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Educación pública, patrimonio de la humanidad

Por: Alfredo Aranda Platero* 

«La educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio».

La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta años– que dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos.

De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.

Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.

Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.

Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe.

Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio.

*Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE)

Fuente e Imagen: https://www.eldiario.es/extremadura/educacion/educacion-publica-patrimonio-humanidad_129_8013348.html

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La comunidad educativa protesta en Sevilla contra el recorte de plazas públicas escolares en Andalucía

Centenares de familias, junto a docentes, sindicatos y estudiantes, se concentraron ayer frente al Parlamento andaluz para protestar contra el recorte de plazas y el cierre de clases en los colegios e institutos públicos. Unos recortes que afectan, en su mayoría, a la educación pública frente al modelo concertado que apenas ve reducida sus aulas. Además, desde los colectivos coinciden en que la situación actual es idónea para implantar la bajada de la ratio en las aulas, una demanda histórica en la lucha por la mejora del sistema educativo.

La comunidad educativa ha exigido en un manifiesto “la retirada inmediata del plan de recorte de plazas y eliminación de clases en los colegios e institutos de los barrios y pueblos de Sevilla”. Este plan contempla una estimación de 529 clases menos en toda la comunidad andaluza y, en concreto, 45 clases menos de educación infantil en la provincia de Sevilla. El escrito, leído por varias niñas durante la concentración, recogía la petición de mantener “todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales, para garantizar el derecho a una educación de calidad para todas y todos”.

Desde la Consejería de Educación sostienen que la causa del cierre de estas plazas es el descenso de la natalidad en ciertas zonas de Andalucía. Además, afirman que el plan está aún en “fase inicial” pero que una vez recibidas las solicitudes finales se valorará y añadirán “las unidades que sean necesarias, como ocurre en cada curso escolar”.

Carmen Yuste, portavoz del sindicato Ustea, afirma que “esta es una manera de ver el problema, porque no hay mejor momento que el actual, en plena crisis sanitaria, para bajar la ratio que es una demanda histórica en la educación pública”. La ratio, el número de estudiantes por aula, se encuentra actualmente en los máximos establecidos por la ley, 25 estudiantes en primaria y 35 en secundaria.

“La bajada de la ratio conllevaría poder atender mejor a la diversidad, que es la gran abandonada de este sistema educativo“.

La portavoz del colectivo Escuela de Calor, Teresa Pablo, añade en esta línea que con esta bajada “se podrían poner en práctica metodologías mucho más innovadoras que solo son posibles en grupos pequeños” y que, sobre todo, “de esta manera se podría atender mucho más a la diversidad que es la gran abandonada de este sistema educativo”.

Concentración por la educación pública 3

Un plan que favorece la educación concertada

Los colectivos critican que los conciertos educativos publicados este lunes contemplan una desigualdad clara entre la educación pública y la concertada. Comenta Carmen Yuste que “según los datos que tenemos se produce una reducción de solo dos clases en la educación concertada frente a las 45 clases del modelo público”. Una diferencia que se ve regulada consecuencia de los contratos que la Junta de Andalucía establece con los centros concertados. Desde Escuela de Calor, Teresa Pablo pide una revisión de estos acuerdos “los conciertos que tiene la Junta de Andalucía también deberían revisarse para que esta bajada de la natalidad afecte a ambos modelos educativos por igual y no que se cebe solo en la pública” y termina “de esta manera estamos recortando la posibilidad de elección a aquellas familias que quieran acceder a una educación pública”.

Uno de los colegios afectados es el CEIP Joaquín Turina, en Sevilla capital, donde se tiene previsto la eliminación de una clase de educación infantil. El presidente del AMPA, Alberto Soria, comenta que el centro se sitúa en una zona donde el ratio de centros públicos y concertados se sitúa en un 40-60%. Sin embargo, aunque la baja natalidad es algo que afecta a toda la zona, el centro afectado es el público y no el colegio concertado Sagrado Corazón, que, según los datos de la mesa de escolarizaciones tiene menos demanda. “Parece que el descenso de natalidad solo afecta a la escuela pública”, termina Soria.

Daniel Fernández, perteneciente a la CGT, explica firme que “se está produciendo un desmantelamiento claro de la educación pública” y continúa indicando que “es algo visible, solo con ver que en muchos barrios de Triana, en Los Remedios o en el centro el porcentaje de colegios privados y concertados frente a los públicos no hace más que aumentar”.

Esta desigualdad se ve acentuada con una propuesta de reducción fiscal que recientemente han impulsado desde el gobierno PP, Ciudadanos y Vox. Con ella pretenden reducir 150 euros de impuestos a aquellos padres que matriculen a sus hijos en un centro concertado o privado que tenga la opción de dar idiomas o informática, siempre que la base imponible de la familia no supere los 100.000 euros en la tributación.

“Este tipo de desigualdades es algo que afecta a toda la comunidad educativa”, explica Yuste, “desde los niños y niñas hasta los docentes y sus puestos de trabajo”. Por este motivo también estaban presentes en la concentración colectivos estudiantiles universitarios como el Movimiento de Acción Estudiantil. “Estos recortes se producen en todos los niveles educativos y llegan hasta la universidad, con la pandemia se han aumentado y no debemos permitirlo. Estamos aquí porque no podemos dejar que ningún recorte de derechos se vea sin respuesta, es algo donde todos y todas debemos actuar”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/educacion-publica/familias-colectivos-educativos-se-concentran-contra-recorte-plazas-publicas-andalucia-

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España: Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública y la segunda que más inyecta a la concertada

  • Los últimos datos del Ministerio de Educación cifran en 4.727 euros el gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid, mil euros por debajo de la media nacional
  • En 2019, la región destinó a conciertos y subvenciones a centros privados 1.104 millones de euros, la segunda cifra más alta solo por detrás de Cataluña
  • Mientras que el desembolso en conciertos aumentó desde 2009 un 26,6%, el gasto educativo total solo experimentó un crecimiento en esa década del 1,3%
  • Durante esta legislatura, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo ha aprobado un proyecto de ley en materia educativa: el que daba luz verde a una nueva universidad privada, una iniciativa del Grupo Planeta.

Isabel Díaz Ayuso toma la palabra en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica convocada para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata conservadora articula un discurso sostenido sobre una decena de retos para la región. El primero, el empleo y la bajada de impuestos. El segundo, la educación. «Si queremos dotar de oportunidades a los madrileños para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad», apunta Ayuso. Tras más de dos décadas de dominio conservador, la región presenta la menor inversión por alumno de toda España, un número de estudiantes por grupo superior a la media nacional en prácticamente todos los ciclos de enseñanza, el mayor gasto por familia, el segundo mayor desembolso para la concertada o los precios públicos universitarios más altos.

Madrid es la comunidad autónoma con mayor músculo económico del país, tras el sorpasso a Cataluña. La región acumula nada menos que el 60% de las grandes empresas. Y cuenta con la mayor renta por habitante de España, con 35.913 euros, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, y como ocurre en materia sanitaria, está muy lejos de ocupar los primeros puestos del podio en algunos indicadores clave en educación. infoLibre repasa, a continuación, la fotografía de la región más rica en materia educativa.

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INVERSIÓN EDUCATIVA POR ALUMNO

El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros–.

 

De las 17 comunidades autónomas, Euskadi es la que sale mejor parada en este indicador, que se centra en enseñanzas no universitarias del sistema educativo –se excluye, por tanto, la formación ocupacional–. En esta región, el desembolso es de 9.298 euros, casi el doble que Madrid. Le siguen Navarra, Galicia y Asturias, con una inversión por alumno en centros públicos de 7.456, 6.932 y 6.927 euros, respectivamente.

En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.

 

En los últimos cinco años, Madrid es la región que menos ha incrementado su gasto. Si desde 2012 la subida media en España fue de 349 euros, en la comunidad más rica sólo ha repuntado en 45 euros. Junto a ella, en la parte baja de la tabla, se sitúa Murcia, con una subida de apenas 52 euros por estudiante. En ese lustro, la región que más esfuerzos ha hecho ha sido Canarias: 887 euros más por alumno en cinco años. Le siguen Extremadura y Baleares, con un repunte por encima de los 600 euros.

Si se presta atención al gasto por habitante, una de las variables en las que pone el foco la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resultado es exactamente el mismo. Madrid sigue a la cola, con 723,8 euros per cápita, seguida por Cataluña, con 756,84 euros, y Canarias, con 771,67 euros. En el extremo contrario, tres comunidades: Euskadi, Navarra y Extremadura, con una inversión por habitante de 1.274, 1.061 y 1.006 euros, respectivamente.

LOS HOGARES QUE MÁS GASTAN EN ENSEÑANZA

Los madrileños son también los que más dinero desembolsan anualmente en enseñanza. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el gasto medio por hogar en esta materia en la comunidad autónoma se situó en los 827 euros, un 72% más que la media nacional. Junto con Madrid, destacan Cataluña, Euskadi y Navarra, donde ese dato se coloca en los 700, 616 y 540 euros.

En el resto de regiones, estas cifras están por debajo de la media de todo el país –480,59 euros–. Dos son las comunidades autónomas que destacan en la parte baja de la tabla. En Extremadura, el gasto por hogar en enseñanza en 2019 fue de apenas 242 euros, mientras que en Galicia alcanzó los 267,71 euros, tres veces menos que en el centro del país.

De nuevo, Madrid es la región en la que más se ha incrementado este desembolso en la última década. En 2019, los hogares gastaron 367 euros más que en 2009. El aumento se ha producido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Sólo dos se salen de la tónica general. En Asturias, el gasto es ahora mismo 26 euros menor que hace diez años. En Baleares, por su parte, se encuentra casi 35 euros por debajo.

ALUMNOS POR GRUPO EDUCATIVO

La comunidad autónoma también es una de las que cuenta con mayor número de alumnos por clase en las enseñanzas no universitarias. Da igual el ciclo educativo. En todos, con la única excepción de «otros programas formativos», se encuentra por encima de la media nacional. Según los últimos datos definitivos recopilados por el Ministerio de Educación en su Sistema Estatal de Indicadores, en el curso 2017-2018 el número medio de estudiantes por grupo educativo en Educación Infantil en la región se situó en 18,4, solo por delante de Murcia –19,7–, frente a los 17,6 de media a nivel nacional.

Madrid es también la segunda región en el caso de la ESO: 27,1 alumnos por grupo, uno menos que en Cataluña (28,2). Y la quinta, igualada con Comunitat Valenciana, si nos fijamos en Bachillerato: 26,4, frente a los 28,4 de Andalucía, 28,2 de Cataluña, 27,9 de Canarias y 27,3 de Navarra. Lidera la clasificación, sin embargo, en Educación Primaria y FP Básica. En la primera, la media de estudiantes se encuentra en la región en los 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En la segunda, se sitúa en 17,6, frente a los 12,3 de media en España.

LA SEGUNDA QUE MÁS DINERO PONE EN CONCERTADA

Desde hace décadas, los respectivos Gobiernos conservadores en suelo madrileño han apostado con firmeza por la enseñanza concertada. Y esto se ve claramente en las cifras oficiales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada. En concreto, puso sobre la mesa 1.104 millones de euros. Por delante de ella, solo Cataluña, con un desembolso de 1.248 millones de euros en ese mismo ejercicio. Por encima de los 500 millones, otras tres: Andalucía (843 millones), Comunitat Valenciana (733 millones) y Euskadi (729 millones de euros).

En la parte baja de la tabla se encuentran La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria, cuyas administraciones dedicaron en 2019 a esta partida menos de 100 millones de euros.

La Comunidad de Madrid también se encuentra en el podio de territorios que más han incrementado porcentualmente los desembolsos en esta materia en la última década. En concreto, ocupa la tercera posición. Por delante de ella se encuentra, en primer lugar, Murcia, que ha pasado de gastar 176 millones en 2009 a poner sobre la mesa para la concertada 248 millones en 2019, una subida del 41%. Le sigue La Rioja, con un incremento del 34,4% –ha pasado de 41 millones a 55 millones–.

En el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso, la subida ha sido del 26,6%: de 872 a 1.104 millones. Es un incremento mucho mayor que el que ha experimentado, por su parte, el gasto educativo total en su conjunto, que ha pasado, según las cifras que facilita el Ministerio de Educación, de 5.473 millones en 2009 a 5.545 millones de euros en 2019, lo que equivale a un aumento durante esa década de apenas el 1,3%.

Como consecuencia de esta apuesta decidida, Madrid es también la segunda región que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras disponibles consolidadas, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza –la media nacional se sitúa en el 67,1%–, frente a un 46,2% que se distribuía entre la privada concertada y la privada: 30,1% y 16,1%, respectivamente. Sólo le superó Euskadi, donde en aquel curso solo un 50,7% del alumnado cursaba sus estudios en colegios o institutos públicos y un 49,3% en concertados y privados.

LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS MÁS ELEVADOS

Cuatro de cada diez universidades en España se encuentran ubicadas en Andalucía, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en esta última región donde los precios públicos son más elevados. Según la última Estadística de Precios Públicos Universitarios, elaborada por el Ministerio de Universidades, el precio medio del crédito en primera matrícula de estudios de grado en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se situó en el curso 2020-2021 en los 23,17 euros, seguido por los 22,69 euros en suelo catalán y los 18,85 euros en Navarra. En el extremo contrario, Galicia, Canarias y Andalucía, donde el coste se movió entre los 11,78 euros de la primera y los 12,62 euros de la última.

La presente legislatura no se ha caracterizado por una gran producción normativa. Y menos en materia educativa. Durante este año y medio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solo ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cinco proyectos de ley, según consta en el portal de la Cámara regional. Y únicamente uno de ellos tenía que ver con la enseñanza. Y, más concretamente, con la privada. A mediados de noviembre, el Gobierno madrileño consiguió sacar adelante, en lectura única y gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una propuesta para la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), un centro vinculado al Grupo Planeta de Agostini. «Contribuye a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza que derivan de una mayor oferta de plazas», argumentaba el proyecto de ley.

Ayuso siguió así la senda marcada por el Ejecutivo conservador que la precedió. En marzo de 2019, de nuevo con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la Cámara regional dio luz verde a la creación de otros tres centros privados. Dos de ellos, el de Villanueva y ESIC, estaban vinculados al Opus y a la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. El tercero, Cunef, a la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros. En cuanto echen a andar todos, la Comunidad de Madrid contará con una docena de universidades privadas, un número que equivale a un tercio de las que habrá entonces en España –37– y que duplica la cantidad de centros públicos. Actualmente, la región cuenta con cinco de estos últimos: Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. La última es la más reciente de todas. Y abrió en 1996.

La Comunidad de Madrid, por tanto, ha continuado desarrollando este modelo en los últimos años. Y lo ha hecho a pesar de que los datos oficiales muestran que solo dos de cada diez alumnos universitarios estudian en la privada. Según las cifras del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 había matriculados en la región 307.889 alumnos, entre los de grado, los de máster y los de doctorado. De ellos, 230.701 estaban en centros públicos, el 75%.

Los cinco datos y fuentes clave

1) 4.727 euros. Es el gasto público por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020, Ministerio de Educación.

2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.

3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.

4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.

5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.

  • Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/04/16/el_curriculum_educativo_ayuso_impulsa_universidad_privada_mientras_mantiene_madrid_cola_gasto_educativo_per_capita_119305_1012.html

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España: PSOE, Podemos y Mas País pactan que la educación se garantice solo a través de la pública sin contar con la concertada

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia.

PSOE, Podemos y Mas País han aprobado una enmienda transaccional a la «ley Celaá» que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada.

La enmienda transaccional al proyecto de ley educativo, Lomloe, actualmente tramitado en el Congreso, ha sido aprobada este martes en la cuarta reunión de la Ponencia, es decir, el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.

La enmienda señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

La «ley Celaá» ya había eliminado en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.

Aprobado el polémico apartado 5 de PSOE y UP

En esta enmienda transaccional aprobadad también se recogen modificaciones realizadas por PSOE y Podemos a la «ley Celaá» (en sus enmiendas conjuntas) que aluden reiteradamente al incremento de plazas públicas para atender toda las necesidades de escolarización. Por ejemplo: «En el marco de la programación general de la red de centros de acuerdo con los principios anteriores, las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población».

También se aprueba el apartado 5 del artículo 109, obra de PSOE y Podemos que dice que: «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Las contradicciones con la «heterogenidad del alumnado»

Por otro lado, PSOE y Podemos incuyen en el artículo 109.1 el objetivo de conseguir una «heterogeneidad» del alumno como «oportunidad educativa» y, al mismo tiempo, han aprobado otra enmienda transaccional con ERC que establece como criterio de preferencia para acceder al concierto el fomento de la escolarización de proximidad (que el centro esté cerca del domicilio o zonficación). La pregunta que cabe hacerse es cómo conseguir un alumando heterogéneo si se prima la proximidad de domicilio y por lo tanto, no podrán elegir un colegio que esté más lejos de su distrito.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-mas-pais-aprueban-educacion-solo-garantice-plazas-publicas-dejando-afuera-concertada-202011031358_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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España: La concertada se revuelve contra la ‘ley Celaá’ y prepara movilizaciones

Europa/España/01-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.laverdad.es

Patronales, padres y sindicatos se unen para frenar la reforma con recogidas de firmas, concentraciones y una marea de lazos naranja.

La Lomloe, la nueva ley de educación con la que la ministra Isabel Celaá quiere derogar la Lomce del PP, se tramita con rapidez en el Congreso, hasta el punto de que el Gobierno aspira a que la Cámara baja apruebe antes de final de año el texto que debería luego ser ratificado por el Senado. Es el momento decisivo, cuando la Comisión de Educación debate las enmiendas de los partidos y cuando el Ejecutivo debe ver si tiene o no los votos suficientes para sacar adelante una norma que contará con la casi segura oposición de PP, Ciudadanos y Vox.

Es la hora de la verdad y la educación concertada, que considera que la reforma los quiere convertir en centros subsidiarios, terminar con la capacidad de elección de los padres, y cerrar de forma paulatina muchas de sus aulas y colegios, ha decidido dar la batalla en la calle y en las redes para tratar de parar la ley.

El toque a rebato se producirá hoy, cuando una plataforma liderada por las patronales de la enseñanza concertada -con Escuelas Católicas a la cabeza-, las principales asociaciones de padres de los centros y los sindicatos mayoritarios en este ámbito inicien una campaña de movilizaciones y denuncia pública contra la ‘ley Celaá’, para poner en pie de guerra a un sector que supone el 26% del sistema no universitario español, con más de 5.200 centros y 2,1 millones de alumnos.

La campaña, denominada ‘Más plurales, más libres, más iguales’, comenzó a calentar motores el lunes, con la publicación masiva de vídeos y eslóganes contra la Lomloe en las redes sociales y páginas web de todas las organizaciones adheridas. La agitación de la protesta en el mundo digital va acompañada de etiquetas como #StopLeyCelaa.

Hoy miércoles se iniciará en la web masplurales.es una recogida de firmas contra la Lomloe que pretende reunir centenares de miles de apoyos para presionar a políticos y partidos y empezarán a activarse las protestas en la calle, que comenzarán con concentraciones en los centros, los miércoles, al final de la jornada escolar. Toda la campaña de denuncia contra la Lomce tendrá como referente simbólico y visual un lazo naranja.

Puntilla a la elección del centro

El sector rechaza de manera frontal la Lomloe porque suprime la «demanda social» como condicionante de la programación de puestos escolares -lo que permitía mantener y ampliar las plazas de la concertada a solicitud de los padres-; porque, con el objetivo de evitar casos de segregación escolar, da mayores competencias a las administraciones a la hora de distribuir a los alumnos por centros públicos o privados con independencia de la preferencia; y porque apuesta por la ampliación preferente de plazas públicas, sobre todo en la etapa de 0-3 años. Creen que detrás de los cambios está la intención de terminar con la libertad de elección de centro de los padres y de convertir la concertada en un mero complemento de la pública, para ir retirándoles grupos y conciertos paulatinamente.

Además, rechazan que la reforma legal «postergue» la clase de Religión a una asignatura sin materia alternativa y sin efectos académicos, que imponga en Primaria y ESO una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos que creen «un instrumento de adoctrinamiento», que «se limite la autonomía de los centros» por el retorno al consejo escolar de un representante municipal a quien consideran «un comisario político» y por el mayor peso de padres y alumnos en la elección del director, o que pretenda terminar con los conciertos de los centros privados que practican la educación diferenciada (separación por sexo).

Fuente e Imagen: https://www.laverdad.es/sociedad/educacion/concertada-revuelve-ley-celaa-20201028201511-ntrc.html

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España: La ministra de Educación responde:| “Para que avance la educación no sirve dar más al que más tiene”

Isabel Celaá responde a las preguntas de alumnos, profesores y familias en un programa organizado por EL PAÍS. “Los menores contagian menos de lo imaginado”, afirma la política ante el regreso a las aulas.

La educación pública “es el eje vertebrador del sistema, no solo por su mayor implantación, sino porque es la obligación del poder público para atender el derecho fundamental de la persona”, pero la escuela concertada “está perfectamente contemplada, perfectamente respetada y perfectamente acreditada” en la nueva ley escolar que se está tramitando en el Congreso, ha asegurado este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, para añadir después: “No hay ningún problema ideológico”. Durante un programa especial en vídeo organizado y emitido por EL PAÍS, en el que Celaá ha respondido durante algo más de una hora a preguntas de alumnos, profesores y padres, la ministra ha salido así al paso de una antigua polémica educativa y que esta semana ha estado de actualidad por la discusión en el Congreso sobre si los fondos extra para la reconstrucción tras la covid deben ir a la enseñanza pública o también a la concertada, es decir, la privada subvencionada.

En cualquier caso, entre los temores por la seguridad de la vuelta a las clases en septiembre, la forma de recuperar el tiempo perdido y de mejorar la calidad de la educación, la conversación de este jueves de Celaá con la comunidad educativa ha dado para mucho más. En el vídeo que encabeza este texto puede ver el programa completo. Lo siguiente es un resumen de lo más destacado:

Confianza en los grupos aislados. “Definitivamente las burbujas pueden funcionar, ya lo están usando otros países como Noruega, ya lo han observado los epidemiólogos como los pediatras: el virus no se transmite de forma tan rápida como pensábamos entre los menores. En estas burbujas estables tiene que haber niños que se relacionen entre sí y no con otros grupos y que sean atendidos por uno o dos profesores”. La OMS y la asociación de pediatría ya afirmaban el 8 de junio con claridad que los niños no son tan superdiseminadores del virus como pensábamos. Eso nos ha permitido acercarnos a fórmulas distintas y saber que podemos atender a los niños más pequeños a través de burbujas habida cuenta de que a determinadas edades no se observan las distancias físicas.

Cómo actuar si hay rebrote. Gema Duque, médico de la Comunidad de Madrid como su marido, ha querido saber cómo actuaría Educación ante un rebrote de la epidemia. Le gustaría que se actuase como en Francia donde se priorizó el regreso de los hijos del personal sanitario. La ministra, sin embargo, ha antepuesto a los más pequeños de la escuela. “Si algo hemos aprendido en este trimestre es que los cursos superiores han avanzado muy bien en su enseñanza a distancia, no así con los más pequeños a los que les resulta más difícil sentarse ante un ordenador o una tableta durante unas horas. Por lo tanto, aspiramos primero a tener un curso con unas normas parecidas a las de los otros cursos (…) Pero sí, en algún momento, hemos de priorizar presencia, los niños más pequeños, los niños de primaria, aquellos que se sujetan peor a la silla ante una cámara obviamente serán los primeros en ocupar los espacios físicos de los centros educativos”.

Uso de mascarilla. Gabriele, de ocho años, le ha preguntado a la ministra si tendría que asistir a clase con mascarilla y Celaá ha tratado de ser didáctica. “Si el centro opta por tener grupos de convivencia estables no necesitaréis mascarilla, porque os relacionaréis a modo de familia en vuestro grupo con uno o dos docentes. Pero si salís al patio o vais por un pasillo, a partir de los seis años sí podréis usar mascarilla”.

Isabel Celaá, vista desde la sala de control de realización. | Álvaro García
Isabel Celaá, vista desde la sala de control de realización. | Álvaro García

Los estudiantes sin voz. Andrea Henry, presidenta de la confederación estatal de asociaciones de estudiantes (Canae) ha lamentado que el ministerio se haya reunido con profesores y padres, pero no con ellos para afrontar este cambio en el sistema educativo. “Os escuchamos en el Consejo Escolar del Estado y en el Observatorio de Becas”, ha contestado Celaá que se ha mostrado dispuesta a escucharles más.

Educar al aire libre. Bibiana Marful, miembro de la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, ha propuesto a la ministra que a corto plazo se apostase en España por colegios al aire libre, pues funcionan con éxito en otros países y ya abogaba por esta práctica la Institución Libre de Enseñanza a principios del siglo XX. Celaá se ha mostrado abierta a estudiar la posibilidad: “Es una reflexión muy oportuna, al caso, porque si algo necesitamos en estos tiempos de gran incertidumbre en la salud o la educación, es esta apertura a la ventilación, al aire libre, a la vuelta a la naturaleza. Fue un concepto romántico, de los poetas clásicos y de los británicos. Como Shelley, que en todos sus poemas observaban la naturaleza”. Porque, como muchos pedagogos, la ministra considera que al aire libre se aprende “no solo el contenido de la materia sino del contacto con la naturaleza”.

De aire libre ha preguntado también la Asociación Patios Habitables: ¿Cuáles son las propuestas para la mejora y acondicionamiento de los patios escolares? Celaá ha recordado que es una competencia autonómica, pero ha animado a hacer una reflexión conjunta con los gobiernos regionales y ha concluido: “Con la utilización de escasos recursos se pueden obtener grandes beneficios en los términos que planteas”.

Regresión en las pedagogías. Beatriz Martínez, profesora de infantil en el municipio de Requena (Valencia), teme que la pandemia eche por tierra “todas las metodologías de trabajo participativo que favorecen el desarrollo de las inteligencias múltiples y la cohesión” y así se lo ha hecho saber a la ministra. “¿Regresamos atrás, a un trabajo individualizado sentando a los niños en su pupitre”. Celaá ha sido tajante: “En absoluto, vas a poder seguir haciéndolo”.

La ministra ha confiado en que será así a la vista de lo que comunican los epidemiólogos internacionales: “Se va a poder trabajar en grupos estables a modo de módulos, de personas que se relacionan con su profesor. La educación va hacia eso, no a un sistema cerrado por materias. Estamos en espacios móviles, aquel que pueda hacer una pequeña obra que la haga. Buscamos que los profesores trabajen colegiadamente”.

Conocimientos esenciales. A Elena González, vicepresidenta de la asociación de padres del colegio público Ramiro de Maeztu de Madrid, le preocupa que no se programen actividades extraescolares en las escuelas, pues son una fuente de conocimiento y facilitan a los padres la conciliación con la vida laboral. Celaá, en esta ocasión, ha pedido paciencia a la madre. La ministra ha dado una de cal: “Todas las medidas que estamos tomando para tener un entorno escolar seguro son temporales, tenemos la esperanza de tener un remedio o una vacuna pronto y desde luego hay que mantener las actividades extraescolares”. Y otra de arena: “Estamos en un momento muy anómalo. Un tiempo en el que debemos adaptarnos lo más posible para que se prioricen las competencias fundamentales, los aprendizajes esenciales. Esto no quiere decir que las actividades extraescolares tengan que desaparecer, pero sí que adaptarse a que primero tenemos que trabajar esas competencias esenciales”. Porque no duda que habrá que reforzar los conocimientos cuando lleguen los alumnos en septiembre. “Observaremos que hay deficiencias en el desarrollo de sus capacidades cognitivas que hemos de reforzar. Habrán desarrollado muchas destrezas emocionales, pero a lo mejor tenemos que profundizar en sus capacidades cognitivas. Al menos el primer trimestre, y probablemente hemos de acomodar aquellos contenidos que nos llegan del final de curso 19-20”.

Primer día de clase tras el confinamiento en el colegio público El Vallés, en Terrassa.
Primer día de clase tras el confinamiento en el colegio público El Vallés, en Terrassa.CRISTOBAL CASTRO

La polémica de las dos redes. Sobre la polémica de los últimos días en la comisión de reconstrucción del Congreso, cuyas conclusiones provisionales dejan fuera a la escuela concertada de los fondos extra que se puedan aprobar, la ministra ha querido dejar claro que ese debate parlamentario no tiene nada que ver con el proyecto de reforma educativa. Y que esta respeta perfectamente a la escuela concertada. “Está perfectamente contemplada, respetada y acreditada, por lo tanto, ahí no hay ningún problema ideológico ni de falta de consideración. Esa es la realidad”, ha dicho en su respuesta a Luis Centeno, secretario general adjunto de la patronal de colegios católicos FERE.

Financiación a la concertada. La ministra ha asegurado que los 2.000 millones que el Gobierno va a conceder a las comunidades para inversión extra educativa se repartirán “de forma equitativa en todo caso, dándole a cada uno lo que le corresponde”. Sin diferencias entre escuela pública y privada. “El fin ha de ser compensar las desigualdades y satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Porque si queremos que el sistema educativo avance, de nada sirve dar más a quien ya tiene más. Por lo tanto, nosotros no hablamos de titularidad sino de los más vulnerables”.

Celaá cree que “todos los centros que se sostienen con recursos públicos tienen que arrimar el hombro para tratar aquellas mayores dificultades educativas que tiene el sistema”, es decir, un mejor reparto de los alumnos más desfavorecidos. El 79% de los hijos de inmigrantes se concentran en la pública y siete de cada 10 alumnos con menos recursos.

Becas. José Montalbán, profesor en Estocolmo, ha reprochado a la ministra que las becas terminen de cobrarse terminado el primer trimestre y está ha asegurado que se han hecho pequeños avances. “Hemos conseguido acortar las becas como dos meses con respecto al curso anterior. Las becas se conceden tras haber conocido la declaración de la renta de las familias del curso anterior, estamos cambiando el sistema”, ha respondido.

Necesidades especiales. “Nosotros buscamos una escuela inclusiva, en la que todos los y las docentes estén preparados para tratar la diversidad, porque cada talento es diferente al otro y tienen que tratarse de manera individualizada, esa es la escuela que buscamos, que compense las desigualdades”, dijo la ministra. El tratamiento de las necesidades educativas especiales y con diversidad funcional apareció en el debate de la mano de Maria Belén Ouviña, maestra de audición y lenguaje en un instituto madrileño, que planteó su preocupación por la dificultad de enseñar a distancia a chavales con dificultades.

También hubo espacio para hablar de las protestas promovidas en los últimos meses por algunas asociaciones que temen que la nueva ley educativa suponga el cierre de los centros específicos de educación especial. Sobre ello, Celaá fue tajante: “Estamos comprometidos […] con la mejora de la dotación de recursos para la educación especial en los centros ordinarios, pero respetamos absolutamente los centros de educación especial, los reconocemos y además vamos a continuar apoyándolos […] de ninguna manera vamos a cerrar los centros de educación especial. Pero obviamente tenemos muchísimas familias que quieren ir a centros ordinarios, muchísimas”.

Formación Profesional. Además se abordó el tema de la FP. Un ámbito que Celaá calificó de prioritario para el ministerio. A la docente Bárbara Higuera Pérez, de Getafe, que reclamó esfuerzos para dar prestigio a la FP, le aseguró que ya está ocurriendo y que es la propia realidad laboral la que la impulsa: “Hay muchos egresados de la Universidad que quieren después pasar por la FP para conseguir un puesto de trabajo”, aseguró la ministra. A Ángel Cabezuelo, de Castellón, que preguntó cuándo se iban a equiparar por fin las condiciones de trabajo de los profesores técnicos de FP con las del resto de docentes de secundaria, Celaá le respondió: “Encontrarás una respuesta satisfactoria a esta cuestión en el proyecto de ley”.

Religión. No podía faltar en el programa una pregunta sobre otra eterna polémica en el ámbito educativo: la presencia de la asignatura de Religión en la escuela. Algunos sectores la defienden y otras la rechazan. Pablo Blanco, profesor en un pueblecito de Cantabria, es de los segundos. “¿Para cuándo la Religión fuera de las aulas?”, preguntó. Y la ministra respondió: “Observamos el respeto debido a los Acuerdos entre la Santa Sede y el Gobierno de España [de 1979, que establecen la existencia de la asignatura de Religión]. Por ello, la propuesta que hacemos es que sea de oferta obligada para los centros y de asunción voluntaria por parte del alumnado. No puede valer para una nota media”.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2020-07-02/la-concertada-esta-perfectamente-contemplada-y-respetada-en-la-ley.html

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España: 127.000 profesores, convocados a la huelga contra el decreto de escolarización de la Junta

Redacción: El País

Los sindicatos emplazan a los docentes a parar por “el ataque” a la escuela pública y por “favorecer” a la concertada.

Los 127.538 docentes y 12.700 miembros de personal laboral de los centros de enseñanza en Andalucía están llamados a la huelga el próximo 4 de marzo para protestar por el nuevo decreto de escolarización de la Junta (PP y Ciudadanos), que beneficia a la escuela concertada. La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, que aglutina a los sindicatos CC OO, UGT, CGT y USTEA, ha convocado el paro junto a  las asociaciones de padres y madres y el Frente de Estudiantes. Mientras, las centrales mayoritarias CSIF y ANPE aún no han decidido si se sumarán a la huelga, que podría afectar a 1,8 millones de alumnos. Eso sí, ambos sindicatos lo ven con buenos ojos porque ya avanzaron un calendario de movilizaciones contra la primera medida de cariz político del consejero Javier Imbroda (Cs), tras un año en el cargo.

La medida significa para los sindicatos “un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza” y “profundizar” en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid (donde rige el distrito único escolar), y que de momento Imbroda asegura que no se implantará en Andalucía. Sin embargo, el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), puntualizó que “la medida iba en la senda de lo que queremos realizar en el futuro”, en un guiño a Vox, partido ultra necesario para aprobar los Presupuestos autonómicos y con el que el PP firmó la supresión de las zonas educativas en el acuerdo de investidura hace un año. En Andalucía la educación concertada representa el 23% y la pública el 77%, en 7.144 centros educativos.

La bajada de la natalidad es constante en los últimos años y en Andalucía ha provocado la pérdida de 867 unidades públicas solo entre 2017 y 2019, según cifras de CC OO. Y dado que las plazas concertadas están blindadas por un convenio de 2017 firmado por el Ejecutivo autonómico, los próximos recortes apuntan a las plazas de la enseñanza pública. “La Junta no puede enfrentar el derecho a la educación colectivo a la libre elección de centro. Eso solo lleva al clasismo. Si seguimos así, las clases bajas quedarán como guetos. Solo tienes que irte a Estados Unidos, allí funciona a lo grande”, critica Olga Granado, de USTEA.

La Consejería de Educación ha rebajado el impacto de su nuevo decreto en un comunicado: “No supone ninguna revolución, solo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro”.

Imbroda aseguró el pasado lunes que el decreto era fruto del “consenso” con la comunidad educativa. “Eso es falso y denota su desconocimiento del proceso de negociación para un decreto”, responde Elena García, de CSIF, que ha pedido al resto de sindicatos una reunión urgente para consensuar las movilizaciones. El otro sindicato mayoritario, ANPE, también ha cargado contra el consejero para aclarar que manifestaron “de forma unánime nuestro rechazo al mismo en la fase de proyecto” del decreto. Leticia Vázquez, de la confederación de asociaciones de padres y madres Codapa, añade: “Nos prometieron adelantarnos el decreto y no lo han hecho, han ignorado todas las propuestas, no me podía creer que hablara de consenso”. El Consejo Escolar de Andalucía sugirió 55 modificaciones del decreto a la Consejería de Educación en su dictamen del pasado 24 de octubre, de las cuales la Junta afirma que ha adaptado 28.

Sobre la política educativa que desarrollará la Junta los próximos tres años de legislatura, Molina censura: “No hay un plan oculto, es nítido y transparente. Las unidades públicas caen en picado en beneficio de la red concertada”. Ante la convocatoria de paro, Vox ha reprochado a Imbroda haber pecado de inacción: “Para este viaje hubiera sido más práctico afrontar las reformas que necesita la enseñanza, porque las huelgas las íbamos a tener igual”, ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Fernández.

En Andalucía el 82% de los municipios carecen de educación concertada, pero ese 18% concentra el 75% de la población, según el Gobierno andaluz. En las ciudades la enseñanza concertada se convierte a veces en la primera oferta, como en el casco histórico de la capital andaluza. “Si los padres optan por los centros concertados, puede que los centros públicos del centro de Sevilla desaparezcan”, ejemplifica Sandra Fernández de UGT. Imbroda se reúne con los sindicatos el próximo viernes para intentar templar la corriente en contra de su línea política que ha unido a la comunidad educativa.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2020/02/19/andalucia/1582128228_410234.html

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