Author: El Salto

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El (des)ánimo colectivo y la pertinencia de reflexionar

El Salto

Por: Belén Cansino Romero

Estamos a tiempo de mirarnos a nosotros mismos y a quienes elegimos para timonearnos. Urge desplegar un examen serio y en conjunto de lo que nos parece inaceptable, elegir compañeros de viaje y atenuar el efecto reactivo de la pandemia con propuestas, perdiendo el miedo a comprometernos, mediante la acción, con quienes comparten los valores que sustentan el proyecto de vida al que tenemos derecho. Necesitamos impulsar una renovación intelectual y moral de la esfera pública, y merece la pena, porque otro mundo es posible

Tras casi dos años de pandemia, con improvisación, desabastecimiento y miles de muertos mediante, parecería lógico pensar que es hora de que los distintos gobiernos estén al fin a la altura de sus sanitarios. También que el Gobierno tendría que haber aprovechado la oportunidad que suponía la irrupción del virus en nuestras vidas para reformular y disputar, con cierta posibilidad de triunfo, el concepto mismo de «libertad». Por muy feroz y desleal que sea la oposición de la derecha mediática y política, al menos deberían haberlo intentado.

En todo caso, con dicha oposición, no resulta nada sorprendente asistir a un escenario en el que hay quien cree firmemente haberlo ofrecido todo, dicen, «¡a cambio de nada!», como si salvar la vida de miles de conciudadanos —al tiempo que, por cierto, salvaguardaban la propia— requiriese una recompensa, una contraprestación en forma de devolución directa al también calamitoso estado anterior de las cosas. Y si bien es cierto que, a día de hoy, las restricciones parecen ser —salvo excepciones— una opción ya caducada en la gestión europea de la pandemia, lo pertinente sería más bien comenzar a reflexionar sobre la asunción y normalización de tal pérdida diaria de vidas, ya que esta nos llevaría a pensar sobre los límites de la acción individual y sobre la ausencia del tiempo necesario en nuestras vidas para comprender y asimilar sucesos tan traumáticos como los ya ocurridos.

Sin embargo, estas cuestiones, unidas a la falta de previsión mostrada por las distintas autoridades, a la toma de decisiones políticas inútiles —a la par que desgastantes— y a otras tantas críticas que podríamos desplegar sobre la gestión de la pandemia, no debería conducirnos, a mi juicio, a esa venenosa y adictiva autocomplacencia que genera el mal hacer propio cuando se justifica en el mal hacer ajeno. ¿No cabría preguntarse qué tipo de ciudadanos somos si, contando con unas pautas de actuación preventiva eficaces, optamos por convertir una actuación reprochable y desacertada de los gobiernos en el salvoconducto perfecto para excusar nuestra propia irresponsabilidad?

Quienes aducen el manido runrún del «cumplimos con las restricciones, «merecemos la normalidad» recuerdan a esos niños que se muestran reacios a comprender que la realización de determinadas labores domésticas no constituye solo una ayuda a sus padres, sino que se trata del cumplimiento de su responsabilidad en tanto que poseedores de agencia. La diferencia es que los adultos carecen de la dulzura típica de la picardía infantil, y escucharlos hablar en estos términos, además de producir cierto rubor, suscita dudas sobre qué es exactamente lo que extrañan. Ni decir tiene que la probabilidad de que «lo extrañado» coincida en alto grado con lo ofrecido por cierta presidenta de cierta comunidad, y poco o nada con un nuevo marco de «agitación de la «realidad», es alta. Esta forma de actuar merecería un reproche porque constituye un ejercicio de egocentrismo malsano e insensato basado en la necesidad de que se nos reconozca que estamos actuando bien; además de porque contiene fuertes dosis de infantilismo y egoísmo convenientemente disfrazadas de civismo.

Para construir, imaginar, avanzar y sentir que otro mundo es posible, sería de gran ayuda ignorar deliberadamente a quienes se dedican en cuerpo y alma a allanar el trayecto a todo tipo de indeseables basándose, únicamente, en el augurio de la derrota de cualquier proyecto de futuro que resulte mínimamente ilusionante.

Lo dicho con anterioridad no es, en modo alguno, un llamado a restar importancia a nuestros males, nuestros dolores y nuestras preocupaciones, pero sí una invitación a no contribuir a los excesos verbales a los que estamos ya acostumbrados y que no hacen más que entorpecer la crítica honesta.

Deberíamos considerar, antes de demonizar cualquier mínimo «sacrificio» en aras del bien común, si nos encontramos en mejor situación que, por ejemplo, aquellos sanitarios que tuvieron que escoger quién ocuparía una cama en la UCI o que no tuvieron más remedio que dejar fallecer en soledad a miles de personas, que quienes afrontaron sin compañía el confinamiento, que aquellos otros que teletrabajaron y teletrabajan diez horas al día en un piso de 40m², que quienes viven en lugares marcados no solo por una fuerte brecha social sino también digital, o, por supuesto, que los que ni poseían ni poseen un lugar en el que sentirse mínimamente arropados por el leve manto de dignidad que nos otorga el habitar un espacio en el que nos reconocemos con nuestra intimidad.

Ser conscientes de la posición desde la que uno batalla es, en última instancia, un modo hermoso de sentirse concernido y de comprometerse sin copar el reconocimiento que pertenece al común, un acto de honradez que, de algún modo, contrarresta la hipocresía.

Y, en efecto, tampoco se trata de baremar las desgracias y ocultar las dolencias, sino de llevar a cabo una reflexión desde la empatía y la voluntad de comprensión, que nos aleje del cinismo, la frivolidad y la estupidez, que nos ayude a interiorizar que la exageración de un problema puede llegar a desbordar fácilmente los límites de lo dramático, tornarlo todo grotesco y hacerlo caer, finalmente, en la irrelevancia.

Tomar distancia del relato catastrofista, al tiempo que analizamos con mesura lo que acontece, pero sin caer en un seguidismo acrítico, podría permitirnos obtener una impresión más certera del estado de las cosas, animándonos incluso a participar en la construcción del proyecto emancipador que deseamos, desde un lugar en el que nos sintamos reconocidos, escuchados y apoyados. Es cierto que es posible participar en la política desde el resentimiento, pero ello no debería arrebatarnos la oportunidad de hacerlo desde el entusiasmo y la convicción, desde la alegría; con moral victoriosa.

Quisiera concluir compartiendo una idea recurrente que me llena de esperanza. Y lo hace porque ahuyenta, aunque sea fugazmente, esa incapacidad de celebrar, emocionarnos y creer que sentimos con frecuencia: me gusta fantasear con que, por escaso que sea nuestro tiempo, todos nos dedicamos en algún momento a navegar entre las distintas concepciones de democracia, que nos perdemos en ellas, deteniéndonos a disfrutar del antojo que alguna nos provoca. Con que no tenemos que ir deprisa, porque logramos redistribuir el tiempo; porque fuimos capaces de organizarnos, de convencernos mutuamente y de convencer a los demás acerca de cómo las prisas siempre acababan recayendo sobre los mismos hombros, envejecían las mismas manos y enmudecían las mismas bocas. Y me convenzo a mí misma de que la fantasía no puede acabar porque este ha de ser, única, exclusiva y necesariamente, el principio.

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Si nos prometieron derogar la reforma laboral, ¿por qué no la han derogado?

El Salto

Por: Raúl Navas

El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE.

En las últimas décadas se han aprobado distintas reformas laborales que contenían duros ataques contra el mundo del trabajo, basadas en abaratar y/o facilitar los despidos, aumentar las causas de los despidos, introducir contratos precarios, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo, etc. En 1994 se legalizaron las ETT y se crearon nuevas causas de despido como las organizativas y de producción. En 1997 se aprobó una reforma laboral, esta vez pactada con UGT y CCOO, que aumentaba las causas del despido, y lo abarataba. Entonces hubo un giro importante en los sindicatos mayoritarios, al aceptar lo que habían considerado inaceptable durante años. La CEOE mostraba su satisfacción, y a su vez extrañeza, dado que consideraban que UGT y CC OO habían convocado una huelga general en 1994 por una reforma laboral menos agresiva.

Se nos prometió que ese abaratamiento del despido era temporal, aunque se consolidó en la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2006, y en las sucesivas. En la segunda legislatura del Gobierno de Zapatero, la CEOE insistió en la necesidad de aprobar una nueva reforma laboral para “crear empleo y salir de la crisis”. Zapatero criticó como líder del PSOE en 2002 que Aznar aprobara una reforma laboral sin consenso. Prometió en reiteradas ocasiones que él jamás aprobaría una reforma sin acuerdo y sin consenso. El gobierno del PSOE nos aseguró que la crisis no la pagarían los trabajadores, y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral.

Pero Zapatero cambió de parecer y se mostró partidario de una reforma laboral, asegurando que no reduciría el coste del despido. Por el contrario, en junio de 2010, fue aprobada una reforma que abarataba el despido, sin consenso con los sindicatos y sin votos en contra del PP en el congreso. El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso.

A nadie  le sorprendió que el PSOE con el tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012

Hubo una huelga general contra la reforma el 29 de septiembre de 2010. Hablamos de una norma que facilitaba los descuelgues salariales, abarataba y aumentaba las causas del despido, legalizaba las ETT en sectores anteriormente prohibidos, etc. Después se aprobó una reforma drástica del sistema de pensiones, que elevaba la edad de jubilación a los 67 años, endurecía el acceso a la pensión, así como el cálculo para su acceso.

Con la reforma, cada año es más difícil jubilarse, exigiendo más años cotizados y más edad, año tras año hasta el 2027. UGT y CC OO pactaron la reforma, lo cual era sorprendente, dado que ambos sindicatos históricamente defendían la jubilación a los 60 años, recordando que se opusieron a la reforma de pensiones de 1985 que era mucho menos agresiva, llegando en el caso de CC OO a convocar una huelga general. Además, UGT y CC OO criticaron que Felipe González incumpliese su promesa de rebajar la edad de jubilación a 64 años. En definitiva, a nadie  le sorprendió que el PSOE con este tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012.

Las promesas del PP

El PP nos prometió que cuando llegasen al Gobierno no subirían el IVA, ni abaratarían el despido. Pero muy pronto vimos que fueron algunas de sus primeras medidas. González Pons llego a prometer que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo en cuatro años. El entonces responsable de comunicación del PP dijo también: “No vamos a abaratar el despido”. Entonces, la reforma laboral de 2010 era ya un hecho consumado. El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nos advirtió de la dureza de la reforma laboral que iban a aprobar. Recordemos que antes de aprobarse, el ministro De Guindos dijo ante las cámaras a un comisario europeo que la reforma laboral seria “extremadamente agresiva”. Días antes ya habíamos visto en la tele a Rajoy diciendo al primer ministro finlandés en Bruselas que “la reforma laboral me va a costar una huelga general”. En realidad, fueron dos huelgas generales: el 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012.

Recordemos que la nueva norma suponía numerosos ataques al mundo del trabajo, tal como estaba exigiendo el gran capital. En el propio preámbulo se hacía referencia textual: “Presiones de los mercados financieros […] hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español”. La reforma eliminaba la necesidad de autorización administrativa de los ERE, aumentaba las causas de los despidos, se abarataba el despido, etc.

Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho sobre las anunciadas derogaciones de la reforma laboral. Comprobaremos que se nos ha mentido, eso es un hecho irrefutable

En 2012 y en los años siguientes se repitieron los pronunciamientos entre dirigentes de PSOE, UGT, CC OO, IU, y más tarde, de Podemos tras su fundación, sobre la necesidad de derogar esta reforma laboral. El PSOE dio muestras de apoyo a las huelgas generales de 2012, y llamaron a la participación en un video. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, al considerar “que atenta contra los valores constitucionales y ataca el estado de derecho”. Pedro Sánchez, cuando fue elegido secretario general del PSOE en 2014 afirmó: “Las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral, tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores, como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”. Nos aseguraba que no iba a permitir que se consolidasen los recortes laborales e incluso que “la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”.

En 2015, el PSOE se presentó a las elecciones prometiendo que derogarían la reforma laboral por completo y por decreto. En el debate electoral entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el líder del PSOE dijo por televisión ante millones de personas: “Nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral”. En el programa electoral del PSOE de 2016 se puede leer lo siguiente: “Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales”.

En 2016 Pedro Sánchez decía que “Mientras Rajoy lo único que hace es intentar sumar escaños para perpetuarse en el poder, nosotros vamos a hablar de las políticas progresistas, si así lo quieren el resto de partidos de izquierdas. Se trataría de un Gobierno que derogue la reforma laboral”. En febrero de 2018,  la portavoz del PSOE de Servicios Sociales, Elvira Ramón, aseguraba en el parlamento que era “indispensable derogar la reforma laboral”. En junio de ese año Pedro Sánchez era investido presidente tras una moción de censura. Una vez en el poder todo cambio.

El PSOE y Pedro Sánchez afirmaron en numerosas ocasiones que derogarían la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero todo cambió nada más llegar al poder

La nueva ministra de Trabajo del gobierno del PSOE, dos días después de su nombramiento indicaba en La Razón: “La reforma laboral no se pude derogar alegremente”. Entonces comprobamos que la reforma no se derogó en el primer consejo de ministros de Pedro Sánchez, ni en los siguientes. A finales de 2019, PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo de Gobierno que se plasma en un documento en cuya  pagina 3 ponía: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pasaron los meses y no se derogó, pese a que nos prometían desde Podemos que se derogaría por completo.

En enero de 2020, Rafa Mayoral planteaba que “de la reforma laboral del PP no van a quedar ni los palos del sombrajo”. El 20 de mayo de 2020 se publica un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el que se exponía que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”.

En una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral tuvo una duración de dos o tres horas; el PSOE se desdijo del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos

Pero en una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco tuvo una duración de dos o tres horas. El PSOE se desdice del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos. Pablo Iglesias respondía “En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el Gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición”.

Mentiras, mentiras y mentiras

Hace tan solo dos meses, Pablo Echenique criticaba en twitter la ambigüedad respecto al presidente del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral. Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho desde entonces. Comprobaremos que se nos ha mentido, es un hecho irrefutable. Se llegó a un punto en el que solo se hablaba de lo que NO se iba a derogar de la reforma laboral. Las tibiezas del PSOE al respecto eran criticadas por dirigentes de Podemos, hasta que esas tibiezas dejaron de ser monopolio del PSOE.

En octubre de 2021, la ministra Yolanda Díaz aseguraba en el Congreso de CC OO que iba a “derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias”. Pero días después decía que técnicamente no era posible derogar la reforma laboral, y que no se iba a derogar el abaratamiento del despido aprobado en la reforma laboral de Rajoy. Es decir, se advertía de que no se iba a recuperar la indemnización por despido previa a la reforma de 2012. Era algo que ya había dicho anteriormente desde el PSOE, y que había sido criticado desde Podemos. Por tanto, se dejaba intacto uno de los aspectos más lesivos de la reforma, sin olvidar que el despido ya se había abaratado previamente al año 2012 en más de una ocasión. Este cambio de parecer, provocó las críticas de Mas País. Iñigo Errejón tras conocer el acuerdo entre sindicatos, Gobierno y CEOE planteó que esperaba que la reforma no fuera “descafeinada”. En este sentido, finalmente se presentó un acuerdo pactado entre CC OO, UGT y la patronal que no derogaba por completo la reforma laboral, tal y como nos habían prometido desde el gobierno,  y también habían exigido los sindicatos mayoritarios.

El Gobierno, que llevaba dos años anunciando y prometiendo la derogación de la reforma laboral, finalmente no la ha derogado. Esto no quiere decir que el acuerdo tenga cuestiones positivas. Todo cambio a mejor bienvenido sea. Se suprimen facilidades que implementó el PP para hacer ERE en el sector público. Se incide en causalizar con precisión los motivos de la contratación temporal. Aumentan las sanciones por contratación temporal fraudulenta. Se elimina el contrato de duración determinada por obra y servicio, se introduce el derecho a la información al trabajador temporales sobre vacantes fijas, etc. Pero recordemos que en esta materia el Ministerio de Trabajo defendía introducir  un porcentaje máximo del 15% de temporalidad en las empresas. Hubiese sido mejor recuperar una normativa muy positiva para prohibir la temporalidad abusiva en las empresas. Estos topes fueron suprimidos en la reforma laboral de 1984. Ha habido una oportunidad histórica para recuperarlos, pero a última hora se ha renunciado a ello, y por tanto no podemos estar contentos.

En su lugar se ha aprobado que se puedan establecer límites máximos en los convenios. Medida mucho más ambigua, e infinitamente menos efectiva que la propuesta anterior. Además, se crea una nueva modalidad de contrato temporal para situaciones imprevisibles y ocasionales con una duración máxima de 90 días en un año. En los próximos meses tendremos que valorar cómo incide la nueva norma y evoluciona la contratación indefinida y temporal. Por otro lado, aunque hay algunas mejoras respecto a la subcontratación, el Ministerio de Trabajo proponía prohibir que las empresas subcontratasen trabajadores para realizar la misma actividad, algo que hubiese sido positivo, pero que tampoco se ha incluido. Por otro lado, sigue vigente la normativa que permite aplicar un ERE incluso en empresas con beneficios. Continúan vigentes numerosas causas para aplicar despidos colectivos, así como la referente a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo reflejadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Hay avances en la recuperación de la ultraactividad, aunque ya existían sentencias favorables al respecto. En todo caso la nueva redacción es demasiado compleja. Tampoco se recupera el nivel de cantidades a pagar a los trabajadores que anteriormente asumía el FOGASA, y el recorte aprobado anteriormente, se mantiene. Pero reiteramos que el abaratamiento en las indemnizaciones se deja tal como quedo en la reforma laboral de 2012, y tampoco se recuperan los salarios de tramitación. No se recuperan los 45 días por año con tope de 42 mensualidades, y nos quedamos con los 33 días y 24 mensualidades de tope. El abaratamiento del despido se refuerza, consolida y se presenta como intocable, pese a que nos prometieron derogar lo más “lesivo”. ¿El abaratamiento del despido no era un aspecto lesivo?

Pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral

Es una pregunta muy oportuna, ante los defensores acríticos de este acuerdo. Una vez más, UGT y CC OO aceptan, lo que hasta ahora consideraban inaceptable. En definitiva, lo que se ha pactado no es la derogación de la reforma laboral, que era el compromiso y promesa de este Gobierno. Por tanto, pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral. La normativa anterior a 2012 ya era extremadamente precaria, y se mire por donde se mire, no se recuperan todos los derechos que nos arrebató la reforma de Rajoy. El despido sigue siendo muy fácil para las empresas, e igual de barato que con el PP. Parece ser que si gobierna la derecha se puede imponer una reforma laboral sin consenso y sin los sindicatos. Pero si gobierno la “izquierda” no se puede aprobar sin el visto bueno de la CEOE. En los últimos procesos electorales millones de votantes, votaron a partidos con programas que prometían la derogación  de la reforma laboral, y que ahora gobiernan. Finalmente no han cumplido. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE. La excusa de la “correlación de fuerzas”, esta históricamente demasiado gastada y usada para justificar el incumplimiento de promesas, y cuestiones que son del todo injustificables.

Algo falla, cuando defensores de la reforma laboral del PP, consideran una buena noticia el acuerdo. El editorial de ABC ha sido muy clara al respecto: “El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE es de mínimos y proviene de una cesión de todos para contentar a Europa. Pero por suerte no supone la derogación de la norma del PP de 2012”. En la misma editorial se indica: “En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición”. Además añade que “El acuerdo es en definitiva una buena noticia”. Hay más artículos publicados en los últimos días en la prensa en los que también se indica que poco cambia con la nueva reforma laboral. De hecho, se habla constantemente de lo que NO se modifica. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, decía en Antena 3 que el Gobierno “planteaba al principio una derogación absoluta de la reforma”, pero se congratulaba de que al final había “quedado una renovación bastante razonable”.

Un artículo en La Razón señala que “si uno examina de cerca el contenido de la contrarreforma laboral promovida por el Gobierno y aceptada por los agentes sociales, comprobara rápidamente que los acuerdos alcanzados no afectan al núcleo de la reforma laboral de 2012”, añadiendo que “los elementos esencial de la reforma laboral de 2012 ya forman parte del consenso político nacional”. La Conferencia Episcopal también ha considerado muy positivo el acuerdo. El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha valorado positivamente el acuerdo. Por otro lado, el ex ministro Jordi Sevilla ha explicado que encuentra “totalmente reconocible la actual reforma laboral pactada” con el acuerdo de gobierno que el PSOE llego con Ciudadanos en 2016. El exministro añade en twitter que “Yolanda Díaz lo criticó y se opuso. Me alegro que haya cambiado de opinión”. Hace no mucho escuchábamos la expresión “el miedo va a cambiar de bando”. Pero está claro que con esta reforma, no es así. Por su supuesto, ya no solo no se dan por perdidos numerosas agresiones de las reformas laborales de 2010 y 2012, además reivindicaciones históricas como las 35 horas semanales, el fin del despido libre pagado, etc., ni se nombran.

Mientras tanto, sindicatos como ELA, CIG, LAB y CGT han mostrado sus críticas a esta reforma laboral, que por cierto tiene que pasar por el Parlamento, donde es previsible que partidos políticos como ERC, BNG, Mas País o EH Bildu, hagan enmiendas que avancen en la derogación de contenidos de la reforma laboral de Rajoy que han quedado intactos. ¿Qué votará al respecto el grupo parlamentario de Unidas Podemos?.  Es una pregunta relevante e interesante. Y para terminar el artículo, seguimos haciendo preguntas, porque nueve años después de la reforma laboral, dos años después de la formación del Gobierno de coalición… ¿si nos prometieron derogar la reforma laboral, porque no la han derogado? Aunque la nueva reforma laboral recupera derechos, ¿qué ocurre con los que da por perdidos? ¿Si no se deroga ahora con una mayoría parlamentaria más que suficiente, cuando se derogará? ¿Por qué esperar dos años para al final no derogarla por completo? ¿Por qué se mantiene el abaratamiento del despido? Si la reforma de 2012 provoco despidos masivos al eliminar la necesidad de autoridad admirativa en los ERE, ¿por qué se mantiene la falta e inexistencia de control administrativo en los ERE? Si decían que la reforma laboral era tan mala, por qué no la han derogado íntegramente tal y como nos habían prometido?

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España: Los sindicatos estudian demandar a Ayuso tras sus declaraciones sobre los sanitarios

El Salto

Por: Sara Plaza Casares

“Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”, aseguraba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas declaraciones con las que los representantes sindicales consideran que calumnia y desprestigia a los profesionales.

“Nos está pasando frecuentemente que dependiendo del centro al que acudan, la atención al ciudadano es distinta, vamos a estar sobre ello“. ”Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”. Estas dos frases, emitidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante este martes en una entrevista en EsRadio, han desatado la tormenta entre el sector sanitario.

Así, los cinco sindicatos de la mesa sectorial, (CC OO, AMYTS, CSIT, UGT y SATSE) estudian tomar acciones legales contra la presidenta por una palabras que consideran que “demonizan a los trabajadores”. “La presidenta abandona la salud de los madrileños y mientras acosa y machaca a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la Salud de todos”, aseguran en una nota de prensa e inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.

Los sindicatos inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.

Mientras, Madrid sufre una escalada de contagios y ayer marcaba cifras récord en toda la pandemia, con más de 11.000 nuevos casos y la variable Omnicrom ya representa el 80% de la transmisión, la Atención Primaria hace aguas entre unos profesionales saturados, que afrontan esta ola con agendas de más de 70 pacientes por día y con plantillas en cuadro, sin reposición de bajas.

Al tiempo, los refuerzos covid, aquellos que encadenan contratos desde el inicio de la pandemia, ven un futuro incierto a 31 de diciembre, con posibles despidos tal y como contaba ayer El Salto. Del otro lado, Ayuso promete que se mantendrán los 11.300 contratos realizados a tales efectos, pese a que los trabajadores estén recibiendo noticias opuestas.

Concentración sanitarios consejería hacienda - 3
La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos que venden en farmacias, sin realizar PCR de comprobación del resultado. Un “nuevo procedimiento” que incluye una llamada al teléfono de atención por coronavirus y sólo contactar con el centro de salud si se presenta fiebre de más de 38 grados o dificultad respiratoria.

La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos

“Sería de agradecer que el Consejero de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria salieran inmediatamente a hacer declaraciones para defender a sus profesionales frente a las acusaciones de la Presidenta”, continúan los sindicatos de la mesa sectorial, quienes exigen una rectificación inmediata“.

Estas no son las primeras declaraciones de Ayuso contra el personal sanitario. ”Lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y sabotear el Zendal“, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid a principios de este año en la Asamblea de Madrid. Declaraciones que fueron acompañadas de una denuncia, presentada por la Consejería de Sanidad, en la que se relataba que ”desde la semana del día 18 de enero del 2021, se vienen produciendo una serie de sabotajes y daños”. A mediados de diciembre la fiscalía pedía el archivo de esta causa.

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España: Por qué los precarios del sistema universitario español no somos ciudadanos

El Salto

Por: Pablo Sánchez León

Los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos, esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales.

La nueva legislación para la universidad propuesta por el ministerio Castells será la tercera desde 1983. Una crisis cada quince años apunta a que no se ha resuelto el problema fundamental: la precariedad, o el marcado dualismo de su “mercado de trabajo”, que las dos legislaciones universitarias anteriores de hecho contribuyeron a enquistar.

Para reducir la precariedad, la reforma propone fijar un límite del veinte por ciento de profesores sin contrato indefinido. Sin embargo, el problema no se resuelve estabilizando solamente al profesorado: la legislación debería contemplar también a los investigadores precarios, que vienen experimentando las peores condiciones laborales. Fijarse solo en los docentes es señal de que no se aspira a resolver los problemas de fondo. Es difícil no estar totalmente a favor de la estabilización laboral de todos los docentes, pero si de lo que se trata es de acabar con las fuentes de la precariedad, la estabilización debería suplementarse con una serie de garantías jurídicas.

Sin derechos sociales

Para comprender qué implicaciones tiene la precariedad universitaria vista en el tiempo resulta ilustrativo aplicar el esquema clásico de T. H. Marshall, que distingue entre ciudadanía civil, política y social.

Los precarios no tenemos en el lugar de trabajo reconocidos los beneficios sociales de que disfruta el resto de empleados universitarios. Aunque subsisten las becas y otras formas de remuneración que se acercan al destajo, desde hace un tiempo la mayoría de los precarios universitarios tienen con la administración algún tipo de contrato que conlleva derechos pasivos. Sin embargo, a los precarios no se nos permite solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación, para cuya evaluación hay que disponer de una relación contractual estable. Con ello se nos priva del complemento retributivo que premia la productividad del trabajo y que simboliza el reconocimiento de la ciudadanía social.

Hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios

La justificación que suele hacerse es que el trabajo realizado en formación y especialización no merece el mismo reconocimiento que el de un profesional de carrera. Pero esto ha dejado de ser así hace tiempo: hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios. Con la negativa a evaluar sexenios también se impide conocer cuál es la distribución del mérito y el prestigio en la comunidad académica.

Se dirá que con la estabilización este problema terminará, pues los docentes contratados de forma indefinida podrán solicitar la evaluación de sexenios. Sin embargo, las evaluaciones se efectúan aplicando criterios actuales con carácter retroactivo. Este procedimiento penaliza al investigador por no haber anticipado los baremos con los que se medirán en el futuro los resultados de su investigación.

Toda esa doble discriminación ha tenido efectos no solo económicos y sobre la carrera individual, sino sobre el conjunto del sector en el largo plazo. Teniendo en cuenta que la actual precariedad lleva instalada al menos desde la absorción de la gran bolsa anterior tras la entrada en vigor de la LOU en 2004, el resultado agregado es que la comunidad académica aparece hoy día marcada por un divorcio entre la distribución del mérito y el prestigio y la jerarquía interna de puestos de trabajo. Hace tiempo que entre los docentes superiores y los investigadores se rompió la relación entre estabilidad laboral y capacitación profesional.

Capacidades políticas desiguales

Los docentes e investigadores precarios tampoco somos en nuestros lugares de trabajo ciudadanos en cuanto a iguales capacidades políticas. En este terreno, el ministerio Castells ha propuesto que los catedráticos pierdan el monopolio que han disfrutado como candidatos a rector, pero al hacerlo ha puesto el foco sobre otras discriminaciones que atraviesan el mundo académico. La propuesta ministerial de hecho profundiza una desigualdad que se viene arrastrando desde la aplicación de la LOU entre funcionarios y no funcionarios: en el borrador de la nueva ley a los contratados doctores se les sigue excluyendo como candidatos a rector.

El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo

La capacidad política desigual que la propuesta ministerial reproduce afectará asimismo a los actuales precarios, muchos de los cuales, al igual que otros contratados doctores, tienen méritos comparables a los de muchos titulares. De hecho, la nueva legislación prevé una variedad de contratos indefinidos que anticipa el aumento de discriminaciones en capacidades políticas entre docentes, todas ellas arbitrarias.

En este terreno, para los precarios actuales llueve sobre mojado. El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo: a menudo no pueden ser designados para cargos, salvo como representantes de su colectivo laboral, y no pueden dirigir proyectos de investigación o de innovación docente. Muy especialmente no pueden formar parte de comisiones de contratación ni a menudo intervenir en la definición de las líneas de docencia e investigación o en la distribución de asignaturas. Esa discriminación se reproduce en las agencias de evaluación y elaboración de políticas universitarias de las comunidades autónomas y el ministerio, donde uno nunca encontrará a un precario, por el hecho de serlo e independientemente de sus méritos y prestigio, designado como asesor ni menos como miembro nato.

Marshall argumentó con buen criterio que la capacidad política es la dimensión central de la ciudadanía, ya que es la que garantiza la preservación de las otras, de igual manera que su deterioro o conculcación degrada el conjunto de los derechos ciudadanos.

Sin garantías de una valoración justa sobre méritos e idoneidad

Pero el terreno en el que la precariedad de los universitarios es excepcional y extrema es en el de los derechos civiles. Para Marshall esta es la base elemental de la ciudadanía moderna: su eje nodular es la igualdad ante la ley, y su expresión está en la garantía de un juicio justo.

Pues bien, desde el esquema del sociólogo británico los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos. Esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales. En el medio académico, cualquier reclamación sobre las decisiones de una comisión de contratación o un tribunal de oposición aboca a una vía de litigio con la administración, en la que esta ejerce de juez y parte: las universidades respaldan las decisiones de las comisiones, y los tribunales solo las revocan cuando es posible demostrar que se han producido defectos en los procedimientos.

En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción; La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente

Sobre el contenido sustantivo de lo que se litiga, la justicia no considera que tiene jurisdicción alguna. Es decir que en relación con conflictos surgidos en torno de la valoración de su esfuerzo y sus resultados en méritos, los docentes e investigadores del sector público español carecen de un tribunal adecuado que les haga justicia. Eso permite todo tipo de arbitrariedades, además de efectos perversos dada la composición del sector antes mencionada, con casos de miembros de comisiones con menos méritos que los candidatos que van a evaluar.

El sistema actual deja las evaluaciones efectuadas por estas agencias públicas en papel mojado. Las agencias de hecho no valoran los méritos de los candidatos, sino que simplemente avalan que estos cumplan unos requisitos mínimos para poderse presentar a plazas. No consideran que les incumba el uso que otras instancias hagan de sus avales aun cuando suponen una subversión de sus criterios de medida. Por eso a todo este sistema le va tan bien el modelo de acreditación cuantitativa, por índices de impacto de las revistas de publicación, a pesar de estar cada vez más cuestionado, como atestigua el movimiento a escala mundial DORA (Declaration on Research Assesment) en pro de una valoración cualitativa.

Corrupción sin responsabilidad

Esta indefensión jurídica de los candidatos está detrás de la precariedad endémica del sistema académico español. En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción, y las relaciones clientelares están bastante extendidas. La conciencia de que la corrupción académica es un enorme riesgo se comprueba en la cantidad de proyectos de investigación financiados por entidades supranacionales que tratan temas de ética profesional. La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente.

En otros países, esa conciencia impulsa mecanismos institucionales que permiten evaluar en el tiempo las decisiones estratégicas de las universidades en general y las comisiones de contratación en particular. De esas evaluaciones se nutren entre otros los rankings internacionales sobre prestigio académico.

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes

A nadie puede extrañar que no haya universidades públicas españolas entre las primeras del mundo; las más jóvenes no figuran además entre las más dinámicas, lo cual señala que el patrón disfuncional a menudo arranca ya con el nacimiento de los nuevos campus. Incluso las que destacan en el ranking internacional lo deben a que entre los trabajadores del mundo académico los hay altamente vocacionales, y existen minorías hiperactivas que salvan la cara al conjunto de una comunidad profundamente desequilibrada. Todo esto tiene origen en los procedimientos de selección y promoción de profesores e investigadores. Es algo que no se resuelve solo aumentando la financiación ni estabilizando al profesorado, por necesarias que sean estas otras políticas.

El talón de Aquiles del sistema español es que vuelve a las comisiones y tribunales de todo tipo irresponsables ante decisiones tomadas que comprometen a largo plazo el bien público que es la docencia superior y la investigación. Sin ese rendimiento de cuentas, no solo no se selecciona y promociona a los mejores, sino tampoco a los más adecuados. Para discernir la idoneidad de un candidato es esencial que los fines colectivos de la institución estén bien definidos a corto, medio y largo plazo, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los que toman decisiones de contratación.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”

En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes. Los que se marchan al extranjero y consiguen allí formarse y especializarse, lo deben a que se encuentran con criterios de evaluación menos sesgados, pero sobre todo a que no se les evalúa en el tiempo solo a ellos, sino a las instancias que decidieron su contratación.

La administración española ni siquiera conoce la demanda real de docentes en investigadores disponibles en el mercado. Antes ya de la democracia, se decidió que la universidad imitase en su organización el modelo de la administración, sin tener en consideración que el capital humano, para desarrollarse sin provocar a su paso abusos y explotación (además de ineficiencia), es indispensable que fije objetivos que generen responsabilidad colectiva.

Identidades precarias resignadas

Marshall entendía que sin derechos civiles no puede hablarse de ciudadanía: lo que se viven son privilegios y exclusiones amparados jurídicamente. Desde su esquema, en la universidad española perdura el Antiguo Régimen, un mundo basado en la desigualdad ante la ley y la irresponsabilidad ciudadana.

Lo que su enfoque predeciría de un escenario así son elevados niveles de protesta colectiva, con movilizaciones recurrentes y eventualmente violentas. Sin embargo, entre los precarios académicos españoles no domina la idea de que acabar con su discriminación dependa de la acción colectiva, menos aún se halla extendida una conciencia de que el sometimiento que experimentan es una forma de sufrimiento inadmisible por innecesario.

Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”. Ninguno de estos tipos de trabajadores figura entre los más propensos a protestar. Ambos tienen además en común que están bastante indefensos.

La ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación

Desde luego no cuentan con el apoyo adecuado de los sindicatos. Los representantes sindicales han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo en el sector público con la protección de trabajadores concretos independientemente de su contribución a los fines colectivos de la comunidad académica. Además en ellos suelen dominar los funcionarios docentes, que no sitúan en primer plano las reivindicaciones de los precarios, y tienden a interpretarlas desde la misma cultura corporativa que reproduce la precariedad. Con todo, no se les puede pedir que se sitúen por encima de unas instituciones que no fomentan la responsabilidad.

La falta de criterios de valoración ligados a fines colectivos evaluables deja a los docentes seleccionados a merced de relaciones con superiores que no se basan en el mérito, y para las que no cuentan con recursos políticos adecuados. Con todo, los investigadores lo tienen aún peor, pues sus contratos suelen ser más cortos y, en los períodos de carencia, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de financiación más degradantes; dentro de este colectivo, el más segmentado es a su vez el de las mujeres.

Una alternativa de justicia y responsabilidad

Pese a la buena intención del ministerio Castells, con la nueva legislación la tentación es grande de repetir el curso de las dos anteriores: resolver el problema de una gran bolsa de precariedad, pero a costa de asentar el marco de la siguiente. La ley puede además quedar empañada por una reducción futura en la financiación, que enquistaría aún más la desigualdad interna a la universidad española. Marshall señaló cómo esas oscilaciones en la financiación de los servicios públicos convierten a la ciudadanía misma en fuente de desigualdad.

Dejada así, la ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación. Resolver el problema de la precariedad en la universidad española implica dar pasos para establecer una cultura académica que asegure la responsabilidad de quienes toman decisiones, de manera que rindan cuentas por decisiones que afectan a la calidad de la docencia y la investigación, y por tanto a los estudiantes y la sociedad entera.

Por encima de todo, hay que resolver un problema de falta de derechos civiles elementales. Ahí la intervención institucional es obligada; pero por suerte también puede ser habilitada con bastante facilidad. Se trata de establecer comisiones de apelación que acojan denuncias de arbitrariedad en relación con la evaluación de los candidatos a contratos o plazas.

Estas comisiones podrían existir a escala de universidad y de comunidad autónoma; incluso podría haber un tribunal superior dependiente directamente de la Conferencia de Rectores. No soy jurista y solo puedo esbozar los ejes fundamentales de ese tipo de instancias. Sus miembros deberían proceder de otras universidades y otros campos de conocimiento, y una proporción de ellos deberían ser extranjeros. No deberían estar formadas solo por titulares y catedráticos, y la designación debería estar vinculada al mérito y prestigio, no al escalafón laboral.

La clave es que haya una reevaluación por pares de los méritos y la idoneidad de los candidatos denunciantes. Esto obligará a que las universidades asuman compromisos con fines colectivos medibles, de manera que las comisiones queden sujetas a rendimiento de cuentas. Las comisiones de apelación se situarían así en el eslabón inferior de una cadena de exigencia de responsabilidad, que es lo que sigue faltando en una universidad cada vez más burocratizada. Hay que generar bienes públicos que limiten la corrupción del sistema, algo indispensable para que el dinero público invertido rinda frutos comunitarios.

Una inversión en universidad que no parta de un diagnóstico completo y dinámico puede ser un esfuerzo malgastado. La disyuntiva que tiene delante el ministro Castells es entre una reforma más ambiciosa que solo la aprobación de la ley o una nueva huida hacia adelante que enquistará en el mundo académico un orden en el cual los precarios no somos ciudadanos.

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España: La Revuelta Escolar se moviliza por la muerte de una niña en un atropello múltiple

El Salto

El movimiento lleva meses advirtiendo del riesgo del tráfico en los entornos escolares. Exigen al Ayuntamiento de Madrid medidas urgentes para garantizar la seguridad en la salida de los colegios.

La Revuelta Escolar, el movimiento que pretende limitar la circulación de coches en los entornos escolares y favorecer la movilidad activa, “enmudece y se viste de negro”. Este 4 de noviembre, un atropello múltiple a la salida de un colegio en el barrio de Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo causaba la muerte de una niña de seis años y heridas de gravedad a otras dos. El accidente se produjo cuando un vehículo que estaba aparcando invadió la acera y embistió a un grupo de menores situado en la puerta del centro.

No se trata solo de un accidente. Sobre todo cuando la Revuelta Escolar lleva más de un año realizando concentraciones festivas en las puertas de los colegios y escuelas infantiles para conseguir “entornos escolares seguros y pacificados, con menos coches, menos contaminación y menos ruido”. El movimiento surgió en Barcelona en diciembre de 2020, cuando familiares y alumnos cortaron los accesos de 20 escuelas. En marzo de 2021, llegó a Madrid y, desde entonces, se celebran cortes de calles todos los primeros viernes de mes en decenas de colegios de la ciudad.

Entre los motivos de la protesta sostenida de este grupo de familias figura la “inseguridad vial” que se vive en los alrededores de las escuelas, especialmente en las horas pico. Según datos de la Fundación Mapfre que recogen en el manifiesto de la Revuelta Escolar, el 87,7% de los vehículos sobrepasa los límites de velocidad fijados en entornos escolares, aumentando el peligro de todo tipo de accidentes. “La percepción de peligro por parte de las familias favorece el aumento de los desplazamientos en vehículo particular y los atascos a la puerta de los colegios, generando un círculo vicioso difícil de romper: más coches, más riesgo, menos niñas y niños caminando”, dicen en el manifiesto.

Por los riesgos de accidente, la contaminación atmosférica y sonora en los alrededores de los colegios y la reducción de la autonomía infantil en un contexto de atascos y coches en movimiento, desde Revuelta Escolar exigen la reducción del tráfico en los entornos escolares, la limitación de la velocidad a 20 km/h, infraestructuras para garantizar la movilidad activa y segura o más medios de transporte público. Como referente, un movimiento similar en Londres consiguió que 500 colegios prohiban llegar en coche a los colegios.

La Revuelta Escolar lleva meses exigiendo entornos seguros en el entorno escolar, en donde el 87,7% de los vehículos sobrepasa los límites de velocidad fijados, aumentando el peligro de todo tipo de accidentes

Este viernes volvió a haber Revuelta Escolar, pero sin el cariz de celebración que ha caracterizado a este movimiento, con una concentración a las 18:00 horas frente al Ayuntamiento de Madrid y con actos silenciosos a las salidas de decenas de colegios, entre las 16h y 16:20h.

“Las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya”, señalaba Mónica García, de Más Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le respondía acusando a la médica de “politizar la muerte de una niña de seis años”.

Como cada primer viernes de mes, la Revuelta Escolar estuvo en las puertas de los colegios y, esta vez, frente a las oficinas del alcalde para “reivindicar más que nunca la necesidad de entornos escolares pacificados y seguros”.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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Entrevista a Juan Torres López: “Se hace creer que la economía es una ciencia exacta lo mismo que el cura hacía creer que quien hablaba era Dios”

El Salto

Por: Yago Álvarez Barba

 

El economista y catedrático publica su nuevo libro con la intención de desmontar los mitos y falacias económicas que afectan directamente a nuestras vidas.

 

La economía no es una ciencia exacta y la oferta y la demanda no es ningún tipo de ley, por mucho que se repita o te cuenten el caso de las dos vacas o el de los países que comercian con telas y patatas. El propio Adam Smith hablaba de la “Divina providencia”, o sea Dios, antes de rebautizarla como “la mano invisible”.  O sea que la economía dominante en la actualidad fue antes religión que ciencia, pero se convirtió en algo así como un dogma de fe científico que no puede ser renegado a riesgo de ser tachado de loco. Era necesario convertir aquellas ideas que defendían al capital y al libre comercio en leyes sagradas, aunque fueran mentira. Y ese ha sido el principal cometido de varias corrientes económicas desde  hace cerca de un siglo, pasando por el There is no alternative de Thatcher hasta los vídeos demonizando los impuestos del Rubius. Y, repito, la verdad es lo de menos cuando está en juego la hegemonía económica y cultural o la propiedad y acumulación de riqueza de los de arriba.

Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y es común ver columnas de análisis suyas en medios de comunicación en las que se dedica precisamente a desmentir y desmontar las falacias y los mantras liberales. En su último libro, Econofakes: Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida (Deusto, 2021), el economista ha decidido usar un lenguaje y estructura sencilla para poder llegar a más gente, usando una pedagogía que, según él, “la izquierda ha olvidado”, al centrarse en “dirigirse a su tribu”. En unos tiempos en los que un tuit puede llegar a más gente que un paper académico y que los relatos económicos entre la izquierda y la derecha vuelven a estar en disputa tras esta nueva crisis, Torres charla con El Salto sobre esa pedagogía, la guerra cultural en lo económico y la posverdad económica que dirige nuestras vidas.

En el prólogo anuncias que has escrito este libro con un lenguaje y de una forma más sencilla que tus anteriores publicaciones para que llegue a más gente. Últimamente vemos como los economistas mainstream han simplificado cada vez más su mensaje. Ya no escriben papers, sino que hacen tuits cada vez más simplones y casi absurdos, pero que calan muy bien. ¿Está fallando la izquierda a la hora de simplificar su mensaje en materia económica?
Es normal que falle porque el mensaje es más complejo. Decir, por ejemplo, “es necesario que bajen los salarios para crear empleo” puede parecer que sea de una lógica aplastante. En un tuit se dice muy claramente, pero explicar que eso es falso lleva más tiempo y requiere de un pensamiento más complejo. Por lo que en cierta medida es normal. Ahora sí, el esfuerzo hay que hacerlo. Y creo que lo que le pasa a la izquierda es que está muy habituada a hablarle a sus propias tribus, a quien ya está convencido. En ese sentido, la derecha ha sido mucho más valiente. Está ocurriendo lo que dijo Anthony Giddens en los años 80: “La derecha se ha hecho revolucionaria y la izquierda conservadora”. En el campo de la comunicación, también está ocurriendo.

Además ahora vemos que la extrema derecha está enarbolando un discurso antiglobalización, que incluso imita a muchas de las proclamas del movimiento antiglobalizador de la izquierda. ¿Está esa izquierda perdiendo también posiciones en lugares que eran normalmente suyos?
La extrema derecha se hace, como es lógico, con muchas banderas que lógicamente deberían ser las banderas de la izquierda. Los intereses nacionales, la idea de que hay valores colectivos, la defensa de la gente que padece más sufrimiento e incluso, me atrevería a decir, que aunque parcialmente entendida, también la interpretación de la fraternidad. Cuando veías en Grecia que los que iban a repartir comida eran los nazis, pues te dabas cuenta que posiblemente esa tarea de abrazo, de protección, de cercanía y de cuidados es algo que ha perdido la izquierda. Los primeros movimientos sociales consistían no solamente en defender los derechos laborales, sino en acompañar a la gente y en sentirse parte de ellas. La fraternidad es un valor republicano que la izquierda ha olvidado. Ha hecho suya la libertad, la igualdad, pero la fraternidad parece que no va con ellos.

Bueno, la libertad también es un término que está acaparando la derecha.
Claro, porque gran parte de la izquierda ha renunciado a ello. Por ejemplo, la izquierda ha renunciado a los derechos humanos, que los consideraba una reivindicación burguesa. La democracia ha sido una conquista histórica que pareciera que la izquierda no iba con ella. Cuando los derechos humanos y la democracia son los mejores escudos, por muy débiles que estén, de las clases más desfavorecidas.

Estamos presenciando una guerra ahora mismo dentro del Gobierno de coalición. Vemos como una ministra de un partido, que lleva la palabra obrero y socialista en su nombre, está en contra de la derogación de la reforma laboral. ¿Es Calviño una muestra de que la economía es política y de que el relato liberal se ha hecho con la socialdemocracia?
La economía es política con cualquiera. Eso por una parte. Y en este caso, el PSOE reproduce lo que ha ocurrido en su seno desde que se fundó, hace 142 años. En el socialismo español conviven dos o tres almas distintas. Una de socialismo incluso radical, muy de izquierdas, otra de un socialismo más centrado y una tercera alma de liberal socialismo más a la derecha que, lógicamente, levanta la cresta cuando otras corrientes intentan poner en marcha procesos de transformación más avanzada. Y esto ha ocurrido siempre, en la República, durante el franquismo y durante el gobierno de Felipe González. El PSOE no engaña a nadie porque se sabe de sobra que eso es así y que en su seno conviven esas corrientes.

Juan Torres Lopez - 4
Juan Torres López durante la entrevista. DAVID F. SABADELL

Pero darle el Ministerio de Economía a esa corriente es muy significativo.
Eso es una correlación de poder y fuerzas dentro del propio partido. Si en el PSOE la corriente más a la izquierda tuvieran más peso, el Ministerio de Economía estaría en manos de gente más de izquierdas. Entonces lo que creo que está sucediendo ahora es que Calviño, que representa a ese sector socialista más a la derecha y, sobre todo, una ortodoxia económica concedida para defender intereses de las grandes empresas, pues reacciona incluso frente a los que en su propio partido defienden una reforma laboral más avanzada.

El discurso de la austeridad era combustible para el negocio bancario

Empezamos a tener datos para comparar cómo es salir de una crisis con austeridad y cómo es salir con presupuestos expansivos. ¿Caerá ese mito o econofake de que la austeridad es buena?
La austeridad precisamente es otro de los conceptos que la derecha ha arrebatado a la izquierda, desde donde siempre se había defendido el concepto de austeridad como significado de mesura, de respeto a las necesidades o de evitar el gasto innecesario. Lo que hemos llamado ahora austeridad, que es una restricción del gasto público cuando el gasto privado estaba cayendo, es una barbaridad que ha beneficidado a las grandes empresas y a los bancos. Es una demostración palpable de que eso que se decía de que “hay que recortar gastos para que no aumente más la deuda” lo que ha conseguido es que aumente más la deuda, que es el negocio de los bancos. El discurso de la austeridad era combustible para el negocio bancario.

Desde el punto de vista de la política económica, la austeridad es un absurdo. Porque el gasto público es un motor de la economía. ¿Hay que poner el motor siempre a pleno rendimiento? Pues no, el motor se pone en el rendimiento que precisa el recorrido que está haciendo el móvil. Si tú estás bajando una cuesta, pues no tiene sentido poner el motor a pleno rendimiento. Pero si estás subiendo una cuesta y el resto de motores ves que no tiran, pues entonces tienes que apretar. Cuando el gasto privado no tira de la economía, cuando las exportaciones no tiran de la economía, cuando el consumo de las familias no tira de la economía, entonces o tira el gasto público o la economía se viene abajo.

El gasto público puede jugar ese papel porque se puede financiar mediante los bancos centrales sin coste ninguno. El problema que está ocurriendo es que en los últimos decenios nos encontramos que el gasto público se financia de manera privada, que es innecesariamente costoso. Algo que se hizo, una vez más, para promover el negocio bancario, pero que es una auténtica barbaridad.

Un gasto expansivo no debería ser un fin per se, sino que debería usarse para cambiar el modelo productivo en Europa

Pero más allá de la teoría, ¿crees que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales van a dar carpetazo a la austeridad o veremos a la Comisión Europea dentro de dos o tres años diciendo que se debe cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?
Pues ahí va a haber un pulso. Lo primero que tendremos que ver qué gobierno sale en Alemania y quién va a estar en su Ministerio de Hacienda y Economía, porque eso será muy determinante. Yo no soy muy optimista. Ya hay muchos países que están reclamando que se recorte el gasto expansivo. Un gasto expansivo que no debería ser un fin per se, sino que debería usarse para cambiar el modelo productivo en Europa. Para mí la desgracia no sería que se frene el gasto, para mí sería que sigamos con el mismo modelo que tiene Europa y que trae los problemas que estamos viendo ahora. Ahí tampoco soy muy optimista. Si se dan las dos circunstancias, pues tendremos muchos problemas. Porque puede que estemos entrando en una crisis que sea incluso peor que la que hemos vivido.

Aunque ha habido austeridad en lo fiscal, la política monetaria sí que ha sido expansiva a base de inyectar dinero e inyectar dinero desde que en 2012 Draghi dijo aquello de “haré lo que sea necesario para salvar al euro”. La inflación no había llegado hasta ahora y los liberales han tardado poco en decir que es por culpa de esa inyección de dinero.
Los liberales no saben lo que dicen con tal de justificar sus ideas falsas. La inyección del dinero que han hecho los gobiernos más poderosos en los últimos años ha sido brutal y no ha habido inflación. Cualquier persona decente y cualquier observador honesto sabe que la subida que estamos viendo ahora en los precios no es por el aumento en la demanda. Dos días después de que tengamos el nivel de inflación más alto de los últimos 29 años, leemos que el consumo privado ha caído el 0,5%. Por lo que eso que dicen los liberales, si hay alguno que osa decirlo, es una majadería sin fundamento teórico.

La inyección del dinero que han hecho los gobiernos más poderosos en los últimos años ha sido brutal y no ha habido inflación

En este momento están subiendo los precios en algunos casos por cierta presión de la demanda después de la pandemia, que yo creo que ya ha pasado, pero sobre todo el motivo es porque hay un bloqueo de la oferta y un problema coyuntural ahora mismo de unos precios de energía. Pero la inyección de dinero no tiene nada que ver en la inflación. Para que la inyección de dinero que hacen los bancos centrales genere una subida de precios, primero tiene que llegar a los bancos, que estos concedan créditos y los que los reciben se dediquen a gastar y que haya más demanda que oferta. Nada de eso ha ocurrido porque el dinero que han inyectado los bancos centrales fundamentalmente se ha quedado en los bancos.

La crisis ecológica es otro de esos temas que, aunque parezca una locura, sigue siendo rebatida. En el gas, por ejemplo, he visto incluso a gente de izquierdas defendiendo el uso del gas aunque venga de fraking y los liberales están aprovechando estos episodios de turbulencias en el mercado energético para seguir cargando contra la crisis climática, negando las consecuencias de esa crisis.

Por poder se puede negar hasta que la tierra es redonda. Lo que parece que está claro, científicamente hablando, es que el planeta está sometido a una tensión insoportable e insostenible como consecuencia de variables diversas y complejas, que casi todas tienen en común que se hace un uso de recursos limitados como si fueran ilimitados. Porque la única lógica que se usa con los recursos naturales es la lógica del beneficio y no la lógica de la conservación. Entonces la consecuencia es la que es y no puede ser otra.

Cuando en Estados Unidos se desarrollaba el pensamiento neoliberal, a principios de los 80, los economistas de izquierda fueron expulsados literalmente de las universidades

Yo suelo bromear con que soy licenciado en capitalismo, porque fue lo único que me enseñaron en la universidad. ¿Qué análisis haces del mundo académico y qué se puede hacer?

La universidad es una institución que es más antigua que los Estados. Entonces ya tenemos una buena idea de qué es la universidad. Es un aparato que sirve para que la sociedad se reproduzca y para que se reproduzca las relaciones de poder que hay en la sociedad. Lo que pasa es que la universidad tiene muchos espacios y hay espacios de libertad. Cuando esos espacios de libertad se desarrollan más de la cuenta, suelen ser sometidos a castigo. Cuando en Estados Unidos se desarrollaba el pensamiento neoliberal, a principios de los 80, los economistas de izquierda fueron expulsados literalmente de las universidades, como ocurrió en Hardvard, por ejemplo. Entonces la universidad deja de ser un espacio de libertad. Es natural, por lo tanto, que una disciplina tan importante para el poder establecido como es la economía esté sometida a control y esté diseñada para conservar esos intereses.

Yo lo primero que veo cada día al entrar en mi facultad de Economía es el Banco Santander, y eso no es casualidad. Además no solo lo veo ahí, es que están organizando reuniones de asesores. Las grandes empresas crean cátedras, financian, etc. y eso se traduce en una investigación dirigida y en un conocimiento servil. En el campo de la economía se produce lo que Galbraith llamaba “el fraude inocente”, que en muchas ocasiones no es inocente, porque es un fraude orquestado y consentido por quien defrauda intelectualmente. Galbraith decía que, en muchas ocasiones, los profesores habían estudiado una cosa, la reproduces para acreditarse y para hacer carrera académica, ya que tienen que reproducir lo mismo, y entonces se van consolidando ideas como las que yo desmonto en mi libro. Se da pie a lo que ocurre actualmente, que se enseñan cosas en las aulas que se ha demostrado matemáticamente hace 80 o 90 años que son inciertas.

La izquierda no se dirige a más allá de sus tribus y no tiene conciencia de que hay que hablar a la sociedad en su conjunto

Y por bajar un poco más en la escala de edad de la gente a la que le llega el mensaje, ¿qué hacemos con los youtubers que llegan a millones de personas muy jóvenes con discursos antiimpuestos?
Pues podemos hacer una cosa que es muy antigua que se llama pedagogia, se llama diálogo y se llama comunicación. Y que a la izquierda se le ha olvidado yo creo que porque todavía predomina en la izquierda, no sé si consciente o subconscientemente, la idea de que los cambios sociales son mecánicos, como se estudiaban en aquellos libros que han alumbrado las generaciones de intelectuales de izquierdas que todavía están coleando por aquí. Se piensa que una cosa lleva a la otra y que es una mecánica, que viene solo y que nos trae las transformaciones, y eso es un error. Creo que la izquierda tiene un déficit de pedagogía y de comunicación impresionante. La izquierda no se dirige a más allá de sus tribus y no tiene conciencia de que hay que hablar a la sociedad en su conjunto y no tiene tampoco sentido de la militancia comunicativa.

Recuerdo dar charlas y ponencias con Viçenc Navarro y al final siempre alguien preguntaba eso de ‘¿y yo qué puedo hacer?’. Y Viçenc, que es mucho menos vergonzoso que yo, les preguntaba que cuántas de las 200 o 300 personas que habían venido se habían comprado y leído los libros de Viçenc y míos. Solo levantaban la mano diez. En cambio yo veo que uno de estos ultraliberales publican un libro y decenas de jóvenes van a sus presentaciones y se compran el libro. Le leí un tuit a mi editor que decía que los economistas que más venden son los ultraliberales. Eso no es un problema de esos economistas, sino de que la gente de izquierda no se compra libros porque parece que ya tienen sus ideas.

Por otro lado, en España los medios de comunicación de izquierdas no tienen apoyo ni suscriptores. Parece que tenemos la idea de que todo tiene que ser gratis, como si a los periodistas de izquierdas les dejaran gratis la electricidad o el alquiler. Hay partidos de izquierdas que tienen millones de votos, o sea que si esa gente estuviera difundiendo el pensamiento y los datos que damos los economistas, que son abrumadores, si esos millones de votantes compraran los medios que los publican, los estudiaran y los difundieran, pues otro gallo cantaría. Pero por generación espontanea no nace el convencimiento de la gente, sobre todo cuando hay otros que lo están haciendo.

Se hace creer que la economía es una ciencia exacta lo mismo que el cura que se subía al púlpito y hacía creer que quien hablaba no era él sino Dios para que nadie pusiera en duda lo que decía

Otro ejemplo, es que hay clubs liberales en toda España, pero yo no conozco que se hayan difundido ese tipo de cosas en la izquierda. Y no se trata de adoctrinar, pero sí de facilitar el debate. No hace falta un club fanático para que suscriban tus ideas, sino para hacer debate. Eso no lo hace la gente de izquierda.

¿Llegará un día que dejemos de ver la economía como una ciencia exacta? ¿Cómo la deberíamos ver?
La economía, decía Keynes, es una ciencia moral. La economía es política porque los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Esta frase tampoco es mía, la dijo Enrique Fuentes Quintana, que tampoco es que sea una persona sospechosa, cuando era vicepresidente del Gobierno en una comparecencia en televisión. No existe economía que no sea política. No existe una ciencia exacta ni lo va a ser nunca. Las decisiones sobre la vida económica implican juicios distributivos, que son juicios que requieren un pronunciamiento ético sobre lo que nos parece mejor o peor. Por lo tanto la economía es lo que es, pero se hace creer que la economía es una ciencia exacta lo mismo que el cura hacía creer que quien hablaba era Dios, para que nadie le pusiera en duda lo que se decía desde el púlpito. Con la economía es exactamente igual.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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Hablar de nosotres, un problema para la RAE

El Salto

Por: Alia R. Juez

No es suficiente con que se hable sobre personas no binarias sino que es necesario hacerlo utilizando el vocabulario adecuado y las fórmulas más respetuosas posibles.

El mes del Orgullo ha servido para reivindicar las diversidades del colectivo LGTBIQ+ y, en este contexto, el 14 de julio fue el turno de la visibilidad de las personas de género no binario. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo a las personas no binarias (nb), así como de críticas a la falta de representación y presencia. Estos comentarios también desataron una serie de opiniones que, ya sean fruto de la desinformación o abiertamente malintencionadas, resultan hirientes para el colectivo. Por todo esto, es importante remarcar cuáles son los conceptos básicos del “no binarismo”, a qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad, y específicamente, cuáles son las reivindicaciones del colectivo.

El género, como construcción social, tiende a una categorización rígida. En nuestra sociedad, esta se da en forma de binarismo (hombre y mujer), categorías entre las que se crea un espectro en el que caben diversas identidades. Se trata de un constructo social moldeable y, de hecho, no todas las sociedades en la historia han sido binarias: han existido diferentes maneras de relacionarse con el género y se han dado identidades alternativas a las que conocemos hoy en día. Por eso, las personas no binarias rechazamos esta clasificación y optamos por explorar posiciones alternativas y subversivas al concepto de género como categoría estanca. La expresión de género es solo una de las maneras de reflejar esta separación que supone el binarismo, pero en este caso lo relevante es analizar los usos del lenguaje.

El lenguaje crea y altera la realidad —hay quien diría que el lenguaje “es” la realidad—, evoluciona con la sociedad y es su reflejo. De lo que no se habla, todo aquello que el lenguaje oculta o no contempla, simplemente no existe. Por eso es tan importante el lenguaje inclusivo, introducir en nuestro vocabulario expresiones y denominaciones que amplíen nuestra manera de referirnos al género. Y no, no es suficiente que se trate el tema, no es suficiente que se hable de nosotres, sino que también es importante hacerlo utilizando el vocabulario adecuado y las fórmulas más respetuosas posibles.

Por ello, es problemático que los diccionarios no recojan los conceptos que utilizamos para referirnos a nosotres mismes y que la RAE advierta de que los pronombres que usamos son “incorrectos”.

Por tanto, desde las instituciones lingüísticas como la Real Academia Española se debería no solo no impedir, sino trabajar abiertamente por reflejar estas nuevas realidades que, en el fondo, no son tan nuevas —a través de su cuenta de Twitter, Cristina Domenech recopila algunas de esas personas que se rebelaron contra los roles tradicionales de género, como Catalina/Antonio de Erauso—.

En Suecia, la misma academia que selecciona al premio Nobel es la responsable de que se acepte el pronombre neutro “hen” desde 2015

Tenemos ya ejemplos de países en los que sus diccionarios aceptan formas neutras del lenguaje. En Suecia, la misma academia que selecciona al premio Nobel es la responsable de que se acepte el pronombre neutro “hen” desde 2015. Mientras, en el contexto estatal la resistencia de las instituciones parece un intento desesperado por aferrarse a un conservadurismo vacío y que no perdurará. Una muestra de esa resistencia se ha visto en las respuestas por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad cuando la ministra de igualdad dice “todes”.

Las academias de la lengua no suelen estar al día con el uso del lenguaje, pero esto no significa que su papel no sea importante. Reconociendo los posible usos del lenguaje se ayuda a comprender el mismo y favorecer su utilización, así como presentar alternativas. Su trabajo no es actuar como un poder legislativo o conservador de la lengua, sino esforzarse en facilitar la comunicación. Las academias deberían aspirar a integrar las nuevas formas de entender el mundo en lugar de intentar moldear todo a la medida de las antiguas maneras. En el fondo, los diccionarios son una herramienta para los usuarios, no un reglamento.

Los medios de comunicación, particularmente aquellos más tradicionales o mainstream, siguen las normas de la RAE como si no existieran alternativas

Las instituciones de la lengua son importantes también porque los medios de comunicación, particularmente aquellos más tradicionales o mainstream, siguen sus normas como si no existieran alternativas. No hablan de “nosotres”, porque la RAE no lo acepta, ya que hay que respetar a la lengua y por ende, “respetar al diccionario”. Al cerrarse a incluir formas más inclusivas, estas formas ven limitado su uso a entornos cerrados y se produce un círculo vicioso de invisibilización.

La realidad no deja de existir porque no se hable de ella, eso solo se dificulta la vida de aquellas minorías que no nos vemos reflejadas y por eso sería necesario que en la Ley Trans se incluyera a las personas no binarias, que han quedado excluidas del anteproyecto de ley aprobado el 29 de junio en el Consejo de Ministros.

Como afirma le usuarie de Twitter @nogender_here, citando a une de sus profesores: “Al diccionario no tenemos que respetarlo porque no tiene sentimientos, a quienes tenemos que respetar es a las personas”.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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