El COVID-19 golpeó fuertemente a los pueblos indígenas en el 2020

Por: Yvette Sierra Praeli

Hasta el 21 de diciembre de 2020, la cantidad de población afectada por coronavirus en la Amazonía superaba el millón de personas, mientras que la cantidad de fallecidos a consecuencia del COVID-19 estaba por encima de los 37 000.

Desde el inicio de la pandemia en Latinoamérica, en marzo del 2020, las comunidades indígenas optaron por cerrar las fronteras de su territorio, medida que esperaban los protegiera de la llegada del nuevo virus que paralizó al planeta. Pero el SARS-Cov-2, llegó hasta ellos.

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Indígenas de la nacionalidad siekopai, en Lagartococha, en la frontera entre Perú y Ecuador. Foto: Amazon Frontlines.

Los primeros días de abril se confirmaba el primer caso de COVID-19 en la Amazonía brasileña. Se trataba de una mujer kokama en el estado de Amazonas, frontera con Perú y Colombia. Después vendrían los reportes de casos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y el resto de países de América Latina con población indígena.

El coronavirus llegó como un tsunami para arrasar con la población más vulnerable del continente. Cuando empezó la pandemia, la antropóloga peruana especializada en pueblos indígenas, Beatriz Huertas, advirtió que la vulnerabilidad de las comunidades nativas se agravaría debido a  las deficiencias del servicio de salud en sus territorios. No se equivocó.

En los meses siguientes, desde las comunidades se reclamaba atención para los afectados por el COVID-19. Era una constante la falta de medicinas y de personal de salud en los centros de atención. “Con la pandemia se ha podido ver con más claridad cuáles son las necesidades de salud en el lugar que vivimos. Era triste no tener médicos ni medicinas. Cuando íbamos a las comunidades era terrible, las personas estaban con fiebre y no sabíamos cómo conseguir medicinas para atenderlos”, recuerda ahora la lideresa indígena peruana Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua).

Las políticas de los gobiernos de América Latina para atender las necesidades de los pueblos originarios han sido criticadas por las federaciones indígenas. En unadeclaración del 23 de diciembre de 2020, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) señaló que en la Amazonía se viven procesos constantes de exclusión, discriminación y explotación de los territorios, los mismos que “se vieron encrudecidos con la pandemia del COVID-19”.

Benjamín Rodríguez Grandez (a la derecha), presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), falleció a consecuencia del COVID-19. Foto: Instituto del Bien Común.

En el mismo documento se recuerda que “las pandemias son solo un síntoma de un planeta enfermo que necesita sanar», por tanto, «es urgente restablecer el equilibrio, la armonía entre los seres y lograr un nuevo acuerdo para la Madre Selva Amazónica que permita evitar más asesinatos, más deforestación e incendios, y detener la extinción y las pandemias”. Coica exhorta, entonces,  a entender la importancia de la Amazonia y los pueblos indígenas que habitan en ella, para la supervivencia del planeta, y hace un llamado a la acción urgente para que se detengan los efectos del cambio climático.

Uno de los últimos reportes sobre el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y COICA indica que la cifra de personas afectadas por el virus en los nueve países amazónicos llega a 1 610 130 casos confirmados. En tanto, el número de fallecidos alcanzó 37 747 personas, hasta el 21 de diciembre de 2020.

Brasil lidera esta triste lista con más de 25 931 muertos; le siguen Bolivia con 6 284 fallecidos, Perú con 3 126 y Colombia con 1 613. El resto de países amazónicos –Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam– no superan las 500 personas fallecidas, según REPAM y COICA.

La partida de los líderes indígenas

El líder awajún Santiago Manuín (al centro) fue otra de las víctimas del COVID-19. Foto: CAAAP.

“Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios”, dijo el líder indígena peruano Zebelio Kayap, tras la muerte del líder awajún  Santiago Manuín Valera a consecuencia del COVID-19.

Santiago Manuín luchó por su vida durante dos semanas. Había sobrevivido a una ráfaga de metralleta durante el conflicto ocurrido en Bagua, Perú, en el año 2009 , pero falleció el miércoles 1 de julio por el coronavirus.

Benjamín Rodriguez fue otro líder indígena en Perú que falleció a consecuencia del COVID-19. Fue uno de los principales impulsores de la creación del Parque Nacional Yaguas y del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, en la región Loreto

Humberto Chota, líder indígena peruano del pueblo Shawi, en la Triple Frontera en Loreto, la zona de frontera entre Perú, Colombia y Brasil; Silvio Valle, alcalde de Masisea y líder del pueblo Shipibo-Konibo en Ucayali y José Tijé, reconocido por ser la última persona que dominaba el Harakmbut, una lengua en peligro de extinción, son algunos de los 27 líderes y lideresas indígenas que fallecieron en Perú a causa del COVID-19.

Robinsón López, coordinador de Derechos Humanos de la Opiac.
Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la OPIAC, perdió la batalla frente al COVID-19. Foto: OPIAC.

En Colombia, Róbinson López,  coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) falleció a consecuencia del COVID-19 luego de varios días internado en una unidad de cuidados intensivos.

José de los Santos Sauna Limaco, gobernador del Pueblo Kogui, comunidad indígena de la Sierra Nevada en Colombia, también perdió la batalla frente al COVID-19. Tenía 44 años y falleció los primeros días de agosto. En Bolivia, la nación Sura perdió a Claudio Centeno Quito, uno de sus más importantes líderes.

Con esta pandemia “se han ido millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. Conocimientos que pueden salvar al mundo, saberes sobre el manejo de plantas, el manejo de ecosistemas que no lo sabe ningún científico. Para nosotros el mayor dolor es que se va toda una historia de nuestros pueblos”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, quien está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Lea las historias completas en los siguientes enlaces:

Día Internacional de los Pueblos indígenas: perder conocimientos ancestrales por el COVID-19

“Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios”: la tragedia del COVID 19 en los pueblos awajún y wampis

Pueblos indígenas: los más vulnerables frente el avance del coronavirus en América Latina

Latinoamérica: pueblos indígenas cierran sus territorios frente al avance del coronavirus

“El día que desaparezcan los pueblos indígenas también desaparecerá la Amazonía»

Bolivia: el riesgo de las actividades extractivas

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Con la inmovilización decretada por el gobierno, las comunidades indígenas quedaron prácticamente aisladas Foto: Alejandro López.

El 22 de abril, el Gobierno transitorio de Jeanine Añez ordenó la cuarentena total del país y el cierre de fronteras. Esta inmovilización generó desabastecimiento de alimentos y problemas en el acceso a un servicio de salud adecuado para los pueblos indígenas.

Pero la cuarentena no detuvo las actividades extractivas en Bolivia. Los campos deextracción de gas y petróleo continuaron sus actividades. Las comunidades nativas denunciaron que el personal que se desplazaba a los pozos de hidrocarburos no siempre se cumplían con los protocolos de bioseguridad, situación que significaba un riesgo para los pueblos indígenas por cuyos territorios transitaban los trabajadores de estas empresas.

El último reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre indica que la cantidad de indígenas fallecidos por el coronavirus supera las 6 000 personas. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:

Bolivia: pueblos indígenas aislados e indefensos ante el coronavirus

Bolivia: indígenas temen avance del COVID-19 por trabajadores de empresas de hidrocarburos

Colombia: Amazonas fue epicentro de la pandemia

Territorios indígenas de conservación. Los indígenas Uitoto, Bora, Muinane y Ocaina construyeron el análisis de los servicios ecosistémicos de sus territorios. Foto: Luisa Fernanda Ortiz - WWF Colombia.
Colombia reportó más de 1500 fallecidos de los pueblos indigenas de la Amazonía por la pandemia del coronavirus Foto: Luisa Fernanda Ortiz – WWF Colombia.

A inicios de abril, los pueblos indígenas de Colombia ya reportaban casos positivos del COVID-19 en dos comunidades: en el pueblo binacional Yukpa, en el departamento de Norte de Santander en frontera con Venezuela y en el pueblo Pastos, en el departamento de Nariño en frontera con Ecuador.

Un mes después se reportaba el avance del coronavirus en el departamento de Amazonas, uno de los más afectados por el nuevo virus en ese país. Desde el inicio de la pandemia, los líderes indígenas de los pueblos amazónicos tikuna, miraña, tariano, yukuna y ocaina, ubicados en la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil, reclamaban mayor atención para el departamento y su capital.

La falta de adecuados servicios de salud advertían una crisis sanitaria que, lamentablemente, se concretó. Carencia de equipos de protección para el personal de salud ocasionó una renuncia masiva en el hospital público. Amazonas, con una población mayoritariamente indígena, se convirtió en el departamento colombiano con más contagios por millón de habitantes en ese entonces. Ante este panorama, el gobierno anunció medidas extraordinarias para atender la pandemia en Leticia.

Los indígenas huitotos viven cerca de donde se tienen indicios de pueblos indígenas aislados. Foto: Cortesía Revista Semana - León Darío Peláez.
Los pueblos indígenas del departamento de Amazonas fueron los golpeados por el virus. Foto: Cortesía Revista Semana – León Darío Peláez.

Pero el coronavirus no fue el único peligro con el que lidiaron los pueblos indígenas en el 2020. Grupos armados asesinaron a indígenas en el norte del departamento del Valle del Cauca, mientras las comunidades embera del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos de dos grupos armados.

Actualmente, la cifra de indígenas fallecidos en Colombia por el COVID-19 supera los 1 500, mientras que los casos positivos están por encima de los 72 000, según estadísticas de REPAM y COICA. Lea las historias completas en los siguientes enlaces:

Grupos armados aprovechan la cuarentena para asesinar a indígenas y defensores en Colombia

Colombia: COVID-19 se dispara en Leticia y atemoriza a los pueblos indígenas de la Amazonía

Chile: el factor turismo para los pueblos indígenas

Indígenas atacameños pidieron al gobierno un cordón sanitario para la comuna de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños

El fallecimiento de una mujer mapuche de la comunidad indígena Carilafquén, en la región de la Araucanía, a causa del coronavirus, fue la señal de alerta para que líderes indígenas y expertos advirtieran sobre el peligro que significaba el desplazamiento de las personas desde las ciudades hacia las zonas rurales. Esta región con un 33% de población indígena, principalmente de la etnia mapuche, fue una de las que presentó la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19.

Las autoridades de San Pedro de Atacama, una de las zonas turísticas más visitadas del país, solicitaron que se instalara un cordón sanitario para la comuna debido al ingreso sin autorización de turistas. Lea la historia completa aquí.

Ecuador: el reclamo de las nacionalidades indígenas

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Miembro de una brigada de salud realiza una prueba COVID-19 a la líder waorani Nemonte Nenquimo. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines.

Apenas el gobierno ecuatoriano decretó el estado de emergencia –el 3 de marzo– la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tomó medidas estrictas para evitar el contagio de la enfermedad en sus comunidades: prohibieron la entrada y salida de personas de sus territorios, suspendieron actividades turísticas y cancelaron reuniones.

Sin embargo, para el 17 de abril falleció un anciano de nacionalidad Siekopai en la provincia amazónica de Sucumbíos con diagnóstico probable de COVID-19, además se reportó que alrededor de 20 personas estarían con síntomas del coronavirus. El Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en la provincia de Morona Santiago, también informó de muertes que podrían haber estado relacionadas con el virus.

En mayo, la nacionalidad indígena waorani también reportó el fallecimiento de un integrante de la comunidad y otras dos personas en grave estado de salud. Por otro lado, los indígenas Cofán de Sinangoe reclamaron por no tener acceso a alimentos ni medicamentos, debido al rompimiento del puente que comunica su territorio con vías provinciales y nacionales.

Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia, la cantidad de indígenas fallecidos en Ecuador suman 378 y las personas que han dado positivo al coronavirus alcanza las 14 264 personas, indica el reporte de REPAM y COICA del 21 de diciembre de 2020. Lea las historias completas en el siguiente enlace:

Ecuador: un anciano muere y los indígenas temen por falta de pruebas diagnósticas para COVID-19

Al menos 14 indígenas siekopai están contagiados con COVID-19 en Ecuador

Ecuador: COVID-19 llega a los indígenas waorani mientras que otros pueblos enfrentan nuevos problemas

Ecuador: las actividades mineras no están de cuarentena en la emergencia sanitaria por el COVID-19

México: las comunidades enfrentaron la pandemia

Cherán, Michoacán
La comunidad indígena de Cherán, en México, tiene entre sus prioridades el cuidado de los mayores y de los niños. Foto: Facebook del Consejo de Jóvenes de Cherán Keri.

Para los purépechas que habitan Cherán, abril es un mes especial, pues representa la época en que expulsaron a quienes talaban sus bosques, empezaron un proceso legal para que reconozcan su gobierno tradicional y celebran su fiesta patronal, motivo por el cual reciben a los migrantes que trabajan en los Estados Unidos.

Pero este año, la presencia del COVID-19 los obligó a suspender las celebraciones y más bien cerraron la entrada a la comunidad. Otras comunidades indígenas purépechas siguieron el ejemplo de Cherán y cerraron sus territorios. La medida de cerrar sus fronteras también la adoptaron comunidades en estados como Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

Abel Barrera, antropólogo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que no se diera una atención adecuada a las comunidades indígenas. Ante la falta de atención gubernamental, han sido las propias comunidades indígenas, las radios comunitarias y algunas organizaciones no gubernamentales las que han difundido información para prevenir la expansión del COVID-19. Lea la historia completa aquí.

Perú: la pandemia llegó pese al cierre de territorios

Pueblo shipibo konibo en Pucallpa. Foto: Ministerio de Cultura.
Pueblo Shipibo Konibo, en Ucayali, fue uno de los más afectados por la pandemia en Perú. Foto: Ministerio de Cultura.

A mediados de marzo, los pueblos indígenas en Perú decidieron cerrar las fronteras de sus territorios apenas se decretó la emergencia sanitaria en el país, como una forma de protegerse del coronavirus. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno que estableciera protocolos específicos de atención a los pueblos originarios ante una posible escasez de alimentos en las comunidades nativas, así como para revertir las deficiencias en los servicios de salud de una población vulnerable.

El 9 de abril, el presidente de entonces, Martín Vizcarra, anunció que su gobierno estaba preparando un plan específico para atender a las comunidades indígenas y amazónicas. Pero esta propuesta no se concretó hasta varios meses después.

Entre fines de abril y los primeros días de mayo, los reportes de casos de COVID-19 empezaron a llegar desde las comunidades nativas de Loreto y Ucayali. Los casos comenzaron a multiplicarse. La Triple Frontera entre Perú, Colombia y Brasil se convirtió en una zona crítica para el COVID-19 y el pueblo tikuna de Bellavista de Callarú en uno de los mas golpeados. Seis decesos por COVID-19 se reportaron en solo una semana.

Personal de salud en Santa Rosa de Serjali, en Sepahua, Ucayali. Foto: Microred de salud Sepahua.

El pueblo Shipibo-Konibo, en Ucayali y las comunidades awajún y wampis en Amazonas también fueron duramente golpeados por la pandemia. Sin medicinas, sin oxígeno y sin personal de salud suficiente, los pueblos indígenas vivieron una pesadilla.

Los planes de atención diferenciados del gobierno se empezaron a implementar dos a tres meses después de iniciada la pandemia. Perú se convirtió en uno de los países amazónicos con mayor cantidad de indígenas fallecidos por COVID-19. Según las estadísticas de REPAM y COICA, hasta el 21 de diciembre se han reportado 215 313 casos positivos del virus y 3126 fallecidos de COVID-19-

Lea las historias completas en los siguientes enlaces:

COVID-19: pueblos indígenas de Perú enfrentan escasez de alimentos y deficiencias en atención de salud

Perú: asesinan a líder indígena y mafias siguen operando durante emergencia por COVID-19

Perú: veinte comunidades indígenas expuestas al COVID-19 tras llegada de once casos positivos a su territorio

COVID-19: muerte y contagios en comunidades tikuna de la triple frontera

COVID-19: organizaciones indígenas demandan acciones concretas en la estrategia aprobada para estos pueblos en Perú

Perú: líderes indígenas reportan 58 fallecidos por COVID 19 en comunidades shipibo konibo de Ucayali

Perú: 221 indígenas han dado positivo al COVID-19 en Loreto

Perú: indígenas en aislamiento y contacto inicial cercados por el COVID-19

Perú: Pleno del Congreso no debate intangibilidad de territorios de PIACI pese a urgencia por COVID-19

Perú: mujeres awajún del bosque de las nuwas luchan contra el coronavirus

Imagen principal: Miembros de la nacionalidad Siekopai en territorio ancestral Siekopai, Amazonia ecuatoriana. Foto Amazon Frontlines y Alianza Ceibo.

Fuente e imagen: Mongabay Latam

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Coronavirus, crisis sanitaria y esclerosis del sistema político mexicano

Por: Isaac Enríquez Pérez

La crisis epidemiológica global se presenta –ante nuestro azoro e incertidumbre– como un hecho social total (concepto introducido desde la antropología y la sociología por Marcel Mauss) que cimbra los cimientos del conjunto de las relaciones, instituciones, sistemas y estructuras sociales. Las respuestas que sea posible brindar ante los alcances de la exacerbación de la crisis civilizatoria son apenas atisbos que no nos reconfortan de cara a la magnitud de los acontecimientos contemporáneos que desbordan, aceleradamente, toda capacidad de entendimiento, interpretación y de análisis prospectivo.

Los enigmas que emergen ante hechos sociales sistémicos, globales e inciertos, generan perplejidad y eclipsan toda posibilidad de pensar; y si ello ocurre, entonces entra en escena el miedo y el pánico colectivos. Instalado el miedo, el ser humano tiende a buscar protección en la religión, en la ciencia y –sobre todo– en el Estado. Pero éste no ofrece orientación, ni cuidados, y se torna postrado y rebasado ante el avance mundial de la peste. Solo le resta el recurso de la represión y de los dispositivos de control consentidos por el ciudadano. El argumento político de que la pandemia nos tomó por sorpresa imprevisible no solo es insostenible, sino que nos llama al autoengaño como humanidad.

Ni el coronavirus SARS-CoV-2 es fruto de un complot impulsado por fuerzas ocultas que manejan a la humanidad como títere; ni el ser humano es totalmente ajeno a la construcción social que subyace en la génesis y diseminación de virus y bacterias que son potenciados con la alta densidad poblacional y la contradictoria y destructiva relación sociedad/naturaleza. Relación regida por comportamientos ecocidas, ecodepredadores y de despojo que alimentan un patrón de producción, mercantilización y consumo compulsivo y regido por el supuesto del crecimiento ilimitado, capaces –dichos comportamientos– de alterar el clima y los equilibrios ecológicos y de devastar los hábitats naturales de animales habituados a convivir con agentes patógenos. Todo ello se magnifica con la intensificación de los flujos globales y de la movilidad humana transcontinental.

Frente a ello, cabe argumentar que las capacidades científicas, tecnológicas y materiales para enfrentar una pandemia, están al alcance de la humanidad. No así la voluntad política, las decisiones y la cooperación internacional para que ello ocurra. No es un asunto de escasez, sino de relaciones de poder signadas por la desigualdad. En este escenario, la enfermedad es expresión de la misma concentración de la riqueza, de las asimetrías de poder y de desigualdad social.

En múltiples sociedades nacionales, la magnificación de los efectos negativos derivados de la pandemia instalada por el coronavirus SARS-CoV-2, no solo agravó las ausencias del Estado, sino que recrudecieron las desigualdades sociales y evidenciaron el rostro de la exclusión de vastos sectores. En este maremágnum, las disputas entre las distintas facciones de las élites políticas y empresariales toman nuevos bríos y se trasladan al ámbito sanitario; evidenciando con ello una descomposición y esclerosis sin precedentes en el escenario de la praxis política. Lo que subyace a todo ello es la generalizada postración del Estado que se muestra incapaz de prevenir y enfrentar favorablemente la pandemia en distintas latitudes del mundo.

México no es la excepción a ello. Se trata de una sociedad subdesarrollada que lastra desigualdades ancestrales que le laceran y que se agravan con las ausencias del Estado; la violencia criminal; la «grieta» social que combina odio, racismo y clasismo; y la creciente exclusión social. Justo la desigualdad es el fenómeno que mayor incidencia tiene en los efectos de la actual crisis epidemiológica. Ante ello, es pertinente analizar varias aristas.

En principio, el sistema sanitario mexicano está rebasado en su cobertura, capacidades y calidad, desde tiempo atrás. Fruto de la ideología del fundamentalismo de mercado adoptada desde la década de los ochenta, el sistema de salud experimenta debilidades y fallos estructurales y una privatización de facto, que induce a los ciudadanos a usar servicios privados ante la negligencia, el burocratismo y la insuficiencia de medicamentos en buena parte de las clínicas y hospitales públicos. La corrupción en la adquisición de medicamentos y equipo; los desfalcos protagonizados por directivos y personal sanitario regidos por la deshonestidad; y la falta de inversión pública y la consecuente decadencia del servicio, son expresiones de un sistema sanitario colapsado de antemano. Aunado ello a la incapacidad y la falta de voluntad política para garantizar la cobertura y atención a la salud como un derecho universal y gratuito.

Para ilustrar esto último, cabe anotar algunos datos: en el año 2000, se contabilizaron –tanto en hospitales públicos como en los privados– 1.8 camas por cada mil habitantes; para el año 2017, el indicador cayó a 1.4 camas por cada mil, y para el año 2019 se precipitó a 1.0 camas por cada mil habitantes. Muy lejos de las 4.7 camas por cada mil habitantes que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto que, hacia el 2019, mientras los países miembros de la OCDE promediaron 3.5 médicos por cada mil habitantes, México solo cuenta con 2.6. Por no mencionar el déficit de especialistas médicos capaces de enfrentar y atender el padecimiento del Covid-19. De más está ahondar que con esas insuficiencias, el sistema sanitario mexicano colapsaría ante el aumento de personas infectadas y en situación crítica.

Por su parte, el proceso económico acarrea en México, desde antes de la crisis sanitaria, tendencias negativas. Si la economía nacional no crece a niveles sostenidos, se debe a las disputas entre las élites empresariales y la élite política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y a las reticencias y negación de las primeras para invertir en el aparato productivo, en una especie de sabotaje y boicot a los proyectos de gobierno de la segunda. La fuga de capitales hacia bancos de los Estados Unidos, emprendida por parte de esta élite empresarial antinacionalista asciende a 76 mil 166 millones de dólares. Ello explica, en buena medida, los riesgos de recesión que se ciernen sobre la economía mexicana desde hace 17 meses. Lo demás se relaciona con la obstinación del actual gobierno por preservar los supuestos de la política económica ultra-liberal regida a través del imperativo de la disciplina fiscal.

Las proyecciones más halagadoras señalan que la economía mexicana, de cara a los efectos de la pandemia, tendrá un retroceso del 6.6%. Se calcula también una transición de 53 millones de pobres a 68 millones de personas que no podrán satisfacer sus necesidades básicas y, en especial, la alimentación. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se sumaron 347 mil desempleados, y se pronostica la pérdida de entre 700 mil y 1.2 millones de empleos hacia el final de la contingencia. Así como un freno en los flujos de las remesas enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos ante el parón de las actividades productivas en esa nación. Todo ello sin contar la desprotección y la pauperización que se ciernen sobre la población empleada en la economía informal (alrededor de 31.3 millones de habitantes; algo así como el 60% de la población económicamente activa).

Estos escenarios, el sanitario y el económico, tienden a complicarse con la polarización sociopolítica y la “grieta” que se pronuncia en la sociedad mexicana. Instalado un discurso clasista y racista de odio y división, y de intenso ataque al proyecto de gobierno de la actual administración pública federal, se ahondan las contradicciones y la debilidad de las instituciones. Muestra de ello es el llamado a la desobediencia civil proclamado por Tv Azteca –la segunda televisora con mayor audiencia en el país– tras incitar a la población a desacatar las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias. La irradiación del virus desinformativo es un síntoma de esta “grieta” social.

Este llamado –aunado al de otros periodistas y de gobiernos locales que endurecen sus medidas represivas y coartan libertades ciudadanas fundamentales bajo el argumento de contener la epidemia–, no solo evidencia las disputas entre las distintas facciones de las élites y, particularmente, el resentimiento de una clase empresarial que se acostumbró a succionar del sector público, sino que también es muestra de una esclerosis del sistema político mexicano y, especialmente, de aquellos grupos de presión que apuestan a que le vaya mal al país para endilgarle la factura a un gobierno federal que carece de operadores políticos para contener los ataques que padece. La crisis epidemiológica solo es el pretexto para ahondar esa fragmentación social y para abonar a la crisis de Estado que experimenta el país en los últimos lustros.

No menos importante es la cantidad de problemas públicos que son encubiertos o silenciados con la instalación monotemática de la contingencia sanitaria en los medios. Además de múltiples problemas de salud pública, el agravamiento de la violencia criminal –que alcanzó niveles históricos en los últimos días al registrarse 114 homicidios el pasado 20 de abril–, es uno de esos problemas públicos obviados en México y que es parte de esa cruenta disputa que despliegan las distintas facciones de las élites por controlar el territorio y la economía clandestina de la muerte. A esta violencia e inseguridad, no escapa el personal del sistema de salud que es discriminado y agredido en la vía pública, bajo la consigna desinformada de que son portadores del virus.

Enfrentar los efectos de la crisis epidemiológica en una nación subdesarrollada como México, supone fortalecer las instituciones estatales como mecanismo de defensa de la sociedad. Y para ello será fundamental el robustecimiento de la cultura ciudadana, la dotación de información fidedigna y la regeneración del tejido social. Postergar la confrontación que ahonda la “grieta” en la sociedad mexicana, también es un imperativo que bien puede contribuir a calmar las ansias de imponer los intereses creados y facciosos. De otra forma, los escenarios que se plantean para México rayarán en lo catastrófico.

Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/07/03/coronavirus-crisis-sanitaria-y-esclerosis-del-sistema-politico-mexicano

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Coronavirus: investigación señala que distanciamiento social podría ser necesario hasta el 2022

Mundo/22/04/2020/Autor y fuente: www.fayerwayer.com

La pandemia del coronavirus ha generado que muchas naciones opten por el distanciamiento social para evitar contagios, algo que podría extenderse más aún.

Una reciente investigación de Harvard sobre el coronavirus y el distanciamiento social ha entregado preocupantes datos. El estudio publicado en Science  señala que las medidas de cuarentena podrían ser necesarias hasta el 2022.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos utilizaron diversos parámetros durante su análisis. Entre estos se destacan los siguientes patrones: estimaciones de estacionalidad, inmunidad normal y cruzada.

Por otra parte, otro de los escenarios posibles podría ser un rebrote de la enfermedad. Ante esto, los expertos estiman que estas medidas podrían ser válidas por los siguientes dos años.

Coronavirus: investigación señala que distanciamiento social podría ser necesario hasta el 2022

Coronavirus y distanciamiento social

Durante la reciente pandemia del coronavirus, una de las medidas sociales más efectivas ha sido el distanciamiento social. Este tipo de resguardo, que llama a la población a no salir a la calle en caso que no sea necesario, es la forma para enfrentar el virus.

La falta de una cura o tratamiento efectivo genera que por ahora, la cuarentena y el distanciamiento sean medidas efectivas. Los investigadores que realizaron el estudio enfatizaron que extenderlas podría ser necesario debido al tiempo de tener una vacuna potencial.

Coronavirus: investigación señala que distanciamiento social podría ser necesario hasta el 2022

«Proyectamos que los brotes recurrentes de SARS-CoV-2 durante el invierno probablemente ocurrirán después de una onda pandémica inicial más grave. En ausencia de otras intervenciones (vacunas), una métrica clave para el éxito del distanciamiento social es si se exceden las capacidades de atención crítica. Para evitar esto, puede ser necesario un distanciamiento social prolongado o intermitente en 2022».

También se hace énfasis en que el coronavirus SARS-CoV-2 puede proliferar en cualquier época del año. Esto ocurre luego de que, en la investigación, los científicos utilizaran diversos escenarios modelados.

Coronavirus: investigación señala que distanciamiento social podría ser necesario hasta el 2022

En ellos, el coronavirus fue capaz de producir brotes sustanciales independiente del tiempo, estación de año o lugar en los que fue expuesto. Ante esto, los expertos plantean que, luego de que se encuentre una vacuna para enfrentar la enfermedad, esta podrá tener una circulación regular dentro de tres años en las personas.

En los diferentes escenarios posibles, el distanciamiento social sigue siendo, según la investigación, una forma exitosa de controlar los contagios. «Bajo las capacidades actuales de cuidados críticos, la duración de la epidemia SARS-CoV-2 podría durar hasta el 2022. Esto requeriría establecer nuevas medidas de distanciamiento social de un 25% para otoño y un 75% para el invierno».

Fuente e imagen: https://www.fayerwayer.com/2020/04/coronavirus-distanciamiento-social-2022/?utm_source=Push%20Chrome&utm_medium=Referencia&utm_campaign=Push%20Chrome&push_id=5e97b943ce789b001bff0dfd
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Una mala estrella: el SARS-CoV-2

Por: Abdiel Rodríguez/laestrella.com.pa

La humanidad se encuentra ante la disyuntiva de si la vida o el capital. Nuestro horizonte utópico es superponer la vida

Estamos en medio de un desastre global. Muchos de nuestros supuestos se deshacen en el aire. No sabemos cómo acabar con esta pandemia producida por el SARS-CoV-2. La humanidad se encuentra ante la disyuntiva de si la vida o el capital. Nuestro horizonte utópico es superponer la vida. En este momento no parece posible ni la desaparición del capitalismo, ni el surgimiento de “una sociedad alternativa” (como diría Slavoj Zizek) a la vuelta de la esquina.

En el mundo moderno, el de las grandes ciudades globales, no se podría vivir sin transacciones mercantiles. Pedirle solidaridad al capitalismo aún en estas circunstancias, es como pedirle a un tigre que sea vegetariano, pero puede que el tigre acaricie la gacela antes de comérsela. Así que, si queremos superponer la vida al capitalismo, entonces, el objetivo estratégico post pandemia es organizarnos en torno a la ella, aunque las señales de hoy no sean alentadoras.

Enrique Dussel propugna una Ética de la Vida, sintetizó este criterio en un reciente artículo criticando a la modernidad “que postula al cuerpo como a la naturaleza como “una «cosa extensa» (res extensa); es decir, una realidad cuantitativa, no teniendo importancia la cualidad y la vida”. Bruno Latour, por su parte, considera que “la modernidad está acabada” y plantea como alternativa “lo que están haciendo los ecologistas y los millones de jóvenes que practican una nueva forma de vida, de alimentación, de comportamiento: un reasentamiento”. Esto, en todo caso, no es nuevo, al final de cuentas tenemos que recurrir a experiencias de equilibrio entre la naturaleza y la especie humana.

Dussel nos advierte sobre los derroteros desconocidos de esta pandemia “nunca experimentado antes y de manera tan globalizada”. Tras la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano nunca habíamos estado tan interconectados, aunque ahora por un virus sin cura aún. Esta experiencia nos exige “mostrar el fracaso del neoliberalismo (del «Estado mínimo», que deja en manos del mercado y el capital privado la salud del pueblo)”, ahora estamos pagando esas consecuencias, además evidenciar que los estados con un sistema de salud pública eficiente son mejores herramientas para encarar esta pandemia que los privados, ampliamente defendidos por el neoliberalismo.

Los núcleos urbanos (en particular occidentales) con mayor conectividad son aquellos que tienen más contagios, es decir, los países globalizados en ese devenir “producido por las interacciones” (como diría Roberto Ayala) son los focos de contagios. En ese sentido, señala el pensador coreano radicado en Alemania Byung-Chul Han la necesidad (añado epidemiológica) de “proteger al mundo de Europa”, y también de Estados Unidos. En Centroamérica el foco sería el hub de Panamá.

En estos países occidentales prevalece la “protección de datos” y la “esfera privada”, los valores por excelencia como la libertad parecen no compaginar con las medidas cuasi totalitarias para la supresión del virus, al punto que, en medio de la pandemia muchos de estos países optaron por medidas biopolíticas (aislamiento y movilidad reducida). En cambio, en algunos países de Asia, dice Han, prevalece una “mentalidad autoritaria” la cual permitió medidas drásticas de vigilancia y control, propias para la supresión del virus. Aferrados a la libertad y en otros casos a la insensatez, en Occidente y la periferia estamos viviendo la contradicción de querer suprimir el virus sin perder nuestras garantías fundamentales.

Los países europeos (y Estados Unidos) con mayor conectividad (Italia, España, Francia, Inglaterra p ej.) que parecían tenerlo todo organizado (bajo la lógica del mercado) e incluso sus ciudades eran modélicas, colapsaron. Con la excepción de Alemania con una tasa de mortalidad baja y una tasa recuperación alta. Estamos en un momento de “oscuridad”, sin ninguna certeza, solo aquella en la que la muerte puede estar en la puerta de la casa, en algún pasillo o balcón; la intensa luz de las ideas y el desarrollo científico de Occidente no vio el “sol negro” que se posaba sobre los frágiles cuerpos, al decir de Roger Bartra. Europa y Estados Unidos no ven la luz ante el inminente desastre producido por esta pandemia. La misma suerte corrió la periferia que le siguió el paso.  Quizá tengamos que buscar luces en otra parte.

Ante el escenario dantesco de no tener las herramientas sanitarias para una respuesta a los convalecientes, el capitalismo aún se erige como el dios supremo por encima de la vida. Incluso se le debe respetar su “independencia”. Franz Hinkelammert, lo dijo muy claro: “el capitalismo desde el principio es asesino […] es el nuevo fetiche que aún sometemos a crítica., se remonta a los indígenas cuando decían: “El oro es el Dios de los españoles”. En el siglo XXI, este dios es cada vez más omnipresente, más omnisapiente, más global. Así, convertido en un fetiche — con el todo, sin el nada — se presenta ante la humanidad entera como la salvación.

Al plantearnos la disyuntiva de si la vida o el capital, nos apoyamos en las evidencias que este desastre nos pone ante nuestros ojos. A esto apunta David Pavón-Cuéllar cuando dice “morir por falta de infraestructura, insumos y recursos humanos en el sistema de salud pública diezmados por años de políticas neoliberales en todo el mundo”, es el resultado de superponer el capital a la vida, creando un “gigantesco laboratorio de muerte en que el mundo se ha convertido”.

Para Dussel, “la ética se funda en el primer principio absoluto y universal: el de afirmar la Vida en general”. Tal es nuestro horizonte utópico, ante una circunstancia en que todo parece una distopía (al mejor estilo de Orwell o Huxley), y una realidad que — post pandemia — puede derivar en un caos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es la oportunidad para un nuevo contrato social. Como es un virus nuevo y “despiadado” como lo califica Chen Wei, no tenemos certeza de ningún tipo. Debemos dudar de cándidas respuestas, solo nos queda la “prudencia” como “virtud” necesaria para encarar con coherencia esta pandemia a partir de nuestras propias experiencias de vida.

 

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