“Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”, aseguraba ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas declaraciones con las que los representantes sindicales consideran que calumnia y desprestigia a los profesionales.
“Nos está pasando frecuentemente que dependiendo del centro al que acudan, la atención al ciudadano es distinta, vamos a estar sobre ello“. ”Quiero estudiar profundamente lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos…lo vamos a investigar”. Estas dos frases, emitidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante este martes en una entrevista en EsRadio, han desatado la tormenta entre el sector sanitario.
Así, los cinco sindicatos de la mesa sectorial, (CC OO, AMYTS, CSIT, UGT y SATSE) estudian tomar acciones legales contra la presidenta por una palabras que consideran que “demonizan a los trabajadores”. “La presidenta abandona la salud de los madrileños y mientras acosa y machaca a los profesionales, los calumnia y desprestigia en los medios de comunicación mientras ellos sacrifican su tiempo libre y su familia para velar por la Salud de todos”, aseguran en una nota de prensa e inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.
Los sindicatos inciden en que la responsabilidad de que haya profesionales en todos los centros de salud es política, así como “abrir todos los Servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP) que cerró hace más de un año”.
Mientras, Madrid sufre una escalada de contagios y ayer marcaba cifras récord en toda la pandemia, con más de 11.000 nuevos casos y la variable Omnicrom ya representa el 80% de la transmisión, la Atención Primaria hace aguas entre unos profesionales saturados, que afrontan esta ola con agendas de más de 70 pacientes por día y con plantillas en cuadro, sin reposición de bajas.
Al tiempo, los refuerzos covid, aquellos que encadenan contratos desde el inicio de la pandemia, ven un futuro incierto a 31 de diciembre, con posibles despidos tal y como contaba ayer El Salto. Del otro lado, Ayuso promete que se mantendrán los 11.300 contratos realizados a tales efectos, pese a que los trabajadores estén recibiendo noticias opuestas.
La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos que venden en farmacias, sin realizar PCR de comprobación del resultado. Un “nuevo procedimiento” que incluye una llamada al teléfono de atención por coronavirus y sólo contactar con el centro de salud si se presenta fiebre de más de 38 grados o dificultad respiratoria.
La gestión política, centrada por el momento en no aumentar las restricciones en la hostelería, ha dado un único paso: exigir autoaislamientos a las personas que den positivo en los test de antígenos
“Sería de agradecer que el Consejero de Sanidad y a la Gerencia de Atención Primaria salieran inmediatamente a hacer declaraciones para defender a sus profesionales frente a las acusaciones de la Presidenta”, continúan los sindicatos de la mesa sectorial, quienes exigen una rectificación inmediata“.
Estas no son las primeras declaraciones de Ayuso contra el personal sanitario. ”Lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y sabotear el Zendal“, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid a principios de este año en la Asamblea de Madrid. Declaraciones que fueron acompañadas de una denuncia, presentada por la Consejería de Sanidad, en la que se relataba que ”desde la semana del día 18 de enero del 2021, se vienen produciendo una serie de sabotajes y daños”. A mediados de diciembre la fiscalía pedía el archivo de esta causa.
Los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos, esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales.
La nueva legislación para la universidad propuesta por el ministerio Castells será la tercera desde 1983. Una crisis cada quince años apunta a que no se ha resuelto el problema fundamental: la precariedad, o el marcado dualismo de su “mercado de trabajo”, que las dos legislaciones universitarias anteriores de hecho contribuyeron a enquistar.
Para reducir la precariedad, la reforma propone fijar un límite del veinte por ciento de profesores sin contrato indefinido. Sin embargo, el problema no se resuelve estabilizando solamente al profesorado: la legislación debería contemplar también a los investigadores precarios, que vienen experimentando las peores condiciones laborales. Fijarse solo en los docentes es señal de que no se aspira a resolver los problemas de fondo. Es difícil no estar totalmente a favor de la estabilización laboral de todos los docentes, pero si de lo que se trata es de acabar con las fuentes de la precariedad, la estabilización debería suplementarse con una serie de garantías jurídicas.
Sin derechos sociales
Para comprender qué implicaciones tiene la precariedad universitaria vista en el tiempo resulta ilustrativo aplicar el esquema clásico de T. H. Marshall, que distingue entre ciudadanía civil, política y social.
Los precarios no tenemos en el lugar de trabajo reconocidos los beneficios sociales de que disfruta el resto de empleados universitarios. Aunque subsisten las becas y otras formas de remuneración que se acercan al destajo, desde hace un tiempo la mayoría de los precarios universitarios tienen con la administración algún tipo de contrato que conlleva derechos pasivos. Sin embargo, a los precarios no se nos permite solicitar el reconocimiento de sexenios de investigación, para cuya evaluación hay que disponer de una relación contractual estable. Con ello se nos priva del complemento retributivo que premia la productividad del trabajo y que simboliza el reconocimiento de la ciudadanía social.
Hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios
La justificación que suele hacerse es que el trabajo realizado en formación y especialización no merece el mismo reconocimiento que el de un profesional de carrera. Pero esto ha dejado de ser así hace tiempo: hay en las universidades españolas una proporción elevada de precarios que tienen tantos o más sexenios potenciales que muchos de sus colegas contratados indefinidos y funcionarios. Con la negativa a evaluar sexenios también se impide conocer cuál es la distribución del mérito y el prestigio en la comunidad académica.
Se dirá que con la estabilización este problema terminará, pues los docentes contratados de forma indefinida podrán solicitar la evaluación de sexenios. Sin embargo, las evaluaciones se efectúan aplicando criterios actuales con carácter retroactivo. Este procedimiento penaliza al investigador por no haber anticipado los baremos con los que se medirán en el futuro los resultados de su investigación.
Toda esa doble discriminación ha tenido efectos no solo económicos y sobre la carrera individual, sino sobre el conjunto del sector en el largo plazo. Teniendo en cuenta que la actual precariedad lleva instalada al menos desde la absorción de la gran bolsa anterior tras la entrada en vigor de la LOU en 2004, el resultado agregado es que la comunidad académica aparece hoy día marcada por un divorcio entre la distribución del mérito y el prestigio y la jerarquía interna de puestos de trabajo. Hace tiempo que entre los docentes superiores y los investigadores se rompió la relación entre estabilidad laboral y capacitación profesional.
Capacidades políticas desiguales
Los docentes e investigadores precarios tampoco somos en nuestros lugares de trabajo ciudadanos en cuanto a iguales capacidades políticas. En este terreno, el ministerio Castells ha propuesto que los catedráticos pierdan el monopolio que han disfrutado como candidatos a rector, pero al hacerlo ha puesto el foco sobre otras discriminaciones que atraviesan el mundo académico. La propuesta ministerial de hecho profundiza una desigualdad que se viene arrastrando desde la aplicación de la LOU entre funcionarios y no funcionarios: en el borrador de la nueva ley a los contratados doctores se les sigue excluyendo como candidatos a rector.
El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo
La capacidad política desigual que la propuesta ministerial reproduce afectará asimismo a los actuales precarios, muchos de los cuales, al igual que otros contratados doctores, tienen méritos comparables a los de muchos titulares. De hecho, la nueva legislación prevé una variedad de contratos indefinidos que anticipa el aumento de discriminaciones en capacidades políticas entre docentes, todas ellas arbitrarias.
En este terreno, para los precarios actuales llueve sobre mojado. El carecer de un contrato indefinido impide a los precarios formar parte de comisiones de todo tipo: a menudo no pueden ser designados para cargos, salvo como representantes de su colectivo laboral, y no pueden dirigir proyectos de investigación o de innovación docente. Muy especialmente no pueden formar parte de comisiones de contratación ni a menudo intervenir en la definición de las líneas de docencia e investigación o en la distribución de asignaturas. Esa discriminación se reproduce en las agencias de evaluación y elaboración de políticas universitarias de las comunidades autónomas y el ministerio, donde uno nunca encontrará a un precario, por el hecho de serlo e independientemente de sus méritos y prestigio, designado como asesor ni menos como miembro nato.
Marshall argumentó con buen criterio que la capacidad política es la dimensión central de la ciudadanía, ya que es la que garantiza la preservación de las otras, de igual manera que su deterioro o conculcación degrada el conjunto de los derechos ciudadanos.
Sin garantías de una valoración justa sobre méritos e idoneidad
Pero el terreno en el que la precariedad de los universitarios es excepcional y extrema es en el de los derechos civiles. Para Marshall esta es la base elemental de la ciudadanía moderna: su eje nodular es la igualdad ante la ley, y su expresión está en la garantía de un juicio justo.
Pues bien, desde el esquema del sociólogo británico los precarios del mundo académico español no somos ciudadanos. Esto es así porque no poseemos la garantía elemental de un juicio justo en las cuestiones que afectan a nuestra selección y promoción como profesionales. En el medio académico, cualquier reclamación sobre las decisiones de una comisión de contratación o un tribunal de oposición aboca a una vía de litigio con la administración, en la que esta ejerce de juez y parte: las universidades respaldan las decisiones de las comisiones, y los tribunales solo las revocan cuando es posible demostrar que se han producido defectos en los procedimientos.
En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción; La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente
Sobre el contenido sustantivo de lo que se litiga, la justicia no considera que tiene jurisdicción alguna. Es decir que en relación con conflictos surgidos en torno de la valoración de su esfuerzo y sus resultados en méritos, los docentes e investigadores del sector público español carecen de un tribunal adecuado que les haga justicia. Eso permite todo tipo de arbitrariedades, además de efectos perversos dada la composición del sector antes mencionada, con casos de miembros de comisiones con menos méritos que los candidatos que van a evaluar.
El sistema actual deja las evaluaciones efectuadas por estas agencias públicas en papel mojado. Las agencias de hecho no valoran los méritos de los candidatos, sino que simplemente avalan que estos cumplan unos requisitos mínimos para poderse presentar a plazas. No consideran que les incumba el uso que otras instancias hagan de sus avales aun cuando suponen una subversión de sus criterios de medida. Por eso a todo este sistema le va tan bien el modelo de acreditación cuantitativa, por índices de impacto de las revistas de publicación, a pesar de estar cada vez más cuestionado, como atestigua el movimiento a escala mundial DORA (Declaration on Research Assesment) en pro de una valoración cualitativa.
Corrupción sin responsabilidad
Esta indefensión jurídica de los candidatos está detrás de la precariedad endémica del sistema académico español. En todos los sistemas académicos de cualquier país hay niveles de corrupción, y las relaciones clientelares están bastante extendidas. La conciencia de que la corrupción académica es un enorme riesgo se comprueba en la cantidad de proyectos de investigación financiados por entidades supranacionales que tratan temas de ética profesional. La diferencia de casos como el español es que la corrupción aquí sigue siendo más bien una no-cuestión, por no hablar de algo a debatir públicamente.
En otros países, esa conciencia impulsa mecanismos institucionales que permiten evaluar en el tiempo las decisiones estratégicas de las universidades en general y las comisiones de contratación en particular. De esas evaluaciones se nutren entre otros los rankings internacionales sobre prestigio académico.
En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes
A nadie puede extrañar que no haya universidades públicas españolas entre las primeras del mundo; las más jóvenes no figuran además entre las más dinámicas, lo cual señala que el patrón disfuncional a menudo arranca ya con el nacimiento de los nuevos campus. Incluso las que destacan en el ranking internacional lo deben a que entre los trabajadores del mundo académico los hay altamente vocacionales, y existen minorías hiperactivas que salvan la cara al conjunto de una comunidad profundamente desequilibrada. Todo esto tiene origen en los procedimientos de selección y promoción de profesores e investigadores. Es algo que no se resuelve solo aumentando la financiación ni estabilizando al profesorado, por necesarias que sean estas otras políticas.
El talón de Aquiles del sistema español es que vuelve a las comisiones y tribunales de todo tipo irresponsables ante decisiones tomadas que comprometen a largo plazo el bien público que es la docencia superior y la investigación. Sin ese rendimiento de cuentas, no solo no se selecciona y promociona a los mejores, sino tampoco a los más adecuados. Para discernir la idoneidad de un candidato es esencial que los fines colectivos de la institución estén bien definidos a corto, medio y largo plazo, de manera que se puedan exigir responsabilidades a los que toman decisiones de contratación.
Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”
En España, el divorcio entre méritos y reconocimiento por vía laboral viene produciendo el fenómeno conocido de emigración forzosa de investigadores y docentes. Los que se marchan al extranjero y consiguen allí formarse y especializarse, lo deben a que se encuentran con criterios de evaluación menos sesgados, pero sobre todo a que no se les evalúa en el tiempo solo a ellos, sino a las instancias que decidieron su contratación.
La administración española ni siquiera conoce la demanda real de docentes en investigadores disponibles en el mercado. Antes ya de la democracia, se decidió que la universidad imitase en su organización el modelo de la administración, sin tener en consideración que el capital humano, para desarrollarse sin provocar a su paso abusos y explotación (además de ineficiencia), es indispensable que fije objetivos que generen responsabilidad colectiva.
Identidades precarias resignadas
Marshall entendía que sin derechos civiles no puede hablarse de ciudadanía: lo que se viven son privilegios y exclusiones amparados jurídicamente. Desde su esquema, en la universidad española perdura el Antiguo Régimen, un mundo basado en la desigualdad ante la ley y la irresponsabilidad ciudadana.
Lo que su enfoque predeciría de un escenario así son elevados niveles de protesta colectiva, con movilizaciones recurrentes y eventualmente violentas. Sin embargo, entre los precarios académicos españoles no domina la idea de que acabar con su discriminación dependa de la acción colectiva, menos aún se halla extendida una conciencia de que el sometimiento que experimentan es una forma de sufrimiento inadmisible por innecesario.
Entre los precarios académicos predominan dos tipos: los vocacionales y los que han mimetizado los mecanismos arriba descritos y esperan su turno una vez que han “metido la cabeza”. Ninguno de estos tipos de trabajadores figura entre los más propensos a protestar. Ambos tienen además en común que están bastante indefensos.
La ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación
Desde luego no cuentan con el apoyo adecuado de los sindicatos. Los representantes sindicales han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo en el sector público con la protección de trabajadores concretos independientemente de su contribución a los fines colectivos de la comunidad académica. Además en ellos suelen dominar los funcionarios docentes, que no sitúan en primer plano las reivindicaciones de los precarios, y tienden a interpretarlas desde la misma cultura corporativa que reproduce la precariedad. Con todo, no se les puede pedir que se sitúen por encima de unas instituciones que no fomentan la responsabilidad.
La falta de criterios de valoración ligados a fines colectivos evaluables deja a los docentes seleccionados a merced de relaciones con superiores que no se basan en el mérito, y para las que no cuentan con recursos políticos adecuados. Con todo, los investigadores lo tienen aún peor, pues sus contratos suelen ser más cortos y, en los períodos de carencia, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de financiación más degradantes; dentro de este colectivo, el más segmentado es a su vez el de las mujeres.
Una alternativa de justicia y responsabilidad
Pese a la buena intención del ministerio Castells, con la nueva legislación la tentación es grande de repetir el curso de las dos anteriores: resolver el problema de una gran bolsa de precariedad, pero a costa de asentar el marco de la siguiente. La ley puede además quedar empañada por una reducción futura en la financiación, que enquistaría aún más la desigualdad interna a la universidad española. Marshall señaló cómo esas oscilaciones en la financiación de los servicios públicos convierten a la ciudadanía misma en fuente de desigualdad.
Dejada así, la ley anticipa una nueva bolsa de precariedad, que crecerá hasta dejar obsoleta la legislación. Para eludir ese destino necesita de añadidos más allá de la financiación. Resolver el problema de la precariedad en la universidad española implica dar pasos para establecer una cultura académica que asegure la responsabilidad de quienes toman decisiones, de manera que rindan cuentas por decisiones que afectan a la calidad de la docencia y la investigación, y por tanto a los estudiantes y la sociedad entera.
Por encima de todo, hay que resolver un problema de falta de derechos civiles elementales. Ahí la intervención institucional es obligada; pero por suerte también puede ser habilitada con bastante facilidad. Se trata de establecer comisiones de apelación que acojan denuncias de arbitrariedad en relación con la evaluación de los candidatos a contratos o plazas.
Estas comisiones podrían existir a escala de universidad y de comunidad autónoma; incluso podría haber un tribunal superior dependiente directamente de la Conferencia de Rectores. No soy jurista y solo puedo esbozar los ejes fundamentales de ese tipo de instancias. Sus miembros deberían proceder de otras universidades y otros campos de conocimiento, y una proporción de ellos deberían ser extranjeros. No deberían estar formadas solo por titulares y catedráticos, y la designación debería estar vinculada al mérito y prestigio, no al escalafón laboral.
La clave es que haya una reevaluación por pares de los méritos y la idoneidad de los candidatos denunciantes. Esto obligará a que las universidades asuman compromisos con fines colectivos medibles, de manera que las comisiones queden sujetas a rendimiento de cuentas. Las comisiones de apelación se situarían así en el eslabón inferior de una cadena de exigencia de responsabilidad, que es lo que sigue faltando en una universidad cada vez más burocratizada. Hay que generar bienes públicos que limiten la corrupción del sistema, algo indispensable para que el dinero público invertido rinda frutos comunitarios.
Una inversión en universidad que no parta de un diagnóstico completo y dinámico puede ser un esfuerzo malgastado. La disyuntiva que tiene delante el ministro Castells es entre una reforma más ambiciosa que solo la aprobación de la ley o una nueva huida hacia adelante que enquistará en el mundo académico un orden en el cual los precarios no somos ciudadanos.
El movimiento lleva meses advirtiendo del riesgo del tráfico en los entornos escolares. Exigen al Ayuntamiento de Madrid medidas urgentes para garantizar la seguridad en la salida de los colegios.
La Revuelta Escolar, el movimiento que pretende limitar la circulación de coches en los entornos escolares y favorecer la movilidad activa, “enmudece y se viste de negro”. Este 4 de noviembre, un atropello múltiple a la salida de un colegio en el barrio de Mirasierra, en el distrito de Fuencarral-El Pardo causaba la muerte de una niña de seis años y heridas de gravedad a otras dos. El accidente se produjo cuando un vehículo que estaba aparcando invadió la acera y embistió a un grupo de menores situado en la puerta del centro.
No se trata solo de un accidente. Sobre todo cuando la Revuelta Escolar lleva más de un año realizando concentraciones festivas en las puertas de los colegios y escuelas infantiles para conseguir “entornos escolares seguros y pacificados, con menos coches, menos contaminación y menos ruido”. El movimiento surgió en Barcelona en diciembre de 2020, cuando familiares y alumnos cortaron los accesos de 20 escuelas. En marzo de 2021, llegó a Madrid y, desde entonces, se celebran cortes de calles todos los primeros viernes de mes en decenas de colegios de la ciudad.
Entre los motivos de la protesta sostenida de este grupo de familias figura la “inseguridad vial” que se vive en los alrededores de las escuelas, especialmente en las horas pico. Según datos de la Fundación Mapfre que recogen en el manifiesto de la Revuelta Escolar, el 87,7% de los vehículos sobrepasa los límites de velocidad fijados en entornos escolares, aumentando el peligro de todo tipo de accidentes. “La percepción de peligro por parte de las familias favorece el aumento de los desplazamientos en vehículo particular y los atascos a la puerta de los colegios, generando un círculo vicioso difícil de romper: más coches, más riesgo, menos niñas y niños caminando”, dicen en el manifiesto.
Por los riesgos de accidente, la contaminación atmosférica y sonora en los alrededores de los colegios y la reducción de la autonomía infantil en un contexto de atascos y coches en movimiento, desde Revuelta Escolar exigen la reducción del tráfico en los entornos escolares, la limitación de la velocidad a 20 km/h, infraestructuras para garantizar la movilidad activa y segura o más medios de transporte público. Como referente, un movimiento similar en Londres consiguió que 500 colegios prohiban llegar en coche a los colegios.
La Revuelta Escolar lleva meses exigiendo entornos seguros en el entorno escolar, en donde el 87,7% de los vehículos sobrepasa los límites de velocidad fijados, aumentando el peligro de todo tipo de accidentes
Este viernes volvió a haber Revuelta Escolar, pero sin el cariz de celebración que ha caracterizado a este movimiento, con una concentración a las 18:00 horas frente al Ayuntamiento de Madrid y con actos silenciosos a las salidas de decenas de colegios, entre las 16h y 16:20h.
“Las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya”, señalaba Mónica García, de Más Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le respondía acusando a la médica de “politizar la muerte de una niña de seis años”.
Como cada primer viernes de mes, la Revuelta Escolar estuvo en las puertas de los colegios y, esta vez, frente a las oficinas del alcalde para “reivindicar más que nunca la necesidad de entornos escolares pacificados y seguros”.
El economista y catedrático publica su nuevo libro con la intención de desmontar los mitos y falacias económicas que afectan directamente a nuestras vidas.
La economía no es una ciencia exacta y la oferta y la demanda no es ningún tipo de ley, por mucho que se repita o te cuenten el caso de las dos vacas o el de los países que comercian con telas y patatas. El propio Adam Smith hablaba de la “Divina providencia”, o sea Dios, antes de rebautizarla como “la mano invisible”. O sea que la economía dominante en la actualidad fue antes religión que ciencia, pero se convirtió en algo así como un dogma de fe científico que no puede ser renegado a riesgo de ser tachado de loco. Era necesario convertir aquellas ideas que defendían al capital y al libre comercio en leyes sagradas, aunque fueran mentira. Y ese ha sido el principal cometido de varias corrientes económicas desde hace cerca de un siglo, pasando por el There is no alternative de Thatcher hasta los vídeos demonizando los impuestos del Rubius. Y, repito, la verdad es lo de menos cuando está en juego la hegemonía económica y cultural o la propiedad y acumulación de riqueza de los de arriba.
Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y es común ver columnas de análisis suyas en medios de comunicación en las que se dedica precisamente a desmentir y desmontar las falacias y los mantras liberales. En su último libro, Econofakes: Las 10 grandes mentiras económicas de nuestro tiempo y cómo condicionan nuestra vida (Deusto, 2021), el economista ha decidido usar un lenguaje y estructura sencilla para poder llegar a más gente, usando una pedagogía que, según él, “la izquierda ha olvidado”, al centrarse en “dirigirse a su tribu”. En unos tiempos en los que un tuit puede llegar a más gente que un paper académico y que los relatos económicos entre la izquierda y la derecha vuelven a estar en disputa tras esta nueva crisis, Torres charla con El Salto sobre esa pedagogía, la guerra cultural en lo económico y la posverdad económica que dirige nuestras vidas.
En el prólogo anuncias que has escrito este libro con un lenguaje y de una forma más sencilla que tus anteriores publicaciones para que llegue a más gente. Últimamente vemos como los economistas mainstream han simplificado cada vez más su mensaje. Ya no escriben papers, sino que hacen tuits cada vez más simplones y casi absurdos, pero que calan muy bien. ¿Está fallando la izquierda a la hora de simplificar su mensaje en materia económica?
Es normal que falle porque el mensaje es más complejo. Decir, por ejemplo, “es necesario que bajen los salarios para crear empleo” puede parecer que sea de una lógica aplastante. En un tuit se dice muy claramente, pero explicar que eso es falso lleva más tiempo y requiere de un pensamiento más complejo. Por lo que en cierta medida es normal. Ahora sí, el esfuerzo hay que hacerlo. Y creo que lo que le pasa a la izquierda es que está muy habituada a hablarle a sus propias tribus, a quien ya está convencido. En ese sentido, la derecha ha sido mucho más valiente. Está ocurriendo lo que dijo Anthony Giddens en los años 80: “La derecha se ha hecho revolucionaria y la izquierda conservadora”. En el campo de la comunicación, también está ocurriendo.
Además ahora vemos que la extrema derecha está enarbolando un discurso antiglobalización, que incluso imita a muchas de las proclamas del movimiento antiglobalizador de la izquierda. ¿Está esa izquierda perdiendo también posiciones en lugares que eran normalmente suyos?
La extrema derecha se hace, como es lógico, con muchas banderas que lógicamente deberían ser las banderas de la izquierda. Los intereses nacionales, la idea de que hay valores colectivos, la defensa de la gente que padece más sufrimiento e incluso, me atrevería a decir, que aunque parcialmente entendida, también la interpretación de la fraternidad. Cuando veías en Grecia que los que iban a repartir comida eran los nazis, pues te dabas cuenta que posiblemente esa tarea de abrazo, de protección, de cercanía y de cuidados es algo que ha perdido la izquierda. Los primeros movimientos sociales consistían no solamente en defender los derechos laborales, sino en acompañar a la gente y en sentirse parte de ellas. La fraternidad es un valor republicano que la izquierda ha olvidado. Ha hecho suya la libertad, la igualdad, pero la fraternidad parece que no va con ellos.
Bueno, la libertad también es un término que está acaparando la derecha.
Claro, porque gran parte de la izquierda ha renunciado a ello. Por ejemplo, la izquierda ha renunciado a los derechos humanos, que los consideraba una reivindicación burguesa. La democracia ha sido una conquista histórica que pareciera que la izquierda no iba con ella. Cuando los derechos humanos y la democracia son los mejores escudos, por muy débiles que estén, de las clases más desfavorecidas.
Estamos presenciando una guerra ahora mismo dentro del Gobierno de coalición. Vemos como una ministra de un partido, que lleva la palabra obrero y socialista en su nombre, está en contra de la derogación de la reforma laboral. ¿Es Calviño una muestra de que la economía es política y de que el relato liberal se ha hecho con la socialdemocracia?
La economía es política con cualquiera. Eso por una parte. Y en este caso, el PSOE reproduce lo que ha ocurrido en su seno desde que se fundó, hace 142 años. En el socialismo español conviven dos o tres almas distintas. Una de socialismo incluso radical, muy de izquierdas, otra de un socialismo más centrado y una tercera alma de liberal socialismo más a la derecha que, lógicamente, levanta la cresta cuando otras corrientes intentan poner en marcha procesos de transformación más avanzada. Y esto ha ocurrido siempre, en la República, durante el franquismo y durante el gobierno de Felipe González. El PSOE no engaña a nadie porque se sabe de sobra que eso es así y que en su seno conviven esas corrientes.
Pero darle el Ministerio de Economía a esa corriente es muy significativo.
Eso es una correlación de poder y fuerzas dentro del propio partido. Si en el PSOE la corriente más a la izquierda tuvieran más peso, el Ministerio de Economía estaría en manos de gente más de izquierdas. Entonces lo que creo que está sucediendo ahora es que Calviño, que representa a ese sector socialista más a la derecha y, sobre todo, una ortodoxia económica concedida para defender intereses de las grandes empresas, pues reacciona incluso frente a los que en su propio partido defienden una reforma laboral más avanzada.
El discurso de la austeridad era combustible para el negocio bancario
Empezamos a tener datos para comparar cómo es salir de una crisis con austeridad y cómo es salir con presupuestos expansivos. ¿Caerá ese mito o econofake de que la austeridad es buena?
La austeridad precisamente es otro de los conceptos que la derecha ha arrebatado a la izquierda, desde donde siempre se había defendido el concepto de austeridad como significado de mesura, de respeto a las necesidades o de evitar el gasto innecesario. Lo que hemos llamado ahora austeridad, que es una restricción del gasto público cuando el gasto privado estaba cayendo, es una barbaridad que ha beneficidado a las grandes empresas y a los bancos. Es una demostración palpable de que eso que se decía de que “hay que recortar gastos para que no aumente más la deuda” lo que ha conseguido es que aumente más la deuda, que es el negocio de los bancos. El discurso de la austeridad era combustible para el negocio bancario.
Desde el punto de vista de la política económica, la austeridad es un absurdo. Porque el gasto público es un motor de la economía. ¿Hay que poner el motor siempre a pleno rendimiento? Pues no, el motor se pone en el rendimiento que precisa el recorrido que está haciendo el móvil. Si tú estás bajando una cuesta, pues no tiene sentido poner el motor a pleno rendimiento. Pero si estás subiendo una cuesta y el resto de motores ves que no tiran, pues entonces tienes que apretar. Cuando el gasto privado no tira de la economía, cuando las exportaciones no tiran de la economía, cuando el consumo de las familias no tira de la economía, entonces o tira el gasto público o la economía se viene abajo.
El gasto público puede jugar ese papel porque se puede financiar mediante los bancos centrales sin coste ninguno. El problema que está ocurriendo es que en los últimos decenios nos encontramos que el gasto público se financia de manera privada, que es innecesariamente costoso. Algo que se hizo, una vez más, para promover el negocio bancario, pero que es una auténtica barbaridad.
Un gasto expansivo no debería ser un fin per se, sino que debería usarse para cambiar el modelo productivo en Europa
Pero más allá de la teoría, ¿crees que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales van a dar carpetazo a la austeridad o veremos a la Comisión Europea dentro de dos o tres años diciendo que se debe cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento?
Pues ahí va a haber un pulso. Lo primero que tendremos que ver qué gobierno sale en Alemania y quién va a estar en su Ministerio de Hacienda y Economía, porque eso será muy determinante. Yo no soy muy optimista. Ya hay muchos países que están reclamando que se recorte el gasto expansivo. Un gasto expansivo que no debería ser un fin per se, sino que debería usarse para cambiar el modelo productivo en Europa. Para mí la desgracia no sería que se frene el gasto, para mí sería que sigamos con el mismo modelo que tiene Europa y que trae los problemas que estamos viendo ahora. Ahí tampoco soy muy optimista. Si se dan las dos circunstancias, pues tendremos muchos problemas. Porque puede que estemos entrando en una crisis que sea incluso peor que la que hemos vivido.
Aunque ha habido austeridad en lo fiscal, la política monetaria sí que ha sido expansiva a base de inyectar dinero e inyectar dinero desde que en 2012 Draghi dijo aquello de “haré lo que sea necesario para salvar al euro”. La inflación no había llegado hasta ahora y los liberales han tardado poco en decir que es por culpa de esa inyección de dinero.
Los liberales no saben lo que dicen con tal de justificar sus ideas falsas. La inyección del dinero que han hecho los gobiernos más poderosos en los últimos años ha sido brutal y no ha habido inflación. Cualquier persona decente y cualquier observador honesto sabe que la subida que estamos viendo ahora en los precios no es por el aumento en la demanda. Dos días después de que tengamos el nivel de inflación más alto de los últimos 29 años, leemos que el consumo privado ha caído el 0,5%. Por lo que eso que dicen los liberales, si hay alguno que osa decirlo, es una majadería sin fundamento teórico.
La inyección del dinero que han hecho los gobiernos más poderosos en los últimos años ha sido brutal y no ha habido inflación
En este momento están subiendo los precios en algunos casos por cierta presión de la demanda después de la pandemia, que yo creo que ya ha pasado, pero sobre todo el motivo es porque hay un bloqueo de la oferta y un problema coyuntural ahora mismo de unos precios de energía. Pero la inyección de dinero no tiene nada que ver en la inflación. Para que la inyección de dinero que hacen los bancos centrales genere una subida de precios, primero tiene que llegar a los bancos, que estos concedan créditos y los que los reciben se dediquen a gastar y que haya más demanda que oferta. Nada de eso ha ocurrido porque el dinero que han inyectado los bancos centrales fundamentalmente se ha quedado en los bancos.
La crisis ecológica es otro de esos temas que, aunque parezca una locura, sigue siendo rebatida. En el gas, por ejemplo, he visto incluso a gente de izquierdas defendiendo el uso del gas aunque venga de fraking y los liberales están aprovechando estos episodios de turbulencias en el mercado energético para seguir cargando contra la crisis climática, negando las consecuencias de esa crisis.
Por poder se puede negar hasta que la tierra es redonda. Lo que parece que está claro, científicamente hablando, es que el planeta está sometido a una tensión insoportable e insostenible como consecuencia de variables diversas y complejas, que casi todas tienen en común que se hace un uso de recursos limitados como si fueran ilimitados. Porque la única lógica que se usa con los recursos naturales es la lógica del beneficio y no la lógica de la conservación. Entonces la consecuencia es la que es y no puede ser otra.
Cuando en Estados Unidos se desarrollaba el pensamiento neoliberal, a principios de los 80, los economistas de izquierda fueron expulsados literalmente de las universidades
Yo suelo bromear con que soy licenciado en capitalismo, porque fue lo único que me enseñaron en la universidad. ¿Qué análisis haces del mundo académico y qué se puede hacer?
La universidad es una institución que es más antigua que los Estados. Entonces ya tenemos una buena idea de qué es la universidad. Es un aparato que sirve para que la sociedad se reproduzca y para que se reproduzca las relaciones de poder que hay en la sociedad. Lo que pasa es que la universidad tiene muchos espacios y hay espacios de libertad. Cuando esos espacios de libertad se desarrollan más de la cuenta, suelen ser sometidos a castigo. Cuando en Estados Unidos se desarrollaba el pensamiento neoliberal, a principios de los 80, los economistas de izquierda fueron expulsados literalmente de las universidades, como ocurrió en Hardvard, por ejemplo. Entonces la universidad deja de ser un espacio de libertad. Es natural, por lo tanto, que una disciplina tan importante para el poder establecido como es la economía esté sometida a control y esté diseñada para conservar esos intereses.
Yo lo primero que veo cada día al entrar en mi facultad de Economía es el Banco Santander, y eso no es casualidad. Además no solo lo veo ahí, es que están organizando reuniones de asesores. Las grandes empresas crean cátedras, financian, etc. y eso se traduce en una investigación dirigida y en un conocimiento servil. En el campo de la economía se produce lo que Galbraith llamaba “el fraude inocente”, que en muchas ocasiones no es inocente, porque es un fraude orquestado y consentido por quien defrauda intelectualmente. Galbraith decía que, en muchas ocasiones, los profesores habían estudiado una cosa, la reproduces para acreditarse y para hacer carrera académica, ya que tienen que reproducir lo mismo, y entonces se van consolidando ideas como las que yo desmonto en mi libro. Se da pie a lo que ocurre actualmente, que se enseñan cosas en las aulas que se ha demostrado matemáticamente hace 80 o 90 años que son inciertas.
La izquierda no se dirige a más allá de sus tribus y no tiene conciencia de que hay que hablar a la sociedad en su conjunto
Y por bajar un poco más en la escala de edad de la gente a la que le llega el mensaje, ¿qué hacemos con los youtubers que llegan a millones de personas muy jóvenes con discursos antiimpuestos?
Pues podemos hacer una cosa que es muy antigua que se llama pedagogia, se llama diálogo y se llama comunicación. Y que a la izquierda se le ha olvidado yo creo que porque todavía predomina en la izquierda, no sé si consciente o subconscientemente, la idea de que los cambios sociales son mecánicos, como se estudiaban en aquellos libros que han alumbrado las generaciones de intelectuales de izquierdas que todavía están coleando por aquí. Se piensa que una cosa lleva a la otra y que es una mecánica, que viene solo y que nos trae las transformaciones, y eso es un error. Creo que la izquierda tiene un déficit de pedagogía y de comunicación impresionante. La izquierda no se dirige a más allá de sus tribus y no tiene conciencia de que hay que hablar a la sociedad en su conjunto y no tiene tampoco sentido de la militancia comunicativa.
Recuerdo dar charlas y ponencias con Viçenc Navarro y al final siempre alguien preguntaba eso de ‘¿y yo qué puedo hacer?’. Y Viçenc, que es mucho menos vergonzoso que yo, les preguntaba que cuántas de las 200 o 300 personas que habían venido se habían comprado y leído los libros de Viçenc y míos. Solo levantaban la mano diez. En cambio yo veo que uno de estos ultraliberales publican un libro y decenas de jóvenes van a sus presentaciones y se compran el libro. Le leí un tuit a mi editor que decía que los economistas que más venden son los ultraliberales. Eso no es un problema de esos economistas, sino de que la gente de izquierda no se compra libros porque parece que ya tienen sus ideas.
Por otro lado, en España los medios de comunicación de izquierdas no tienen apoyo ni suscriptores. Parece que tenemos la idea de que todo tiene que ser gratis, como si a los periodistas de izquierdas les dejaran gratis la electricidad o el alquiler. Hay partidos de izquierdas que tienen millones de votos, o sea que si esa gente estuviera difundiendo el pensamiento y los datos que damos los economistas, que son abrumadores, si esos millones de votantes compraran los medios que los publican, los estudiaran y los difundieran, pues otro gallo cantaría. Pero por generación espontanea no nace el convencimiento de la gente, sobre todo cuando hay otros que lo están haciendo.
Se hace creer que la economía es una ciencia exacta lo mismo que el cura que se subía al púlpito y hacía creer que quien hablaba no era él sino Dios para que nadie pusiera en duda lo que decía
Otro ejemplo, es que hay clubs liberales en toda España, pero yo no conozco que se hayan difundido ese tipo de cosas en la izquierda. Y no se trata de adoctrinar, pero sí de facilitar el debate. No hace falta un club fanático para que suscriban tus ideas, sino para hacer debate. Eso no lo hace la gente de izquierda.
¿Llegará un día que dejemos de ver la economía como una ciencia exacta? ¿Cómo la deberíamos ver?
La economía, decía Keynes, es una ciencia moral. La economía es política porque los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Esta frase tampoco es mía, la dijo Enrique Fuentes Quintana, que tampoco es que sea una persona sospechosa, cuando era vicepresidente del Gobierno en una comparecencia en televisión. No existe economía que no sea política. No existe una ciencia exacta ni lo va a ser nunca. Las decisiones sobre la vida económica implican juicios distributivos, que son juicios que requieren un pronunciamiento ético sobre lo que nos parece mejor o peor. Por lo tanto la economía es lo que es, pero se hace creer que la economía es una ciencia exacta lo mismo que el cura hacía creer que quien hablaba era Dios, para que nadie le pusiera en duda lo que se decía desde el púlpito. Con la economía es exactamente igual.
No es suficiente con que se hable sobre personas no binarias sino que es necesario hacerlo utilizando el vocabulario adecuado y las fórmulas más respetuosas posibles.
El mes del Orgullo ha servido para reivindicar las diversidades del colectivo LGTBIQ+ y, en este contexto, el 14 de julio fue el turno de la visibilidad de las personas de género no binario. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo a las personas no binarias (nb), así como de críticas a la falta de representación y presencia. Estos comentarios también desataron una serie de opiniones que, ya sean fruto de la desinformación o abiertamente malintencionadas, resultan hirientes para el colectivo. Por todo esto, es importante remarcar cuáles son los conceptos básicos del “no binarismo”, a qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad, y específicamente, cuáles son las reivindicaciones del colectivo.
El género, como construcción social, tiende a una categorización rígida. En nuestra sociedad, esta se da en forma de binarismo (hombre y mujer), categorías entre las que se crea un espectro en el que caben diversas identidades. Se trata de un constructo social moldeable y, de hecho, no todas las sociedades en la historia han sido binarias: han existido diferentes maneras de relacionarse con el género y se han dado identidades alternativas a las que conocemos hoy en día. Por eso, las personas no binarias rechazamos esta clasificación y optamos por explorar posiciones alternativas y subversivas al concepto de género como categoría estanca. La expresión de género es solo una de las maneras de reflejar esta separación que supone el binarismo, pero en este caso lo relevante es analizar los usos del lenguaje.
El lenguaje crea y altera la realidad —hay quien diría que el lenguaje “es” la realidad—, evoluciona con la sociedad y es su reflejo. De lo que no se habla, todo aquello que el lenguaje oculta o no contempla, simplemente no existe. Por eso es tan importante el lenguaje inclusivo, introducir en nuestro vocabulario expresiones y denominaciones que amplíen nuestra manera de referirnos al género. Y no, no es suficiente que se trate el tema, no es suficiente que se hable de nosotres, sino que también es importante hacerlo utilizando el vocabulario adecuado y las fórmulas más respetuosas posibles.
Por ello, es problemático que los diccionarios no recojan los conceptos que utilizamos para referirnos a nosotres mismes y que la RAE advierta de que los pronombres que usamos son “incorrectos”.
Por tanto, desde las instituciones lingüísticas como la Real Academia Española se debería no solo no impedir, sino trabajar abiertamente por reflejar estas nuevas realidades que, en el fondo, no son tan nuevas —a través de su cuenta de Twitter, Cristina Domenech recopila algunas de esas personas que se rebelaron contra los roles tradicionales de género, como Catalina/Antonio de Erauso—.
En Suecia, la misma academia que selecciona al premio Nobel es la responsable de que se acepte el pronombre neutro “hen” desde 2015
Tenemos ya ejemplos de países en los que sus diccionarios aceptan formas neutras del lenguaje. En Suecia, la misma academia que selecciona al premio Nobel es la responsable de que se acepte el pronombre neutro “hen” desde 2015. Mientras, en el contexto estatal la resistencia de las instituciones parece un intento desesperado por aferrarse a un conservadurismo vacío y que no perdurará. Una muestra de esa resistencia se ha visto en las respuestas por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad cuando la ministra de igualdad dice “todes”.
Las academias de la lengua no suelen estar al día con el uso del lenguaje, pero esto no significa que su papel no sea importante. Reconociendo los posible usos del lenguaje se ayuda a comprender el mismo y favorecer su utilización, así como presentar alternativas. Su trabajo no es actuar como un poder legislativo o conservador de la lengua, sino esforzarse en facilitar la comunicación. Las academias deberían aspirar a integrar las nuevas formas de entender el mundo en lugar de intentar moldear todo a la medida de las antiguas maneras. En el fondo, los diccionarios son una herramienta para los usuarios, no un reglamento.
Los medios de comunicación, particularmente aquellos más tradicionales o mainstream, siguen las normas de la RAE como si no existieran alternativas
Las instituciones de la lengua son importantes también porque los medios de comunicación, particularmente aquellos más tradicionales o mainstream, siguen sus normas como si no existieran alternativas. No hablan de “nosotres”, porque la RAE no lo acepta, ya que hay que respetar a la lengua y por ende, “respetar al diccionario”. Al cerrarse a incluir formas más inclusivas, estas formas ven limitado su uso a entornos cerrados y se produce un círculo vicioso de invisibilización.
La realidad no deja de existir porque no se hable de ella, eso solo se dificulta la vida de aquellas minorías que no nos vemos reflejadas y por eso sería necesario que en la Ley Trans se incluyera a las personas no binarias, que han quedado excluidas del anteproyecto de ley aprobado el 29 de junio en el Consejo de Ministros.
Como afirma le usuarie de Twitter @nogender_here, citando a une de sus profesores: “Al diccionario no tenemos que respetarlo porque no tiene sentimientos, a quienes tenemos que respetar es a las personas”.
En un escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó, se constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas insuficiencias de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada.
El desarrollo de la pandemia Covid 19 se ha caracterizado desde el punto de vista mediático por una estrategia destinada a generar confusión, miedo e impotencia. El procedimiento es un abrumador bombardeo de noticias carentes del más elemental rigor científico —por ejemplo se usan cifras absolutas y no tasas (relación entre el número de casos y el volumen de población) para valorar la incidencia, de forma que cualquier comparación es absurda— y por una ocultación sistemática de la información que plantea alguna duda sobre la versión oficial, incluso la proveniente de las fuentes más reputadas.
Este trabajo pretende contribuir a analizar un fenómeno muy complejo y atravesado por poderosísimos intereses, que pone de manifiesto el sometimiento estricto de las decisiones políticas a los intereses del gran capital, en detrimento de la teórica prioridad de salvaguardar la vida y la salud de sus poblaciones. La gestión de la compra de vacunas, tanto por parte de la Comisión Europea, como del gobierno español, es un ejemplo paradigmático del sometimiento de los objetivos de salud al negocio privado.
1. Desaparición de las farmacéuticas públicas y financiación por el Estado de las multinacionales
En los países capitalistas, la producción y distribución de medicamentos se ha concentrado en grandes monopolios, al tiempo que han desaparecido las empresas farmacéuticas públicas. Todo ello a pesar de que, históricamente, la OMS —y la lógica sanitaria más elemental— ha recomendado la creación en cada país de industrias públicas productoras de los medicamentos esenciales, entre los que las vacunas y los hemoderivados ocupan los primeros lugares. La actual pandemia Covid 19 ha puesto de manifiesto la realidad: ningún país de la UE ha producido hasta la fecha ninguna vacuna en laboratorios públicos [1].
En España, de cada 100 euros del gasto público en sanidad, 29,6 se invierten en medicamentos, cerca de 30.000 millones de euros al año. Las multinacionales farmacéuticas controlan la financiación de fármacos y la prescripción. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo de los médicos, y en general, influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina, manejando los resortes para incluir en el Registro nuevos fármacos que no son tales [2], financiando todos los congresos de especialidades médicas, poniendo a su servicio la investigación pública e incluso patrocinando asociaciones de personas enfermas.
2. El negocio del siglo: financiación pública anticipada y exención de responsabilidad
Una de las consecuencias de la pandemia es el colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas, calculado en la UE, por ahora, en 50.000 millones de euros derivados de la compra por los Estados de millones de dosis de vacunas [4]. Gigantes empresariales como GKS, Pfizer o AstraZeneka, que como veremos más adelante encabezan las listas de sanciones por prácticas delictivas y que exhiben anualmente unos márgenes de beneficios que superan con creces a los de la banca, ni siquiera han tenido que arriesgar sus inversiones. Con dinero público de los estados de la UE, entre ellos del español, se adjudicaron por adelantado, en agosto de 2020, 2.000 millones de euros para comprar millones de dosis de vacuna [4]. Y lo hicieron antes de que se hubiera demostrado la validez, eficacia y seguridad de sus productos.
Todas las grandes farmacéuticas han conseguido de los gobiernos de la UE que sean ellos quienes paguen las indemnizaciones por posibles efectos secundarios de la vacuna. Además, están tratando de lograr ser eximidas por completo de responsabilidad civil por las secuelas producidas por sus medicamentos.
3. Los intereses económicos que controlan decisiones políticas
En agosto de 2010, un día después de declarar finalizada la epidemia de gripe A, la OMS hizo público que los miembros de su Comité de Expertos habían sido sobornados por las multinacionales farmacéuticas fabricantes de vacunas y de antivirales, como Tamiflú y Relenza (La Roche y GlaxoSmithkline, respectivamente). La OMS fue acusada de haber generado una situación de alarma injustificada que llevó a muchos países a la compra masiva de vacunas y medicamentos como los citados. Durante todo este tiempo mantuvo en secreto los nombres de su comité de expertos con el pretexto de “evitar presiones”.
Desde la década de los 90, la financiación por parte de los Estados miembros a la OMS ha ido disminuyendo a medida que aumentaban los fondos privados. Grandes fortunas como Bill Gates y multinacionales farmacéuticas aportan el 90% del presupuesto de la OMS. La gráfica siguiente habla por sí sola:
Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015
El magnate norteamericano es accionista de una decena de farmacéuticas, incluyendo Pfizer y AstraZeneca. La Fundación AstraZeneca en España tiene en su nómina como asesores a directores de hospitales e instituciones públicas de investigación [5].
La evidencia de los vínculos entre las grandes farmacéuticos con el poder económico y político es abrumadora:
El principal propietario de Pfizer es el fondo de inversiones Black Rock, el más grande del mundo en gestión de activos: 5,1 billones de dólares en 2016, según la compañía. Black Rock tiene 9.000 millones de dólares invertidos en la banca española y 12.000 millones en el IBEX [6]. Además, en asociación con Naturgy (antes Gas Natural – Fenosa), Black Rock participa con el 49% en el gasoducto Argelia-España, Medgaz.
El 11 de diciembre de 2020 el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a Stephen Hahn, director de la FDA, para que autorizara ese mismo día la vacuna o se buscara otro trabajo. La amenaza surtió efecto, la vacuna de Pfizer recibió la autorización de emergencia al día siguiente y el gigante Walmart anunció su disposición para distribuir la vacuna en 5.000 establecimientos de EE.UU.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA), facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas
La EMA, Agencia Europea del Medicamento, también facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas. Su nueva directora es vasalla fiel de la industria farmacéutica. Tal y como publica la OMS en su biografía, procede de la industria irlandesa del medicamento y ha trabajado como Gerente de Asuntos Científicos y de Regulación en Bruselas para la EFPIA (Asociación de la Industria Farmacéutica Europea), lobby del sector farmacéutico ante la UE. Fue elegida como directora de la EMA en plena pandemia, en julio de 2020.
En España, la penetración de las multinacionales farmacéuticas en las instancias políticas ha sido una constante cuya descripción sobrepasa los límites de este trabajo. Valga recordar que desde el primer gobierno del PSOE en 1982 todos los ministros y ministras de sanidad lo han sido con el plácet de la industria farmacéutica. El primero en no contar con su visto bueno fue Ciriaco de Vicente, un hombre honrado, y esto supuso que Felipe González designara a otro candidato, Ernest Lluch.
El fichaje por parte de las farmacéuticas de altos cargos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de las Comunidades Autónomas, incluido el ex-Ministro Bernat Soria, ha sido una constante [7]. En plena pandemia, el Ministro de Sanidad del PSOE participó en un importante evento con la multinacional farmacéutica Roche —gran protagonista del escándalo de la Gripe A y el Tamifú— patrocinado por el periódico El País para diseñar la “sanidad del futuro”, en base al esquema de “colaboración público-privada”, preconizado por la farmacéutica.
El intento de eliminar del Registro a los medicamentos ineficaces e inseguros —España tiene casi cinco veces más medicamentos registrados que otros países de la UE— supuso en su momento el viaje a Madrid de Henry Kissinger, consejero de la compañía norteamericana Sharp and Dome (MSD), en visita privada para “velar por los intereses de su empresa”. Consiguió su objetivo: el asunto se saldó con la dimisión del Director General de Farmacia, Félix Lobo.
Esos inconvenientes se resolvieron con la creación de la Agencia Española del Medicamento, que inicialmente fue un organismo autónomo y después una agencia estatal encargada de facto de las decisiones políticas en ese ámbito. Se conseguía así situar la política del medicamento fuera de las estructuras ministeriales y hacerla mucho más controlable por las multinacionales farmacéuticas. Joan Ramón Laporte [8], máxima autoridad científica en materia del medicamento en el Estado español, afirmó recientemente: “las Agencias del Medicamento fueron una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”.
4. La trampa del COVAX
COVAX, presentada en el Foro Mundial de Davos en 2017 como una colaboración mundial con la que acelerar el desarrollo de tratamientos, pruebas y vacunas contra la Covid-19, es una institución fundada por la Global Alliance for Vaccines and Inmunizations (GAVI) y por la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ambas producidas, diseñadas y financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates.
COVAX se presenta como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas
Se presenta como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas. Utiliza el disfraz público y benéfico de servir para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, cuando en realidad su finalidad es moldear la industria mundial de fabricación de vacunas y el mercado de consumo de vacunas en el los países pobres [9].
La creación de COVAX obedece a tres objetivos fundamentales: proteger las patentes, evitar al máximo la distribución de vacunas procedentes de instituciones públicas de países como China, Rusia y Cuba, e impedir que las vacunas sean producidas directamente por países que tienen capacidad para ello, como Sudáfrica, India o Brasil [10].
5. Qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos sobre las vacunas que se están utilizando en la UE
La autorización de emergencia que han recibido todas las vacunas contra el Covid 19 no es una aprobación como la que recibe cualquier otro medicamento, sino que se utiliza cuando los fármacos en cuestión no han mostrado la documentación exigida para ello. La decisión excepcional de permitir su uso se adopta en función de una grave situación de alarma que justificaría correr los riesgos inherentes al incumplimiento de los protocolos y controles exigidos antes de permitir el uso de cualquier medicamento.
Pasados los momentos de shock, de confusión y hasta de pánico, en buena medida inducidos por los medios de comunicación, cabe destacar que la tasa de letalidad media, en el momento más álgido de la epidemia (mayo de 2020) en España era muy baja: 0,8% (una de las más bajas de Europa) concentrada en personas mayores el 95% tiene más de 65 años. La comparación de esta letalidad con la tasa de letalidad de la difteria, que en menores de 5 años era del 20%, ayuda a relativizar adecuadamente la situación y a plantear la pregunta de si, en tales circunstancias, es razonable prescindir de los protocolos de seguridad e ignorar los requerimientos establecidos, precisamente cuando se trata de administrar fármacos nuevos a centenares de millones de personas.
En los momentos en los que se escribe este artículo no ha habido noticia de que ninguna de las empresas fabricantes de las vacunas que se están usando en la UE esté siguiendo los protocolos exigidos para la autorización definitiva, a pesar de los muchos millones de personas que ya han sido inoculadas.
El derecho de patente, y por lo tanto, la ocultación de información sobre la composición exacta del fármaco, imposibilita una valoración contrastada tanto de la eficacia como de los riesgos de las nuevas vacunas. El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo. Ni siquiera los eurodiputados han podido acceder a la documentación completa de los contratos en los que se han invertido más de 2.000 millones de dinero público.
El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo
La información ofrecida por el Departamento de Salud del Reino Unido a los profesionales sanitarios, procedente de datos de la propia empresa acerca de la vacuna de Pfizer-BioNtech, ilustra respecto a la ausencia de verificación de aspectos muy relevantes acerca de la seguridad y eficacia de la misma, a pesar de lo cual se está procediendo a vacunar a millones de personas [11]. Del citado informe británico, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) destaca lo siguiente:
– La eficacia de esta vacuna es muy pequeña si se compara con los niveles de protección de vacunas anteriores [12]. La vacuna de Pfizer prevendría sólo un caso leve-moderado por cada 119 personas vacunadas; es decir los otros 118 se verían sometidos a los efectos secundarios sin obtener ningún beneficio.
– La protección conferida se refiere solamente a casos leves o moderados. No hay datos acerca de la eficiencia en la prevención de casos graves (hospitalizaciones, ingreso en la UCI) o mortalidad. Afirmar que la vacuna previene muertes carece totalmente de fundamento. Es más, los ensayos no están diseñados para valorar su eficacia para evitar casos graves o mortales.
– No se han completado los datos sobre toxicidad reproductiva en animales.
– No se conocen los efectos en menores de 18 años, ni en mayores de 65 años, a pesar de que se ha informado que la vacunación en el Estado español empezará por este último grupo de edad.
– Se excluye la vacunación en el embarazo y en la lactancia. También en personas con tratamiento con inmunosupresores. La contraindicación en personas anticoaguladas está sujeta a controversia en estos momentos.
– Se desconoce el periodo de inmunidad que confiere la vacuna.
– No hay datos acerca de si se producen daños en la fertilidad.
– No hay datos acerca de la capacidad de transmisión de la enfermedad de las personas vacunadas. No hay dato alguno que permita concluir que la vacunación masiva terminará con la pandemia y si, por lo tanto, se puede prescindir de las medidas de prevención.
6- Farmacovigilancia. El lobo guardando el rebaño
Ante la vacunación masiva de personas sanas y personas con diversas patologías y tratamientos, la lógica más elemental, la prudencia más básica y los principios deontológicos más esenciales, exigirían reforzar al máximo todos los mecanismos de farmacovigilancia y de gestión de riesgos.
Nada de eso está sucediendo con carácter general y sistemático. En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido. Ni se les abre una historia clínica, ni se les pregunta por enfermedades previas o actuales, ni se les pide información sobre medicamentos que pueda estar tomando. A pesar de que en la propia documentación de la empresa Pfizer se recoge la contraindicación de la vacuna en casos de embarazo y lactancia, no se pregunta sistemáticamente a las mujeres en edad fértil si están embarazadas o lactando, o si toman anticonceptivos. Todo ello a pesar de que los efectos adversos graves en mujeres jóvenes casi cuadriplican los de los hombres.
Tampoco se alerta a quienes reciben la vacuna acerca de qué síntomas graves pudieran aparecer y qué hacer en ese caso. Es decir, no hay una recogida sistemática de datos, no hay un protocolo ni un registro general.
Es por ello que, tal y como señala Joan Ramón Laporte, cuando la EMA empieza a hablar de la existencia de trombosis en localizaciones atípicas que pudieran estar producidas por la vacuna de Astra Zeneca, cae en contradicciones sobre sus propios datos y, sobre todo, no muestra, la tabla de recogida de datos preceptiva en todo sistema de farmacovigilancia. Laporte aventura que la causa podría ser la enorme infradotación de medios de los Centros de farmacovigilancia como resultado de los recortes de los últimos años, pero, sobre todo, y estrechamente vinculada a los recortes, la normativa de la UE sobre farmacovigilancia que confiere una función muy destacada en este campo precisamente a la industria farmacéutica. Según la normativa vigente, las fuentes de información son de dos tipos: una recibe las notificaciones espontáneas que hace el personal médico —con un subregistro importante y que no permite cuantificar con exactitud— y el segundo son los sistemas de gestión de riesgos, cuya responsabilidad recae en la propia industria del medicamento.
En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido
Por su especial trascendencia, reproduzco a continuación las palabras de Joan Ramón Laporte en una reciente entrevista: “los sistemas de gestión de riesgos (son) una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un nuevo medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo clínico. Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner al lobo a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla. Con las señales de trombos, AstraZeneca no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el documento oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en manos de cada compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada una de ellas, ni protocolos: es algo secreto y opaco”. A continuación ilustra la situación con un ejemplo: “Estos estudios suponen un enorme movimiento de dinero. Un informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron más de 200 millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios, sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto”.
7. Prácticas delictivas y mafiosas
La revista JAMA (Journal of the American Medical Association) publicó en noviembre de 2020 un artículo titulado “Sanciones económicas impuestas a las grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales”. El estudio se refiere solamente a EE.UU. y recoge las sanciones impuestas por este país entre 2003 y 2016 a 22 multinacionales farmacéuticas que producen medicamentos para el tratamiento, test o vacunas para la Covid 19. GlaxoSmithKline (GSK) ocupa el primer lugar con multas por valor de 9.775 millones de dólares, Pfizer el segundo, con sanciones que ascienden a 2.910 millones de dólares, Johnson and Johnson el tercero, con 2.668 millones y AstraZeneka el undécimo con 1.172. Las multas suelen suponer el 10% de los beneficios obtenidos por el hecho sancionado. El pago de multas está considerado como un gasto más en la comercialización de un fármaco.
Los delitos de los que se les ha acusado son: promoción ilegal (recomendar fármacos para indicaciones no aprobadas), interpretación falseada de los resultados de las investigaciones, ocultación de datos y daños y sobornos con comisiones a personal médico y políticos para obtener contratos, entre otros. Todas ellas han obtenido millonarios contratos con la Comisión Europea, incluida GSK que, asociada con la francesa Sanofi, logró vender a la Comisión Europea 300 millones de dosis de su vacuna que supuestamente estará disponible a mediados de este año.
La publicación de informes y resultados de investigaciones farmacológicas en las más prestigiosas revistas científicas está financiada por la industria farmacéutica que las utiliza como instrumento de propaganda, tal y como ha sido reconocido por los directores de esas publicaciones [13].
8. El contrato del siglo. La UE negocia comprar a PfizerBioNtech 1.800 millones de dosis
El pasado 14 de abril, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen confirmó que la UE estaba negociando con PfizerBioNtech la compra de 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna, al tiempo que se anunciaba el aumento de precio de cada dosis a 23 dólares. En total, la UE pagará la fabulosa cifra de 41.400 millones de euros de dinero público por un número de dosis que multiplica por cuatro la población actual de la UE-27, 446 millones de personas. Este desequilibrio se justifica por la llegada de nuevas “olas” que requerirán tres o cuatro nuevas dosis de vacuna hasta 2023.
El escenario montado con los incumplimientos y los efectos adversos de AstraZeneka ha servido para justificar que la vacuna de PfizerBioNtech se convierta en “la columna vertebral de la vacunación euopea”. La presidenta de la Comisión Europea aprovechó para alabar “el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de Pfizer-BioNTech”. Estas alabanzas no sólo son gratuitas, sino que pretenden encubrir que la multinacional farmacéutica ocupa el infame segundo lugar en condenas por delitos de promoción de medicamentos para indicaciones no aprobadas, ocultación de resultados adversos y, sobre todo, en el caso que nos ocupa, sobornos a funcionarios para la obtención de contratos [14].
Es muy interesante acceder a la comparecencia pública del Fiscal General asociado de EE.UU., Thomas Perrelli, anunciando la histórica condena a la multinacional farmacéutica. Pfizer-BioNtech aceptó su culpabilidad por la promoción de fármacos para usos no aprobados y pagó 2.300 millones de dólares [15]. ¿Alguien podría asegurar que el fabuloso contrato obtenido por Pfizer.BioNtech con la UE es ajeno a estas prácticas tan habituales y documentadas de la multinacional farmacéutica?.
Aunque la “estrategia del shock” esté haciendo posible que lo más elemental se olvide, es preciso recordar, máxime ante un contrato de estas dimensiones, con plazos temporales tan largos y que prevé inoculaciones repetidas a millones de personas, que se trata de un fármaco no aprobado. A pesar de que los meses transcurren y se están efectuando vacunaciones masivas, este hecho trascendental no se menciona, ni se establecen plazos para que los estudios necesarios para su aprobación definitiva culminen.
Conclusiones
1.- El objetivo prioritario de la obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada, es estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de salud de toda la población. El capital, para desarrollarse, necesita socavar y debilitar el sistema público: cuanto más y mejor sanidad pública, menos espacio de negocio privado, y viceversa. Exactamente igual que los parásitos con respecto al organismo cuyos recursos utilizan para vivir y cuya devastación es consustancial a su desarrollo.
2.- En un escenario de profunda crisis general, de hegemonía capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio para las reformas hace tiempo que se agotó, se constata que, a pesar de que la pandemia reveló las dramáticas insuficiencias de la sanidad pública, los recursos públicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada. Las medidas generales de salud pública, tanto sociales como sanitarias, se han obviado.
3.- Los múltiples antecedentes de corrupción tanto de expertos de la OMS y de las diferentes Agencias del Medicamento como de políticos, por parte de las grandes empresas farmacéuticas, junto con las fabulosas ganancias que se están generando, permiten sospechar que se ha construido un siniestro escenario “informativo” de miedo en la población, para intentar justificar inversiones multimillonarias con dinero público en vacunas producidas por las grandes multinacionales farmacéuticas.
4.- Al servicio de este descomunal negocio debe situarse el hecho de que se hayan obtenido autorizaciones de emergencia, sin asegurar niveles de seguridad y eficacia exigidos a este tipo de medicamentos usados masivamente en personas sanas. Además, en el proceso de vacunación no hay noticia de la existencia de protocolos de farmacovigilancia, con carácter general y sistemático, que permitan conocer con rigor los efectos adversos que las nuevas vacunas están produciendo.
5.- La evaluación de la seguridad y eficacia de un medicamento tiene sus ritmos y sus formas. No respetarlos conlleva riesgos, máxime cuando va a ser administrado a millones de personas sanas. El principio hipocrático primum non nocere que debe guiar la práctica médica ha sucumbido frente a los negocios multimillonarios. La trágica paradoja es que precisamente las dudas de las propias multinacionales farmacéuticas acerca de la seguridad de sus fármacos es la que ha llevado al escandaloso acuerdo de estas empresas con la UE. Son los gobiernos respectivos, con dinero público, los que sufragarán las indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas.
6.- El control de las decisiones políticas por parte de las multinacionales farmacéuticas se revela nítidamente cuando los gobiernos esgrimen la “alarma” y la “emergencia” como razones para adoptar decisiones que sobrepasan los límites de la prudencia. Al tiempo, se ignoran descubrimientos realizados por organismos públicos de los propios países de la UE o se sabotean acuerdos con países como Rusia o Cuba, de larga y avalada tradición de sus instituciones públicas en biotecnología y en el descubrimiento de vacunas.
7.- En un mundo en el que las evidencias científicas se subordinan a la lógica aplastante del beneficio, la producción de medicamentos por parte de instituciones públicas es la única garantía de poder sustraer un bien tan preciado a la acción de mafias internacionales con una capacidad tan enorme de corrupción, de chantaje y hasta de crimen como las que describe John le Carré en su novela El jardinero fiel.
Hay una incompatibilidad esencial entre negocio privado y sanidad pública. En estos meses, y lo más duro está por llegar, se ha hecho inocultable la depredación de vidas humanas que el capitalismo produce. La apuesta por la vida, colocar al ser humano como prioridad social, exige destruirlo.
1. Investigadores de la Universidad de Helsinki tienen desde hace meses una vacuna contra el Covid, que se usa mediante spray nasal impidiendo la entrada y replicación del virus, puede conservarse a temperatura ambiente y está libre de patentes. El equipo necesita 50 millones de euro para llevar a cabo la Fase III, cantidad ridícula frente a lo que se está invirtiendo en vacunas , que no ha conseguido hasta la fecha. https://kaosenlared.net/finlandia-tiene-una-vacuna-para-la-covid-desde-hace-nueve-meses-y-opto-por-la-big-pharma/Algo parecido ocurre en España con la vacuna, también nasal, sobre la que trabaja un equipo del CSIC, con científicos con contratos precarios e investigadores jubilados que trabajan gratis. https://www.eldiario.es/sociedad/retrasar-edad-jubilacion-buscar-vacuna-coronavirus-facil-seria-dejarlo-siento-obligacion-moral_1_6462532.html
2.El número de medicamentos autorizados y comercializados en España 13.335 es más de diez veces superior al de pises como Noruega y más del triple que en Francia. Este hecho no supone mejores recursos para los tratamientos, sino alto grado de control del Registro por parte de las empresas. Las palabras de Joan Ramón Laporte, director de la Agencia Catalana del Medicamento son concluyentes: España financia todos los fármacos que le propone la industria. https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20151220/laporteespana-financia-todos-los-medicamentos-que-le-propone-la-industria-4760501
3. La utilización de la propaganda por parte de los grandes ejecutivos de Pfizer o Moderna sobre supuestos éxitos de sus vacunas como medio para lograr aumentos de las cotizaciones en bolsa para, a continuación, vender sus acciones da idea de las gigantescas expectativas de negocio y de la falta de escrúpulos con que se mueve este negocio
4. España se incorporó al Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas de la UE boe.es
5. Su Directora es la ex-Secretaria de Estado de Investigación con Mariano Rajoy. También son miembros, el Director de la fundación pública de Medicina Genómica del Servicio Gallego de Salud, del Centro Nacional de Genotipado del ISCIII y miembro de la Agencia Europea del Medicamento, la Subdirectora General de Bioética de la Comunidad de Madrid. un miembro del comité de expertos en política del medicamento de la OMS y la Directora de ensayos clínicos del Hospital de Granada. En el Comité científico de la fundación AstraZeneca está el Director de Instituto Respiratorio del H. Clínic de Barcelona, el Jefe de Servicio de Oncología del H. 12 de octubre, el Director del Instituto de Investigación de Barcelona y el Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. hojasdebate.es
6. BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles,Santander (5,38%) y BBVA (5,917), Caixabanc (3,003%), Banc de Sabadell ( 4,994%)y Bankinter (3,694%) También posee participaciones en grandes empresas multinacionales españolas, como por ejemplo:Telefónica (3,883%),Repsol (3,25%),ACS (3,2%),OHL, Gamesa (9%),IAG (6,2%),Euskaltel (3,59%),Técnicas Reunidas (3,055%). https://es.wikipedia.org/wiki/BlackRock#Espa%C3%B1a
8. Joan Ramón Laporte es catedrático de Farmacología de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto Catalán de Farmacología, organismo colaborador de la OMS.
9. COVAX, un órgano mundial de múltiples partes interesadas que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los países en desarrollo y el multilateralismo – Amigos de la Tierra Internacional (foei.org)
12. La vacuna contra la poliomielitis confiere un nivel de protección entre 99 y 100% hasta 25 años después de la cuarta dosis. vacunas.org
13.Gotzsche, C. Peter (2014) Medicamentos que matan y crimen organizado. El autor, médico, biólogo y químico, que trabajó para la industria farmacéutica refleja en este trabajo demoledor el engranaje criminal de las multinacionales farmacéuticas.
14. Ibid. nota 13.
15. Pfizer Medical Fraud Settlement | C-SPAN.org (c-span.org)
A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión.
El pueblo colombiano está viviendo un momento muy difícil. Una represión desmesurada y salvaje está siendo la respuesta del gobierno de Iván Duque a una movilización social sin precedentes que partiendo de la oposición a una reforma tributaria que castigaba a las clases más desfavorecidas, ha cuestionado la gestión de la pandemia por el gobierno y sus políticas neoliberales que no han dejado de enriquecer a las elites en detrimento de las clases populares, a lo que se ha sumado el descontento por el incumplimiento generalizado de los acuerdos de paz de 2016.
Para muchos ha podido ser una sorpresa ver en directo la barbarie de la represión, los asesinatos cometidos por la policía y el ejército, las miles de detenciones arbitrarias, los centenares de persones heridas, las violaciones a mujeres nuevamente como arma de guerra, la actuación de paramilitares protegidos por la policía o el elevado número de personas desaparecidas de las que la policía no da ninguna cuenta poniendo toda clase obstáculos a los intentos de averiguar su paradero. Podía pensarse que con los acuerdos de paz de 2016 Colombia entraría en una nueva etapa más democrática. Pero la actual represión desenfrenada ha puesto de manifiesto la pervivencia de varias de las lacras que tiñen su historia.
La pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. El trato que el gobierno, a través de la policía y el ejército, ha dado a la población movilizada muestra que no se está viendo a una ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta y a luchar por un país mejor, sino que se ve en ella al enemigo interno al que hay que doblegar, y si es necesario abatir, para tenerlo bajo control. Esta visión entronca de lleno con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, nacida en Estados Unidos en plena guerra fría, que consideraba al pueblo y su lucha como el enemigo interior.
Estados Unidos educó a miles de militares latinoamericanos en cursos impartidos en la Escuela de las Américas, primero ubicada en Panamá y desde 2001 en Fort Benning (Georgia), donde sigue operando bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad
107.573 militares colombianos han sido entrenados en Estados Unidos en los últimos 20 años. La Doctrina de Seguridad Nacional inspiró los golpes de estado y las sangrientas dictaduras que barrieron el cono sur en los años 70. Colombia no ha sido ajena a esta doctrina, ha sido la base ideológica de la lucha contra las insurgencias y las movilizaciones populares, de las miles de masacres impunes. Y hoy vuelve a aparecer con su cara más cruda: en la intervención de las fuerzas armadas contra la protesta social, en el fuego real contra manifestantes, en los 50 asesinatos y las más de 470 desapariciones forzadas, todas ellas tácticas de terror para frenar la protesta social.
Esta actuación de las fuerzas militares y policiales se siente amparada por la impunidad. Impunidad histórica pero también impunidad actual. La impunidad de los crímenes del paramilitarismo y de sus inductores intelectuales, la impunidad generalizada de los militares que asesinaron a más de 6.400 personas haciéndolas pasar por guerrilleros para cobrar recompensas, los llamados “falsos positivos”. La de los más de 1.200 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma de los “acuerdos de paz” de noviembre de 2016. La de los 270 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma de dichos acuerdos. La calificación, como hacen las autoridades gubernamentales y los principales medios de comunicación colombianos, de las manifestaciones de “amenaza terrorista” y a la gente que está en el paro nacional como “vándalos” o “guerrilleros”, que se una con crudeza al racismo y el odio a indígenas, afrodescendientes y pobres, es una muestra de la profundidad con que está incrustada esa doctrina en el aparato del poder.
La pervivencia de militarización. Los acuerdos de paz de con las FARC-EP de 2016 no conllevaron, a diferencia de la mayoría de procesos de paz, una reforma del sector de seguridad. Sólo comenzar las negociaciones el entonces presidente Santos ya anunció que las fuerzas armadas no se iban a reformar, señalando una línea roja que las negociaciones no podían atravesar. Así, a pesar del desarme de las FARC-EP, la principal guerrilla, no ha habido una reducción del ejército ni de la policía. Colombia hoy cuenta con el segundo ejército en número de efectivos de toda América Latina, sólo superado por Brasil.
Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos.
Ejército y Policía pasaron de los 250.000 efectivos con que contaban en 1998, a 482.000 en 2015, para mantenerse en los 480.000 de hoy. De ellos son 295.000 miembros en activo de las fuerzas armadas a los que hay sumar una policía nacional que sigue militarizada, con 185.000 policías que también son militares tanto por su formación, por armamento o su dependencia directa del Ministerio de Defensa. Esta militarización está en la base del tratamiento de guerra que ahora, pero no sólo ahora, se da a la protesta social. Hay que destacar el criminal papel del ESMAD, el escuadrón móvil antidisturbios, cuya desarticulación vienen reclamando las organizaciones de derechos humanos. Es una unidad de choque especializada en la represión de manifestaciones y paros, creada en 1999 y que cuenta con más de 3.500 efectivos, su accionar no responde a un patrón de seguridad ciudadana sino de seguridad nacional y orden público.
El gasto militar colombiano absorbe el 16% del total del presupuesto general de la nación. Colombia es el segundo país de América, sólo por detrás de EE UU, que destina más porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a gasto militar, el 3,4% en 2020, y el tercero, tras Brasil, en cantidad total. Para 2021 el gasto militar está presupuestado en 10.400 millones de dólares, lo que supone 28,5 millones diarios. Y ello, a pesar de la actual pandemia y la insuficiencia de medios con que está dotada la salud. Y estas son las cifras oficiales, cifras que se quedan cortas pues el Presupuesto no contabiliza las otras fuentes de ingreso para el gasto militar como son: la ayuda militar norteamericana, 244,4 millones de dólares en 2020, más de 2.500 millones en los últimos 10 años; los beneficios del poderoso Grupo Empresarial y Social de la Defensa, que agrupa desde industrias militares, a universidades y diferentes empresas hoteleras y de transporte aéreo, con el denominador común de que todas son propiedad del ministerio de defensa; los pagos realizados por empresas en su mayoría mineras, de hidrocarburos o hidroeléctricas, a través de convenios de seguridad con las Fuerzas Armadas, 1.229 convenios conocidos firmados entre 1995 y 2015, que suponen una privatización de las funciones de la fuerza militar pública, que reviste una especial gravedad cuando actúa en contextos de conflictividad social, medioambiental o laboral. Tampoco contemplan estas cifras los 2.960 millones de dólares de la deuda derivada del gasto militar que el Estado colombiano pagará en 2021.
España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años
En tercer lugar, la represión ha mostrado la falacia del respeto a los derechos humanos en Colombia. Es difícil encontrar otro país en el mundo en el que existan tantas instituciones oficiales para la defensa de los derechos humanos, otro país en el que se hayan impartido tantos cursos sobre derechos humanos. Cabe preguntarse de qué han servido, y quizás la respuesta estribe en que su utilidad ha sido la de aprender a cómo aparentar su cumplimiento y cómo vulnerarlos sin alarmar a la comunidad internacional.
Y por último, cabe destacar el ensordecedor silencio del Gobierno de España. A pesar de la represión y la violación de los derechos humanos con que Iván Duque ha respondido a la protesta social, el gobierno de España no ha emitido ninguna condena, ni ha ejercido ninguna presión para detener la represión. Quizás en ello ha influido la existencia de 571 empresas españolas establecidas en Colombia, según fuentes del ICEX (Exportación e inversiones de España), o también a que Colombia es un buen cliente de armamento español. España ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años. Es exigible al Gobierno español que aplique la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Que cese en la venta de armamentos y municiones a Colombia, paralizando así mismo los acuerdos en materia de defensa y militar.
Algunos de los asesinados y muchos de los heridos en esta bárbara represión lo han sido con armas de fabricación española. Maldito negocio el de la guerra y malditos los que la generan.
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