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España: La escuela pública y la privada se alían para denunciar el concierto de colegios de élite

Los alumnos de un colegio de Barcelona que recibe 1,6 millones en subvenciones públicas pagan 850 euros al mes

Europa/España/ elpais

En el barrio de Pedralbes, uno de los más adinerados de Barcelona, los alumnos del St. Paul’s School, un colegio trilingüe, reciben clase en unas instalaciones de lujo: 10.000 metros cuadrados de terreno, de ellos 2.000 de zona ajardinada, tres pistas polideportivas y dos gimnasios cubiertos. Se trata de un centro concertado, sostenido con fondos públicos, y sin embargo las familias (algunas famosas) pagan 850 euros al mes como “precio de escolarización”, según denuncia hoy jueves en un informe la Confederación Estatal de Padres de la Enseñanza Pública (CEAPA). Cada curso, la escuela, que tiene que impartir enseñanza gratuita, recibe 1,6 millones de euros de la Generalitat de Catalunya para el mantenimiento de las instalaciones y los salarios de los profesores y del personal no docente.

“Estamos dentro de la normativa de conciertos. La escolarización básica está cubierta por el concierto. Las cuotas son voluntarias”, argumenta Patricia Carranza, la directora del centro. La responsable del Sant Paul’s explica que la escuela dispone de muchos proyectos y programas de atención a la diversidad y que los padres reclaman servicios adicionales y saben que “estos proyectos los tienen que cubrir”. En un correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jefa de admisiones del colegio explica que“el precio de la escolarización es de 850 euros al mes”, una cuota que incluye “media pensión, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, natación…), mutua escolar o seguro de accidentes”, entre otros. E indica que la matrícula son otros 2.800 euros. Al Consorcio de Educación de Barcelona le consta que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por “actividades complementarias” (extraescolares) y 175 euros de comedor.

En el Estudio de precios de colegios concertados, elaborado por una consultora y financiado por el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociación que agrupa a 57 colegios privados, se analizan 147 colegios de seis comunidades autónomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes. La muestra es pequeña, pero abre un debate muy polémico con pruebas por escrito de los precios. “Nosotros defendemos la cuota cero y tenemos constancia de que algunos centros están pidiendo a las familias 800 euros al mes”, se lamenta Camilo Jene, vocal por Madrid en CEAPA. «Cualquier entidad que recibe fondos públicos se somete a controles exhaustivos y estos colegios no», se sorprende Jené.

GASTO EDUCATIVO

Inversión que destinan las Administraciones a la educación. En millones de euros.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. EL PAÍS

La ley educativa de 2006 (LOE) establece que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”. También fija la imposibilidad de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios” que requieran aportación económica. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares «con carácter voluntario», añade la norma. Es decir, que no se puede discriminar al niño que no abone la aportación.

Muchos concertados cobran pequeñas cantidades por multitud de conceptos que suman una cantidad respetable: servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar, atención a la capellanía, o, incluso, el proyecto pedagógico del centro. En algunos de los colegios, señala el informe, la jornada lectiva (la que es gratuita) no empieza hasta las diez de la mañana, lo que fuerza a las familias a pagar el servicio de madrugadores. Un estudio de la OCU de 2017 calculaba que los hogares gastan de media al año 841 euros en enseñanza si el niño está matriculado en un colegio público, 1.856 en un concertado y 4.086 en un privado. En el curso 2017-2018, en España hubo 8,1 millones de alumnos desde infantil a bachillerato. De ellos, el 67,3% estuvo matriculado en la pública; el 25,9 % en la concertada y el 6,9% en la privada.

NÚMERO DE AULAS

Fuente:Ministerio de Educación y Formación Profesional. EL PAÍS

“La escuela concertada tradicional tiene una clara función social y hemos convivido con ella durante años sin problemas”, explica Elena Cid, directora general de la asociación de colegios privados CICAE.  En su opinión, constituye un problema la llamada «nueva concertada», que engloba a los colegios construidos en los últimos 15 años, muchas veces sobre suelo público cedido. “Es un modelo mercantilizado que supone una competencia desleal para la privada por la doble financiación por la vía el copago que exigen a las familias. Muchos colegios tienen una alta rentabilidad a costa de las arcas del Estado”, denuncia Cid. La patronal de esta nueva concertada, Confederación de Centros Educativos (CONCEE), ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, una red que representa al 60% de la privada concertada (2.008 centros) con 1,2 millones de alumnos en toda España, asegura que el 82% de sus colegios cobran «aportaciones voluntarias» de entre 10 y 50 euros, nunca obligatorias. “Explicamos a las familias que esas cantidades son necesarias porque el módulo del concierto que aporta la Administración no cubre el coste real de los colegios”. Aparte, los padres pagan las cuotas por comedor y actividades extraescolares. Alvira denuncia que en el curso 2015-2016, la pública recibió 4.568 euros por alumno, mientras que en el caso de la concertada la aportación de la Administración fue de 2.917 euros por estudiante. “Hemos pedido al Ministerio de Educación que estudie el coste real del puesto escolar para evitar el déficit crónico que sufrimos. Entendemos que no se puede equiparar de un año para otro, pero hay que establecer un calendario”, apuntó.

Carles Martínez, director general de políticas educativas de la Generalitat de Cataluña, cree que hay un problema: “Somos conscientes de que se están produciendo irregularidades porque el concierto educativo es el instrumento jurídico que tiene que garantizar la gratuidad de la escolarización y es incompatible que haya estas cuotas”. El Departamento de Enseñanza, comandado por ERC, ha explicado a EL PAÍS su intención de revisar todos los conciertos educativos y apostar por una “financiación equitativa”, de forma que el volumen del concierto público dependa del entorno socioeconómico del centro. El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, ya había anunciado su intención de no renovar el acuerdo con las escuelas que segregan por sexo.

Aunque no ha querido entrar en casos particulares, Martínez asume que hay “bastante opacidad” con los conciertos y hay “centros que no se los merecen”. De hecho, el ahora alto cargo del Departamento de Enseñanza era el portavoz del sindicato Ustec —mayoritario en la escuela pública— cuando la central sindical denunció en 2002 a varios colegios concertados —entre ellos el Sant Paul’s y otros vinculados al Opus Dei— por cobrar elevadas cuotas camufladas en varios conceptos. Entonces, la denuncia fue archivada.

La batalla en otras comunidades

El estudio de los precios de la concertada no es el único frente de denuncia a las cuotas. A María Luisa Hermida, abogada de León, muchas familias la animan a que cree una plataforma de denuncia de cuotas en la concertada. De momento, ella solo les asesora. Esta madre saltó a los medios cuando denunció ante la inspección educativa de Castilla y León los 60 euros mensuales que había estado abonando por su hija en un colegio religioso. Hermida calcula que unas 350 familias de toda España  han contactado con ella. Les aconseja que reclamen el dinero de las cuotas a los colegios por escrito y, si no lo consiguen, acudan a la inspección educativa. «Siempre hay silencio administrativo. Luego queda la vía judicial”.

Otra madre, María, que pide total anonimato, empezó pagando 60 euros de cuota por cada uno de sus hijos en un colegio de curas de la provincia de Barcelona. Cada año, cuenta, el precio sube 10 euros y de pronto se ha plantado en los 300 euros al mes por los dos niños. Un dineral para ella que se define «de clase trabajadora». «Si me dijesen dónde va el dinero que pago sería otra cosa, pero no lo sé», se desespera. Durante unos meses, pagó una cantidad menor, pero en el colegio le advirtieron de que si todas las familias actuaran igual tendrían que cerrar. «He vuelto a pagar los 300, me da miedo que a la pequeña no la dejen ir de colonias». No descarta acudir a los tribunales cuando ambos terminen de estudiar allí.

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE y Compromís, animan a las familias a denunciar si se sienten agraviadas y estudian “decenas de casos” cada año. «Al final, la inspección educativa no actúa porque los reclamantes se echan para atrás por miedo a las repercusiones en sus hijos. Sin testimonios, no hay penalizaciones», señalan fuentes de la consejería.

Por el contrario, en Aragón, con un Gobierno socialista y de la Chunta respaldado por Podemos, hay familias que sí han querido denunciar y se han tomado medidas. “El pasado curso hubo cuatro comisiones de conciliación con cuatro colegios distintos. Cobraban horas extraescolares que no debían serlo y en todos los casos se acabó con esa práctica”, explica una portavoz de la Consejería de Educación. Una orden aragonesa de 2017, además, obliga a los concertados a hacer una declaración jurada de que no van a cobrar ni un euro más por conceptos no previstos. Y los concertados tienen que hacer público el precio de su comedor y transporte en la web de la consejería que consultan los padres para elegir colegio. “El comedor de la pública cuesta 86 euros y en algunos concertados casi se dobla”, compara esta fuente.

El pasado curso en la Comunidad de Madrid, la región junto a Murcia donde más ha subido la concertada desde 2000, la inspección educativa abrió expediente a 167 colegios en los que se detectaron “irregularidades” en las cuotas: no se informaba de que eran voluntarias, ofertaban actividades de las que no habían informado a Educación, o no detallaban los precios. Pero no ha habido penalizaciones. Hace un mes se dio carpetazo al asunto porque “los centros se ajustan a la normativa vigente”, aseguró el consejero Rafael van Grieken (PP). Finalmente, el PP se unió a todos los grupos y el pasado 18 de octubre votó a favor de establecer mecanismos para hacer más transparente y accesible la información sobre la voluntariedad de las cuotas. Lo que Podemos, que impulsó la medida, califica como «el impuesto revolucionario».

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/10/24/actualidad/1540401514_493973.html

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España: La izquierda rechaza mostrar su apoyo a la enseñanza concertada

Redacción:  La Gaceta de Salamanca

El Ayuntamiento ha aprobado este viernes una moción en defensa de la libertad de educación que reconoce la Constitución y por tanto de la permanencia del sistema mixto de enseñanza pública y concertada.

El acuerdo ha salido adelante con los votos en contra del Ganemos y PSOE que han dicho que la escuela pública es la única vía para que la enseñanza no dependa de la cuna. La edil del PP ha rebatido este argumento y ha recordado que hay más de 15.000 alumnos escolarizados en centros concertados, por lo que los anuncios de la ministra de Educación ha generado inquietud y preocupación en padres y profesionales.

Fuente: https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2018/10/05/izquierda-rechaza-mostrar-apoyo-ensenanza/250016.html

 

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España: Los centros privados no concertados ganan terreno impulsados por el cheque escolar

El informe del inicio del curso 2018/2019 ‘Objetivo: revertir los recortes del PP’, de CC OO, señala cómo la educación privada y concertada sigue ganando terreno gracias a la LOMCE.

Entre el curso 2013/2014 y 2015/2016, el número de centros de educación de régimen general de titularidad pública aumentó un 0,9% hasta llegar a los 255.438 centros. Los centros concertados aumentaron otro 0,9% —87.389—. Por su parte, los centros privados no concertados se incrementaron en este mismo periodo un 6,4% —de 27.708 centros a 29.491—. La razón: los cheques escolares. Así lo señala el Informe del inicio del curso 2018/2019. Objetivo: revertir los recortes del PP, elaborado por CC OO Enseñanza.

“El mayor crecimiento del número de unidades de la red privada y concertada, y el desequilibrio entre redes en los casos vistos en cada etapa, ha podido hacerse, en buena medida, por la modificación del artículo 109.2 de la LOMCE”, apunta el informe, que añade que, la decisión en último término, ha sido de las administraciones autonómicas.

El 109.2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es uno de los artículos cuya derogación fue anunciada en julio por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El artículo, calificado por la ministra de Trabajo Isabel Celaá de “eufemismo que puede propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada”, permitía que la programación de la oferta de plazas escolares se estableciera por “demanda social”.

“Si la ‘demanda social’ era un eufemismo para justificar el incremento de unidades de la red concertada, el mayor crecimiento de unidades y alumnado, sin embargo, se ha producido en la no concertada, pero utilizando fondos públicos regulados en los presupuestos: el cheque escolar o la exención fiscal por gastos educativos”, apunta el informe de CC OO, que señala también que, en ocasiones —en Infantil y FP— centros concertados se han transformado en no concertados.

Desde el sindicato denuncian que en los cursos analizados —los últimos de los que hay datos por etapas— la red pública, que escolariza a dos tercios del alumnado, ha recibido menos de la mitad —45,3%— de las nuevas unidades, mientras que las redes privadas, con un tercio del alumnado, ha recibido el 54,6% de los nuevos centros. Una tendencia que, según afirma el informe “ha podido frenarse con la llegada de nuevas fuerzas políticas a los gobiernos autonómicos”, aunque, por ahora, no hay datos que confirmen esta percepción.

CAÍDA DE EMPLEO DOCENTE

El informe presentado por CC OO también pone sobre la mesa la destrucción de empleo en la enseñanza pública. En concreto, entre julio de 2016 y el mismo mes de 2017 se contaron 11.685 funcionarias y funcionarios de carrera menos. Una tendencia que se inició en 2012, con los recortes decretados por el Gobierno del Partido Popular.Por su parte, el número de empleos estables destruidos desde julio de 2011, fecha previa a los recortes, hasta julio de 2017, fue de 59.985. Mientras que en julio de 2011 el 84,56% del personal docente era funcionario de carrera, en julio de 2017 este porcentaje cayó al 70,88%.

Además de la destrucción de empleo, en el informe también se subraya el aumento de la temporalidad entre el personal docente de la enseñanza pública: de las 77.718 contrataciones temporales que hubo en 2011 se pasó a 150.210 en 2017, casi el doble.

A pesar de que las estadísticas señalan un aumento de las contrataciones respecto a 2011 —de 503.386 a 515.893 en 2017—, el informe advierte que el dato “no puede despistarnos de lo que realmente hay detrás de estas cifras: crece la precariedad en el sector docente”. De esta manera, los contratos que aumentan dan baja en la Seguridad Social en julio y agosto. “No son contratos que se prolongan todo el curso”, apuntan desde el sindicato.

EDUCACIÓN EN EL PIB

En 2015 se recuperó el valor del PIB existente en 2009, pero a día de hoy no se ha recuperado el porcentaje del PIB destinado a educación. Si en 2009 era un 4,95%, el porcentaje que fue a gastos de educación ha ido disminuyéndose progresivamente hasta llegar al 4,21% de 2017.

“No estamos ante un problema de recursos o riqueza, sino de su distribución y de fijar las prioridades”, subraya el informe de CC OO Educación, que señala que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se incluyen beneficios fiscales en educación destinados a desgravar a quienes han podido realizar pagos en escuelas infantiles privadas, etc. “Esto supone una nueva pérdida de equidad en la gestión de los fondos públicos”.

Leer el informe en: https://www.scribd.com/document/388074049/Informe-Inicio-Curso-2018-2019

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/educacion/centros-privados-no-concertados-ganan-terreno-impulsados-cheque-escolar

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España: Educación, las bajas de los profesores serán, de nuevo cubiertos desde el primer día

Europa/España/10.09.2018/Fuente: ecodiario.eleconomista.es.

El director general de Recursos Humanos de la Consejería madrileña de Educación e Investigación, Miguel Zurita, ha garantizado hoy que el próximo viernes, día 7, cuando comience el curso para Educación Infantil y Primaria, los profesores estarán en sus puestos de trabajo.

Fuente de la noticia:  http://ecodiario.eleconomista.es/noticias-amp/9365206/Educacion-Los-profesores-estaran-en-sus-puestos-cuando-comience-el-curso

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Educación estudia introducir la asignatura de valores cívicos y éticos en dos cursos de Primaria y Secundaria

Europa/España/06.08.18/Fuente: www.eleconomista.es.

Celaá dice que algunas informaciones sobre la política del Gobierno en materia de educación concertada son «Fake News»

La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Isabel Celaá, ha afirmado que está estudiando la posibilidad de introducir la nueva asignatura de valores cívicos y éticos «en un curso en Primaria y en otro en Secundaria».

«Trataremos de acordar con el resto de fuerzas políticas cuáles serán los cursos más idóneos para la incorporación de los valores cívicos, pero habrá uno en Primaria y otro en Secundaria», ha apostillado.

Así lo ha dado a conocer este martes 24 de julio la titular de Educación en un desayuno informativo organizado el Fórum Europa, al ser preguntada sobre la asignatura de valores cívicos y éticos que, según ha detallado, «básicamente ya está diseñada». «Es la que realmente hemos tenido como alternativa a la Religión», ha apostillado.

Celaá ha detallado que es una materia que se fundamenta sobre todo en «los derechos básicos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los valores constitucionales». Así, ha indicado que el derecho a la igualdad de género también estará recogido, aunque no ha podido concretar en qué términos y ha agregado que se llevará a cabo un estudio «desde esta perspectiva» del contenido de los libros de texto.

Respecto a la polémica surgida en la educación concertada, la ministra ha lanzado un «mensaje de tranquilidad» a las familias, que «no tienen nada que temer» porque sus hijos «continuaran su escolarización en esos centros». Así, Celaá ha insistido en que algunas informaciones en este sentido son «Fake News, son falsas de toda falsedad».

En relación con las medidas adoptadas por el Gobierno anterior sobre el acoso escolar, la ministra de Educación ha asegurado que «todo» lo que se ha venido haciendo hasta ahora en este materia es «bienvenido» y ha manifestado que en la actualidad «se percibe socialmente como que hubiera un aumento en esta lacra». «Hay que salir rápidamente a corregir esta cuestión», ha recalcado, al tiempo que ha dicho que va a seguir avanzando en esta materia.

La ministra se ha referido, por otro lado, a los alumnos con altas capacidades. Así, Isabel Celaá aboga por trabajar «la diversificación curricular, la diversidad, en Secundaria» y profundizar en ello. «Consideramos que ha sido sustituida esta diversificación curricular, en algunos casos, por programas de bajo valor educativo», ha subrayado.

Además ha abogado por que los niños con necesidades educativas especiales sean escolarizados en centros ordinarios «hasta donde sea posible» porque con los «compañeros los alumnos mejoran», y que los centros de educación especial sean para los casos «más extremos».

MODELO PARA EL PROFESORADO

Preguntada sobre cómo se plantea cambiar el modelo relativo al profesorado, la ministra ha afirmado que se trata de una cuestión «de mucha envergadura» y ha añadido que la formación es «clave». «No podemos pensar que una formación inicial ya sirve para todo el itinerario», ha apuntado, para después añadir que está «reflexionando» sobre esta cuestión que «no es fácil» y requiere «conjugar muchas variables».

Respecto a si el Gobierno va a recurrir el decreto catalán de la ESO, que establece calificaciones numéricas, la titular de la cartera de Educación ha indicado que por ahora no lo han estudiado. «Vamos a verlo. Lo tenemos que estudiar», ha confesado.

Además, ha rechazado la idea de que el Ejecutivo quiera que todos los niños en España aprendan catalán: «Me mueve a la sonrisa». La ministra ha agregado, no obstante, que puede ser un «desiderátum de ciertas personas el hecho de que las lenguas autonómicas puedan ser tomadas como opciones en algunos centros educativos».

«Con todo respeto, forma parte de la autonomía del centro. De ahí a titular que el Ministerio de Educación pone el catalán para todos los alumnos de España hay un abismo», ha zanjado.

Finalmente, Isabel Celaá ha asegurado que el Pacto Educativo sigue siendo «necesario» y ha insistido en que el Gobierno seguirá «en la senda de la búsqueda de los acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias que crean que la estabilidad del sistema educativo es necesaria, es buena».

Fuente de la noticia: http://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9292450/07/18/Educacion-estudia-introducir-la-asignatura-de-valores-civicos-y-eticos-en-dos-cursos-de-Primaria-y-Secundaria.html

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España: La educación que segrega por sexos divide al Tribunal Constitucional

Redacción: Alberto Pozas/ Cadena Ser

Después de avalar el artículo de la LOMCE de 2013 que permitía financiar con dinero público la educación que separa, a niños y niñas, el tribunal de garantías da la razón a uno de estos colegios con el voto en contra de tres de sus magistrados

La educación que diferencia entre chicos y chicas en las aulas divide al Tribunal Constitucional. Después del espaldarazo del tribunal de garantías en abril a que este tipo de educación tenga acceso a fondos públicos, los jueces han dictado varias sentencias en las que ha sido imposible alcanzar la unanimidad: la última obliga al gobierno de Cantabria a reconsiderar su decisión de no renovar los conciertos de un colegio que sólo admite chicos en sus clases.

Su caso fue el primero en llegar a manos del Supremo y también al Constitucional, que en los últimos días ha dictado sentencia una vez rechazado el recurso del PSOE contra este aspecto concreto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada en 2013 por el entonces ministro del ramo, José Ignacio Wert. Ahora el Supremo ordena al ejecutivo cántabro – que entonces y ahora dirige Miguel Ángel Revilla – a que revise el caso, asegurando que la negativa «ha incidido de modo intenso sobre la libertad educativa» de las familias, afirmando también que la decisión «conllevó el incremento del precio de la matrícula y de otros gastos vinculados a la escolarización».

La mayoría de los magistrados del pleno basan su decisión en los argumentos desplegados el pasado 10 de abril en su primera sentencia sobre el asunto: resolució en la que calificaron de «diferenciación jurídica» el separar a niños y niñas en las aulas pero asegurando que es «un método pedagógico fruto de determinadas concepciones que entienden que es más eficaz«, hablando incluso de «la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos».

Sentencias y votos particulares

La del colegio Torrevelo es la sentencia que marca el camino a aquellos centros que segregan a sus alumnos y alumnas por razón de sexo y a los que se les haya negado el acceso a ayudas públicas y conciertos educativos por parte de las administraciones regionales. Desde el pasado 10 de abril, el Constitucional ha resuelto varios recursos interpuestos por los gobiernos de AsturiasCatalunya y Andalucía contra este y otros aspectos de la ‘Ley Wert’, avalando la norma en todo momento con los votos particulares contrarios de hasta cuatro magistrados y magistradas.

Wert frente a su retrato, que costó casi 20.000 euros
Wert frente a su retrato, que costó casi 20.000 euros / Ballesteros (EFE)

Han sido Fernando ValdésMaría Luisa BalaguerJuan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido los que han emitido votos particulares contrarios en todas estas sentencias, entendiendo que la educación que segrega por sexo a alumnos y alumnas es contrario a la igualdad que protege la Constitución y que, por tanto, no debe ser subvencionada con dinero de todos los contribuyentes.

En esta última sentencia, son Valdés y Balaguer quienes defienden que la educación segregada por razón de sexo «vulnera frontalmente la Constitución tanto en la escuela pública como en la privada» y queesta nueva sentencia «imprime un giro, si cabe aún más preocupante, a la lógica argumental» de la dictada en abril, «al dar por bueno que cualquier modalidad de educación diferenciada es compatible con la Constitución, pretenda o no transmitir valores incompatibles con el principio de igualdad, la interdicción de discriminación y con el mandato de promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres».

Fuente: http://cadenaser.com/ser/2018/07/17/tribunales/1531845822_757302.html

 

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España: Plataforma por la Educación Pública pide abordar los conciertos en la privada

Europa/España

València, 18 jul (EFE).- Varias organizaciones agrupadas en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública han exigido este miércoles una reunión con el conseller de Educación, Vicent Marzà, para abordar la devolución de los conciertos educativos de varias unidades de Bachillerato en algunos centros concertados.

Según ha manifestado la plataforma en un comunicado, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha causado malestar a estas entidades porque «avala la educación concertada», la cual debe «seguir siendo subsidiaria de la pública y no al revés».

Por ello, han pedido a la Administración central y autonómica a «modificar o derogar las leyes que entienden que la concertada es complementaria de la pública y no subsidiaria», además de reivindicar políticas y un mayor activismo para derogar la LOMCE.

La plataforma pedirá la creación de una comisión, con el objetivo de «hacer un seguimiento de la revisión de los conciertos en el que participen agentes sociales»; así como un estudio jurídico que valore la posibilidad de coordinar posibles acciones judiciales para conocer «en qué tipo de legalidad se basan las sentencias y poder orientar la acción sindical y jurídica».

También ha anunciado que solicitará la promoción de una conferencia sectorial educativa para «coordinar con el resto de administraciones estatales en materia de Educación una respuesta que transforme el marco legal y permita una revisión efectiva de los conciertos educativos».

Por último, la plataforma ha avanzado que planteará las propuestas que se deben trasladar al Ministerio de Educación para mejorar el sistema educativo, como «la derogación de la LOMCE y los Real Decreto Ley 14/2012 y 20/2012, relativos a los recortes a profesores y funcionarios». EFE

Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180718/45958024553/plataforma-por-la-educacion-publica-pide-abordar-los-conciertos-en-la-privada.html

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