España: Catalunya elimina el 11% de las plazas escolares públicas y fuerza a las familias a matricular a sus hijos en la concertada

Por: Emma Zafón y GessamiForner

Catalunya no cubre la demanda existente de plazas en la red pública en el periodo de preinscripción para el curso 2022/23.

Ni para el inicio de la escolarización infantil, que arranca en el curso P3, ni para la educación secundaria, Catalunya ofrece suficientes plazas de educación pública, a pesar de la demanda existente y la obligación legal de atenderla, como exige el artículo 109 de la Lomloe. El modelo educativo que se reproduce en cada gran ciudad catalana, y que alcanza la cúspide en el área metropolitana de Barcelona, provoca que miles de familias atraviesen el periodo actual de preinscripciones como una angustiosa gincana. El motivo principal es la endémica falta de plazas en los centros de enseñanza públicos, una realidad que se ha perpetuado desde los inicios de la masiva escolarización de la clase trabajadora y que lleva décadas supliéndose con los remiendos de la educación privada y concertada, que ofrece muchas más plazas de las necesarias.

Según los datos de la Affac, la federación de ampas de Catalunya, a pesar de la demanda de las familias, Educación ha eliminado para el próximo curso el 11% de las plazas públicas de P3 (5.322) y el 1% de la ESO (385), pasando de 49.244 a 43.922 y de 53.250 a 52.865, respectivamente y en comparación con el curso 2021/22. Sin embargo, en la red privada, solo ha eliminado el 11% de las plazas ofertadas en P3 (2.587), pasando de 23.421 a 20.834, a pesar de que hay una evidente sobreoferta (el 35% del alumnado cursa en la red concertada), e incluso ha incrementado ligeramente (10 plazas) las ofrecidas en secundaria, de 6.767 a 6.777. El grueso de plazas de institutos privado concertados no se oferta en el periodo de preinscripción, dado que ya están ocupadas por el alumnado de primaria de esta red.

En Barcelona, la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat ha denunciado que en la oferta inicial en el proceso de preinscripción para el próximo curso, el Consorci d’Educació de la ciudad ofreció 5.761 plazas públicas, mientras que se han solicitado 5.977. Un total de 216 niñas y niños se han quedado sin plaza pública. Mientras que los centros privado concertados han ofrecido 6.253 plazas y solo han recibido 4.775 solicitudes de ingreso. Sobran 1.478 plazas. A pesar de que no serán ocupadas, recibirán financiación pública.

La Administración argumentó la eliminación de plazas como “una bajada de ratio” en la educación pública, de 23 a 20 alumnos por aula, aseguró el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. “No es una bajada de ratio, es un cierre de plazas públicas, porque si solo bajas la ratio y no aumentas los grupos de los centros, te limitas a ofrecer menos plazas en la red pública, y a empujar al alumnado a ir a la red privada concertada”, alerta Lidón Gasull, portavoz de Affac.

Esta situación ha tocado techo en Barcelona, ciudad que, “a nivel educativo, es una anomalía”, asegura Quim Serra, profesor de secundaria que formó parte del Consell Escolar del Distrito de Gràcia entre 2012 y 2015. “Este modelo nace de dos ramas diferentes: una se corresponde con los colegios impulsados por la Iglesia y, la otra, con la red de escuelas cooperativas surgidas en los 70. De esta última rama, hubo centros que se integraron en el sector público y centros que no lo hicieron”. De aquí, junto con los religiosos, surgió la reconversión a la concertada como complemento a la insuficiente oferta pública de las zonas más densamente pobladas. “Replantear este modelo encuentra ahora diferentes barreras: la primera sería ideológica, porque ha habido un consenso desde la Transición sobre que ambos sistemas, público y privado, deben complementarse; la segunda sería económica, puesto que construir nuevos centros es caro y, además, los costes laborales de la pública son mayores; y la tercera barrera es la urbanística, de escasa disponibilidad de suelo”.

Una vecina del barrio de Sant Andreu no consiguió que su hija entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria, cursa en un centro religioso investigado pedofilia y con un suicidio por bullying

La perversión del sistema

La concertada no ha dejado de representar un modelo segregacionista y, con frecuencia, religioso, pero no por ello ha encontrado dificultades para encontrar cobijo en los Gobiernos que se han sucedido en la Generalitat. El resultado es que, cada año, miles de alumnos se ven obligados a acceder a cualquiera de estos centros pese a la firme oposición de sus familias que, por militancia o por recursos económicos, prefieren la pública. Pero la perversión del sistema no acaba aquí: una vez aceptada la derrota en el acceso a primaria las familias asumen que es posible que sus hijos nunca pisen un centro público durante la enseñanza obligatoria, puesto que, al haber entrado en la concertada, carecerán de puntos en la preinscripción a secundaria.

El caso de la hija mayor de Alba Fernández Pous, en el barrio de Sant Andreu. No consiguieron que entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria. No consiguieron sacarla de la concertada y es más que probable que ahora, con 12 años, tampoco tenga una plaza pública de secundaria. Hay más en su historia: la escuela en la que la joven se ha visto obligada a cursar la primaria, pese a los esfuerzos de su madre de sacarla de allí, es la religiosa Pare Manyanet, un centro que lleva meses copando titulares por el suicidio de Kira, de 15 años, tras haber sufrido bullying, y por acusaciones de presuntos abusos sexuales.

Y aún hay más: el informático del centro denunció el pasado marzo de 2021, poco antes del suicidio de Kira, que había encontrado 39 gigas de material pedófilo en el ordenador de un cura de la congregación, caso que actualmente está en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.

“Las docentes nos han tratado muy bien, pero el problema es el centro. Necesito sacar como sea a mi hija de allí”, explica Fernández Pous. A todo ello se añaden los motivos económicos: “No quiero seguir pagando las cuotas de la concertada ni el precio de todas las actividades que se llevan a cabo”.

De media, contando la cuota y el precio de excursiones y material, la cuota puede oscilar entre 400 y 500 euros al mes. “Es cierto que te garantizan una plaza pública donde sea —continúa Fernández Pous— pero eso en una ciudad como Barcelona es prácticamente imposible. Estoy separada, tengo otro hijo más pequeño y trabajo de lunes a viernes, ¿cómo lo hago para acompañar a mi hija si le dan una plaza en otro barrio, volver a casa y llevar al pequeño al colegio, luego ir yo al trabajo y por la tarde vuelta a empezar?”.

“Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada”, critica David Gómez, del barrio de Gràcia

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