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Niños proveedores

Por: Elisabeth De Puig

La realidad de nuestros días es que cada vez más niños andan buscando comida en los sectores aledaños a los mercados, vendiendo en puestos de comida y de ropa en las calles, descargando camiones, dejándose tocar  por adultos mal intencionados.

Mientras se está instalando el gabinete de Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) realiza un programa de festividades y actividades artísticas y teatrales para los hogares de paso en ocasión de la celebración de los 42 años de existencia de la institución otros niños, librados a sí mismos, recorren las calles en búsqueda del sustento familiar.

Como bien lo señala el periódico Listín Diario del lunes 23 de noviembre, una nueva oleada de niños “limpiavidrios” irrumpe en las calles sin mascarillas ni distanciamiento social. Posicionados en las principales esquinas de la ciudad capital, ellos son solamente la punta de un iceberg que va creciendo en los sectores más desfavorecidos de las grandes ciudades y de todo el país. Librados a todos los peligros de la calle pronto estos niños y niñas vendrán engrosar la fila de los niños y niñas de los hogares de paso.

La pandemia ha venido reforzando de manera acelerada una realidad con la cual lidian a diario las organizaciones sociales que trabajan en los barrios y campos de nuestro país.

Se observa en la actualidad el auge de nuevas formas de solidaridad que saltan a la vista. Hay casos que, de repente, se vuelven virales y conmocionan la ciudadanía e instancias del gobierno trayendo consigo soluciones micro e individuales a problemas macro.

Gracias a la solidaridad de la ciudadanía y de Altice y Jonpéame el niño Alexander de León, que pescaba cangrejos de noche para su sustento, fue beneficiado de una casa, de provisiones alimenticias y de herramientas para seguir el año escolar de manera remota.

De la misma manera, Joel Lebrón brincó al estrellato y tendrá una casa de blocks gracias a la solidaridad externada por la sociedad civil y el Estado, opacando de cierta manera las miles de situaciones similares que padecen en la actualidad niños y niñas que necesitan también respuestas urgentes de los adultos, de instituciones como Conani y demás organismos del Estado para recuperarlos desde un lugar seguro y de protección.

Por más notoriedad que alcancen estos casos particulares, en el que unos cuantos niños pasan “de la nada al todo”, debemos convenir que esta no es la vía adecuada para saldar la enorme deuda social que agobia a nuestra sociedad. En vez de soluciones, lo que está frente a nosotros es más bien la fabricación de sueños e ilusiones.   

La realidad de nuestros días es que cada vez más niños andan buscando comida en los sectores aledaños a los mercados, vendiendo en puestos de comida y de ropa en las calles, descargando camiones, dejándose tocar por adultos mal intencionados.

Ese es el pan nuestro de cada día de hijos e hijas de familias que practican el chiripeo como modo de vida y que no tienen acceso a fuentes de trabajo fijas ni a los programas Quédate en casa, Fase 1 y Fase 2. Dominicanos sin cédula de identidad o que, sencillamente, no han entendido los mecanismos que permiten acceder a los programas de compensación social, o bien; puede tratarse también de niños de familias de inmigrantes.

En el caso de la Fundación Abriendo Camino hemos reiniciado un programa de protección presencial específico para estos niños desescolarizados, sin celular, sin televisor, incapacitados de estudiar virtualmente, asediados por el hambre, que vagan por los puestos de comida de los vertederos del Mercado Moderno y de la avenida de los Mártires.

De igual manera la Fundación La Merced, en el Batey Bienvenido, ha reiniciado actividades de nivelación escolar con su público bajo estricto protocolo de bioseguridad, tal como lo ha hecho el padre salesiano Carlos Patiño, en Cristo Rey.

Si nuestros niños, niñas y adolescentes corren peligro no podemos caer en omisión si tenemos a nuestro alcance los medios para ayudarlos.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/ninos-proveedores-8886449.html
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¿16 o 18 años?

Por: Elisabeth De Puig

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

Poco a poco nuestra sociedad se ha ido movilizando en contra del matrimonio infantil. Hoy en día, no solamente se oyen las voces de organizaciones o instituciones como Plan Internacional, Save the Children o Unicef, que han estado en la delantera en la lucha contra este flagelo desde hace años.

Con el cambio de gobierno se sienten nuevos aires que van a la par de un mayor empoderamiento de la sociedad frente al hecho que todavía en el siglo XXI haya tantas de nuestras niñas y adolescentes presas de la violencia sexual.

Esta movilización ciudadana se comprobó cuando la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examinó, en su sesión del pasado miércoles, el proyecto que busca prohibir el matrimonio infantil antes de los 18 años.

A raíz de un tuit del legislador Omar Fernández, que anunciaba un empate del voto en la comisión y una contrapropuesta de algunos legisladores, en el sentido de permitir la unión legal de adolescentes a partir de los 16 años, siempre y cuando su pareja no le supere de más de ocho años se sintió una vigorosa ola de protesta por las redes.

Frente a la vigilancia de la sociedad civil, la comisión de Justicia dio marcha atrás y acogió la propuesta del diputado José Horacio Rodríguez de modificar el artículo 144 del Código Civil de la siguiente manera: “El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los dieciocho años de edad”, derogando al mismo tiempo el artículo 145 del mismo código.

Antes de la votación del pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la República no solamente se ha manifestado de manera tajante en contra del matrimonio entre adolescentes, sino que también ha motivado y logrado un consenso histórico de todos los partidos sobre lo que él ha llamado un compromiso político de toda la Nación y lanzado la creación de un gabinete de Niñez y Adolescencia.

De todas maneras, cualquier modificación de esta índole que no protegiera los y las adolescentes de menos de 18 años hubiera sido contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales ratificados por la República Dominicana que forman, junto a la Constitución, un bloque que no es divisible según la jurisprudencia.

La atención de adolescentes hasta esta edad debe incluir los mismos factores de protección que a todos los niños, niñas y adolescentes: la educación, la nutrición, la salud, la promoción de actividades familiares y recreativas, la atención del desarrollo emocional, entre otros.

Las reformas legales son importantes, pero para su efectividad se necesita un marco político adecuado. Debemos estar conscientes que ganar la batalla que se está librando ahora contra el matrimonio infantil será una gran victoria a favor de nuestras niñas y adolescentes, pero que esta será una victoria pírrica si no se lucha contra las desigualdades y si no se trabaja para generar y aplicar políticas públicas integrales con presupuestos públicos a la altura de los retos societales que afrentamos.

El matrimonio infantil generalmente ocurre fuera de la ley como «uniones informales»: las niñas se mudan -o más bien son mudadas- a hogares de hombres adultos. Estas uniones informales son más difíciles de denunciar y dejan a las niñas vulnerables sujetas al abuso y con poca protección legal contra sus maridos.

En nuestros sectores más desfavorecidos algunas niñas ven en estas uniones una forma de salir de hogares violentos, cayendo en manos de hombres tanto o más abusadores que aquellos con los que ellas convivían en sus familias de origen.

Muchas veces esta salida es aprobada por la familia que se quita una boca de encima y a menudo recibe beneficios económicos de esta situación.

Debemos estar claros, la pandemia no favorece la superación de la situación de desamparo que prevalece en nuestros barrios vulnerables y ha desmantelado muchas redes de apoyo y de protección.

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

En esta sociedad desigual una gran parte de nuestra gente con limitados recursos y escasos niveles de educación no encuentra más alternativas que desarrollar estrategias de sobrevivencia dentro del marco machista, patriarcal y violento en el cual se desenvuelve.

Violencia intrafamiliar, matrimonio infantil, embarazos precoces y feminicidios, todo tiene un hilo conductor y son productos de una sociedad que ha considerado tabú la educación sexual integral en las escuelas, que no acepta las tres causales para el aborto y que se refugia cada vez más en el conservadurismo religioso.

El marco jurídico favorable por el cual estamos propugnando aumentará la conciencia pública acerca de las consecuencias sociales, físicas y emocionales de los matrimonios precoces y debería contribuir a la movilización de las comunidades opuestas al matrimonio infantil.

Al Estado le corresponde trabajar de manera transversal y de la mano con la sociedad civil para implementar estrategias de prevención múltiples y específicas a fin de empoderar a las niñas para que estas puedan tomar decisiones sobre su vida, luchar contra la deserción escolar, mejorar su accesibilidad a la educación formal, mantenerlas en la escuela y que se casen más tardíamente. Se requiere igualmente educar y movilizar los padres y la comunidad.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/16-o-18-anos-8883964.html

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La democracia despierta en el continente

Por: Dinorah García Romero

Esto ha de aplicarse en la República Dominicana. Ojalá podamos celebrar en la vida cotidiana gestos concretos de resurgimiento de una democracia viva en cada espacio, en cada decisión.

La democracia es un sistema político y social que tiene muchos valores y posibilidades para propiciar el desarrollo ciudadano y de las naciones. Como cualquier sistema, tiene limitaciones propias que no pueden sorprender. Ningún sistema, sea social, político o económico, es perfecto.

El sistema democrático ha estado rezagado y amenazado en América Latina y el Caribe en la última década. Este rezago se evidencia en los múltiples problemas que presenta el sistema democrático en la mayoría de los países de la región. Estas dificultades no la dejan avanzar; la precarizan de tal manera que se vive una democracia recortada; por ello los ataques a la prensa que intenta ser libre y presentarle al pueblo la noticia veraz; la muerte de líderes comunitarios que luchan por la calidad de vida, la integridad de las instituciones y los derechos de sus comunidades como acontece en Colombia y en México; la represión abierta y la violación de  los derechos en Nicaragua; y la emigraciones en masa de pobladores de Centro América, buscando una salida a sus problemas.

A lo anterior se añade la corrupción institucionalizada de Venezuela, República Dominicana, Haití, México y Brasil, que se distancia de los rasgos propios de la democracia, la debilitan y la convierten en un esqueleto que provoca desconfianza y repulsa, por su ineficacia para garantizar un ejercicio ciudadano y un desarrollo integrales. Es una vivencia que viola de manera constante los principios y los valores que constituyen este sistema.

Este ha vivido bajo la amenaza del fascismo; de los altos y bajos del populismo de Bolsonaro y de Donald Trump, dos gobernantes que se han atrincherado en las redes sociales para socavar los cimientos de la democracia, de la paz local y mundial.

Basta con revisar el comportamiento de Bolsonaro con la Amazonía; y de Trump con los inmigrantes, con los musulmanes y afrodescendientes. Las evidencias de un tratamiento antidemocrático y distante de lo humano son palpables y están registradas. Esta manera de liderar constituye una amenaza para la democracia en el ámbito global. Pero la democracia despierta; y esto se expresa en el desplazamiento de uno de los liderazgos más nocivos para la democratización y la dignidad de la Región.

El triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris despeja el ambiente de tensión y de inseguridad democrática que se estaba elevando en la zona. Hemos de reconocer que Estados Unidos es un país con amplio poder en el mundo y su incidencia es notable en diversos órdenes de la vida de América Latina y del Caribe; así como en otros contextos de la esfera mundial.

Valoramos significativamente que la democracia de señales de revitalización y desempeñe el rol que le compete en el continente. Esto ha de aplicarse en la República Dominicana. Ojalá podamos celebrar en la vida cotidiana gestos concretos de resurgimiento de una democracia viva en cada espacio, en cada decisión.

Parecen pequeños detalles, pero forman parte de una red que obstaculiza una democracia sana por el impacto en la vida de los ciudadanos y en la institucionalidad. Es necesario que la democracia despierte totalmente y que su credibilidad e incidencia se extienda en la experiencia personal, institucional y social de América Latina y el Caribe.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/la-democracia-despierta-en-el-continente-8881027.html

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Año escolar 2020-2021, encanto y esperanza

Por:  Dinorah García Romero

La República Dominicana tiene experiencia sobrada de enfrentar dificultades de diversa índole; tiene conocimiento de lo que supone luchar contra naciones colonizadoras. Recuerda con dolor todo lo que le ha supuesto combatir la tiranía trujillista y los 12 años letales de Joaquín Balaguer. Asimismo, sabe muy bien lo que supone lidiar contra la fuerza devastadora de la colonización interna; así como la potencia destructiva de la impunidad, de la corrupción y de la sindemia que nos afectan actualmente. Es una nación formada, sin querer, para vivir y actuar creativamente en tiempos difíciles. Nuestro país puede darle lecciones a otros de lo que implica intervenir las dificultades y cómo sobrevivir, por encima de precariedades fundamentales y sistémicas. Por ello, hoy, que inicia el año escolar 2020-2021, nos encontramos frente a un acontecimiento más que requiere esfuerzos nuevos, corresponsabilidad nacional y puesta en acción del mayor potencial creativo que pueda existir en los dominicanos. Es así una ocasión nueva para aterrizar en el contexto educativo toda la capacidad emprendedora y de transformación que exige este momento.

La acogida del nuevo año escolar ha de alejarse del pánico, aunque tengamos presente que nos movemos en un terreno poco consistente y vertebrado por la incertidumbre. Ha de distanciarse del pesimismo, sin dejar de tener presente que nuestras emociones y sentimientos están afectados, por lo cual somos pasibles de angustia creciente y miedo exponencial. Pero es ocasión singular, la que nos ofrece la COVID-19: asumir y acoger el año escolar con encanto y esperanza. De todas las acepciones del concepto encanto, la que más encaja es la de gracia. Sí, el año escolar necesita que lo recibamos con elegancia, con una apostura que le abra espacio a la capacidad personal y colectiva de reaprender y desaprender.

Todos iniciamos el año escolar. Desde donde estemos, hemos de prepararnos para aprender lecciones diferentes y nuevas. Pero, también, hemos de estar dispuestos a prestar servicio, ideas y propuestas que contribuyan con una educación que, cada vez más, se acerque a la inclusión y a la calidad, dos dimensiones con anemia estructural en el país. Es necesario mirar y vivir este año escolar con la gracia natural y espontánea que brota del encanto. Sin duda, esta postura no puede obviar la dura realidad en la que se va a desarrollar el curso escolar, pero es lo más saludable para la joven generación que está convocada. El desarrollo del curso puede disminuir el atraso en la República Dominicana. Puede contribuir para que algún día podamos sacudirnos de tanta pobreza; y hasta de la indigencia intelectual, cultural y social que palpamos. Apelamos a vivir un encanto situado y comprometido. Se nos brinda una nueva oportunidad para convertir la sociedad dominicana en una escuela viviente, en un tejido abierto al trabajo conjunto para que el curso fluya.

El encanto ha de estar unido a la esperanza; y esta, a su vez, ha de estar mediada por la confianza y por una actitud de alerta. La confianza que necesitamos se ha de alejar de una actuación acrítica. No. El Ministerio de Educación, el gobierno y las familias requieren que nos mantengamos en estado de alerta. La capacidad crítica para interpretar discursos, para identificar eslogan y para desmontar prácticas institucionales y educativas obsoletas, no se puede esconder. Es tiempo de activarla. Al mismo tiempo se ha de poner en acción una actitud proactiva. La esperanza no es un producto de ciencia ficción, es una dimensión del ser humano. Ser esperanzado no es una fórmula coyuntural, es un elemento constitutivo de los humanos. Hoy más que nunca necesitamos robustecer la esperanza y comunicarles esa energía transformadora a las madres, a los estudiantes; y a los docentes que hoy enfrentan desafíos importantes y comprometedores. Este curso escolar se ha de inscribir en la cultura de lo posible. No se hará magia, pero se han de desplegar todos los esfuerzos necesarios para que los niños dominicanos continúen desarrollándose; y, sobre todo, para que puedan ejercer, con el cuidado requerido, el derecho a la educación. Es su derecho; y ningún poder ni ningún sector puede limitarles este derecho. El Ministerio de Educación de la República Dominicana ha de clarificar y consensuar más sus políticas educativas en este año escolar. De igual manera, la sociedad no puede dormir siesta. Se requiere de ella una posición de colaboración y de seguimiento crítico y sistemático a las disposiciones y acciones del MINERD. Esta criticidad ha de estar vinculada estrechamente a propuestas innovadoras, útiles y articuladas a la realidad educativa y social del país. La Asociación Dominicana de Profesores ha de presentarle a la sociedad su programa para fortalecer el ser y el hacer de los docentes en este curso escolar que se inicia. No caben ya las reacciones coyunturales. Es necesaria la planificación racional, actualizada y comprometida. No olvidemos, a partir de hoy, que el hilo dinamizador de la sociedad y de la educación ha de ser el encanto y la esperanza que despierta este curso escolar, 2020-2021.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/ano-escolar-2020-2021-encanto-y-esperanza-8878283.html

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“No sé el nombre del padre de mi hija”

Por: Tahira Vargas García

La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”

“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.

Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.

Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.

La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.

El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres.  A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.

El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.

¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:

*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.

*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal

*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.

*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.

Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/no-se-el-nombre-del-padre-de-mi-hija-8876034.html

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Discriminación v sus consecuencias judiciales

Por: Tahira Vargas García 

Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

La existencia de prácticas discriminatorias en nuestro país ha sido normalizada e invisibilizada hasta tal punto que existe la oposición a que se reglamente y se sancione la misma.

En distintos estudios con poblaciones vulnerables (ODH/PNUD/MEPyD 2011) (Vargas/ONUSIDA 2012) (Vargas/ONE 2016) se identifican múltiples prácticas discriminatorias sufridas por muchas personas en silencio y que han provocado su exclusión del ámbito laboral, educativo, social y en varios casos intentos de suicidio.

En la mirada a la deserción escolar (ONE/Vargas 2016) se plasman como una de las causas principales la discriminación vivida por niños, niñas y adolescentes en centros educativos por distintas razones como son: su color de la piel, orientación sexual (LGBTI), pobreza, discapacidad, hijos e hijas de trabajadoras sexuales, migrantes, madres adolescentes o adolescentes activas sexualmente.

“Yo dejé la escuela cuando estaba en 6to curso. No volví más. El profesor todos los días me daba cocotazos y me decía maricon. Todos los días mis compañeros se burlaban de mí , me empujaban, se agrupaban para darme golpes. Un día se combinaron y me empujaron desde la escalera y me di un golpe en la cabeza. Nadie hizo nada. Me lo merecía dijo la directora. Me fui y tuve mucho miedo de volver a estudiar. No quería volver a sufrir lo mismo”. (Vargas/ONUSIDA 2012)

Las personas e instituciones ejercen continuamente discriminación y exclusión hacia personas con perfiles diversos sin responsabilizarse del daño y las graves consecuencias en sus vidas.

Sufrir la discriminación en hospitales y centros de salud es parte del dolor y la desesperación de muchas personas viviendo con VIH, en situación de calle, usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, personas LGTBI sobre todo mujeres trans y migrantes. Los relatos de burlas, humillaciones, negación a ofrecerle servicios son continuos. Se han dado casos de muerte por falta de atención de personas usuarias de drogas, mujeres trans y en situación de calle en centros hospitalarios. En algunos casos tienden a ser excluidos de estos centros por su apariencia física, su vestimenta o por su condición. (Vargas/ONUSIDA 2012)

Lo mismo ocurre en el sistema de justicia. Cuando una mujer trabajadora sexual, en situación de calle, usuaria de drogas, migrante o mujer trans o va a poner una denuncia por violencia de género no le dan respuestas, se burlan de ellas o simplemente la despachan con un “iremos por allá” o “regrese cuando le vuelva a pegar”, frases frecuentes en fiscalías y cuarteles policiales.

Las practicas discriminatorias deben tener consecuencias y sanciones legales. Nuestra constitución condena la discriminación y la exclusión hacia las personas por ser diferentes en su identidad étnico-racial, sexual, condición social-económica, religión, entre otras. La ausencia de un régimen de consecuencias contra las múltiples prácticas discriminatorias en empresas, comercios, centros educativos, universidades, centros de salud, sistema de justicia y policía nacional ha generado su normalización y con ello la desigualdad y exclusión social.

Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. De esta manera podemos garantizar el respeto a los derechos de todas las personas independientemente de su perfil o condición en una sociedad que se define constitucionalmente como democrática.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/discriminacion-v-sus-consecuencias-judiciales-8873348.html

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Abuso sexual, ¿Quién tiene la culpa?

Por: Tahira Vargas García

En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

Recientemente nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 9 años que fue violada y asesinada por un señor que era su vecino.

La violencia sexual es invisible y legitimada. Solo aparece en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.

En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra la ausencia de responsabilidad y permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque “los provocan” o porque están “solas”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Gran parte de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido victimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso o figuras de poder como dirigentes políticos, legisladores, síndicos. Los hombres agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las victimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.

EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización.

Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que esté sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser el objetivo de toda campaña educativa en términos mediáticos y en todos los espacios.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/abuso-sexual-quien-tiene-la-culpa-8853179.html

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