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«En Oxford, los profesores no enseñan qué pensar sino cómo pensar»

21 de diciembre de 2016/Fuente: el mundo

La nieve crujía y por un momento dejé de sentir las puntas de los dedos. El portero de New College, con el bombín hasta las cejas, me dijo entre vahos que no recordaba un noviembre más frío. Y había nacido en Oxford. Me acompañó hasta un patio gótico coronado de capiteles y señaló hacia una ventana: «Ahí tiene sus aposentos Mr. Christiansen. Le está esperando». Rodeé el gran óvalo de césped blanco, dejé a mi derecha la capilla y el claustro, imperturbables y umbríos, y me detuve ante la puerta. Respiré hondo. Fuego en el estómago. Había pasado los A-Levels, los exámenes externos que el sistema británico fijó con carácter nacional hace más de medio siglo para la obtención de un título y el acceso a la universidad. Y también las pruebas específicas de ingreso en Oxford. Pero me faltaba la entrevista. La re-reválida. El instante de la sensación verdadera. Mi futuro, aquí y ahora, pensé. ¿Afectará el frío al cerebro?

El despacho de Mr. Christiansen era lo que dicta el canon de Brideshead. Acogedor, repleto de libros y objetos inverosímiles, una botella de sherry medio vacía sobre la mesa y, ah, la chimenea encendida. ¿Y él? Pues el prototipo de profesor excéntrico de traje y bicicleta vintage. Inquisitivo, incorrecto, mordaz, discípulo del gran Raymond Carr, experto en vikingos, tenía la sonrisa del gato de Alicia y la caligrafía de un monje medieval. Fabricaba su propia tinta.

– Siéntese. Conversemos. De sus exámenes infiero que ha leído El rey Lear.

– Eh, sí.

– Bien. Hábleme de Cordelia. Largamente. Y sorpréndame.

Eric Christiansen murió el pasado 31 de octubre. The Times y el Telegraph le dedicaron dos justos obituarios. «Maestro de generaciones de universitarios agradecidos». Sus tutoriales representaban lo mejor de un sistema educativo que deplora el abuso de la memoria con la misma fuerza que promueve el espíritu crítico y la responsabilidad individual. En Oxford los profesores no predican; provocan. No contestan de forma categórica; hacen preguntas de calidad. Han visto desfilar a decenas de genios y no se conmueven ante la apelación a la autoridad o a los sentimientos. Son escépticos, pero nunca cínicos. Y, sobre todo, desprecian las opiniones regurgitadas y valoran la libertad intelectual. No enseñan qué pensar, sino cómo pensar: la pasión por la investigación y el amor a la verdad. La fachada será arcaizante, pero el enfoque es radicalmente moderno. Científico. Hace unos días se publicó el informe Pisa. Como tantas veces, la tertulia española se instaló en la superficie a jugar al ping-pong. Unos optaron por la reivindicación resignada: ¡España sube! …porque la media baja. Otros recurrieron a la resignación reivindicativa: ¡La España fragmentada jamás será ilustrada! Sin embargo, el informe traía una lección precisa y profunda. Lo único capaz de combatir el estancamiento en la mediocridad y la inaceptable brecha autonómica es la sustitución del pensamiento fofo -suma de prejuicios y sentimentalismo- por el exigente, útil y humanísimo método científico.

El informe señala: «En un contexto de flujos masivos de información y de cambios tecnológicos acelerados, todos los alumnos deben de ser capaces de pensar como un científico». Pero no lo son. «A pesar de la revolución tecnológica, el rendimiento en ciencias no ha mejorado desde 2006». Entre Singapur y el País Vasco media lo que entre un paper y un panfleto. Los colegios -los gobiernos- siguen confundiendo el estudio de las ciencias con la vocación científica. No han comprendido que sin una ciudadanía capaz de pensar científicamente no habrá crecimiento. Ni democracia.

La defensa de una política racional, sometida a los procedimientos y las conclusiones de la ciencia, no es nueva. Steven Pinker le ha dedicado muchas páginas limpias y vibrantes. Y en España, inspiró la fundación de Ciudadanos. Pero la tormenta populista le confiere una urgencia radical. En EEUU, Jonathan Haidt, autor de The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion, ha creado dos plataformas –HeterodoxAcademy.org y CivilPolitics.org– que utilizan la ciencia como un nuevo suelo moral; para reconstruir lo que la censura identitarista de la izquierda y la reacción tribalista de la derecha han socavado: la convivencia.

El criterio independiente, la primacía de los hechos, el contraste empírico, el debate argumentado, la verificación… El esfuerzo y el rigor. Las prácticas de la ciencia ahorman una visión de la realidad que se puede comprobar y, por tanto, compartir. A su vez, las últimas aportaciones científicas -sobre el funcionamiento del cerebro humano, la genética o la evolución- ofrecen un arsenal fáctico contra el dogmatismo posmo de cualquier Puigdemont. Siempre y cuando ella misma no sucumba ante la politización, la ciencia es un antídoto para el descrédito de la política. Y del periodismo. Frente a la tiranía de los feelings, la república de los facts.

En julio de 2013, Eric Christiansen reseñó para The Spectator el tercer volumen de cartas del historiador de las ideas y eminente liberal Isaiah Berlin. Recordó sus clases magistrales en Oxford: «Sus alumnos nos sentíamos dueños de un palco en la ópera». Los ataques que recibió de reaccionarios de todo el espectro ideológico. Y el entusiasmo con que emprendió la fundación de Wolfson, un nuevo college en Oxford consagrado al estudio de las Ciencias. Isaiah -escribe Christiansen, citando una de sus cartas- «se había convertido a la opinión de que los científicos eran ‘un cuerpo maravilloso, al que miro con casi mística adoración’. En su nombre, libró la batalla contra los prejuicios anti-científicos de la mayoría de sus colegas, y ganó».

Ganar es una obligación frente al irracionalismo transversal. Para España, eso significa una revolución científica. Ante todo, en la política. Hasta ahora, el único partido que ha enarbolado esa causa es C’s. Lo hizo en sus inicios y en el excelente programa de política científica que el especialista en biomedicina José María Rojas redactó para las elecciones de hace un año. Es una pena que ese caudal de racionalidad haya desembocado en la exigencia al Gobierno de la eliminación de las reválidas. Las de primaria y la ESO, sustituidas por una simple prueba muestral: no la harán todos los alumnos, no tendrá valor académico y no será necesaria para pasar de curso. La del bachillerato, diluida en una selectividad bis: no condicionará la obtención del título y, según el borrador ministerial, «el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse de estándares de aprendizaje evaluables seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente». Uf. Traduciendo: la enseñanza en España no será común. Otra victoria del sondeo sobre el hecho. De la política sobre la ciencia.

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2016/12/12/584dacbd22601d496e8b4601.html

Imagen: e04-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2016/12/11/14814854888164.jpg

 

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Las matemáticas se convierten en uno de los retos de la educación.

Las estadísticas de la Consejería de Educación desvelan que los aprobados rondan el 80%. Los profesores consideran que es más necesario contextualizar que aprender contenidos.

Por: Pilar L Carmona.

Las matemáticas son uno de los pesos pesados de la etapa escolar, una verdadera montaña de cifras, signos y ecuaciones, que no siempre resulta sencilla de escalar para todos los niños y niñas por igual.

Así se desprende del informe Pisa correspondiente al año 2015, cuyos resultados en Andalucía han reflejado un incremento de dos puntos en comprensión lectura respecto a la puntuación obtenida en la evaluación de 2012, mientras que en matemáticas y ciencias se ha producido una bajada de 6 y 13 puntos, respectivamente. En una escala de 500 puntos, Andalucía alcanza la puntuación de 466 puntos en matemáticas, una cifra que en todo el país, tan solo supera canarias, dejando a los niños y niñas andaluces en la penúltima posición con respecto a esta materia.

La Consejería de Educación ha recibido con sorpresa los resultados obtenidos. No obstante, ha advertido que para la muestra de estudio de evaluación del alumnado andaluz, la OCDE ha seleccionado 54 centros con el índice socio económico más bajo de todos los que han participado en el informe.

Por su parte, Francisco España, asesor en el ámbito Científico-Tecnológico del CEP de Córdoba, defiende que, a pesar de no ser un buen resultado, no es sorprendente «si se comparan el tipo de preguntas que se formulan en el Pisa con el enfoque que le damos a las matemáticas en nuestros centros», argumentando que en los centros escolares cordobeses se centran el dominio de contenidos, mientras que el informe Pisa se enfoca más a preguntas conceptuales contextualizadas.

Carmen Galán, profesora de matemáticas en el IES Averroes, considera que para cambiar esta situación es necesario una disminución del ratio en las clases, contar con más profesorado de apoyo y más eficiencia a la hora de gestionar los recursos. Por su parte, Francisco España considera fundamental cambiar el enfoque actual potenciando la estadística y la probabilidad, «básicas para entender la sociedad y el mundo en que vivimos», además de trabajar y valorar la reflexión, el razonamiento, la investigación y el análisis de resultados por encima del conocimiento de un contenido concreto.

Tanto Galán como España coinciden en que uno de los factores más importantes que provoca el rechazo hacia esta asignatura es su carácter continuista, que provoca que si no se asientan bien los conceptos de cada nivel, las dificultades se van acentuando cada vez más. Así, también destaca el nivel de abstracción, que hace que los chicos y chicas no le vean un reflejo directo en su experiencia, o la densidad de contenidos que se trabajan y la profundidad con la que se hacen, temarios que en opinión de Carmen Galán «son inabarcables en muchos cursos. El nuevo temario de 2º de Bachillerato es sencillamente imposible. Además, se han hecho sin contar con la opinión del profesorado de matemáticas».

DATOS// En las estadísticas de resultados académicos de la Consejería, cuyo último estudio corresponde al curso 2013-2014, se observa que el porcentaje de aprobados en Córdoba en Primaria no baja del 84%, mientras que en educación Secundaria es el 70,24% en 1ºESO, el 75,04% en 2ºESO, el 81,96% en 3ºESO y el 84,84% en 4ºESO. En Bachillerato los resultados no son muy distintos. De los seis niveles, en los más altos de cada etapa, se supera el 80% de aprobados.

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/educacion/matematicas-convierten-uno-retos-educacion_1106240.html

Imagen: http://zetaestaticos.com/cordoba/img/noticias/1/106/1106240_1.jpg

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Informe PISA y pacto educativo

Por: Alfredo Pérez Rubalcaba

Impulsar la enseñanza entre los 0 y los 3 años, reforzar la formación permanente del profesorado o facilitar a centros y docentes la atención de la diversidad de los alumnos sería más útil que abordar grandes reformas estructurales.

 

La celebración del aniversario de nuestra Constitución ha coincidido con la publicación de los resultados de un nuevo informe PISA. Naturalmente la exuberancia numérica de los datos de la OCDE ha barrido de las portadas de los periódicos a las noticias de la posible y, para mí, deseable reforma de nuestra Carta Magna. PISA es un auténtico festival, la madre de todas las clasificaciones. Permite comparaciones infinitas: entre países, entre materias, entre comunidades autónomas. Y, una vez más, despreciando la lógica estadística más elemental, los números, que se utilizan cual si fueran los resultados del concurso de Eurovisión o de la Liga de fútbol, han permitido sentenciar si España sube, baja o se estanca, clasificar países, ordenar a nuestras comunidades autónomas. Sin reparar en muchos casos en que, tal y como el propio informe PISA se encarga de resaltar, subidas o bajadas de unos pocos puntos no son estadísticamente significativas.

Y como viene siendo habitual, en esta bacanal estadística no han faltado los responsables educativos que, intentando arrimar el ascua a su sardina, han relacionado este informe PISA a los cambios educativos impulsados por ellos, eso sí, evitando escrupulosamente aclarar que los alumnos objeto del informe que se acaba de hacer público han estudiado con las leyes educativas anteriores a la LOMCE.

En fin, lo que realmente concluye este nuevo estudio es que, puesto arriba puesto abajo, nuestro país sigue ahí, en el que podríamos llamar el “pelotón de la OCDE”, que como siempre encabeza Finlandia. Estamos ahí, en el centro de ese pelotón, por debajo del que forman los países asiáticos y por encima de aquél en el que se integran la mayoría de los países iberoamericanos. Junto a países como Francia, Suecia, Italia o Estados Unidos, por poner algunos ejemplos. Con pequeñas oscilaciones, entre las cuales quizá la más relevante sea la mejora en la comprensión lectora (35 puntos desde 2006), estamos donde estábamos desde el primer informe PISA en el año 2000. Sin que los avatares de nuestro sistema educativo hayan introducido modificaciones significativas en nuestras calificaciones, por ejemplo, la incorporación, fundamentalmente en la escuela pública, de un porcentaje relevante de hijos de inmigrantes ya comenzada su escolarización; una integración compleja desde el punto de vista educativo.

Nuestro país sigue más o menos donde estaba: en el centro del “pelotón de la OCDE”

Las críticas hacia los informes PISA han ido extendiéndose en los últimos tiempos. Objeciones que tienen una base conceptual, pero que también se refieren a la propia metodología utilizada para hacerlos, y, sobre todo, a la abusiva y acientífica utilización que de sus datos se viene haciendo, una vez publicados. Pese a ello, como toda evaluación de diagnóstico del sistema educativo —no confundir con reválidas—, el informe permite extraer algunas conclusiones útiles. Desde luego, para un país como España, que va a buscar en los próximos meses un pacto educativo. O por ser más preciso, un nuevo pacto que esta vez incluya al PP, que es el único partido que no ha estado en ninguno de los que el resto de las formaciones políticas ha alcanzado en nuestra historia reciente.

Una de estas conclusiones merece ser destacada porque, además, aparece reiteradamente en todos los informes PISA: la diferencia de resultados entre nuestras comunidades autónomas. Que divide nuestro mapa educativo aunque no exactamente como se ha escrito, un norte y un sur, porque entre las comunidades con resultados por debajo de la media aparecen Baleares, Murcia y, por primera vez en este último informe PISA, el País Vasco. Como acabo de apuntar, no es una novedad en los datos de la OCDE. Se viene reproduciendo desde el primer informe en el que participaron nuestras comunidades. Ni es exclusivo de nuestro país. De hecho, hay países como Italia en los que esas diferencias territoriales son más importantes. Esta disparidad se reproduce también en otros indicadores como, por ejemplo, el denominado abandono escolar temprano, que se utiliza profusamente en nuestros medios de comunicación y que establece una clasificación entre nuestras comunidades muy similar. Por cierto, ese abandono temprano viene descendiendo de forma sistemática desde que comenzó la crisis económica. La razón principal, no la única, es fácil de comprender: desaparecida con el fin de la burbuja inmobiliaria la oferta laboral abundante, auténtica “atracción fatal” para muchos jóvenes españoles al cumplir los 16 años, el porcentaje de jóvenes que continúa estudiando después de esa edad ha ido creciendo en España, lo que nos ha permitido corregir poco a poco nuestras alarmantes tasas de abandono, cuyo origen era más laboral que educativo.

Con idéntica legislación básica, los resultados en las distintas Comunidades Autónomas son diferentes

En definitiva, en este informe PISA aparecen comunidades autónomas con resultados que les sitúan en cabeza de lo que he denominado “pelotón OCDE”, mientras que otras están en la cola. Con las mismas leyes estatales y, por tanto, idéntica ordenación del sistema educativo: la establecida por la LOGSE, que no se modificó en lo sustantivo en la LOE. Y eso es lo relevante: con idéntica legislación básica los resultados en las distintas comunidades son muy distintos. En todos los informes PISA realizados. Los propios expertos de la OCDE se adentran en la explicación de estas diferencias, y apuntan a variables como la historia educativa de cada región, más concretamente, a la formación de los progenitores; o al nivel de desarrollo y la estructura socioeconómica, a los que ya he hecho referencia. Conclusión: a lo mejor nuestros problemas educativos no deben abordarse con grandes reformas estructurales y sus correspondientes modificaciones legislativas, léase de la ordenación académica, sino con medidas de “ingeniería educativa fragmentaria”, por recurrir a Karl Popper. Impulsando la educación entre los cero y los tres años, poniendo en marcha un MIR educativo y reforzando la formación permanente del profesorado o facilitando a centros y docentes la atención de la diversidad de los alumnos, por ejemplo.

Los cambios educativos son lentos. Entre otras cosas porque, según acabo de apuntar, en ellos influyen factores que, como la formación del conjunto de la población, son muy difíciles de alterar. Por eso no es de extrañar que los sucesivos informes PISA, también el que conocimos ayer, reflejen una situación relativa de los sistemas educativos del mundo con pocas variaciones, y en la que España nunca ha salido mal parada. Ni muchísimo menos. Necesitamos mejorar, sin duda, y quizá esta legislatura nos permita sentar las bases para hacerlo. Pero el punto de partida no es malo. La desaparición de las reválidas de la LOMCE, y la unificación de los títulos al final de la educación de la secundaria obligatoria, que el Gobierno no ha tenido más remedio que admitir, allanan el camino hacia un pacto educativo en España. Un gran pacto que, como he dicho, en varias ocasiones, tiene que partir de un diagnóstico compartido. Para ello, puede servir de ayuda una lectura sosegada y correcta de este informe PISA.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/12/07/opinion/1481135502_976416.html

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Argentina: Incumplimiento de acuerdos. SUTECO alerta sobre normal inicio del Ciclo Lectivo 2017

Argentina/19 de Diciembre de 2016/momarandu.com

El Congreso Ordinario de la Organización Sindical SUTECO alertó sobre el normal inicio de clases debido a incumplimientos varios en acuerdos a nivel nacional y provincial. Remarcaron que este año el poder adquisitivo del salario decayó entre 10 y 14%.

Se plantea excluir del rango de pago del Impuesto a las Ganancias al sector docente y trabajadores en general, titularización en el nivel secundario por concurso y conformación y participación en el Foro Social Educativo.

El Congreso rechazó y repudió el despido de, señala, más de 2.600 trabajadores del programa nacional de formación permanente (PNFP) Nuestra Escuela, y reclama el 10 % del PBI para Educación mediante la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.SUTECO manifestó su total disconformidad con la política salarial docente llevada adelante por los gobiernos nacional y provincial, respectivamente, ya que, alude, el poder adquisitivo del salario se desplomó en este 2016 entre un 10 y 14 % con relación al índice inflacionario que supera el 40%.

Además pide por la Continuidad de los Programas Socioeducativos y reglamentación de la Ley de Paritarias, algo que, sostiene, no se ha cumplido.

Reclaman que la formación y capacitación sea gratuita y en servicio a cargo totalmente del Estado y designación de Supervisores en el Consejo de Educación y de Miembros de Juntas de Secundaria.

También el pago de diferencias de haberes –códigos 102 y 103 sin topes.

La organización sindical luego de la evaluación y debate de la situación educativa en general y ante la falta de respuestas del gobierno provincial y nacional a las demandas de carácter laboral, edilicias, salariales e incumplimiento del las actas acuerdo del año 2016, se declara en estado de alerta y no asegura el normal inicio del ciclo lectivo 2017.

Fuente: http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=155141

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España: PP, PSOE, C’s y Podemos revelan las claves del futuro pacto de Estado por la Educación

España/19 de Diciembre de 2016/Madridiario

El pasado 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de la Subcomisión para el pacto de Estado social y político por la Educación, con el objetivo de elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la polémica LOMCE. La Subsomisión tiene una tarea se antoja casi una hazaña: elaborar un pacto educativo que sirva de base para una nueva ley orgánica. ¿Cuáles deben ser las claves del pacto educativo?, ¿será posible conseguir un texto de consenso teniendo en cuenta los vetos y líneas rojas de los partidos?, ¿se redactará una ley que dure más que el Gobierno que la ha impulsado?, ¿se tendrá en cuenta a la comunidad educativa? Diariocrítico ha buscado respuesta a estas preguntas entre los portavoces de los grandes partidos que forman parte de la Subcomisión.

Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos), Joan Mena (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y Manuel Cruz (PSOE), han explicado a este digital las posturas de las que parten y cómo esperan que se articule el acuerdo. ¿Cuáles serán las claves del pacto educativo?

«Para nosotros el elemento fundamental es la financiación. Acabamos de presentar una proposición no de ley, con el voto favorable del PSOE, para fijar un horizonte de inversión que alcance el 7% del PIB, ya que una ley sin recursos económicos, será papel mojado. También hay que corregir los privilegios de las escuelas privadas y concertadas, porque nuestro ordenamiento jurídico dice que el concierto es un elemento subsidiario, pero en realidad, nuestro concierto es de los más altos de la Unión Europea; y nosotros queremos que el dinero público se destine a la escuela pública. El tercer elemento es la recuperación de la democracia y participación para no convertir a la escuela en un instrumento jerárquico, que es lo que hace la LOMCE y lo que quiere el PP», ha explicado el diputado de En Comú Podem, Joan Mena.

Para el socialista Manuel Cruz, el pacto educativo debe “ordenar la educación, que sido desordenada por la LOMCE. Debe recuperar los mejores elementos de las leyes anteriores, es decir, una ley de bases que funda las anteriores”.

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha expresado que “lo primero y lo esencial es que queremos que, por primera vez en 40 años, en un contexto constructivo y riguroso, se hable de educación y no se utilice este tema de manera frentista. Que con las aportaciones de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) y expertos, y con la mejor disposición de todas las fuerzas políticas abordemos de una vez por todas problemas importantes: el alto abandono escolar temprano que tenemos, las diferencias e inequidades educativas (por motivos de ubicación territorial, contexto sociocultural o características individuales de los alumnos), el grave problema de la profesión docente (en el acceso, la estabilidad y la carrera laboral), la mejora de la convivencia y el problema del acoso, la necesidad de formar mejor a nuestros jóvenes en competencias necesarias para la sociedad de la información; la cuestión de los tiempos, calendarios y cargas lectivas y su relación no sólo con la formación de nuestros niños, sino también de su bienestar personal. En cualquier caso, tendremos que consensuar los temas a tratar”.

“Nosotros vamos a trabajar intensamente con el compromiso de llegar a un gran acuerdo que permita seguir avanzado en mejora sistema educativo y atajar sus deficiencias; una de estas deficiencias es la diferencia entre Comunidades Autónomas. Para nosotros también es fundamental que cualquier mejora del sistema pase por la mejora de la situación de los profesores”, ha indicado la diputada ‘popular’, Sandra Moneo.

Pese a que todos comparten la premisa de que será difícil llegar a un consenso, teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, se han mostrado optimistas al respecto, con excepción del portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, que ha expresado el “miedo a que el pacto se convierta en mero maquillaje de las políticas educativas del PP, y termine siendo una triple alianza institucional entre PP-PSOE-C´s”.

– Diferencias y semejanzas con la LOMCE

En cuanto a los aspectos diferentes y similares con la LOMCE, cada partido tiene una posición. Así, para Unidos Podemos la LOMCE “es una carrera de obstáculos que va expulsando estudiantes”, y considera que si el PP realmente tiene pensado aprobar una nueva ley, “debe derogar inmediatamente la LOMCE”. El PSOE considera que hay “aspectos conflictivos como el modo de organizar y gestionar los centros, la relación entre la escuela pública y concertada, el tema de la laicidad, o la reversión de los recortes y la inversión en Educación, que deben ser corregidos”. No obstante, Cruz ha manifestado que “cualquier ley recoge siempre elementos de las anteriores”.

“Creo que si empezamos la Subcomisión jugando a las diferencias y similitudes poco avanzaremos. Tenemos que conseguir que la ley que salga adelante, derivada del informe que realice la subcomisión, sea una ley de todos. Habrá cosas que se pueden rescatar de las siete leyes anteriores (si han funcionado), y tendrá que haber también aportaciones genuinas y pertinentes nuevas”, según Marta Martín.

Para el PP, “el marco de la LOMCE se debe debatir en la subcomisión”, y ha resaltado que “hay que buscar el pacto mediante un debate serio, riguroso y con altura de miras. Hay aspectos que han funcionado con las diferentes leyes, por lo que debemos analizar esos aspectos y escuchar a la comunidad educativa”.

– Reivindicaciones de la comunidad educativa

Días después de que se aprobara la formación de esta Subcomisión, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (que aglutina voces de estudiantes, padres, profesores y sindicatos), remitió un comunicado a este digital en el que manifestaba su preocupación por el desarrollo de este pacto, y advertía a los partidos de que si su voz no es escuchada, volverán a las huelgas y movilizaciones a partir de 2017.

Para esta plataforma, hay una serie de reclamaciones que deberían quedar recogidas en el nuevo texto educativo como: la retirada definitiva de la LOMCE, la reversión de los recortes, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el freno a la privatización del sistema educativo. Ante estas reivindicaciones, los partidos mantienen posturas distintas, aunque comparten, según han asegurado, la voluntad de escuchar a la comunidad educativa y expertos.

“Somos conscientes del rechazo a la LOMCE, pero recuerdo que algunas medidas que recoge, ya las contemplaba la LOE del PSOE. Yo no puedo estar de acuerdo con algunas de las ideas que plantea la plataforma, por ejemplo, no se puede hablar de privatización de la Educación cuando la escuela pública representa el 80%. Hay que aparcar los planteamientos personalistas y ser sensatos a la hora de ver qué ofrecemos al sistema y qué medidas tomamos. El PP ha demostrado que el Gobierno es el primero en mover ficha, y se demostró con la retirada de las evaluaciones”, (más conocidas como reválidas), ha manifestado Sandra Moneo.

El diputado socialista Manuel Cruz ha indicado que espera que se contemplen estas reclamaciones, aunque ha insistido en que si lo que se quiere conseguir es un pacto de Estado, “ninguno de los actores podrá conseguir su programa de máximos, por lo que habrá que buscar los puntos de consenso”.

“Creo que la comunidad educativa es muy amplia y, por nuestra parte, se analizarán y contemplarán las propuestas constructivas que aporte, no sólo esta plataforma, sino todas aquellas que puedan contribuir a mejorar la educación de este país”, ha señalado Marta Martín.

PP, PSOE y Ciudadanos han resaltado que no se ha invitado a la comunidad educativa a la Subcomisión porque su creación responde a una iniciativa parlamentaria, y por tanto, es labor de los diputados, aunque han aseverado que serán escuchadas las diferentes propuestas e iniciativas. Por el contrario, Unidos Podemos ha dicho tener la “sensación de que se hará una operación de maquillaje para que parezca que se tiene en cuenta a la comunidad educativa cuando no es así. Nosotros queremos que sean un agente más en la negociación y hablar de tú a tú con ellos, pero el PP y Ciudadanos defienden intereses elitistas, desprecian lo público, y ven en la Educación una vía de negocio vía privatización. Además, es posible que las reclamaciones de la comunidad educativa no aparezcan en el texto, por lo que tendremos una LOMCE 2 que será rechazada por la sociedad».

Ante la ‘amenaza’ de nuevas huelgas y movilizaciones, las posiciones varían según cada partido. Mientras la confluencia de Unidos Podemos ha mostrado su respaldo a estas convocatorias, si se producen, el PSOE ha indicado que “si el motivo de la huelga es que no se escucha a la comunidad educativa, no habrá huelga”.

“Nosotros respetamos el derecho a la huelga, aunque la verdad es que las imposiciones y apriorismos no nos parecen la mejor manera de construir cosas. Ciudadanos es más de trabajo y de ideas que de huelgas: qué le vamos a hacer, creemos que se consigue más con un espíritu constructivo que de queja, pero cada uno es libre de apuntarse a la opción que quiera”.

En la misma línea, Sandra Moneo, que no ha querido entrar a valorar la posible huelga, ha reiterado que “la comunidad educativa tendrá la oportunidad de ser escuchada en la Subcomisión”. “Creo que, cada uno, a la hora de lograr mejorar el sistema educativo tiene sus propias responsabilidades. Cada cual sabrá lo que hace, pero nosotros preferimos buscar acuerdos y acercar posturas”.

La Educación se ha convertido en una de las prioridades de esta legislatura que acaba de arrancar, y todo apunta a que el camino hacia una nueva ley será largo y no exento de polémicas. Tras contactar con los portavoces de los cuatro grandes partidos, las conclusiones principales quizás sean, por un lado, la voluntad (aparente) de elaborar un texto de consenso que cuente con la participación de la comunidad educativa, y, por otro, que sea una ley que ‘sobreviva’ a los cambios de Gobierno.

Fuente: http://www.madridiario.es/439791/claves-del-futuro-pacto-de-estado-por-la-educacion

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España: El 80% de los colegios privados reciben fondos públicos

España/17 diciembre 2016/Fuente: Aporrea

Casi el 80% de los colegios privados reciben fondos públicos en España, según los datos del Ministerio de Educación, que indican que el nivel de concertación de estudios ha crecido, al tiempo que la escuela pública pierde unidades, en los primeros años de aplicación de la contestada Lomce (Ley de Mejora de la Calidad Educativa), que el PP sacó adelante en solitario la pasada legislatura.

La comparación de los datos oficiales del curso 2011-2012, el anterior a la tramitación de la Lomce, y los del 2014-2015, el último cerrado, revela cómo en esos tres años creció tanto el número (de 9.327 a 9.396) como el porcentaje (del 79% al 79,3%) de etapas de formación que los colegios privados financian con fondos públicos, mientras las escuelas e institutos públicos perdían 230 grupos al pasar de 28.331 a 28.101.

Llama la atención cómo tanto la pública como la privada sin ayudas de la Administración pierden colegios de Infantil (120 y 8, respectivamente) en favor de la concertada, que gana 71. Esa etapa resulta clave para el futuro de los conciertos educativos, ya que estos se conceden por vías (promociones) que suelen mantenerse conforme ese grupo de escolares va superando cursos hasta finalizar su formación.

Esas políticas están provocando un importante flujo de alumnos hacia los centros concertados. Así, entre el curso 2011-2012 y el 2014-2015, el sistema educativo ganó 178.180 alumnos de los que 117.896 fueron a centros públicos, 13.553 a privados 46.731 a concertados. Los tres sectores ganaron alumnos en todas las etapas con una única excepción: la pública perdió 66.000 alumnos de Infantil y la privada otros 13.000 en esa misma etapa, de los que salió el grueso del avance de los colegios con conciertos en ese mismo tramo (casi 4.000) y en Primaria (30.000).

El desmantelamiento de lo público

El sistema público de enseñanza perdió 69 centros de Primaria y 80 de Secundaria en sólo tres cursos, pese a haber ganado 79.623 y 31.142 alumnos respectivamente

Las cifras oficiales revelan también el grado de desmantelamiento que está sufriendo el sistema público de enseñanza, que en sólo tres cursos perdió 69 centros de Primaria (para situarse en 10.337) y 80 de Secundaria (mantiene 4153) pese a haber ganado 79.623 y 31.142 alumnos en cada una de esas etapas.

La tendencia se mantuvo el curso pasado, cuando los centros públicos perdieron 26.694 de los 33.629 alumnos que salieron de Infantil -lo que supone casi el 80% de la merma- mientras el trasvase se intensificaba de manera generalizada: el descenso de 7.411 estudiantes en la enseñanza no universitaria se tradujo en una pérdida de 11.145 para la pública y una ganancia de 18.556 para la privada en su conjunto.

En la concertada apenas varían las cifras en esos tres años en lo que se refiere a número de centros (reduce un centro en Primaria y seis en Secundaria, y aumenta cinco en Bachiller) mientras la privada crece en las tres etapas (14, 17 y 24).

El peso de la concertada, que alcanza el 23,5% en las enseñanzas obligatorias, es menor en el sector de la FP, donde sus 830 centros de grado medio y superior suponen un 16,5% del total (5.005, con 3.574 públicos) y un 58% del total de la privada, que gestiona otros 601.

Fuente:https://www.aporrea.org/educacion/n301717.html

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Pedir la inclusión de las personas con autismo implica asumir que están excluidas

Por: Daniel Comin

Incluso en los textos legales se habla de la inclusión educativa, por tanto, si hablamos de incluir, implica que hay personas excluidas. Esto es una obviedad, por tanto asumamos que hay personas excluidas de forma social, legal y oficial.

¿No me creen? El artículo 56 del Código Civil español establece que: “quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Es decir, que hasta para casarse deberán demostrar su idoneidad, además de excluirlos, limitamos su libertad, dando por sentado que no pueden tomar decisiones que afecten a su vida sin la intervención y aprobación de un tercero. Osea, son «minusválidos».

Pero no es solo el propio Código Civil, es un extenso conjunto de normativas, reglamentos y disposiciones varias que deciden que la exclusión y diferenciación han de perpetuarse. De esta forma, el diferente vive a expensas de las decisiones de otros, quienes le otorgan su capacidad de relación con sus iguales; bueno, iguales, lo que se dice iguales no, ya que les hemos robado la igualdad, si acaso “parecidos”.

Este aspecto relacionado con la exclusión y segregación de las personas con diversidad funcional (esto no solo afecta a quienes tiene autismo) es visible de forma descarada en el proceso sanitario y educativo, pero realmente se extiende a toda la vida de la persona, tal y como vimos en el artículo 56.

En los aspectos sanitarios vemos cosas curiosas, por ejemplo, si una persona requiere de un tratamiento de diálisis, será el facultativo quien determine cuantas sesiones de diálisis recibirá el paciente, si 3 por semana o 3 por mes. En función del criterio del profesional acreditado se harán más o menos intervenciones. Si alguien debe recibir cualquier tipo de tratamiento médico o rehabilitador, será por tanto el facultativo o profesional quien decida la cantidad y frecuencia de las intervenciones. Pero si tienes autismo no, eso lo decide un reglamento o normativa. Las personas con autismo pueden ser divididas, sumadas, restadas, …, es un reglamento el que decide (indistintamente de su idoneidad) que un niño con autismo debe recibir dos sesiones semanales de 45 minutos de atención temprana. Si realmente necesita 11 horas semanales o 1 da igual, aquí el criterio profesional no sirve de nada, los profesionales del autismo no pintan nada, son considerados por el sistema público unos pringados obedientes.

Es decir, que una atención de terapia ocupacional, integración sensorial, logopedia, psicología (todo esto pertenece al ámbito sanitario), pues la decide un reglamento que alguien decidió en un momento determinado con ningún criterio técnico. Es una violación del derecho a la salud, es una intrusión profesional, ya que un reglamento escrito por un burócrata decide cómo se ha de realizar una atención sanitaria. Bien, nadie dice nada, los profesionales de la atención temprana es obvio que son una especie de Don Nadie, que ni pinchan, ni cortan, ni nada de nada. Y por extensión, las familias de esos niños tampoco ¡Y mucho ojo al que abra la boca!

Y si nos vamos al ámbito educativo, pues lo mismo. Un reglamento, o disposición, o ley, o lo que sea, decide cómo, cuándo, cuánto, dónde y quién dará la atención educativa del niño con autismo. Todo muy normal, igual que en el aspecto sanitario. Claro que aquí, además, haremos todo lo posible para generar todo tipo de trabas, problemas, levantamiento de muros, acoso y derribo a las familias díscolas, amenazas a los profesionales de la educación que tienen claro los derechos de sus alumnos, etc, etc, etc. Así pues, repetimos: Es obvio que son una especie de Don Nadie, que ni pinchan, ni cortan, ni nada de nada. Y por extensión, las familias de esos niños tampoco ¡Y mucho ojo al que abra la boca!

La EXCLUSIÓN social y vital de las personas con autismo es REAL, sus vidas están reguladas, sus derechos se limitan en base a leyes, reglamentos y otros malos propósitos. No son ciudadanos de pleno derecho, no son libres, hasta para casarse necesitan que les demos permiso, aunque para esterilizarlos nadie necesite su opinión. Son MinusVálidos para el sistema.

Fuente: https://autismodiario.org/2016/12/16/pedir-la-inclusion-las-personas-autismo-implica-asumir-estan-excluidas/

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