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España: Ayuso decreta el fin de las escuelas públicas 0-6 de Madrid

Tras meses de lucha de las familias, las educadoras y directoras de nueve centros de educación infantil 0-6, el Gobierno de Díaz Ayuso confirma con la publicación en el Boletín Oficial de la CAM el fin de una experiencia de éxito en la educación pública madrileña.

“Hoy es un día triste, desaparece de la ciudad de Madrid un modelo de éxito educativo para los ciudadanos más pequeños”, dicen desde la Junta de Portavoces 0-6, una de las plataformas que se movilizaron —y siguen haciéndolo— para preservar un modelo que existe en Madrid desde los años 70. “Sabíamos que iba a pasar, hemos luchado para evitarlo, las familias se han movilizado y todo ha sido en vano porque tenemos en la Comunidad de Madrid un Gobierno insensible, que no lo es cuando se trata de defender sus intereses privados y los de sus familias y amigos, pero siempre es sordo a las demandas de los colectivos que quieren mejorar la Educación, la Salud, en definitiva la calidad de vida de la mayor parte de la ciudadanía”, señalan en un comunicado.

Un modelo que era mayoritario en la escuela pública ha ido desapareciendo. A partir de ahora, solo los centros concertados y privados ofertarán plazas en escuelas 0-6, un enfoque en auge en el sector privado que ofrece una “educación más ajustada a su desarrollo evolutivo y su necesidades, al dar continuidad a la etapa educativa”, según un comunicado lanzado por nueve equipos de atención temprana de la Comunidad de Madrid el pasado 21 de diciembre.

Desde su experiencia de estos profesionales que trabajan a diario en los centros, los equipos de atención temprana hablan de “la trascendencia de esta etapa educativa en el futuro desarrollo de las niñas y los niños y en las pautas educativas que se incorporan en la familia. El primer ciclo de Educación Infantil es plenamente educativo, igual que el segundo ciclo, y entre ellos hay una interrelación que se mantiene en las escuelas 0-6 años y que, sin embargo, se fractura en el paso a colegio”.

Según defienden, el modelo educativo de las escuelas 0-6 “favorece un contacto cotidiano entre la familia y los profesionales de la educación”, algo que redunda en un mayor conocimiento de los niños y niñas y “facilita el establecimiento de una relación de confianza entre el entorno familiar y educativo”.

El debate llegó en varias ocasiones a la Asamblea de Madrid, donde todos los partidos de la oposición, en especial Unidas Podemos y Más Madrid, mostraron su rechazo a una medida que solo redunda, según criticaron, en el desmontaje de la educación pública y el crecimiento de los centros concertados y privados.

“No nos podemos acostumbrar a que nos quiten uno a uno todos los servicios públicos de calidad. En el centro de salud del barrio no tenemos pediatra hace meses. Tenemos que volver a hacer ruido”, afirma a El Salto

“¿Qué tiene que pasar para que paren su decisión señor Martín Blasco?”, decía la diputada regional de Más Madrid María Pastor interpelando al director de Educación infantil de Madrid, formado en centros concertados y del Opus Dei. “Porque tienen ustedes a los equipos de atención temprana en contra, a las directoras, a las educadoras, a las expertas en desarrollo infantil, a las familias en contra de esta decisión. Decirle a una familia que tiene que irse de donde estaba para irse a un CEIP ¿es libertad o es comunismo, señor Martín Blasco?”, decía.

Aunque las AFA creen que hay poco margen para cambiar la decisión, no están dispuestas a que Isabel Díaz Ayuso y su Gobierno se vayan “de rositas”, dice una madre de La Jara cuyo hijo de casi tres años tendrá que cambiarse a un colegio ‘de mayores’ el siguiente curso. En las celebraciones del Carnaval saldrán a la calle con pancartas y corazones verdes en favor de los servicios públicos. “No pueden tomar decisiones en contra de todo el mundo, como apisonadoras, no nos podemos acostumbrar a que nos quiten uno a uno todos los servicios públicos de calidad. En el centro de salud del barrio no tenemos pediatras disponibles hace meses. Tenemos que volver a hacer ruido”, afirma a El Salto. Un padre de la escuela infantil Zofío, otra de los centros afectados, asegura que, “aunque el decreto esté ahí”, la lucha de las familias y de la comunidad docente no se ha terminado, más aún cuando el plan del Gobierno de Díaz Ayuso va más allá del cierre del segundo ciclo de las escuelas 0-6 y pretende embutir en macrocentros a todos los niños y niñas entre cero y 12 años, tal como anunció la semana pasada.

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España: La pandemia recrudece la desigualdad global: una muerte cada cuatro segundos, un milmillonario nuevo cada 26 horas

“La desigualdad económica se ha despegado como resultado de la covid-19. Se ha producido un enorme aumento en la brecha entre los superricos y el resto de la humanidad”. Con esa cruda frase resume Íñigo Macías, responsable de investigación de Oxfam Intermón, las conclusiones del informe sobre desigualdad global que esta ONG ha presentado este 17 de enero.

La aparición del coronavirus SARS-Cov-2 ha transformado la realidad social de la humanidad, acentuando la tendencia a incrementar la desigualdad. Tal como recoge la investigación Las desigualdades matan, de la que Macías es coautor, mientras los diez hombres más ricos de la Tierra han duplicado su fortuna durante los dos primeros años de la pandemia, los ingresos del 99% de la humanidad han empeorado.

Poniendo números a esa comparación, la fortuna de la decena de superricos entre los superricos ha pasado en apenas dos años de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares  —lo que supone ganar 1.300 millones de dólares al día—. Sin embargo, 160 millones de personas han sido empujadas a la pobreza como resultado de la pandemia.

“Ahora se tardarán 135 años en cerrar la brecha de género, y no 99 años como se estimaba antes de la irrupción de la pandemia”, denuncian desde Oxfam Intermón

“Nunca antes habíamos visto esto”, remarca Macías, señalando que a la vez que “la ciudadanía en general se ha empobrecido, ha visto perder su empleo o ha visto cómo se ponían en riesgo sus medios de vida, se ha producido el mayor aumento de las fortunas de los superricos desde que tenemos constancia”.

“Si estos diez hombres perdieran mañana el 99,999% de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta”, apunta por su parte Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. El responsable recuerda además que este “selecto” grupo de personas acumula seis veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntos.

21.000 muertes al día

Oxfam Intermón ha aprovechado para presentar el nuevo informe el contexto del nuevo encuentro del Foro Económico Mundial, la Agenda de Davos, que a pesar de que ha retrasado su encuentro presencial en Suiza previsto para este lunes mantendrá una serie de reuniones online entre el 17 y el 21 de enero.

“Hay quien ha tenido una pandemia de lujo”, denuncian desde la ONG, “algunos incluso decidieron darse un paseo por el espacio”, incide irónicamente Macías

La ONG ha querido recordar a los líderes mundiales que luchar contra las desigualdades evitaría la muerte de 21.000 personas al día, “o dicho de otra manera, de una persona cada cuatro segundos”, remarcan fuentes de la misma. La estimación, basada en el número de muertes causadas a nivel global por la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de género, el hambre y la crisis climática, incluso podría ser conservadora, según señalan desde la propia Oxfam.

“Nunca ha resultado más urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites”, denuncia Franc Cortada. De hecho, desde la ONG afirman que es el momento de impulsar medidas fiscales que redistribuyan lo que califican como “beneficios extremos” para que se reintegren en la economía, algo que “salvaría vidas”, indica el director de la organización.

Oxfam destaca la necesidad de garantizar que los fondos de recuperación sean una oportunidad para reducir las desigualdades, combatir los efectos del cambio climático y beneficiar a la población con mayor vulnerabilidad

Un ejemplo de esos beneficios extremos de los que habla Cortada es el hecho de que los milmillonarios del mundo han aumentado su fortuna en cinco billones dólares. Se trata de una cifra superior a la que han acumulado estos mismos superricos en los últimos 14 años, el mayor incremento de la riqueza de los más poderosos desde que se tienen registros, lo que da una idea del ritmo que ha tomado el incremento de la desigualdad en el mundo.

“A diferencia de la gran crisis de 2008 con los bancos centrales”, relata por su parte el coautor del informe, “los gobiernos de los países más ricos han inyectado billones de dólares para salvar la economía, amortiguando el golpe para muchas familias, pero una gran parte parece haber acabado en los bolsillos de los más ricos, que se han aprovechado del auge en los mercados bursátiles y otros activos”. “El resultado”, continúa, “más riqueza para unos pocos”.

Cambios en España

El informe señala que España no es inmune a este proceso. “Llueve sobre mojado”, señalan desde la ONG, afirmando que mientras las políticas de austeridad implementadas durante la anterior crisis supusieron un descenso continuado del gasto sanitario público total, los años de dinamismo económico previo a la crisis no se tradujeron en una recuperación de estos recursos. “No nos podemos permitir ver cómo se desmorona nuestro sistema público de salud, mientras unos pocos ven aumentar su riqueza. No es justo”, afirma Cortada.

“Los Gobiernos mundiales deben garantizar que las personas y empresas más ricas paguen los impuestos que en justicia les corresponden e invertir estos recursos recaudados en servicios de salud y protección social universales, en medidas de adaptación al cambio climático, y en prevención de la violencia de género, así como asegurar un acceso universal a las vacunas contra la covid-19”, subraya el director de la organización.

Para Oxfam Intermón el inédito aumento de la desigualdad global no es producto del azar, sino el resultado de decisiones políticas, sociales e institucionales

En concreto, la ONG recomienda al Gobierno español que tome una serie de medidas, empezando por aprovechar la oportunidad que brinda el próximo Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que está elaborando un comité de personas expertas, para avanzar en la progresividad y suficiencia del sistema tributario español en su conjunto.

Asimismo, destacan la necesidad de garantizar que los fondos de recuperación de la UE sean una oportunidad real y efectiva para reducir las desigualdades, combatir los efectos del cambio climático y beneficiar a la población que se encuentra en mayor riesgo de vulnerabilidad. También reforzar las políticas de protección social, políticas que durante la pandemia se han demostrado esenciales para reducir las brechas sociales existentes. De hecho, invitan al Ejecutivo a que continúe la apuesta por ampliar la cobertura y reforzar los sistemas de garantías de rentas.

Por último, la ONG aboga por continuar mejorando la inversión en sanidad y educación, algo que se han revelado como “realidad imprescindible en la materialización de los derechos sociales, especialmente de aquellos grupos más vulnerables y que garantizan que nadie se quede atrás con independencia de su entorno socioeconómico”.

Decisiones políticas

Para Oxfam Intermón, el inédito aumento de la desigualdad global no es producto del azar, sino el resultado de decisiones políticas, sociales e institucionales y reclama que los gobiernos, ante la situación excepcional, tengan prioridad estrategias económicas y sociales que fomenten una mayor equidad.

“Para empezar debemos de terminar con el apartheid de vacunas que estamos viviendo”, remarca Macías, quien recuerda que más del 80% delas vacunas han ido a parar a los países más ricos, integrados en el G-20, mientras que las naciones con rentas más bajas apenas han recibido el 1%.

“Los gobiernos de los países ricos deben dejar de dar la espalada a una gran mayoría de la población frente a los intereses de las grandes farmacéuticas”, sentencia.

Los responsables del informe señalan que si se aplicara un impuesto excepcional del 99% sobre la variación de la riqueza generada desde el comienzo de la pandemia por los diez hombres más ricos, serviría para producir suficientes vacunas para todo el mundo, así como para financiar servicios de salud y protección social universales, dotar de recursos las necesarias medidas de adaptación climática y reducir la violencia de género en más de 80 países. A pesar de todo ello, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia.

«Hay quien ha tenido una pandemia de lujo”, denuncian desde la ONG, “algunos incluso decidieron darse un paseo por el espacio”, incide irónicamente Macías, en referencia al lanzamiento por la empresa de Elon Musk —el humano con más riqueza del planeta—, SpaceX, del primer vuelo espacial exclusivamente comercial con solo civiles. Cada asiento costó 55 millones de dólares.

El peso, sobre los de siempre

Desde la organización remarcan que cada nueva ola de covid-19 aumenta el peso del trabajo de cuidados no remunerados, que cae especialmente sobe mujeres y niñas. “Ahora se tardarán 135 años en cerrar la brecha de género, y no 99 años como se estimaba antes de la irrupción de la pandemia”, denuncian desde el colectivo, recordando que, en 2020, las mujeres perdieron 800.000 millones de dólares en ingresos y hay 13 millones menos de mujeres con trabajo ahora que en 2019. Es más, la riqueza conjunta de 252 hombres  es mayor que la de los mil millones de mujeres y niñas que viven en África, América Latina y el Caribe, tal como señala el informe.

Asimismo, según los datos de esta organización, solo en Estados Unidos 3,4 millones de personas estarían vivas si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país, destacando que la crisis sanitaria generada por la covid-19 ha afectado especialmente a las personas racializadas.

Por último, Oxfam Intermón recuerda que frenar el cambio climático supone abordar la desigualdad, pues las emisiones de carbono del 1% más rico superan en más del doble a las de la mitad más pobre de la humanidad.

Fuente de la informaciòn e imagen: El Salto

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España| Rebelión en la UNED: “Me dan a elegir entre mi salud y la de mi familia y mi derecho a examinarme”

Por: Guillermo Martínez

La universidad asegura que se respetarán todas las medidas de seguridad mientras el alumnado remarca que en los exámenes de la UNED se pueden llegar a concentrar hasta dos centenares de personas en cada aula. Exigen que se utilice AVEX para evaluarse de forma telemática, pero la institución académica afirma que no hay motivos para ello.

La propia idiosincrasia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha hecho que parte del estudiantado se haya puesto en pie de guerra contra los exámenes presenciales que movilizarán a miles de personas a partir del 24 de enero. Según los datos ofrecidos por el alumnado, el 30% de los matriculados superan los 50 años y el 80% tiene trabajo, por lo que la plataforma Afectados UNED calcula que cada uno de ellos podría llegar a contagiar a otras ocho personas. “Nos quieren meter en aulas con 200 compañeros durante dos horas, sin ventilación, estando codo con codo”, se queja una de las potenciales afectadas. “Hay compañeras con embarazo de riesgo que deben guardar reposo y otras personas con enfermedades crónicas que, precisamente por eso, estudian en la UNED”, agrega otra. La universidad, por su parte, llama a la calma asegurando que se cumplirán todas las medidas de seguridad oportunas, y desmiente alguna de las acusaciones lanzadas desde el grupo Afectados UNED.

Elena, una treinteañera que estudia Trabajo Social en Madrid, asegura que antes de empezar el curso llamó a la universidad para asegurarse cómo serían los exámenes: “Me dijeron que iban a ser presenciales, pero que si la situación empeoraba los pondrían telemáticos, como hicieron el año pasado”. Eso le dio seguridad para matricularse, y así lo hizo. Llegó diciembre y el aumento exponencial de casos positivos: “Pregunté a mi decanato y me dieron una respuesta aséptica con una total falta de empatía, me dijeron que la forma de evaluación la decidían organismos superiores”. Es aquí donde empieza uno de los conflictos, pues el Ministerio de Universidades, del que depende la UNED, y la ANECA, la entidad que certifica la calidad universitaria, desmintieron la respuesta que el decanato dio a la estudiante.

La UNED asegura que este año los exámenes son presenciales porque no existe ninguna restricción de movimiento en el territorio nacional. “La ANECA certifica si se cumplen los planes de estudios, y en nuestras memorias nosotros tenemos estipulado que los exámenes son presenciales, como siempre ha sucedido excepto los dos primeros años de la pandemia, así que ahora que todos los estudiantes pueden ir a examinarse a su centro asociado, lo tendrán que hacer”, confirman fuentes internas de la institución académica.

Muchos alumnos, poco espacio

Pese a que la universidad ha asegurado que “no se va a hacinar a nadie”, Elena no lo tiene tan claro. “Nos encontramos ante una universidad que no dispone de campus, ni de facultades. Es la más grande de España y la que menos infraestructuras posee. Antes nos examinábamos codo con codo, y para poder salir mínimo se tenían que levantar de su sitio unos cuatro compañeros, así que no sé cómo piensan hacerlo ahora”, señala la estudiante. Su problemática es extrema: convive y es la cuidadora de su madre, que con 67 años y problemas respiratorios graves está enchufada a una máquina de oxígeno 16 horas diarias.

“Los neumólogos nos han dicho que, como mi madre pille el covid, será casi una sentencia de muerte para ella”, expresa Elena preocupada. Asegura que desde marzo de 2020 no ha realizado ninguna reunión social, dejó su trabajo presencial, pide la compra a  domicilio y las consultas médicas de su madre se realizan de forma telemática. “No voy a encerrarme en un aula con 200 compañeros cuando yo he tenido unas medidas de cuidado excepcionales”, afirma antes de decir que se siente engañada por una UNED: “Me dan a elegir entre mi salud y la de mi familia, y mi derecho a examinarme”.

AVEX es el nombre de la herramienta que el año pasado posibilitó los exámenes a distancia. Según el alumnado, el Ministerio de Universidades financió el programa con 198.810 euros y ahora reclaman que se vuelva a implementar. Su seguridad queda patente al haber sido la herramienta utilizada por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2021 para los exámenes de Abogacía del Estado. “No es que queramos AVEX por capricho, es que si no perderé la posibilidad de examinarme”, sentencia Elena. En este sentido, la UNED defiende que actualmente no hay ningún motivo que justifique el uso del programa, pues los miles de estudiantes pueden desplazarse libremente a los centros asociados para examinarse.

Examinarse habiendo dado positivo

Eva Martín está terminando el Grado de Psicología. La principal queja de esta profesional sociosanitaria de 31 años es que la UNED no ha facilitado los protocolos de actuación a los centros asociados en los que, a partir del día 24 de enero, miles de personas se examinarán. “No tenemos información al respecto, ni tampoco sabemos qué pasa si das positivo y no puedes presentarte al examen”, denuncia la estudiante.

Fuentes internas de la UNED, por su parte, afirman que se repetirán los exámenes a todos aquellos que puedan demostrar su contagio de covid, ya sea mediante un test de antígenos o una PCR. También pedirán un certificado médico que confirme dicho positivo, algo difícil de conseguir en regiones como la Comunidad de Madrid,  donde la atención primera está colapsada. “Para cuando fijemos la fecha de examen de esta convocatoria para todos aquellos positivos, los estudiantes ya habrán podido visitar a su médico”, sostienen desde la universidad.

“Ya hay compañeros y compañeras que han dicho que no van a examinarse porque están recibiendo quimioterapia o tienen patologías graves y saben cómo se realizan las pruebas de forma presencial en la UNED”, prosigue Martín. La Universidad responde: “Ya hemos enviado a los centros asociados nuestro protocolo Covid, que tendrán que ajustar a la normativa de su región, al igual que sucederá con nuestros centros en el extranjero. La gente puede estar segura de que habrá ventilación y se respetarán las medidas de seguridad”. De hecho, en la página web de la institución universitaria se puede encontrar toda la información relacionada con la pandemia, aunque el plan de contingencia esté fechado en el 8 de marzo de 2020, algo que el estudiantado critica duramente al no haber ningún otro documento actualizado.

La UNED llama a la calma

A todo ello se suma el temor a tener que firmar un documento antes de realizar los exámenes “en el que se exime a la UNED de cualquier responsabilidad ante un contagio masivo”, según apunta una de las alumnas. Dicho temor procede de una declaración realizada por el equipo de Prevención de Riesgos Laborales que tuvo que rubricar el alumnado en prácticas y en la que se establecía que el alumno no tenía síntomas compatibles con el Covid-19, no se encontraba en periodo de cuarentena domiciliaria y, además, declaraba haber leído el protocolo de prevención para la realización de las prácticas.  La universidad también desmiente este extremo y asegura que, en las evaluaciones presenciales, no se va a hacer firmar nada a nadie.

Martín, por su parte, llegó a plantearse contagiarse conscientemente de covid para así evitar el contagio durante el periodo de exámenes. “Ahora que estaba de vacaciones y como trabajo con población de alto riesgo, pensé en hacerlo deliberadamente, pero al final he descartado esa posibilidad. Tiene que ser la UNED quien nos permita examinarnos con seguridad, no ponerme yo en riesgo por ello”, concluye la estudiante.

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El (des)ánimo colectivo y la pertinencia de reflexionar

Por: Belén Cansino Romero

Estamos a tiempo de mirarnos a nosotros mismos y a quienes elegimos para timonearnos. Urge desplegar un examen serio y en conjunto de lo que nos parece inaceptable, elegir compañeros de viaje y atenuar el efecto reactivo de la pandemia con propuestas, perdiendo el miedo a comprometernos, mediante la acción, con quienes comparten los valores que sustentan el proyecto de vida al que tenemos derecho. Necesitamos impulsar una renovación intelectual y moral de la esfera pública, y merece la pena, porque otro mundo es posible

Tras casi dos años de pandemia, con improvisación, desabastecimiento y miles de muertos mediante, parecería lógico pensar que es hora de que los distintos gobiernos estén al fin a la altura de sus sanitarios. También que el Gobierno tendría que haber aprovechado la oportunidad que suponía la irrupción del virus en nuestras vidas para reformular y disputar, con cierta posibilidad de triunfo, el concepto mismo de «libertad». Por muy feroz y desleal que sea la oposición de la derecha mediática y política, al menos deberían haberlo intentado.

En todo caso, con dicha oposición, no resulta nada sorprendente asistir a un escenario en el que hay quien cree firmemente haberlo ofrecido todo, dicen, «¡a cambio de nada!», como si salvar la vida de miles de conciudadanos —al tiempo que, por cierto, salvaguardaban la propia— requiriese una recompensa, una contraprestación en forma de devolución directa al también calamitoso estado anterior de las cosas. Y si bien es cierto que, a día de hoy, las restricciones parecen ser —salvo excepciones— una opción ya caducada en la gestión europea de la pandemia, lo pertinente sería más bien comenzar a reflexionar sobre la asunción y normalización de tal pérdida diaria de vidas, ya que esta nos llevaría a pensar sobre los límites de la acción individual y sobre la ausencia del tiempo necesario en nuestras vidas para comprender y asimilar sucesos tan traumáticos como los ya ocurridos.

Sin embargo, estas cuestiones, unidas a la falta de previsión mostrada por las distintas autoridades, a la toma de decisiones políticas inútiles —a la par que desgastantes— y a otras tantas críticas que podríamos desplegar sobre la gestión de la pandemia, no debería conducirnos, a mi juicio, a esa venenosa y adictiva autocomplacencia que genera el mal hacer propio cuando se justifica en el mal hacer ajeno. ¿No cabría preguntarse qué tipo de ciudadanos somos si, contando con unas pautas de actuación preventiva eficaces, optamos por convertir una actuación reprochable y desacertada de los gobiernos en el salvoconducto perfecto para excusar nuestra propia irresponsabilidad?

Quienes aducen el manido runrún del «cumplimos con las restricciones, «merecemos la normalidad» recuerdan a esos niños que se muestran reacios a comprender que la realización de determinadas labores domésticas no constituye solo una ayuda a sus padres, sino que se trata del cumplimiento de su responsabilidad en tanto que poseedores de agencia. La diferencia es que los adultos carecen de la dulzura típica de la picardía infantil, y escucharlos hablar en estos términos, además de producir cierto rubor, suscita dudas sobre qué es exactamente lo que extrañan. Ni decir tiene que la probabilidad de que «lo extrañado» coincida en alto grado con lo ofrecido por cierta presidenta de cierta comunidad, y poco o nada con un nuevo marco de «agitación de la «realidad», es alta. Esta forma de actuar merecería un reproche porque constituye un ejercicio de egocentrismo malsano e insensato basado en la necesidad de que se nos reconozca que estamos actuando bien; además de porque contiene fuertes dosis de infantilismo y egoísmo convenientemente disfrazadas de civismo.

Para construir, imaginar, avanzar y sentir que otro mundo es posible, sería de gran ayuda ignorar deliberadamente a quienes se dedican en cuerpo y alma a allanar el trayecto a todo tipo de indeseables basándose, únicamente, en el augurio de la derrota de cualquier proyecto de futuro que resulte mínimamente ilusionante.

Lo dicho con anterioridad no es, en modo alguno, un llamado a restar importancia a nuestros males, nuestros dolores y nuestras preocupaciones, pero sí una invitación a no contribuir a los excesos verbales a los que estamos ya acostumbrados y que no hacen más que entorpecer la crítica honesta.

Deberíamos considerar, antes de demonizar cualquier mínimo «sacrificio» en aras del bien común, si nos encontramos en mejor situación que, por ejemplo, aquellos sanitarios que tuvieron que escoger quién ocuparía una cama en la UCI o que no tuvieron más remedio que dejar fallecer en soledad a miles de personas, que quienes afrontaron sin compañía el confinamiento, que aquellos otros que teletrabajaron y teletrabajan diez horas al día en un piso de 40m², que quienes viven en lugares marcados no solo por una fuerte brecha social sino también digital, o, por supuesto, que los que ni poseían ni poseen un lugar en el que sentirse mínimamente arropados por el leve manto de dignidad que nos otorga el habitar un espacio en el que nos reconocemos con nuestra intimidad.

Ser conscientes de la posición desde la que uno batalla es, en última instancia, un modo hermoso de sentirse concernido y de comprometerse sin copar el reconocimiento que pertenece al común, un acto de honradez que, de algún modo, contrarresta la hipocresía.

Y, en efecto, tampoco se trata de baremar las desgracias y ocultar las dolencias, sino de llevar a cabo una reflexión desde la empatía y la voluntad de comprensión, que nos aleje del cinismo, la frivolidad y la estupidez, que nos ayude a interiorizar que la exageración de un problema puede llegar a desbordar fácilmente los límites de lo dramático, tornarlo todo grotesco y hacerlo caer, finalmente, en la irrelevancia.

Tomar distancia del relato catastrofista, al tiempo que analizamos con mesura lo que acontece, pero sin caer en un seguidismo acrítico, podría permitirnos obtener una impresión más certera del estado de las cosas, animándonos incluso a participar en la construcción del proyecto emancipador que deseamos, desde un lugar en el que nos sintamos reconocidos, escuchados y apoyados. Es cierto que es posible participar en la política desde el resentimiento, pero ello no debería arrebatarnos la oportunidad de hacerlo desde el entusiasmo y la convicción, desde la alegría; con moral victoriosa.

Quisiera concluir compartiendo una idea recurrente que me llena de esperanza. Y lo hace porque ahuyenta, aunque sea fugazmente, esa incapacidad de celebrar, emocionarnos y creer que sentimos con frecuencia: me gusta fantasear con que, por escaso que sea nuestro tiempo, todos nos dedicamos en algún momento a navegar entre las distintas concepciones de democracia, que nos perdemos en ellas, deteniéndonos a disfrutar del antojo que alguna nos provoca. Con que no tenemos que ir deprisa, porque logramos redistribuir el tiempo; porque fuimos capaces de organizarnos, de convencernos mutuamente y de convencer a los demás acerca de cómo las prisas siempre acababan recayendo sobre los mismos hombros, envejecían las mismas manos y enmudecían las mismas bocas. Y me convenzo a mí misma de que la fantasía no puede acabar porque este ha de ser, única, exclusiva y necesariamente, el principio.

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Si nos prometieron derogar la reforma laboral, ¿por qué no la han derogado?

Por: Raúl Navas

El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE.

En las últimas décadas se han aprobado distintas reformas laborales que contenían duros ataques contra el mundo del trabajo, basadas en abaratar y/o facilitar los despidos, aumentar las causas de los despidos, introducir contratos precarios, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo, etc. En 1994 se legalizaron las ETT y se crearon nuevas causas de despido como las organizativas y de producción. En 1997 se aprobó una reforma laboral, esta vez pactada con UGT y CCOO, que aumentaba las causas del despido, y lo abarataba. Entonces hubo un giro importante en los sindicatos mayoritarios, al aceptar lo que habían considerado inaceptable durante años. La CEOE mostraba su satisfacción, y a su vez extrañeza, dado que consideraban que UGT y CC OO habían convocado una huelga general en 1994 por una reforma laboral menos agresiva.

Se nos prometió que ese abaratamiento del despido era temporal, aunque se consolidó en la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2006, y en las sucesivas. En la segunda legislatura del Gobierno de Zapatero, la CEOE insistió en la necesidad de aprobar una nueva reforma laboral para “crear empleo y salir de la crisis”. Zapatero criticó como líder del PSOE en 2002 que Aznar aprobara una reforma laboral sin consenso. Prometió en reiteradas ocasiones que él jamás aprobaría una reforma sin acuerdo y sin consenso. El gobierno del PSOE nos aseguró que la crisis no la pagarían los trabajadores, y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral.

Pero Zapatero cambió de parecer y se mostró partidario de una reforma laboral, asegurando que no reduciría el coste del despido. Por el contrario, en junio de 2010, fue aprobada una reforma que abarataba el despido, sin consenso con los sindicatos y sin votos en contra del PP en el congreso. El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso.

A nadie  le sorprendió que el PSOE con el tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012

Hubo una huelga general contra la reforma el 29 de septiembre de 2010. Hablamos de una norma que facilitaba los descuelgues salariales, abarataba y aumentaba las causas del despido, legalizaba las ETT en sectores anteriormente prohibidos, etc. Después se aprobó una reforma drástica del sistema de pensiones, que elevaba la edad de jubilación a los 67 años, endurecía el acceso a la pensión, así como el cálculo para su acceso.

Con la reforma, cada año es más difícil jubilarse, exigiendo más años cotizados y más edad, año tras año hasta el 2027. UGT y CC OO pactaron la reforma, lo cual era sorprendente, dado que ambos sindicatos históricamente defendían la jubilación a los 60 años, recordando que se opusieron a la reforma de pensiones de 1985 que era mucho menos agresiva, llegando en el caso de CC OO a convocar una huelga general. Además, UGT y CC OO criticaron que Felipe González incumpliese su promesa de rebajar la edad de jubilación a 64 años. En definitiva, a nadie  le sorprendió que el PSOE con este tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012.

Las promesas del PP

El PP nos prometió que cuando llegasen al Gobierno no subirían el IVA, ni abaratarían el despido. Pero muy pronto vimos que fueron algunas de sus primeras medidas. González Pons llego a prometer que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo en cuatro años. El entonces responsable de comunicación del PP dijo también: “No vamos a abaratar el despido”. Entonces, la reforma laboral de 2010 era ya un hecho consumado. El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nos advirtió de la dureza de la reforma laboral que iban a aprobar. Recordemos que antes de aprobarse, el ministro De Guindos dijo ante las cámaras a un comisario europeo que la reforma laboral seria “extremadamente agresiva”. Días antes ya habíamos visto en la tele a Rajoy diciendo al primer ministro finlandés en Bruselas que “la reforma laboral me va a costar una huelga general”. En realidad, fueron dos huelgas generales: el 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012.

Recordemos que la nueva norma suponía numerosos ataques al mundo del trabajo, tal como estaba exigiendo el gran capital. En el propio preámbulo se hacía referencia textual: “Presiones de los mercados financieros […] hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español”. La reforma eliminaba la necesidad de autorización administrativa de los ERE, aumentaba las causas de los despidos, se abarataba el despido, etc.

Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho sobre las anunciadas derogaciones de la reforma laboral. Comprobaremos que se nos ha mentido, eso es un hecho irrefutable

En 2012 y en los años siguientes se repitieron los pronunciamientos entre dirigentes de PSOE, UGT, CC OO, IU, y más tarde, de Podemos tras su fundación, sobre la necesidad de derogar esta reforma laboral. El PSOE dio muestras de apoyo a las huelgas generales de 2012, y llamaron a la participación en un video. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, al considerar “que atenta contra los valores constitucionales y ataca el estado de derecho”. Pedro Sánchez, cuando fue elegido secretario general del PSOE en 2014 afirmó: “Las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral, tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores, como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”. Nos aseguraba que no iba a permitir que se consolidasen los recortes laborales e incluso que “la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”.

En 2015, el PSOE se presentó a las elecciones prometiendo que derogarían la reforma laboral por completo y por decreto. En el debate electoral entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el líder del PSOE dijo por televisión ante millones de personas: “Nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral”. En el programa electoral del PSOE de 2016 se puede leer lo siguiente: “Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales”.

En 2016 Pedro Sánchez decía que “Mientras Rajoy lo único que hace es intentar sumar escaños para perpetuarse en el poder, nosotros vamos a hablar de las políticas progresistas, si así lo quieren el resto de partidos de izquierdas. Se trataría de un Gobierno que derogue la reforma laboral”. En febrero de 2018,  la portavoz del PSOE de Servicios Sociales, Elvira Ramón, aseguraba en el parlamento que era “indispensable derogar la reforma laboral”. En junio de ese año Pedro Sánchez era investido presidente tras una moción de censura. Una vez en el poder todo cambio.

El PSOE y Pedro Sánchez afirmaron en numerosas ocasiones que derogarían la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero todo cambió nada más llegar al poder

La nueva ministra de Trabajo del gobierno del PSOE, dos días después de su nombramiento indicaba en La Razón: “La reforma laboral no se pude derogar alegremente”. Entonces comprobamos que la reforma no se derogó en el primer consejo de ministros de Pedro Sánchez, ni en los siguientes. A finales de 2019, PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo de Gobierno que se plasma en un documento en cuya  pagina 3 ponía: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pasaron los meses y no se derogó, pese a que nos prometían desde Podemos que se derogaría por completo.

En enero de 2020, Rafa Mayoral planteaba que “de la reforma laboral del PP no van a quedar ni los palos del sombrajo”. El 20 de mayo de 2020 se publica un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el que se exponía que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”.

En una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral tuvo una duración de dos o tres horas; el PSOE se desdijo del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos

Pero en una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco tuvo una duración de dos o tres horas. El PSOE se desdice del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos. Pablo Iglesias respondía “En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el Gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición”.

Mentiras, mentiras y mentiras

Hace tan solo dos meses, Pablo Echenique criticaba en twitter la ambigüedad respecto al presidente del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral. Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho desde entonces. Comprobaremos que se nos ha mentido, es un hecho irrefutable. Se llegó a un punto en el que solo se hablaba de lo que NO se iba a derogar de la reforma laboral. Las tibiezas del PSOE al respecto eran criticadas por dirigentes de Podemos, hasta que esas tibiezas dejaron de ser monopolio del PSOE.

En octubre de 2021, la ministra Yolanda Díaz aseguraba en el Congreso de CC OO que iba a “derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias”. Pero días después decía que técnicamente no era posible derogar la reforma laboral, y que no se iba a derogar el abaratamiento del despido aprobado en la reforma laboral de Rajoy. Es decir, se advertía de que no se iba a recuperar la indemnización por despido previa a la reforma de 2012. Era algo que ya había dicho anteriormente desde el PSOE, y que había sido criticado desde Podemos. Por tanto, se dejaba intacto uno de los aspectos más lesivos de la reforma, sin olvidar que el despido ya se había abaratado previamente al año 2012 en más de una ocasión. Este cambio de parecer, provocó las críticas de Mas País. Iñigo Errejón tras conocer el acuerdo entre sindicatos, Gobierno y CEOE planteó que esperaba que la reforma no fuera “descafeinada”. En este sentido, finalmente se presentó un acuerdo pactado entre CC OO, UGT y la patronal que no derogaba por completo la reforma laboral, tal y como nos habían prometido desde el gobierno,  y también habían exigido los sindicatos mayoritarios.

El Gobierno, que llevaba dos años anunciando y prometiendo la derogación de la reforma laboral, finalmente no la ha derogado. Esto no quiere decir que el acuerdo tenga cuestiones positivas. Todo cambio a mejor bienvenido sea. Se suprimen facilidades que implementó el PP para hacer ERE en el sector público. Se incide en causalizar con precisión los motivos de la contratación temporal. Aumentan las sanciones por contratación temporal fraudulenta. Se elimina el contrato de duración determinada por obra y servicio, se introduce el derecho a la información al trabajador temporales sobre vacantes fijas, etc. Pero recordemos que en esta materia el Ministerio de Trabajo defendía introducir  un porcentaje máximo del 15% de temporalidad en las empresas. Hubiese sido mejor recuperar una normativa muy positiva para prohibir la temporalidad abusiva en las empresas. Estos topes fueron suprimidos en la reforma laboral de 1984. Ha habido una oportunidad histórica para recuperarlos, pero a última hora se ha renunciado a ello, y por tanto no podemos estar contentos.

En su lugar se ha aprobado que se puedan establecer límites máximos en los convenios. Medida mucho más ambigua, e infinitamente menos efectiva que la propuesta anterior. Además, se crea una nueva modalidad de contrato temporal para situaciones imprevisibles y ocasionales con una duración máxima de 90 días en un año. En los próximos meses tendremos que valorar cómo incide la nueva norma y evoluciona la contratación indefinida y temporal. Por otro lado, aunque hay algunas mejoras respecto a la subcontratación, el Ministerio de Trabajo proponía prohibir que las empresas subcontratasen trabajadores para realizar la misma actividad, algo que hubiese sido positivo, pero que tampoco se ha incluido. Por otro lado, sigue vigente la normativa que permite aplicar un ERE incluso en empresas con beneficios. Continúan vigentes numerosas causas para aplicar despidos colectivos, así como la referente a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo reflejadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Hay avances en la recuperación de la ultraactividad, aunque ya existían sentencias favorables al respecto. En todo caso la nueva redacción es demasiado compleja. Tampoco se recupera el nivel de cantidades a pagar a los trabajadores que anteriormente asumía el FOGASA, y el recorte aprobado anteriormente, se mantiene. Pero reiteramos que el abaratamiento en las indemnizaciones se deja tal como quedo en la reforma laboral de 2012, y tampoco se recuperan los salarios de tramitación. No se recuperan los 45 días por año con tope de 42 mensualidades, y nos quedamos con los 33 días y 24 mensualidades de tope. El abaratamiento del despido se refuerza, consolida y se presenta como intocable, pese a que nos prometieron derogar lo más “lesivo”. ¿El abaratamiento del despido no era un aspecto lesivo?

Pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral

Es una pregunta muy oportuna, ante los defensores acríticos de este acuerdo. Una vez más, UGT y CC OO aceptan, lo que hasta ahora consideraban inaceptable. En definitiva, lo que se ha pactado no es la derogación de la reforma laboral, que era el compromiso y promesa de este Gobierno. Por tanto, pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral. La normativa anterior a 2012 ya era extremadamente precaria, y se mire por donde se mire, no se recuperan todos los derechos que nos arrebató la reforma de Rajoy. El despido sigue siendo muy fácil para las empresas, e igual de barato que con el PP. Parece ser que si gobierna la derecha se puede imponer una reforma laboral sin consenso y sin los sindicatos. Pero si gobierno la “izquierda” no se puede aprobar sin el visto bueno de la CEOE. En los últimos procesos electorales millones de votantes, votaron a partidos con programas que prometían la derogación  de la reforma laboral, y que ahora gobiernan. Finalmente no han cumplido. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE. La excusa de la “correlación de fuerzas”, esta históricamente demasiado gastada y usada para justificar el incumplimiento de promesas, y cuestiones que son del todo injustificables.

Algo falla, cuando defensores de la reforma laboral del PP, consideran una buena noticia el acuerdo. El editorial de ABC ha sido muy clara al respecto: “El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE es de mínimos y proviene de una cesión de todos para contentar a Europa. Pero por suerte no supone la derogación de la norma del PP de 2012”. En la misma editorial se indica: “En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición”. Además añade que “El acuerdo es en definitiva una buena noticia”. Hay más artículos publicados en los últimos días en la prensa en los que también se indica que poco cambia con la nueva reforma laboral. De hecho, se habla constantemente de lo que NO se modifica. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, decía en Antena 3 que el Gobierno “planteaba al principio una derogación absoluta de la reforma”, pero se congratulaba de que al final había “quedado una renovación bastante razonable”.

Un artículo en La Razón señala que “si uno examina de cerca el contenido de la contrarreforma laboral promovida por el Gobierno y aceptada por los agentes sociales, comprobara rápidamente que los acuerdos alcanzados no afectan al núcleo de la reforma laboral de 2012”, añadiendo que “los elementos esencial de la reforma laboral de 2012 ya forman parte del consenso político nacional”. La Conferencia Episcopal también ha considerado muy positivo el acuerdo. El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha valorado positivamente el acuerdo. Por otro lado, el ex ministro Jordi Sevilla ha explicado que encuentra “totalmente reconocible la actual reforma laboral pactada” con el acuerdo de gobierno que el PSOE llego con Ciudadanos en 2016. El exministro añade en twitter que “Yolanda Díaz lo criticó y se opuso. Me alegro que haya cambiado de opinión”. Hace no mucho escuchábamos la expresión “el miedo va a cambiar de bando”. Pero está claro que con esta reforma, no es así. Por su supuesto, ya no solo no se dan por perdidos numerosas agresiones de las reformas laborales de 2010 y 2012, además reivindicaciones históricas como las 35 horas semanales, el fin del despido libre pagado, etc., ni se nombran.

Mientras tanto, sindicatos como ELA, CIG, LAB y CGT han mostrado sus críticas a esta reforma laboral, que por cierto tiene que pasar por el Parlamento, donde es previsible que partidos políticos como ERC, BNG, Mas País o EH Bildu, hagan enmiendas que avancen en la derogación de contenidos de la reforma laboral de Rajoy que han quedado intactos. ¿Qué votará al respecto el grupo parlamentario de Unidas Podemos?.  Es una pregunta relevante e interesante. Y para terminar el artículo, seguimos haciendo preguntas, porque nueve años después de la reforma laboral, dos años después de la formación del Gobierno de coalición… ¿si nos prometieron derogar la reforma laboral, porque no la han derogado? Aunque la nueva reforma laboral recupera derechos, ¿qué ocurre con los que da por perdidos? ¿Si no se deroga ahora con una mayoría parlamentaria más que suficiente, cuando se derogará? ¿Por qué esperar dos años para al final no derogarla por completo? ¿Por qué se mantiene el abaratamiento del despido? Si la reforma de 2012 provoco despidos masivos al eliminar la necesidad de autoridad admirativa en los ERE, ¿por qué se mantiene la falta e inexistencia de control administrativo en los ERE? Si decían que la reforma laboral era tan mala, por qué no la han derogado íntegramente tal y como nos habían prometido?

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España: Los sindicatos estudian demandar a Ayuso tras sus declaraciones sobre los sanitarios

Por: Sara Plaza Casares

“Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”, aseguraba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas declaraciones con las que los representantes sindicales consideran que calumnia y desprestigia a los profesionales.

“Nos está pasando frecuentemente que dependiendo del centro al que acudan, la atención al ciudadano es distinta, vamos a estar sobre ello“. ”Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”. Estas dos frases, emitidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante este martes en una entrevista en EsRadio, han desatado la tormenta entre el sector sanitario.

Así, los cinco sindicatos de la mesa sectorial, (CC OO, AMYTS, CSIT, UGT y SATSE) estudian tomar acciones legales contra la presidenta por una palabras que consideran que “demonizan a los trabajadores”. “La presidenta abandona la salud de los madrileños y mientras acosa y machaca a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la Salud de todos”, aseguran en una nota de prensa e inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.

Los sindicatos inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.

Mientras, Madrid sufre una escalada de contagios y ayer marcaba cifras récord en toda la pandemia, con más de 11.000 nuevos casos y la variable Omnicrom ya representa el 80% de la transmisión, la Atención Primaria hace aguas entre unos profesionales saturados, que afrontan esta ola con agendas de más de 70 pacientes por día y con plantillas en cuadro, sin reposición de bajas.

Al tiempo, los refuerzos covid, aquellos que encadenan contratos desde el inicio de la pandemia, ven un futuro incierto a 31 de diciembre, con posibles despidos tal y como contaba ayer El Salto. Del otro lado, Ayuso promete que se mantendrán los 11.300 contratos realizados a tales efectos, pese a que los trabajadores estén recibiendo noticias opuestas.

La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos que venden en farmacias, sin realizar PCR de comprobación del resultado. Un “nuevo procedimiento” que incluye una llamada al teléfono de atención por coronavirus y sólo contactar con el centro de salud si se presenta fiebre de más de 38 grados o dificultad respiratoria.

La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos

“Sería de agradecer que el Consejero de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria salieran inmediatamente a hacer declaraciones para defender a sus profesionales frente a las acusaciones de la Presidenta”, continúan los sindicatos de la mesa sectorial, quienes exigen una rectificación inmediata“.

Estas no son las primeras declaraciones de Ayuso contra el personal sanitario. ”Lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y sabotear el Zendal“, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid a principios de este año en la Asamblea de Madrid. Declaraciones que fueron acompañadas de una denuncia, presentada por la Consejería de Sanidad, en la que se relataba que ”desde la semana del día 18 de enero del 2021, se vienen produciendo una serie de sabotajes y daños”. A mediados de diciembre la fiscalía pedía el archivo de esta causa.

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España: Por qué los precarios del sistema universitario español no somos ciudadanos

Por: Pablo Sánchez León

Los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos, esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales.

La nueva legislación para la universidad propuesta por el ministerio Castells será la tercera desde 1983. Una crisis cada quince años apunta a que no se ha resuelto el problema fundamental: la precariedad, o el marcado dualismo de su “mercado de trabajo”, que las dos legislaciones universitarias anteriores de hecho contribuyeron a enquistar.

Para reducir la precariedad, la reforma propone fijar un límite del veinte por ciento de profesores sin contrato indefinido. Sin embargo, el problema no se resuelve estabilizando solamente al profesorado: la legislación debería contemplar también a los investigadores precarios, que vienen experimentando las peores condiciones laborales. Fijarse solo en los docentes es señal de que no se aspira a resolver los problemas de fondo. Es difícil no estar totalmente a favor de la estabilización laboral de todos los docentes, pero si de lo que se trata es de acabar con las fuentes de la precariedad, la estabilización debería suplementarse con una serie de garantías jurídicas.

Sin derechos sociales

Para comprender qué implicaciones tiene la precariedad universitaria vista en el tiempo resulta ilustrativo aplicar el esquema clásico de T. H. Marshall, que distingue entre ciudadanía civil, política y social.

Los precarios no tenemos en el lugar de trabajo reconocidos los beneficios sociales de que disfruta el resto de empleados universitarios. Aunque subsisten las becas y otras formas de remuneración que se acercan al destajo, desde hace un tiempo la mayoría de los precarios universitarios tienen con la administración algún tipo de contrato que conlleva derechos pasivos. Sin embargo, a los precarios no se nos permite solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación, para cuya evaluación hay que disponer de una relación contractual estable. Con ello se nos priva del complemento retributivo que premia la productividad del trabajo y que simboliza el reconocimiento de la ciudadanía social.

Hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios

La justificación que suele hacerse es que el trabajo realizado en formación y especialización no merece el mismo reconocimiento que el de un profesional de carrera. Pero esto ha dejado de ser así hace tiempo: hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios. Con la negativa a evaluar sexenios también se impide conocer cuál es la distribución del mérito y el prestigio en la comunidad académica.

Se dirá que con la estabilización este problema terminará, pues los docentes contratados de forma indefinida podrán solicitar la evaluación de sexenios. Sin embargo, las evaluaciones se efectúan aplicando criterios actuales con carácter retroactivo. Este procedimiento penaliza al investigador por no haber anticipado los baremos con los que se medirán en el futuro los resultados de su investigación.

Toda esa doble discriminación ha tenido efectos no solo económicos y sobre la carrera individual, sino sobre el conjunto del sector en el largo plazo. Teniendo en cuenta que la actual precariedad lleva instalada al menos desde la absorción de la gran bolsa anterior tras la entrada en vigor de la LOU en 2004, el resultado agregado es que la comunidad académica aparece hoy día marcada por un divorcio entre la distribución del mérito y el prestigio y la jerarquía interna de puestos de trabajo. Hace tiempo que entre los docentes superiores y los investigadores se rompió la relación entre estabilidad laboral y capacitación profesional.

Capacidades políticas desiguales

Los docentes e investigadores precarios tampoco somos en nuestros lugares de trabajo ciudadanos en cuanto a iguales capacidades políticas. En este terreno, el ministerio Castells ha propuesto que los catedráticos pierdan el monopolio que han disfrutado como candidatos a rector, pero al hacerlo ha puesto el foco sobre otras discriminaciones que atraviesan el mundo académico. La propuesta ministerial de hecho profundiza una desigualdad que se viene arrastrando desde la aplicación de la LOU entre funcionarios y no funcionarios: en el borrador de la nueva ley a los contratados doctores se les sigue excluyendo como candidatos a rector.

El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo

La capacidad política desigual que la propuesta ministerial reproduce afectará asimismo a los actuales precarios, muchos de los cuales, al igual que otros contratados doctores, tienen méritos comparables a los de muchos titulares. De hecho, la nueva legislación prevé una variedad de contratos indefinidos que anticipa el aumento de discriminaciones en capacidades políticas entre docentes, todas ellas arbitrarias.

En este terreno, para los precarios actuales llueve sobre mojado. El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo: a menudo no pueden ser designados para cargos, salvo como representantes de su colectivo laboral, y no pueden dirigir proyectos de investigación o de innovación docente. Muy especialmente no pueden formar parte de comisiones de contratación ni a menudo intervenir en la definición de las líneas de docencia e investigación o en la distribución de asignaturas. Esa discriminación se reproduce en las agencias de evaluación y elaboración de políticas universitarias de las comunidades autónomas y el ministerio, donde uno nunca encontrará a un precario, por el hecho de serlo e independientemente de sus méritos y prestigio, designado como asesor ni menos como miembro nato.

Marshall argumentó con buen criterio que la capacidad política es la dimensión central de la ciudadanía, ya que es la que garantiza la preservación de las otras, de igual manera que su deterioro o conculcación degrada el conjunto de los derechos ciudadanos.

Sin garantías de una valoración justa sobre méritos e idoneidad

Pero el terreno en el que la precariedad de los universitarios es excepcional y extrema es en el de los derechos civiles. Para Marshall esta es la base elemental de la ciudadanía moderna: su eje nodular es la igualdad ante la ley, y su expresión está en la garantía de un juicio justo.

Pues bien, desde el esquema del sociólogo británico los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos. Esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales. En el medio académico, cualquier reclamación sobre las decisiones de una comisión de contratación o un tribunal de oposición aboca a una vía de litigio con la administración, en la que esta ejerce de juez y parte: las universidades respaldan las decisiones de las comisiones, y los tribunales solo las revocan cuando es posible demostrar que se han producido defectos en los procedimientos.

En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción; La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente

Sobre el contenido sustantivo de lo que se litiga, la justicia no considera que tiene jurisdicción alguna. Es decir que en relación con conflictos surgidos en torno de la valoración de su esfuerzo y sus resultados en méritos, los docentes e investigadores del sector público español carecen de un tribunal adecuado que les haga justicia. Eso permite todo tipo de arbitrariedades, además de efectos perversos dada la composición del sector antes mencionada, con casos de miembros de comisiones con menos méritos que los candidatos que van a evaluar.

El sistema actual deja las evaluaciones efectuadas por estas agencias públicas en papel mojado. Las agencias de hecho no valoran los méritos de los candidatos, sino que simplemente avalan que estos cumplan unos requisitos mínimos para poderse presentar a plazas. No consideran que les incumba el uso que otras instancias hagan de sus avales aun cuando suponen una subversión de sus criterios de medida. Por eso a todo este sistema le va tan bien el modelo de acreditación cuantitativa, por índices de impacto de las revistas de publicación, a pesar de estar cada vez más cuestionado, como atestigua el movimiento a escala mundial DORA (Declaration on Research Assesment) en pro de una valoración cualitativa.

Corrupción sin responsabilidad

Esta indefensión jurídica de los candidatos está detrás de la precariedad endémica del sistema académico español. En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción, y las relaciones clientelares están bastante extendidas. La conciencia de que la corrupción académica es un enorme riesgo se comprueba en la cantidad de proyectos de investigación financiados por entidades supranacionales que tratan temas de ética profesional. La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente.

En otros países, esa conciencia impulsa mecanismos institucionales que permiten evaluar en el tiempo las decisiones estratégicas de las universidades en general y las comisiones de contratación en particular. De esas evaluaciones se nutren entre otros los rankings internacionales sobre prestigio académico.

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes

A nadie puede extrañar que no haya universidades públicas españolas entre las primeras del mundo; las más jóvenes no figuran además entre las más dinámicas, lo cual señala que el patrón disfuncional a menudo arranca ya con el nacimiento de los nuevos campus. Incluso las que destacan en el ranking internacional lo deben a que entre los trabajadores del mundo académico los hay altamente vocacionales, y existen minorías hiperactivas que salvan la cara al conjunto de una comunidad profundamente desequilibrada. Todo esto tiene origen en los procedimientos de selección y promoción de profesores e investigadores. Es algo que no se resuelve solo aumentando la financiación ni estabilizando al profesorado, por necesarias que sean estas otras políticas.

El talón de Aquiles del sistema español es que vuelve a las comisiones y tribunales de todo tipo irresponsables ante decisiones tomadas que comprometen a largo plazo el bien público que es la docencia superior y la investigación. Sin ese rendimiento de cuentas, no solo no se selecciona y promociona a los mejores, sino tampoco a los más adecuados. Para discernir la idoneidad de un candidato es esencial que los fines colectivos de la institución estén bien definidos a corto, medio y largo plazo, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los que toman decisiones de contratación.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes. Los que se marchan al extranjero y consiguen allí formarse y especializarse, lo deben a que se encuentran con criterios de evaluación menos sesgados, pero sobre todo a que no se les evalúa en el tiempo solo a ellos, sino a las instancias que decidieron su contratación.

La administración española ni siquiera conoce la demanda real de docentes en investigadores disponibles en el mercado. Antes ya de la democracia, se decidió que la universidad imitase en su organización el modelo de la administración, sin tener en consideración que el capital humano, para desarrollarse sin provocar a su paso abusos y explotación (además de ineficiencia), es indispensable que fije objetivos que generen responsabilidad colectiva.

Identidades precarias resignadas

Marshall entendía que sin derechos civiles no puede hablarse de ciudadanía: lo que se viven son privilegios y exclusiones amparados jurídicamente. Desde su esquema, en la universidad española perdura el Antiguo Régimen, un mundo basado en la desigualdad ante la ley y la irresponsabilidad ciudadana.

Lo que su enfoque predeciría de un escenario así son elevados niveles de protesta colectiva, con movilizaciones recurrentes y eventualmente violentas. Sin embargo, entre los precarios académicos españoles no domina la idea de que acabar con su discriminación dependa de la acción colectiva, menos aún se halla extendida una conciencia de que el sometimiento que experimentan es una forma de sufrimiento inadmisible por innecesario.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”. Ninguno de estos tipos de trabajadores figura entre los más propensos a protestar. Ambos tienen además en común que están bastante indefensos.

La ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación

Desde luego no cuentan con el apoyo adecuado de los sindicatos. Los representantes sindicales han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo en el sector público con la protección de trabajadores concretos independientemente de su contribución a los fines colectivos de la comunidad académica. Además en ellos suelen dominar los funcionarios docentes, que no sitúan en primer plano las reivindicaciones de los precarios, y tienden a interpretarlas desde la misma cultura corporativa que reproduce la precariedad. Con todo, no se les puede pedir que se sitúen por encima de unas instituciones que no fomentan la responsabilidad.

La falta de criterios de valoración ligados a fines colectivos evaluables deja a los docentes seleccionados a merced de relaciones con superiores que no se basan en el mérito, y para las que no cuentan con recursos políticos adecuados. Con todo, los investigadores lo tienen aún peor, pues sus contratos suelen ser más cortos y, en los períodos de carencia, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de financiación más degradantes; dentro de este colectivo, el más segmentado es a su vez el de las mujeres.

Una alternativa de justicia y responsabilidad

Pese a la buena intención del ministerio Castells, con la nueva legislación la tentación es grande de repetir el curso de las dos anteriores: resolver el problema de una gran bolsa de precariedad, pero a costa de asentar el marco de la siguiente. La ley puede además quedar empañada por una reducción futura en la financiación, que enquistaría aún más la desigualdad interna a la universidad española. Marshall señaló cómo esas oscilaciones en la financiación de los servicios públicos convierten a la ciudadanía misma en fuente de desigualdad.

Dejada así, la ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación. Resolver el problema de la precariedad en la universidad española implica dar pasos para establecer una cultura académica que asegure la responsabilidad de quienes toman decisiones, de manera que rindan cuentas por decisiones que afectan a la calidad de la docencia y la investigación, y por tanto a los estudiantes y la sociedad entera.

Por encima de todo, hay que resolver un problema de falta de derechos civiles elementales. Ahí la intervención institucional es obligada; pero por suerte también puede ser habilitada con bastante facilidad. Se trata de establecer comisiones de apelación que acojan denuncias de arbitrariedad en relación con la evaluación de los candidatos a contratos o plazas.

Estas comisiones podrían existir a escala de universidad y de comunidad autónoma; incluso podría haber un tribunal superior dependiente directamente de la Conferencia de Rectores. No soy jurista y solo puedo esbozar los ejes fundamentales de ese tipo de instancias. Sus miembros deberían proceder de otras universidades y otros campos de conocimiento, y una proporción de ellos deberían ser extranjeros. No deberían estar formadas solo por titulares y catedráticos, y la designación debería estar vinculada al mérito y prestigio, no al escalafón laboral.

La clave es que haya una reevaluación por pares de los méritos y la idoneidad de los candidatos denunciantes. Esto obligará a que las universidades asuman compromisos con fines colectivos medibles, de manera que las comisiones queden sujetas a rendimiento de cuentas. Las comisiones de apelación se situarían así en el eslabón inferior de una cadena de exigencia de responsabilidad, que es lo que sigue faltando en una universidad cada vez más burocratizada. Hay que generar bienes públicos que limiten la corrupción del sistema, algo indispensable para que el dinero público invertido rinda frutos comunitarios.

Una inversión en universidad que no parta de un diagnóstico completo y dinámico puede ser un esfuerzo malgastado. La disyuntiva que tiene delante el ministro Castells es entre una reforma más ambiciosa que solo la aprobación de la ley o una nueva huida hacia adelante que enquistará en el mundo académico un orden en el cual los precarios no somos ciudadanos.

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