El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
INDH suma 120 acciones legales por violaciones a los derechos humanos durante la crisis
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este lunes que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la Justicia por las presuntas violaciones a los derechos humanos registradas en Chile desde el viernes 17 octubre, cuando se iniciaron las protestas en el país.
Según el desglose del organismo, 106 de las acciones corresponden a querellas de distinto tipo: cinco son por homicidio cometidos por agentes del Estado y 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen una con connotación sexual. “Esa es la gravedad de la situación”, advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH.
Bustos enfatizó que “aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos” y que, hasta el lunes, “de las situaciones observadas directamente por el INDH, constatamos más de 3.500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas más de 1.100 han sido heridas, y de estas casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo”.
En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94 querellas por tortura.
La observación del INDH se ha llevado a cabo a través de la constatación directa que hacen sus funcionarios en centros de salud, comisarías, y manifestaciones.
El INDH publicó el catastro de acciones judiciales tras una reunión con un equipo especial de crisis de Amnistía Internacional, que está en el país para esclarecer casos de vulneraciones a los derechos fundamentales.
El sábado, el INDH ofició al Servicio Médico Legal (SML) y al Ministerio Público para aclarar las cifras de personas fallecidas desde que se aplicó el estado de excepción constitucional en el país.
Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/10/estallido-social-y-represion-en-chile-3-535-detenidos-1-132-heridos-43-ninos-maltratados-y-19-denuncias-de-violencia-sexual/
América del Norte/México/Javier Lafuente y Elías Camhaji/El País
La Fiscalía promete una investigación prácticamente nueva después de que el alud de irregularidades provoque la liberación de 77 de los 142 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.
La investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un callejón sin salida. Tras casi cinco años, México aún no sabe qué sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el Estado sureño de Guerrero. Después de que se documentaran torturas, violaciones de derechos humanos e irregularidades, el proceso judicial naufraga: 77 de 142 implicados han sido liberados. La mayoría de los 65 imputados que aún están detenidos, salvo algunos casos contados que están en prisión por otras causas, se encuentran a un paso de obtener su libertad. Ante el fracaso en los tribunales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) han anunciado esta semana que se reconstruirá la investigación «desde cero» y que perseguirán penalmente a los encargados que les precedieron, a quienes culpan por el naufragio de las indagatorias.
«El caso se está desmoronando», afirma Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro Prodh, que ha acompañado legalmente a los padres de las víctimas. El horizonte judicial es desolador. De los 142 acusados, solo alrededor de una treintena están imputados por la desaparición, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, confirman fuentes cercanas al caso. Se han documentado violaciones a derechos humanos y al debido proceso contra 83 personas, de acuerdo con el Centro Prodh. Entre los agraviados están 42 policías de Iguala, 25 de agentes del municipio aledaño de Cocula, 14 civiles vinculados con el cartel Guerreros Unidos, el alcalde de Cocula y el jefe de protección civil de Iguala. Eso implica que es muy probable que al menos 66 uniformados acusados de estar coludidos con el crimen organizado, uno de los puntos que han provocado más indignación en torno al caso, no enfrenten consecuencias legales.
El último mes ha sido especialmente desalentador para los familiares de las víctimas y el devenir del proceso. Un juez desechó dos tercios de las pruebas que presentó la Fiscalía por considerar que fueron recabadas de forma ilegal y absolvió el pasado 30 de agosto por el secuestro de los estudiantes a Gildardo López Astudillo, alias El Gil. Otras tres personas fueron declaradas inocentes en esa sentencia. El fin de semana pasado, 24 policías de Iguala fueron liberados por violaciones de sus derechos humanos. A diferencia de El Gil, los agentes salieron con un auto de libertad con reservas de ley, es decir, aún podían ser enjuiciados nuevamente, en ese caso, por el delito de desaparición forzada. «El juez interpreta con laxitud la ley, pero no imparte justicia», acusó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas: «Las sentencias representan una infamia».
Violaciones de derechos humanos, según el Centro Prodh.ALFREDO GARCÍAEL PAÍS
Las grietas del caso, sin embargo, no son nuevas. «Se empezó a caer en tribunales desde el año pasado», explica Tapia. Samuel Ventura Ramos, un magistrado de Tamaulipas, ya había dado en junio de 2018 «un diagnóstico demoledor» sobre el curso de las investigaciones, dice Tapia, pero fue hasta las sentencias recientes que fue señalado por el Gobierno por tumbar el caso. Antes de la última tanda de liberaciones, los primeros que fueron liberados —alrededor de una decena— eran detenidos que habían sido arrestados por hechos relacionados con la llamada «verdad histórica»: la línea de investigación que impulsó la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto y que aseguraba que los alumnos habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula para después ser arrojadas al río San Juan.
Ante el derrumbe judicial, las autoridades han dado un giro político a la narrativa del caso. El Gobierno de López Obrador ha buscado desde un primer momento acompañar a los familiares de los 43 estudiantes. El de Ayotzinapa fue uno de los casos más polémicos de la gestión de su antecesor y, al mismo tiempo, una de las banderas del actual mandatario. La promesa de justicia que le ha hecho a los familiares, ya desde la campaña electoral, ha propiciado que, sin tener un horizonte judicial exitoso, los gestos de López Obrador sean constantes. Lo que está en juego para las instituciones mexicanas no es solo esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino demostrar que se han superado viejos vicios como la opacidad del sistema judicial, los errores procedimentales que han dejado impunes grandes casos de corrupción en el pasado y la violencia del Estado contra la ciudadanía. Ese es el grito de indignación que no ha logrado extinguirse cinco años después de que los 43 normalistas fueran confundidos con criminales, estuvieran en manos de las autoridades y nadie haya podido descifrar lo que pasó con ellos desde entonces.
Las autoridades actuales han culpado a sus antecesores del fracaso, en particular, al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón. Tras reunirse este miércoles López Obrador y el fiscal con los padres de los desaparecidos se incidió en que todas las acciones que dieron lugar a la «verdad histórica» se habían hecho de forma irregular y que en parte se habían caído porque esa línea de investigación no se sostenía con los hechos que se habían podido comprobar.
El reparto de responsabilidades es más complejo. El cúmulo de irregularidades más graves se registró entre octubre y diciembre de 2014, en los cimientos de la investigación que inició el Gobierno de Peña Nieto, y a partir de esas detenciones se obtuvieron confesiones y testimonios que facilitaron otros arrestos posteriores. Una de las implicaciones de que no se hayan admitido la mayoría de las pruebas de la Fiscalía es, por ejemplo, que no se ha podido acreditar en los tribunales la existencia de los Guerreros Unidos como grupo criminal, señala Tapia. La parte que toca al Gobierno de López Obrador y a la Fiscalía, creada como organismo autónomo unas semanas después de la toma de posesión en diciembre pasado, es que en algunas causas hubo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación de los sospechosos, pero eso no se hizo de forma exitosa.
«Vamos a empezar de nuevo, una nueva investigación: independiente, objetiva y clara», aseguró al salir de la reunión Omar Gómez Trejo, el nuevo fiscal especial para el caso, nombrado en junio pasado. Pero la idea de reiniciar la investigación solo es parcialmente cierta porque aún se intentan impedir nuevas liberaciones y porque se busca que algunos liberados que fueron exculpados parcialmente regresen al banquillo de los acusados. Los padres fueron notificados del viraje en las investigaciones y para muchos de ellos es volver a empezar desde cero, pero hay confianza en la forma como el Gobierno de López Obrador y la Fiscalía manejan el caso, según las declaraciones públicas que han dado. Y esa confianza se fundamenta en la promesa de hacer pagar a Murillo Karam y a Zerón por sus errores, así como en abrir otras líneas de investigación que no sean la «verdad histórica».
Fuente e imagen: https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568850877_534314.html
Representantes de iglesias católicas y evangélicas exigieron al ministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, eliminar una guía para docentes sobre cómo promover la igualdad de género en las escuelas.
Una ola ultraconservadora invade Paraguay de acuerdo a las últimas medidas que se han ido tomando en áreas más que sensibles y que alcanzan a toda la sociedad.
Mientras el diputado Santiago Peña se declaró abiertamente en contra de las organizaciones LGBTIQ y prometió “luchar a favor de las familias en su constitución original”, utilizando el fascista lema de campaña “Dios, Patria y Familia”, ahora en las escuelas tampoco se apunta a promover la igualdad de género y sexual.
Fueron representantes de iglesias católicas y evangélicas las que exigieron al ministro de Educación, Enrique Riera, eliminar una guía para docentes sobre cómo promover la igualdad de género en las escuelas.
En octubre Paraguay, desde el Ministerio de Ecuación, prohibió la difusión de materiales «referentes a la ideología de género».
El ministro que se enfrenta al supuesto desafío de mejorar la educación paraguaya, aceptó el pedido de los religiosos y les prometió que, si era necesario, iba a “quemar los libros” sobre “ideología de género” en la plaza para que confiaran en él.
Aunque luego matizó sus fuertes dichos y aseguró que solo exageraba. Sin embargo, 24 horas después prohibió la “difusión y utilización de materiales impresos o digitales referentes a la teoría y/o ideología de género” en todo el sistema educativo público del país.
“Es una clara persecución a la enseñanza de la perspectiva de género. Le tienen pánico a esa palabra por pura ignorancia. Se han inventado la ‘ideología de género’ como instrumento contra el que pelear para que no avancen los derechos LGTBI y de la mujer”, dice la investigadora de políticas sociales Lilian Soto que también es presidenta de Kuña Pyrenda, el primer partido político socialista, feminista y ecologista de Paraguay, que llevó en 2013 a dos mujeres como candidatas a la presidencia y vicepresidencia del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó que la perspectiva de género sea peyorativamente referida como “ideología de género” y el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), Amnistía Internacional o Católicas por el Derecho a Decidir mostraron su preocupación.
n India, la edad legal para contraer matrimonio es 18 años. Sin embargo, la violación conyugal no se consideraba delito: un hombre podía tener relaciones sexuales con su esposa aún si ella es menor de edad. Hasta ahora la Corte Suprema de India anuló esa cláusula legal.
La sentencia determina que las niñas menores de 18 años podrían acusar a sus esposos de violación, siempre y cuando reporten el hecho dentro de un año de haber sido forzadas a tener relaciones sexuales. “Los derechos humanos de una niñas están vivos y coleando esté casada o no y merecen reconocimiento y aceptación”, señalaron los jueces que participaron en el histórico fallo.
En India 26,6 millones de mujeres menores de 18 años contrajeron matrimonio o algún tipo de unión marital, lo que convierte a este país con el mayor número de casamientos en el mundo. Adicionalmente está entre los 10 primeros países donde es más común el matrimonio infantil.
A las mujeres indias las consideran una carga económica, por ello desde su nacimiento sus padres tratan de arreglar matrimonios lo antes posible para desprenderse de esa responsabilidad, que pasa al marido y su familia. Además el objetivo de los casamientos tempranos es minimizar el deshonor asociado a la conducta sexual inapropiada de la mujer, debido a que el matrimonio es un pilar fundamental en India.
Hasta este momento el gobierno de ese país ha dicho que la práctica del matrimonio infantil es un obstáculo para el desarrollo, porque es más difícil erradicar la pobreza y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, proteger la vida de los niños y mejorar la salud de las mujeres.
Como el caso de una mujer que se casó a los 10 años y su primer hijo lo tuvo a los 12. Ahora tiene seis hijos y ninguno va al colegio por su familia es muy pobre para darle educación a los niños.
Los jueces del Alto Tribunal también mostraron su preocupación por los matrimonios ilegales, por esto les hizo un llamado a las autoridades estatales para disminuir estos casos.
El tema que todavía no ha sido abordado por los magistrados es la violación entre dos adultos, una práctica que no es un delito en India. Para el gobierno indio el concepto de violación marital no puede aplicar al “contexto indio”porque ese contexto determina que la esposa debe mantener sexo con su marido y tener muchos hijos, es decir, predomina la percepción de que la mujer debe cumplir con el papel de cónyuge y madre.
HISTORIAS
Las mujeres en Arabia Saudita podrán conducir
Después de que una mujer cumpla los 18 años la ley no considerará violación ya no se tendrá en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo.
De esta manera es difícil saber si las mujeres se van a atrever a denunciar por lo que son empujadas a guardar silencio cuando sufren violencia sexual, sin contar el temor a las represalias, la presión social y familiar que reciben cuando denuncian.
El indulto de Trump al ultraderechista exsheriff de Arizona no solo legitima sus métodos sino que deja ver un sistema democrático en decadencia
La cárcel era un campamento: llena de lonas de color verde militar de la época de la Guerra de Corea. Los hombres reclusos (las mujeres estaban en un edificio aparte) vestían monos de trabajo de rayas blancas y negras y, como ya sabe todo el mundo, ropa interior rosa chillón. El mismísimo Arpaio nos firmó un póster en el que se veía a un recluso de aspecto tosco usando ropa interior rosa diseñada, como todo en aquel lugar, para humillar y acrecentar la tortura mental.
El malestar físico era evidente. El termómetro de nuestro coche indicaba 45 grados centígrados. Los reclusos yacían desplomados y apáticos bajo el sofocante calor. “Todo se hace lo más barato posible. Los reclusos tienen dos comidas al día: salsa boloñesa con pan blanco barato. Nosotros, los guardias, tomamos solamente Gatorade caducado para hidratarnos”, nos dijo el guardia que nos escoltaba. Para demostrarlo, mostró con orgullo la fecha de caducidad en la botella de la que bebía. Al menor movimiento no autorizado, como taparse la cabeza con una toalla rosa para protegerse del sol camino al baño, el guardia lanzaba un grito insultante al infractor que le dejaba petrificado en el lugar.
No vimos las celdas de aislamiento ni al grupo de trabajo de mujeres encadenadas, aunque Arpaio nos lo habría mostrado si hubiera tenido tiempo. El objetivo del pequeño infierno construido por Arpaio en claro desafío a las leyes y normas federales era desalentar la migración.
La cárcel, las implacables redadas y la detención de personas de aspecto hispano (además de las diatribas que salieron de la boca de Arpaio durante la entrevista, llenas de desprecio y estereotipos raciales) formaban parte de un plan diseñado para hacerle la vida tan difícil como fuera posible a las comunidades migrantes de Arizona.
Pero ese circo de la crueldad era sólo un pretexto para un mensaje aún mayor: las acciones de Arpaio, sheriff del condado de Maricopa (Arizona) durante más de 20 años, servían para probar que la extrema derecha de EEUU podía desafiar impunemente a la Constitución y al Gobierno federal. Eso es lo que realmente ha aprobado el presidente Trump concediendo el perdón a Arpaio: la posibilidad de desafiar abiertamente a la ley.
Roger Stone, un asesor de Trump que fue clave en la exoneración de Arpaio, está ahora trabajando en un indulto para el preso Cliven Bundy, cuya milicia de extrema derecha se enfrentó en 2014 a las fuerzas gubernamentales. Además de pensar en la importancia que tiene que un hombre de confianza del presidente se confabule con el líder de una milicia armada que cree justificada la violencia contra el Gobierno, debemos detenernos a reflexionar sobre la predicción de Stone, que habló de un “arrebato de violencia en este país, un levantamiento como jamás se ha visto” si llega a haber un intento de moción de censura contra Trump.
El reportaje que hice desde la cárcel de Arpaio no cambió nada. Ni siquiera cambió nada la investigación ganadora del premio Pulitzer sobre los altos costos en que se incurrieron debido al fracaso de Arpaio para combatir el crimen de verdad. Arpaio fue encasillado (del mismo modo que Trump) con la etiqueta “cosas extrañas en los márgenes del estilo de vida estadounidense”.
Hoy, igual que ocurrió con el ejército de zombis en Juego de tronos, todos los raros y trastornados personajes de la derecha estadounidense han cruzado el muro. Stone, Trump, Arpaio y Steve Bannon se pasean impunemente entre la sociedad civil estadounidense dando un guiño de complicidad a los fascistas, los miembros del Ku Klux Klan, los grupos de misóginos violentos y las milicias armadas; y señalando a los medios de comunicación como los enemigos del pueblo.
Sería aterrador que estos fueran nuestros enemigos, pero se supone que EEUU es nuestro aliado: la autoproclamada tierra de la libertad, los luchadores de la democracia y demás autobombos que ahora no significan nada.
La semana pasada fue posible percibir cómo el republicanismo tradicional perdía su tradicional confianza cuando el secretario de Defensa de Trump, James Mattis, dijo a sus soldados en Jordania que debían “resistir” hasta que EEUU recupere su capacidad de inspirar al mundo. Trump está ahora tan en desacuerdo con un gran sector de la élite empresarial que, en cualquier democracia progresista normal, la primera oportunidad de destituirlo sería bien recibida.
Pero (y debemos obligarnos a enfrentar esto) EEUU se está convirtiendo en una democracia anormal. Las viejas y férreas instituciones del país parecen iguales, pero el Estado de derecho y la imparcialidad de la justicia se están esfumando. Las fuerzas que defienden la democracia estadounidense (el periodismo serio, las fundaciones y ONG respaldadas por multimillonarios, los sindicatos, los grupos de protesta y, sobre todo, los demócratas) jamás se habían enfrentado a una amenaza como la actual. Hay un fuerte clima de negación y autocomplacencia.
La advertencia de Stone fue una señal para los senadores republicanos que podrían sentir la tentación de apoyar una destitución ( impeachment). “El político que vote a favor de la destitución estaría poniendo en riesgo su vida”, dijo Stone. También fue una advertencia indirecta para los líderes empresariales que dimitieron de los consejos creados por Trump tras Charlottesville. Muy pronto, ellos también pasarán a formar parte de la lista de enemigos a ser vilipendiados y amenazados.
No han pasado ni siquiera 20 años desde que la derecha estadounidense proclamara la unipolaridad del mundo: EEUU era amo y señor y podía moldear el sistema, imponiendo la democracia y el orden en los mercados emergentes. Qué gracioso suena eso ahora.
Estados Unidos ni siquiera puede autoimponerse la democracia. Toda persona que entienda de geopolítica debe temer las consecuencias. Las normas de comportamiento establecidas en Arizona (amenazas a opositores políticos, redadas contra agencias rivales encargadas del orden público, hostigamiento de la prensa) se están convirtiendo en moneda corriente en Washington. Que Trump recurra a decisiones arbitrarias también es un mensaje para todos los cleptócratas y estados policiales del mundo: todo está bien, sigan adelante.
Lo único que podemos hacer es reformular los principios del derecho y la libertad. Y confiar en que, si tenemos que pelear por esas cosas en Europa, lo hagamos mucho antes y de manera más eficiente que los maltrechos progresistas de EEUU.
En Honduras, la justicia pasa de parecer lejana a volverse completamente inasible.
El 23 de mayo, por tercera vez consecutiva, el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa aplazó la audiencia preliminar en el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos y líder lenca, Berta Cáceres.
El Juzgado aceptó la petición de los abogados de la familia y del defensor Gustavo Castro, único sobreviviente del ataque en el que Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, de aplazar la audiencia preliminar de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el crimen para el 7 de Junio.
¿La razón? El Ministerio Público entregó la información probatoria que desde hace meses habían solicitado tanto los abogados de la familia y del defensor mexicano, como la defensa de los acusados, apenas el viernes 19 de mayo. Dicho tiempo es a todas luces insuficiente para revisar la información y para permitir que los abogados pudieran prepararse adecuadamente para la diligencia que iba a ser realizada el 24 de mayo.
Ya el 19 de abril, la audiencia había sido suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de Berta, debido a que el Ministerio Público hondureño no había entregado la información probatoria completa en la que basa su acusación. El 28 de Abril fue suspendida otra vez porque la información todavía no se hallaba disponible.
A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Ariadna Tovar, Investigadora sobre defensores de derechos humanos en las Américas
Los aplazamientos reiterados de esta audiencia con la que se dará inicio formal al proceso, derivados de la omisión reiterada del Ministerio Público de entregar las pruebas, primero, y hacerlo a tiempo, después, generan muchos interrogantes sobre la auténtica voluntad de las autoridades hondureñas de investigar cabalmente y de manera independiente el crimen de Berta Cáceres.
A más de un año del asesinato, la justicia se desdibuja como una esperanza vana frente al crimen que marcó un antes y un después para quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Pero nada de esto es una novedad.
Honduras es uno de los países donde la impunidad es la norma en casos de ataques contra personas que defienden los derechos humanos. Esta impunidad alienta que sigan muriendo más personas que son vistas como blanco legítimo de ataques porque cuando atreven a defender el medio ambiente son clasificadas como una “enemigas del progreso”.
En una muestra más de que el Ministerio Público no se preocupa por rendir cuentas en su lucha contra la impunidad, no se presentó a participar en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al COPINH. No sobra señalar que Berta Cáceres fue asesinada a pesar de que ella misma había sido cobijada por medidas de este tipo y de que las autoridades hondureñas tenían el deber de protegerla.
Así, el riesgo es que nunca se haga justicia y que el nombre de Berta Cáceres engrose la larga lista de personas que fueron asesinadas por el solo hecho de proteger los recursos naturales de los que todos dependemos para sobrevivir.
Desde hace años, las autoridades Hondureñas hacen oídos sordos a las innumerables voces que en cada rincón del planeta cuestionan la realidad que viven quienes allí dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.
Liliana María Uribe Tirado, miembro del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), quienes están realizando una investigación independiente sobre el asesinato de Berta, es una de esas voces.
“Nos preocupa mucho la naturaleza secreta del proceso y la falta de atención a las varias posibles líneas de investigación. Las autoridades deberían prestar atención a la sistematicidad de las agresiones contra el COPINH. El crimen contra Berta se tiene que explicar en ese contexto. Hay más de 12 personas asesinadas del COPINH entonces el nivel de agresión contra la organización es muy fuerte. Todo eso debería ser parte de la investigación,” dijo.
A más de 13 meses del asesinato de Berta Cáceres, las preguntas se acumulan y las respuestas se evaporan.
Una sola cosa es clara: la justicia está en la cuerda floja y las y los hondureños son y seguirán siendo la principal víctima.
Kenia es uno de los países con una de las mayores tasas de abusos sexuales y violaciones en todo el mundo. Por eso, estas organizaciones sociales encontraron un método para reducir drásticamente este flagelo: la educación.
El concepto de educar antes de criminalizar queda muy claro en este video, que se realizó con impresionantes imágenes desde Kenia.
Allí la organización ‘No es No Mundial’, junto con otras organizaciones locales, lleva la maratónica tarea de educar a niños y niñas con respecto a los abusos y violaciones.
En uno de los países con mayores abusos sexuales y una violencia incontenible, esta gente está logrando que las cosas cambien en poco tiempo a través de la herramienta de la educación.
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