Organizaciones sociales llaman a participar en el plebiscito y a impulsar una Asamblea Constituyente
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 18 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.
Unidad Social llama a aprobar una nueva constitución e impulsar Asamblea Popular Constituyente
Un llamado a “todo el pueblo chileno a participar activamente” en el plebiscito del próximo 26 de abril “votando por las opciones apruebo y convención constituyente” realizaron las organizaciones que componen Unidad Social, junto con reiterar las críticas respecto de la forma en la cual fue creado este proceso.
A juicio de las organizaciones presentes, “este proceso no se funda en la soberanía popular, desconociendo el poder constituyente originario” y agregan que “establece limitaciones y trabas al ejercicio de la soberanía fijando, previamente, un quórum elevado que impide cambios sustanciales en el modelo constitucional”.
Pese a esto, Unidad Social considera que “el plebiscito del próximo 26 de abril puede y debe ser un paso más en un proceso de cambio social y no constituye, necesariamente, su meta final”, así lo enfatizó la vocera del bloque Cannabis Medicinal, Ana María Gazmuri.
“Unidad Social llama a participar del plebiscito del 26 de abril, votar apruebo, marcar convención constituyente y además marcar AC. Hay que decir, respecto de este punto, que no hay unanimidad de parte de todas las organizaciones sociales, pero la mayoría sí está de acuerdo. Lo que es claro para todos es que vamos a participar del plebiscito, vamos a votar apruebo y convención constituyente, para que no haya confusiones al respecto”, recalcó la actriz.
Asimismo, desde Unidad Social hicieron un llamado a “trabajar en la instalación de una Asamblea Popular Constituyente, plurinacional, paritaria y decolonial; asegurando la construcción de una Constitución desde las bases, desde la pluriversidad del pueblo soberano”, la que debería ocurrir a continuación del plebiscito del mes de abril.
El expresidente de la Confusam y representante del bloque sindical de Unidad Social, Esteban Maturana, emplazó al Ejecutivo por no garantizar la debida realización de este proceso “el ministro del Interior no nos da las garantías del debido proceso, para que eso ocurra hace falta que haya un ministerio que garantice la seguridad ciudadana, pero no en la lógica de criminalizar las manifestaciones sociales. Estamos en condiciones peores que en el plebiscito del 89 porque esta es una democracia de mentira. Aquí se viola, se tortura y se mata y el responsable es el presidente Sebastián Piñera”, enfatizó.
Por su parte, la vocera de la Coordinadora No + AFP, Carolina Espinoza, hizo un llamado a movilizarse no solo a través del voto, sino que también resguardando la debida realización del plebiscito constituyente “hay que comprometerse en la participación como apoderados y vocales de mesa porque haremos un proceso paralelo de conteo de votos. El país no cambia y son los empresarios y en especial el gobierno quienes no quieren impulsar los cambios, por lo mismo, necesitamos más unidad y movilización”, señaló.
Unidad Social reiteró su apoyo “a la movilización y la organización de los chilenos y chilenas”, y añadieron que “trabajamos por una gran articulación popular, unitaria e inclusiva, valorando la diversidad de los territorios, siendo parte del pueblo movilizado”.
Finalmente, denunciaron la represión y criminalización de la protesta social y señalaron que “la violación de los Derechos Humanos se ha vuelto una práctica sistemática de parte del Estado de Chile” y, por lo mismo, exigen “verdad, juicio y castigo a sus responsables civiles y uniformados”.
Radio U de Chile
Por una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana, con paridad de género, reconocimiento de los pueblos originarios y de todas las chilenas y chilenos
Por Coordinadora Nacional Movimiento Asamblea Constituyente
Amigas y amigos,
En reconocimiento a sus valiosas participaciones en esta etapa de la lucha democrática, en que emerge la fuerza de los pueblos como sujetos históricos del cambio social, les invitamos e incitamos a debatir y compartir una postura clara y unitaria ante el descarado intento de la elite empresarial, parlamentaria y transnacional que, una vez más, pretende abortar la demanda histórica y legítima por una Asamblea Constituyente para Chile.
Para disuadir y acallar la protesta de millones de chilenas y chilenos, las fuerzas conservadoras del status quoneocolonial y neoliberal recurrieron a la ya conocida maniobra de repliegue y contraataque – maquillada bajo la apariencia de un supuesto “Acuerdo de Paz” – con la que pretenden mantener inalterables y por largo tiempo sus irritantes privilegios.
En efecto, La ley N° 21.200 generada a espaldas de la ciudadanía en un pacto cupular enteramente antidemocrático, obliga a 15 millones de electores a optar por una Convención Mixta o una Convención Constitucional, ninguna de las cuales responde, en absoluto, a la mayoritaria reivindicación de Asamblea Constituyente. Su texto explícito y sus formulaciones de procedimiento apuntan inequívocamente a mantener la hegemonía del pacto empresarial, militar y parlamentario que se nos impuso en 1989 con el pomposo nombre de “transición a la democracia”, cuyos efectos desastrosos para la mayoría de la población han quedado de manifiesto por multitudinarias movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país.
No podemos, con nuestro silencio cómplice, otorgar credibilidad a una maniobra que, lejos de intentar la democratización de la sociedad y del Estado, en verdad apunta a neutralizar, dividir y finalmente derrotar las legítimas aspiraciones de cambio que anidan en la gran mayoría de la población.
No tenemos derecho a equivocarnos en aquilatar el momento histórico decisivo que nos corresponde vivir.
Les pedimos por ello, con urgencia y determinación, que nos reunamos este Martes 04 las 18:00 hr, en sede CONABAN Alameda 1146, oficina 101, entrepiso, para que sumemos fuerzas, experiencias, talentos y propuestas que nos permitan generar una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana, con paridad de género, reconocimiento de los pueblos originarios y de todas las chilenas y chilenos residentes en el exterior, haciendo realidad el principio de autodeterminación de los pueblos de Chile.
COORDINADORA NACIONAL MOVIMIENTO ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/02/organizaciones-sociales-llaman-a-participar-en-el-plebiscito-y-a-impulsar-una-asamblea-constituyente/
Piñera ilegítimo: brutalidad represiva, insatisfacción popular y trampa constituyente
Encuestas lapidarias, diagnósticos fatales: qué sostiene al deslegitimado Gobierno de Sebastián Piñera.
Las encuestas son lapidarias con el presidente Sebastián Piñera. El último relevamiento realizado por la consultora Cadem, cercana al Gobierno, fue publicado este lunes: Piñera cuenta con la aprobación del tan solo el 10% de los chilenos. Esa es la encuesta favorable. Hace apenas unos días, la consultora CEP, más cercana a la oposición parlamentaria, hablaba de un 6% de aprobación. La desaprobación excede la figura presidencial. Según Cadem, el equipo ministerial tiene un 78% de rechazo.
El diario local El Mercurio del viernes pasado daba cuenta en primera plana del crecimiento del disgusto en la población desde que comenzó el estallido social, a partir del informe de CEP.
En el artículo, la socióloga María Paz Trebilcock afirmaba que «Tiene que ver con la constatación de la desigualdad». Un hecho interesante que registran algunos relevamientos y puede tener que ver con esa “constastación de la desigualdad” es el cambio en las prioridades de las preocupaciones de la población. A pesar de la enorme campaña de criminalización de los manifestantes que impulsa el Gobierno con la anuencia de los distintos sectores del régimen político, la cuestión de la seguridad ha bajado varios peldaños en la escala de preocupaciones de la población, tomando la delantera el desprestigiado sistema privado de jubilaciones y pensiones: las AFP. Sobre esta cuestión, la encuesta Cadem muestra que el 93% de la población estaría de acuerdo con hacer una «reforma al sistema previsional».
En el mismo artículo de El Mercurio, la doctora en sociología Carolina Stefoni atribuía el descontento a que la ciudadanía no ha percibido una respuesta clara de parte del Gobierno. En un tono más dramático, la académica afirmaba que «Se empieza a acumular una sensación que es riesgosa. Ya es una crisis profunda, pero si esa rabia se transforma después en otra cosa, puede ser mucho más severo y complicado”.
Si bien es verdad que Piñera no ha hecho concesiones significativas a las demandas de la población, sí ha dado una respuesta, y muy dura: la brutal represión a los manifestantes y una serie de iniciativas legislativas que profundizan la criminalización de la protesta. Esa respuesta, fuerte y clara, es un componente muy importante de la bronca contra Piñera, que el miércoles pasado se ganó el título de #ElPeorPresidenteDeLaHistoria, marcando tendencia en Twitter.
En una dura declaración publicada este sábado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) calificó de “Ilegítimo y carente de autoridad” al mandatario chileno y señala las graves violaciones a los Derechos Humanos, la falta de medidas estructurales que den respuesta a las demandas de las calles, la promoción de reformas que agravan la precarización del sistema público de salud y profundizan el odiado sistema privado de jubilaciones y pensiones, así como el empeño puesto en avanzar en la criminalización de la protesta.
Los argumentos de la Comisión son contundentes: “las cifras de víctimas dan cuenta de una grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos provocada por la acción de agentes del Estado, tal como consignaron los informes de organismos internacionales, como el del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por Aministía Internacional”.
A renglón seguido sintetiza algunos datos, tal vez conocidos pero no por ello menos impactantes: “Según el último informe de Instituto de Derechos Humanos (INDH) que refleja gran parte de los casos ocurridos en el país, se han producido 3.649 personas heridas, de las cuales 269 corresponden a niños, niñas y adolescentes, 405 chilenos y chilenas sufrieron heridas oculares, y 2.063 fueron heridos por disparos; se han producido casi 10.000 detenidos y sólo el INDH, ha presentado 5 querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 querellas por torturas y 158 por violencia sexual”.
Todos estos datos demuestran dos cosas. Por un lado, que el reclamo de que se vaya Piñera, escrito en cada pared-editorial de las calles de Santiago y coreado cada viernes por los miles de manifestantes que desafían la tregua estival de las organizaciones obreras y estudiantiles -y por el que fue demandado el joven dirigente del PTR Dauno Tótoro- sigue vigente. Y por otro lado, que si Piñera sigue firmando decretos, impulsando leyes antipopulares y al frente del amañado acuerdo constituyente, es porque cuenta con el conjunto del régimen político haciéndole el aguante.
El conjunto de los partidos tradicionales, subordinados al proceso constituyente que tendrá un nuevo acto en abril con el plebiscito, acaban de aprobar las leyes exigidas por Piñera para criminalizar la protesta social, y se aprestan a vulnerar el derecho del pueblo a reunirse.
Todos estos datos demuestran dos cosas. Por un lado, que el reclamo de que se vaya Piñera, escrito en cada pared-editorial de las calles de Santiago y coreado cada viernes por los miles de manifestantes que desafían la tregua estival de las organizaciones obreras y estudiantiles -y por el que fue demandado el joven dirigente del PTR Dauno Tótoro- sigue vigente. Y por otro lado, que si Piñera sigue firmando decretos, impulsando leyes antipopulares y al frente del amañado acuerdo constituyente, es porque cuenta con el conjunto del régimen político haciéndole el aguante.
El conjunto de los partidos tradicionales, subordinados al proceso constituyente que tendrá un nuevo acto en abril con el plebiscito, acaban de aprobar las leyes exigidas por Piñera para criminalizar la protesta social, y se aprestan a vulnerar el derecho del pueblo a reunirse.
La estrategia palaciega con la que la izquierda con representación parlamentaria -el Frente Amplio y el Partido Comunista- han buscado surfear la rebelión popular, se reduce hoy al impulso de comandos por el «sí» a la Constituyente en el plebiscito, sin cuestionar la trampa que entraña y para la cual fue minuciosamente diseñada.
El “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, impulsado por Piñera y suscrito la centroizquierda y por sectores del Frente Amplio, le otorgó a la derecha el poder de veto a cualquier medida que pretenda cambiar los pilares del régimen pinochetista y que son el centro de las demandas sociales.
Pero sobre todo, fue una trampa negociada en tiempo récord luego de que el 12 de noviembre pasado, les trabajadores protagonizaran la huelga general más importante desde el fin de la dictadura. Una huelga que puso sobre la mesa la enorme fuerza de la clase obrera y que dejó a Piñera pedaleando en el aire.
Al lado de la rúbrica del acuerdo en el Palacio, el freno a la profundización de la huelga general para derrotar a Piñera e imponer una Constituyente Libre y Soberana en las calles fue un componente esencial para que el odiado Piñera se encuentre hoy en el sillón presidencial.
A pesar del ayornamiento de las principales organizaciones obreras, estudiantiles y sociales al ciclo lectivo y al calendario estacional, la lucha por las demandas populares promete seguir en las calles y tomar nuevo envión en marzo. Trabajadores, estudiantes y pobladores tienen planteado pegar un salto en su organización para desplegar sus fuerzas en toda su magnitud e imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente democrática que envíe al basurero de la historia las instituciones políticas, económicas y sociales impuestas por la dictadura de Pinochet.
Fuente de la Información: https://www.laizquierdadiario.com/Pinera-ilegitimo-brutalidad-represiva-insatisfaccion-popular-y-trampa-constituyente
La CIDH señaló que concentrar el poder desde el Ejecutivo puede dar pie a cuestionamientos sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial para investigar y sancionar debidamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), presentó este 03 de octubre de 2019, en Washington, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, como resultado de la observación in loco que realizó del 30 de julio al 03 de agosto del 2018, y señaló que el país enfrenta niveles críticos de impunidad, ataques contra periodistas, concentración de poder y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
La CIDH recomendó al Estado como medidas inmediatas fortalecer la institucionalidad democrática; garantizar que en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica se protejan los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de todos y todas.
Riesgo agravado presentan defensores de Honduras
La CIDH destacó su preocupación por procesos penales de usurpación, injurias y calumnias, atentados, o la amenaza de presentar demandas civiles en contra de las personas que defienden los derechos fundamentales de la población, como método para obstaculizar su labor, la de periodistas, Indígenas y estudiantes.
También manifestó que durante la visita se reunió con varios organizaciones de sociedad civil que informaron que en país se da una “justicia selectiva” que por un lado actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte acciona para favorecer los intereses de diversos actores vinculados al poder público, económico y empresarial.
Entre el 2016 y el 2017 unas mil personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos fueron atacadas.
Restricción de la expresión por privar el flujo de ideas
También resaltó que el uso del derecho penal para sancionar discursos especialmente protegidos como aquellos referidos a los funcionarios públicos no sólo es una limitación directa de la libertad de expresión sino también puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por su efecto de coartar el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones que puedan resultar críticas u ofensivas.
La CIDH advirtió que ese tipo de restricciones solo puede darse en casos excepcionales que en el caso de Honduras son incompatibles ya que cohíbe ideas que no incitan a la violencia, lo cual violenta el derecho a la libertad de expresión que es un derecho pluralista y democrático en la vida de la población hondureña.
Durante la visita, la CIDH observó que en el contexto de las protestas por el cuestionamiento hacia el proceso electoral, periodistas y medios de comunicación fueron objeto de amenazas y agresiones tanto por parte de agentes estatales como de partidarios de los grupos políticos en pugna.
Asimismo, fue informada sobre presiones a directores de medios y periodistas con la finalidad de influenciar en las coberturas de las elecciones y sobre otros sucesos de interés público. De acuerdo con la información recibida, esta polarización se extendió a las redes sociales, donde prevaleció un discurso estigmatizante hacía el trabajo de los periodistas.
Asimismo, la CIDH observó con preocupación un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que derivó en numerosas muertes, detenciones y heridos. Por otro lado, la CIDH enfatizó que la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema. A este aspecto estructural hay que sumar los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales. La CIDH analiza estas cuestiones en este apartado sobre la libertad de expresión en Honduras.
La CIDH también fue informada por organizaciones de la sociedad civil de una práctica implementada por las autoridades para identificar y sancionar a personas opositoras al gobierno a través de allanamientos ilegales a domicilios; seguimiento y vigilancia a líderes comunitarios; desplazamientos de autoridades a barrios con la finalidad de capturar a personas determinadas que previamente han sido víctimas de campañas de desprestigio; utilización indebida del derecho penal para criminalizar la protesta social; aumento de presencia militar y policía en colonias con mayor oposición a los resultados electorales.
Durante los últimos años, la CIDH ha recibido información consistente de la sociedad civil que apunta a una creciente concentración de poder del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.
Como ejemplo, la CIDH destaca la composición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), creado en 20115. En este sentido, dicho Consejo está conformado por el Presidente de la República, quien lo preside, así como por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Fiscal General, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.
Este Consejo es “el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia6”. La Comisión recibió testimonios de víctimas y organizaciones de la sociedad civil que expresaron que la institucionalidad estatal está cooptada por el Ejecutivo.
Adicionalmente, la Comisión observó debilidades en la normativa institucional en Honduras que ponen en entredicho la autonomía de los poderes públicos en el país. El proceso de elección del Fiscal General llevado a cabo en 2018 ilustró dicha debilidad y la necesidad de regular la normativa aplicable. La Comisión fue informada que el proceso de elección de Fiscal General estuvo marcado por una falta de transparencia.
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/honduras-cidh-preocupada-por-presiones-contra-periodistas-medios-de-comunicacion-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos/
Historias como la de Matthew, Shaida, Wafa o Abdelkarim marcan cada día al mundo del siglo XXI, con diferentes pronunciamientos en función de protegerlos, liberarlos o reincorporarlos a una vida normal, pero sin la sombra de alguna fórmula precisa para detener a los señores de las guerras.
A mí no me mandan a las misiones, me ponen a lavar ropa, recoger cosas y a vigilar. Un día estaba de guardia y vi a un hombre. Le disparé y él levantó los brazos. Lo llevé ante el comandante y este dijo que era un ladrón, así que le cortó los dedos de una mano’, cuenta en Nigeria el primero, con su gorra camuflaje a través de la cual asoman sus ojos infantiles.
La camerunesa Shaida, por su parte, con apenas 15 años califica de lo peor el amanecer en el que se vio desnuda junto a su pequeña hermana Shaida y, ante la insistencia de ellas, un jefe confesó la droga empleada para evitarles el agotamiento de ‘tanto uso’.
Actualmente un número considerable de menores son explotados como esclavos sexuales, domésticos, utilizados de mensajeros, guardaespaldas, detectores de minas, cargadores, cocineros e incluso fabricantes de bombas, forzados a casarse, robar en las entidades locales, plantar explosivos o efectuar ataques suicidas.
Muchos de estos menores fueron secuestrados; a otros, la pobreza, la inseguridad, la falta de educación, la injusticia personal o comunitaria, la presión de la sociedad o el deseo de vengarse les impulsan a unirse a grupos armados.
DIA MUNDIAL CONTRA LA UTILIZACIÃ’N DE NIÑOS SOLDADOS
Desde su sede en Londres, Reino Unido, Child Soldiers International reveló en un informe reciente que el reclutamiento de niños soldados en el mundo experimentó un aumento del 159 por ciento entre 2012 y 2017.
Según esta organización no gubernamental dedicada a prevenir el fenómeno, mientras en el primer año se contabilizaron tres mil 159 casos en 12 países, en el último se produjeron ocho mil 185 en 17. En el caso de las niñas, en 2017 se registraron 893, cuatro veces más que los 216 de 2012.
A consecuencia de su empleo en labores de apoyo, según Child Soldiers International, las pequeñas suelen quedar fuera de las estadísticas oficiales y pasan desapercibidas para las estructuras de protección, de ahí que se sospeche la cifra podría ser mayor.
Las luchas abiertas en Oriente Próximo, Somalia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, República Centroafricana y otros lugares ‘están dejando a los pequeños cada vez más expuestos al reclutamiento’, denunció la entidad.
Por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1998 se instauró el 12 de febrero como jornada internacional contra la utilización de niños soldados, también llamada a partir de 2002 Día de las Manos Rojas, en referencia al símbolo propuesto para denunciar esta práctica.
MÁS ALLÁ DE ESE DÍA
El afgano Abdelkarim, de 16 años, pasó un lustro en plena guerra y asegura vio cosas espantosas: ‘la explosión de un coche bomba frente a mi antigua escuela, allí varios familiares en el suelo y, tras esas muertes, busqué cada día la forma para escaparme, hasta que conseguí llegar al centro de tránsito’.
La representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, estima importante entender que la reintegración es un proceso y si no se hace debidamente puede convertirse en un círculo vicioso donde puede haber re-reclutamiento de menores de forma voluntaria.
Gamba advierte que ‘estos niños experimentan unos niveles de violencia tan horribles que probablemente tendrán consecuencias dramáticas, tanto físicas como psicológicas, en los adultos en los que se convertirán y es nuestra obligación mostrarles que hay esperanza (…), que pueden vivir en paz y vivir sus sueños’.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una de sus últimas exposiciones sobre el asunto aseguró estar ‘más convencido que nunca de que la organización y los Estados miembros deben seguir dando máxima prioridad a la protección de los pequeños afectados por conflictos armados’.
Su difícil situación debe ser la causa primordial para no empezar un conflicto y para acabarlo, remarcó en 2018; mientras, el pasado Día de las Manos Rojas desde el Vaticano el Papa Francisco llamó a detener esta plaga que, dijo, involucra a cerca de 240 millones de menores en zonas de conflicto.
De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, unos 300 mil niños soldados participan en más de 30 guerras en todo el planeta, desde Iraq, Israel/Estado de Palestina, Siria, Chad, Uganda, Yemen, Benín, Níger hasta Myanmar.
Ante tales historias, números, reclamos, los magnates de la industria guerrista debieran detenerse; sin embargo, esta realidad les sobrepasa cuando saben bien que sus políticas solo agravan el problema, causan más desastre y víctimas.
Distintos expertos abogan por propuestas de paz, piden suspender la venta de armas, instan a los medios a una información responsable y exigen control en las redes sociales para que no inciten a la violencia.
La complejidad del fenómeno requiere una acción global coordinada, planes de desarrollo para las regiones afectadas, establecer corredores humanitarios como salida del teatro de operaciones, ayudar a crear entornos protectores para los infantes, entre otras.
A la altura del siglo XXI, los menores merecen una infancia digna y propia de su edad, que todos, cada día, sean niños, no soldados.
*Periodista de la Redacción Europa de Prensa Latina
Han pasado casi 50 años desde que Helen Betty Osborne, una mujer indígena que soñaba con ser maestra, fue secuestrada y brutalmente asesinada cerca de Manitoba, una ciudad canadiense profundamente dividida por líneas raciales.
En muchos sentidos, la muerte de la joven de 19 años fue indicativa de los casos que estaban por llegar: una adolescente indígena obligada a abandonar su comunidad remota, atacada por cuatro hombres simplemente por su raza, y la larga espera de la familia para que se hiciera justicia.
Hace 15 años, Amnistía Internacional calificó el asalto y el asesinato a la tímida joven como «una advertencia ignorada».
La violencia que enfrentan las mujeres y las niñas indígenas de Canadá está ahora en el centro de atención, cuando una investigación nacional sobre mujeres desaparecidas y asesinadas llega a su fin después de más de dos años de audiencias y testimonios.
Este lunes se publica la investigación. Las primeras conclusiones, filtradas a la cadena nacional de televisión CBC, hablan de un «genocidio canadiense».
El informe, de 1.200 páginas, acusa de la desproporcionada violencia contra las mujeres indígenas al colonialismo fuertemente arraigado y a la inacción del Estado.
Se desconoce el número exacto de víctimas, pero hay reportes de que podrían ser miles.
«Se tardó 40 años en llegar a este momento y solo porque las mujeres indígenas han estado en el terreno haciendo ruido», afirma Robyn Bourgeois , académica y activista que investiga el activismo indígena en Canadá, a Jessica Murphy , periodista de la BBC en Toronto. «Sin ellas no estaríamos aquí» , dice.
Entre las activistas hay familiares de víctimas que han hecho campaña incansablemente por los seres queridos que perdieron, y activistas de base como Beverley Jacobs y Terri Brown, quienes también perdieron a miembros de su familia.
Para Jacobs, el asesinato en 2008 de su prima Tashina General, de 21 años, fue un punto de inflexión en su trabajo. Para Brown, cuya hermana de 41 años, Ada Elaine, murió en 2001, la pérdida continúa atormentando a la familia, que dice que fue asesinada y que su caso fue mal manejado.
Jacobs, abogada mohawk, fue la investigadora principal del informe de Amnistía sobre discriminación y violencia contra las mujeres indígenas, y pasó meses viajando por todo el país reuniéndose con las familias de mujeres que habían desaparecido o habían sido asesinadas.
«En ese momento, eran las familias las que estaban haciendo todo el trabajo», dice. «Fueron las que hicieron los carteles y las búsquedas, pasándolo mal con la policía, y sin obtener respuestas».
Su esfuerzo comenzó justo cuando un caso horrible estaba a punto de aparecer en los titulares de todo el mundo.
La policía había arrestado a Robert Pickton, un asesino en serie que había asediado a mujeres del distrito de Downtown Eastside, en el centro de Vancouver , durante años, siendo muchas de sus víctimas indígenas y marginadas.
Las autoridades habían negado durante mucho tiempo que hubiera un patrón en las desapariciones, o que pudieran estar vinculadas.
Pero una investigación local posterior dejó al descubierto el fracaso sistémico y el sesgo que permitieron a Pickton asesinar a mujeres durante años sin ser atrapado.
Pickton fue finalmente condenado a cadena perpetua por el asesinato de seis mujeres. Inicialmente había sido acusado de matar a 26 mujeres de un total de 69 que habían desaparecido durante los años 80 y 90.
Su juicio de alto perfil hizo que activistas como Jacobs pensaran que lo que había ocurrido en el estado de Columbia Británica, cuya principal ciudad es Vancouver y donde las mujeres indígenas eran una parte desproporcionada de las mujeres reportadas como desaparecidas o asesinadas, se vería también a nivel nacional.
«Ese [caso] fue un punto de inflexión», dice Bourgeois.
También fue donde Jacobs, la abogada mohawk , comenzó su trabajo. «Lo primero que pensé que tenía que hacer era ir a Downtown Eastside porque Pickton acababa de ser arrestado», explica.
Las mujeres que habían estado trabajando durante años para llamar la atención sobre lo que estaba pasando la llevaron a la granja de cerdos del asesino, el sitio donde había cometido los asesinatos.
«Fue horrible. Fue antes de cualquier juicio, no estoy segura de que se hubieran presentado cargos todavía. Pero [los investigadores] ya estaban cavando en el suelo», cuenta Jacobs.
Posiblemente incredulidad o miedo
Brown, activista indígena desde hace mucho tiempo y, como Jacobs, expresidenta de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC, por sus siglas en inglés), fue fundamental para alertar sobre el «horripilante número de mujeres» que estaban desapareciendo en Vancouver.
Bajo su liderazgo, el NWAC colaboró con grupos como Amnistía Internacional; Kairos, un grupo religioso; y las iglesias anglicana para crear una campaña de sensibilización nacional.
Pero Brown dice que fue una repetición de lo de Vancouver: a menudo se encontraban con indiferencia. También había interrupciones significativas en los registros, lo que dificultaba obtener una imagen completa del problema de la violencia.
Se estaba llevando a cabo un conteo no oficial de los desaparecidos. En Toronto, Amber O’Hara, una mujer del grupo anishinaabey activista contra el SIDA, comenzó a compilar una base de datos en línea.
Y según Brown, las mujeres en Downtown Eastside «estaban haciendo un gran trabajo, contabilizando a las mujeres que se estaban perdiendo».
«Las familias venían y decían: ‘No la hemos visto en semanas’. Y la policía contestaba: ‘Tal vez esté de vacaciones en algún lugar’. ‘Bueno, discúlpeme, nunca dejaron esa cuadra del Eastside».
Brown, quien entonces dirigía la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, decidió que debía haber una compilación formal de los datos.
«Quería ponerle números a esto porque nadie nos creía», rememora. «Pero no teníamos los recursos, hice mi propia investigación y la presenté, pero ellos dijeron: ‘Bueno, ¿cómo sabes que es verdad?’ En ese momento dijimos que había unas 500 mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas».
La asociación consiguió fondos federales para fundar la campaña Sisters in Spirit («Hermanas en Espíritu»), que investigó y sensibilizó sobre las altas tasas de violencia contra las mujeres indígenas. Para el año 2009, habían recopilado 520 nombres.
Aún así, Brown recuerda haber llevado las estadísticas a reuniones con funcionarios del gobierno, incluso algunos líderes indígenas, y dice que «lo más extraño» fue el presentar los datos «a personas que se sentaban allí y te miraban, no te respondían, no te decían nada, no te alentaban, no te daban su apoyo de ninguna manera «.
«Inexpresivos. Posiblemente incredulidad o miedo. No lo sé».
Las estadísticas
Hasta el día de hoy, la falta de datos sólidos significa que nadie sabe exactamente cuántas mujeres y niñas indígenas han sido asesinadas o han desaparecido en las últimas décadas. Pero algunas estadísticas sí han sido compiladas.
• El 10% de todas las mujeres reportadas como desaparecidas son indígenas y representan el 21% de las víctimas de homicidio. Los indígenas canadienses representan alrededor del 4% de la población.
• La mitad de los homicidios fueron cometidos por un miembro de la familia, pero las mujeres indígenas también tienen 1,4 veces más probabilidades de ser asesinadas por alguien con quien no tienen una relación cercana.
• En 2014, la Real Policía Montada de Canadá identificó casi 1.200 casos sucedidos entre 1980 y 2012.
• Las mujeres indígenas tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones físicas y sexuales, incluso cuando se toman en cuenta otros factores de riesgo, y experimentan más violencia por parte de sus parejas.
Bourgeois y Jacobs intentaron tomar una dirección diferente. Fueron al escenario internacional. Brown comenzó a plantear el tema en reuniones de la ONU y en otros lugares.
«Dondequiera que iba, lo mencionaba», explica. «No es que a alguien le importara. Pero pensé que en algún momento alguien escucharía».
Jacobs dice que sabían que Canadá no estaba haciendo nada. «Y sabíamos que los foros internacionales atraerían la atención contra Canadá», afirma. «[A nivel internacional] No hay mecanismos de imposición. La única forma es causar vergüenza al país».
Luego, en agosto de 2014, 43 años después del asesinato de Osborne, otro caso, esta vez la muerte de una estudiante de 15 años llamada Tina Fontaine, comenzó a aparecer en los titulares de todo Canadá.
Su asesinato provocó una indignación colectiva y feroz y consolidó los pedidos de que se abriera una investigación nacional.
Para 2015, la ONU estaba presionando para que hubiera una investigación pública, al igual que un informe canadiense histórico sobre la reconciliación con los pueblos indígenas.
El primer ministro, Justin Trudeau , lanzó oficialmente una investigación al año después de ganar las elecciones generales de 2015.
Para entonces, Brown y Jacobs se habían alejado del activismo por este tema. Ambas dicen que les afectó emocionalmente, especialmente dado que ambas habían perdido a sus seres queridos.
«Sentí que ya no podía hacerlo. Me enojé demasiado», dice Jacobs. «Desde el momento en que empecé [después de la muerte de mi prima] sentí que estaba golpeando mi cabeza contra la pared, sentí que no se estaba logrando nada».
También han sido críticas con la investigación.
Jacobs asegura que nunca logró realmente ganarse la confianza de muchas familias que perdieron hermanas o madres o hijas, y muchas no fueron incluidas en las audiencias públicas.
Según Brown, «hablaron con muchas familias, abrieron muchas heridas. Pero al final, ¿alguien fue arrestado?»
«Tiene que haber justicia. Esos hombres tienen que ir a la cárcel. Si no lo hacen, todo el dinero gastado y todo lo que hablamos no vale la pena, porque no hay justicia».
También advierten que, si bien la investigación pudo haber terminado, los índices de violencia se mantienen altos.
La verdadera curación vendría de parte de los canadienses indígenas que reclaman su cultura, idioma y tradiciones, dice Jacobs.
Afirma que Canadá debe tomar pasos concretos hacia la reconciliación y responsabilizarse de políticas que han sido perjudiciales para las mujeres indígenas.
En estos días, Brown va a las vigilias organizadas para las mujeres desaparecidas y se siente reconocida.
«Alguna joven, inevitablemente, en algún momento viene y empieza a informarme sobre el tema y yo solo pienso: ‘Sí, hay esperanza para nosotros ahora'».
«Porque conocen el problema, pueden nombrar el problema, tienen la fuerza para hablar sobre ello».
El informe final
El camino hacia la publicación del informe final de la investigación nacional no siempre ha sido fácil.
La investigación, con un costo de US$68 millones, se inició en 2016 con un mandato para profundizar en las causas sociales, económicas, culturales, institucionales e históricas subyacentes de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas.
Se llevaron a cabo 24 audiencias en todo Canadá, con el testimonio de casi 1.500 personas, incluidos familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas y sobrevivientes de violencia. También se escuchó a decenas de expertos y se revisaron los archivos policiales e institucionales.
Ha habido renuncias, retrasos, críticas relacionadas con la transparencia y las comunicaciones, y preocupaciones sobre su alcance. Los comisionados lucharon para obtener una extensión de dos años, pero recibieron solo seis meses adicionales del gobierno federal.
Salwa, de catorce años, tragó la lejía todo el tiempo que pudo. Ignoró la agonizante quemadura que iba de su garganta al estómago. Ella desconectó el sonido de disparos afuera de la ventana de su cocina. No era la guerra siria de la que estaba intentando escapar. Fue su matrimonio.
Su marido de 27 años estaba borracho otra vez y quería tener relaciones sexuales. Si ella decía que no, él la golpeaba, la arrastraba por el suelo por el pelo, le golpeaba la cabeza contra la pared o la azotaba con su cinturón. Entonces ella dijo que volvería y se envenenó a sí misma.
“Regresé a la habitación y pensé: esta será la última vez”, dijo Salwa. Pero ella no murió. “Cuando me desperté a la mañana siguiente, dije, ‘F * ck, Dios’”.
Salwa, cuyo nombre ha sido cambiado para su protección, ahora tiene 20 años. Ella es una refugiada y una de las más del 40 por ciento de las niñas sirias en el Líbano obligadas a casarse temprano debido a la guerra civil siria, según UNICEF. Eso es casi el doble de la tasa de matrimonio temprano en el Líbano desde que comenzó la crisis.
El matrimonio es visto como una forma de proteger a las niñas de las agresiones sexuales, y les da a los padres una boca menos para alimentar. De hecho, la economía en dificultades del Líbano, junto con la falta de ayuda de las Naciones Unidas, puede dejar a los refugiados desesperados por una dote.
“En muchos aspectos, se considera a las niñas como una mercancía”, dijo Fiona Carr, vocera de Girls Not Brides, una ONG internacional dedicada a acabar con el matrimonio infantil. “Es como, ¿dónde puedo colocar esto? Para algunos padres, obtener una dote es un bien alto, por lo que la colocarán con el mejor postor”.
Sin embargo, lo que los padres no se dan cuenta es que las novias menores tienen mayor riesgo de ser violadas, contraer el VIH, abandonar la escuela y continuar una vida de pobreza, de acuerdo con Girls Not Brides. Y muchas se deprimen o, como en el caso de Salwa, son suicidas.
El 3 de julio, el gobierno sirio hizo un llamamiento a los refugiados para que regresen, diciendo que ha limpiado con éxito grandes áreas de “terroristas”. Pero para muchas niñas refugiadas en el Líbano, el daño ya está hecho. La crisis los ha obligado a casarse, y no hay marcha atrás.
La economía del matrimonio precoz
Zeina, de 14 años, temía al hombre libanés de 53 años, que tenía el pelo blanco y una barriga grande. Pero él estaba a punto de convertirse en su esposo.
Ella solo lo había visto una vez, mientras ambos visitaban a su vecina en West Bekaa, un área del Líbano donde el 47% de las niñas sirias están casadas. Zeina sirvió el té para adultos, él la miró de arriba abajo, y una semana más tarde apareció en su departamento pidiéndole su mano. Zeina rogó a sus padres que dijeran que no. Pero ofreció una vida mejor y una dote de $ 5,000.
Nueve meses después, un jeque entró mientras ella estaba lavando los platos. Él le preguntó si se casaría con el extraño. A regañadientes, ella dijo que sí. Su esposo estaba esperando en el auto. Condujeron a su casa en silencio. Él la violó esa noche, y todas las noches posteriores.
“No vivía en un matrimonio”, dice Zeina, no es su nombre real, ahora tiene 17 años, mientras amamanta a su hija de 7 meses. “Siempre tuve miedo de lo que sucedería cuando llegara a casa por la noche. Siempre estuve impactada, estresada y esperando algo malo”.
Pero su familia, como muchos refugiados en apuros, necesitaba dinero.
Zeina es uno de aproximadamente 1,5 millones de sirios, según el gobierno libanés, que han huido al Líbano desde que comenzó la guerra en 2011. Han encontrado seguridad en el país del tercer mundo, pero también una economía en aprietos.
El desempleo es tan malo que el Líbano ha creado una regla: los sirios solo pueden trabajar en la agricultura, la construcción y la limpieza, trabajos temporales de bajo salario. Como resultado, el 76% de los refugiados registrados en las Naciones Unidas viven debajo de la línea de pobreza, con menos de $ 3.84 por día.
Suzanne Farrah tenía 14 años cuando su familia huyó al Líbano. Su padre había sido asesinado por el grupo terrorista Estado Islámico en Siria, lo que significa que su fuente de ingresos había desaparecido. Entonces ella hizo lo único que sabía que ayudaría a su familia a sobrevivir: se casó.
“Mi madre no tenía suficiente dinero para mantener a la familia”, dijo Farrah, que ahora tiene 17 años. “En mi corazón, no quería casarme. Pero cuando miré nuestras circunstancias, pensé que sería lo mejor”.
Los refugiados tienen una gracia salvadora: la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Pero la organización no puede mantenerse al ritmo de la abrumadora cantidad de refugiados, por lo que está haciendo recortes.
En este momento, está brindando apoyo mensual en efectivo (alrededor de $ 175) a 198,000 refugiados. Eso es solo el 13% de los sirios en el Líbano. Este año, el llamamiento de ACNUR para Líbano es de $ 462 millones, y solo está financiado en un 10%.
“Si la ayuda humanitaria está disminuyendo, las familias se vuelven más vulnerables”, dijo Jihane Latrous de UNICEF. “Y luego se encuentran en situaciones en las que tienen que enviar a sus hijos al trabajo, o niñas para casarse, o sexo de supervivencia”.
Una elección entre violación o violación
Irónicamente, es el miedo al asalto sexual lo que a menudo lleva a los padres a casar a sus hijas.
Cuando los soldados sirios ingresaron en Idlib, Siria, en diciembre de 2016, el padre de Fadia Ammar Al Mohamad no pudo esperar más. Firmó documentos para casar a la niña de 14 años con un primo en el Líbano que nunca había conocido.
“Escuchamos que el ejército estaba violando niñas frente a sus padres y luego matando a toda la familia”, dijo Al Mohamad. “Mis padres temían que me violaran”.
Ahora, más que nunca, las niñas sirias son vulnerables a la agresión sexual. En algunas culturas del Medio Oriente, las niñas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio son avergonzadas, incluso si son violadas. Entonces el matrimonio puede salvar la virginidad de una niña y, por extensión, la reputación de su familia.
En Siria, los grupos armados utilizan la violación como arma de guerra para aterrorizar e intimidar a las personas. Y en el Líbano, los refugiados son más propensos a ser acosados sexualmente.
“Un propietario, por ejemplo, ve a las familias que no pueden pagar el alquiler y puede decidir decir, ‘OK, no puede pagarme el dinero por el alquiler, pero puede entablar relaciones sexuales conmigo’”, dijo Latrous. “Como una forma de proteger a sus hijas, es una elección por desesperación que algunas familias elijan casarlas”.
Pero una vez que una niña está casada, a menudo tiene experiencias sexuales traumáticas dentro de su propio matrimonio.
La vulnerabilidad de las novias jóvenes
Halima Ali Al Hussein, de 17 años, evitó tener relaciones sexuales con su esposo de 42 años durante un mes y medio. Para él, fue un mes y medio demasiado largo.
Tenía esposa e hijos en Siria, pero quería una segunda esposa para hacerle compañía en Dubai, donde acaba de comenzar un nuevo trabajo. Así que visitó un asentamiento de refugiados en Taanayel, Líbano, vio a Al Hussein y le pidió la mano a su padre.
En ese momento, Al Hussein era el sostén de su familia. Su madre había muerto recientemente, y su padre no podía trabajar debido a una lesión. Así que recogió papas en el campo 10 horas al día, a veces siete días a la semana, para mantener a sus ocho hermanos.
Ella pensó que casarse con el extraño haría la vida más fácil. Pero ella terminó entrando en una vida de abuso mental y sexual.
“La primera vez, me forzó”, recuerda Al Hussein, ahora de 21 años. “Fue como una pelea entre nosotros”. Gritaba, ‘¡Déjame!’ Él dijo: ‘Eres mi esposa. Lo harás porque esperé un mes y medio’”.
Las nueve chicas entrevistadas para esta historia dijeron que habían sido forzadas o se sintieron presionadas para tener relaciones sexuales con sus maridos.
“Durante las relaciones, no hubo amor”, dijo Al Hussein. “Solo cerraba los ojos. Hasta ahora, tengo miedo al matrimonio”.
Entonces, hay abuso psicológico.
Al Hussein dijo que su esposo la encerraría en el apartamento todos los días mientras trabajaba. Luego, venía a casa y hablaba por teléfono.
“Me gustaría hablar y preguntar: ‘¿Cómo estuvo tu día?’”, Dijo. “Él decía: ‘No hables hasta que te diga’”.
Al Hussein pensó que tener un bebé podría resolver sus problemas. Cuando lanzó la idea, él dijo que no, que se había casado con ella únicamente por entretenimiento.
En ese momento, Al Hussein decidió dejarlo. Se sintió fortalecida, fuerte y libre. Sin embargo, no se dio cuenta de que divorciarse de su marido arruinaría su reputación.
Culpar a la novia que se va
Cuando Al Hussein, ahora de 21 años, cuenta su historia, se sienta en la cabaña de su familia en Taanayel. Su padre dice que solo puede salir de esta habitación congestionada, hecha de paredes de tela, cuando tiene que trabajar. De lo contrario, porque ya no es virgen, la gente puede pensar que va a hablar con hombres.
“Mis hermanos me preguntaron, ‘¿Por qué volviste? Porque eras una mala esposa, es por eso”, dijo. “Mi papá me estaba culpando, diciendo que debería haber resuelto el problema y me quedé con él”.
Zeina, la siria que se casó con un hombre de 53 años, está lidiando con un problema similar.
Dos años después de su matrimonio, ella quedó embarazada. La familia de su esposo estaba furiosa porque no querían que un niño sirio heredara su tierra, dice ella. Entonces su esposo le dijo a su padre que ella hizo trampa y que el niño no era de él.
“Me golpearon con un cinturón mientras estaba embarazada”, dice mientras señala los verdugones en sus brazos y espalda.
Zeina dio a luz a la niña el año pasado, y su esposo, que se niega a divorciarse legalmente de ella, aún no la ha visto. Con la ayuda de una ONG local, Zeina hizo una prueba de ADN y descubrió que el bebé es suyo.
Sin nadie para ayudar a la madre soltera de 17 años, se esfuerza por alimentar a su hija. Recientemente acudió a la corte, diciendo que necesita que su esposo pague por los pañales.
“Después de ir a la corte, sus amigos amenazaron a mi madre”, dijo Zeina. “Dijeron que si iba a la corte una vez más, lastimarían a toda nuestra familia”.
Y luego está Salwa. Cuando le dijo a su esposo que quería el divorcio, él se llevó a sus cuatro hijos, se mudó y apenas le permite verlos.
Suicidios y encubrimientos
El certificado de defunción de Halima dice que ella se cayó por las escaleras. Pero de acuerdo con SB Overseas, una ONG que trabaja con refugiados sirios en todo el Líbano, incluido el campamento de Halima, la niña de 13 años de hecho se suicidó.
Comenzó una noche en octubre, cuando escapó de su abusivo esposo en un campo de refugiados a las afueras de Beirut. Ella huyó a su familia y le preguntó si podrían ayudarla a divorciarse de él. De ninguna manera, era su respuesta, ella tenía que quedarse con él. Entonces, esa noche, Halima tomó una sobredosis de pastillas.
SB Overseas ha notado cuán común se ha vuelto el suicidio entre las novias menores de edad, y con qué frecuencia las familias mienten al respecto.
“No pueden admitir que la decisión que tomaron llevó a este resultado”, dijo Veronica Lari, ex vocera de SB Overseas. “Lo que ocurre a menudo es que las chicas desaparecen por completo”. Sabemos que es una consecuencia del matrimonio, pero no tenemos datos ni noticias de ella. Y la familia dice que no saben nada”.
Aunque el matrimonio prematuro ha existido durante siglos, pocos estudios muestran su impacto psicológico. Eso no se debe a que las novias infantes no estén profundamente deprimidas y solas, es porque no están hablando de eso.
“Si te obligan a un matrimonio que no quieres, y una vez que estás en el matrimonio, te obligan a tener relaciones sexuales cuando no quieres tener relaciones sexuales, es posible que no le des voces a ningún sentimiento”, Dijo Carr. “Porque, por lo que usted sabe, a nadie le importa lo que piense”.
Hasan Arfeh, un periodista sirio, ha notado la misma tendencia en Siria.
Cuando se supo que una joven novia en la zona rural de Idlib, Siria, se ahorcó en febrero de 2017, Arfeh inició una investigación. Descubrió que otras cuatro niñas se habían suicidado en esa zona desde que las obligaron a casarse.
También se dio cuenta de por qué el suicidio se denuncia tan raramente entre las novias infantiles sirias: el estigma a su alrededor.
“Los padres saben que su hija se suicidó, pero en pequeñas comunidades en Siria, ocultan el problema”, dijo Arfeh. “Se sienten avergonzados de la comunidad que los rodea. No ofrecen el cuerpo al médico forense, alegando que es el cuerpo de una niña y tienen derecho a no mostrarlo”.
Layal, cuyo nombre también ha cambiado, llevaba seis meses en matrimonio cuando intentó suicidarse. La refugiada siria de 16 años saltó a un río en Baalbak, Líbano, sabiendo que no podía nadar. Pero su hermana la salvó.
“Pensé, ‘quiero morir. Es mejor que vivir esta vida miserable’”, dijo.
Su padre huyó al Líbano con 17 niños y no pudo atenderlos a todos. Entonces la casó con un hombre de 31 años que era financieramente estable, pero también abusivo.
Layal dice que un día usó una escoba para golpearla en la cabeza. Él la golpeó tantas veces que se desmayó, despertando en el piso horas después, sangrando por su cráneo. Fue entonces cuando decidió intentar acabar con su vida.
Esperanza en escasez
Layal a veces no puede recordar dónde vive ni cuántos años tiene. Su esposo, que desde que se divorció, la golpeó tantas veces en la cabeza que ahora sufre de pérdida de memoria a corto plazo, dice su madre.
En octubre, Layal tuvo una rara oportunidad de ver a un psicólogo.
Una mañana, Amira Deeb, una trabajadora social del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una ONG financiada por UNICEF, fue al campamento de Layal en busca de refugiados que necesitaran apoyo emocional.
Layal inmediatamente pidió consejería. Pero su madre dijo que no, temía que su hija abandonara el campamento sin un hombre.
La mayoría de las organizaciones de ayuda internacional se enfocan en conseguir alimentos, refugio y ropa para los refugiados, no apoyo emocional. E incluso los que tienen problemas para alcanzar novias infantiles.
UNICEF tiene 10 socios en todo Líbano que se dirigen a mujeres y niñas en riesgo de violencia de género. En 2017, esos socios ayudaron a llegar a más de 60,000 mujeres y niñas, dice Latrous. Pero Deeb dice que eso no significa que las chicas se están abriendo tanto como quieren.
“Sí, tenemos este programa, ofrecemos educación, actividades, psicólogos e incluso ayuda legal, pero no son útiles”, dijo Deeb. “Si tratamos de sacar a las niñas de su lugar de residencia, sus maridos o hermanos o padres o madres representan un gran problema. Estas chicas no pueden ser salvadas”.
Además, las ONG solo pueden lograr muchas cosas sin la ayuda del gobierno libanés.
Líbano no tiene una edad mínima para contraer matrimonio. En cambio, el país deja que las partes religiosas lo decidan.
Además, el Líbano no tipifica como delito la violación conyugal. De hecho, un esposo solo puede meterse en problemas si su esposa está físicamente herida durante una violación y necesita 10 días para recuperarse. En ese caso, enfrenta una multa de entre $ 6.66 y $ 33, o un máximo de seis meses en prisión.
Por ahora, las ONG como RDFL continúan yendo a los campamentos e intentan hacer lo que pueden: ofrecer a las niñas, que obtienen el permiso de sus maridos y padres, la oportunidad de simplemente hablar.
“Cuando vamos al campo, veo algo en los ojos de estas chicas”, dijo Deeb. “No lo dirán, pero cuando miro a los ojos de cualquiera de estas chicas, veo que nos dicen: ‘Por favor, ¿puedes ayudarnos y sacarnos de esta vida para siempre?’”.
223 millones de menores son explotados sexualmente en el mundo
«Son niñas: piensan como niñas, sienten como niñas, aunque estén haciendo el trabajo de una prostituta adulta». Así describe Jorge Crisafulli, misionero salesiano y director del centro Don Bosco Fambul para la protección de Menores en Sierra Leona, la «humillante situación» a la que se enfrentan en este país «un buen número de niñas, muy jóvenes, desde los 9 años, 10, 11, 12, 13, 14….» que son obligadas a prostituirse.
‘Love’, el documental que da voz a las menores prostituidas en Sierra Leona: «Son niñas haciendo el trabajo de adultas»
Crisafulli es el narrador principal del documental ‘Love’ que Misiones Salesianasa estrena este miércoles 4 de abril, con motivo del Día Mundial contra la Protitución Infantil, que afecta a 223 millones de menores en el mundo. La cinta forma para de la campaña ‘Venderse para comer’, con la que la organización hace un llamamiento contra esta forma de «esclavitud», «uno de los grandes desafíos del siglo XXI».
El documental ‘Love’, dirigido por Raúl de la Fuente, pretende acercar la realidad que viven las menores que se ven forzadas a prostituirse en Freetown, la capital de Sierra Leona. Asimismo, muestra el trabajo que desarrollan los Salesianos para «sacar de la calle y ofrecer educación» a muchas niñas que «la única salida que ven» para sobrevivir es la prostitución.
Misiones Salesianas denuncia que la prostitución infantil «es una forma moderna de esclavitud» que en la actualidad sufren más de 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo: «La infancia tiene que ser protegida de una de las peores formas de maltrato contra los niños y niñas», señalan.
Además, hacen hincapié en las «graves secuelas» que deja «de por vida» a los menores que son explotados sexualmente, aparte de las «graves consecuencias» que tiene para su salud física y psicológica».
«PEOR QUE UN PERRO»
En este sentido, Crisafulli, tacha de «inhumano» el trato que reciben las menores. «En Sierra Leona, nacer niña significa ser tratada peor que a un perro», explica el misionero.
Por este motivo, en septiembre de 2016 nació el programa ‘Girls OS +’ destinado a menores de 9 a 17 años en situación de prostitución en este país de África. Desde Misiones Salesianas, explican que los objetivos del proyecto, entre otros, es enseñarles un oficio para que «abandonen» esa situación «tan humillante» así como «acogerlas y cuidarlas en un entorno familiar».
«La batalla contra la lacra de la explotación sexual de la infancia se gana también con la creación de un entorno de protección para los menores, de una sensibilización a la sociedad y de una prevención que tiene en la educación, en la reintegración con sus familias y en la reinserción social los ejes fundamentales», destacan los Salesianos. Según aseguran, más de 125 chicas menores de edad ya han pasado por este programa durante el año y medio que lleva en marcha.
Precisamente, en el documental ‘Love’ de Misiones Salesianas se narra la historia de Aminata, una de esas menores que gracias a la ayuda de los Salesianos «ya ha empezado una nueva vida». «Una historia triste y de soledad al vivir en la calle pero con final feliz gracias a los Salesianos, ya que tiene un futuro prometedor y ha empezado a hacerlo realidad», afirman los Salesianos.
Sierra Leona está en la cola de todos los indicadores económicos, sociales educativos y sanitarios a nivel mundial, según los misioneros, que también explican que muchas jóvenes se dedican a la prostitución porque nacieron en la calle o debido a que la epidemia de ébola las ha dejado «solas en el mundo sin ver otra salida para comer que vender su cuerpo y su dignidad». E incluso alguna lo hace para poder pagarse unos estudios, recalcan los misioneros salesianos de Don Bosco.
Asimismo, lamentan que muchas jóvenes hayan visto «destrozada su vida» y hayan «comprometido su futuro» para conseguir el equivalente a 3 euros para poder comer. Y denuncian que hay casos en los que las menores están en lugares donde «se cuelan las ratas por la noche y construido sobre una cloaca».
‘Love’, el documental que da voz a las menores prostituidas en Sierra Leona: «Son niñas haciendo el trabajo de adultas»
«La calle está llena de peligros, nos pegaban nos robaban y hasta la Policía abusaba de nosotras», dice Mariatzu, una de las chicas que forma parte del programa de los Salesianos en Freetown que agradece al centro Don Bosco Fambul su labor y ayuda.
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