A pesar de las críticas de buena parte de la comunidad educativa murciana, las negociaciones entre el PP y los tres diputados expulsados de Vox han dado sus frutos. Se confirma que Mabel Campuzano será la consejera de Educación de la Región.
Todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo al que han llegado el PP y los tres diputados expulsados del partido de extrema derecha. Hasta donde se conoce, Mabel Campuzano ha hecho declaraciones en las últimas semanas que apuntan a la puesta en marcha del veto parental sobre los contenidos que se enseñan en las escuelas, el cheque escolar y la apuesta por la escuela concertada frente a la pública.
De poco han servido los intentos y declaraciones realizados por sindicatos y familias de la educación pública de la Región para que el presidente regional no cumpliese con la posibilidad de que cediera la Consejería de Educación a la extrema derecha. La comunidad educativa de la pública ha criticado con dureza el «mercadeo» que ha supuesto la negociación con los diputados expulsados de Vox para que dieran su apoyo al PP para evitar su salida del Gobierno tras la moción de censura de hace un par de semanas.
Ahora queda conocer los detalles del acuerdo al que han llegado los negociadores. Sobre la mesa, la puesta en marcha del cheque escolar, el veto parental sobre los contenidos educativos y la apuesta por la educación concertada en una comunidad en la que, en la última década, se ha invertido más en esta que en la pública, porcentualmente.
El presidente regional ha hecho oídos sordos a las protestas de la Plataforma por la Educación Pública de Murcia que se concentraron ante el palacio de San Esteban, en Cartagena, y ante la Asamblea en la capital, Murcia. Unas protestas que, presumiblemente irán a más en los próximos días.
Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales.
Desde inicios de 2020, al menos en cinco congresos locales se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez.
Por tales razones, se enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como ‘Pin Parental’: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
Ante ello, las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
Concluyen que el llamado ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.
Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/pin-parental-vulnera-los-derechos-de-ninez-y-adolescencia-sep-y-segob/
Los gobiernos de Madrid y Murcia, del PP, rechazan el «aprobado general», aunque no es exactamente lo que pactó el miércoles, y avanzar de curso con asignaturas suspensas; Euskadi no ofrecerá actividades de refuerzo en verano.
Ni un día ha durado el consenso entre Gobiernos y comunidades autónomas anunciado el miércoles para finalizar el curso escolar con la idea de una «promoción general» y la posibilidad de titular en Secundaria y Bachillerato con asignaturas suspensas. La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó que el apoyo a estas medidas era «mayoritario» entre los gobiernos regionales. Hoy se sabe que fuera de esa mayoría están, al menos, Madrid, Murcia, por unas razones, y Euskadi por otras. Mientras Andalucía y Castilla y León han expresado sus discrepancias con el acuerdo.
La Comunidad de Madrid, probablemente la más beligerante con el ministerio en cuestiones educativas, ya venía avisando de que no estaba a favor de un «aprobado general». Y así se lo ha hecho saber al ministerio este mediodía. Lo pactado ayer no es un aprobado general al pie de la letra, aunque se parece: Celaá lo definió como «promoción generalizada». Los alumnos con más problemas de rendimiento, por las razones que sean, no pasarán automáticamente como sí harían en si hubiera un aprobado general.
Los profesores explican que la evaluación de un alumno se hace de manera colegiada en el claustro y que, hecha la ley, hecha la trampa. «Si ponen un máximo de asignaturas suspendidas para pasar de curso y los profesores creen que ese alumno debe pasar, ya se las ingeniarán para que apruebe las materias necesarias», explica una docente.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, explicó el miércoles en rueda de prensa virtual que «no se trata de suscribir el acuerdo, lo que se hace es dar paraguas a las Comunidades Autónomas para que ejerzan sus competencias, haciendo las modificaciones que consideren menester».
Madrid no comparte las evaluaciones diagnósticas
Al consejero madrileño, Enrique Ossorio, le parece un matiz menor. «No se puede compartir la propuesta que, refiriéndose a la promoción en el Bachillerato, ESO, FP o las enseñanzas de régimen especial afirma que las administraciones educativas podrán flexibilizar los criterios de obtención de los diferentes títulos (…). Quiere decir, ni más ni menos, que se titule con asignaturas suspensas».
Y cree Ossorio que «no se puede dejar al albur de cada comunidad, porque se trata de una competencia estatal, la cual debe ser ejercida por el Ministerio de Educación», y ha explicado que no sería justo que se pudiera aprobar con diferente número de asignaturas suspendidas porque luego los títulos valen en todo el Estado.
También le parece muy importante a la Comunidad de Madrid que la evaluación del tercer trimestre no sea solo «diagnóstica» tal y como se decidió ayer en la reunión –esto es, sin carácter académico, solo para detectar carencias y necesidades de cara al próximo curso–, si no que debe ser académica «aunque dicho proceso tenga en cuenta la excepcional situación». «Reducir la evaluación a su valor diagnóstico o formativo es devaluar el concepto de evaluación», afirman desde la Consejería.
Murcia: «No la ratificamos»
«No lo ratificamos», ha dicho este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera del ramo murciana, Esperanza Moreno, escenificando de esta manera su segundo conflicto abierto con Celaá en lo que va de curso, tras la polémica por el veto parental que quiso imponer en las aulas murcianas y con el que Vox presionó al Gobierno regional (PP y Cs) para apoyar sus presupuestos. La Justicia lo suspendió cautelarmente el pasado 12 de marzo.
Esperanza Moreno ha asegurado que su Gobierno solo ratificará la propuesta de la ministra sobre promoción y titulación de los alumnos si legisla en esta materia. «Pero le dirigí dos preguntas directas ayer (por este jueves) que se quedaron sin respuesta y no hemos recibido ni siquiera la propuesta por escrito». La consejera murciana ha afeado al Gobierno central «que tampoco hayan contestado a nuestra petición de acompañar y apoyar con un contexto económico estos próximos meses».
Moreno ha exigido, por tanto, que se legisle para saber cuándo pueden pasar de curso los alumnos: «Necesitamos esa información, si no contamos con unas instrucciones claras del Ministerio se pueden producir desigualdades e injusticias entre Comunidades, y es lo que menos queremos en estos momentos de crisis».
En este sentido, ha pedido «unanimidad» porque «no es justo» que esas decisiones recaigan sobre el profesor «sin un respaldo por parte de la administración».
Por su parte, el gobierno vasco también tiene objeciones, aunque van en otra dirección. La consejera, Cristina Uriarte, ya afirmó el miércoles tras la conferencia sectorial que su comunidad autónoma no ofrecerá las actividades de refuerzo de julio (que serán de carácter voluntario en cualquier caso) y también el aprobado general, aunque este no se vaya a dar al pie de la letra.
«En Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo», explicó la consejera. «Llevamos tiempo trabajando, definiendo cuáles serán los contenidos esenciales de los currículums de aquí a final de curso y estamos trabajando también en las evaluaciones y cuáles serán los criterios y herramientas para realizarlas. También afirmó que ningún alumno repetirá por el coronavirus.
Por otra parte, Andalucía y Castilla y León han manifestado ciertas discrepancias con las medidas. La Junta de Andalucía ha manifestado que «en tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa» las condiciones de promoción o titulación de los alumnos, no puede apoyar al Gobierno. Y recuerda que hay una normativa fijada, que en la ESO establece la opción de promocionar con dos asignaturas suspensas y con tres excepcionalmente, mientras que para titular en bachillerato hay que aprobar.
En el último caso, la Consejería de Educación de Castilla y León ha respaldado el acuerdo, salvo por el apartado de la promoción y la titulación, para el que ha pedido más concreción. La consejera de Educación autonómica, Rocío Lucas, ha pedido al Ministerio una nueva reunión para llegar acordar ese punto, puesto que no es tan urgente como el resto de cuestiones en las que sí hubo consenso y que permite a las comunidades avanzar en la gestión de la educación.
El resto de comunidades se ha adherido al acuerdo, lo que implica que aplicarán los criterios establecidos en él. Los gobierno regionales que lo hayan rechazado, podrán adherirse más adelante.
Entrevista/12 Marzo 2020/Autor: Pablo Gutiérrez del Álamo/eldiariolaeducacion.com
ERC se ha convertido en una de las patas principales del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La aprobación de la Ley Celaá depende, en buena medida, de su apoyo. Hablamos con Montserrat Bassa, portavoz del partido en el Congreso para conocer su postura en la cuestión. La Mesa de Diálogo entre Moncloa y Generalitat es, junto a la financiación, el elemento central sobre el que girará en buena medida el apoyo que la Lomloe reciba.
Monserrat Bassa habla despacio, con calma pero con emoción. Nos recibe en su despacho del Congreso de los Diputados pocos días después de la comparecencia de la ministra Celaá en la Comisión de Educación en la que explicó el proyecto de nueva ley. Fue la única portavoz parlamentaria que decidió no utilizar todas sus intervenciones después de más de cuatro horas de comisión, cosa que toda la asistencia agradeció.
Bassa es la portavoz de Esquerra Republicana en dicha comisión. Tiene, ella y el partido, una compleja labor por delante. Puente entre Madrid y la Generalitat (ERC ‘controla’ el Departamento de Educación catalán), visagra (como en aquellos buenos años de CiU) para sostener el Gobierno central y apoyar la ley educativa. Es muy consciente de ello.
Nos entrevistamos con ella para conocer un poco mejor qué piensan de la nueva ley educativa pero también de cuál es el peso que tiene, para la aprobación de aquella, la negociación de la Mesa de Diálogo entre Moncloa y Generalitat y de la negociación también de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Qué te parece el proyecto de ley?
Nos encontramos con la ministra días antes de la comparecencia, cada uno de los portavoces. Yo le dije que estaba muy contenta porque por fin se iba a derogar la Lomce, que salió con la clara intención centralista, se cargaba el sistema de inmersión linguistica, no respetaba ninguna de las competencias catalanas y, aquí tengo la lista de recursos (ante la justicia). De entrada es una muy buena noticia. A partir de ahí, hablaremos a lo largo de las comisiones para ver si nos ponemos de acuerdo.
En líneas generales estamos de acuerdo porque lo que propone es siempre, por delante de cualquier iniciativa privada, el sistema público. Esto nos gustó mucho. En Cataluña estamos desde hace mucho tiempo en el tema de la coeducación, con el nuevo decreto. Teníamos muy claro que no vamos a dar conciertos a escuelas que segreguen. Y lo decimos de manera muy contundente. Esto es lo que vamos a tener que hablar con la ministra porque la ley no lo acaba de definir muy claramente.
De hecho deja la puerta abierta…
Deja la puerta abierta, pero en Cataluña lo tenemos más que claro.
¿Qué más hablasteis?
La ministra dejó muy claros los puntos de potenciar la financiación, sobre todo, de la etapa de 0-3 años, que es uno de los temas principales. Que la Religión no fuera obligatoria, algo que en Cataluña tenemos claro desde hace años. El hecho de que haya una buena planificación desde las administraciones, que sepamos cómo se reparten las plazas, independientemente de que sea pública o privada. Es fundamental.
La ministra también habló en su comparecencia del interés que tenía porque se flexibilizara el sistema. También lo tenemos muy claro en Cataluña y lo que no nos gustaba de la Lomce son los itinerarios, que dividen a los alumnos… También habló mucho de potenciar al FP, muy necesario. Pero sí que es verdad que nos preocupa en Esquerra la financiación. Esta es la parte principal.
Foto: Teresa Rodríguez
La parte principal y que nadie sabe muy bien…
Claro… ¿Cómo vas a potenciar la etapa 0-3 si no está muy clara la financiación, qué parte de dinero nos van a cubrir? También la FP, a la que se dedicó bastante tiempo. Pero si no hay financiación ¿cómo vas a mejorar las aulas, las prácticas de FP, que es lo que en realidad tenemos que mejorar?
Se habló mucho de la nueva formación del profesorado. En dos vertientes: que estén mucho más formados, de la fomación permanente; esto, a mí, me gusta. Llevo 35 años en educación, he pasado por todos los campos: en el Departament como asesora de estos temas, en institutos, en primaria, y los últimos 10 en educación de adultos. Tengo una visión muy clara en formación del profesorado e insistiendo en la permanente. La otra parte, más complicada de definir aunque la ley deja muy claro que la quieren cambiar, es el acceso. Totalmente de acuerdo con la idea, pero sin financiación va a ser complicado. ¿Cómo vas a montar que todo el profesorado puede acceder a trabajar, demostrando sus competencias en supuestos prácticos si no hay todo un montaje? Se necesita de una buena financiación.
Desde ERC vemos algunos problemas en el campo del currículo. El Departament d’Educació, lo lleva nuestro partido. Llevamos años con proyectos de innovación y se contradicen muchas veces con lo que hemos estado padeciendo estos años con la Lomce, que era totalmente contraria a la innovación. Tenemos que hablar mucho.
Tampoco se trata de empezar de cero. Llevamos más de 10 años con escuelas experimentales, con mucha investigación y se trata de experimentar. Consideramos que la escuela catalana funciona, y funciona muy bien. Y además tiene elementos y datos para demostrarlo.
Lo que me da más miedo es que estamos hablando, en la Mesa de Diálogo, de desjudicializar la política, y en el campo de la educación tenemos cantidad de recursos que nos interponen por la lengua, gravísimo. Tenemos muy claro que en la escuela catalana, la lengua vehícular tiene que ser el catalán, pero clarísimamente, sin despreciar. Además, cuando analizamos los resultados, sabemos que los alumnos salen con un buen nivel de castellano. Tenemos también recursos sobre el curículo, contra las normativas de inicio de curso, sobre la evaluación de secundaria. Tenemos muchos temas pendientes de juicio. Y claro, ¿cómo casa con que apoyemos la ley? No es tan claro. Tenemos primero que dialogar, buscar consensos. Esta es la línea. Porque en realidad lo que están haciendo es no respetar las competencias que tenemos de educación y es grave.
¿Esperáis que el gobierno retire todos los recursos?
Vamos a intentar que nos entendamos y dialogar para ver qué hacemos con estos temas. Lo que no puede ser es apoyar una ley cuando tenemos una serie de recursos que no nos dejan trabajar libremente nuestras competencias. Sé que esto no depende directamente de la ministra, sería absurdo decir que nuestro apoyo va a depender directamente de esto, pero sí es verdad que tenemos que hablar y buscar consensos. Y cuando digo consensos, insistiendo en que no lo sean solo de partido. Consensos con la comunidad educativa, teninendo muy claro que no solo somos nosotros, sino toda la comunidad: direcciones, familias…
¿Qué partes de la ley no os gustan? Apuntabas la puerta abierta a los conciertos a escuelas segregadas…
No, esto, evidentemente, no me gusta absolutamente nada. La escuelas concertadas están muy asustadas porque les quiten el concierto, pero es algo que tenemos clarísimo: no va a haber financiación para conciertos en escuelas que segreguen. Creo que va a ser uno de los puntos en los que tendremos que ponernos de acuerdo para apoyar la ley. No creo que sea tan complicado. Es aberrante que haya escuelas concertadas en las que familias pagan 600 euros o más y que las extraescolares son hípica, y que se invierta el dinero público en centros de este tipo.
Sin embargo, la mayoría de las concertadas religiosas no deben sufrir para nada porque lo que hacen es una función social. Esto será un requisito para saber si damos o no un concierto. Se trata de no segregar, apostar por la coeducación, y mirar que el concierto no dependa del número de gente que se apunte, sino del tipo de innovación que hacen, de los proyectos y, sobre todo, de la función social. Y me parece muy bien que sea la Administración educativa la que haga la planificación de plazas. Independientemente de que sea pública o privada.
Sí que parece contradictorio que la nueva ley no acabe de determinar este punto, pero es verdad, en apoyo a la ministra, dejó muy claro que era una línea roja. A partir de ahí estamos abiertos al diálogo. Mi intención no es criticar, sino trabajar para conseguir lo que me parece que tiene que ser la educacón pública.
Foto: Teresa Rodríguez
Una de las piedras angulares de todo esto es la financiación. Del Ministerio y de las CCAA. La ley parece muy ambiciosa en sus objetivos, desde el 0-3 a ampliar la educación inclusiva.
Hablamos de revertir recortes y, además, financiar todos estos campos. No solo necesitaremos una buena financiación en el 0-3, sino también se está hablando de reducir repeticiones, flexibilizar evaluación, la posibilidad de que el bachillerato sea de tres años, y todo eso conlleva dinero. Y mucho.
¿Hasta dónde debería llegar el porcentaje de inversión?
No te lo sé decir en estos momentos. Lo vamos a trabajar. Todavía no sabemos si vamos a aprobar los presupuestos, que quede claro también. Dependerá de la Mesa de Diálogo. Hemos dicho, y va ligado con el tema de educación, desde el primer día, que habrá legislatura si avanza la Mesa de Diálogo. Y si avanza, tiene que ver con los presupuestos, clarísimamente. Pero ahora estamos en un inicio, no podemos decir nada.
¿Hasta qué punto van ligados los temas? Teniendo en cuenta que en las líneas maestras de la ley podéis estar más o menos de acuerdo ¿Cuánto peso va a tener la negociación entre Moncloa y Genetalitat?
Hay una cosa muy clara: la finalidad de la Mesa de Diálogo es, sobre todo, conseguir que el pueblo catalán se pueda autodeterminar. Y de entrada, y te habla la hermana de una presa política, esto conlleva unos consensos de país, no de partido, que representan al 80% de la población catalana: el fin de la represión. Significa pedir una amnistía general, porque hay es una causa abierta contra el independentismo. Y lo más importante es luchar porque la gente pueda votar y que, además, el pueblo pueda votar los acuerdos que salgan de la mesa de negociación. Esto es lo principal para nosotros en estos momentos. Pero también es verdad, y esto lo tengo claro, es que hay un mientras tanto. Esto no va a ser muy rápido, lo sabemos. No sé si escuchaste mi intervención (en la investidura); fue dura, pero desde el corazón. Yo lo paso mal. El estado español le ha supuesto unos problemas enormes a mi familia. Pero lo que tengo claro es que aunque saliera mi hermana y el resto de los presos políticos de la cárcel, el problema continuará igual. El problema no es que estén en la cárcel o en el exilio, el problema es que existe un conflicto político: que la gente en Cataluña llevamos muchos años queriendo decidir nuestro futuro. Eso no significa que seamos independientes, aunque mi partido tenga muy claro que querría que sí. Este proceso va a necesitar de un tiempo. Estoy esperanzada, aunque sea tan duro. Hace unos meses el propio Pedro Sánchez hablaba de conflicto catalán, pero estoy contenta de que haya cambiado este discurso. Hablamos de una oportunidad de que las izquierdas, por fin, (que las añoraba mucho) estén ahí.
Concluyendo, si la mesa avanza, habrá legislatura. Y si hay legislatura se aprobarán todas estas leyes, porque creemos en ellas. Pero la prioridad es la Mesa de Negociación. Lo que no podemos hacer es ir aprobando presupuesto, aprobando leyes… Yo soy una servidora pública, elegida por unas personas con un programa muy claro. Este tema está relegado al objetivo que estamos trabajando. Es combinar el objetivo que queremos y trabajar, mientras tanto, porque la población catalana también necesita de una nueva ley de Educación…
Una posición privilegiada y muy complicada al mismo tiempo…
Exactamente. Pero no estoy desanimada, lo digo desde el corazón. Pienso que tenemos que estar aquí en Madrid, que tenemos que hablar, dialogar. Lo pasé muy mal el primer año, me costaba mucho. Si me hubieras entrevistado el primer año, estaría… bueno… me saldría una especie de rabia. He tenido que hacer una gestión personal y evolucionar para poder racionalizar esta rabia porque lo que quiero es solucionarlo, y solo se soluciona hablando. Y la ministra Celaá también tiene ganas. Y esto, en la entrevista que tuvimos, me lo comunicó claramente, y me la creí, que tiene ganas de llegar a consensos, no solo de los partidos, sino de toda la comunidad educativa. Tenemos la esperanza de que salga bien, pero sin olvidar, y aquí lo tengo, un listado muy largo de las causas en la justicia y que esto no puede continuar así. Nos tienen que respetar las competencias plenas. Es una queja a un partido, el PP, que aprobó la Lomce en solitario. Está todo dicho. No puedo echarle la culpa (a la ministra) pero sí tenemos que ir encontrando una vía de solución.
El PSOE retoma el reparto del curriculo, del 55 y 65. ¿Os parece un porcentaje razonable?
Lo tenemos que hablar. No me quiero definir en este momento. Sé que tener la lengua vehicular baja a 55 (el currículo común), sé que otras CCAA es el 65 (las que tienen lengua propia). Tenemos que hablarlo. No solo son los porcentajes, sino la realidad. No puede ser que nos digan un porcentaje y luego, como ha pasado, que lleguen denuncias de algunas familias que dicen que no estamos cumpliendo. Voy a trabajar en coordinación con el Departament d’Ensenyament de Catalunya y todas mis intervenciones, primero estarán habladas con el Gobierno de Cataluña. Estamos en los principios.
Una ley como esta puede tardar tres meses de trámites, que en realidad va a ser más, porque dependerá del diálogo que haya. Tendremos tiempo de mirar la letra pequeña de cada uno de los puntos. Ha sido empezar a ver que habrá ley de educación y me ha llegado cantidad de gente muy preocupada, desde AMPA a escuelas concertadas o sindicatos de profesores… Escucharé a toda la gente que me ha pedido reunirse conmigo, con el partido, y los vamos a escuchar a todos.
Tras el 1 de octubre de 2017, vimos la polémica sobre el adoctrinamiento… Hoy vemos en el resto del país un problema parecido con el asunto del veto parental…
Cualquier ciudadano en Cataluña que vivió el 1 de octubre, y he hablado con mucha gente que no es catalana, periodistas mismos que estaban allí quedaron muy sorprendidos de lo que estaban viviendo y luego lo que se comentó en los medios. En los institutos en los que hubo los problemas estos se agrandaron enormemente, en parte en culpa de los medios. Nos hizo mucho daño cómo se vendió. Y como estamos en campaña permanente, los partidos que les interesan estos temas, no pararon de poner problemas donde en realidad no los había.
Una escuela tiene que hablar de lo que pasa en la calle con sus alumnos. Y los profesores, confío en ellos, no van a adoctrinar. La prueba es que todas las denuncias que les pusieron han acabado en nada. Hubo gente que lo pasó muy mal, gente que no se atrevía a hablar y a decir claramente que lo que hacían en sus clases era explicar qué había pasado. Dejar que los alumnos hablasen con tranquilidad y de aquí surgió todo el problema.
Por eso es importante estar en Madrid: para crear un altavoz, porque tenemos que llegar a la ciudadanía. El problema no es la cantidad de gente que tenemos de VOX en el Congreso, el problema es la cantidad de gente que los vota. Tenemos que llegar a la gente que los vota.
Lo realmente grave es que no se confíe en el profesorado. Un profesor debe poder ponerse delante de la clase y explicar y preguntar a los alumnos; porque lo que queremos es que sean críticos, y lo normal es preguntar cómo lo han vivido, y esto es lo que hizo la mayoría de la gente aquellos días. Tengo muchos amigos que recibieron golpes, un amigo que perdió un ojo. Y era muy normal hacer un minuto de silencio en contra de la violencia, aunque no te posiciones, en nombre de la paz y la convivencia. Hubo institutos que no pudieron hacerlo porque venían personas a politizar el hablar de paz y de diálogo, sin posicionarse, escuchando la opinión de los alumnos.
Los niños estaban en las calles. Y al día siguiente tenían escuela. Y no puedes estar en la escuela, después de haber pasado por un tema tan importante, y empezar a explicar fracciones. La educación es mucho más que un currículo cerrado.
En relación a tu intervención en la Comisión, habláis de la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. ¿Por qué debe ser obligatoria?
Porque tenemos clarísimo que primero, de los 0 a los 3, el niño ha de tener una educación de calidad. Pero el 3-6 es una etapa de formación principal. El cerebro de un niño de esa edad está muy abierto a recibir cantidad de información, que después será la base para continuar la educación. Se demuestra que la mayoría del fracaso escolar viene de una falta desde los primeros años. Esta es la razón principal por la que entendemos que debe ser obligaria, y pública, naturalmente.
Hoy por hoy el porcentaje de escolarización es prácticamente universal…
Bueno, más que nada por dejarlo por escrito. Es una necesidad. Apostamos por una educación inclusiva desde los 3 hasta los 16 años. Lo normal es que quede por escrito y sea una clara determinación de la ley.
Esto nos lleva de nuevo al presupuesto, dado que mucha de la oferta es privada y concertada en este ciclo.
Pero no podemos pensar una ley y, como no hay recursos, minimizarla. No sería normal detallar una ley pensando solo en la financiación porque sale recortada de entrada. Lo que queremos es tener una ley de educación como la que nos merecemos, porque la educación es para formar los futuros ciudadanos. A partir de aquí, ver de dónde sacamos el dinero. Es de sentido común no recortar la ley de entrada pensando que no tenemos la financiación suficiente. Estaríamos engañándonos a nosotros mismos.
Foto: Teresa Rodríguez
Me gustaría que me explicaras la propuesta en relación a la prueba de acceso a la universidad.
Creemos, desde Esquerra y desde el Gobierno catalán, que esto es un atentado a la autonomía de las universidades. De ahí la crítica. No es solo en Catalunya, la mayoría de las universidades lo que defienden es su autonomía. En el momento en el que hacemos una prueba única centralizamos, que todo el alumnado de las universidades de toda España tengan la misma prueba. Es una contrariedad cuando lo que queremos es que se respeten las competencias de cada una de las nacionalidades del territorio español pero, además, no solo respetar, sino saber que las universidades tienen libre potestad para decidir cómo quiere hacer su prueba de entrada.
¿Tienen las universidades capacidad de hacer su propia prueba por separado?
La deberían tener. La ley encamina esta mayor autonomía de los centros, que los equipos directivos tengan mayor capacidad de liderazgo. En el nivel universitario aún debe ser más claro.
¿Y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía para acceder a una carrera independientemente del lugar donde haya nacido?
Sí, claro, cualquier alumno podría hacerla, pero tener la independencia de que una universidad pueda hacer sus propias pruebas no significa que cualquier alumno no pueda ir a cualquier universidad. La igualdad de oportunidades hay que cumplirla. No es contradictoria una cosa con la otra.
¿No?
Yo creo que no…
Si yo tuviera 17 años ahora y tuviera que hacer la prueba y quisiera estudiar periodismo ¿tendría que presentarme a tantas pruebas como facultades en vez de a una sola?
Hablamos de autonomía pero a nivel de Cataluña. Pero no tengo claro si se está hablando de autonomía universidad por universidad o dependiendo. Lo que no nos gusta es hacerlo a nivel de toda España pero, ¿por qué? Por respetar que hay nacionalidades distintas. Y que igual hay intereses distintos y tenemos que respetar. Sabemos que queremos descentralizar la educación, igual que País Vasco. Queremos que se respete la diversidad nacional. Sería una contradicción que fuera una prueba única para todo el Estado.
En relación a la igualdad de oportunidades, una cosa que me gustó mucho de la intervención de la ministra, y que comparto, es la intención de que mejoren las becas. Es muy importante. Estuvimos hablando largamente del tema. No puede ser que la gente pague lo que está pagando por ir a la universidad. Es un tema muy importante. Algo que supondrá también financiación, y mucha.
¿Hacia qué sistema os parece que debería conducirse?
Aún lo tenemos que hablar. Tampoco la ministra entró en ninguna concreción. Pero el solo hecho de saber que tenemos que potenciar las becas para conseguir que más gente pueda estudiar sin tener que pagar lo que está pagando hoy en día es una necesidad básica, si lo que queremos es tener una educación pública y de calidad.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/12/si-la-mesa-de-dialogo-avanza-habra-legislatura-y-se-aprobara-la-ley-educativa/
Este 8 de marzo resulta aún más importante, si cabe, reivindicar una educación feminista frente a las maniobras de la extrema derecha para eliminar cualquier intento de educar en valores de igualdad.
En teoría, la escuela tiene la función de educarnos para ser ciudadanos y ciudadanas competentes, capaces de actuar e intervenir en el mundo que nos rodea. Debería educarnos para poder identificar las situaciones de desigualdad y discriminación presentes en nuestro día a día, y para transformar esa realidad. De poco nos sirve saber mucho sobre determinadas disciplinas si no aprendemos a relacionarnos con nuestros iguales y a construir un mundo respetuoso con otras personas y con el medio y otras formas de vida.
A estas alturas, teniendo en cuenta que aún no existe una igualdad real de derechos entre mujeres y hombres en el mundo, o que más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 17 años, víctimas de la violencia machista en nuestro país (cifra que no incluye a aquellas mujeres asesinadas por hombres que no eran sus parejas o exparejas), debería ser inadmisible que el ámbito educativo no esté dando respuesta a un problema social de tal gravedad. Entre la población adolescente esta realidad no es ajena, más bien al contrario: cada vez se identifican más casos de discriminación y violencia, y el alumnado reclama, cada vez más, una educación que frene y prevenga esta problemática social. Sin embargo, estamos viviendo actualmente un constante cuestionamiento a la necesidad e importancia de educar para prevenir la violencia machista o, incluso, que se ponga en duda la discriminación de género.
Toda acción o actividad educativa que tenga como objetivo la concienciación y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la prevención del machismo no puede considerarse de carácter optativo. Son aspectos que, se supone, deberían estar recogidos ya en las aulas y trabajados a través de cada una de las disciplinas, tal como señala el currículo oficial. Además de la actual ley educativa, tanto la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señalan que el sistema educativo debe asumir la educación para la igualdad y la prevención de la violencia machista. Sin embargo, por un lado, no podemos dar por hecho que esto sea así y, por otro, no podemos permitir un retroceso en este sentido. Por tanto, es obligación de los colegios e institutos diseñar, planificar y poner en marcha actuaciones que vayan en esta dirección, no sólo como actividades complementarias, sino integradas en la programación docente de cada materia.
Las actividades curriculares, dado que apenas se contemplan, no están recibiendo tanto cuestionamiento mediático. El hecho de que apenas se tengan en cuenta tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, tienen la desventaja de que sólo el profesorado más concienciado incluirá la perspectiva feminista en su programación docente. Por otro lado, precisamente el no considerarlas hace que no sean objeto de las críticas y permite una mayor libertad para su inclusión en las áreas curriculares. Este tipo de actuaciones están amparadas en las leyes anteriormente mencionadas y tienen gran potencial educativo al incluir la perspectiva feminista de manera transversal en el currículo.
Son las actividades complementarias las que más se están cuestionando y hacia las que se dirigen mayoritariamente las críticas de la extrema derecha. Las administraciones educativas establecen que las actividades complementarias que tienen lugar en los colegios e institutos han de desarrollarse en horario lectivo y son obligatorias para todo el alumnado, además de evaluables. Todas estas actividades se incluyen en la programación anual de los centros (pública y accesible), se aprueban en el claustro, se presentan en el consejo escolar, y son supervisadas por parte de la inspección educativa. En este contexto, las familias no pueden negarse a que sus hijos e hijas reciban esta formación.
Algunas personas y grupos reaccionarios están ejerciendo muchísima presión social y política para que se tengan en cuenta cuestiones que son ilegales en nuestro país actualmente. Están desarrollando maniobras de acoso hacia personas y colectivos que se dedican a educar con una perspectiva feminista y que ponen en valor la diversidad; personas y colectivos que llevan años trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria, más sensible a las cuestiones feministas, entre otras. Un ejemplo de ello es Pamela Palenciano con su monólogo “No sólo duelen los golpes”, que tantos ataques está recibiendo, o asociaciones feministas o de defensa de la diversidad sexual y de género que desarrollan formaciones para el alumnado. Estas personas y colectivos están realizando labores que las administraciones no sólo no asumen, a pesar de que por ley deben contemplarlas, sino que ahora algunas ni siquiera defienden.
Tendrá que llegar un momento en el que deje de darnos miedo hablar de feminismo y de pedagogías feministas. El feminismo no es otra cosa que la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y por erradicar las violencias machistas que sufren las primeras por parte de los segundos. No tendría que haber razones por las que no quisiéramos una sociedad más justa, libre de violencias y de discriminaciones (por género o por cualquier otro motivo).
Abrir la puerta al veto parental es abrir la posibilidad de vetar los derechos humanos, el derecho de cada niño y niña de recibir una educación integral de calidad, el derecho de ser considerada como persona igual a otras. Es hacer explícito que cierto sector de la sociedad no quiere una sociedad más justa en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, que no quiere terminar con la violencia machista que vivimos las mujeres y que mata a miles de ellas en todo el mundo. Es negar a unas personas que se encuentran en proceso de crecimiento la posibilidad de recibir una educación integral, en valores de respeto e igualdad, en una educación sexual que no condene a nadie al ostracismo, que esté centrada en los derechos sexuales y reproductivos, en la salud y en el disfrute, que tenga en cuenta la diversidad sexual, las emociones, el consentimiento… No es un “pin” con un objetivo de proteger, es una censura, es un veto a construirse como persona.
El recurso, que acaba de interponer el Ministerio, pretende que el tribunal decida sobre la legalidad de las instrucciones de inicio de curso en primaria y secundaria y solicita su paralización cautelar.
Ha pasado un mes desde que la ministra Isabel Celaá enviara un requerimiento a la Comunidad de Murcia para que echase marcha atrás con las instrucciones de inicio de curso que suponían la implantación del veto parental de VOX sobre los contenidos de las actividades complementarias. Al no recibir respuesta satisfactoria, el Departamento ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que decida si la medida impuesta por la Consejería atenta contra el derecho a la educación del alumnado de la Región. Y mientras lo hace, se ha solicitado que, como medida cautelar, se congele la implantación de dicho veto.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia publicó unas instrucciones de inicio de curso en las que se recogía, de manera más o menos velada, esa petición de VOX (partido que sostiene al ejecutivo de la Región) de poner en marcha el veto parental y, con ello, dar a las familias la opción de «objetar» a ciertas actividades complementarias si chocan con sus creencias.
Ya se montó revuelo en la Comunidad entonces, aunque de facto, como explican organizaciones de Murcia, ya venía funcionando desde el curso anterior un sistema parecido. En aquel momento, dicen estas mismas personas, por presiones de la ultraconservadora organización Hazte Oír.
Isabel Celáa esperó hasta inicios de 2020 para pedir explicaciones a la Región y solicitar la rectificación de estas instrucciones al entender que atentan al derecho a la educación de niñas, niños y menores en aquella Comunidad. Desde Murcia hicieron caso omiso, de hecho, decidieron no asistir si quiera a la reunión que estos días está llevando a cabo la ministra con las consejerías de Educación del país.
El autor sostiene que la medida adoptada en Murcia somete al profesorado a la estrategia del miedo y le impide educar desde la libertad, en libertad y para la libertad
Con la aprobación del veto parental en la Región de Murcia vuelven a España la Inquisición, una institución que dábamos por desaparecida en el siglo XIX, y la censura, que creíamos enterrada con la Transición democrática. Lo más grave es que la Inquisición y la censura se imponen en el sistema educativo, en la escuela pública y en la concertada. El argumento utilizado por Pablo Casado para justificar dicho veto se resume en dos afirmaciones falaces: “Saquen sus manos de nuestras familias» y “mis hijos son míos”.
No sé muy bien a quiénes se refiere la primera afirmación: ¿a los profesionales de la educación: maestros, maestras, educadores, y educadoras, psicólogos?, ¿al Estado? Si se refiere a los primeros, carece de sentido, porque es a ellos a quienes les corresponde la tarea formativa-informativa-educativa en la escuela. Si se refiere al Estado tampoco es muy afortunada, porque es la institución que tiene la obligación de ofrecer una educación integral en las mejores condiciones. Las familias pueden y deben colaborar en la tarea educativa escolar, claro está, pero no erigirse en protagonistas de la misma ni marcar su orientación pedagógica ni poner vetos a su contenido.
A la afirmación de Casado “saquen sus manos de nuestras familias” habría que responder con otra: “Saquen las creencias religiosas de las aulas”, ya que con frecuencia la presencia confesional de la religión en la escuela es una de las responsables del veto parental. Como afirma Mariam Moreno, experta en coeducación y creadora del programa Scholae, cuyo objetivo es incorporar la igualdad en los colegios, “el sistema educativo no puede depender de las creencias de las familias, que no tienen el derecho a imponer sus creencias sobre los derechos humanos”.
Por lo que se refiere a la segunda afirmación, “mis hijos son míos”, estamos ciertamente ante una tautología, pero lo que subyace a ella es una concepción neoliberal de la propiedad extensible a los hijos, a quienes se convierte en propiedad absoluta de la que se puede usar y abusar, donde la prioridad ya no es la educación integral de los hijos e hijas, sino la ideología paterna. De esta manera se lesiona, e incluso se cercena, el derecho de las y los escolares a recibir una educación integral en la que sean sujetos y no meros receptores de saberes. Quien responde a la afirmación de Casado no es ningún experto en pedagogía, sino el propio papa Francisco, que afirma que los padres no son dueños de sus hijos, sino custodios.
El veto parental implica una sospecha permanente sobre la competencia del profesorado, una injerencia en su campo profesional, un cuestionamiento de la libertad docente y un rechazo a la educación en la conciencia crítica del alumnado. A su vez, somete al profesorado a la estrategia del miedo, que le expone a constantes denuncias y le impide educar desde la libertad, en libertad y para la libertad.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/19/actualidad/1582117447_567820.html
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