México| La verdad es que no hay verdad»: madres y padres en lucha por sus 43 hijos

En la reunión provisional de la Asamblea Nacional Popular, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, normalista de Ayotzinapa desaparecido en 2014, señaló que el gobierno «se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo voy me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad».

El 17 de septiembre, se articularon organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las madres siempre se han preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza de que será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.

Lo más que se ha podido hacer son búsquedas donde encontraron mil restos óseos de 4 a 5 centímetros. También se han realizado detenciones, con irregularidades. Las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam, tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez. Sin embargo, sobre el paradero de los 43 estudiantes no se sabe nada.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, hizo notar las preocupaciones de los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día en que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre sólo se pudieron detener a tres militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.

Segundo, hay una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar». Estas declaraciones son sumamente peligrosas.

Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo. Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que «hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos». En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.

Tercero, «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», asevera Vidulfo Rosales.

Las madres y padres consideran que hay un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo. Están minimizando las detenciones como el general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión que el mismo gobierno las anunció. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratan de dividir a los padres de familia.

Las organizaciones sociales se solidarizaron con las madres y padres, así como el apoyo a Vidulfo Rosales y se manifestaron contra los ataques mediáticos de la clase política y del ejército que se muestra indiferente al dolor de las madres, que, al contrario, busca ocultar la verdad.

Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, pues no fue ajeno a lo que estuvo ocurriendo. Es impensable que no supiera que la normal estaba siendo infiltrada y que tenían monitoreados a los jóvenes desde su salida hasta el arribo en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que sus elementos estaban participando de manera directa en la agresión. Por eso debe enfrentar la justicia.

Vidulfo Rosales habla en que «nos negamos mirar al México profundo y otro imaginario con sus contradicciones, lleno de exclusión, desigualdad y más 100 mil desaparecidos. Qué pasa con los desaparecidos. Nos encontramos una burbuja donde la juventud está en un ensueño por la narrativa de una ideología neoliberal. Así, el discurso del gobierno termina criminalizando la protesta social».

El debacle de la democracia en México se profundiza con una crisis de derechos humanos. Se pensó que todo cambiaría con el gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, las imágenes del terror, de la impunidad y la corrupción continúan. Se habla de libertad de expresión, pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por verdad y justicia.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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Verdad y justicia: deuda del Estado Mexicano

Por: Tlachinollan

Un homenaje al escritor del Guerrero profundo,

Octavio Navarrete Gorjón,

quien en la noche de los lagartos

nos narra con crudeza y elocuencia

los estragos de la guerra sucia.

El 16 de septiembre de 1977,

el régimen de Figueroa Figueroa,

lo desapareció y torturó.

No es casual que a cinco días

de que se cumplan 6 años,

de la desaparición de los 43 normalistas,

la exigencia de verdad y justicia,

siga siendo la deuda del Estado Mexicano.

Durante esta semana las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emprenderán una jornada de lucha muy significativa, en Guerrero y en la ciudad de México. Son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ellos y ellas, es muy relevante el trato y el acercamiento que les ha brindado el presidente. Sienten que es genuino su compromiso y auténtica su postura, de dar con el paradero de sus hijos.

Con esa confianza que se ha ido construyendo en las reuniones de Palacio Nacional, le han manifestado con mucha firmeza que se requiere avanzar en las detenciones de las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes. Enfatizado que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por atreverse a construir una verdad histórica hechiza, y por ser participe en interrogatorios bajo tortura. Le han expresado que es impostergable desenmarañar el telar de la delincuencia que se urdió con la complicidad de autoridades municipales, funcionarios estatales, corporaciones policiales, tanto municipales como del estado y federales, así como del ejército y la marina. Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Con las actuaciones recientes de los jueces, que le han puesto precio a la libertad de los jefes de la delincuencia organizada, las madres y padres han emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proceda con todo el peso de la ley para sancionar a quienes inclinan la balanza de la justicia por intereses particulares. Aún hace falta proporcionar toda la información que se mantiene oculta por parte de algunas instancias del gobierno, como el caso de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala.

A pesar de las buenas señales que se han vislumbrado dentro de Palacio Nacional, las madres y padres están desesperados, porque a cinco días de que se cumplan seis años sin saber el paradero de sus hijos, no hay un cambio sustantivo en el acceso a la verdad ni en la aplicación de la justicia. Hay mucha dilación para ejercer las ordenes de aprehensión. Es muy desesperante y tortuoso, para las mamás y papás escuchar argumentos meramente formales constatar que las autoridades del poder judicial no están resolviendo los casos de fondo, por el contrario, están privilegiando las meras formalidades sobre qué instancia es competente para litigar el caso. Lo que más molesta y lastima es el análisis superficial que realizan algunos jueces sobre las imputaciones que se hacen de los detenidos, procediendo a negar las órdenes de aprehensión.

Además de estás obstrucciones, la muralla del ejército sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en las investigaciones. Aún no se ha dado la plena colaboración de los altos mandos del ejército que tienen información privilegiada, por la posición que ocupaban, en la 27/a zona militar de Iguala y 35/a zona militar de Chilpancingo. Las madres y padres durante todo este tiempo han insistido que se investigue a los miembros del ejército que mantenían vínculos con el crimen organizado, y que además, estuvieron monitoreando desde Chilpancingo los movimientos de los estudiantes, confabulándose para sus desapariciones y asesinatos.

Este lunes iniciarán su jornada de lucha en el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala, para focalizar la irresponsabilidad y complicidad del Poder Judicial, que se han negado sistemáticamente a entregar los vídeos de las cámaras de seguridad. Han trivializado el caso y de manera burda han evadido su responsabilidad, como si se tratara de un caso fortuito sin consecuencias legales. En Guerrero, las autoridades se han acostumbrado a vivir en la impunidad, a no rendir cuentas y, mucho menos, a comprometerse con las víctimas de desaparición de personas. Es hora de que las autoridades tomen en serio el papel que desempeñan y el mandato constitucional que se les confiere, máxime que tienen la alta responsabilidad de administrar la justicia. La presencia de las madres y padres y los estudiantes de Ayotzinapa en el Congreso del Estado, es para recordarles a los diputados y diputadas que tienen un compromiso de contribuir en el caso Ayotzinapa. La Comisión que fue creada para este fin, tiene que citar a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que informe sobre las acciones jurídicas que ha emprendido contra las personas responsables del resguardo de los vídeos extraviados, en el Palacio de Justicia de Iguala. En el estado se ha vuelto costumbre que son los ciudadanos y ciudadanas, las que tienen que presionar a las autoridades para que cumplan con su trabajo, siguen actuando como una élite privilegiada, a la que no tiene la obligación de rendirles cuentas a la población. Su poder es para proteger y defender sus intereses partidistas, no para servir a quienes son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En la ciudad de México, las mamás y papás de los 43 se plantarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Fiscalía General de la República, para evidenciar su falta de compromiso con la verdad y la justicia. Por los obstáculos que existen al interior de las mismas instituciones para mantener intactos los intereses de grupos políticos, que se coludieron con personajes de la delincuencia organizada. Exigirán que no se escuden en las formalidades jurídicas y que realmente jalen parejo como lo está demostrando el ejecutivo federal. En Palacio Nacional no habrá plantón sino una reunión formal con el presidente de la república, para informar de los nuevos avances logrados por parte de la Fiscalía General de la República y de los resultados obtenidos en las recientes búsquedas. La incertidumbre es la que mantiene el corazón estrujado de las madres y padres de los 43 normalistas, porque continúan en la zozobra, aún caminan en la oscuridad y no hay indicios de su paradero.

Así como el libro de La Travesía de las Tortugas, que habla de la vida de los 43 normalistas, antes del 26 de septiembre del 2014, tenemos también la dicha de leer el libro del compañero Octavio Navarrete Gorjón titulado La Noche de los Lagartos, que nos narra la época terrorífica de la guerra sucia en Guerrero. El hilo conductor son las desapariciones políticas que fueron ejecutadas por el ejército y auspiciadas por el ejecutivo federal y el gobernador del estado. El mismo Octavio fue víctima de desaparición forzada el 16 de septiembre de 1977, cuando salió de su casa a tirar la basura. Se lo llevaron en un Mustang rojo. Aun cuando lo inmovilizaron y lo tiraron debajo del asiento, pudo identificar a Meche una amiga de su hermana Hilda. Cuando el carro hizo una parada, logró sobreponerse y gritó “Meche avísale a Hilda que me llevan”. El carro fue ubicado en las oficinas de tránsito municipal de Acapulco. Doña Soledad, madre de Octavio junto con Hilda, acudieron con el ingeniero Manuel Mesa Andraca para que con su intervención pudieran hablar con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa. La cita se dio, y el ingeniero se presentó como amigo de la familia y de Octavio, el líder estudiantil de la preparatoria 2 de Acapulco. Le informó de su desaparición y le pidió su intervención para que regresara sano y salvo a su casa. El gobernador tomó el teléfono y con voz de mando dijo “mi mayor, con su vida me responde la presentación del joven Octavio Navarrete”. Después de escuchar a su interlocutor, le enfatizó que tenía que encontrarlo. Al final de la tensa plática, se dirigió a doña Soledad con un gesto adusto “váyase tranquila, que se lo vamos a entregar”. 15 días más tarde la jefa de comunicación del gobierno del estado Bella Hernández, presentaba al gobernador Rubén Figueroa y al dirigente estudiantil Octavio Navarrete. Lo inaudito fue el mensaje nefasto del gobernador “mi gobierno no desaparece estudiantes (…) En Guerrero, no se les persigue”. La cita del gobernador a la mamá de Octavio en la ciudad de México, fue para espetarle “póngale gobierno a este muchacho, ¿Le gustaría que apareciera muerto sobre una cuneta? Dígale que el no hará política en Guerrero, mientras yo gobierne. ¿Quiere encierro, destierro o entierro?”. Octavio se fue del estado, pero siempre su corazón estuvo anclado en  Coyuca de Benítez, siendo testigo de las gestas heroicas de los campesinos y maestros por la verdad y la justicia.

Fuente e magen: Tlachinollan

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Opinión: ¿Se acabó la verdad histórica?

Por: Tlachinollan

 

En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.

En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso.  Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.

Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.

Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.

Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas.   En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios.  Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.

Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”.  Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.

La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.

La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-se-acabo-la-verdad-historica/

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