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Colombia: El impacto negativo de la pandemia sobre los programas de formación técnica

América del Sur/Colombia/03-12-2021/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com

Entre el 2019 y el 2020 las matrículas en este sector se redujeron casi en un 50%. A la espera de los datos de este año, observadores señalan que la tendencia negativa podría continuar.

En el 2019 el país contaba con cerca de 673.000 estudiantes matriculados a programas de formación técnica. Un año después, en medio de la pandemia por coronavirus, esa cifra se redujo a 355.000, lo que supone una disminución de casi la mitad (47,25% para ser exactos) de estudiantes para los programas de este tipo.

Estas cifras las dio a conocer el Observatorio de la Universidad Colombiana, una iniciativa privada del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, que también señaló que el mayor impacto de esta reducción lo percibieron los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ya que pasaron de 592.000 estudiantes en el 2019 a 298.000 en el 2020, una disminución del 49,66%. Por su parte, en los programas técnicos profesionales, ofertados por Instituciones de Educación Superior (IES), la reducción en el mismo periodo de tiempo fue de casi el 30%.

Entre las razones que pueden explicar la caída en el número de estudiantes en los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, destaca el hecho de que, por naturaleza, son asuntos que requieren interacción física con equipos y prácticas y el tránsito a la virtualidad no fue fácil de hacer. Además, resalta el Observatorio, los jóvenes de estratos medios y bajos, que son quienes en mayor medida acceden a este tipo de programas, debieron priorizar el trabajo antes que el estudio con la llegada de la pandemia.

Miguel Ángel Sandoval, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, señaló que otra de las posibles causas está en que “los subsidios y ayudas siempre llegan a la educación superior, nunca a la educación para el trabajo y el desarrollo humano”. Esto, sumado a que el Observatorio apunta que es un sector que no cuenta con el reconocimiento político y mediático, confluyó para que no se recibieran los apoyos necesarios para enfrentar los impactos de la pandemia.

Mientras esperan que las cifras del 2021 estén disponibles para analizar la tendencia del sector durante este último año, el Observatorio señala como otra de las posibles causas “los programas de gratuidad del Estado y los municipios que están impulsando un movimiento de la demanda hacia las instituciones públicas y programas universitarios, con lo que se ayuda al estudio de los jóvenes, pero se está dando un golpe de gracia a la formación técnica”.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/educacion/el-impacto-negativo-de-la-pandemia-sobre-los-programas-de-formacion-tecnica/

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Decanas y decanos plantean la evaluación de las actitudes para acceder a las facultades de Educación

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  • En enero el Ministerio de Educación prevé presentar un documento sobre la profesión docente. Ya ha habido reuniones con el Consejo de Decanas y Decanos de Educación en los que se han planteado posibles líneas de cambios. También ha habido encuentros informales con sindicatos, pero estos desconocen, siquiera, ligeramente, las intenciones del Gobierno.

«Pretendemos cumplir con el plazo», zanja Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y uno de los máximos responsables de la redacción de la propuesta. Una propuesta que todavía está en el aire en muchos sentidos. Según este alto responsable, ha habido comunicaciones informales con los sindicatos, así como con las y los decanos de las facultades de Educación, aunque todavía no puede adelantarse mucho.

Muy informales, al menos, en opinión de Maribel Loranca, responsable de educación dentro de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Asegura Tiana que están en fase de análisis y discusión con «todos los sectores que tienen algo que decir».

Es verdad que en los últimos 11 meses desde la aprobación de la ley, el Ministerio ha puesto prácticamente todos los esfuerzos en la preparación de los currículos de la Lomloe. Un trámite que requería también unos plazos muy apretados para que fuera posible que en el próximo curso escolar estuvieran listos, tanto los decretos de enseñanzas mínimas como los decretos autonómicos.

A esta premura se une el cambio en la cabeza del Departamento a final del curso pasado. La salida de Isabel Celaá y la llegada de Pilar Alegría han impuesto un cambio de ritmo, empezando por la necesaria «rueda de reconocimiento» de la nueva responsable del Ministerio con las diferentes organizaciones sociales y educativas. Que se ha sumado a la necesidad de llevar a cabo viajes por el territorio en las últimas semanas, apariciones en actos públicos y representación institucional de diferentes tipos.

Ahora, con el tiempo jugando bastante en contra, hay que pisar el acelerador, al menos, para cumplir los plazos de la primera etapa, es decir, tener un texto preparado para el mes de enero que poder enseñar a sindicatos y comunidades autónomas. Un texto que, lo más seguro, abrirá un tiempo de ardua negociación. «Quieren abrir el debate», es la sensación de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. García deja entrever que han comentado, efectivamente, informalmente, algunos aspectos de la propuesta que está elaborando el Ministerio, pero no hay nada claro.

Para él, por supuesto, hay elementos que deben estar presentes sí o sí: formación inicial del profesorado, ingreso a la función pública, desarrollo profesional a lo largo de los años. Pero también, cuestiones relativas a las condiciones laborales del profesorado. Y en este ámbito habla, por ejemplo, de «recuperar la sensatez» en relación al horario lectivo, o de las ratios y de la posibilidad de utilizar, para ello, la bajada de la natalidad que ya es notoria en muchos territorios. Desde el Ministerio, Alejandro Tiana se muestra cauto al hablar de la propuesta sobre la que trabajan. Lo están haciendo en diferentes líneas, pero «todavía es muy prematuro».

La actitud a examen

Además de otras posibilidades de transformación de los estudios de magisterio, las y los decanos plantean la posibilidad de crear pruebas específicas en las universidades, más allá de la EvAU estatal. Pruebas que se centren en cuestiones actitudinales de las y los futuros estudiantes. El objetivo sería seleccionar al «candidato idóneo», explica Carmen Fernández, presidenta del Consejo de Decanas y Decanos de Educación. «No todo el mundo puede ser docente; el expediente académico no puede ser el único filtro», asegura la decana.

Fernández asegura que este tipo de filtros que miden elementos como las habilidades sociales, la creatividad o el pensamiento crítico de las y los futuros docentes, pueden ponerse en marcha de forma objetiva. Además de esto, se trataría de tener claro que las y los candidatos son tolerantes, respetan la diversidad, la coeducación, o tienen un cierto compromiso social. «Se trata de valores universales», insiste la decana de la Universidad de Santiago de Compostela.

Junto a este análisis de las habilidades transversales, relacionadas con lo actitudinal, Fernández también habla de, por ejemplo, estudiar las razones que llevan a las personas a los estudios de magisterio para evitar que razones de poco peso («me gustan los niños») lleven a muchas y muchos a las facultades. Y, por supuesto, también sería necesario evaluar el rendimiento académico de las y los jóvenes.

Otros cambios en la formación

Uno de los puntos fuertes de la propuesta que está pendiente (nadie termina de saber si llamar al texto Estatuto Docente), tiene que ver con la entrada de jóvenes a las facultades para formarse en Magisterio o en el Máster de secundaria. Es un punto conflictivo porque, además de participar en ello el Consejo de Decanas y Decanos, también lo hacen el Ministerio de Educación y el de Universidades.

Carmen Fernández explica que ya han tenido dos reuniones con Educación. Universidades todavía no se ha unido a las conversaciones. En la primera, representantes de la Administración explicaron a las y los decanos en qué consistía la reforma curricular puesta en marcha. En la segunda, los últimos hablaron sobre los puntos que ven claves para la reforma de la formación en las universidades.

El Consejo de Decanos de Educación lleva varios años trabajando más o menos intensamente en la reformulación de unos estudios regulados al milímetro mediante diferentes órdenes ECI. Estos textos impiden a las facultades reformar los estudios universitarios, más allá de algunos detalles cosméticos, asegura Fernández. De esta forma, desde el cambio de gobierno de 2018, el Consejo se puso a trabajar en la reforma completa.

El pasado día 5, las y los decanos, en la reunión con el Educación, le expusieron los elementos que entienden que hay que abordar necesariamente: el acceso a los títulos; su masificación (con el aumento de las universidades privadas y de las ofertas online) y, «poner sentido al acceso», comenta Fernández, es decir, «la regulación del número de plazas (ofertadas) evitando la mercantilización».

Entre los elementos que ven necesario reformular está el grado de la experimentalidad de los estudios; habría que aumentarlo. Esto supondría la reducción de las ratios de estudiantes en según qué materias, relacionadas con la práctica docente. En Medicina, explica Fernández, tienen el nivel mayor y tienen clases con siete alumnos. Magisterio tiene la experimentalidad mínima, lo que hace que haya decenas de chicas y chicos en clase. «No es lo mismo trabajar con 90 alumnos o 40, como trabajamos con algunos grupos prácticos que hacerlo con 12 o 14».

Además, habría que hacer modificaciones en el prácticum de estos estudios, también el currículo («fragmentado y enciclopédico») o fijar los perfiles docentes en las facultades de educación para decidir quién imparte en el prácticum o desarrollar los perfiles de los docentes asociados en las facultades.

Uno de los problemas principales en este sentido es que los cambios de las órdenes y el consenso para lograrlos, pueden llevar una gran cantidad de tiempo. En un primer momento, las y los decanos de Educación deberían ponerse de acuerdo en qué y cómo reformar (algo que, según Carmen Fernández, es más o menos sencillo); también es necesario tener la complicidad del Gobierno y pasar la aprobación de las diferentes agencias de evaluación autonómicas y estatal.

Los plazos se terminan

El tiempo se le acaba al Ministerio para presentar algún documento. Enero es el horizonte legal para presentar la propuesta. Las fuentes consultadas no creen que todavía haya ningún documento muy fundamentado o elaborado.

En la memoria de mucha gente está la negociación fallida del Estatuto Docente de 2007. A pocas conversaciones de su firma definitiva, las conversaciones saltaron por los aires. La cuestión económica que debería llevar aparejada la reformulación de la carrera docente (vertical y horizontal) así como las condiciones laborales y los primeros destellos de la crisis de 2008 dejaron aquel documento en papel mojado.

Algunos de los protagonistas de entonces, vuelven a estar presentes. Tanto Alejandro Tiana (como secretario general) como Fernando Gurrea, como subsecretario de Educación, ya tuvieron que sentarse a negociar con los sindicatos. Podría ser una «modernización», piensa Loranca, de FeSP-UGT, pero ahora mismo, asegura, no saben cuáles son las intenciones del Ministerio.

Esta situación, la de la repetición de los protagonistas ministeriales, hace pensar en la posibilidad de que se vuelva a presentar un documento a los sindicatos que tenga similitudes con aquel de 2007. Pero es imposible saberlo. Es lo que se desprende de la conversaciones con los diferentes representantes de los sindicatos, que desconocen por dónde irán los tiros del documento que Educación ha de presentar en unas pocas semanas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/11/15/decanas-y-decanos-plantean-la-evaluacion-de-las-actitudes-para-acceder-a-las-facultades-de-educacion/

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México: Entrega UPN resultados de la primera fase de su Congreso Nacional

América del Norte/México//19-11-2021/Autora: Laura Poy Solano/Fuente: www.jornada.com.mx

Ciudad de México. Integrantes del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y autoridades de esa casa de estudio, entregaron al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, las resultados de la primera fase del Congreso Nacional Universitario (CNU) de la UPN, que integra el consenso en la búsqueda de autonomías de gestión, de gobierno, financiera y académica para la UPN.

En entrevista con La Jornada, los consejeros y profesores-investigadores Yuri Jiménez y Pilar Miguez, destacaron que con la entrega del documento “se da un paso muy importante para avanzar en el análisis y posible discusión en el Congreso de un cambio en la figura jurídica de nuestra casa de estudio, y que es parte de un proceso en el que se irá avanzando”.

Recordaron que la nueva Ley General de Educación Superior establece en su artículo 21 transitorio que en un plazo de 180 días, desde la promulgación de la norma, en abril pasado, la UPN “por conducto de su Consejo Académico, convocará a un espacio de deliberación y consulta con el propósito de analizar la viabilidad de modificar su naturaleza jurídica”.

Agrega que los acuerdos adoptados en dicho espacio “se harán llegar al Congreso de la Unión para que, en su caso, analice la posibilidad de realizar las modificaciones respectivas a los ordenamientos jurídicos correspondientes”.

Miguez destacó que los resultados entregados al funcionario federal en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en un acto a puerta cerrada, “son las aportaciones de muchas voces y de un largo proceso de debate y reflexión entre la comunidad de la universidad, porque el CNU permitió abrir un espacio de escucha y análisis para ir construyendo consensos para el rescate y consolidación de la institución”.

Destacó que “presentamos un documento que recoge un amplio diagnóstico de la UPN, pero también de la necesidad de continuar profundizando en la reflexión sobre el modelo y el proyecto educativo que se busca impulsar en una universidad, que por consenso, destacó la importancia de tener una responsabilidad social y un compromiso muy claro con los que menos tienen”.

El profesor Yuri Jiménez, señaló que “estamos satisfechos con este paso que hoy se concretó con las autoridades de la SEP pues también se estableció el compromiso de acudir, de forma conjunta, para entregar estos resultados al Senado de la República y seguir avanzando en este camino de reflexión y discusión sobre un posible cambio a la figura jurídica de la UPN”.

Los profesores-investigadores señalaron que aún no se tiene una fecha para acudir a la Cámara Alta, pues el compromiso “fue que los resultados del CNU también se haría llegar a la secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, por lo que estaremos atentos para continuar con este proceso, que incluye la realización de una segunda fase del CNU”.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/16/sociedad/entrega-upn-resultados-de-la-primera-fase-de-su-congreso-nacional/

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La UAM bajo el embate de TV Azteca

Por: Miguel Ángel Casillas

De manera reiterada TV Azteca ha lanzado sendos reportajes contra la Universidad Autónoma Metropolitana, primero acusando que en la UAM no había clases y luego afirmando que las autoridades universitarias se oponen al regreso a las actividades presenciales. Falseando la realidad y desconociendo el enorme esfuerzo de miles de estudiantes y profesores que mantienen activos los procesos de enseñanza-aprendizaje, la poderosa empresa televisiva ha encomendado a sus principales locutores que encabecen la ofensiva para golpear a la UAM, se han invertido muchos recursos y dispuesto de tiempo en horarios estelares para publicitar las falsedades contra esta prestigiosa institución de educación superior.

Sin ninguna legitimidad se ha propagado una visión negativa sobre la UAM desprestigiándola ante la opinión pública nacional; estos juicios distorsionados afectan a todas las universidades y su defensa es un compromiso ineludible ante los poderes fácticos. La televisora del Ajusco no puede abrogarse la representación de los alumnos ni hablar en su nombre; tampoco tiene ninguna autoridad académica, científica o ligada al mundo del conocimiento que sostenga sus juicios: es una empresa orientada al lucro y a la enajenación de su público. Entonces, cabría preguntarse por los negros intereses que la orientan para golpear insistentemente a esta universidad pública.

Las acciones emprendidas por la UAM durante la pandemia y ahora en su transición hacia el retorno a las actividades presenciales, como las del resto de las instituciones de educación superior en nuestro país, son encomiables. Sin orientaciones claras en cuanto a políticas educativas, muchas veces sin recursos y sin muchas experiencias previas, las universidades migraron al trabajo a distancia conservando activos los procesos académicos, manteniendo con muchos problemas e improvisaciones, si se quiere ver críticamente, el cumplimiento de sus funciones sustantivas. La educación superior no se detuvo, se continuó con la formación de los estudiantes, la titulación de los egresados, las tutorías y asesorías; el trabajo de investigación tampoco se paralizó, muchos laboratorios continuaron abiertos, los seminarios se desarrollaron en la web, la redacción de informes y resultados se volvió más fluida con los documentos compartidos, se amplió la colaboración virtual y se facilitaron los encuentros académicos por videoconferencia, se siguieron publicando las revistas académicas y se continuaron los trabajos de colaboración y vinculación.

Algunas universidades como la UAM, reconociendo que muchos de sus estudiantes son originarios de los sectores populares y que no disponían de condiciones para enfrentar la enseñanza a la distancia, decidieron ofrecer equipo de cómputo y becas para apoyar la educación mixta de sus alumnos.

Por lo demás, los universitarios y sus familias han hecho, durante la pandemia, enormes esfuerzos para continuar activos en sus estudios y su trabajo académico. Muchos tuvieron que adquirir equipo de cómputo o mejorar el que ya tenían, invirtieron en cámaras, micrófonos, audífonos, luces, y por supuesto sus gastos en conectividad se incrementaron. Miles de jóvenes han seguido las clases, estudiado y realizado sus tareas desde sus celulares. Durante la pandemia los profesores tuvieron que habilitar espacios para impartir sus clases desde sus hogares, muchos aprendimos sobre la marcha el uso de las videoconferencias, hubo poca capacitación y las ofertas institucionales fueron insuficientes. Para los profesores no sólo ha sido complicado preparar las nuevas clases, sino que el tiempo de trabajo se amplificó, pues ahora durante las veinticuatro horas del día reciben y responden mensajes de sus estudiantes y colegas; el llenado de informes y reportes de corte burocrático siguió siendo abrumador en plataformas no siempre muy amigables.

Después de más de un año y medio de pandemia el escenario no es claro; todavía no sabemos si habrá nuevas oleadas de contagio ni hay una propuesta clara de la autoridad educativa para orientar una educación híbrida. Como en otros espacios y según las diversas modalidades en cada estado, el retorno a las actividades presenciales ha tenido que ser negociado con los sindicatos en cada institución.

Una de las fortalezas organizacionales que distinguen a la UAM es la fuerte colegialidad con la que se construyen las decisiones. En esa institución todos los órganos colegiados están involucrados en la implementación de su proyecto de educación mixta, para reconocer la diversidad disciplinaria que exige soluciones diferenciadas. Se trata de una organización cohesionada en torno al cumplimiento de su misión y a dar continuidad a su proyecto académico.

Las universidades se están adaptando a los nuevos tiempos. Durante la pandemia lograron dar continuidad a sus responsabilidades académicas y con imaginación mantuvieron las clases, los proyectos de investigación y las actividades de difusión cultural. Aunque hay mucho por revisar en un balance crítico de lo que ha sucedido con la educación superior durante la pandemia, lo cierto es que las universidades han dado un salto cuántico hacia el futuro.

Quizá la intención de los ataques televisivos contra la UAM sea parte de la zarandeada que ha querido dar el titular del ejecutivo a las universidades. A lo mejor las falsedades que se propagan contra la UAM derivan de la simple ignorancia y de la incomprensión de cómo se desarrollan los procesos educativos en la actualidad. En ambos casos es deleznable la crítica infundada y la descalificación por la mentira.

La defensa de la autonomía universitaria no se reduce al campo político, históricamente incluye al campo económico y al religioso; es una lucha permanente contra el oscurantismo y por la libertad. Hoy que la UAM es objeto de un ataque reiterado debe ser defendida desde todas las trincheras, la universidad pública es la reserva crítica de la nación y no será silenciada.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-uam-bajo-el-embate-de-tv-azteca/

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España: Aprueban una ley disciplinaria para los campus que rechazan estudiantes y rectores

Europa/España/17-11-2021/Autor: ALFONSO TORICES/Fuente: www.elcomercio.es

Los alumnos saldrán mañana a la calle para denunciar que Castells ha sacrificado el pacto con la comunidad universitaria para contentar a ERC.

El Congreso aprobó hoy la ley de Convivencia Universitaria, un texto que acabará con un anacronismo de difícil explicación, que todavía hoy en día, 43 años después de refrendada la Constitución, el régimen sancionador de los campus universitarios españoles se rija, al menos sobre el papel, por un reglamento firmado hace casi 70 años por Francisco Franco en el Pazo de Meirás, que tenía como fin estrangular la libertad en las universidades y amordazar a las facultades, uno de los centros de resistencia a su régimen dictatorial.

La nueva norma, que antes de entrar en vigor debe ser respaldada por el Senado, ha salido adelante con los votos de los partidos del Gobierno y de los nacionalistas de ERC y PNV y ha contado con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos. Hasta aquí lo habitual en el crispado clima político español, refractario a los consensos. Sin embargo, la novedad es que PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas han aprobado una ley con el rechazo expreso y público de los principales afectados, los universitarios y las universidades.

El proyecto de ley, que salió en septiembre del Consejo de Ministros con la bendición de los estudiantes y los rectores, pactado por el ministro Manuel Castells tras un año de negociaciones, ha puesto en pie de guerra durante su tramitación parlamentaria tanto a alumnos como universidades.

Los representantes de ambos colectivos, en un inusual comunicado conjunto, denuncian que el proyecto ha sufrido profundas alteraciones en el Congreso y que rompe el modelo consensuado en su punto más importante, en el que establecía que la mediación sería el método preferente y obligado para resolver conflictos en todos campus públicos del país y que la aplicación de sanciones sería algo residual.

Tanto la Conferencia de Rectores (CRUE) como la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (Creup) aseguran que ya no es su ley. Que el paquete de 20 enmiendas pactado entre los partidos del Gobierno y ERC (para que los independentistas retirasen su enmienda a la totalidad) elimina el mecanismo y el procedimiento de mediación a implantar en todas las universidades españolas y la obligación de su uso preferente, «convirtiendo la la convivencia universitaria en un mero procedimiento punitivo».

Como respuesta a lo que entienden como un atropello, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que reúne a todos los delegados de los alumnos, convocó el martes pasado, ante el propio Castells que lo presidía, un paro en todas las facultades y manifestaciones de protesta para este jueves.

Las enmiendas de ERC suprimen la mayor parte del modelo de mediación, la principal novedad de la ley, para dejar su diseño y desarrollo en manos de cada autonomía o de cada universidad. En el debate que hoy precedió a la aprobación, tanto PSOE como Unidas Podemos, ERC y PNV defendieron que la norma mantiene la prioridad de la mediación mientras el PP se hizo eco de la indignación de rectores y estudiantes y alabó las bondades del proyecto pactado con la comunidad universitaria. Sin embargo, los populares parecieron olvidar que el Gobierno tuvo que mirar hacia ERC, entre otras razones, porque su bancada votó contra el proyecto de ley original y pidió que el Congreso lo tirase a la papelera.

Novatadas y plagios

Lo que continúa en la ley es el régimen de sanciones para los hechos más graves y el castigo a aplicar de manera directa en cualquier caso a la violencia de género, el acoso o los fraudes académicos.

Los actos más reprobables constituyen faltas muy graves y estarán castigados con la expulsión de la universidad por tiempo de dos meses a tres años o con la anulación de parte de los derechos de matrícula. Recibirán las sanciones extremas los plagios en las tesis doctorales y trabajos de fin de grado o de máster, las novatadas dentro del campus que menoscaben la dignidad, la falsificación de actas, documentos o notas, la discriminación por razones de sexo, género, lugar de nacimiento o discapacidad, el acoso y la violencia sexuales, el acoso o la violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, y las suplantaciones de alumnos o profesores en exámenes.

También recibirán los máximos castigos académicos los actos que impidan la celebración de procesos electorales, y el incumplimiento grave de las normas sanitarias, como pueden ser los casos de profesores que se niegan a dar clase con mascarilla durante esta pandemia.

Las faltas graves serán sancionadas desde un día a un mes de expulsión o con la anulación de la inscripción por ese curso en la asignatura afectada. Entre las citadas expresamente están copiar de forma organizada o premeditada en un examen (chuletas, pinganillos, etc.), robar u obtener de manera fraudulenta el examen, acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la institución, la mutilación o sustracción de propiedades de la universidad que tengan catalogación de patrimonio cultural, o impedir la celebración de clases, conferencias y otras actividades universitarias, pero teniendo en cuenta los derechos de libertad de expresión, huelga o manifestación, lo que deja a salvo por exigencia de ERC escraches o piquetes.

Las faltas leves y graves, si así se acuerda, pueden ser sustituidas por actividades en favor de la comunidad. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves, a los dos, y las leves, a los seis meses. Los castigos pueden ir acompañados de multas que traten de restituir los daños o resarcir los perjuicios.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/aprueban-disciplinaria-campus-20211117135543-ntrc.html

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Ecuador: Universitarios ecuatorianos denunciaron recorte de presupuesto educativo

América del Sur/Ecuador/07-11-2021/Autor(a) y Fuente: ultimasnoticias.com.ve 

Este jueves, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), denunciaron recortes en los gastos presupuestarios dispuestos por el gobierno nacional a las universidades y centros politécnicos del país, para el año 2022.

En un comunicado oficial difundido en las redes sociales, los estudiantes expusieron los cambios y la disminución del presupuesto, presentado por el ejecutivo nacional para los gastos de las universidades y centros de educación superior.

Según la información, la disminución del presupuesto fue de 213 millones de dólares, por lo que lo estudiantes hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que sea exigido al gobierno nacional la entrega de los recursos económicos que «establece la Constitución para educación”.

Asimismo, la FEUE manifestó que este recorte  representa un riesgo en la calidad de la educación, el acceso y la investigación en nivel superior. Destacaron que la disminución también podría afectar el regreso de los estudiantes a las clases presenciales. A la par que anunciaron que de continuar los recortes presupuestarios los estudiantes no descartarán la movilización en defensa de la enseñanza pública.

Fuente e Imagen: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/universitarios-ecuatorianos-denunciaron-recorte-de-presupuesto-educativo/

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UPR: ¿Abandonada a su suerte? Puero Rico

América Central/Puero Rico/05-11-2021/Autor: Manuel Guillama Capella/Fuente: www.metro.pr

En medio de recortes y otras amenazas a la principal institución de educación superior en el país, hay recintos universitarios que llevan dos semanas paralizados.

Mientras los distintos sectores de la comunidad alertan sobre la precariedad con la que se pretende obligar a operar a corto y largo plazo a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y estudiantes en múltiples recintos han decretado paralizaciones en el contexto de la discusión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), representantes de los grupos lamentan lo que perciben como un abandono gubernamental hacia el principal centro docente del país.

“Creo que hemos visto la poca importancia que tiene la Universidad tanto para la rama ejecutiva, desde el gobernador Pedro Pierluisi, y la poca importancia que tiene desde la rama legislativa. Lo vimos en todo este proceso de la legislación del Proyecto (de la Cámara, PC) 1003, donde, prácticamente, (la intención) es darle migajas a la Universidad y que sobreviva como pueda”, planteó Jorge Rivera Velázquez, representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno de la UPR.

Rivera Velázquez aludió a la medida legislativa que se convirtió en la Ley 53-2021, que habilitó la emisión de bonos requerida en el PAD del gobierno central, en la que se incluyó una asignación de $500 millones anuales para la UPR hasta el 2027. Aunque dicha cantidad sería mayor que los $407 millones que el gobierno central aporta desde el fondo general en el presente año fiscal, es sobre $300 millones menos de lo que recibía la UPR bajo la antigua fórmula del 9.6 % del presupuesto y muy por debajo de lo que los distintos sectores universitarios consideran debe recibir la institución para cumplir con su misión académica.

“Lo más que me preocupa es que cierren los recintos y nos quedemos sin educación pública porque ese es el fundamento de un país, de cualquier sitio. Si nos siguen quitando esa educación, y ya estamos mal, terminaremos mucho peor. Yo creo que si los estudiantes nos unimos y podemos estar de acuerdo en lo que queremos y metemos presión, podemos movilizar las cosas a que cambien”.

Natalia Fontánez

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales.

Para Jannell Santana Andino, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, incluso dicha asignación corre el riesgo de convertirse en un tope fijo que limitaría la posibilidad de que la UPR acceda a otros fondos que ha continuado recibiendo, como las mesadas de los recaudos por juegos de azar y Lotería Electrónica, que representan decenas de millones de dólares anuales.

Si bien la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz –quien no estuvo disponible para entrevistaal cierre de esta edición–, sostuvo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente cameral, Rafael «Tatito» Hernández, que la UPR continuaría recibiendo otras asignaciones especiales además del presupuesto base de $500 millones, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se ha expresado al respecto.

El gobernador Pedro Pierluisi insistió el miércoles en que la partida de $500 millones es un paso correcto para la institución.

No deben ver los $500 millones al año como algo estático o permanente. Al revés, tienen que verlo en el contexto de que ya los recortes eran mayores… Deben verlo como un buen paso para mejorar sus finanzas y que cumpla su cometido”, comentó el ejecutivo a su salida de un evento oficial en el Centro de Convenciones en Miramar.

“Queremos que haya clases presenciales pero estamos cerrando el recinto y comoquiera la gente está cogiendo clases online. Me pareció un poco contradictorio, pero sí creo que fue necesario porque hubo un movimiento que se empezó. Nos encontramos gente que queremos una mejor universidad y esas conversaciones se tenían que dar. Debemos los estudiantes organizarnos bien y formar un plan que de verdad funcione para combatir lo de (la falta de) clases presenciales, los recortes y un montón de cosas más que deben mejorar”.

Joaquín Ferrer

Estudiante Facultad de Ciencias Naturales

La JCF, que no ha enmendado su plan fiscal para reflejar las concesiones que habría hecho durante las negociaciones por el PC 1003, ya ha interpretado otras disposiciones de la Ley 53 de manera contraria a los objetivos expresados por los líderes electos.

Metro solicitó una entrevista con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, pero la funcionaria no estuvo disponible.

“A pesar de que (la UPR) no es una prioridad para el gobierno, sí lo es para el país. Creo que lo vimos en las manifestaciones que se dieron en el Capitolio en las pasadas semanas, donde juntos, entre la comunidad universitaria y el sector sindical del país, pudimos, en cierta medida, hacer que muchos legisladores entraran en razón, que al final del día sabemos que el proyecto se aprobó por un voto, y el propio partido de mayoría en el Senado perdió votos (de legisladores) que habían votado originalmente a favor. Creo que está surtiendo efecto lo que se ha realizado en las últimas semanas”, afirmó Rivera Velázquez, quien opinó que es hora de “enfilar los cañones” hacia el Congreso y el gobierno federal.

“CERRAR RECINTOS NO ES LA SOLUCIÓN”

Desde la perspectiva administrativa, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, colocó la responsabilidad de los “drásticos” recortes de los pasados cuatro años sobre los hombros de la JCF, más que en el gobierno, al tiempo que advirtió que los paros y huelgas estudiantiles afectan la “funcionalidad” del sistema.

“Nosotros en Río Piedras tenemos la mayor parte de las clases a distancia, por lo tanto, no nos estamos afectando. El recinto continúa el trabajo a distancia, las clases a distancia, pero lo ideal de una universidad es que esté abierta y haya acceso libre a sus bibliotecas, a sus museos. Entiendo los reclamos de los estudiantes, y uno se reúne con ellos y es impresionante… No puede uno menos que coincidir en ese reclamo de mayor presupuesto y que no se afecte la (estabilidad) presupuestaria de la Universidad. Pero cerrando recintos no es la solución, aun cuando uno coincida con ellos. Lo que está a mi alcance, que ellos me están solicitando, lo vamos a cumplir”, dijo Ferrao Delgado, quien aludió a las directrices para que a partir de enero al menos la mitad de las clases regresen al formato presencial y para que se amplíen los horarios de apertura de las bibliotecas.

“Ahora mismo no tenemos unas facilidades físicas para nuestra facultad y eso nos está afectando de una manera bien grave. No tenemos las mismas oportunidades de otras facultades de poder reunirnos, con todo el equipo y los recursos”.

Andi

Estudiante Facultad de Comunicación e Información.

En el recinto riopedrense, cuyos estudiantes celebraban ayer una asamblea general, el recorte presupuestario ha sido de $71 millones respecto al año fiscal 2017.

“Esto ha afectado la funcionalidad. Claro, nosotros mantenemos el recinto funcionando, pero es un recorte de dinero muy grande. Aun cuando se hacen los ajustes, y hay que hacerlos, en cuatro años ha sido un recorte bastante drástico de la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó Ferrado Delgado, al indicar que el recinto ha mitigado parcialmente las reducciones a través de fondos externos, como las subvenciones para propuestas de investigación o iniciativas de educación continua.

Mientras Ferrao Delgado sostuvo que la UPR deberá repensar su enfoque ante la baja en la matrícula estudiantil, que atribuye principalmente a la reducción en la población joven en el país, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores UniversitariosÁngel Rodríguez Rivera, argumentó que el problema trasciende el elemento demográfico.

De acuerdo con el plan fiscal de la JCF, de un pico de 65,699 estudiantes matriculados en el 2010, la cifra había bajado 47,557 para este año, una merma de 28 % en poco más de una década.

“En el recinto de Cayey, la rectora planteó que tenía la capacidad de infraestructura para 6,500 estudiantes (pero) solamente atendemos 2,400. No podríamos atender 6,500, no porque no tendríamos donde ubicarlos porque no haya salones o recursos de infraestructura, (sino) porque no tenemos profesores para atender 6,500 estudiantes”, dijo Rodríguez Rivera, quien señaló que aproximadamente el 47 % de los docentes a nivel sistémico no tienen una plaza permanente.

CIDRE: “LA UPR NO ES UNA AGENCIA DE GOBIERNO”

Para Rodríguez Rivera, al restar recursos fiscales a la UPR, el gobierno desaprovecha el potencial de los 11 recintos como eje de actividad económica en sus municipios, así como las posibilidades comerciales que representa el componente de investigación y desarrollo dentro del quehacer académico.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)Manuel Cidre, aseguró que la UPR ocupa un rol fundamental dentro de la visión del gobierno, pero alertó que, para poder cumplir con su papel, requiere de transformaciones mayores.

Las universidades privadas hoy existen posiblemente con mayor fuerza y relevancia que la universidad pública, no por el hecho de que sean mejores, es por el hecho de que son más ágiles. El primer gran reto que tiene la Universidad para llegar a lo que finalmente te voy a decir es cómo la Universidad se deja de comportar como una agencia de gobierno, porque no es una agencia de gobierno. Es el centro docente educativo más importante del país, quien debe de erigirse custodio y hacedor de la política social y económica del país”, dijo Cidre.

Para el secretario del DDEC, la fórmula de futuro estriba en la especialización de las 11 unidades académicas y que el Recinto de Río Piedras se convierta en “el centro de investigación y desarrollo de Puerto Rico”.

“Los colegios regionales (serían) satélites que nutran esa investigación y desarrollo con pericias particulares. Por ejemplo, yo asignaría el área de Utuado a ciencias agrícolas, incluyendo la escuela veterinaria de Puerto Rico, que tanta falta nos hace”, ejemplificó Cidre.

Entretanto, la UPR y sus recintos continúan lidiando con las interrogantes sobre el reclutamiento de la plantilla docente, el deterioro de la planta física –exacerbado desde el huracán María–, los recursos bibliotecarios y de investigación y el regreso escalonado a clases presenciales.

“Muchos recintos se han podido moldear a la pandemia, como el recinto de Carolina, donde muchos de sus salones ya pueden dar clases de manera híbrida, porque en la infraestructura se han movido. Algunos recintos se han movido hacia eso pero otros no lo han hecho o lo han hecho de manera lenta y es por eso que no han podido, en su mayoría, regresar de manera presencial. Creo que la Universidad sí tiene los planes, pero hay una falta de presupuesto y muchos de los fondos federales se han atrasado, y eso atrasa toda la infraestructura mayormente tecnológica de la Universidad”, afirmó Rivera Velázquez.

3 PREGUNTAS A… OBED JIMÉNEZ

Presidente Asociación de Universidades y Colegios Privados / Universidad Adventista de las Antillas

¿Cómo describiría el impacto sobre las instituciones privadas de los retos fiscales de la UPR?

—En el pasado, algunas de nuestras instituciones sí reportaron algunos incrementos en las matrículas, pero recientemente, en este caso de la huelga de la UPR, no ha tenido un impacto significativo ni cuantioso que pudiésemos indicar.

¿Qué espacios, si alguno, han llenado las universidades privadas ante el debilitamiento de la UPR?

—[En] nuestras instituciones privadas de educación superior siempre enfatizamos la excelencia académica. Nuestros sistemas tienen la capacidad de hacer ajustes más rápidos, de atemperarnos más al mercado y ser más responsivos y ágiles en las respuestas ante los retos demográficos y económicos. Un sector importante es continuar ofreciendo investigación para el país y la respuesta social que nuestras instituciones hacen.

¿Es posible que tanto el sistema privado como el público se fortalezcan paralelamente?

—En este momento en que la UPR se reposiciona en su liderazgo, estaríamos en mucha disposición de continuar colaborando con el sistema público del país porque lo que es importante es esa materia prima de nuestros estudiantes, que ofrezcan un futuro prometedor y de impacto social para nuestro Puerto Rico.

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/11/04/upr-abandonada-a-su-suerte.htm

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