Page 1 of 5
1 2 3 5

España: Catalunya elimina el 11% de las plazas escolares públicas y fuerza a las familias a matricular a sus hijos en la concertada

Por: Emma Zafón y GessamiForner

Catalunya no cubre la demanda existente de plazas en la red pública en el periodo de preinscripción para el curso 2022/23.

Ni para el inicio de la escolarización infantil, que arranca en el curso P3, ni para la educación secundaria, Catalunya ofrece suficientes plazas de educación pública, a pesar de la demanda existente y la obligación legal de atenderla, como exige el artículo 109 de la Lomloe. El modelo educativo que se reproduce en cada gran ciudad catalana, y que alcanza la cúspide en el área metropolitana de Barcelona, provoca que miles de familias atraviesen el periodo actual de preinscripciones como una angustiosa gincana. El motivo principal es la endémica falta de plazas en los centros de enseñanza públicos, una realidad que se ha perpetuado desde los inicios de la masiva escolarización de la clase trabajadora y que lleva décadas supliéndose con los remiendos de la educación privada y concertada, que ofrece muchas más plazas de las necesarias.

Según los datos de la Affac, la federación de ampas de Catalunya, a pesar de la demanda de las familias, Educación ha eliminado para el próximo curso el 11% de las plazas públicas de P3 (5.322) y el 1% de la ESO (385), pasando de 49.244 a 43.922 y de 53.250 a 52.865, respectivamente y en comparación con el curso 2021/22. Sin embargo, en la red privada, solo ha eliminado el 11% de las plazas ofertadas en P3 (2.587), pasando de 23.421 a 20.834, a pesar de que hay una evidente sobreoferta (el 35% del alumnado cursa en la red concertada), e incluso ha incrementado ligeramente (10 plazas) las ofrecidas en secundaria, de 6.767 a 6.777. El grueso de plazas de institutos privado concertados no se oferta en el periodo de preinscripción, dado que ya están ocupadas por el alumnado de primaria de esta red.

En Barcelona, la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat ha denunciado que en la oferta inicial en el proceso de preinscripción para el próximo curso, el Consorci d’Educació de la ciudad ofreció 5.761 plazas públicas, mientras que se han solicitado 5.977. Un total de 216 niñas y niños se han quedado sin plaza pública. Mientras que los centros privado concertados han ofrecido 6.253 plazas y solo han recibido 4.775 solicitudes de ingreso. Sobran 1.478 plazas. A pesar de que no serán ocupadas, recibirán financiación pública.

La Administración argumentó la eliminación de plazas como “una bajada de ratio” en la educación pública, de 23 a 20 alumnos por aula, aseguró el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. “No es una bajada de ratio, es un cierre de plazas públicas, porque si solo bajas la ratio y no aumentas los grupos de los centros, te limitas a ofrecer menos plazas en la red pública, y a empujar al alumnado a ir a la red privada concertada”, alerta Lidón Gasull, portavoz de Affac.

Esta situación ha tocado techo en Barcelona, ciudad que, “a nivel educativo, es una anomalía”, asegura Quim Serra, profesor de secundaria que formó parte del Consell Escolar del Distrito de Gràcia entre 2012 y 2015. “Este modelo nace de dos ramas diferentes: una se corresponde con los colegios impulsados por la Iglesia y, la otra, con la red de escuelas cooperativas surgidas en los 70. De esta última rama, hubo centros que se integraron en el sector público y centros que no lo hicieron”. De aquí, junto con los religiosos, surgió la reconversión a la concertada como complemento a la insuficiente oferta pública de las zonas más densamente pobladas. “Replantear este modelo encuentra ahora diferentes barreras: la primera sería ideológica, porque ha habido un consenso desde la Transición sobre que ambos sistemas, público y privado, deben complementarse; la segunda sería económica, puesto que construir nuevos centros es caro y, además, los costes laborales de la pública son mayores; y la tercera barrera es la urbanística, de escasa disponibilidad de suelo”.

Una vecina del barrio de Sant Andreu no consiguió que su hija entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria, cursa en un centro religioso investigado pedofilia y con un suicidio por bullying

La perversión del sistema

La concertada no ha dejado de representar un modelo segregacionista y, con frecuencia, religioso, pero no por ello ha encontrado dificultades para encontrar cobijo en los Gobiernos que se han sucedido en la Generalitat. El resultado es que, cada año, miles de alumnos se ven obligados a acceder a cualquiera de estos centros pese a la firme oposición de sus familias que, por militancia o por recursos económicos, prefieren la pública. Pero la perversión del sistema no acaba aquí: una vez aceptada la derrota en el acceso a primaria las familias asumen que es posible que sus hijos nunca pisen un centro público durante la enseñanza obligatoria, puesto que, al haber entrado en la concertada, carecerán de puntos en la preinscripción a secundaria.

El caso de la hija mayor de Alba Fernández Pous, en el barrio de Sant Andreu. No consiguieron que entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria. No consiguieron sacarla de la concertada y es más que probable que ahora, con 12 años, tampoco tenga una plaza pública de secundaria. Hay más en su historia: la escuela en la que la joven se ha visto obligada a cursar la primaria, pese a los esfuerzos de su madre de sacarla de allí, es la religiosa Pare Manyanet, un centro que lleva meses copando titulares por el suicidio de Kira, de 15 años, tras haber sufrido bullying, y por acusaciones de presuntos abusos sexuales.

Y aún hay más: el informático del centro denunció el pasado marzo de 2021, poco antes del suicidio de Kira, que había encontrado 39 gigas de material pedófilo en el ordenador de un cura de la congregación, caso que actualmente está en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.

“Las docentes nos han tratado muy bien, pero el problema es el centro. Necesito sacar como sea a mi hija de allí”, explica Fernández Pous. A todo ello se añaden los motivos económicos: “No quiero seguir pagando las cuotas de la concertada ni el precio de todas las actividades que se llevan a cabo”.

De media, contando la cuota y el precio de excursiones y material, la cuota puede oscilar entre 400 y 500 euros al mes. “Es cierto que te garantizan una plaza pública donde sea —continúa Fernández Pous— pero eso en una ciudad como Barcelona es prácticamente imposible. Estoy separada, tengo otro hijo más pequeño y trabajo de lunes a viernes, ¿cómo lo hago para acompañar a mi hija si le dan una plaza en otro barrio, volver a casa y llevar al pequeño al colegio, luego ir yo al trabajo y por la tarde vuelta a empezar?”.

“Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada”, critica David Gómez, del barrio de Gràcia

Comparte este contenido:

España: Almeida deja fuera al 86% de las familias que han solicitado Escuelas Infantiles

Por: Sara Plaza Casares

De las 28.671 solicitudes emitidas por las familias madrileñas para entrar en las Escuelas Infantiles, el Gobierno municipal ha dejado fuera a 25.489 familias.

De las 28.671 solicitudes emitidas por las familias madrileñas para entrar en las Escuelas Infantiles, el Gobierno municipal ha dejado fuera a 25.489 familias. Esto significa que el 86,2% de las solicitudes han quedado sin plaza y que sólo 3.683 familias tienen hueco en un centro municipal, según denuncia Más Madrid. Desde esta formación aseguran que no hay ni una sola plaza nueva respecto al curso pasado, “a pesar de que la cifra de peticiones crece cada año”.

“El Gobierno de Almeida está haciendo de Madrid una ciudad hostil para la crianza y para la conciliación”, expresa la concejala de Más Madrid Carolina Pulido. Pulido subraya además que no está prevista la apertura de ninguna Escuela Infantil “hasta los meses previos a las elecciones del 2023”. Así, y según su formación política, las obras de las cuatro que se han puesto en marcha fueron proyectadas por el anterior gobierno, cuando el consistorio lo lideraba Manuela Carmena: Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca); La Bruja Avería-Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro) y Parque de Ingenieros (Villaverde).

Comparte este contenido:

España: Dime dónde vives y te diré si puedes tener beca de comedor

Por: Sara Plaza Casares

Solo el 2% de los escolares de Murcia y Melilla acceden a una ayuda para la comida, en Madrid el 9% y en Canarias el 25%. La desigualdad en la manera de asignar y repartir las becas produce un desequilibrio que denuncia Save the Children en su último informe.

Carola y su hija Eitana viven en Valencia. Carola trabaja como ayudante de cocina, gana 636 euros al mes y paga 390 euros de alquiler. Este mes le toca pagar 16,5 euros de comedor y, asegura que, aunque poco, es demasiado para ella. “Para mí pagarle el comedor, así sea lo mínimo, es demasiado. Porque no tengo, no puedo”, explica. Al final, admite que tiene que inclinar la balanza hacia un lado, hacia la alimentación de la niña. “No Eitana, yo ya vine comida del trabajo”, la cuenta cuando ella no puede llevarse nada a la boca.

Carola y Eitana son una familia monomarental. Según el INE el 49% de este tipo de familias se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El acceso a una beca comedor que cubra la totalidad de la tasa es el asidero al que muchas necesitan agarrarse. Pero esto no ocurre así en todas las Comunidades Autónomas. En España, sólo un 11,2% de las niñas y niños tienen ayudas para asistir al comedor, lejos del 27,4% que viven en situación de pobreza. Esto se traduce en que más de un millón de menores sin recursos no tienen acceso a beca comedor, según ha constatado Save the Children en su último informe. Euskadi es la única comunidad en el Estado en la que la totalidad de niños y niñas en riesgo de pobreza están totalmente cubiertos. Este informe constata que las diferencias entre autonomías son abismales.

En España, sólo un 11,2% de las niñas y niños tienen ayudas para asistir al comedor, lejos del 27,4% que viven en situación de pobreza. Esto se traduce en que más de un millón de menores sin recursos no tienen acceso a beca comedor.

“A la hora de poder acceder a al menos una comida saludable al día, para un niño no es lo mismo nacer en Euskadi que en Murcia o Ceuta”, dice Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children. Solo el 2% de los escolares de Murcia y Melilla acceden a esta beca, en Madrid el 9% y en Canarias el 25%. El principal motivo que promueve esta desigualdad es que los umbrales de renta para acceder a las becas comedor no se fijan de manera estatal.

“El Ministerio ha decidido excluir hasta ahora las ayudas de comedor escolar de los umbrales de renta que fija la normativa estatal de becas. De esta forma, los niveles de renta fijados a nivel autonómico para acceder son tan bajos que son inferiores al umbral de la pobreza. Solo en Euskadi, Ceuta, Melilla, Galicia y Extremadura lo superan. En cuatro comunidades autónomas esa ayuda ni siquiera implica gratuidad del servicio, exclusivamente bonificación parcial y familias en situación de pobreza siguen teniendo que pagar una parte”, explican desde Save the Children.

Además, existen otros condicionantes que dificultan un acceso equitativo a estas ayudas en todo el Estado y es el modo en el que se conceden. Mientras algunas autonomías dan las becas en función de si se cumplen o no ciertos requisitos, otras lo hacen por concurrencia competitiva, esto es, repartiendo entre quienes cumplen los requisitos hasta que se agota la partida presupuestaria. Ferrer pone el ejemplo de Ceuta y Melilla. “Estas dos ciudades han fijado ingresos por debajo del umbral de la pobreza para acceder a las becas pero tienen trampa: la ayuda no te la conceden de manera directa, depende del presupuesto. Se empieza a dar a partir de los que tengan la renta más baja; puedes cumplir el umbral pero las ayudas no llegan a todos. Y es grave porque en este caso la competencia es directa del Ministerio de Educación, por tanto no predica con el ejemplo”, asegura Ferrer.

Mientras, en un extremo de la tabla Euskadi invierte más de 118 euros por alumno, Murcia, Cantabria y Melilla ocupan el otro extremo con menos de 16 euros

Como resultado, hay un gran desequilibrio en la inversión anual por alumno y alumna entre cada comunidad, tal y como se refleja en el siguiente gráfico con datos del curso 2019-2020. Mientras, en un extremo de la tabla Euskadi invierte más de 118 euros por alumno, Murcia, Cantabria y Melilla ocupan el otro extremo con menos de 16 euros.

“El Ministerio ha decidido excluir hasta ahora las ayudas de comedor escolar de los umbrales de renta que fija la normativa estatal de becas. De esta forma, los niveles de renta fijados a nivel autonómico para acceder son tan bajos que son inferiores al umbral de la pobreza. Solo en Euskadi, Ceuta, Melilla, Galicia y Extremadura lo superan. En cuatro comunidades autónomas esa ayuda ni siquiera implica gratuidad del servicio, exclusivamente bonificación parcial y familias en situación de pobreza siguen teniendo que pagar una parte”, explican desde Save the Children.

Además, existen otros condicionantes que dificultan un acceso equitativo a estas ayudas en todo el Estado y es el modo en el que se conceden. Mientras algunas autonomías dan las becas en función de si se cumplen o no ciertos requisitos, otras lo hacen por concurrencia competitiva, esto es, repartiendo entre quienes cumplen los requisitos hasta que se agota la partida presupuestaria. Ferrer pone el ejemplo de Ceuta y Melilla. “Estas dos ciudades han fijado ingresos por debajo del umbral de la pobreza para acceder a las becas pero tienen trampa: la ayuda no te la conceden de manera directa, depende del presupuesto. Se empieza a dar a partir de los que tengan la renta más baja; puedes cumplir el umbral pero las ayudas no llegan a todos. Y es grave porque en este caso la competencia es directa del Ministerio de Educación, por tanto no predica con el ejemplo”, asegura Ferrer.

Mientras, en un extremo de la tabla Euskadi invierte más de 118 euros por alumno, Murcia, Cantabria y Melilla ocupan el otro extremo con menos de 16 euros

Como resultado, hay un gran desequilibrio en la inversión anual por alumno y alumna entre cada comunidad, tal y como se refleja en el siguiente gráfico con datos del curso 2019-2020. Mientras, en un extremo de la tabla Euskadi invierte más de 118 euros por alumno, Murcia, Cantabria y Melilla ocupan el otro extremo con menos de 16 euros.

Source: Save The Children

Sin comedor en la ESO
La ausencia de ayudas se une a una situación que se extrema cuando los alumnos y alumnas llegan a la adolescencia ya que hay una gran escased de comedor escolar en los institutos. “Solo uno de cada diez institutos públicos de secundaria tiene comedor escolar. ¿Tiene sentido que a los 12 años, en plena adolescencia, cuando además más aumenta el gasto en alimentación de las familias y cuando aumenta el riesgo de fracaso escolar, nos desentendamos de la alimentación del adolescente? Esto es inaceptable”, se queja el experto en Educación de Save the Children.

Son más los niños, niñas y adolescentes que acuden al comedor escolar en centros privados, a pesar de que hay más alumnado en situación desfavorecida en la red pública
Esta situación provoca un grave problema de equidad del alumnado que acude a la escuela pública frente al alumnado que acude a la escuela privada. Así, destacan desde Save the Children, son más los niños, niñas y adolescentes que acuden al comedor escolar en centros privados, a pesar de que hay más alumnado en situación desfavorecida en la red pública. “La mayor diferencia se observa en la ESO, donde menos de un 3% va al comedor en centros públicos y la proporción de usuarios se multiplica por ocho en los privados”, relatan desde esta organización.

Source: Save The Children

Para paliar esta situación, desde Save the Children proponen que todo niño, niña o adolescente que vive en una familia en situación de pobreza tenga derecho al comedor escolar gratuito, viva en la comunidad autónoma que viva. Y, tal y como explica Ferrer, proponen hacerlo por dos vías: “La primera, usando los fondos europeos, que en este momento el gobierno y las CCAA están decidiendo como van a gastar en los próximos cinco años. Todos los niños y las niñas están en la escuela, es la mejor manera de llegar a la infancia desfavorecida. Y la segunda, le pedimos al Ministerio de Educación que cambie la normativa estatal de beca para que todos los niños y las niñas que están en situación de pobreza tengan garantizada la beca comedor”.

Porque ir al comedor es también una herramienta para mejorar la equidad social. “El comedor es la puerta de entrada a la inclusión, frente a medidas como el reparto de alimentos que son estigmatizantes. Además, el comedor puede ser la puerta de entrada para otras intervenciones como acceso a refuerzo educativo o a actividades extraescolares; en un país en donde el 27% de los niños y niñas está en situación de pobreza”, remarca Ferrer.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

Comparte este contenido:

La ‘generación meta’, entre contratos hipotecarios inteligentes y salarios precarios tokenizados

Por: Ekaitz Cancela/Juan Carlos Miguel de Bustos

La llamada generación meta no solo ha sido víctima de dos enormes turbulencias económicas, sino de experimentos digitales de supervivencia.

Comparte este contenido:

España: ‘Geografía e Historia en Canarias’, la asignatura pendiente en las islas

Por: Lidia Rodríguez

La polémica por la obligatoriedad de la asignatura de ‘Geografía e Historia en Canarias’ desvela la falta de contenidos en el currículo.

Comparte este contenido:

Amnistía Internacional critica a España por abandonar al personal sanitario, a los migrantes y a los mayores de las residencias

“Nos enfrentamos a un mundo sumido en el caos”, señala Amnistía Internacional en su informe sobre 2020. Las tendencias de aumento del autoritarismo y “una virulenta cepa de dirigentes” que ha aprovechado la pandemia para sus propios intereses tiene su reflejo en el Estado español.
Comparte este contenido:

Hacia una protección común: Roberto Esposito y el paradigma inmunitario

Por: Irene Ortiz Gala

Toda comunidad convive con su sistema inmunitario, lo que posibilita a la vez que pone en riesgo su propia existencia. El trabajo de Roberto Esposito nos permite pensar la articulación de estos dos polos en una propuesta que pone en el centro la vida: una biopolítica afirmativa.

«Pensar la comunidad»: sobre estas tres palabras Roberto Esposito ha construido un imponente sistema filosófico. Con estas tres palabras inicia Communitas (1998), el volumen que le situó en el escenario filosófico internacional. Pero preguntarse por la comunidad es también preguntarse por el ser humano, por su forma de ser y estar con los otros. La comunidad pensada por Esposito se aleja de los comunitarismos anglosajones, de las éticas de la comunicación y de la sociología organicista: la comunidad no es un sujeto más vasto. Tampoco es una voluntad compartida, ni la suma de muchos sujetos que, estando juntos, se vuelven más sujetos por pertenecer a esa entidad creada con su participación. Frente a los discursos que hablan de pertenencia, que toman la comunidad como una propiedad del sujeto, Esposito subraya el carácter expropiador de la comunidad. La comunidad, entonces, no es lo propio, a lo que pertenece el sujeto, sino precisamente aquello que le altera, que le expropia.

La investigación de Esposito sobre la comunidad no se entiende sin el papel que desempeña su reverso, la immunitas. Su estudio sobre el paradigma inmunitario, sin embargo, no debe confundirse con una simple metáfora política del sistema inmunitario con el que el cuerpo se defiende de agentes externos (la inmunidad es una categoría política que solo a finales del siglo XIX adquiere una significación médica). Lo que le interesa es la co-presencia contradictoria que se da entre la comunidad ―communitas― y la inmunidad ―immunitas―, es decir, la relación antagónica de pertenencia que se da entre estos dos términos. Para poder justificar esta co-presencia, Esposito recurre a la raíz etimológica que comparten ambas nociones: el munus. Este término tiene tres significados que nos acercan a la noción de comunidad: obligación, oficio y don. Esta última acepción, aparentemente contradictoria con las dos anteriores, lleva a Esposito a hablar de un don obligatorio, es decir, de un don que «se debe dar y no se puede no dar». Así, la comunidad, al menos desde su aproximación etimológica, recuerda que lo que es común es la deuda, la obligación de dar y, como ha señalado Miquel Seguró, la vulnerabilidad inherente a su apertura, a la expropiación de los sujetos (Vulnerabilidad, 2021).

Así como el ‘phármakon’, en dosis elevadas, puede causar la muerte del cuerpo, el exceso de inmunización tiene consecuencias dañinas para la vida ―individual o colectiva― que protege

La inmunidad como reverso de la comunidad, por el contrario, tiene que ver con la protección. La immunitas actúa como mecanismo que consigue liberar a un miembro de una obligación que el resto de la comunidad tiene. Si el munus es el don obligatorio que pone en relación a los individuos en una comunidad, la immunitas es el mecanismo que permite interrumpir esa obligación. Así, mientras la comunidad no puede ser explicada desde la gramática de lo propio, puesto que señala la alteración que es estar con los otros, la inmunidad se presenta como la interrupción de esa obligación y el repliegue a la protección de lo propio.

El polo inmunitario que conserva la vida o, más aún, la protege frente a las amenazas externas, porta en su interior una valencia estratégica que se arriesga a dirigirse contra su propio cuerpo. Este riesgo, claro, es el de un exceso de inmunización: una deriva autoinmunitaria. Así como el phármakon, en dosis elevadas, puede causar la muerte del cuerpo, el exceso de inmunización tiene consecuencias dañinas para la vida ―individual o colectiva― que protege. La profundidad de la paradoja a la que llega Esposito se formula a través del oxímoron que implica que, precisamente aquello que tiene que proteger, pueda llegar a ser la causa de la muerte. Como sucede en el caso de las enfermedades autoinmunitarias, Esposito alerta del riesgo tanatopolítico que corren los Estados que aplican medidas que, bajo la narrativa de proteger y cuidar la vida, la niegan y la fagocitan. Siguiendo la noción de autoinmunidad suicida empleada por Derrida tras el ataque del 11-S, Esposito acentúa la deriva tanatopolítica de las medidas de protección: esta puede realizarse, paradójicamente, a través de la muerte.

En política, los relatos que emplean una narrativa inmunitaria identifican una amenaza ―alguien o algo― que puede acabar con el cuerpo social. Estos discursos recurren a la metáfora del contagio y enfatizan el peligro al que se encuentra expuesto el cuerpo social al entrar en contacto con la amenaza señalada. Todos ellos comparten el uso de la interpretación organicista del Estado propia del siglo XX: el cuerpo político puede explicarse como un cuerpo biológico. Así, al igual que este último, el Estado puede enfermar, precisar de medicinas, ser sometido a cirugía e, incluso, si no se vence la amenaza, morir. La metáfora organicista da paso a considerar a aquellos individuos que representan un peligro para la comunidad como enfermedades que tienen que ser eliminadas. El político se convierte en médico ―diagnostica la salud del Estado― y, más concretamente, en cirujano ―pues puede llegar a extirpar una parte del cuerpo si se encuentra gangrenada―.

Frente a la amenaza que representa una enfermedad con potencial letal, las políticas inmunitarias se dirigen a la aniquilación de la enfermedad como única medida efectiva para evitar la muerte del organismo popular. Por supuesto, cuando se estudian las políticas inmunitarias y autoinmunitarias se suele traer a colación las medidas en torno a la Rassenhygiene [higiene de la raza], especialmente la ley promulgada el 14 de julio de 1933 sobre «La Prevención de la Transmisión de las Enfermedades Hereditarias». Sin embargo, las prácticas inmunitarias y autoinmunitarias no se circunscriben solo a los totalitarismos del siglo XX, sino que han conseguido mutar en nuevas expresiones en las políticas contemporáneas. Los Estados se representan como cuerpos que se enfrentan a la posibilidad de ser contagiados o atacados por los cuerpos que le están próximos ―y ya desde mediados del siglo XX, también aquellos que geográficamente no parecen tan cercanos―.

El relato de la lógica securitaria, especialmente en las últimas décadas, asume la infalibilidad del sistema inmunitario: la enfermedad ―el ataque― solo acontece porque se ha producido un fallo en el sistema ―inmunitario y de seguridad―. Bajo esta premisa surge el escenario de defender al cuerpo social no solo ante un peligro identificado, cumplido, sino también frente a amenazas potenciales, futuras. Este peligro futuro lleva a la política a adaptarse ante un riesgo que aparece como más violento que el pasado y ante el cual es necesario tomar todas las medidas posibles. Una lógica que necesariamente reclama mayor seguridad: si el sistema inmune no comete errores, no puede darse el contagio, no es posible que la amenaza se cumpla.

En un contexto de globalización, a la vez que las fronteras de los Estados prácticamente se han desdibujado para las mercancías y se han erigido más fuertes y violentas para las personas ―lo que no se ha traducido en una interrupción de los movimientos migratorios, sino en una mayor tasa de mortalidad―, los relatos inmunitarios han tratado de restablecer férreos límites frente a una amenaza no identificable. El peligro constante y anónimo ha incrementado la percepción de riesgo y, a la vez, ha legitimado el aumento de medidas de seguridad. Amenazas futuras e inciertas que cada partido político ha capitalizado en función de sus intereses: delincuencia, terrorismo, movimientos migratorios y también, como hemos visto recientemente, alertas sanitarias. En lugar de adecuar la protección al efectivo nivel de riesgo o amenaza, las prácticas autoinmunitarias adecuan la percepción del riesgo a la creciente necesidad de protección. Podríamos nombrar como «sociedades del riesgo» a estas comunidades que son el resultado de la amenaza constante e impersonal que, tratando de protegerse, comprometen la vida social que cuidan a través de una incesante demanda de protección.

Nos encontramos ante una oportunidad única para asumir la vulnerabilidad y la interdependencia de la vida, que no reconoce los límites establecidos por las fronteras de los Estados

El paradigma de la seguridad es ya una técnica normal de gobierno. Solo así, me parece, puede entenderse la pasividad ―si no la complicidad― de gran parte de la ciudadanía con ciertas políticas inmunitarias. Como recuerda René Girard, el terror que se infunde a la comunidad exige periódicamente un tributo de víctimas. La lógica del sacrificio es adoptada por las políticas inmunitarias, que incluyen en sus cálculos un cierto número de daños colaterales justificados en nombre de la prevención de un mal futuro.

A comienzos de año, Esposito publicó su último libro, Immunità comune, donde examina los mecanismos jurídico-políticos que empleó el sistema inmunitario social para enfrentarse a la amenaza sanitaria de la covid-19. Una de las cuestiones centrales que aparecen en este ensayo es que la seguridad que el Estado debía garantizar a sus ciudadanos se desplazó del ámbito social al sanitario: nada fue tan importante como la salud. En el caso de España, el estado de alarma ―anulado meses más tarde― y las medidas implementadas revelaron el nexo entre biología y praxis jurídica que requería la exigencia de seguridad sanitaria. El horizonte inmunitario y sus consecuencias se han revelado con toda su crudeza en los dos últimos años. Al inicio de la pandemia, algunos países como Reino Unido, Brasil y Estados Unidos basaron sus políticas en la conocida «inmunidad de rebaño», que favorecía a las franjas de población más jóvenes y mejor adaptadas y estaba dispuesta a sacrificar la vida de la población envejecida no productiva. El otro modelo, adoptado por la mayoría de países ―incluidos aquellos que al inicio apostaron por la inmunidad de rebaño―, instauró medidas de cuarentena y distanciamiento social. Como señala Esposito, este modelo solo podía ser válido en el momento previo a la vacunación, puesto que se trataba de una serie de prácticas biopolíticas negativas con importantes riesgos para la comunidad: un modelo que aseguraba la protección social precisamente a través de su des-socialización. Finalmente, una tercera vía apareció en escena una vez que se desarrollaron las vacunas: la posibilidad de una inmunidad común o de una co-inmunidad que, para funcionar, debía contemplar a la comunidad mundial.

Nos encontramos ante una oportunidad única para asumir la vulnerabilidad y la interdependencia de la vida, que no reconoce los límites establecidos por las fronteras de los Estados. El colapso de la inmunidad de los Estados ha revelado la insuficiencia de su carácter: podemos seguir optando por las prácticas autoinmunitarias de distanciamiento social, comunidades basadas en el miedo al contacto y, así, negar la comunidad, o podemos reconocer la co-dependencia que nos une y poner en práctica una inmunidad común. Aquella que entiende que la única forma de protección posible del individuo se da a través de la protección de los otros.

Obras citadas en el texto

―Borradori, B. (2003). La filosofía en una época de terror: diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrida. Taurus.

―Esposito, R. (2003). Communitas. Origen y destino de la comunidad. Amorrortu.

―(2005). Immunitas. Protección y negación de la vida. Amorrortu.

―(2022). Immunità comune. Biopolitica all’epoca della pandemia. Einaudi.

―Girard, R. (2016). La violencia y lo sagrado. Anagrama.

―Seguró, M. (2021). Vulnerabilidad. Herder.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

Comparte este contenido:
Page 1 of 5
1 2 3 5