Tráfico de personas y esclavitud: los infernales destinos para la infancia de Haití

Stevens tenía nueve años cuando su madre lo entregó a una familia que lo esclavizó como sirviente. Rachel cayó en una red de explotación sexual para turistas. Más de 50.000 niños cruzan cada año hacia la República Dominicana como víctimas del tráfico infantil.

Quince pasos da Stevens Guerrier hacia su madre para fundirse en un abrazo. Ella lo estruja por toda la espalda, mesurando la delgadez de su retoño y palpando las cicatrices de sus brazos y rostro.

Son prácticas largamente denunciadas, pero no resueltas: desde la explotación laboral hasta la prostitución y la servidumbre, miles de menores haitianos han sido vendidos con oscuros propósitos

—¿Dónde has estado? ¿Por qué has tardado tanto en venir? —le riñe cariñosamente Nathalie, ahogada en sollozos.

—No sé, tenía ganas de verte —repite el niño de 12 años ruborizado, sin soltarle la mano.

Se acaban de reencontrar después de más de tres años sin verse y sin saber nada uno del otro. Un jueves de mayo del 2017, Nathalie Pierre vendía en el mercado binacional de la frontera de Belladère, entre Haití y República Dominicana, cuando entregó a su pequeño a un hombre dominicano. La promesa de ofrecerle una vida digna en un hogar adoptivo terminó en pesadilla.

“Cuidaba el ganado, me obligaban a hacer muchos trabajos. No querían enviarme a la escuela. Estaba en la miseria. No querían comprarme ropa y dormía en la cocina. Me sentía muy maltratado”, cuenta el menor con la mirada gacha. Malvivió como criado para una familia de Santiago. Aprendió a hablar castellano, pero se niega a utilizarlo debido al trauma.

Stevens Guerrier imaginó cada noche la manera de fugarse de esa prisión. Cada noche pensaba en “volver al regazo” de su madre, explica, pero si sus dueños se hubiesen enterado de que quería escapar, lo habrían detenido. Su situación alertó a un vecino que le ayudó a huir en motocicleta hasta la frontera.

Las autoridades lo hallaron en el mismo cruce del centro del país donde fue abandonado y lo llevaron con la fundación Zanmi Timoun, encargada de acoger a menores supervivientes de trata y reunirlos con sus familias. Tardaron un par de días en encontrar a su madre en una remota comunidad, Capemte, a media hora en coche hacia los arrabales de Belladère. Luego, el par de voluntarios y el niño caminaron más de una hora por un sendero que atraviesa marchitas bananeras labradas por bueyes. Las viviendas de hormigón y varillas desnudas dan paso a chabolas de madera y adobe.

Los obligan a prostituirse, mendigar, y ahora hemos detectado que también para luchar en combates clandestinos

JUNIOR NOISETTE, TRABAJADOR DE ZANMI TIMOUN

“Hice lo mejor para llevar a mis hijos a la escuela, pero tenía muchos problemas. No tenía nada para alimentarlos y estuve resignada a entregarlos”, justifica Nathalie. Meses antes de despedirse de Stevens, ya había regalado a su hijo mayor, del que todavía no ha sabido nada. Esta ama de casa de 28 años tuvo que dejar la venta ambulante para cuidar a su marido, enfermo del riñón e incapacitado para trabajar en la cosecha. Comen lo poco que crece en su terraplén. El matrimonio y sus otros cuatro hijos habitan en un cuchitril de unos 15 metros cuadrados de tablones y techo de latón.

Jornaleros, mendigos… y luchadores clandestinos

La extrema pobreza que azota a una cuarta parte de la población haitiana empuja a miles de familias a abandonar a sus hijos. Una cuarta parte de los cuatro millones de menores en Haití no viven con sus padres biológicos y más de 50.000 cruzan al año ―150 a diario― a República Dominicana, según estimaciones oficiales.

“Allí los obligan a todo tipo de trabajos: prostitución, como lustrabotas, en el campo, mendigando por las calles y recientemente hemos detectado que están siendo utilizados para luchar en combates callejeros con apuestas en Dajabón (ciudad fronteriza dominicana) y en zonas de la costa”, señala Junior Noisette, trabajador de Zanmi Timoun. Han recibido al menos una docena de chicos “con heridas en la cara”, quienes relataron que les habían forzado a pelear por dinero y algunos detallaron que las luchas tenían lugar en la playa. Esta nueva práctica de explotación infantil fue confirmada por la Fundación Lumos y la red Jano Siksé.

Noisette recorre el paso oficial y las trochas ilegales de Belladère, por donde calcula que cruzan de 50 a 100 menores a diario. En agosto interceptaron a una pareja con seis niños de tres a nueve años sin ninguna relación de parentesco. Las familias biológicas admitieron haber pagado a los tratantes de 100 a 200 euros, bajo la promesa de llevarlos a un buen hogar adoptivo.

El fatal mercado fronterizo

Un gentío con enormes bultos en la cabeza, carretillas que se abren paso a empujones y vehículos motorizados repletos de plátanos y sillas abarrotan cada lunes y jueves el paso fronterizo de Ouanaminthe, en el norte del país. Son los días del mercado binacional. A las puertas del puente del río Massacre, varios agentes haitianos (Polifront) blanden sus látigos y ramas para intimidar a la muchedumbre o los sacuden en sus pantorrillas. En el bullicioso trasiego resulta muy complicado identificar a contrabandistas o a menores no acompañados. Pese a ello, la policía halló a dos hermanos abandonados esa mañana del 3 de noviembre, después de que su traficante saliese corriendo al toparse con los patrulleros. El niño de unos seis años y la niña de cuatro aguardan en las oficinas del Instituto de Bienestar Social (IBESR), que rechaza conceder una entrevista solicitada durante un mes.

Los militares dominicanos cobran de 500 a 2.000 pesos (7 a 30 euros) por dejar pasar a traficantes de niños

SYLVESTRE FILS, DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE TRATA

Algunos niños deambulan de aquí para allá vendiendo dulces o limpiando zapatos. Un grupo de adolescentes en minifalda y top coquetea con los agentes para evitar hacer la interminable hilera de medio kilómetro. Un joven con un niño también se salta la fila y atraviesa el portón tras un leve saludo de cabeza a un soldado dominicano, ataviado con casco de combate y fusil.

Ninguna autoridad solicita documentación a los viandantes. “No hay ningún control migratorio, por tanto, ninguna posibilidad ni intención de combatir el tráfico infantil o cualquier forma de trata”, asegura Sylvestre Fils, director del Observatorio de la Migración y la Trata Transfronteriza, creado hace un año como respuesta a la negligencia de ambos países.

Los observadores se mimetizan entre el vaivén de los comerciantes. Han detectado el cobro de sobornos por parte de las Fuerzas Armadas dominicanas para hacer la vista gorda tanto en el cruce de mercancías como de seres humanos. “Los militares no son muy exigentes, piden 500, 1.000, 2.000 pesos (de 7 a 30 euros). Depende de la cantidad de personas que lleve el traficante, pero no hay un monto fijo, es algo muy informal. La red de tráfico funciona permanentemente, por lo que ellos (los contrabandistas) desarrollan una relación con los militares”, asegura Fils.

Explotadas para el turismo sexual

Por esa turbia frontera, un lunes, ingresó Rachel Saint-Jean. Tiene 15 años. Cuando era niña sus padres la abandonaron y creció en las calles de Cabo Haitiano (norte), donde subsistía con algunas amigas. Su novio la convenció para enviarla a estudiar al país vecino, porque en Haití ya no podía permitirse pagar la Secundaria. Le organizó el viaje para verse con el traficante en Dajabón, ciudad limítrofe con Ouanaminthe.

“El señor [traficante] me llevó a su casa, pero estaba llena de gente. Entonces me mudaron a casa de una mujer con otras chicas. Ella solo quería escogerme hombres para que tuviese una historia de amor y me fuese a sus casas”, relata la adolescente, que todavía usa una cadena, regalo del novio que, al parecer, la vendió a una red de explotación sexual.

—¿Los hombres que te escogían eran blancos?

—Sí, blancos.

Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.
Varios agentes amenazan con sus látigos a la multitud agolpada en el puente del río Massacre, en la frontera norte de Ouanaminthe, a la espera de cruzar al mercado binacional del lado dominicano. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.AITOR SÁEZ

Rachel Saint-Jean llegó hasta Santiago y de ahí hacia algún punto de la costa norte, una zona turística, por lo que probablemente esos clientes “blancos” eran extranjeros. En las principales avenidas de los destinos más concurridos es habitual encontrar mujeres haitianas, algunas menores, ofreciendo sus servicios por menos de 10 euros.

“Fuimos [con el traficante] a una fiesta juntos y me puse muy ebria. No sé cómo, no recuerdo qué sucedió. Cuando me levanté… [hace una larga pausa] Vi que se había servido él mismo”, dice literalmente la joven para referirse al abuso sexual. Después de cuatro meses secuestrada logró escapar, o bien, la soltaron por su férrea resistencia a intimar con desconocidos: “No estaba de acuerdo, yo solo quería ir a la escuela. El señor me dijo que me dejaría en la calle si no aceptaba”.

Sin capacidad para combatir la trata

Tras regresar a la frontera de Ouanaminthe, el IBESR trasladó a Rachel al albergue de la congregación San Juan Evangelista, que cada año acoge a medio millar de niños y niñas supervivientes de trata. Su directora, la colombiana Alexandra Bonilla, aterrizó en esos confines de Haití tras el terremoto de enero del 2010. A los pocos días de la catástrofe, la detención de una decena de baptistas estadounidenses que intentaban llevarse a 33 infantes de Puerto Príncipe encendió las alarmas. El entonces primer ministro, Jean-Max Bellerive, aseveró que el tráfico infantil era “uno de los mayores problemas” y reconoció la existencia de “tráfico de órganos para niños”.

La hermana Bonilla levantó en esta década un espacioso centro transitorio, prueba de que el inhumano contrabando persiste. “Desde que estoy aquí no he visto que se haya reducido el tráfico de niños. Se mantiene igual o incluso ha aumentado. (…) El Gobierno no tienen los recursos para atajar este problema y sus causas”, lamenta la monja.

Encabezaremos las adopciones para evitar excesos como la pedofilia y el tráfico de órganos

ARIELLE VILLEDROUIN, DIRECTORA DEL IBESR

En 2016, Haití era el octavo país del mundo con mayor índice de esclavitud moderna, sobre todo debido a la enorme trata humana. En el último lustro, se han dado algunos pasos para la persecución del delito y la capacitación de funcionarios fronterizos, como evalúa el Departamento de Estado de EE UU en su último informe anual. Sin embargo, subraya que “el Gobierno no asignó fondos suficientes y no implementó procedimientos para la identificación de víctimas”.

En la práctica, parte de los funcionarios del IBESR mantienen una huelga desde hace tiempo, mientras que la creación del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP) se quedó en eso, en el nombre, completamente disfuncional sin presupuesto ni oficinas.

Los orfanatos, primer eslabón del tráfico infantil

El desamparo institucional ha favorecido la consolidación de un vasto entramado de orfanatos que operan como captadores de menores. Tan solo 50 de 750 de estos centros cuentan con licencia para funcionar, según datos oficiales. Un 80% de los más de 32.000 internados no son huérfanos. Para Bonilla, “la mayoría son un negocio y tienen a los niños para atraer donaciones a beneficio de los propietarios”.

Tras el terremoto del 2010, el número de orfanatos se duplicó y, pese a que el Gobierno ha clausurado 150, se siguen abriendo a un ritmo superior, motivados por el ingente lucro que generan. Tan solo un tercio de estas guarderías en Haití recibe unos 60 millones de euros anuales en donaciones, revela un informe de la Fundación Lumos. En contraste, el IBESR, ente nacional para la protección de la infancia, cuenta con un presupuesto de menos de un millón.

El centro Sourire d’Amour es una pocilga. En la entrada hay varios niños de tres a seis años sin pantalones, cubiertos de polvo, sin nada que hacer ni jugar. Las colchonetas de las literas están mugrientas y, muchas, rajadas. Ni hablar de una sábana. Las puertas de los armarios destartaladas dejan ver unas pocas prendas de ropa, seguro insuficientes para los 15 huérfanos. La cochambrosa cocina tan solo cuenta con un asador de carbón y sus estantes están vacíos, al igual que una jaula para guardar la comida. Las empleadas aseguran que la despensa se encuentra almacenada bajo llave en una habitación, pero rehúsan mostrarla.

La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería.
La hermana Bonilla, junto a algunos de los niños que acoge en el centro de la congregación San Juan Evangelista, en la ciudad fronteriza de Ouanaminthe, en Haití. Pincha en la imagen para ver la fotogalería. AITOR SÁEZ

Su propietaria, Inesse Joseph, pastora de una iglesia con el mismo nombre del orfanato, estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando arrebató de sus familias a 47 chiquillos de comunidades rurales al extremo oeste del país, con la expectativa de que serían adoptados por extranjeros. “¡Demasiadas personas se enriquecen de los pobres! ¡Los encontramos en un estado terrible! ¡Debemos dejar de vender niños!”, vociferó desencajado un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instantes después del rescate de los pequeños, de dos a siete años, a quienes tuvieron que llevar al hospital por su deteriorado estado de salud.

El orfanato sigue funcionando sin acreditación a la salida de Pétion-Ville, el barrio menos desdichado de Puerto Príncipe. En ese mismo distrito, en febrero del pasado año, murieron 15 niños y niñas en el incendio de un orfanato, también irregular, gestionado por un grupo de estadounidenses miembros de la Iglesia de la Comprensión Bíblica, que nos niegan el ingreso a otro de sus centros. El fuego se produjo por alguna de las velas que se usaban para iluminarse, debido a la carencia de electricidad. Las instalaciones no cumplían con los estándares básicos. “Estaban realmente muy descuidadas (…) Todo lo que vemos son niños viviendo como animales”, destacó la jueza del caso sobre un panorama que, a tenor de las imágenes, se asemeja bastante al Sourire d’Amour.

Además, en muchos de los internados “sufren violencia” y en algunos casos “abusos sexuales y muertes evitables”, según el estudio de Lumos, cuya conclusión es que los orfanatos actúan como tratantes. A fin de restringir el tráfico transfronterizo por parte de estos centros, la Administración haitiana endureció los requisitos para la tramitación de adopciones. “Encabezaremos los procesos (de adopción), lo que evita algunos excesos, porque se ha hablado de pedofilia y tráfico de órganos”, mencionó la directora del IBESR, Arielle Jeanty Villedrouin a comienzos del pasado año.

Impunidad criminal

Por la porosa frontera de 370 kilómetros que divide La Española se contrabandean desde animales hasta drogas y armas. Alexis Alphonse camina a diario más de una hora por un prado de Ferrier, a las afueras de Ouanaminthe, para sentarse toda la mañana bajo un sauce próximo al arroyo que separa a Haití de República Dominicana. Tan solo una piedra amarilla indica que se trata de una frontera.

Algunos transeúntes se arremangan los pantalones para vadear el riachuelo sin mojarse. Alexis los anota con una rayita sobre un portapapeles, testigo de dos décadas de cruces irregulares registrados para la Red Fronteriza Janó Siksé, desplegada en decenas de puntos a ambos márgenes.

Los traficantes son el tercer grupo más rico del país

ALEXIS ALPHONSE, COORDINADOR RED FRONTERIZA JANO SIKSÉ

“Los pequeños traficantes pasan por aquí, con niños, sin preocupación. Cuando los paro, incluso se identifican como traficantes. Desconocen que están cometiendo un crimen, que hay una ley que los puede meter en la cárcel”, exclama. Los contrabandistas son a veces familiares de la víctima o conocidos de la comunidad, donde a menudo son vistos como salvadores por, teóricamente, sacar a sus hijos de la penuria. Se considera como otro empleo cualquiera, aunque “los tratantes conforman el tercer grupo más rico del país”, según Alphonse.

Haití tardó hasta 2014 para aprobar una ley contra la trata humana, que prevé sanciones de hasta 15 años de cárcel y 14.000 euros de multa. No obstante, la Patrulla Fronteriza (Polifront) apenas detuvo a 51 individuos sospechosos en 31 casos de tráfico desde abril del 2019 hasta el mismo mes del pasado año, según el informe de Washington. Ningún expediente llegó a condena. La justicia haitiana solo ha sentenciado seis casos en 2019 y uno en 2017.

La persecución de la trata infantil tampoco mejora en la otra mitad de la isla. La Fiscalía dominicana aumentó las investigaciones respecto a años anteriores, pero redujo considerablemente las sentencias. Tan solo condenó a cinco acusados. La escasa judicialización se debe en gran medida a la complicidad de las autoridades en las redes de trata, desde funcionarios de la Fiscalía hasta policías, como enfatiza el Departamento de Estado de EE UU, que rebajó la calificación de República Dominicana al nivel de Haití.

Servidumbre, la extendida forma de esclavitud infantil

Los coloridos atuendos escolares, que por las tardes inundan alegres las polvorientas calles, disfrazan la desgracia para 1 de cada 15 pequeños. Alrededor de 407.000 niños y sobre todo niñas trabajan como empleadas domésticas. Unos 286.000 tienen menos de 15 años.

Los “niños sirvientes” son conocidos como restavek (quedarse con) y suelen provenir de familias humildes de zonas rurales, vendidos o entregados a hogares con mayor poder adquisitivo. En su mayoría no reciben retribución y soportan condiciones inhumanas y maltratos, tal y como denuncia Unicef, que tacha esta práctica como una forma de esclavitud moderna, socialmente tolerada en Haití.

Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa.
Nathalie junto a su hijo Stevens, momentos después de reencontrarse. Pincha en la imagen para ver la fotogalería completa. AITOR SÁEZ

Fue otra de las alternativas que Nathalie se planteó ante la imposibilidad de cuidar a Stevens. “Pensé en dárselo a alguna vecina que lo pudiese mantener, pero aquí somos todos muy pobres. Además, aquí hubiese pasado las mismas dificultades, siempre se cree que con los españoles [como llaman a menudo a los dominicanos] tendrán mejor vida”. Nada más lejos de la realidad.

Haití registra unas 59.000 personas viviendo como esclavas y República Dominicana, 42.000; ambos entre los tres países de Latinoamérica con mayor tasa de esclavitud, solo por detrás de Venezuela, según el Global Slavery Index de 2018, que estima en un 70% la población haitiana en riesgo de sufrir esclavitud.

El primer país de América Latina en independizarse, gracias a la única revuelta de esclavos exitosa en la historia humana, padece todavía los estragos de una multimillonaria multa impuesta por Francia por haber perdido su perla del Caribe, sumado al prolongado bloqueo diplomático y comercial del resto aplicado por el resto de naciones como escarmiento. Haití jamás se repuso del saqueo colonial y del alto precio por su libertad.

“¿Qué otra opción tenía?”, se pregunta a menudo Nathalie. ¿Qué otra opción tenía si quería dar de comer a Stevens y a sus otros cuatro hijos en un país donde la mitad de menores sufre malnutrición? ¿Qué otra opción tenía para que su hijo siguiese estudiando, si apenas dos de cada diez adolescentes pueden cursar Secundaria?

En el lugar más pobre del hemisferio occidental la salvación pasa por arriesgar la vida al azar. El abismo en Haití está a 15 pasos, los que tardó Nathalie en perder de vista a Stevens hace tres años. “Cuando se marchó, cayeron lágrimas de mis ojos. Me arrepentí de inmediato, pero me quedé paralizada. Cuando volví a reaccionar, ya era tarde, había desaparecido entre la muchedumbre. Pensé que jamás lo volvería a ver”. No puede dejar de achuchar a su pequeño para creérselo. 15 pasos entre el milagro y el infierno.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-02/trafico-y-esclavitud-los-infernales-destinos-para-la-infancia-de-haiti.html

 

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Entrevista a Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de «La asignatura pendiente»: «Los estudiantes saben más del nazismo que del franquismo»

Por: Olga Rodríguez

El profesor en la facultad de Educación de la Universidad de León revela que casi la mitad de los libros de texto en España no reflejan la represión franquista y señala tergiversación y equidistancia en varios manuales. También desvela la ausencia de referencias a las mujeres republicanas y a la persecución que sufrieron.

Generaciones enteras en España siguen sin conocer bien en qué consistió la represión franquista y cómo fue la lucha contra la dictadura tras la Guerra Civil. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hizo el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez y, para hallar respuestas, decidió impulsar con otros profesores universitarios un estudio pormenorizado sobre los libros de texto de secundaria y bachillerato que abordan esa época histórica. Además, él y sus colegas elaboraron una encuesta, entrevistando a 610 profesores y profesoras de Historia de institutos de todo el país sobre su percepción de los contenidos en los manuales.

La conclusión fue clara: «El sistema educativo sigue blanqueando el franquismo demasiado a menudo», señala Díez, autor del libro La asignatura pendiente, en el que recopila los hallazgos del estudio, contando los fallos y carencias de muchos libros de texto a la hora de abordar el franquismo. El profesor considera que no basta con analizar, así que elaboró con sus compañeros una propuesta: una serie de unidades didácticas con un enfoque en derechos humanos para ponerlas al servicio de todos los docentes interesados en ofrecer una visión más ajustada y detallada de aquella época.

«Se agotaron las publicadas en papel, nos las han pedido de todas partes, muchas personas dedicadas a la enseñanza las están usando», relata en conversación con elDiario.es.

Foto: El ensayista y profesor universitario Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de La asignatura pendiente

Recientemente Díez y la editorial con la que publica, Plaza y Valdés, han mantenido contacto con la Secretaría de Estado de Memoria, a la que han hecho llegar estas unidades –disponibles en Internet–, proponiendo que sean usadas como herramienta educativa en todo el país, ya que desde el Gobierno se había manifestado interés por transmitir el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas.

«No puede tratarse de algo que dependa de la voluntad del profesorado de turno, como ocurre ahora. Debería estar integrado en el currículum, y eso es lo que se ha propuesto a la Secretaría de Estado, que lo tengan todos los departamentos de Historia de todos los institutos de este país. No hemos obtenido respuesta aún. Estamos a la espera», explica el autor de La asignatura pendiente.

El origen del proyecto

Hace unos años Díez y otros profesores universitarios que colaboraban en la realización del documental Los campos del silencio, de Eloína Terrón, acudieron al pueblo berciano de Fabero (León) para preguntar a los chicos y chicas del instituto qué sabían del pasado de sus propias familias.

«Fabero fue un pueblo con esclavos del franquismo, represaliados a los que pusieron a trabajar en un campo de concentración en la mina. Nos llamó la atención que, cuando preguntamos, de los 21 estudiantes que había en la clase solo una sabía algo de aquello, y no porque se lo hubieran contado en la escuela o instituto. Lo llamativo es que casi todos habían tenido abuelos o bisabuelos represaliados, era la historia de su propia familia lo que desconocían», cuenta.

Los profesores organizaron entonces una visita al lugar donde familiares de esos alumnos habían sido forzados a trabajar como esclavos. «Fue una experiencia única, un aprendizaje no solo intelectual, sino también emocional. Lo emocional es fundamental para ponerse en la piel del otro y empatizar. Por eso países como Alemania o Argentina organizan habitualmente visitas a lugares de memoria: son experiencias a través de las cuales se puede comprender mucho mejor lo que supuso la represión de las dictaduras», explica.

Poco tiempo después de aquello Enrique Javier Díaz proyectó en una de sus clases el documental El silencio de otros, en el que se aborda la represión franquista y la búsqueda de personas desaparecidas. «Resultó una especie de epifanía para ellos, muchos reaccionaron diciendo: ‘Nos han robado parte de nuestra historia’, porque hasta ese momento desconocían este pasado que explica tanto nuestro presente», señala.

Fue entonces cuando la idea de escribir las unidades didácticas y el libro La asignatura pendiente tomó forma. «La falta de conocimiento provoca generaciones de desmemoriados, que desconocen no solo la represión franquista, sino la lucha por la democracia o la presencia de los maquis. La mayoría de la población solo tiene contacto con la historia académica en la escuela. Si esto no se aborda en los colegios e institutos, se perpetúa la ignorancia. Los estudiantes saben mucho más del nazismo que del franquismo», reflexiona.

La represión contra las mujeres, ausente

Foto: mujeres rapadas y humilladas por la represión franquista en Oropesa, Toledo. Fondos de la Biblioteca Nacional Española.

Uno de los fallos que ha detectado el estudio detallado en La asignatura pendiente es que «la represión franquista contra las mujeres está completamente ausente de los libros de texto», explica durante la entrevista con elDiario.es:

¿En qué consistió esa represión contra las mujeres?

Se les rapaba el pelo: para el franquismo el pelo largo era el símbolo de la cultura de la feminidad, quitárselo equivalía a robarles la identidad, la feminidad. Eran obligadas a ingerir aceite de ricino, que provocaba diarreas constantes, y las paseaban por las calles en esa situación. Se les aplicaba violencia sexual, se las violaba. Eran castigos destinados específicamente a ellas. Pretendían volverlas a poner en lo que consideraban que era su lugar. Ellas habían logrado derechos, reivindicado libertades, y querían ponerlas «en su sitio», atarlas a la pata de la cama. Muchas, además, recibieron castigos por ser esposas, hermanas, familia o amigas de los republicanos.

Se usaban además otros castigos específicos que trataban de atentar contra su rol reproductivo, castigos vinculados a la maternidad. Separaban a las madres de sus hijos en las cárceles y se inició el robo de bebés para darlos en adopción a familias cercanas al régimen, para que fueran educados con familias de bien, porque sino, serían infectados con el ‘gen rojo’.

En definitiva, se las castigaba por ser rojas, por ser mujeres y por haber roto moldes y estereotipos. El objetivo era volverlas a colocar en un papel subordinado. El cuerpo de las mujeres fue usado como campo de batalla, para la humillación constante, muchas veces con el objetivo de vencer a los parientes masculinos ausentes. Y todo eso no aparece en ningún libro de texto, está absolutamente invisibilizado.

Además de la represión franquista contra las mujeres, han identificado ustedes otros temas tabú que no suelen ser abordados en los libros de texto.

Eso es permanente. Por ejemplo, el papel de la Iglesia católica. El texto de la editorial Vicens Vives de cuarto de la ESO, que quizá es el que más se implica y detalla, dice literalmente que «esa represión fue llevada a cabo con el consentimiento de los grupos sociales que respaldaban el alzamiento y en ocasiones con el apoyo de la propia Iglesia». ¿Cómo que «en ocasiones»? Todos los obispos, excepto el de Pamplona, firmaron una carta en la que respaldaban el franquismo y además iban denunciando a la gente, eran ellos los que recibían la denuncia para que luego se aplicara castigo y se torturara a los señalados.

El papel legitimador de la Iglesia en el proceso de represión sistemática fue bendecido por la jerarquía católica. Sin embargo, esto solo se menciona en la mitad de los libros de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato. Anaya, por ejemplo, señala en su libro de 2º de Bachillerato: «La jerarquía eclesiástica estuvo al tanto de la represión oficiada por los ganadores, eligió muchas veces el silencio o la justificación de los excesos pretextando un bien mayor». Es como una especie de blanqueamiento. Sin embargo, no es que estuviera al tanto, es que fue una de las de las protagonistas fundamentales de la represión.

La editorial Laberinto va más allá y dice que la Iglesia «apenas tuvo otra opción». ¿Cómo que «apenas tuvo otra opción»?. Lo justifica diciendo que «en la zona republicana se desencadenó una persecución indiscriminada e incontrolada contra el clero católico». Es como volver a retomar toda la historiografía del fascismo y plasmarla en los libros de texto. Ha habido una Transición y cuarenta años de democracia, no se puede seguir manteniendo la ideología franquista en los libros de texto que están estudiando chicos y chicas del siglo XXI.

En el libro también menciona otros asuntos que no aparecen en los manuales.

La lucha antifranquista es otro tabú. O el enriquecimiento de familias franquistas a costa de las republicanas expoliadas, o la implicación activa de una parte de la sociedad civil que se sentía vencedora, o la triple represión dirigida contra las mujeres, una represión que estuvo organizada de forma sistemática.

En La asignatura pendiente expone equidistancias presentes en muchos libros de texto aún. En algunos hay incluso falsedades…

Sí. Hay muchos libros que buscan equiparar, hacer un paralelismo entre golpistas y defensores de la democracia, y para ello hablan de los «desmanes de ambos bandos». Algunos afirman que «uno y otro lado provocaron las mismas víctimas», mintiendo, porque para empezar los golpistas ejercieron durante cuarenta años una represión sistemática, legal y además con carácter retroactivo.

Hay un libro, de la editorial Bruño, que señala que «en el territorio republicano se desarrolló el terror rojo, muy turbulento contra la Iglesia y contra los partidarios de los sublevados, y en la zona nacional se impuso más sistematizado el terror blanco, que represalió y fusiló a numerosas personas fieles a la República». Es decir, presenta el modelo de los dos terrores. Esto es el relato del franquismo trasladado a libros de texto. Se sigue blanqueando de alguna forma la dictadura. Otro de los aspectos preocupantes es la invisibilidad y la minimización que se hace de la represión franquista. Solo la mitad de los manuales hacen referencia a la represión franquista a pesar de que duró cuarenta años.

Algunos textos hacen referencia a los paseos, pero si preguntas a los alumnos muchos no saben de las cunetas, ni de las fosas, ni de la represión sistemática. Tampoco se habla de la persecución que se ejerció contra familiares o amigos de republicanos. Varios libros de texto que sí mencionan la represión lo hacen definiéndola como una persecución política o una limitación de libertades y, por tanto, minimizándola. Bruño, la más escandalosa, se limita a decir que «las autoridades regularon la vida pública y privada». ¿Esa fue toda la represión?

Algunas editoriales, como Vicens Vives, han empezado a incorporar más referencias, afortunadamente. Pero en muchos casos siguen siendo aún pequeños apuntes, no abundan en ello. Dicen que la represión se institucionalizó y que fue sistemática, pero no la describen, lo dejan ahí, es insuficiente, se limitan a términos muy abstractos.

¿Qué han encontrado en las encuestas realizadas al profesorado?

Que los obstáculos son numerosos. Cuento una anécdota muy gráfica. Un profesor de Filosofía comparó en una clase de segundo de Bachillerato la Biblia con un libro de Harry Potter, con la voluntad de indicar que no era científico, sino una creación literaria. Pues bien, dos alumnos le denunciaron a la dirección. La dirección exigió al profesor que pidiera perdón. Lo interesante es el argumento que ofreció la jefa de estudios, que era profesora de Historia, y quien dijo: «Esto es como cuando yo llego a la época de la Guerra Civil, paso de puntillas por el tema y no entro mucho porque hay alumnos de los dos bandos, hay que ser equilibrado en la docencia».

Ese argumento de esa profesora es como comparar a las víctimas con el victimario, al violador con la violada, es una equidistancia que está muy presente en muchos libros de texto. Hay muchos profesores que no llegan a explicar la época del franquismo porque el temario comienza por la Prehistoria. Otros llegan pero optan por pasar de puntillas, excepto los más comprometidos. Hay muchos que aún conciben que sigue habiendo una guerra fratricida, que hay que mirar hacia delante sin abordar el asunto porque culpan por igual a los golpistas y a los defensores de la democracia. Es una cultura educativa preocupante.

¿Qué consecuencias tiene esta falta de conocimiento en materia de memoria histórica en nuestra sociedad?

Muchas. Empezamos a analizar los libros porque los textos escolares siguen dominando el currículum, los libros ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la percepción del pasado, presente y futuro. Hemos visto que esto ha generado una desmemoria brutal. Esto me choca, porque en países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Argentina o la propia Polonia se abordan estos temas, se visitan lugares de memoria.

Las dictaduras siempre usan el olvido para imponer su visión de la historia y por eso la democracia es la garante y la responsable del recuerdo y la memoria que se lega a las futuras generaciones. Si un solo alumno o alumna acaba sus estudios obligatorios sin conocer lo que fue la represión franquista para varias generaciones, entre las que estuvieron en muchos casos sus propias familias, estamos ante una tragedia en pleno siglo XXI.

Y si además han cursado Bachillerato y no saben que actualmente hay una generación de nietos y de nietas que luchan para recuperar la memoria y la dignidad de estas generaciones de represaliados y que reclaman verdad, justicia, reparación, es que algo estamos haciendo muy mal en el sistema educativo. Porque el derecho a saber creo que es algo que debe ser desarrollado por todos los centros educativos y en todos los libros de texto escolares, al margen de la editorial que sea, al margen de que sea un centro educativo público, privado o concertado. Es un deber, el deber de la verdad.

¿Qué aprendizaje se puede extraer de todo esto?

Hay quienes dicen que no hay que remover el pasado ni reabrir heridas. Están equivocados: el deber de memoria está plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Reyes Mate, a quien entrevistamos mucho para nuestros documentales, lo dice muy bien: las heridas no están cerradas y su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. Juan Gelman, el poeta argentino, decía que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado en realidad persiguen el olvido de su pasado particular. Herederos del franquismo, cuando dicen eso, en el fondo lo que quieren es que se olvide su pasado particular.

¿Qué reflexión final hace sobre esta equidistancia y esta falta de conocimiento que hay aún sobre la II República, el golpe de Estado del 36, la guerra y la dictadura?

Los historiadores advierten de que la incomprensión nace fatalmente de la ignorancia del pasado. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Por eso para ser demócrata hay que ser antifascista. No se puede seguir blanqueando el fascismo, como se hace demasiado a menudo en el sistema educativo. No hay neutralidad ni equidistancia posible entre el fascismo y la democracia.

Fuente: https://rebelion.org/los-estudiantes-saben-mas-del-nazismo-que-del-franquismo/

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Trabajo forzado y esclavas sexuales, las claves de la disputa histórica que mantiene enfrentados a Japón y Corea del Sur

Redacción: BBC Mundo

Durante décadas, Japón y Corea del Sur han sido grandes socios comerciales y, al mismo tiempo, los mayores aliados estratégicos de Estados Unidos en Asia oriental.

Pero en los últimos meses, esa relación ha sufrido un vertiginoso deterioro hasta el punto que este viernes se anunció la decisión de Tokio de despojar a Seúl de su estatus de socio comercial preferente.

La medida adoptada por el gobierno del primer ministro Shinzo Abe dificultará el acceso que tienen industrias que son clave para la economía de Corea del Sur, como las del automóvil o la petroquímica, para adquirir más de un millar de productos nipones.

Esta limitación se suma a una restricción previa impuesta a inicios de julio, mediante la cual Tokio puso límites a la exportación de materiales industriales que Seúl necesita para fabricar semiconductores y pantallas de visualización.

Más allá del daño que puedan causar a una relación comercial que en 2017 superó los US$82.000 millones, se teme que estas medidas generen perturbaciones en la cadena de suministro global de productos de alta tecnología, sumando un problema adicional a una economía global que parece perder fuelle.

Seúl ha amenazado con hacer que la controversia sea resuelta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y ha advertido que dispone de medidas que puede hacer «mucho daño» a la economía de Japón.

Sin embargo, curiosamente, esta disputa no tiene su origen en ninguna diferencia comercial sino en una controversia histórica que durante décadas ha arrojado su sombra sobre la relación entre ambas naciones.

Colonia y esclavitud

En 1910, la península coreana fue anexada por el imperio japonés a través de un polémico tratado que dio inicio a un periodo de dominio nipón que se extendió hasta el final de la II Guerra Mundial.

En las primeras décadas del siglo XX ya Japón era una potencia industrial.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEn las primeras décadas del siglo XX ya Japón era una potencia industrial.

Se trataba de la culminación de un proceso que se había iniciado en 1905 con la firma de un acuerdo impuesto por la fuerza desde Japón, mediante el cual la península se convertía en su protectorado.

A partir de entonces Tokio impuso en la península un gobierno conformado por un gobernador y por oficiales militares nombrados por el emperador.

Los ciudadanos coreanos quedaron privados de derechos elementales como la libertad de expresión y de asociación, mientras las autoridades coloniales intentaban impulsar su asimilación a través de un sistema educativo que favorecía la enseñanza del japonés y excluía la formación sobre lengua e historia coreana.

La expansión del imperio japonés y el inicio de la Segunda Guerra Mundial tuvieron fuertes consecuencias para la población coreana.

De acuerdo con fuentes surcoreanas, se estima que hasta 7,8 millones de coreanos fueron reclutados como soldados o como trabajadores esclavosdesde la etapa previa hasta el final de la guerra.

En octubre de 1945, la llegada de las tropas estadounidenses a Corea del Sur puso fin a más de tres décadas de dominio nipón.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEn octubre de 1945, la llegada de las tropas estadounidenses a Corea del Sur puso fin a más de tres décadas de dominio nipón.

Muchos fueron enviados a trabajar en minas o en fábricas de municiones a lo largo de Asia, mientras otros tuvieron que combatir en las filas del Ejército nipón.

Las mujeres, sin embargo, tuvieron un destino distinto, incluso peor. Decenas de miles de ellas fueron forzadas a trabajar en prostíbulos creados para satisfacer a los soldados japoneses.

Eran llamadas «mujeres de confort» y se estima que hubo unas 200.000 de ellas, incluyendo coreanas, chinas y filipinas.

De las mujeres surcoreanas que fueron convertidas en esclavas sexuales del Ejército nipón solamente quedan vivas menos de 50.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDe las mujeres surcoreanas que fueron convertidas en esclavas sexuales del Ejército nipón solamente quedan vivas menos de 50.

No eran prostitutas. Eran esclavas sexuales.

Muchas fueron secuestradas y obligadas a tener relaciones sexuales con los soldados durante años.

La disputa por las reparaciones

Después del final de la II Guerra Mundial, el gobierno de Corea del Sur buscó que Japón pagara algún tipo de compensación por el daño infligido a estos trabajadores.

Así, en el acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas firmado por ambos países en 1965, Tokio aceptó pagar US$300 millones en ayudas y US$200 millones de préstamos para Corea del Sur.

Esos fondos, sin embargo, no fueron a parar a manos de aquellos trabajadores que habían sido esclavizados sino que fueron utilizados por el gobierno militar que entonces regía el país para la construcción de autopistas, fábricas y acueductos.

No sería sino hasta finales de la década de 1980, después de que Corea del Sur logró democratizarse, cuando muchos de los que habían sido sometidos a trabajos forzados acudieron a la justicia para buscar ser resarcidos.

Una sentencia contra Nippon Steel & Sumitomo Metal abrió el camino para otras decisiones adversas a las empresas japonesas.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUna sentencia contra Nippon Steel & Sumitomo Metal abrió el camino para otras decisiones adversas a las empresas japonesas.

Aquellas primeras demandas fueron introducidas ante juzgados de Japón, que terminaron desechándolas con el argumento de que las compensaciones ya habían sido pagadas tras el acuerdo de 1965.

Allí se señala textualmente que todos los reclamos relacionados con la era colonial se consideran «resueltos de forma completa y definitiva».

Ante el rechazo de las cortes japonesas, a partir del año 2000 las demandas comenzaron a ser presentadas ante tribunales en Corea del Sur.

Allí los juicios tampoco prosperaron inicialmente. Sin embargo, en 2004 un tribunal ordenó al ministerio de Exteriores de Corea del Sur a hacer públicos los documentos relacionados con el acuerdo de 1965.

Posteriormente, esto llevó a la creación de una comisión nacional que estudio el tema, la cual concluyó que el tratado no incluía las compensaciones por los «actos ilegales en contra de la humanidad».

Además señalaba que gran parte de los US$300 millones que había pagado Japón debieron haber sido entregados a las víctimas del trabajo esclavo.

Como consecuencia de todo este proceso, el gobierno de Corea del Sur terminó distribuyendo después unos US$547 millones entre unas 72.600 personas.

Gigantes industriales como Nissan están incluidos en las demandas que revisa la justicia surcoreana.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionGigantes industriales como Nissan están incluidos en las demandas que revisa la justicia surcoreana.

Pese a todo, hubo muchas víctimas que no recibieron nada.

Las cosas dieron un giro en 2012, cuando la Corte Suprema dictaminó que quienes fueron sometidos a trabajo forzado tenían derecho a demandar a las empresas japonesas y ordenó a los tribunales inferiores revisar decisiones anteriores a la luz de ese fallo.

Esa sentencia encendió las alarmas en el propio gobierno surcoreano y llevó al ministerio de Exteriores a emitir una opinión en la que advertía al máximo tribunal acerca de una «catástrofe irreversible», en caso de que se autorizara la incautación de bienes pertenecientes a las empresas japonesas.

El Ejecutivo surcoreano temía ser considerado como un país que desconoce los acuerdos internacionales y que rompe sus promesas.

Muchos años pasaron antes de que la Corte Suprema volviera a decidir sobre este tema hasta que finalmente, en octubre de 2018, emitió un fallo a favor de Lee Chun-shik, un nonagenario surcoreano que en su adolescencia fue llevado a Japón para trabajar como esclavo en la fabricación de acero.

Esa empresa para la que trabajó se llama Nippon Steel & Sumitomo Metal y es en la actualidad la mayor fabricante de acero de Japón, con propiedades en muchas partes del mundo, incluyendo una participación valorada en unos US$9,6 millones en NPR, una acería en Corea del Sur.

Moon Jae-inDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl gabinete del presidente surcoreano, Moon Jae-in, se reunió de emergencia este viernes tras el anuncio de las medidas tomadas por Japón.

Aunque aquella decisión de la Corte Suprema solamente ordenaba el pago de US$89.000 para Lee y para las familias de otros tres demandantes, el fallo abrió la puerta a otras decisiones similares.

En noviembre del año pasado, hubo dos sentencias similares en contra de Mitsubishi Heavy Industries, mientras que hay una decena de casos que se ventilan en tribunales inferiores en contra de unas 70 empresas japonesas, entre las cuales hay verdaderos gigantes mundiales como Nissan, Toshiba o Panasonic.

Así las cosas, las demandas de los surcoreanos que fueron esclavizados van dirigidas en contra de los grandes de la industria japonesa.

Una probable explicación de por qué, más allá del costo económico de estas compensaciones, esta disputa entre Japón y Corea del Sur tiene muchos componentes de historia y de orgullo nacional.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49210374

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La infancia en África entre el conflicto y la pobreza

Autor: Telesur

Los niños en África viven una infancia rodeada de adversidades que van más allá de simples trivialidades, éstos pequeños deben asumir difíciles retos desde muy temprana edad.
1. Difícil acceso a la educación y aprendizaje

Muchos de los niños en África desconocen un aula de clases. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2017, uno de cada cinco niños entre seis y 11 años no estaba escolarizado, y la situación es mucho peor para las niñas de ese continente ya que el 23% no asiste a la escuela primaria en comparación con el 19% de los varones.

2 Escasez de agua

África enfrenta una cruda escasez de agua durante todo el año, en este continente las lluvias son casi inexistentes. El periodo de sequía es uno de los más largos del planeta y los niños no escapan de esta realidad que los azota de manera indiscriminada durante todo su crecimiento.

3 Desnutrición y mala alimentación

Según el último informe realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) en 2017, la deficiencia de peso en África por edad es de 13,9 mientras que en Nigeria el porcentaje de desnutrición alcanza el 47 por ciento de la población infantil.

4 Acceso a la salud

En la mayoría de los países del continente africano el sistema de salud es privado, aunado a la corrupción hospitalaria y a la escasez de medios humanos y técnicos, por lo que los pobladores menos privilegiados son vulnerados y marginados en este sentido. Los infantes son los más propensos a enfermarse ya que poseen un sistema inmunológico débil por la mal nutrición y la falta de vitaminas.

5 Sometimiento al trabajo forzado

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala a África como el mayor explotador laboral infantil, indica que 59 millones de infantes entre cinco y 17 años son forzados a ingresar al campo laboral, en situaciones extremas y peligrosas en muchos de los casos. Uganda, Sierra Leona, Somalia y Nigeria encabezan la exposición de menores al trabajo forzado.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/infancia-africa-conflicto-pobreza-20180615-0029.html

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Aceite de palma: Marcas globales se benefician de trabajo infantil y forzoso

Por: Amnistía Internacional/03-12-2016

Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, entre las nueve empresas muy conocidas que contribuyen a abusos laborales

Las empresas de alimentación y productos para el hogar más populares del mundo venden alimentos, cosméticos y otros artículos de uso diario que contienen aceite de palma manchado por estremecedores abusos contra los derechos humanos en Indonesia, donde niños de sólo ocho años trabajan en condiciones peligrosas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names, investiga las plantaciones de aceite de palma en Indonesia gestionadas por el mayor productor de aceite de palma del mundo, la empresa agroalimentaria Wilmar, con sede en Singapur, y sigue el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas de ámbito global: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever.

Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo.
Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional

“Las empresas miran hacia otro lado ante la explotación de trabajadores y trabajadoras en su cadena de suministro. Pese a prometer a sus clientes que no habrá explotación en sus cadenas de suministro de aceite de palma, las grandes marcas siguen aprovechándose de terribles abusos. Estas conclusiones sorprenderán al público consumidor que piensa que toma decisiones éticas en el supermercado cuando compra productos que dicen usar aceite de palma sostenible”, ha afirmado Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional.

“Gigantes empresariales como Colgate, Nestlé y Unilever aseguran al público consumidor que sus productos utilizan ‘aceite de palma sostenible’, pero nuestras conclusiones revelan que el aceite de palma dista mucho de serlo. El aceite de palma que se produce usando trabajo infantil y trabajo forzoso no tiene nada de sostenible. Los abusos descubiertos en las actividades de producción de aceite de palma de Wilmar no son incidentes aislados sino hechos sistémicos y una consecuencia predecible de la práctica empresarial de Wilmar.

“Algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el atroz trato que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, que además ganan una miseria.”

Amnistía Internacional afirma que hará campaña para pedir a las empresas que digan a sus clientes si el aceite de palma que contienen productos populares como los helados Magnum, el dentífrico Colgate, los cosméticos Dove, la sopa Knorr, KitKat, el champú Pantene, Ariel, y Pot Noodle procede de las actividades de Wilmar en Indonesia.

Abusos sistemáticos en la cadena de suministro de grandes empresas

Amnistía Internacional habló con 120 personas que trabajan en plantaciones de palma propiedad de filiales de Wilmar y tres proveedores de Wilmar en Kalimantan y Sumatra, Indonesia. La investigación sacó a la luz una amplia variedad de abusos, como por ejemplo:

  • Se obliga a las mujeres a trabajar muchas horas bajo la amenaza de reducir su salario, se les pagan cantidades inferiores al salario mínimo –en casos extremos, ganan sólo 2,50 dólares de EE. UU. al día– y se las mantiene en una situación de inseguridad en el empleo, sin pensiones ni seguro de enfermedad;
  • Niños de sólo 8 años realizan trabajo físico duro y peligroso, en algunos casos tras haber dejado de asistir a la escuela para ayudar a sus progenitores en la plantación;
  • Trabajadores y trabajadoras que sufren graves lesiones debido al paraquat, una sustancia química sumamente tóxica que sigue utilizándose en las plantaciones pese a estar prohibida en la Unión Europea y por la propia Wilmar;
  • Se obliga a las personas a trabajar al aire libre sin equipos de seguridad adecuados a pesar del riesgo de sufrir daños respiratorios derivados de los peligrosos niveles de contaminación causados por los incendios forestales de agosto a octubre de 2015;
  • Se obliga a las personas a trabajar muchas horas para cumplir objetivos absurdamente altos, algunos de los cuales implican tareas muy exigentes desde el punto de vista físico, como utilizar equipos manuales pesados para cortar frutos de árboles de 20 metros de altura. Intentar cumplir los objetivos puede causar un considerable dolor físico a los trabajadores, que también hacen frente a diversas sanciones por cosas como no recoger los frutos de palma del suelo o recoger frutos que no están maduros.

Wilmar reconoció que tiene planteados problemas laborales en sus actividades. A pesar de estos abusos, tres de los cinco palmicultores a los que Amnistía Internacional investigó en Indonesia están certificados como productores de aceite de palma “sostenible” en virtud de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, organismo creado en 2004 para limpiar el sector del aceite de palma tras los escándalos medioambientales.

“Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar”, ha afirmado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos.

Las conclusiones plantean dudas sobre las afirmaciones de “sostenibilidad”

A partir de información y datos sobre exportaciones publicados por Wilmar, Amnistía Internacional siguió
el rastro del aceite de palma hasta nueve empresas productoras de alimentos y artículos para el hogar de ámbito mundial. Al ser contactadas, siete de estas empresas confirmaron que compran aceite de palma procedente de las actividades de Wilmar en Indonesia, pero sólo dos –Kellogg’s y Reckitt Benckiser– se mostraron dispuestas a aportar algún detalle acerca de qué productos estaban afectados. [Detalles sobre las respuestas de las empresas disponibles aquí]

Todas estas empresas, salvo una, son miembros de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, y en sus sitios web o en las etiquetas de sus productos afirman que utilizan “aceite de palma sostenible”. Ninguna de las empresas con las que Amnistía Internacional se puso en contacto negó que los abusos tuvieran lugar, ni aportó ejemplos de medidas adoptadas para ocuparse de los abusos contra los derechos laborales en las actividades de Wilmar.

Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos
Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos

“El público consumidor querrá saber qué productos están relacionados con abusos y qué artículos no lo están. A pesar de someter a su consideración abusos tan terribles en las actividades de un proveedor importante, las empresas han mantenido una actitud muy hermética en lo referente a qué productos concretos están afectados”, ha afirmado Seema Joshi.

“Las empresas deben ser más transparentes en cuanto a los ingredientes de sus productos. Deben revelar la procedencia de las materias primas de los productos que encontramos en los estantes de nuestro supermercado. Hasta ese momento, estarán de alguna manera beneficiándose de los abusos laborales que se cometan y contribuyendo a ellos. Las empresas muestran una absoluta falta de respeto por una clientela que piensa que toma decisiones éticas cuando paga en caja esos artículos.”

Las peores formas de trabajo infantil al descubierto

El informe documenta cómo niños de entre 8 y 14 años llevan a cabo trabajos peligrosos en plantaciones propiedad de filiales y proveedores de Wilmar y gestionadas por ellos. Trabajan sin equipos de seguridad en plantaciones donde se utilizan pesticidas tóxicos, y transportan pesadas bolsas de frutos de palma que pueden pesar de 12 a 25 kilos. Algunos han abandonado la escuela para trabajar con sus progenitores durante todo el día o gran parte de él. Otros trabajan por la tarde después de asistir a la escuela, y durante los fines de semanas y los periodos vacacionales.

Un niño de 14 años que recolecta y transporta frutos de palma en una plantación propiedad de Wilmar dijo a Amnistía Internacional que dejó se asistir a la escuela cuando tenía 12 años porque su padre estaba enfermo y no podía cumplir sus objetivos de trabajo. Dijo que sus hermanos de 10 y 12 años también trabajan en la plantación después de la escuela:

Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él ya no podía trabajar.
Niño de 14 años que trabaja en la producción del aceite de palma

“Ayudo a mi padre cada día desde hace unos dos años. Estudié hasta sexto grado en la escuela. Dejé la escuela para ayudar a mi padre porque él no podía hacer ya el trabajo. Estaba enfermo. […] Lamento haber dejado la escuela. Me habría gustado ir a la escuela para ser más listo. Me gustaría ser profesor.”

El trabajo físicamente exigente y agotador puede causar daños físicos en los niños de corta edad. Un niño de 10 años, que también abandonó la escuela para ayudar a su padre y trabaja para un proveedor de Wilmar, dijo que cuando tenía 8 años se levantaba a las 6 de la mañana para recoger y transportar frutos de palma sueltos. Dijo que trabaja seis horas cada día, excepto el domingo:

“No voy a la escuela. […] Transporto yo mismo la bolsa con los frutos sueltos pero sólo puedo llevarla medio llena. Es difícil transportarla, pesa mucho. Lo hago también bajo la lluvia pero es difícil. […]Tengo las manos doloridas, y me duele todo el cuerpo.”

Las mujeres trabajadoras hacen frente a trabajo forzoso, bajos salarios, discriminación y exposición a sustancias químicas tóxicas

El informe pone de relieve una constante discriminatoria de contratación como jornaleras ocasionales de mujeres a quienes se niega empleo permanente y prestaciones de seguridad social como seguro médico y pensiones.

Amnistía Internacional también documentó casos de trabajo forzoso y de capataces que amenazan a las mujeres trabajadoras con no pagarles o practicar deducciones en su salario para obligarlas a trabajar.

Una mujer que trabaja en una unidad dedicada al mantenimiento de plantas de palma refirió a Amnistía Internacional las presiones que recibía en forma de amenazas implícitas y explícitas para que trabajara más horas:

“Si no termino mi objetivo, me dicen que siga trabajando pero no me pagan el tiempo adicional. […] Mi amiga y yo dijimos al capataz que estábamos muy cansadas y queríamos marcharnos. El capataz nos dijo: si no queréis trabajar, marchaos a casa y no volváis. Es difícil trabajar porque el objetivo es horrendo. […] Me duelen los pies, me duelen las manos y me duele la espalda después de hacer el trabajo.”

Indonesia dispone de una legislación laboral rigurosa en virtud de la cual la mayoría de estos abusos pueden ser constitutivos de delito. Sin embargo, la aplicación de las leyes es deficiente. Amnistía Internacional pide al gobierno de Indonesia que mejore la aplicación de la ley y que investigue los abusos que se exponen en el informe.

Información complementaria: Cómo rastreó Amnistía Internacional la cadena de suministro desde la plantación hasta la multinacional

El equipo de investigación de Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de refinerías o fábricas concretas suministrado directamente por las plantaciones investigadas en siete de las empresas: Colgate-Palmolive, Reckitt Benckiser, Nestlé, ADM, Elevance, AFAMSA, y Kellogg’s a través de su empresa conjunta. Las otras dos empresas –Unilever y Procter & Gamble– confirmaron que se abastecen de aceite de palma de Wilmar y de Indonesia pero no respondieron cuando Amnistía Internacional les preguntó de qué refinerías se abastecen. Dado que se abastecen de Indonesia y que Amnistía Internacional localizó el aceite de palma de las plantaciones que investigó en 11 de las 15 refinerías de Wilmar, es muy probable que su suministro proceda de al menos una o varias de estas refinerías.

Amnistía Internacional pidió a las empresas que confirmaran si el aceite de palma de una lista de sus productos de consumo procedía de las actividades de Wilmar en Indonesia: sólo dos empresas (Kellogg’s y Reckitt Benckiser) lo confirmaron. Colgate y Nestlé reconocieron que reciben aceite de palma de refinerías de Wilmar en Indonesia. Amnistía Internacional vinculó estas refinerías con plantaciones investigadas para este informe. Sin embargo, Colgate y Nestlé dijeron que ninguno de los productos enumerados por Amnistía Internacional contenía aceite de palma procedente de las operaciones de Wilmar en Indonesia, pero no dijeron cuáles de sus productos lo contenían. Otras dos (Unilever y Procter & Gamble) no corrigieron la lista. Las otras tres ofrecieron respuestas imprecisas o no respondieron.

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