Piden a CIDH documentar violencia sexual como forma de represión en Paro Nacional en Colombia

Por: Aline Espinosa Gutierrez

Organizaciones civiles colombianas exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita de trabajo en este país, que incorpore en sus conclusiones que la policía ha utilizado la violencia sexual, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra las mujeres como una forma de represión y control del Paro Nacional, lo que les niega ejercer su libertad de expresión y asociación, y gozar de espacios seguros.

Estas demandas fueron descritas por las organizaciones civiles en el informe “Violencia sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021”, el cual entregaron a la CIDH durante su visita a este país del 8 al 10 de junio con el fin que registre los casos de violencia contra las mujeres y recomiende a su gobierno la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con enfoque de género y así las víctimas puedan acceder a la justicia.

De acuerdo con el documento, desde el 28 de abril (fecha de inicio del Paro Nacional) al 2 de junio de 2021, la policía ha cometido contra las mujeres, 307 detenciones arbitrarias e ilegales, 48 casos de violencia sexual, 32 de violencia de género, y 491 de uso excesivo de la fuerza. Agresiones que tienen diversos impactos psicosociales en la vida de las víctimas, desde episodios de ansiedad, sensación de indefensión, entre otros.

En suma, explicaron, la policía y los funcionarios públicos de este país se han dedicado en encubrir todas estas agresiones, en particular la de violencia sexual al enfocarse en criminalizar a las personas e informar sobre los daños a bienes y comercios en medios de comunicación, en lugar de publicar el reporte sobre el Grupo de Género que según creó la policía colombiana.

Los 48 casos de violencia sexual, dijeron, se refieren a violaciones, tocamientos indebidos, amenazas de violación, hostigamiento y acoso sexual, donde además las víctimas son golpeadas, privadas de su libertad e insultadas de forma sexista. Son tantas las agresiones contra las mujeres que a pesar de contar con un total aproximado de casos, gracias a la labor de las organizaciones civiles, prevén que los números sean mayores porque no todas denuncian o no viven para hacerlo.

Resaltaron que existen 9 casos representativos que evidencian la violencia extrema contra las colombianas por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y la policía, que fueron documentados por Human Rights Watch y por la Campaña Defender la Libertad en el mes y medio del Paro Nacional.

Algunos de ellos, agregaron, son los dos casos ocurridos el 28 de abril de una joven afrodescendiente detenida arbitrariamente y violentada sexualmente dentro de un vehículo del ESMAD en el municipio de Soacha, Cundinamarca y de otra joven acosada por miembros de la policía cuando salía de una manifestación en Bogotá; el caso de abuso sexual y agresión contra una mujer dentro de las instalaciones de la unidad de Reacción Inmediata (URI) en la localidad de Kennedy en Bogotá el 2 de mayo.

Otro caso, dijeron, es el de la joven de 17 años detenida arbitrariamente y agredida sexualmente en Popayán Cauca el 12 de mayo de 2021, quien como consecuencia, se suicidó. Estos hechos evidencian que  la policía y el ESMAD aíslan a las víctimas en lugares escondidos o las llevan a los recintos resguardados por ellos para cometer estos hechos.

En las detenciones arbitrarias, agregaron, además de ejercer violencia sexual, la policía roba las pertenencias de las mujeres como sus celulares o documentos de identidad y las amenazan de procesarlas bajo delitos graves.

Evidenciaron que la policía de este país no cuenta con protocolos con enfoque de género para saber cómo actuar en las protestas, ni en la detención de mujeres, ni mucho menos en cómo atender las denuncias hacia integrantes de su propio cuerpo de seguridad, del ESMAD o de paramilitares, por lo que las denuncias no son investigadas y todos los casos siguen en la total impunidad hasta el momento.

Detallan que las colombianas han tenido un papel importante en el Paro Nacional, ya que muchas de ellas se mantienen en la primera línea de lucha, ejemplo de ello son el grupo conocido como “Mamás en primera línea”, quienes salieron con escudos a proteger a las y los jóvenes en las protestas y realizan vigilias feministas, reuniones , crean espacios seguros y acompañan a otras mujeres en sus casos.

Ante este contexto, exigieron que la CIDH siga recibiendo los testimonios de las víctimas posterior a su visita y recomiende la creación del (GIEI) con enfoque de género para así garantizar  el acceso de las mujeres a la verdad, la reparación del daño y la no repetición del hecho y comparta su informe con la Relatora sobre los Derechos Humanos de las Mujeres.

Demandaron que la CIDH exija al gobierno colombiano, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de este país, cifras del número total de hechos de violencia sexual y agresiones contra las mujeres en el Paro Nacional y sobre los avances en las denuncias ya presentadas en estas instituciones.

Asimismo, solicitaron que recomiende al gobierno colombiano la realización de una reforma profunda a la policía para que sus acciones se orienten a un enfoque de seguridad ciudadana y no de represión y sean capacitados en género y Derechos Humanos, así como definir protocolos de actuación e impulse la eliminación de la presencia del ESMAD en el país.

Fuente e imagen:  CIMAC Noticias

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Panama: Niños aprendieron todo sobre educación vial

Paraguay/Agosto de 2017/Fuente: Día a Día

Valores viales. Cientos de niños de la provincia de Panamá Oeste aprendieron la importancia de saber todo sobre la educación vial, y así prevenir accidentes que lamentar.

Ellos participaron de la Jornada sobre Educación Vial que realizó en Westland Mall, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ATTT y el Departamento de Gestión de Emergencia, Desastres y Transporte de Paciente de la Caja de Seguro Social.

David Ramírez, director de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, dijo que es necesario adoptar una participación activa de formación y concienciación en los ciudadanos.

Las charlas fueron impartidas por técnicos y especialistas en emergencias médicas de la CSS, y buscaban la adquisición de hábitos saludables en los asistentes a la jornada.

Fuente: http://www.diaadia.com.pa/el-pais/ninos-aprendieron-todo-sobre-educacion-vial-322261

 

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En Alemania, la educación vial comienza en el jardín de infantes

Alemania/18 de abril 2017/Autor: Juan Servera/Fuente: www.elesquiu.com

Hace muy pocos días me encontré con un señor que se preocupa por el tema de la seguridad vial y me comentó algo que tiene que ver con ello.
Una hermana suya está casada con un señor alemán y vive en una ciudad no muy grande en el norte de Alemania, a pocos kilómetros de Moscú, Rusia.
La pareja tiene una nena de unos 4 años de edad que concurre a un Jardín. Un día, no hace mucho, su hermana vino a visitar a sus familiares aquí en Catamarca. Entre otras cosas le habló a su hermano sobre su pequeña familia y le hizo un comentario sobre la nena que ya iba al Jardín.
Una tarde, la mamá fue a buscar a su hijita al Jardín como lo hacía siempre. La encontró llorando desconsoladamente. La mamá le preguntó qué había pasado. La nena, entre grandes suspiros, le contestó que le habían retirado la «licencia” para conducir.
La hermana de mi amigo le explicó a este que en el Jardín se realizan diferentes actividades que tienen que ver con la conducta ciudadana. Además de enseñarle a los nenes esas actividades de orientación vocacional también les enseñaban cómo comportarse en la calle como peatón o como conductor: que el cruce de la calle debe hacerse siempre por las esquinas, que no hay que tirar papeles o basura en las veredas, ni en la calle.
Y, en el caso de su sobrinita, era manejando un triciclo en una pequeña pista de manejo. Por lo tanto, la nena tenía que conocer, ya a esa edad, varias normas viales. Pero, como la nena no había sabido responder adecuadamente, tenía que ser «amonestada” con el retiro de «su licencia para conducir”. Este era el drama de la nena que le ocasionaba tanto dolor y el motivo de su imparable llanto.
En Alemania, en 1970, ocurrieron unas 21.000 víctimas fatales por siniestros viales. Pero, como resultado de intensas campañas y con el férreo control por parte de la policía estatal, en cada provincia, más la enseñanza de Educación Vial en las escuelas, se bajó aquella cifra, a menos de 6.000 muertos anuales. Ello no ocurrió, es evidente, al poco tiempo. A los alemanes les llevó más de 10 años de constante tarea para lograr esa cantidad.
En Japón, ya llevan 13 años que sigue bajando el número de los siniestros viales. En la actualidad, por cada 100.000 habitantes fallecen unas 4 personas. Sobre 130 millones de habitantes, mueren apenas unas 6.000 personas.
Pero, aquí en Argentina, en Catamarca, es muy poco lo que se hace para poner en práctica acciones serias que ayuden a cuidar la seguridad de sus ciudadanos.
En nuestra Catamarca, el exgobernador Ing. Agrón. Eduardo Brízuela del Moral, firmó una Ley, la N° 5218 – Decreto N° 1144 que dice: «ESTABLÉCESE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN VIAL EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA. Este decreto fue firmado por el entonces gobernador Brizuela del Moral con fecha de 28 de agosto de 2007.
Por otra parte, el cambio frecuente de los responsables máximos de la Seguridad Ciudadana habla a las claras de que no hay gente capaz de ponerle el «cascabel al gato”. Por eso, no se avizoran vientos favorables para la seguridad vial en nuestra provincia que ayuden a bajar los cada vez más elevados índices de lesionados y de víctimas fatales.
Por eso, los lutos y nuestro llanto sobre nuestros seres queridos que nos han dejado por esa causa no tienen tregua.
Señora gobernadora, señor intendente, ustedes ¿no pueden hacer algo para que se comience a valorar los aportes que, en nuestro caso, hace la Fundación Don Bosco desde hace más de 40 años?
Fuente de la Noticia:
http://www.elesquiu.com/correoyopinion/2017/4/17/alemania-educacion-vial-comienza-jardin-infantes-245256.html
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Venezuela: Cuadrantes de paz ¿Qué son y para qué fueron creados?

América del Sur/Venezuela/Abril 2017/Noticias/http://www.mpprijp.gob.ve/

Son espacios físicos que abarcan de 2 a 5 kilómetros cuadrados, demarcados en zonas de alta ocurrencia delictiva. Actualmente hay 2.119 cuadrantes en todo el país, que a su vez concentran 79 municipios donde las estadísticas reportan particulares focos de criminalidad.

En los Cuadrantes de Paz confluyen funcionarios policiales y militares, líderes comunitarios, patrullas, motos, herramientas tecnológicas, metodologías de trabajo contra la criminalidad, todo el gabinete ministerial de interés social, consejos comunales y otras formas de organización popular. Se trata de los espacios donde se concreta el plan macro de seguridad ciudadana del Estado venezolano.

El propósito fundamental es generar una relación de proximidad entre el ciudadano y los funcionarios policiales y militares, para canalizar respuestas prácticas y efectivas frente a la delincuencia.

Aunque la iniciativa fue concebida en 2013, este año los cuadrantes de paz son objeto de ajustes que incluyen: establecer estos espacios en todo el país, más allá de la ocurrencia delictiva; incrementar la eficiencia del patrullaje inteligente; incorporar GPS a los vehículos y celulares para chequear el correcto uso de recursos dentro de cada cuadrante; monitorear las tareas de seguridad y apoyar la comunicación ciudadano-funcionario a través del servicio VEN 911.

Fuente:

http://www.mpprijp.gob.ve

Fuente Imagen:

https://lh3.googleusercontent.com/W4w6VO7gZ4_0kmz3pVvA4y5u-dFsyozK1iJODrr4xNSz92QNpTpAIQhovNEtOjT9LHf1fFw=s85

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España: Activistas y organizaciones convocan un encuentro estatal el próximo 10 y 11 de febrero en Salamanca Por la Amnistía Social, en común y desde abajo contra la represión

España/21 de Noviembre de 2016/Rebelión

Luchas mineras, huelgas generales, escraches, “rodea” los parlamentos, marchas y desahucios, conflictos estudiantiles, concentraciones, cortes de carreteras y polígonos en defensa de una vivienda digna; el 15-M, las okupaciones, mareas (blancas, verdes, azules, negras…), las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto y los derechos de las mujeres, los discapacitados, los preferentistas, contra la represión…Miles de personas se han enfrentado durante los últimos años a la legalidad establecida, en defensa de sus derechos y de lo público. Éste es el punto de partida de la propuesta Amnistía Social: “Nos han desdibujado e insultado sin compasión a través de sus medios de desinformación”. Hablan, incluso, de un “genocidio de baja intensidad”, en la que el Estado ha emprendido una acción represiva y desmedida en defensa de quienes son responsables de la actual situación de emergencia social. Dicho en otros términos, se establecen represalias por pedir cosas tan elementales como el final de los desahucios o buscar comida en las basuras.

El 10 y 11 de febrero de 2017 se celebrará en Salamanca el cuarto encuentro estatal de la iniciativa Amnistía Social. La idea surgió hace aproximadamente dos años en una comarca valenciana, L’Horta, de la mano de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa (barrio adscrito al municipio de Alfafar donde viven cerca de 10.000 personas, con un 70% de la población por debajo del umbral de la pobreza) y personas de la extinta Asamblea Antirrepresiva del 15-M de Valencia. El objetivo, una respuesta colectiva a la miríada de episodios represivos ocurridos en los últimos años. La Coordinación Baladre de luchas contra la pobreza, el sindicato CGT y Ecologistas en Acción se adhirieron a la propuesta. Las primeras jornadas de ámbito estatal se celebraron en septiembre de 2015, en Madrid. La PAH, la CNT, 25-S Madrid, familiares y amigos de los encausados por “Rodea el Parlament” y Can Vies asumieron la Amnistía Social en el siguiente encuentro, celebrado en Valencia (febrero de 2016). Desde el primer día definieron la iniciativa como una respuesta “en común y desde abajo a sus bestialidades y pretensiones de dominarnos”. En la siguiente cita, en Málaga (mayo de 2016), participaron personas y colectivos de Madrid, Alicante, Andalucía y Valencia. Cuatro meses después, se produjo el Encuentro de Madrid, organizado por Ecologistas en Acción. Allí se acordó avanzar en la elaboración de un mapa de la represión por territorios; habilitar una página Web (prevista para diciembre), además de cuentas en Facebook y Twitter; y constituir grupos de trabajo por áreas, como feminismo, cultura, empobrecimiento o derechos sociales. La agenda se completó entre el pasado 16 y 21 de julio, con la caravana-marcha por la Amnistía Social entre Valencia y Alicante organizada por Baladre.

219323_2Califican la situación como “excepcional”. Exigen, en consecuencia, la derogación inmediata de las “leyes represoras”: Ley Orgánica 1/2015 de Reforma del Código Penal; Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; Ley 5/2014 de Seguridad Privada; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica 2/2015 de Reforma del Código Penal en materia de terrorismo. ¿Qué implica, en concreto, la Amnistía Social? Los activistas desarrollan la idea en un decálogo de reivindicaciones; en primer lugar, la supresión de todas las causas penales abiertas en los juzgados, derivadas de protestas contra los recortes de derechos laborales y sociales; además, la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores en contra de los manifestantes; la eliminación de cargos delictivos para quienes se enfrentaron a intervenciones policiales en desahucios, huelgas generales y otras luchas; en relación con el punto anterior, la libertad de los presos por estas causas; asimismo, la desaparición de toda ficha penal y antecedentes archivados que provengan de las protestas sociales; los tres últimos apartados exigen la supresión de leyes y mecanismos represivos: la ley del menor, la ley de extranjería, el cierre de los CIE, las “listas negras”, los “montajes” policiales, las torturas y el régimen de incomunicación en las prisiones (Fies).

“La idea es combatir la atomización de casos y la dispersión de fuerzas; lo importante es tener claro que quienes practican la represión son siempre los mismos”, explica Jesús Arteaga, activista por la Amnistía Social. Dicho en otros términos, que quienes padezcan un caso de represión, reciban la solidaridad de otros grupos: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”. Arteaga considera que la estrategia del poder es infundir miedo y aislar a los grupos que protestan en la calle. Lejos de dogmas y jerarquías, el modelo organizativo que se perfila en torno a la Amnistía Social se asemeja a la del Movimiento contra la OTAN, que incorporaba asambleas, comités, diferentes espacios y plataformas sectoriales, entre la diversidad de fórmulas. “Lo importante es que sea una propuesta de todas, la idea de confluencia”, agrega Jesús Arteaga. Se trata de un espacio de coordinación que avanza en difundir la idea de Amnistía, pero no de un modo cerrado: “Cada grupo o individuo la puede interpretar a su manera, según su realidad”, subraya el activista Manolo Bayona. Además del decálogo reivindicativo, les une una consigna sencilla y fundamental: todo lo social es político, pero no todo lo político es social. En concreto, han convocado para el próximo 23 de diciembre un “día de acciones descentralizadas” en todo el estado, que incluya –además de la Amnistía Social- luchas locales. Encierros, pintadas, charlas, concentraciones…

Ese día la Campaña por la Renta Básica del País Valenciano convocará una manifestación en la que se reivindicará, también, la Amnistía Social. Esto concuerda con el principio de actuación que se está manteniendo, resalta Jesús Arteaga: “La Amnistía Social no es una campaña, sino un proceso de extensión de la idea por los colectivos que sufren la represión; que incorporen la propuesta a sus prácticas”. Además se están generando materiales de apoyo: chapas, camisetas en diferentes idiomas o listas de correo para difundir las denuncias. ¿En el ámbito del estado español? “Esto no es una estructura estatal, no queremos estructuras sino espacios de puesta en común”, insiste Manolo Bayona. Cada cuatro meses celebran, en diferentes ciudades, jornadas de refuerzo e intercambio de experiencias. La tarea requiere un trabajo ímprobo, por la multiplicidad de casos. El pasado cuatro de noviembre se cumplió un año de la detención por orden de la Audiencia Nacional de seis personas del colectivo Straight Edge de Madrid, en el contexto de la llamada “Operación ICE”. De ideología anarquista, vegana y en contra de cualquier tipo de drogas, uno de los miembros del colectivo, Nahuel, permanece en prisión preventiva y a la espera de juicio; en sólo un año ha pasado por las cárceles de Soto del Real, Navalcarnero, Estremera, Morón de la Frontera y Aranjuez.

El ocho de noviembre de 2016 la policía nacional abordó en sus ciudades de residencia a los 13 integrantes del grupo de Hip Hop “La Insurgencia” (todos los residentes en el estado español, salvo un menor de edad). Se les requisó, según informaron en un comunicado, todo el material electrónico que llevaban consigo y se les citó a declarar nueve días después en la Audiencia Nacional. El motivo de la imputación, presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio, asociación ilícita y contra las instituciones del Estado. El mismo día tuvo lugar la detención de 15 miembros de la Peña Bukaneros del Rayo Vallecano (tres de ellos, menores) y otra del colectivo de Moratalaz, “Distrito 14”. La policía acusó de una supuesta agresión a los miembros de Bukaneros, que quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez. En el listado podría agregarse al activista Diego Lores, detenido en enero de 2015 por supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El activista había participado en las protestas por el traslado de un barco a la rotonda ubicada en el barrio de Coia (Vigo). Una de las críticas a esta iniciativa era el elevado coste del traslado, al tiempo que se desatendían las necesidades básicas de la población. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso.

El joven malagueño y militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Francisco Molero, acudió a la convocatoria de “Rodea el Congreso” en Madrid el 25 de abril de 2013. Fue detenido por agentes de la policía nacional, juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid y condenado en noviembre de 2015 a cinco años de prisión y más de 16.000 euros en concepto de multas e indemnizaciones. Un caso más reciente en la extensa nómina de represaliados son las 45 familias de las Corralas de la Dignidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), cuyo juicio comenzó a finales del pasado mes de marzo. A las acusaciones por un presunto delito de usurpación, respondían con una apelación a la justicia social: “Ni casa sin gente, ni gente sin casas”. Pero con independencia de la pluralidad de ejemplos, tal vez marque un hito la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eldiario.es publicó un balance a partir de las cifras recabadas tras una petición de información al gobierno, que arroja conclusiones palmarias. Durante los siete meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, se tramitaron más de 40.000 sanciones en virtud del nuevo texto legal. Uno de los apartados que llama la atención es el de las sanciones por “faltar el respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad” (6.217 sanciones tramitadas en el citado periodo); además, se tramitaron 3.700 sanciones por desobediencia, resistencia a la autoridad o negarse a la identificación.

Otro ángulo del que se pueden enfocar las políticas represivas se incluye en el libro “Los gobiernos españoles contra las libertades” (Akal), de Pascual Serrano y Juan García Mollá. Constatan una tendencia que no resulta una novedad: con 161 presos por cada 100.000 habitantes, el estado español posee la tasa más elevada de población carcelaria en los países de la Europa occidental. Esta realidad convive con el hecho de que España cuente con una de las tasas de criminalidad más bajas de la UE (46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a la media comunitaria de 62,8). ¿Quién ingresa en prisión? Los autores destacan que el 42% de los reclusos entran por delitos patrimoniales como hurtos o robos, entre los que no se hallan los de “guante blanco”, “que se cometen desde los despachos de empresas y entidades financieras”. El 34% cumplen condena por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). La media del tiempo de estancia en prisión en España es, además, muy superior al del resto de países de la UE (16,9 meses de cumplimiento de condena, frente a los 10,4 meses de promedio en la Europa occidental).

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=219323

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BID y gobierno de Argentina lanzan Semana de Seguridad para discutir el crimen e inseguridad en América Latina

América del Sur/Argentina/27 de septiembre de 2016/Fuente: BID

Casi 135.000 personas asesinadas el año pasado; costo de crimen y violencia suma US$120.000 millones al año

· Lanzan estudio sobre violencia en ciudades, nueva guía para comunicaciones de policías

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina lanzaron hoy la 8ª Semana Anual de la Seguridad en Buenos Aires, con diálogos sobre crimen y violencia, con un enfoque en una gestión con transparencia y reformas a las policías.

La Semana de Seguridad es el principal evento de su tipo en América Latina y el Caribe, una región cuya tasa de homicidios supera en cuatro veces el promedio mundial. El año pasado 135.000 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe.

La Semana tiene dos partes. El Diálogo Regional de Políticas arranca hoy y cuenta con la participación de ministros y altas autoridades de 16 países. Al finalizar el Diálogo, la Semana da paso a la Clínica de Seguridad, que tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre. En la Clínica, casi 200 expertos y autoridades tendrán un diálogo técnico para analizar e intercambiar conocimiento sobre crimen y violencia.

Las discusiones se centrarán fundamentalmente en dos temas.

El primero es sobre una “gestión de la seguridad con transparencia”, donde el foco es en la gobernanza y rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia de las instituciones. Representantes de Perú, Chile, Brasil y Argentina, entre otros, hablarán sobre el gasto en inseguridad. Se presentarán algunos avances de un estudio que será dado a conocer este año, donde el BID estima que el costo del crimen y la violencia en la región es de US$120.000 millones al año, es decir, casi $200 por habitante.

El segundo tema de discusión es los retos de transformar policías en fuerzas más modernas, efectivas y conectadas con la ciudadanía. Habrá ponencias sobre la gestión y la modernización de las fuerzas policiales con representantes de Honduras, Colombia, México y Argentina, entre otros. El gasto en policías es de US$51.000 millones al año.

“Es urgente mejorar nuestras instituciones para ganarle al miedo y la inseguridad”, dijo Ana María Rodríguez, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. “Y en esto el rol de la policía es fundamental, ya que es el primer punto de contacto del Estado con la ciudadanía. Requerimos de una policía moderna que trabaje con y para el ciudadano”.

En esta Semana, el BID está lanzando una nueva guía para que las policías puedan comunicar de manera más efectiva y transparente con los periodistas. También se está dando a conocer un estudio sobre violencia en las ciudades y el uso efectivo de la información para contrarrestarla.

Dado que la violencia es un fenómeno que involucra a todos los actores de la sociedad, el BID está acompañando a nueve organizaciones no gubernamentales en una campaña para bajar la tasa de homicidios en un 50% en 10 años.

Durante el encuentro se reconocerá el liderazgo de las mujeres en el sector de seguridad ciudadana y se pondrá a su disposición una plataforma llamada PROLID, que permite construir una comunidad para promover intercambios y aprendizajes entre mujeres con posiciones de liderazgo en el sector público. La idea es hacer uso de diversas herramientas de gestión y comunicación para promover el liderazgo femenino en un sector predominantemente liderado por hombres.

La Semana de Seguridad se realiza una vez al año. La edición anterior ocurrió en Quito.

Fuente: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-26/11572.html

Imagen: segured.com/wp-content/uploads/2012/07/seguridad-segured.jpg

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