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Perú: Huelga de hambre del Sutep llega a su sexto día, mientras titular del Minedu minimiza la medida de protesta

Rosendo Serna dijo que la medida del Sutep es una “huelguita” mientras docentes exigen que se cumplan promesas de campaña.

Dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), se encuentran en su sexto día de huelga de hambre en protesta al incumplimiento de las promesas del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

El secretario general del sindicato, Lucio Castro, reiteró que esperan que se les asigne el 6% del PBI para educación, tal y como lo establece la Constitución Política del Perú y que se atienda a los cesantes y jubilados.

Por otro lado, demandan un aumento de remuneración para los auxiliares de educación y el nombramiento de los docentes contratados por orden de mérito.

Cabe señalar que el ministro de Educación, Rosendo Serna, minimizó la medida indiando que sería una “huelguita” a costa de los maestros que seguirían trabajando.

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Perú: SUTEP anuncia una huelga de hambre para este jueves 17 de noviembre

El comunicado señala que esta medida de lucha es a la «desatención» que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, «en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación», señalan.

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), anunció a través de un comunicado el inicio de una huelga de hambre para este jueves 17 de noviembre, como reclamo a las demandas y promesas que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña.

El comunicado señala que esta medida de lucha es a la “desatención” que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, “en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación”, señalan.

Es preciso señalar que en la huelga de hambre solo participarán los dirigentes de distintos puntos del país para que no “perjudiquen el normal dictado de los clases”, indica el SUTEP.

Como en anteriores marchas, el objetivo es exigir que se atiendan las demandas solicitadas y que en su momento fueron promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Entre sus principales pedidos está el aumento de S/ 800 para auxiliares de educación. “Actualmente, un auxiliar recibe en promedio S/ 1280 de sueldo, monto que es indigno y no compensa, siquiera, el costo de la canasta básica familiar”, reclaman.

Asimismo, recuerdan que el jefe de Estado durante su campaña “ofreció que el sueldo docente en su gobierno sería equivalente a una UIT. Para llegar a ese monto, el incremento debe ser de S/ 600 al año, hasta el 2026”.

SUTEP anuncia una huelga de hambre para este jueves 17 de noviembre

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Perú: SUTE Ayacucho se moviliza junto al pueblo y en defensa de la educación

América del Sur/Perú/01-04-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

  • Padres de familia protestaron por falta de agua potable en I.E. San Ramón.

Los combativos compañeros del SUTE Regional Ayacucho, liderados por su Secretario General, Pedro Pérez Quispe, se movilizaron por las diferentes calles de Huamanga, junto a diferentes organizaciones sociales y sindicales en contra del encarecimiento del costo de vida.

Nuestro sindicato siempre en las luchas del pueblo.

A una sola voz se hizo sentir el rechazo al aumento de precios en los alimentos de primera necesidad, del costo del gas, el servicio de energía eléctrica y combustibles.

“Los maestros y auxiliares del SUTE Ayacucho hemos protestado exigiendo una nueva nueva constitución, que rompa los monopolios del modelo neoliberal, y para que el gobierno del presidente Castillo cumpla con sus promesas electorales, sobre todo las relacionadas a educación”, afirmó nuestro dirigente.

En la movilización participaron más de 30 organizaciones gremiales, sociales y de base.

Compañero Pedro Pérez, Secretario General del SUTE Regional Ayacucho.

Colegio San Ramón 

Del mismo modo, se realizó una jornada de protesta junto a padres de familia de la Institución Educativa Pública Emblemática “San Ramón”, demandando a las autoridades regionales resolver la falta de servicios básicos en el centro de enseñanza, así como las condiciones de infraestructura y equipamiento.

La comunidad educativa del Colegio San Ramón exigieron atención de las autoridades regionales.

“Junto a los padres de familia nos hemos visto en la necesidad de salir a las calles para que se escuche el clamor de la comunidad educativa de San Ramón, que no tiene acceso al agua potable. ¿Cómo pretenden que los estudiantes se laven las manos ahora que han retornado a las aulas”, cuestionó.

El colegio “San Ramón” recibe a mil 500 estudiantes y presenta problemas con el suministro de agua potable debido a una mala conexión, lo que genera el corte del servicio de manera permanente.

Otro colegio con serios problemas es el “Abraham Valdelomar”, que se encuentra inhabitable.

En la provincia de Lucanas, por ejemplo, el colegio Manuel Prado está desarrollando sus actividades lectivas en aulas prefabricadas, debido al deterioro de la infraestructura.

¡SUTEP: 50 años de lucha magisterial junto al pueblo!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/sute-ayacucho-se-moviliza-junto-al-pueblo-y-en-defensa-de-la-educacion/

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Ucayali: El 70 % de escuelas no están aptas para el retorno a la presencialidad. Perú

América del Sur/28-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

  • Nuevo Comité Ejecutivo Regional del SUTE Ucayali afirma que no existe un Plan Estratégico para el retorno seguro a clases.

En la región Ucayali, la situación de la infraestructura educativa es crítica. El 70 % de los locales de enseñanza no está en condiciones para recibir a la comunidad educativa en marzo próximo, conforme lo ha dispuesto el Ministerio de Educación.

“La educación en Ucayali está totalmente en el olvido, no hay norte respecto a la conducción del sector y tampoco se ha dado capacitaciones para los maestros y maestras de cara al inicio del nuevo año escolar. En el Gobierno Regional todo marcha mal, al punto que el gobernador está preso por casos de presunta corrupción”, señala Daniel Ruiz Cometivos, reelecto como Secretario General del SUTE Regional Ucayali.

Menciona que el 80 % de escuelas tiene el mobiliario en pésimas condiciones, y en mismo porcentaje carecen de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica.

“No hay un plan estratégico para el año lectivo. Las autoridades y funcionarios del ministerio quieren anunciar el retorno a las aulas con bombos y platillos, pero en el fondo no están poniendo todas las condiciones ni los protocolos para que el inicio del año escolar sea seguro para toda la comunidad educativa”, afirma.

La Contraloría constató la situación ruinosa de los locales educativos en Ucayali. (Foto: Andina)

Maestros bilingües

Ucayali es una de las regiones en las que se aplica la Educación Intercultural Bilingüe – EIB, sobre la cual el SUTEP ha trabajado arduamente en los últimos dos años para fortalecer la capacitación de los maestros y maestras.

Sin embargo, solo existen 200 plazas de contrato para maestros bilingües, cuando se necesitan por más de 300.

“Eso pone en peligro el derecho de nuestros niños y niñas a recibir la educación en su lengua materna y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho”, enfatiza el dirigente del SUTEP Ucayali.

Deuda social

Ruiz Cometivos refiere que otro serio problema de la educación en Ucayali es el del pago de la deuda social por el 30 % por preparación de clases y evaluación.

Según indica, al 31 de diciembre del 2021, el Gobierno Regional tuvo saldos presupuestales ascendentes a 79 millones de soles. Sin embargo, no se pagó a ningún maestro pese a existir sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada a su favor.

Demandas del magisterio

El SUTE Ucayali exige la restructuración del Proyecto Educativo Regional.

El SUTE Regional Ucayali demanda la restructuración del Proyecto Educativo Regional, el pago de las bonificaciones por sepelio y luto y que el Gobierno Regional se allane al pago de la deuda social del 30 % sin judicializar, así como el pago de las compensaciones por 25 y 30 años de servicios.

La implementación y fortalecimiento del Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE, y de sus pares a nivel local, la reinstalación de la Mesa Técnica con el Gobierno Regional y la aplicación de auditorías a la Dirección Regional de Educación y las UGEL.

Daniel Ruiz fue reelecto como Secretario General del SUTE Ucayali para el período 2022-2025.

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/ucayali-el-70-de-escuelas-no-estan-aptas-para-el-retorno-a-la-presencialidad/

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Perú: Exigimos justicia para los maestros contratados! Sí al bono de Escolaridad

América del Sur/Perú/21-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones emitió el Decreto Supremo N° 001-2022-EF, del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, con el cual ‘Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad para el Año Fiscal 2022’.

El decreto, publicado el 14 de enero en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano deja fuera del beneficio de la bonificación de Escolaridad a los maestros y maestras contratados del país, contraviniendo así la modificatoria del Artículo 2 de la Ley N° 30328, conquista histórica del SUTEP. En ese sentido, interpondremos las medidas legales necesarias y saldremos una vez más a las calles para cautelar los intereses de los compañeros contratados. ¡No más discriminación! 

Reconocimiento del derecho

El SUTEP conquistó el derecho de Escolaridad para los maestros contratados.

Nuestro sindicato, logró que el 15 de julio del 2021 se promulgue la modificatoria de la Ley N° 30328, Ley que Establece Medidas en Materia Educativa, con la Ley 31278, incorporando a las maestras y maestros contratados como beneficiarios de la bonificación de Escolaridad, que se abona a los servidores estatales.

Dicho logro  fue el resultado de una larga lucha sindical liderada por el SUTEP, buscando un trato justo y digno para los compañeros contratados, quienes por décadas han sido postergados por el Estado en el reconocimiento de sus derechos.

Postergación ilegal

Con un Decreto Supremo, el gobierno de Castillo busca desconocer una Ley.

Lejos de hacer valer el beneficio para los compañeros contratados, el gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones pretende desconocer lo dispuesto por una Ley con una norma de menor rango, como es un Decreto Supremo.

Así, el dispositivo publicado en El Peruano excluye y discrimina a las maestras y maestros contratados, al establecer una serie de requisitos para ser beneficiarios de la Escolaridad, como estar laborando a la fecha de vigencia de la presente norma, o en uso de su descanso vacacional, o licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios al que se refiere la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud.

De este modo, el gobierno pretende una vez más desconocer las conquistas del SUTEP, sindicato absolutamente mayoritario del magisterio peruano y que, en cumplimiento de su rol, defiende los derechos de los trabajadores de la educación mientras su organización pro patronal se dedica a fines políticos, sectarios y personalísimos.

Nuestro sindicato exige trato justo y digno para los docentes contratados del país.

¡Exigimos el pago de la Escolaridad para las maestras y maestros contratados!

¡Sin luchas, no hay victorias!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/exigimos-justicia-para-los-maestros-contratados-si-al-bono-de-escolaridad/

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Perú: La deuda social con el magisterio: 30 años de incumplimiento del Estado

América del Sur/Perú/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

Este informe aborda el problema histórico de la deuda social magisterial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, desde la conquista del derecho, con la modificatoria de la Ley del Profesorado, hasta el inicio de los procesos judiciales para su pago y las luchas del SUTEP para que el Estado se allane a su reconocimiento por la vía administrativa.

1984. Huelga Nacional del SUTEP en el segundo gobierno de Belaunde, exigiendo el reconocimiento del SUTEP. (Foto: La República)

Podemos afirmar que 1984 fue un año histórico para el SUTEP. Habían pasado 12 años desde la gesta del Congreso Nacional del Cusco que dio nacimiento al sindicato, liderado en su período auroral por el maestro Horacio Zeballos Gámez y una hornada de combativos dirigentes que continuaron con el trabajo tras su temprano fallecimiento, ocurrido en marzo de ese año.

Bajo el liderazgo de Horacio Zeballos, el magisterio logró importantes conquistas laborales. (Foto: La República)

Exequias de Horacio Zeballos, 9 de marzo de 1984. (Foto: La República)

El país había retornado a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, pero en el sector Educación la situación era dramática, más en el aspecto laboral, resultado de la dictadura y la mal llamada reforma impuesta por los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.

Bajo la conducción del compañero Carlos Salazar Pasache como secretario general, el SUTEP inició el 4 de julio de aquel año su Tercera Huelga Nacional.

Parte del pliego de reclamos de la tercera huelga incluía un caro anhelo del magisterio: el reconocimiento legal del SUTEP como interlocutor válido de los maestros y maestras ante el Estado, logro que se concretó con la R.D. 011-84 del Instituto Nacional de Administración Pública – INAP.

Dirigencia del SUTEP en 1984, encabezada por el compañero Carlos Salazar Pasache.

Ley del Profesorado 

Culminada la huelga, con la que se alcanzó, entre otras cosas, el nombramiento de 30 mil maestros y la transferencia de la Derrama Magisterial – entidad totalmente quebrada con s/ 0.00 -, que fue reflotada con el esfuerzo de los maestros y maestras del SUTEP, comenzamos una intensa lucha, a fines de 1984, para concretar la aprobación de la Ley del Profesorado.

La dirigencia, dando ejemplo de lucha y sacrificio, se declaró en huelga de hambre. Hubo manifestaciones en todo el país y, desde luego, la solidaridad de toda la comunidad educativa.

Dirigencia del SUTEP en huelga de hambre por la Ley del Profesorado.

Así, el 14 de diciembre se promulgó la Ley Nº 24029, con la que se reconocieron diversas reivindicaciones laborales y económicas para el magisterio, siendo esta una norma democrática, germinada con participación directa de los maestros y que, sobre todo, estaba financiada, pues parte de los incumplimientos que el Estado mantenía con los trabajadores de la educación hasta ese momento se explicaba precisamente en la falta de recursos para solventarlos.

Ley del Profesorado, conquista absoluta de la lucha liderada por el SUTEP.

Modificatoria del Artículo 48

Seis años después, la lucha del SUTEP en su Sexta Huelga Nacional, iniciada el 15 de mayo de 1990, posibilita la promulgación de la Ley N° 25212, (20 de mayo de 1990), con la cual se insertaron modificatorias a la Ley del Profesorado de 1984.

Una de las más importantes fue la del Artículo 48, reconociendo, a partir de la fecha, que “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su Remuneración Total”.

En el mismo artículo se reconoció el derecho para que “El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley” perciban, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su remuneración total.

Asimismo, se estableció que “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10 % de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres».

Característica de la Ley N° 25212 es que ordenó el cumplimiento inmediato de las modificatorias, por lo que el magisterio percibió las asignaciones reconocidas en el Artículo 48 desde fines de mayo de 1990. Era Secretario General el compañero José Ramos Bosmediano.

Compañero José Ramos Bosmediano, Secretario General del SUTEP de 1989 a 1992.

Colgamiento del 30 %

Sin embargo, iniciado el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el Estado volvió a la vieja y nociva práctica de postergar y conculcar los derechos de los trabajadores de la Educación. El 8 de agosto de 1990 se aplicó el “Fujishock”, con las medidas neoliberales y anti sindicales del régimen.

De ese modo, el autoritarismo de Fujimori tuvo sus primeras señales precisamente contra los trabajadores, al publicarse el Decreto Supremo 051, del 4 de marzo de 1991.

En el Artículo 6 del D.S. 051-1991 se dispuso que “A partir del 1 de febrero de 1991, la Remuneración Principal de los funcionarios, directivos y servidores públicos se regirán por las escalas, niveles y montos consignados en los anexos adjuntos” de dicho decreto, estableciéndose al profesorado la Escala 05.

El Artículo 8 incluyó dos conceptos relacionados a la remuneración, siendo uno de ellos el de “Remuneración Total Permanente”, que según el texto de la norma es “Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad”.

Con esa premisa, en el Artículo 10 se ordenó: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente”.

Con ello, la dictadura de Alberto Fujimori, a la que el magisterio organizado en la filas del SUTEP enfrentó a lo largo y ancho del país, congeló el pago del 30 % por preparación de clases y evaluación, así como las demás bonificaciones reconocidas por la Ley del Profesorado y su modificatoria.

Los efectos del D.S. 051-1991 fueron ampliamente rechazados por el magisterio. El régimen respondió con la estrategia de perseguir, estigmatizar y encarcelar a los dirigentes de los trabajadores, así como pretender callar al movimiento sindical.

En la Séptima Huelga Nacional del SUTEP, de mayo de 1991, los maestros se mantuvieron 107 días en la lucha.

Brutal represión del régimen de Fujimori contra los maestros del SUTEP en la Séptima Huelga Nacional.

Fue con Alberto Fujimori que se inició la deuda social en el sector Educación, la misma que mantuvieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura, continuando el corte neoliberal y en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Alberto Fujimori, convertido en dictador desde abril de 1992, congeló los derechos de los maestros.

Solo durante el gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, a través del trato directo, se logró la restitución de varios de los derechos conculcados por la dictadura, como las bonificaciones por 20, 25 y 30 años de servicio, así como la asignación por luto y sepelio. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el 30 % por preparación de clases y evaluación.

Demandas y jurisprudencia 

El incumplimiento del Estado sobre los derechos laborales del magisterio obligó a miles de maestros a recurrir al Poder Judicial, lográndose importantes pronunciamientos jurisdiccionales en última y definitiva instancia como la Casación N° 9271-2009-Puno, N° 288-2012-Ica,  N° 2041-Piura,  N° 6871-2013-Lambayeque y otras, emitidas por la Corte Suprema de la República, que establecen parámetros sobre el cálculo de la bonificación del 30 % por preparación de clases y evaluación, que debe calcularse en base a la Remuneración Total Íntegra, como ordenó originalmente la Ley del Profesorado, y no sobre la Remuneración Total Permanente, como fijó el D.S. 051-1991.

Existen también pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del derecho adquirido con la modificatoria del Artículo 48 de la Ley del Profesorado. Asimismo, existe jurisprudencia referida a la validez de la bonificación a favor de los maestros cesantes y jubilados.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la deuda social magisterial.

La Ley del Profesorado estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre del 2012, norma que anula la bonificación del 30 %, pues en su Artículo 56 considera que la Remuneración Íntegra Mensual comprende “las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación…”

Se estima que la deuda social en Educación, dentro de la que se encuentra el pago de la bonificación que reconocía la Ley del Profesorado, asciende a 6,000 millones de soles.

Sin embargo, resulta injusto y vejatorio que los maestros y auxiliares a los que alcanzó tal beneficio hasta noviembre del 2012 se vean obligados a recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos.

Maestros en los tribunales

Siendo Secretario General del SUTE Lima Metropolitana, el compañero Lucio Castro promovió la presentación de demandas judiciales para el pago de la deuda social.

Al magisterio no le quedó más alternativa que la de tocar las puertas del Poder Judicial.

“Hasta antes del 2007, los maestros hacíamos el reclamo como parte de nuestra plataforma de lucha, pero no había acciones concretas en el terreno legal”, recuerda el compañero Lucio Castro Chipana, quien en ese momento se desempañaba como Secretario General del SUTE Lima Metropolitana.

La sugerencia que planteó fue que con apoyo de los abogados de la Derrama Magisterial,  entidad previsional de los maestros, se oriente a los docentes para que ingresen al terreno legal y allí se exija el pago de la deuda social.

“Fue así que se ingresó con fuerza en las demandas, lográndose las sentencias que declararon fundadas las exigencias de los maestros, jugando un papel importantísimo la orientación del SUTEP y el apoyo con la asesoría legal que se había conseguido a través de la Derrama Magisterial”, comenta.

En el caso de Lima Metropolitana, las sentencias empezaron a llegar de los diferentes sectores (bases sectoriales), declarándose fundado el pago del 30 % por preparación de clases.

En la actualidad se estima que son más de 50 mil las sentencias con calidad de cosa juzgada emitidas a favor del magisterio.

A la fecha, cada región del país tiene abogados asignados por la Derrama Magisterial para asesorar a las maestras y maestros en sus procesos judiciales.

Lima y el problema del pliego

En Lima Metropolitana, pese a existir sentencias, el Ministerio de Educación no cumple con el pago de la deuda social.

El caso de Lima Metropolitana resulta particular frente a los fallos judiciales referidos a la deuda social.

Mientras a nivel nacional se asignan saldos presupuestales de los gobiernos regionales para la amortización de la misma, en Lima Metropolitana, donde el sector educación depende directamente del ministerio, no existen saldos para el pago de las sentencias, postergando el derecho de miles de maestros y maestras, e incurriendo el Estado en un flagrante incumplimiento de los mandatos del Poder Judicial, contraviniendo lo señalado en la Constitución Política.

“En Lima hay miles de sentencias que no se cumplen, porque existe pliego, todo depende del Ministerio de Educación. Siendo la región con mayor número de maestros, no se atiende lo que el Poder Judicial ha ordenado. Si al año se destinan recursos para pagarle a cinco o seis maestros con sentencias en calidad de cosa juzgada, es mucho”, explica el Secretario General del SUTEP.

Pago sin judicializar

El Estado comprometió la asignación de 200 millones de soles al año para el pago de la deuda social de Educación. Sin embargo, el monto ha resultado insuficiente.

En la Ley de Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2012 se incluyó la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, que reactivó la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, por la cual se asignan año a año 200 millones de soles para dicho propósito, monto que debe ser distribuido entre todos los trabajadores estatales con procesos ganados. Monto evidentemente insuficiente para atender los compromisos con el magisterio.

Los saldos presupuestales regionales tampoco cubren el pago de la deuda social.

Ante ello, el SUTEP lucha para que el Congreso de la República apruebe una ley que declare de interés y necesidad nacional el pago de la deuda social sin judicializar. Es decir, que el Estado se allane al derecho y cumpla por la vía administrativa.

El 31 de mayo de este año, el Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la ley para el pago de la deuda social del 30 % por preparación de clases y evaluación sin judicializar. Empero, la norma no fue promulgada por el presidente Francisco Sagasti Hochhausler en evidente gesto de indiferencia ante las demandas del magisterio.

Francisco Sagasti se negó a promulgar la norma que reconocía el pago de la deuda social sin judicializar.

“El Poder Judicial, que es el que se pronuncia sobre la ley, ha dicho que este es un derecho nuestro. Son miles de sentencias las que tiene el magisterio a su favor, por lo que el Estado debería allanarse y pagar la deuda social por la vía administrativa, ahorrándose así millones de soles que se destinan al año en procuradores, abogados y trámites judiciales. Como SUTEP, siendo los pioneros en esta lucha, esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto pendiente para el pago de la deuda social sin judicializar”, enfatiza Lucio Castro.

Exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre del 2021, en la que también se exigió el pago de la deuda social sin judicializar.

¡Por el pago de la deuda social sin judicializar a todo el magisterio nacional!

¡Unidad para luchar, unidad para vencer!

¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/informe-especial-la-deuda-social-con-el-magisterio-30-anos-de-incumplimiento-del-estado/8

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El 100 % de la CTS: ¡Basta de la discriminación contra el magisterio! Perú

América del Sur/Perú/17-12-2021/Autor(a) y Fuente: sutep.org

  • Congreso de la República debe aprobar proyecto de ley en el Pleno.

  • Mientras otros servidores estatales perciben el 100 % de la CTS, los maestros y maestras solo el 14 %.

Los maestros y maestras del Perú se encuentran entre los trabajadores que sufren del trato discriminatorio del Estado, al que sirven desde las aulas, entregando en su apostolado más de 30 años de sacrificio y, muchas veces, incomprendida labor.

El SUTEP, como representante legítimo y mayoritario del magisterio, lucha desde hace décadas por romper esas diferencias que afectan los derechos de los educadores.

Como resultado de esta lucha, en las calles y en el terreno político, el viernes 10 de diciembre nuestro combativo y propositivo sindicato logró que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República apruebe con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el proyecto de ley que reconoce el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, equivalente al 100 % de la Remuneración Íntegra Mensual – RIM, para los maestros y maestras.

Aquel es un paso decisivo en la reivindicación magisterial. Sin embargo, para que el derecho se reconozca plenamente faltan dos etapas fundamentales: la aprobación del proyecto en el Pleno del Congreso y la promulgación de la norma.

Esto último estaría en manos del presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, quien siendo maestro debería cumplir con uno de sus ofrecimientos de campaña y firmar la ley para que se haga efectiva. Si esto no sucediera, el Congreso de la República tendría nuevamente la tarea en sus manos para promulgarla por insistencia.

Inequidad contra el magisterio 

Desde la Ley del Profesorado hasta el 2012, la CTS se calculaba sobre montos más dignos para los maestros y maestras.

La Ley N° 24029, Ley del Profesorado, promulgada el 14 de diciembre de 1984, conquista histórica del SUTEP, reconocía en su artículo 49, que “La remuneración compensatoria por tiempo de servicios se otorga al momento del cese a razón de un sueldo básico por cada año completo o fracción mayor de seis meses de servicios oficiales”.

La modificatoria de dicha norma, dada con la Ley N° 25212, de 1990, confirmó ese beneficio.

Con la Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial (2007), se estableció que “El profesor recibe remuneración compensatoria por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese a razón de dos (2) remuneraciones totales permanentes por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Percibe, además, una remuneración personal del dos por ciento (2%) de su remuneración por cada año de servicios cumplidos”. (Artículo 54).

Sin embargo, con la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, dada en noviembre del 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, se estableció con el artículo 63 una de las condiciones más injustas para el magisterio, al determinarse que “El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón del catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios”.

El SUTEP ha luchado en todos los espacios para que se revierta el trato injusto normado por la Ley de la Reforma Magisterial.

Otros servidores del Estado

El contenido discriminatorio de la Ley de la Reforma Magisterial se hace más evidente si se compara la base sobre la cual se proyecta la Compensación por Tiempo de Servicios de otros trabajadores estatales.

Así, por ejemplo, el personal de Salud al servicio del Estado percibe la CTS equivalente al 100 % del promedio mensual del monto resultante de la valoración principal que les fueron pagadas en cada mes, en función al Decreto Supremo N° 015-2018-SA.

El personal administrativo bajo el Régimen del Decreto Legislativo 276, recibe una CTS calculada tomando el 100 % del promedio mensual del Monto Único Consolidado de los últimos 36 meses de servicio. (Decreto Supremo N° 261-2019-EF), mientras que los docentes de la universidad pública, como señala el Decreto Supremo N° 341-2019-EF, reciben una CTS equivalente al 50 % de su remuneración al momento del cese.

Solo los maestros y maestras de la Educación Básica reciben una CTS equivalente al 14 % de la Remuneración Íntegra Mensual – RIM, al momento del cese.

Diferencias sustanciales 

De este modo, un maestro con 30 años de servicios recibe 10,000 soles como CTS al término de su labor.

De aprobarse la modificatoria de la Ley de la Reforma Magisterial en el extremo referido a este derecho, al cese de labores el maestro peruano recibiría, en promedio, 72,000 soles, monto que desde el SUTEP consideramos no solo digno, sino también justo, en valoración a la entrega dada a la formación de los hijos del pueblo.

Como es sabido, la Ley de la Reforma Magisterial establece ocho escalas, por lo que un maestro a medida que avanza en la Carrera Pública puede alcanzar montos superiores por la CTS.

El compromiso del Congreso 

Exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre.

En la histórica y exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre, la dirigencia del SUTEP, encabezada por el Secretario General, Lucio Castro Chipana, fue recibida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y los voceros de las diferentes bancadas.

En dicha reunión, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya, se comprometió a que su grupo de trabajo aprobaría en la presente legislatura el proyecto de ley que modifica el artículo 63 de la Ley de la Reforma Magisterial, ofrecimiento que se ha cumplido.

Lograrlo, fue el resultado de las permanentes gestiones desplegadas por nuestra dirigencia desde julio pasado con la comisión, teniendo como nexo principal a la secretaria de dicho grupo de trabajo, congresista Karol Paredes Foncesa, maestra y compañera sutepista.

El 23 de noviembre, las bancadas ofrecieron, además, incluir los proyectos reivindicativos al trabajo docente, entre ellos el de la CTS, en el debate del Pleno, por lo que desde el SUTEP exigimos que se dé cumplimiento a la promesa de aprobar el pago de la CTS tomando como base el 100 % de la RIM, al año, para los maestros y maestras del Perú.

La misma exigencia plantea nuestro sindicato a favor de los compañeros auxiliares de educación.

Las bancadas del Congreso se comprometieron a aprobar el pago del 100 % de la CTS en la presente legislatura.

El Congreso de la República, que en mayo de este año aprobó los proyectos impulsados por el SUTEP para romper con la discriminación referida a la CTS, no puede desaprovechar la oportunidad histórica de hacer justicia para el magisterio.

La vez anterior, el entonces presidente de la república, Francisco Sagasti, se negó a la promulgación de la norma, no quedando tiempo para la aprobación por insistencia. ¡Esta vez no puede suceder lo mismo!

Desde el SUTEP, seguiremos luchando para que cada vez se abran más plazas para nombramiento y que sean ocupadas por docentes que ahora sufren la inhumana condición de contratados, de manera que puedan gozar de sus derechos plenos. Para eso se requiere de la unidad y solidaridad de todo el magisterio.

En consecuencia, es necesario rechazar todos los intentos divisionistas, vengan de donde vengan, pues solo favorecen a la patronal y a los sectores explotadores.

¡Unidad para luchar, unidad para vencer!

¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/el-100-de-la-cts-basta-de-la-discriminacion-contra-el-magisterio/

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