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España: 127.000 profesores, convocados a la huelga contra el decreto de escolarización de la Junta

Redacción: El País

Los sindicatos emplazan a los docentes a parar por “el ataque” a la escuela pública y por “favorecer” a la concertada.

Los 127.538 docentes y 12.700 miembros de personal laboral de los centros de enseñanza en Andalucía están llamados a la huelga el próximo 4 de marzo para protestar por el nuevo decreto de escolarización de la Junta (PP y Ciudadanos), que beneficia a la escuela concertada. La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, que aglutina a los sindicatos CC OO, UGT, CGT y USTEA, ha convocado el paro junto a  las asociaciones de padres y madres y el Frente de Estudiantes. Mientras, las centrales mayoritarias CSIF y ANPE aún no han decidido si se sumarán a la huelga, que podría afectar a 1,8 millones de alumnos. Eso sí, ambos sindicatos lo ven con buenos ojos porque ya avanzaron un calendario de movilizaciones contra la primera medida de cariz político del consejero Javier Imbroda (Cs), tras un año en el cargo.

La medida significa para los sindicatos “un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza” y “profundizar” en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid (donde rige el distrito único escolar), y que de momento Imbroda asegura que no se implantará en Andalucía. Sin embargo, el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), puntualizó que “la medida iba en la senda de lo que queremos realizar en el futuro”, en un guiño a Vox, partido ultra necesario para aprobar los Presupuestos autonómicos y con el que el PP firmó la supresión de las zonas educativas en el acuerdo de investidura hace un año. En Andalucía la educación concertada representa el 23% y la pública el 77%, en 7.144 centros educativos.

La bajada de la natalidad es constante en los últimos años y en Andalucía ha provocado la pérdida de 867 unidades públicas solo entre 2017 y 2019, según cifras de CC OO. Y dado que las plazas concertadas están blindadas por un convenio de 2017 firmado por el Ejecutivo autonómico, los próximos recortes apuntan a las plazas de la enseñanza pública. “La Junta no puede enfrentar el derecho a la educación colectivo a la libre elección de centro. Eso solo lleva al clasismo. Si seguimos así, las clases bajas quedarán como guetos. Solo tienes que irte a Estados Unidos, allí funciona a lo grande”, critica Olga Granado, de USTEA.

La Consejería de Educación ha rebajado el impacto de su nuevo decreto en un comunicado: “No supone ninguna revolución, solo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro”.

Imbroda aseguró el pasado lunes que el decreto era fruto del “consenso” con la comunidad educativa. “Eso es falso y denota su desconocimiento del proceso de negociación para un decreto”, responde Elena García, de CSIF, que ha pedido al resto de sindicatos una reunión urgente para consensuar las movilizaciones. El otro sindicato mayoritario, ANPE, también ha cargado contra el consejero para aclarar que manifestaron “de forma unánime nuestro rechazo al mismo en la fase de proyecto” del decreto. Leticia Vázquez, de la confederación de asociaciones de padres y madres Codapa, añade: “Nos prometieron adelantarnos el decreto y no lo han hecho, han ignorado todas las propuestas, no me podía creer que hablara de consenso”. El Consejo Escolar de Andalucía sugirió 55 modificaciones del decreto a la Consejería de Educación en su dictamen del pasado 24 de octubre, de las cuales la Junta afirma que ha adaptado 28.

Sobre la política educativa que desarrollará la Junta los próximos tres años de legislatura, Molina censura: “No hay un plan oculto, es nítido y transparente. Las unidades públicas caen en picado en beneficio de la red concertada”. Ante la convocatoria de paro, Vox ha reprochado a Imbroda haber pecado de inacción: “Para este viaje hubiera sido más práctico afrontar las reformas que necesita la enseñanza, porque las huelgas las íbamos a tener igual”, ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Fernández.

En Andalucía el 82% de los municipios carecen de educación concertada, pero ese 18% concentra el 75% de la población, según el Gobierno andaluz. En las ciudades la enseñanza concertada se convierte a veces en la primera oferta, como en el casco histórico de la capital andaluza. “Si los padres optan por los centros concertados, puede que los centros públicos del centro de Sevilla desaparezcan”, ejemplifica Sandra Fernández de UGT. Imbroda se reúne con los sindicatos el próximo viernes para intentar templar la corriente en contra de su línea política que ha unido a la comunidad educativa.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2020/02/19/andalucia/1582128228_410234.html

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En nombre de la libertad de enseñanza hay que suprimir la enseñanza concertada

Por:  Carlos Fernández Liria

Al hilo de la cruzada que ha emprendido el PP en defensa de la escuela concertada, ha circulado un vídeo en el que “un padre con hijos en la pública explica a la ministra Celaá lo que es la libertad de enseñanza”. En un tono impertinente y paternalista, amparado en la supuesta autoridad moral que le confiere llevar a sus tres hijos a la escuela pública, este sujeto explica una sarta de majaderías aprendidas en el peor catecismo ideológico. Lo importante no es este señor, por supuesto, pero el catecismo en cuestión sí conviene denunciarlo. Pienso que seguramente el vídeo es un montaje propagandístico del PP porque, sinceramente, no creo que se pueda ser tan tonto y tan ignorante. Pero el caso es que este señor amenaza a los del “pacto de gobierno” con plantarles cara en las calles si se llega a tocar el asunto de la escuela concertada. Y eso sí ocurrirá, sin duda, a la menor ocasión, por lo que conviene tener algunas ideas claras respecto a esta posible eventualidad.

Hay una serie de sofismas que se repiten sin cesar como si fueran evidencias. Según ellos, y tal y como recita el padre en cuestión, el artículo 27 de la Constitución protege la enseñanza concertada porque defiende la libertad de enseñanza contra el modelo de la “escuela única”. Esto es completamente falso, pero es que además no se sabe qué puede ser eso de la “escuela única”. Lo bueno que tiene este padre es que con ese tonillo tan repelente se explica con mucha claridad: “la escuela única se da sólo en los países en donde existe el partido único, la prensa única, o sea, en las dictaduras, en los regímenes totalitarios”. Lo repite dos veces en cinco minutos.

Así pues, si suprimir la escuela concertada es imponer el modelo de “escuela única” y eso sólo se da en las dictaduras totalitarias, habría que concluir de inmediato que en Europa hay una buena cantidad de países totalitarios: en realidad, casi todos. Se lleva la palma, desde luego, Finlandia, que durante las últimas décadas ha sido el milagro educativo europeo, donde la escuela concertada se reduce a un 2,9 % y la escuela privada a un impactante 0,0%Noruega es, también, un país muy totalitario, con un 96,4% de escuela pública. Peor es en Irlanda, donde la concertada y la privada juntas suman un 0,4%. Otras dictaduras totalitarias serían Alemania (la que más, junto con Austria, un 0,0%), Los Países Bajos (0,9%) o Italia (5,1%). En realidad, según esta especie de catecismo del PP, sólo tres países europeos se librarían, por tanto, del totalitarismo: España, donde la suma concertada privada es del 31,8%; Reino Unido, con un 39,1% y Bélgica, con un 55,7%. Todos los demás serían dictaduras totalitarias que cercenan la libertad de enseñanza imponiendo un modelo de “escuela única”.

El disparate es tan mayúsculo y el truco ideológico tan grotesco que no se entiende como en nuestro país ha podido gozar de un cierto consenso, de modo que un padre desinformado puede poner ese tonillo tan cargante de sermón aleccionador y responsable.

Todo está (además de basado en datos falsos) mal planteado. Lo que esta “gente liberal de derechas” llama “libertad de enseñanza” no es más que un supuesto derecho que tienen los padres a imponer a sus hijos su propia ideología personal y, además, de hacerlo de forma absolutamente totalitaria hasta que cumplan 18 años (cuando el daño ya estará hecho y rematado). O sea, que si se da la circunstancia de que tienes unos padres del Opus o Testigos de Jehová, la has jodido de por vida y sin remedio, porque según esta peculiar interpretación de la Constitución, los padres tienen derecho a encerrar a sus hijos en una cárcel ideológica hasta que sean mayores de edad. A eso le llaman “libertad de las familias”. Las cosas, sin embargo, suceden exactamente al revés.

La escuela pública es lo mejor que se ha inventado contra el totalitarismo ideológico. Se inventó, sobre todo, para librar a los niños de la dictadura ideológica a la que los padres podrían someterlos, educándolos según sus convicciones (en ocasiones repugnantes o incluso a veces criminales) sin dejarles asomarse ni por un momento a la pluralidad ideológica y la diversidad social. Los niños pueden, sin duda, ser educados en casa de manera más o menos asfixiante. Ese es el derecho de los padres. Pero en el colegio, en el Instituto, deben de tener una ventana abierta al mundo, a otros mundos que sus padres no tienen derecho a censurar, porque no son más que los mundos de sus conciudadanos. Unos serán cristianos, otros musulmanes, otros ateos, budistas o pastafaris.

Esta es la gran belleza de la escuela pública, donde cada niño se sienta junto a alguien que seguro que es diferente que él, donde se aprende el respeto y la tolerancia hacia la diversidad y la riqueza ideológica. ¿De verdad que parece razonable que los padres puedan tener el derecho, por ser del Opus (o de ETA militar, eso da igual) de sentar a sus hijos durante 18 años en un colegio de gente del Opus, donde se explique el mensaje del Opus, se coma como comen los del Opus, se piense al modo Opus y esté prohibido comportarse más que como se comportan los del Opus, por ejemplo, separando los sexos y prohibiendo la masturbación o la homosexualidad con las penas del infierno? Yo no pretendo, que ya me gustaría, que se me meta a esa gente en la cárcel, porque en esto no me ampara la Constitución y yo la respeto mucho también. Pero, me parece una cuestión de elemental higiene democrática que esos hijos se eduquen en una escuela pública, donde podrán elegir (¡eso sí que es la libertad de elegir de las familias y no del patriarca en cuestión!) si prefieren admirar y seguir el modelo cultural de sus padres o apuntarse a cualquier otro modelo ideológico, cultural o religioso.

La escuela pública se inventó para salvarnos de nuestros padres. Es un invento tan bueno, que no sólo te facilita salvarte de tus padres fachas, sino también de tus padres progres. Porque lo que es aplicable a los padres del Opus, es aplicable igualmente a esos padres acrátas alternativos que se empeñan en educar a sus hijos en una casa okupa, según su catecismo ideológicamente correcto, al tiempo que se niegan a vacunarles y les alimentan con quinoa. Los padres, nadie lo niega, tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Pero no de manera totalitaria. Sus convicciones educativas tienen que pasar por la prueba de la escuela pública. Someterse a la reválida de la democracia, la diversidad social y la pluralidad ideológica. Contra lo que suele decirse, la escuela pública es el único invento fiable contra el control ideológico.

Cuando se repite ese mantra absurdo del control ideológico estatal se olvida la cuestión fundamental: la de si se está hablando de un Estado con división de poderes o no. En la medida misma de que haya un control gubernamental de lo público, ya se trate de la escuela pública (donde es casi impracticable) o de la prensa pública (donde por supuesto que lo hay) o de la justicia (que no puede ser privada), eso no es más que una demostración de que la separación de poderes no está funcionando correctamente. Y en esos casos, el problema no es lo público, sino el hecho de que lo público no está suficientemente blindado frente a las presiones privadas o gubernamentales. Es algo que, por ejemplo, se observa en la sanidad pública, mucho más que en la escuela pública. Y no digamos ya, en el terreno del periodismo, donde la libertad de expresión está secuestrada por unas cuantas corporaciones mediáticas económicamente muy poderosas.

La enseñanza concertada está dañando muy gravemente el sistema de instrucción pública y esto es lo más grave que puede ocurrir para las clases mas desfavorecidas. Con su sistema de tasas encubiertas, absolutamente generalizado, están seleccionando a los alumnos menos problemáticos y condenando a un ghetto de marginados a la población más necesitada de recursos para su educación ciudadana. Esto es así hasta el punto de que hay ya muchos padres de izquierdas que deciden llevar a sus hijos a la concertada, porque, en algunos barrios, llevarlos a la pública es como sentenciarlos a un reformatorio carcelario. El padre ese del vídeo del PP dice que lleva a sus hijos a la pública. Me gustaría saber si ese sinvergüenza alardearía de lo mismo en ciertos barrios que yo mismo podría recomendarle. Mientras las políticas neoliberales de derechas están favoreciendo la enseñanza privada con recursos del Estado (que es lo que supone el sistema de conciertos), en las dos últimas décadas no han cesado de recortarse los recursos de la escuela pública. Se trata de un darwinismo social neonazi que se impone en nombre de la libertad de enseñanza según es entendida por el PP. Es increíble que alguien pueda caer en una trampa tan burda y apelar encima a la Constitución y su artículo 27.

La escuela pública no es un “modelo educativo”, es la institución que garantiza que ningún modelo educativo pueda imponerse sobre los demás. Un alumno de la escuela pública tendrá un año un profesor medio facha y otro año una profesora medio progre. Tendrá una profesora del opus en una asignatura y un profesor hippie homosexual en otra. Conocerá profesores homófobos y profesoras lesbianas, profesores ateos y profesoras beatas, profesores y profesoras que serán a veces votantes del PP y a veces votantes de Podemos. Esta riqueza estructural de la escuela pública hace impracticable cualquier intento de control ideológico. Todo lo contrario de las dictaduras ideológicas que se imponen en la escuela concertada, donde cualquier profesor o profesora puede ser despedido por no encajar con la matriz ideológica de quien paga. ¿En serio que debemos destinar un sólo euro de dinero público a semejante totalitarismo educativo?

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262728

 

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Entrevista a Víctor Rodríguez: «Estamos lejos de conseguir una educación con garantías para las personas que tienen dificultades. Tenemos un sistema educativo excluyente”

 Director del Área de Educación de la FUHEM

Entrevistas por Daniel Sánchez Caballero 

Educación concertada, inclusión educativa o una mirada hacia una educación ecosocial son algunas de las cosas de las que hablamos con el director de Educación de la FUHEM, Víctor Rodríguez. Recursos, autonomía de los centros y una mejor y mayor formación del profesorado serían ingredientes para la mejora del sistema desde su punto de vista.

Víctor Rodríguez ha visto mundo. Mundo educativo, al menos. El actual director del Area Educativa de Fuhem y coordinador de los centros de Fuhem (Fundación Benéfico Hogar Social del Empleado), es pedagogo y logopeda y ha pasado por el Ministerio de Educación, ha sido orientador en institutos de secundaria, dirigido el Centro de Atención a la Discapacidad de la UNED y ha enseñado como profesor asociado en la Univerisdad Complutense, la UAM y Comillas. En esta charla, Rodríguez repasa la actualidad educativa, expresa que la victoria del PSOE en las generales va más en línea con las políticas educativas progresistas que Fuhem defiende, pone esperanzas en la nueva ley que previsiblemente aprobará el Gobierno y defiende que el sistema educativo está preparado para acoger a más alumnos de centros educativos especiales de los que matricula actualmente.

¿Cómo valora los resultados de todo este ciclo electoral en lo que respecta a la educación?

En general, en los resultados del gobierno del Estado, la valoración es muy positiva porque entendemos que las políticas educativas de un Ejecutivo progresista se ajustan más a la manera que tenemos de entender la educación en términos de objetivos, contenidos, exclusión, alumnado con dificultades. Esperamos una ley que corrija muchas deficiencias de la LOMCE. Conocemos los borradores, hemos participado en debates sobre la formación de maestros con el Ministerio y estamos en sintonía con algunas de las propuestas.

En Madrid el problema es que, para una fundación como la nuestra, depende de la perspectiva que se adopte. Como centro concertado que somos, la política educativa de Madrid no nos supondrá un problema, aunque estamos muy en desacuerdo con el planteamiento que se está haciendo de los conciertos, sobre todo, de nuevos cuando habría posibilidades de oferta pública. Nosotros defendemos la pública, aunque entendemos que un servicio público se puede hacer desde lo privado. Pero no de cualquier manera: creemos que con dinero público solo hay que pagar una educación que se base en las premisas de lo público. Pero dentro de eso —y esta sería la discrepancia con los que abogan solo por la pública— entendemos que se puede hacer una educación pública y de calidad en centros concertados, pero con unos requisitos, límites y una regulación más precisa. Estamos preocupados por los recortes en relación con el alumnado en riesgo de exclusión, que han afectado tanto a la pública como la concertada. Estamos preocupados con algunos socios de gobierno previsibles que plantean acciones ideológicas que llaman de “no adoctrinamiento”, pero que en realidad es adoctrinamiento de derechas o extrema derecha, y nosotros queremos una educación donde se planteen los grandes problemas del planeta. También nos preocupan las cuestiones de género y que desde el punto de vista curricular se haga una especie de marcaje político de ultraderecha a los centros educativos.

Has mencionado la ley que ha planteado el Gobierno socialista, aunque no pasó de proyecto. ¿Cómo la valoras?

Es un poco difuso. Nos gusta el espíritu que recoge de nuevo una idea mucho más inclusiva de la educación y no una educación basada en el mérito personal. Por ejemplo, la igualdad de oportunidades real con la supresión de algunos itinerarios al final de la secundaria, que previsiblemente supondrá que más alumnado se quede en el sistema educativo. Por otro lado, la ley incorporaba objetivos relacionados con la sostenibilidad, aunque nos parece una mirada un poco corta. La sostenibilidad entendida como el cuidado del planeta nos parece importante, pero no suficiente. Es importante que los chavales sean conscientes de que los grandes problemas tienen que ver con el cambio climático, con la contaminación. Pero eso tiene que ver con determinados modelos productivos, con maneras de plantear los cuidados, con la desigual distribución de la riqueza y muchas cosas que no son ajenas a estas cuestiones. Pero nos parece un avance.

Creo que no está claro cómo van a enfocar el problema de la red de centros y la concertada. Nos parece que están dispuestos a poner un cierto orden y hacer dialogar un poco más a la educación concertada y la pública que hasta ahora. La anterior ley era una especie de carta blanca para que cualquiera (sobre todo la Iglesia) pudiera abrir un centro sin ninguna cortapisa.

Por último, nos parece bien la apuesta por una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Esa polémica pareció bastante espúrea: decían que se iban a eliminar los centros de educación especial, cuando ni lo propone el Ministerio ni creo que pueda ser real. Pero nos parece que hay alumnado que podría estar en contextos más inclusivos si se dotara a los centros de los recursos necesarios.

¿Cuáles son los principales problemas que afronta la educación?

Creo que uno de los principales es que seguimos teniendo unas tasas de abandono muy elevadas, y en una educación obligatoria no se puede permitir. No se ha conseguido que los estudios más relacionados con la Formación Profesional ocupen un lugar central y tengan el prestigio que merecen y tienen en otros países. Su consideración como una salida con plena garantías es un segundo problema que destacaría, junto a la escasa oferta pública de FP. Un tercer problema desde 2012 es una insuficiente financiación del sistema educativo. Estamos por debajo del 4%, dos o tres puntos por debajo de otros países desarrollados y, al menos, uno por debajo de los estándares que se pueden considerar medios en la UE. Se habla de unos 9.000 millones de euros. Esto significa mucho profesorado, instalaciones, recursos de apoyo y muchas otras cosas.

Creo que ahora, pero entiendo que es un poco coyuntural, no tenemos solventadas las estrategias más eficaces para incluir a toda la población que tiene el derecho a escolarizarse en la escuela ordinaria. Estamos lejos de conseguir una educación, no digo ya plena, sino con garantías para las personas que tienen dificultades para acceder a los aprendizajes. Seguimos teniendo un sistema educativo bastante excluyente. Para terminar, creo que existe un nivel tremendo de burocratización del sistema y una necesidad mayor de control de las administraciones educativas y como consecuencia una falta real de autonomía de los centros. Si hubiera algunas dotaciones de recursos que los centros pudieran distribuir de manera distinta… No hablo solo de dinero; si quieres hacer cualquier modificación sobre el currículum hay que presentar un proyecto que te aprueban, cambios en los horarios, cosas como dar dos horas seguidas de una asignatura… Los centros deberían tener mucha más flexibilidad para adaptarse a sus realidades, tremendamente cambiantes, respetando unos mínimos básicos del currículum, etc.

¿La concertada tiene sus propios retos?

Desde mi punto de vista hay dos problemas. Por un lado, existe una incertidumbre enorme del papel que debe cumplir y cuáles son los requisitos que deberían cumplir las escuelas para acceder al concierto. Para nosotros deberían ser unas escuelas que tengan vocación pública y de servicio público. Hay una hipocresía tremenda que nos hace estar enfrentados con la red pública, cuando compartimos más de lo que piensan algunos. Hace más de 30 años que la LODE reguló los conciertos y las cosas han cambiado mucho y necesitamos una regulación clara, más precisa y seguramente más consensuada.

La segunda cuestión es una clarísima infrafinanciación. Por una parte, el profesorado de la concertada es de segundo orden (los salarios son inferiores), por otra, los módulos no permiten ni siquiera afrontar los gastos corrientes, como arreglar un techo si se cae o cambiar el sistema eléctrico. Y mucho menos para la financiación de los propios centros. Las aportaciones de las familias en teoría no están permitidas, pero en la práctica salvan al sistema. Lo que obtiene la concertada, de manera hipócrita, es una doble financiación: por una parte de las administraciones públicas y de las familias. Los concertados sin aportaciones familiares no se podrían sostener. Podrían con un aumento de la financiación. En todo caso, las aportaciones que se hacen ahora se ajustan a la ley: se hacen a través de aportaciones voluntarias o por actividades extracurriculares o por los excedentes que se pueden obtener del comedor o las actividades extraescolares. No se obliga a las familias a pagar un canon. Es una situación dantesca y absurda porque nadie está contento.

Siempre se habla de lo insuficiente que es el módulo. ¿Existe algún informe que haya estudiado cuánto de insuficiente es, según los centros concertados?

No. IU hizo un informe que decía que el coste de la concertada era casi igual que la pública, pero no significaba nada porque se basaba en “si el profesorado…”, “si la concertada estuviera en el espacio rural…”. No la hay. Hay estimaciones. Una que compartimos muchos centros es que como mínimo un 40% de los costes diarios, excluyendo al profesorado, no están cubiertos por las aportaciones de la Administración.

Has mencionado la formación de profesores como una de las cuestiones pendientes, un tema recurrente. ¿Por dónde creéis que habría que mejorar?

Hace aproximadamente tres meses, el Ministerio organizó un debate en torno a la cuestión. Una de las ideas en las que había una gran coincidencia es que es preciso cambiar la formación inicial del profesorado. Sobre todo, para secundaria queda claro que una especialización en una carrera y los máster actuales no está suponiendo una formación suficiente. Tanto en primaria como en secundaria una idea que cobra fuerza es que haya un periodo de prácticas en los centros antes de tener una plaza. Y no hablamos de las prácticas de tres meses en 4º de carrera. Hay gustos para todos, desde el MIR de cuatro años a unas prácticas tutorizadas y evaluadas (ahora hay tutor, pero no se evalúa).

Respecto a la formación en servicio, parece que lo que reivindica el profesorado es una formación a cuenta de las horas de trabajo, que sea obligatoria y remunerada de alguna manera. Hay muchos profesores que se forman mucho, algunos que poco y algunos que una vez ya establecidos nada o casi nada. Reciclarse es imprescindible, pero no soy partidario de que todo se deje en manos de las universidades. Estas deben aportar, pero en diálogo con las administraciones educativas y ofertar formación en función de las necesidades del sistema, no lo que les conviene a ellas según sus intereses o el profesorado que tengan.

En las últimas semanas está volviendo con cierta fuerza el debate sobre los centros de educación especial, ya lo hemos comentado antes. ¿Cuál es tu postura al respecto?

El Ministerio nunca planteó eliminar los centros de educación especial. A raíz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un comité de expertos hizo un informe demoledor en España sobre la falta de inclusión, en casi todos los colectivos pero sobre todo de las personas con discapacidades intelectuales, y se instó a España a corregir la situación. Educación se lo tomó en serio por primera vez y planteó que hay alumnado en centros de educación especial que podría estar, haciendo un cierto esfuerzo el sistema educativo, integrados en centros ordinarios.

¿Podrían estarlo todos en un mundo ideal de recursos?

No creo que sea un tema solo económico. Hoy en día hay alumnos y alumnos en centros de educación especial que pueden incorporarse a los centros ordinarios con unas ciertas garantías. No hace falta un mundo ideal. Los centros han avanzado para acoger alumnado en riesgo de exclusión, hay recursos, hay alumnos con autismo, con diversidad funcional, con discapacidades físicas, hay alumnos con dificultades asociadas a problemas cognitivos en los centros ordinarios. Si se proveen más recursos y se hace de manera más racional, dejando a los centros una cierta autonomía para gestionar sus recursos, podría haber otro alumnado que puede necesitar un cuidador de manera específica. Por último, es posible que queden alumnos y alumnas para los que una solución próxima a la educación especial podría ser una respuesta adecuada. Aquí se plantean dos modalidades. Me inclinaría por una escolarización combinada. O bien un centro de educación especial que esté muy en relación con uno ordinario, o incorporar a los centros ordinarios aulas específicas para alumnos que no pueden estar en una inclusión plena, para que puedan compartir espacio con sus compañeros, aunque tenga un profesorado o un aula especializada. Pero en la educación especial hay muchas personas con unos conocimientos muy profundos de cómo se trabaja con personas con discapacidades más graves y esos conocimientos no se pueden perder.

En Catalunya se acaba de abrir la puerta a que los centros concertados puedan integrarse en el sistema público. ¿Qué te parece? ¿Consideraría Fuhem hacerlo si pudiera?

Esta propuesta no es nueva. Ya han existido, en Cataluña y en Euskadi, centros que han pasado a la red pública; el Colegio Costa i Llobera, por ejemplo, de Barcelona. También en Madrid: el Colegio Trabenco de Leganés, nació como cooperativa de trabajadores en los años 70. Creo que no debe descartarse ninguna propuesta que apueste por mejorar la educación pública y garantizar a la vez la viabilidad de centros que llevan años dando un servicio público, por lo que me parece adecuada si se mantiene, como parece ser, como una opción voluntaria para los centros. Por el momento, en Fuhem ni siquiera hemos debatido esta posibilidad, pero tiendo a pensar que uno de nuestros objetivos prioritarios es preservar nuestra identidad y seguir proporcionando una educación de calidad en función de nuestra perspectiva sobre el mundo en el que vivimos y cómo transformarlo, que son los fines esenciales de nuestra Fundación.

En Fuhem hacéis especial en la educación ecosocial. ¿Podemos aterrizar esto un poco? ¿De qué hablamos?

En ese término englobamos tres cosas: la sostenibilidad, con todo lo que implica como el cuidado del planeta; la justicia y la cohesión social, que tiene que ver con las desigualdades, la riqueza, las relaciones interpersonales, y la profundización de la democracia, la generación de estructuras participativas e intentar crear una cultura democrática en los chavales. Pero democrática de verdad, no solo ir a votar, si no que las cosas se resuelven participando y a través del diálogo.

Aterrizado: hemos intentado tocar muchos palos distintos. Hemos transformado nuestros comedores a comedores ecológicos o de proximidad. Hemos creado grupos de alumnado o familias que estén preocupados por estos temas. Grupos de consumo a las familias para que puedan comprar a agricultores ecológicos. Hemos echado el resto para celebrar algunas efemérides claves para nosotros y que van por la igualdad: el 25 de noviembre y el 8 de marzo, relacionados con la mujer; el 3 de diciembre, relacionado con la discapacidad, el día de la paz el 30 de enero.

Por último, hemos hecho una propuesta de revisión del currículo oficial desde el punto de vista de la educación ecosocial. Pedimos al profesorado que incorpore en las programaciones de área anuales cuestiones relacionadas con esto. Cuestiones que tienen encaje en el currículo. En el currículo se menciona “cambio climático”, o “desigualdades”, pero ocupan un espacio absolutamente residual. Para nosotros debe ocupar un lugar central. Hemos hecho una propuesta de currículum y nuestro profesorado trabaja estas cuestiones dentro del aula. Y para completar esto estamos creando y generando materiales didácticos. No exactamente libros de texto, sino materiales para el alumnado porque sabemos que el profesorado puede no tener formación en estas cuestiones, pero también sabemos que si les ofrecemos estos materiales les puede resultar más fácil trabajar estas cuestiones.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/05/31/estamos-lejos-de-conseguir-una-educacion-con-garantias-para-las-personas-que-tienen-dificultades-tenemos-un-sistema-educativo-excluyente/

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“La educación concertada es una trampa”

Por: Ana Torres Menárguez. 

 

Cuatro profesoras de la escuela pública alertan de que la desigualdad educativa crece y «crea colegios gueto»

Están nerviosas. Es la primera vez que se sientan frente a unos focos para hablar de los problemas de la educación. Ellas, las cuatro, son profesoras de primaria de la escuela pública y lejos de hablar de mejoras en el salario o en la jornada laboral, les preocupan los alumnos, los contenidos a los que están expuestos y la cada vez mayor desigualdad del sistema, que genera «colegios de primera y de segunda». Tienen claro que los que están fallando son los políticos, incapaces de llegar a un pacto de Estado por la educación, y lamentan que la enseñanza se use como arma arrojadiza. Han perdido la esperanza en los partidos; no creen que ninguno saque adelante reformas a la altura. Ante las elecciones generales, tratan de describir las grietas de la escuela para ver si alumbran a algún político. Coinciden en el diagnóstico general: falta financiación.

«Siempre he creído en el poder compensador de la escuela, pero se está perdiendo», comenta Esther Estebaranz, maestra de 58 años del colegio madrileño Bravo Murillo. «Estamos creando colegios gueto», añade Estefanía Martín, de 60 años y profesora del Camilo José Cela, en el que también dan clase las otras dos docentes. Creen que los años «magníficos» en los que la pública elevó su nivel ya pasaron y que ahora se está clasificando a los niños en diferentes colegios en función de los ingresos de sus familias y de su clase social. «Trato de pelear contra eso cada día, pero siento que estoy frente a un muro», añade Estebaranz.

Los datos les dan la razón. En los últimos años, la Comisión Europea y la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la llamada segregación escolar —separación de los niños en diferentes escuelas según su perfil socioeconómico—, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país. Nueve de cada diez son públicos, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.

La «falta de regulación» sobre la concertada y el pago de cuotas por parte de las familias son para estas cuatro profesoras dos de los puntos débiles del sistema. «El problema del colegio concertado es el segundo apellido: sostenido con fondos públicos. Tuvo sentido en los ochenta, cuando la escuela pública no podía asumir tanto alumno y el Estado no podía construir a esa velocidad, pero hoy ya no está justificado», analiza Estebaranz.

«La concertada es una trampa porque, en teoría, se rigen por las mismas normas que nosotros, pero en la práctica eso es mentira. Ellos eligen a su alumnado», indica Beatriz Flores, maestra de 41 años. Critican también la forma en la que los concertados escogen al profesorado: «No pasan los mismos controles que nosotros», «su contratación depende de quién les recomiende», «o de si son amigos del director», comentan. «Ganan menos», añade otra. Eso sí, tienen claro que ellas ganan en libertad de cátedra.

Sobre las propuestas de Educación que los partidos llevan en sus programas electorales, les preocupa la del PP de extender el modelo de escuela bilingüe en inglés —puesto en marcha en Madrid en 2004— a otras autonomías. «Están jugando con la opinión pública porque las familias no conocen las desventajas de ese sistema y están engañadas», apunta Flores. Critican que no se haya hecho una evaluación «seria» del modelo, de cómo influye en el rendimiento de los niños. Creen que explicar asignaturas como sociales y naturales en inglés no es pedagógico. «La polinización, la fotosíntesis… son procesos complejos que al final los niños no entienden bien y sus familias acaban comprando libros de texto en español para explicárselo en casa», asegura Mercedes Montava.

La religión copa parte del debate. No están de acuerdo con que los colegios tengan que ofrecerla de forma obligatoria cuando «somos un país aconfesional». «Tiene las mismas horas que música o plástica, materias que nos permiten trabajar la creatividad del alumno», denuncia Estefanía Martín. Celebran que en su nuevo proyecto de ley educativa el PSOE se «haya atrevido» a modificar la LOMCE para que la materia ya no compute en la media de selectividad (EVAU) para el acceso a la universidad, pero creen que hace falta «más valor» por parte de los partidos de izquierdas para sacar la religión del currículum académico.

Les cuesta cambiar de tema. «Es la primera vez que me preguntan sobre la radiografía de la escuela, es importante que nos escuchen», sostiene Estebaranz. Al residir en Madrid, sale a colación la vivienda. Sienten que les han arrebatado su ciudad, que en España las Administraciones «solo dan importancia al sector servicios» y por eso permiten la gentrificación de los barrios. Les preocupa su futuro, su jubilación y el precio de las residencias. No quieren depender de sus hijos y esperan que en unos años se regulen las viviendas cooperativas para la tercera edad, con atención sanitaria incluida. «Todo esto requiere que paguemos más impuestos, pero a ver qué candidato se atreve a anunciarlo», sostiene Estebaranz. Están hartas de que el foco político sea el procés de Cataluña, un tema que “está poniendo en jaque al Estado». «Pero ¿qué pasa con los demás? También estamos aquí, ¿han oído?», cierra Montava.

Fuente del artículo: https://elpais.com/politica/2019/04/16/actualidad/1555411914_215876.html

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#YoElijo, la campaña en defensa de la educación concertada, llega a C-LM

Por:  Redacción CLM

La campaña #YoElijo, iniciada en la Comunidad Valenciana para reclamar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ha dado el salto al resto de España, en concreto, colegios y padres de Madrid, Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia ya se han adherido a la iniciativa.

Según ha informado la organización de la campaña en nota de prensa, organizaciones como los sindicatos FSIE, USO o Unión APPRECE España y colectivos como el Foro Español de la Familia o Cristianos en Democracia han mostrado su apoyo expreso a la campaña.


Además, la campaña #YoElijo ha estado presente en el pleno del Senado donde se ha hablado de la educación y las medidas que ha tomado el Gobierno en contra de la educación concertada, en una interpelación en la Cámara Alta a la ministra Educación, Isabel Celaá.

De esta forma “se demuestra que la educación es un tema de máxima preocupación para los ciudadanos que quieren ejercer su derecho a decidir la mejor opción educativa para sus hijos”. En España hay más de 2 millones de niños escolarizados en colegios concertados. A ellos, que suponen el 25,9 por ciento del alumnado, el Estado destina el 12,3 por ciento de su presupuesto de gasto. Y es que cada alumno de la concertada supone un ahorro para las arcas públicas de casi el 50 por ciento, según la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.


Sin embargo, este modelo educativo “se ve actualmente amenazado”, según el portavoz de la campaña, Vicente Morro. “Dejar morir la escuela concertada, un modelo de éxito que hace posible que las familias puedan ejercer sus derechos, es un peligro para las libertades y para una sociedad democrática. La escuela pública y laica es una buena opción, siempre que los padres la elijan libremente, sin que a nadie se la impongan. Por eso con esta campaña buscamos también el apoyo de estos padres, porque no defendemos un modelo exclusivo, sino la libertad”.

“Sin educación en libertad, no hay democracia” es el lema de esta campaña porque viene a recordar que éste es un derecho básico amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española


Así viene recogido en el Manifiesto ‘Por una Educación en Libertad’ que las entidades y asociaciones impulsoras de la iniciativa han suscrito, y que puede firmarse en la web www.yoelijoeducacion.com.

Esta web también incluye un vídeo, comienzo de la campaña #YoElijo, que narra gráficamente cómo unos padres pueden ir educando libremente a su hijo desde que nace y, sin embargo, en el momento de acceder al colegio, no pueden elegir la opción que les gustaría.

UN AHORRO DEL 50% PARA LA ADMINISTRACIÓN

La campaña quiere llegar a los jóvenes que estén orgullosos de sus colegios, aunque ya hayan acabado su etapa formativa, “para que sean conscientes de las dificultades para poder elegir el modelo que quieren para sus hijos”.

Para ello, la web ofrece datos que demuestran que la educación concertada “no perjudica a nadie, sino que lejos de eso, beneficia a la sociedad”. De hecho, el coste por alumno en los centros concertados “es casi un 50 por ciento más bajo para el Estado, que en los públicos”. Un informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana sobre la eficiencia de los conciertos educativos estimaba que mientras en el centro concertado el coste por alumno era de 2.716 euros, en el público ascendía a 4.055 euros.

Para defender el derecho de los padres, así como el de los titulares a crear centros y el de los docentes a desarrollar su labor en un centro de su elección se ha lanzado esta campaña, que busca visibilizar “la preocupación de la comunidad educativa por el actual sistema de enseñanza español y las políticas que se están realizando hacia la imposición y uniformidad”.

“Necesitamos una verdadera educación en libertad que forme personas libres, conscientes y creadoras, como servicio a la sociedad y al bien común”, ha señalado el portavoz de esta iniciativa, desarrollada por 730 colegios y más de 150.000 familias de la Comunidad Valenciana.

Fuente de la reseña: https://entomelloso.com/noticias/educacion/yoelijo-la-campana-en-defensa-de-la-educacion-concertada-llega-a-c-lm/

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España: La otra escuela concertada: 600 cooperativas laicas le comen terreno a la Iglesia

El modelo de economía social y laica se extiende en la enseñanza subvencionada, cuyos 600 centros, que llevan años comiéndole terreno a los colegios religiosos, ya escolarizan a uno de cada ocho alumnos del sector. 

“Defendemos un modelo público de gestión cooperativa, somos una tercera vía entre la escuela concertada tradicional y la pública”, sostiene Carlos Sierra, presidente de Echeyde, una cooperativa de trabajo asociado que gestiona tres colegios en Tenerife, y de Uecoe, la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, que agrupa a alrededor de 600 entidades de economía social que operan en el sector de la educación.

Las cooperativas de enseñanza son, de hecho, el grupo que más ha crecido dentro de la concertada con la expansión de la última década, durante la que se han configurado como un contrapeso al tradicional dominio de los centros religiosos, los cuales, aunque siguen llevándose dos tercios del mercado, ven cómo los centros laicos les comen terreno al absorber tres cuartas partes del crecimiento que ha registrado la concertada en la última década.

Los últimos datos de Uecoe recogen un volumen de 13.495 socios cooperativistas trabajadores y 13.200 contratados, entre docentes, administrativos y otro personal, que generan una facturación anual de 756 millones de euros mientras atienden a 277.000 alumnos (el 12,8% de los 2,16 millones) y a 175.000 familias. “Somos entre el 12% y el 15% del sector”, señala Sierra.

Y llegan a ser el grupo mayoritario entre los colegios concertados en comunidades como Murcia, cuyo gobierno autonómico es el que más ha incrementado porcentualmente su presupuesto de subvenciones a centros de enseñanza al pasar de 67 a 215 millones de euros entre 1990 y 2016. “El sector de la concertada está muy estabilizado en toda España desde hace años, pero sí es cierto que ha habido una apuesta por las cooperativas con independencia del color político de los gobiernos”, añade.

Escuelas laicas de gestión democrática

“Ofrecen un modelo de gestión distinto y proyectos educativos de interés, y eso les está haciendo crecer”, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de UGT. “Se trata de escuelas laicas con un modelo educativo propio y una gestión democrática que rechazamos la segregación de cualquier tipo, no solo por sexo, entre los alumnos”, señala Sierra.

En el caso de Echayde, se trata del primer centro canario que integró en las aulas a los alumnos de educación especial. Hoy combina la integración de las aulas de especial en el centro con el desarrollo de un modelo bilingüe.

El modelo de la enseñanza cooperativista nace en Catalunya y Euskadi en los años 60, mediante colegios gestionados por cooperativas de consumo impulsadas por las familias. Las de trabajo asociado, dirigidas por los trabajadores, comienzan a proliferar por el país en los años 80, al transformarse en ellas lo que antes habían sido colegios privados y, por otro lado, al empezar a asociarse docentes en paro. Las ikastolas abrieron una tercera vía, mixta, que la normativa vasca recogió en su legislación.

El segundo de esos modelos fue el origen de Echeyde (“Teide” en guanche). “En el grupo inicial éramos desempleados, algún trabajador de centros privados y docentes que nos ganábamos la vida en otros sectores”, explica Sierra. En 1980 constituyeron la cooperativa y un año después comenzaron a construir el colegio que abriría al siguiente en Santa Cruz. Ahora gestionan otro en La Laguna, desde 1987, y un tercero en Arona (1993) con los que suman 250 trabajadores y rondan los 4.000 alumnos.

“Queremos autogestionar los módulos”

Sin embargo, el inicio no fue fácil. “El primer año cobrábamos el 40% del salario y el segundo, la mitad”, recuerda. Tenían problemas, entre otras cosas, con el pago delegado, el salario que la administración paga directamente a los docentes de la concertada. “El sueldo iba a la cooperativa, y quien lo recibía formalmente terminaba teniendo que pagar el IRPF por un dinero que en realidad no había cobrado”, anota.

La gestión de los fondos es, entre otros, uno de los motivos por los que las cooperativas de la enseñanza concertada llevan tres décadas reivindicando un estatuto jurídico diferenciado. “Son empresas de personas, no de capital, y los posibles repartos de beneficios no se hacen por la aportación inicial sino por lo trabajado”, indica Sierra, que destaca cómo, por otro lado, las entidades de economía social están obligadas a cumplir unas exigencias de provisiones, como mantener un fondo de reserva para etapas de crisis y otro de formación, de las que están exentas las empresas estándar y las fundaciones.

Junto a esos condicionantes se hallan otros como no poder actuar bajo el paraguas de las fundaciones, como ocurre a menudo con los colegios religiosos, carecer de los descuentos de los que estas gozan en el impuesto de Sucesiones y, paralelamente, no disponer de un canal para gestionar el cobro de cuotas camufladas bajo la apariencia de donativos.

En este sentido, añade, el sector de las cooperativas reclama que la normativa sobre los conciertos “contemple nuestra situación diferencial, queremos realmente autogestionar los módulos de los conciertos en nuestros centros”.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/radiografia-educacion-concertada-escuela-concertada-600-cooperativas-laicas-le-comen-terreno-iglesia.html

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España: La educación concertada sigue ganando terreno en Bachillerato

Europa/ España/ 11.02.2019/ Fuente: www.infolibre.es.

  • El Gobierno de PP y Cs en Andalucía se compromete a «implantar el Bachillerato concertado», en la estela de la Comunidad de Madrid
  • Los promotores de la enseñanza privada piden salvar las limitaciones a la financiación pública de esta etapa convirtiéndola en obligatoria
  • Sólo un 3,8% de los fondos de las administraciones dedicados a la privada van al Bachillerato, por lo que hay un gran margen de crecimiento.

 

Fuente de la noticia: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/02/03/la_educacion_concertada_gana_terreno_bachillerato_91068_1012.html

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