez-y-normalistas-de-mactumactza-victimas-de-la-misma-estrategia-de-represion-abogado/

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Colombia: ¿por qué una respuesta militar a la protesta social?

Por: Tomàs Gisbert/ María Jesús Pinto

A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.

El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.

Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.

La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.

Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.

Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad

107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.

Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.

La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.

Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.

Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.

El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.

España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años

En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.

Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.

Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.

Fuente:  elsaltodiario

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México: Madres y padres de los 43 condenan represión a normalistas de Mactumactzá

Redacción: desinformemonos.org

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa condenaron la violencia y abusos ejercidos por la policía contra los más de 200 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, que fueron reprimidos el pasado martes mientras exigían condiciones más justas para el nuevo ingreso a la escuela.

La represión fue “a todas luces un acto de autoridad desproporcionado y violatorio de los derechos de los estudiantes, legitimados para exigir mejores condiciones para la Normal”, declararon en un comunicado las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Los estudiantes de la escuela de Mactumactzá fueron detenidos con uso excesivo de fuerza y al menos 71 mujeres normalistas fueron abusadas sexualmente mientras protestaban en la carretera Chiapas-Corzo para exigir que los procesos de nuevo ingreso a la escuela sean de manera presencial, ya que “campesinos e indígenas del estado no tienen acceso a las tecnologías para realizar su registro y examen en línea”, señalaron los familiares de Ayotzinapa.

Establecieron en el comunicado que las peticiones de los estudiantes en protesta “se inscriben en el marco constitucional y tienen como fin fortalecer la educación pública para los que menos tienen”, por lo que afirmaron que sus demandas y exigencias no deben ser criminalizadas.

El paradero de las y los normalistas de Mactumactzá privados de su libertad se desconoce hasta el momento, por lo que las madres y padres de los 43 exigieron establecer su situación jurídica y su reaparición y libertad inmediata. También demandaron la pronta solución a las “justas demandas” de las y los manifestantes y exigieron el alto a la represión del gobierno de Chiapas.

A continuación el comunicado completo:

Ayotzinapa, Guerrero a 18 de mayo de 2021

El día de hoy alrededor de 300 estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá Chiapas fueron violentamente reprimidos por las fuerzas estatales de seguridad en la caseta de cobro de Chiapas de Corzo con un saldo de 250 personas detenidas.

El día de hoy estudiantes de la escuela normal Rural de Mactumactzá acompañados de varios campesinos se trasladaron a la caseta de cobro de Corzo de Chiapas para realizar actividades de información relacionadas con la negativa del gobierno del Estado de publicar la convocatoria de nuevo ingreso para que los exámenes sean presenciales pues campesinos e indígenas del estado no tiene acceso a las tecnologías para realizar su registro y examen en línea. Estando en este lugar arribaron más de quinientos policías estatales que de manera violenta sin observar los protocolos en materia de uso de la fuerza procedieron a desalojar privando de la libertad a más de 250 estudiantes cuyo paradero al momento se desconoce.

Las madres y padres de familia de los 43 condenamos la violenta represión de las fuerzas de seguridad a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá a todas luces es un acto de autoridad que resulta desproporcionado y violatorio de los derechos de los estudiantes que están legitimados para exigir mejores condiciones para la Normal. Sus peticiones se inscriben en el marco constitucional y tienen como fin fortalecer la educación pública para los que menos tienen, estas demandas y exigencias no deben ser criminalizadas.

Que de ilícito tiene que el estado invierta en educación para los jóvenes indígenas. En este sentido resulta perverso que el gobierno del estado haga público los recursos destinados a la Normal Rural de Mactmactzá, amen de ser una obligación, que de malo hay en esa inversión.

Esas exigencias no deben ser motivo para el uso desproporcionado de la fuerza ni para la privación de la libertad de cientos de estudiantes. Deber ser el diálogo el que prive y no las posturas facistoides de un gobierno disfrazado de progresista, circunstancia que además contrasta con la posición del gobierno federal de la no represión a los movimientos sociales.

Por todo lo anterior las madres y padres de los 43 exigimos:

Establecer el paradero de los 250 estudiantes.

  1. En caso de establecer su situación jurídica su libertad inmediata.
  2. Pronta solución a las justas demandas de la Normal de Mactumactzá.
  3. Alto a la represión del gobierno de Chiapas a la Normal de Mactuctzá.

ATENTAMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Comité de Padres y Madres de los 43

 

Fuente e imagen:  Madres y padres de los 43 condenan represión a normalistas de Mactumactzá – Desinformémonos (desinformemonos.org)

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