Por: Sara Plaza Casares
De 64,6 millones de euros a 127 millones. Las ayudas para estudiar Bachillerato, FP y Educación Infantil en centros privados aumentan casi un 100%, mientras se incrementan las cuantías y la renta per cápita de las familias que pueden optar a ellas.
La Comunidad de Madrid presupuestó un total de 9 millones de euros para las becas al alumnado que cursó Bachillerato en centros privados durante el curso 2021/2022. El próximo ha asignado 43, 5 millones de euros para estos menesteres. 18, 5 millones destinó a los estudiantes de Formación Profesional (FP) de Grado Superior en escuelas gestionadas por empresas. Más de 30,5 millones tiene preparados para este año escolar. Además, va a destinar más de 2,4 millones para los que cursen un FP de Grado Medio, beca que no existía el curso pasado. Si a esto se le suman las ayudas a las niñas y niños que acudan a Escuelas Infantiles privadas, que pasan de los 37, 1 millones a los 50,6, se obtiene que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha duplicado la partida dedicada a becas privadas para el curso 2022/2023.
Según los cálculos realizados por El Salto, las ayudas para cursar en aulas privadas pasarán de los 64,6 millones a 127 millones. Un aumento que responde al incremento de las cuantías, que pasan de los 3.000 a los 3.700 euros en Bachillerato, de 1.770 a 2.212 en FP y de 1.146 a 1.524 en Infantil. Pero, sobre todo, a la polémica flexibilización en las condiciones para acceder a ellas.
“Las rentas medias son las que siempre pagan y no reciben nada”. Con este argumento, Ayuso defendía la decisión de su gobierno de aumentar el margen en los ingresos de las familias que pueden acceder a una ayuda para estudiar en centros privados: de 10.000 euros de renta per cápita al año a 35.913 en el caso de Bachillerato, de 25.000 a 35.913 en el caso de Infantil y de 20.000 a 35.913 en el caso de FP. Así, el curso que viene, familias compuestas por dos progenitores y un hijo que ganen hasta 107.739 euros podrán acceder a este pack de ayudas.
Política fiscal a la inversa
“No son becas, son unos cheques escolares que en realidad es una política fiscal, un modelo de redistribución a la inversa, al contrario de lo que marca la Constitución Española que dice que hay que dar más al que menos tiene”, expresa a El Salto Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, para quien las becas son mecanismos para paliar las desigualdades y estas ayudas pretenden todo lo contrario. Y añade más: “Estamos asistiendo a una desviación de fondos públicos a manos privadas para garantizar la supervivencia de unas empresas que no están en la lógica del libre mercado. Es un vuelco también al modelo económico que dicen defender, el del libre mercado”, añade.
Galvín habla de una medida que es una “desvergüenza” que, lejos de favorecer a las clases medias como anunciaba Ayuso, favorece a las clases más ricas. Desde su sindicato calculan que a un 5%. “Y es que estamos hablando de centros de Bachillerato de excelencia que cuentan con matrículas que pueden alcanzar más de 6.000 euros al año y de ayudas que no cubren ni la mitad de la matrícula”, detalla quien insiste en que, aunque estos “cheques”, sobre el papel, sean para todas las familias que quieran acceder a la privada, no todas pueden pagar matrículas de ese calibre, ni aún con esa ayuda.
“Estamos hablando de unos regalos fiscales con el objetivo claro de que el dinero vaya a empresas afines, muchas de ellas no vienen del mundo educativo. En FP están entrando hasta los fondos buitre”, advierte Galvín.
Una desigualdad que se incrementa
Y todo en una comunidad con grandes desigualdades, que se acrecientan cada año. Según el último informe de Unicef, La Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid, los niveles de desigualdad de ingresos de las familias en los que viven los niños y las niñas de la Comunidad de Madrid superan a los del resto de España. “Los ingresos del 20% más rico son de media 7,5 veces mayores que los del 20% más pobre, mientras que en España esa desigualdad es un punto porcentual inferior de media en las dos últimas décadas”, avisan en este documento, elaborado con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2020.
“Esto solo va a generar más desigualdad y más segregación. Y tenemos la bandera por ser la ciudad más segregadora de Europa. Con esto seguimos ese camino de involución que muestran las estadísticas”, declara Mari Carmen Morillas, presidenta de la federación de asociaciones de madres y padres del alumnado madrileño, FAPA Giner de los Ríos.
Cosas que pasan en la comunidad que cuenta con un mayor PIB, pero que menos invierte en educación por alumno, según los datos que recoge el Ministerio de Educación en el último informe de 2022. La región gobernada por Ayuso destina 4.443 euros por alumno, frente a una media estatal de 6.230
Salidas privatizadas
Mientras, durante el pasado curso, y según los datos de CC OO, 30.000 estudiantes se quedaron sin plaza en la FP pública. Morillas denuncia que los ciclos de formación con más salidas están copados por la privada. Y pone como ejemplo las titulaciones deportivas, hecho que han manifestado de manera reiterada en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid mediante votos particulares a los proyectos de ofertas formativas.
“La mayoría de las enseñanzas deportivas se ofertan en la privada, la enseñanza pública es testimonial. O tienes dinero o es imposible poder acceder. Tienen mucha demanda, alta empleabilidad y la oferta es mínima”. La presidenta de la FAPA pone como ejemplo el ciclo de formador en escalada. “Solo se iba a dar en la privada, nosotros preguntamos por qué no lo incluían y nos respondieron que no había espacios educativos acondicionados en la pública. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es invertir en la pública para poder ofertar estos cursos”, expresa Morillas. El pasado mes de marzo su organización se oponía a los proyectos para diseñar el título de Técnico Deportivo en Balonmano y Técnico Deportivo en Piragüismo en diferentes modalidades. En ninguno de los casos se contemplaba su impartición en la pública.
Para Isabel Galvín, las políticas educativas de Ayuso están dibujando “un escenario excluyente de naturaleza. Las ayudas a la privada van en paralelo a la exclusión de decenas de miles del sistema. Es una estafa social y muy cruel con todos los que se quedan fuera”, concluye.
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