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Andalucía, el mayor sistema educativo del país ante las elecciones autonómicas

El que fuera bastión del PSOE durante más de tres décadas, cayó en manos del PP y C’s que, junto a Vox han estado gobernando durante los últimos años el mayor sistema educativo del país. En unos días, las y los andaluces pasarán de nuevo por las urnas para, según parece, revalidar a las derechas en el Gobierno, esta vez, sin Ciudadanos y con una extrema derecha con muchos más apoyos.

Cifras globales

Las cifras globales de la educación andaluza son, a veces, un tanto desbordantes. Con unos 140.000 docentes entre la pública y la concertada (prácticamente 100.000 están en centros públicos) y con sus casi 1,6 millones de estudiantes no universitarios, Andalucía es por derecho propio el mayor sistema educativo de todo el país. Con una inversión, además, que se ha más que duplicado en las dos últimas décadas. Y conserva una proporción de escolarización en la pública del 73 % del alumnado, a pesar de las tensiones hacia la privatización que se han venido desarrollando en la última década, sobre todo.

Andalucía tiene 1.792.021 estudiantes, desde educación infantil hasta de régimen especial y de adultos. De esta cantidad, 1.370.814 están en el sistema público y, el resto, principalmente en el concertado (329.729).

El alumnado se reparte entre una inmensa mayoría de centros públicos, salvo en el caso de los de educación especial, en los que la proporción es uno público por tres concertados.

Como ocurre en buena parte del país, es el sistema público el que acaba absorviendo a la mayor parte del alumnado con dificultades, sean de la índole que sean, así como el extranjero.

En los siguientes gráficos se puede ver cómo ha evolucionado la matrícula de chicas y chicos de origen extranjero, tanto en centros privados como públicos de la comunidad autónoma. Salvo el primer año (2000-2001) en el que el 39,7 % estaba en privados, el resto de los años la proporción es bastante menor, sin llegar al 25 %.

Según las cifras oficiales, Andalucía tiene un volumen pequeño de población extranjera matriculada. Según los últimos datos de la adminsitración, del curso 2017-2018, en educacion primaria suponían un 5,3 %; en primaria, 5,7 % y en secundaria obligatoria, 5,8 %. Pero las variaciones entre las provincias son enormes.

Almería y Málaga se llevan la palma en cuanto a escolarización de alumnado extranjero. Sobre todo la primera que supera entre tres y cuatro veces la media andaluza y, comparada con Jaén, provincia con la menor proporción de migrantes, multiplica por casi 11 en infancil; nueve en primaria y 7,6 en secundaria obligatoria.

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, Andalucía no es una excepción. La mayor parte de estas chicas y chicos se encuentra, como puede verse, escolarizados en centros públicos ordinarios. En este mapa se puede ver al alumnado con NEE según provincia y titularidad del centro. En la parte superior, se puede elegir enter pública y privada y así ver cuál es la proporción de este alumnado (en el que se encuentran chicas y chicos con discapacidad motora, auditiva, con trastornos de la personalidad, etc.).

En la última década el sistema educativo andaluz ha vivido muchos cambios. Tal vez uno de los más importantes tenga que ver con sus cifras de abandono escolar temprano. Por unas cosas u otras, esta autonomía ha conseguido dejar prácticamente en la mitad las cifras que de AET que llevaba arrastrando año tras año. Unas cifras que, en el global, todavía la sitúan fuera de los objetivos europeos, pero en el buen camino.

Es verdad que mirada la estadística, nuevamente, ellas sí han conseguido con creces el objetivo marcado para España en el 15 % mientras que ellos están un poco por encima del 20 % todavía. Incluso a pesar del salto cualitativo tan importante que supuso la pandemia y el confinamiento, en general, en los resultados académicos en todo el país.

Aunque haya que esperar todavía para ver cómo continúa la tendencia o si el efecto pandemia se queda aquí en el tiempo, lo que está claro es que el esfuerzo realizado por el sistema y la sociedad en su conjunto ha sido grande.

A pesar de esto, quedan algunas otras cuestiones que habría que ir resolviendo como, por ejemplo, las tasas de idoneidad a los 15 años. Se trata de porcentaje de alumnado que a esa edad está matriculado en el curso que le corresponde por edad y no ha repetido ningún año en su década de escolarización.

Como en los datos de AET, aquí pueden verse las diferencias por sexos también. Mientras que el 75 % de las chicas están en el curso que les corresponde, tan solo el 66,8 % de ellos lo está, aunque hay que reconocer una constante mejora de la situación desde 2005. Diferentes estudios relacionan la repetición y la tasa de idoneidad con el sentimiento de desenganche del sistema educativo que puede conducir al abandono temprano.

El presupuesto que la Administración andaluza dedica no ha dejado de crecer desde 2014, desde ls grandes recortes que ya comenzaran en 2010 y se agrandaran tras la entrada del PP a la Moncloa en 2012. El mayor incremento se aprecia en el último de los presupuestos, empujado por los fondos llegados desde la Unión Europea y el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia.

Desinflar la pública

En los últimos años, diferentes plataformas y sindicatos han venido denunciando el cierre de aulas públicas por todo el territorio. La excusa, como en otras autonomías, es el descenso de la natalidad. Algo que contrasta, en cualquier caso, con el hecho de que las aulas y unidades privadas (la estadística del Ministerio de Educación y FP no segrega privada de concertada) ha venido creciendo o, como mucho, disminuyendo en un grado muy inferior.

«Vemos que se produce desmantelamiento de la pública como pilar de la igualdad de ooportunidades». Son palabras de Marina Vega, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía. Desde su punto de vista, el mandato que se cierra este domingo ha tenido un marcado carácter privatizador; por el apoyo a la concertada y, sobre todo, «dejando morir a la pública».

Foto: USTEA

La situación del cierre de aulas públicas ha supuesto, según afirma buena parte de la comunidad educativa, un aumento de la ratio en los centros, al tener que reubicar a niñas, niños y adolescentes de las líneas e incluso centros cerrados. Esta situación ha dado lugar a que se haya puesto en marcha hace unos meses una ILP que busca llevar al Parlamento andaluz la negociación de una bajada de ratios por vía legislativa. De momento van a buen ritmo con la recogida, aunque se plantean la petición de una prórroga para asegurar el tiro.

En el curso 2010-11, había 375.451 criaturas escolarizadas en educación infantil; 262.525 lo estaban en la pública. Diez años después, en el curso 2020-21, la cifra global disminuyó hasta 325.841 criaturas. Una bajada de 49.610 matrículas en total, aunque en la pública se perdieron prácticamente 51.000 estudiantes, frente al aumento de casi 1.500 en la privada. A esto se suma que la pública perdió 1.205 unidades mientras la privada ganaba 1.283.

Algo similar ocurre en primaria. En la misma década la educación andaluza perdió 4.135 estudiantes, pero 3.883 fueron solo de la pública (y 207 unidades), mientras la privada perdía 252 estudiantes y ganaba 35 unidades.

Como confirman desde la patronal de la concertada, Escuelas Católicas, según la Lomloe, las administraciones educativas pueden reducir las aulas y líneas concertadas antes de que llegue el momento de la renovación del concierto. Hasta ahora tenían que esperar los años obligatorios hasta esta renovación global del concierto. En cualquier caso, no parece que esto es lo que haya estado pasando.

En la secundaria obligatoria las cosas están un poco mejor para la pública. Entre los cursos 2010-11 y 2020-21, Andalucía tiene un aumento de 39.000 estudiantes de ESO. 32.200 acaban en centros públicos con 720 unidades más. Aunque las cosas vuelven a torcerse en el bachillerato.

El bachillerato se ha convertido en los últimos años, junto con la educación infantil, en uno de los nichos más importantes de los que conseguir conciertos en determinadas administraciones educativas. Andalucía no es una excepción. En la década señalada, el bachillerato perdió 6.800 estudiantes, pero no de manera equilibrada. 8.322 saleron de la pública, mientras la privada ganaba 1.530 chavales.

Pero el bachillerato no está solo en esto. Los estudios postobligatorios profesionales están en la misma línea. Mientras los grados medios han ganado 11.617 estudiantes en total, 7.775 han ido a parar a centros privados mientras que el resto iba a públicos (3.842). En los grados superiores también ocurre, aunque de manera menos aguda. En total han 30.707 estudiantes más, 14.114 en la pública y 16.593 en la privada.

La tendencia en la formación profesional, ciertamente, es común a todo el país. Durante los últimos 10 años, al menos, las administraciones públicas han hecho dejación a la hora de poner en marcha centros y recursos para dar respuesta al incremento de la demanda de plazas, mientras los centros privados, en buena medida a distancia, han encontrado campo abonado para expandirse. Algo que en su momento admitía Clara Sanz, secretaria general de FP y alma mater de la Ley de FP.

En los siguientes gráficos se ve la tendencia de las unidades de los tres estudios profesionales. Mientras la básica se mantiene en unas cifras más o menos estancadas desde casi el inicio de su implantación, los grados medios y superiores han crecido mucho, especialmente los superiores y, en general, en mayor proporción los privados.

Con la Ley de FP a la espera de los decretos de desarrollo y el Ministerio lanzado a una carrera por promocionar toda la etapa, desde hace años, casi ninguna adminsitración pública ha invertido lo suficiente como para hacer frente al crecimiento sostenido de la demanda. Esto ha hecho, en España y en Andalucía, que el crecimiento de los ciclos privados y, sobre todo, a distancia, haya sido muy elevado sin que los planes previstos parezcan poder hacer fernte a esta demanda de plazas.

Leticia Vázquez es la presidenta de Codapa, la confederación de familias andaluza. También es crítica con la legislatura que termina estos días y, en relación a la privatización de aulas, insiste en la necesidad de que se vayan dejando atrás los conciertos educativos. Si la falta de natalidad es el problema para mantener aulas abiertas, deberían ser, a su juicio, las concertadas las que pierdan la financiación pública y no al revés.

A esto se suman algunas otras concesiones de la Junta de Andalucía, por ejemplo, las rebajas fiscales si se acude a actividades extraescolares en centros privados o academias, o la deducción de 300 euros por hijo matriculado en bachillerato en centros privados. También, está el nuevo decreto de zonificación que supone dar ventajas a las familias que quieran acudir a la concertada. Si en tu zona no hay un centro concertado, puedes escolarlizar en otra zona diferente sin problema.

Marina Vega recuerda que ya con gobiernos socialistas hubo una privatización de los serivicios de los centros, como los comedores escolare, que llegó incluso a la privatización del trabajo de los profesionales técnicos de integración social, que bien pueden ser públicos o privados,

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España: Catalunya elimina el 11% de las plazas escolares públicas y fuerza a las familias a matricular a sus hijos en la concertada

Por: Emma Zafón y GessamiForner

Catalunya no cubre la demanda existente de plazas en la red pública en el periodo de preinscripción para el curso 2022/23.

Ni para el inicio de la escolarización infantil, que arranca en el curso P3, ni para la educación secundaria, Catalunya ofrece suficientes plazas de educación pública, a pesar de la demanda existente y la obligación legal de atenderla, como exige el artículo 109 de la Lomloe. El modelo educativo que se reproduce en cada gran ciudad catalana, y que alcanza la cúspide en el área metropolitana de Barcelona, provoca que miles de familias atraviesen el periodo actual de preinscripciones como una angustiosa gincana. El motivo principal es la endémica falta de plazas en los centros de enseñanza públicos, una realidad que se ha perpetuado desde los inicios de la masiva escolarización de la clase trabajadora y que lleva décadas supliéndose con los remiendos de la educación privada y concertada, que ofrece muchas más plazas de las necesarias.

Según los datos de la Affac, la federación de ampas de Catalunya, a pesar de la demanda de las familias, Educación ha eliminado para el próximo curso el 11% de las plazas públicas de P3 (5.322) y el 1% de la ESO (385), pasando de 49.244 a 43.922 y de 53.250 a 52.865, respectivamente y en comparación con el curso 2021/22. Sin embargo, en la red privada, solo ha eliminado el 11% de las plazas ofertadas en P3 (2.587), pasando de 23.421 a 20.834, a pesar de que hay una evidente sobreoferta (el 35% del alumnado cursa en la red concertada), e incluso ha incrementado ligeramente (10 plazas) las ofrecidas en secundaria, de 6.767 a 6.777. El grueso de plazas de institutos privado concertados no se oferta en el periodo de preinscripción, dado que ya están ocupadas por el alumnado de primaria de esta red.

En Barcelona, la Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat ha denunciado que en la oferta inicial en el proceso de preinscripción para el próximo curso, el Consorci d’Educació de la ciudad ofreció 5.761 plazas públicas, mientras que se han solicitado 5.977. Un total de 216 niñas y niños se han quedado sin plaza pública. Mientras que los centros privado concertados han ofrecido 6.253 plazas y solo han recibido 4.775 solicitudes de ingreso. Sobran 1.478 plazas. A pesar de que no serán ocupadas, recibirán financiación pública.

La Administración argumentó la eliminación de plazas como “una bajada de ratio” en la educación pública, de 23 a 20 alumnos por aula, aseguró el consejero Josep Gonzàlez-Cambray. “No es una bajada de ratio, es un cierre de plazas públicas, porque si solo bajas la ratio y no aumentas los grupos de los centros, te limitas a ofrecer menos plazas en la red pública, y a empujar al alumnado a ir a la red privada concertada”, alerta Lidón Gasull, portavoz de Affac.

Esta situación ha tocado techo en Barcelona, ciudad que, “a nivel educativo, es una anomalía”, asegura Quim Serra, profesor de secundaria que formó parte del Consell Escolar del Distrito de Gràcia entre 2012 y 2015. “Este modelo nace de dos ramas diferentes: una se corresponde con los colegios impulsados por la Iglesia y, la otra, con la red de escuelas cooperativas surgidas en los 70. De esta última rama, hubo centros que se integraron en el sector público y centros que no lo hicieron”. De aquí, junto con los religiosos, surgió la reconversión a la concertada como complemento a la insuficiente oferta pública de las zonas más densamente pobladas. “Replantear este modelo encuentra ahora diferentes barreras: la primera sería ideológica, porque ha habido un consenso desde la Transición sobre que ambos sistemas, público y privado, deben complementarse; la segunda sería económica, puesto que construir nuevos centros es caro y, además, los costes laborales de la pública son mayores; y la tercera barrera es la urbanística, de escasa disponibilidad de suelo”.

Una vecina del barrio de Sant Andreu no consiguió que su hija entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria, cursa en un centro religioso investigado pedofilia y con un suicidio por bullying

La perversión del sistema

La concertada no ha dejado de representar un modelo segregacionista y, con frecuencia, religioso, pero no por ello ha encontrado dificultades para encontrar cobijo en los Gobiernos que se han sucedido en la Generalitat. El resultado es que, cada año, miles de alumnos se ven obligados a acceder a cualquiera de estos centros pese a la firme oposición de sus familias que, por militancia o por recursos económicos, prefieren la pública. Pero la perversión del sistema no acaba aquí: una vez aceptada la derrota en el acceso a primaria las familias asumen que es posible que sus hijos nunca pisen un centro público durante la enseñanza obligatoria, puesto que, al haber entrado en la concertada, carecerán de puntos en la preinscripción a secundaria.

El caso de la hija mayor de Alba Fernández Pous, en el barrio de Sant Andreu. No consiguieron que entrase en la pública ni en infantil ni tampoco en primaria. No consiguieron sacarla de la concertada y es más que probable que ahora, con 12 años, tampoco tenga una plaza pública de secundaria. Hay más en su historia: la escuela en la que la joven se ha visto obligada a cursar la primaria, pese a los esfuerzos de su madre de sacarla de allí, es la religiosa Pare Manyanet, un centro que lleva meses copando titulares por el suicidio de Kira, de 15 años, tras haber sufrido bullying, y por acusaciones de presuntos abusos sexuales.

Y aún hay más: el informático del centro denunció el pasado marzo de 2021, poco antes del suicidio de Kira, que había encontrado 39 gigas de material pedófilo en el ordenador de un cura de la congregación, caso que actualmente está en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.

“Las docentes nos han tratado muy bien, pero el problema es el centro. Necesito sacar como sea a mi hija de allí”, explica Fernández Pous. A todo ello se añaden los motivos económicos: “No quiero seguir pagando las cuotas de la concertada ni el precio de todas las actividades que se llevan a cabo”.

De media, contando la cuota y el precio de excursiones y material, la cuota puede oscilar entre 400 y 500 euros al mes. “Es cierto que te garantizan una plaza pública donde sea —continúa Fernández Pous— pero eso en una ciudad como Barcelona es prácticamente imposible. Estoy separada, tengo otro hijo más pequeño y trabajo de lunes a viernes, ¿cómo lo hago para acompañar a mi hija si le dan una plaza en otro barrio, volver a casa y llevar al pequeño al colegio, luego ir yo al trabajo y por la tarde vuelta a empezar?”.

“Juegan con el miedo de la gente a que sus hijos se queden sin escolarizar para seguir fomentando la concertada”, critica David Gómez, del barrio de Gràcia

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Así nació la enseñanza concertada

Javier González Moreno

España difiere del resto de países europeos en un aspecto fundamental: mientras en Europa la educación privada generalmente apenas sobrepasa el 10% del sistema educativo, en España alcanza el 30%. Además, en España esa educación privada recibe grandes cantidades de dinero público. ¿Qué hechos históricos han llevado a esta situación? Un breve recorrido histórico nos permitirá también comprender qué es la educación privada concertada y desechar algunos mitos.

Las subvenciones empiezan en el tardofranquismo

En el siglo XIX la fuerte influencia de la Iglesia en España impidió que el Estado asumiera la educación y formara un sistema educativo nacional como en el resto de Europa. Las escasas escuelas existentes siguieron siendo en su mayoría propiedad de la Iglesia y el analfabetismo campó a sus anchas hasta principios del siglo XX. La II República trató de solucionar esta situación pero la Guerra Civil truncó cualquier avance. El franquismo entregó a la Iglesia toda la educación en pago por su apoyo en la Guerra Civil y durante décadas persistió la desescolarización endémica.

En los últimos años del franquismo, organismos internacionales como la UNESCO presionaron a España para que hiciera mayores esfuerzos en educación. Fruto de esto, en 1970 se declaró gratuita y obligatoria la educación entre los 6 y los 14 años de edad (la famosa EGB).

Sin embargo, en aquel momento existía un gran número de centros privados que venían impartiendo estas enseñanzas, en su inmensa mayoría propiedad de la Iglesia católica. Tras esta declaración de gratuidad y obligatoriedad, estos centros privados presionaron al Estado para obtener subvenciones aduciendo que era la única manera de garantizar esa gratuidad para los alumnos que escolarizaban. Con el Ministerio de Educación dominado por fuerzas afines a la Iglesia, muy pronto las subvenciones se multiplicaron sin control.

Mención especial merece el fraile presidente del sindicato vertical de enseñanza franquista, convertido en patronal de la enseñanza en la Transición. Su estrategia para las subvenciones fue conseguir primero unas ayudas a la gratuidad en unos pocos centros, luego unas subvenciones al 30%, luego al 50%, etc. Era la estrategia de la “mancha de aceite”, que una vez que cae sobre la tela se extiende sola.

La Transición y el miedo a una guerra educativa

Los intentos de estatalización de la enseñanza de la II República habían constituido una de las causas de la Guerra Civil. Y la izquierda de la Transición no deseaba repetir ninguna guerra, por lo que la estatalización de todo el sistema educativo quedaba descartada de antemano.

En 1978 se promulgó nuestra Constitución, que es una de las más extrañas de Europa respecto a la educación. Aunque se proclama un derecho a la educación y se encomienda al Estado la organización de la escolarización, no se atribuye al Estado la responsabilidad de su prestación. También se proclama la libertad de enseñanza al mismo nivel que el derecho a la educación y se incluye una referencia a las subvenciones públicas a los centros privados. La Constitución, y las sentencias del Tribunal Constitucional de 1981 y 1985, son muy favorables para los intereses de la enseñanza concertada.

El gobierno socialista pacta los conciertos con la Iglesia

En 1982 llega al gobierno el PSOE de Felipe González. La prioridad para el PSOE era la “modernización”: en educación había que superar la “historia de escasez, inhibición del Estado, politización y ardor ideológico” y centrarse en lograr una escolarización a niveles europeos. Para ello había que promulgar una ley de escolarización que fuera a durar, es decir, que fuera aceptada por todos los actores políticos, incluida la Iglesia.

Las negociaciones con la Iglesia y la derecha parlamentaria fueron muy duras porque estos actores no renunciaban a sus posiciones maximalistas: que el Estado financiara la enseñanza privada sin contrapartidas, incluso absteniéndose de construir centros para no hacerles la competencia. La pretensión de los representantes de los obispos era que el Ministerio de Educación siguiera bajo su influencia como durante el franquismo. De hecho, en la primera reunión con el ministro socialista, presentaron sus propios decretos con el objeto de que fueran firmados y publicados en el BOE, como había venido siendo habitual.

El resultado fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985 (LODE), que establecía el siguiente pacto entre Iglesia y Estado (uno más de los pactos de la Transición): la Iglesia conservaba su sistema escolar y recibía subvenciones más estables y cuantiosas, pero a cambio sus centros debían comportarse como centros públicos, es decir, escolarizar sin discriminaciones y gratuitamente. Un concierto es un contrato que ambas partes deben cumplir, se da una financiación pública para prestar un servicio en unas condiciones.

Hay que destacar que el pacto se hizo principalmente para aplacar a la Iglesia y evitar cualquier atisbo de guerra escolar que pusiera en peligro al nuevo régimen político. Todo cuanto se ha dicho de que los conciertos nacieron porque el Estado no tenía dinero para crear suficientes colegios es prácticamente un mito. Y esto se demuestra en que, cuando los obispos se negaron a firmar los conciertos porque consideraban inaceptables las mínimas contrapartidas que se les pedían para recibirlos, el ministro socialista afirmó que la mayoría absoluta socialista en el Congreso aprobaría un crédito extraordinario para inundar España de colegios públicos. Los obispos firmaron los conciertos y esperaron a otros gobiernos que desarticularan los mínimos controles que se habían establecido.

El efecto de los conciertos en el sistema educativo

Realmente los conciertos de la LODE no fueron un invento socialista: se inspiraron en la los artículos 94 y 96 de la Ley General de Educación franquista de 1970. Estos dos artículos preveían un sistema de conciertos con centros privados, pero la falta de voluntad política y la inestabilidad de la Transición provocaron que durante años se funcionara con un sistema “provisional” de subvenciones sin control.

Con la LODE y su sistema de conciertos la educación quedó como un servicio público “impropio”, de segunda categoría, prestado por una “red integrada” de centros privados concertados y centros públicos. Esto significa que ambos tipos de centros son parte integrante del sistema educativo español. Así lo afirma la vigente LOE-LOMLOE en su artículo 108.4: “La prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados”. En tanto la mayoría de estos centros concertados son propiedad de la Iglesia, se puede afirmar que en España la Iglesia forma parte del Estado en educación.

Según la ley, ambos tipos de centros son responsables de la escolarización de todos los alumnos del país, sin discriminaciones y gratuitamente. La realidad es otra, principalmente por las famosas “cuotas voluntarias” que en la práctica son obligatorias en muchos casos y que sirven de filtro para no escolarizar a mucho alumnado con dificultades socioeconómicas. Además, la concertada no está obligada legalmente a establecerse en lugares de difícil cobertura (mundo rural, barrios conflictivos, etc.). Con todo esto se ha pervertido el sistema y se ha conseguido que la subsidiaria sea la pública. La afirmación en la LOMLOE de que “la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo” es mera retórica sin efecto legal (apenas se menciona en el preámbulo de la ley) y un magro reconocimiento para los centros públicos, que son los únicos garantes reales del derecho a la educación en todos los rincones de España y para todos los ciudadanos.

Una pregunta final

Han pasado ya 47 años desde la implantación del sistema de conciertos educativos, que constituye una anomalía en Europa. El gobierno socialista de entonces pactó con la Iglesia que sus centros educativos recibirían fondos públicos y estos se comportarían como públicos, escolarizando sin discriminaciones y gratuitamente. En aras de la calidad democrática y de la eficacia en la gestión de los recursos públicos debemos hacernos esta pregunta y actuar en consecuencia: ¿Se ha cumplido el pacto?

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Educación pública, patrimonio de la humanidad

Por: Alfredo Aranda Platero* 

«La educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio».

La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta años– que dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos.

De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.

Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.

Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.

Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe.

Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio.

*Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE)

Fuente e Imagen: https://www.eldiario.es/extremadura/educacion/educacion-publica-patrimonio-humanidad_129_8013348.html

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La comunidad educativa protesta en Sevilla contra el recorte de plazas públicas escolares en Andalucía

Centenares de familias, junto a docentes, sindicatos y estudiantes, se concentraron ayer frente al Parlamento andaluz para protestar contra el recorte de plazas y el cierre de clases en los colegios e institutos públicos. Unos recortes que afectan, en su mayoría, a la educación pública frente al modelo concertado que apenas ve reducida sus aulas. Además, desde los colectivos coinciden en que la situación actual es idónea para implantar la bajada de la ratio en las aulas, una demanda histórica en la lucha por la mejora del sistema educativo.

La comunidad educativa ha exigido en un manifiesto “la retirada inmediata del plan de recorte de plazas y eliminación de clases en los colegios e institutos de los barrios y pueblos de Sevilla”. Este plan contempla una estimación de 529 clases menos en toda la comunidad andaluza y, en concreto, 45 clases menos de educación infantil en la provincia de Sevilla. El escrito, leído por varias niñas durante la concentración, recogía la petición de mantener “todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales, para garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos”.

Desde la Consejería de Educación sostienen que la causa del cierre de estas plazas es el descenso de la natalidad en ciertas zonas de Andalucía. Además, afirman que el plan está aún en “fase inicial” pero que una vez recibidas las solicitudes finales se valorará y añadirán “las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar”.

Carmen Yuste, portavoz del sindicato Ustea, afirma que “esta es una manera de ver el problema, porque no hay mejor momento que el actual, en plena crisis sanitaria, para bajar la ratio que es una demanda histórica en la educación pública”. La ratio, el número de estudiantes por aula, se encuentra actualmente en los máximos establecidos por la ley, 25 estudiantes en primaria y 35 en secundaria.

“La bajada de la ratio conllevaría poder atender mejor a la diversidad, que es la gran abandonada de este sistema educativo“.

La portavoz del colectivo Escuela de Calor, Teresa Pablo, añade en esta línea que con esta bajada “se podrían poner en práctica metodologías mucho más innovadoras que solo son posibles en grupos pequeños” y que, sobre todo, “de esta manera se podría atender mucho más a la diversidad que es la gran abandonada de este sistema educativo”.

Concentración por la educación pública 3

Un plan que favorece la educación concertada

Los colectivos critican que los conciertos educativos publicados este lunes contemplan una desigualdad clara entre la educación pública y la concertada. Comenta Carmen Yuste que “según los datos que tenemos se produce una reducción de solo dos clases en la educación concertada frente a las 45 clases del modelo público”. Una diferencia que se ve regulada consecuencia de los contratos que la Junta de Andalucía establece con los centros concertados. Desde Escuela de Calor, Teresa Pablo pide una revisión de estos acuerdos “los conciertos que tiene la Junta de Andalucía también deberían revisarse para que esta bajada de la natalidad afecte a ambos modelos educativos por igual y no que se cebe solo en la pública” y termina “de esta manera estamos recortando la posibilidad de elección a aquellas familias que quieran acceder a una educación pública”.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Joaquín Turina, en Sevilla capital, donde se tiene previsto la eliminación de una clase de educación infantil. El presidente del AMPA, Alberto Soria, comenta que el centro se sitúa en una zona donde el ratio de centros públicos y concertados se sitúa en un 40-60%. Sin embargo, aunque la baja natalidad es algo que afecta a toda la zona, el centro afectado es el público y no el colegio concertado Sagrado Corazón, que, según los datos de la mesa de escolarizaciones tiene menos demanda. “Parece que el descenso de natalidad solo afecta a la escuela pública”, termina Soria.

Daniel Fernández, perteneciente a la CGT, explica firme que “se está produciendo un desmantelamiento claro de la educación pública” y continúa indicando que “es algo visible, solo con ver que en muchos barrios de Triana, en Los Remedios o en el centro el porcentaje de colegios privados y concertados frente a los públicos no hace más que aumentar”.

Esta desigualdad se ve acentuada con una propuesta de reducción fiscal que recientemente han impulsado desde el gobierno PP, Ciudadanos y Vox. Con ella pretenden reducir 150 euros de impuestos a aquellos padres que matriculen a sus hijos en un centro concertado o privado que tenga la opción de dar idiomas o informática, siempre que la base imponible de la familia no supere los 100.000 euros en la tributación.

“Este tipo de desigualdades es algo que afecta a toda la comunidad educativa”, explica Yuste, “desde los niños y niñas hasta los docentes y sus puestos de trabajo”. Por este motivo también estaban presentes en la concentración colectivos estudiantiles universitarios como el Movimiento de Acción Estudiantil. “Estos recortes se producen en todos los niveles educativos y llegan hasta la universidad, con la pandemia se han aumentado y no debemos permitirlo. Estamos aquí porque no podemos dejar que ningún recorte de derechos se vea sin respuesta, es algo donde todos y todas debemos actuar”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/educacion-publica/familias-colectivos-educativos-se-concentran-contra-recorte-plazas-publicas-andalucia-

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España: Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública y la segunda que más inyecta a la concertada

  • Los últimos datos del Ministerio de Educación cifran en 4.727 euros el gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid, mil euros por debajo de la media nacional
  • En 2019, la región destinó a conciertos y subvenciones a centros privados 1.104 millones de euros, la segunda cifra más alta solo por detrás de Cataluña
  • Mientras que el desembolso en conciertos aumentó desde 2009 un 26,6%, el gasto educativo total solo experimentó un crecimiento en esa década del 1,3%
  • Durante esta legislatura, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo ha aprobado un proyecto de ley en materia educativa: el que daba luz verde a una nueva universidad privada, una iniciativa del Grupo Planeta.

Isabel Díaz Ayuso toma la palabra en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica convocada para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata conservadora articula un discurso sostenido sobre una decena de retos para la región. El primero, el empleo y la bajada de impuestos. El segundo, la educación. «Si queremos dotar de oportunidades a los madrileños para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad», apunta Ayuso. Tras más de dos décadas de dominio conservador, la región presenta la menor inversión por alumno de toda España, un número de estudiantes por grupo superior a la media nacional en prácticamente todos los ciclos de enseñanza, el mayor gasto por familia, el segundo mayor desembolso para la concertada o los precios públicos universitarios más altos.

Madrid es la comunidad autónoma con mayor músculo económico del país, tras el sorpasso a Cataluña. La región acumula nada menos que el 60% de las grandes empresas. Y cuenta con la mayor renta por habitante de España, con 35.913 euros, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, y como ocurre en materia sanitaria, está muy lejos de ocupar los primeros puestos del podio en algunos indicadores clave en educación. infoLibre repasa, a continuación, la fotografía de la región más rica en materia educativa.

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INVERSIÓN EDUCATIVA POR ALUMNO

El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros–.

 

De las 17 comunidades autónomas, Euskadi es la que sale mejor parada en este indicador, que se centra en enseñanzas no universitarias del sistema educativo –se excluye, por tanto, la formación ocupacional–. En esta región, el desembolso es de 9.298 euros, casi el doble que Madrid. Le siguen Navarra, Galicia y Asturias, con una inversión por alumno en centros públicos de 7.456, 6.932 y 6.927 euros, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

 

En los últimos cinco años, Madrid es la región que menos ha incrementado su gasto. Si desde 2012 la subida media en España fue de 349 euros, en la comunidad más rica sólo ha repuntado en 45 euros. Junto a ella, en la parte baja de la tabla, se sitúa Murcia, con una subida de apenas 52 euros por estudiante. En ese lustro, la región que más esfuerzos ha hecho ha sido Canarias: 887 euros más por alumno en cinco años. Le siguen Extremadura y Baleares, con un repunte por encima de los 600 euros.

Si se presta atención al gasto por habitante, una de las variables en las que pone el foco la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resultado es exactamente el mismo. Madrid sigue a la cola, con 723,8 euros per cápita, seguida por Cataluña, con 756,84 euros, y Canarias, con 771,67 euros. En el extremo contrario, tres comunidades: Euskadi, Navarra y Extremadura, con una inversión por habitante de 1.274, 1.061 y 1.006 euros, respectivamente.

LOS HOGARES QUE MÁS GASTAN EN ENSEÑANZA

Los madrileños son también los que más dinero desembolsan anualmente en enseñanza. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el gasto medio por hogar en esta materia en la comunidad autónoma se situó en los 827 euros, un 72% más que la media nacional. Junto con Madrid, destacan Cataluña, Euskadi y Navarra, donde ese dato se coloca en los 700, 616 y 540 euros.

En el resto de regiones, estas cifras están por debajo de la media de todo el país –480,59 euros–. Dos son las comunidades autónomas que destacan en la parte baja de la tabla. En Extremadura, el gasto por hogar en enseñanza en 2019 fue de apenas 242 euros, mientras que en Galicia alcanzó los 267,71 euros, tres veces menos que en el centro del país.

De nuevo, Madrid es la región en la que más se ha incrementado este desembolso en la última década. En 2019, los hogares gastaron 367 euros más que en 2009. El aumento se ha producido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Sólo dos se salen de la tónica general. En Asturias, el gasto es ahora mismo 26 euros menor que hace diez años. En Baleares, por su parte, se encuentra casi 35 euros por debajo.

ALUMNOS POR GRUPO EDUCATIVO

La comunidad autónoma también es una de las que cuenta con mayor número de alumnos por clase en las enseñanzas no universitarias. Da igual el ciclo educativo. En todos, con la única excepción de «otros programas formativos», se encuentra por encima de la media nacional. Según los últimos datos definitivos recopilados por el Ministerio de Educación en su Sistema Estatal de Indicadores, en el curso 2017-2018 el número medio de estudiantes por grupo educativo en Educación Infantil en la región se situó en 18,4, solo por delante de Murcia –19,7–, frente a los 17,6 de media a nivel nacional.

Madrid es también la segunda región en el caso de la ESO: 27,1 alumnos por grupo, uno menos que en Cataluña (28,2). Y la quinta, igualada con Comunitat Valenciana, si nos fijamos en Bachillerato: 26,4, frente a los 28,4 de Andalucía, 28,2 de Cataluña, 27,9 de Canarias y 27,3 de Navarra. Lidera la clasificación, sin embargo, en Educación Primaria y FP Básica. En la primera, la media de estudiantes se encuentra en la región en los 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En la segunda, se sitúa en 17,6, frente a los 12,3 de media en España.

LA SEGUNDA QUE MÁS DINERO PONE EN CONCERTADA

Desde hace décadas, los respectivos Gobiernos conservadores en suelo madrileño han apostado con firmeza por la enseñanza concertada. Y esto se ve claramente en las cifras oficiales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada. En concreto, puso sobre la mesa 1.104 millones de euros. Por delante de ella, solo Cataluña, con un desembolso de 1.248 millones de euros en ese mismo ejercicio. Por encima de los 500 millones, otras tres: Andalucía (843 millones), Comunitat Valenciana (733 millones) y Euskadi (729 millones de euros).

En la parte baja de la tabla se encuentran La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria, cuyas administraciones dedicaron en 2019 a esta partida menos de 100 millones de euros.

La Comunidad de Madrid también se encuentra en el podio de territorios que más han incrementado porcentualmente los desembolsos en esta materia en la última década. En concreto, ocupa la tercera posición. Por delante de ella se encuentra, en primer lugar, Murcia, que ha pasado de gastar 176 millones en 2009 a poner sobre la mesa para la concertada 248 millones en 2019, una subida del 41%. Le sigue La Rioja, con un incremento del 34,4% –ha pasado de 41 millones a 55 millones–.

En el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso, la subida ha sido del 26,6%: de 872 a 1.104 millones. Es un incremento mucho mayor que el que ha experimentado, por su parte, el gasto educativo total en su conjunto, que ha pasado, según las cifras que facilita el Ministerio de Educación, de 5.473 millones en 2009 a 5.545 millones de euros en 2019, lo que equivale a un aumento durante esa década de apenas el 1,3%.

Como consecuencia de esta apuesta decidida, Madrid es también la segunda región que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras disponibles consolidadas, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza –la media nacional se sitúa en el 67,1%–, frente a un 46,2% que se distribuía entre la privada concertada y la privada: 30,1% y 16,1%, respectivamente. Sólo le superó Euskadi, donde en aquel curso solo un 50,7% del alumnado cursaba sus estudios en colegios o institutos públicos y un 49,3% en concertados y privados.

LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS MÁS ELEVADOS

Cuatro de cada diez universidades en España se encuentran ubicadas en Andalucía, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en esta última región donde los precios públicos son más elevados. Según la última Estadística de Precios Públicos Universitarios, elaborada por el Ministerio de Universidades, el precio medio del crédito en primera matrícula de estudios de grado en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se situó en el curso 2020-2021 en los 23,17 euros, seguido por los 22,69 euros en suelo catalán y los 18,85 euros en Navarra. En el extremo contrario, Galicia, Canarias y Andalucía, donde el coste se movió entre los 11,78 euros de la primera y los 12,62 euros de la última.

La presente legislatura no se ha caracterizado por una gran producción normativa. Y menos en materia educativa. Durante este año y medio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solo ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cinco proyectos de ley, según consta en el portal de la Cámara regional. Y únicamente uno de ellos tenía que ver con la enseñanza. Y, más concretamente, con la privada. A mediados de noviembre, el Gobierno madrileño consiguió sacar adelante, en lectura única y gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una propuesta para la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), un centro vinculado al Grupo Planeta de Agostini. «Contribuye a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza que derivan de una mayor oferta de plazas», argumentaba el proyecto de ley.

Ayuso siguió así la senda marcada por el Ejecutivo conservador que la precedió. En marzo de 2019, de nuevo con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la Cámara regional dio luz verde a la creación de otros tres centros privados. Dos de ellos, el de Villanueva y ESIC, estaban vinculados al Opus y a la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. El tercero, Cunef, a la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros. En cuanto echen a andar todos, la Comunidad de Madrid contará con una docena de universidades privadas, un número que equivale a un tercio de las que habrá entonces en España –37– y que duplica la cantidad de centros públicos. Actualmente, la región cuenta con cinco de estos últimos: Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. La última es la más reciente de todas. Y abrió en 1996.

La Comunidad de Madrid, por tanto, ha continuado desarrollando este modelo en los últimos años. Y lo ha hecho a pesar de que los datos oficiales muestran que solo dos de cada diez alumnos universitarios estudian en la privada. Según las cifras del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 había matriculados en la región 307.889 alumnos, entre los de grado, los de máster y los de doctorado. De ellos, 230.701 estaban en centros públicos, el 75%.

Los cinco datos y fuentes clave

1) 4.727 euros. Es el gasto público por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020, Ministerio de Educación.

2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.

3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.

4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.

5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.

  • Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/04/16/el_curriculum_educativo_ayuso_impulsa_universidad_privada_mientras_mantiene_madrid_cola_gasto_educativo_per_capita_119305_1012.html

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España: PSOE, Podemos y Mas País pactan que la educación se garantice solo a través de la pública sin contar con la concertada

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia.

PSOE, Podemos y Mas País han aprobado una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada.

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia, es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

La enmienda señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

La «ley Celaá» ya había eliminado en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.

Aprobado el polémico apartado 5 de PSOE y UP

En esta enmienda transaccional aprobadad también se recogen modificaciones realizadas por PSOE y Podemos a la «ley Celaá» (en sus enmiendas conjuntas) que aluden reiteradamente al incremento de plazas públicas para atender toda las necesidades de escolarización. Por ejemplo: «En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».

También se aprueba el apartado 5 del artículo 109, obra de PSOE y Podemos que dice que: «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Las contradicciones con la «heterogenidad del alumnado»

Por otro lado, PSOE y Podemos incuyen en el artículo 109.1 el objetivo de conseguir una «heterogeneidad» del alumno como «oportunidad educativa» y, al mismo tiempo, han aprobado otra enmienda transaccional con ERC que establece como criterio de preferencia para acceder al concierto el fomento de la escolarización de proximidad (que el centro esté cerca del domicilio o zonficación). La pregunta que cabe hacerse es cómo conseguir un alumando heterogéneo si se prima la proximidad de domicilio y por lo tanto, no podrán elegir un colegio que esté más lejos de su distrito.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-mas-pais-aprueban-educacion-solo-garantice-plazas-publicas-dejando-afuera-concertada-202011031358_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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