España: El duro golpe de las restricciones en pandemia contra la lactancia materna

Por: Sara Plaza Casares

La Asociación Española de Pediatría (AEP) alerta de que la lactancia se ha visto gravemente afectada por la crisis del covid. Madres contagiadas que han tenido que luchar para ingresar con sus bebés o separadas de ellos nada más nacer dan cuenta de ello.

Era finales de junio de 2021 cuando el covid entró por la puerta del hogar de Helena del Pozo contagiando a toda la familia. Madre lactante con una bebé de cuatro meses, comenzó con síntomas que fueron creciendo hasta que apareció la fiebre alta y un día noto que tenía dificultad para respirar. Es entonces cuando se dirigió al madrileño Hospital Puerta de Hierro y empezó su primera lucha. “Me querían trasladar al Isabel Zendal —sito en Valdebebas— pero me negué. Tengo una bebita, no puedo separarme de ella. Firmé el alta voluntaria y me fui a casa. Cuando entré por la puerta empezaron las taquicardias”, cuenta Del Pozo quien, tras consultar con un familiar sanitario, decidió volver al Puerta de Hierro. “Volví con el sacaleches, preparada para ingresar. En urgencias comuniqué que mi hija tenía una PCR positiva y que quería continuar con la lactancia. Que necesitaba ingresar con ella”. Pero cuenta Helena que la ginecóloga junto con la médica de medicina interna, acompañadas de varias enfermeras, hicieron de muro de contención. “Me insistían en que una planta covid no es lugar para un bebé. Que nunca se había hecho. Pero un bebé tiene que estar donde va su madre”, se queja. Es entonces cuando comenzaba su segunda lucha.

Así, ingresó en planta pero no de brazos cruzados. Durante 24 horas movió todos los hilos posibles para conseguir proseguir con la lactancia. Primero contacto con la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la lactancia (IHAN), un certificado impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para proteger la lactancia materna y con el que, paradójicamente, cuenta el Hospital Puerta de Hierro. También habló con otras asociaciones como PETRA, Maternidades Feministas, la Liga de la Leche o Amamanta. Al día siguiente el buzón del teléfono de recepción del hospital rebosaba con mensajes a favor de la causa de Helena. Finalmente, y gracias a la presión que también realizó su médico internista, el doctor Tung, lo consiguió.

Como Helena, muchas otras madres se han enfrentado a dificultades para practicar la lactancia durante la crisis del covid-19. Así, la Asociación Española de Pediatría (AEP) avisa en un reciente comunicado que esta práctica se ha visto mermada en los últimos tiempos por la pandemia. “Desde el área de Lactancia Materna del Comité de Nutrición y Lactancia Materna (CNYLM) de la AEP señalan que las tasas actuales de lactancia materna en España distan mucho de los objetivos ideales”, advierten. “Algo preocupante si se tienen en cuenta todas las bondades de la ingesta de leche materna, que protege al bebé contra enfermedades comunes tanto a corto como a largo plazo, reduce el riesgo de la madre de padecer cáncer y otras dolencias e implica un ahorro enorme para las familias, además del beneficio ambiental que supone para el planeta”, aseguran.

“Los hospitales están dando de alta a las madres y sus recién nacidos temprano, lo que limita la cantidad de tiempo que las familias reciben atención especializada en lactancia, educación y asistencia técnica”

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses del bebé y complementada hasta los dos años de vida. Según los últimos datos del INE, de 2017, en España la practicaban el 74% de las madres entre las cero y las seis semanas de vida del bebé y se reduce al 39% a los seis meses. Desde AEP explican a El Salto que, aunque no se pueden dar cifras concretas del impacto de la pandemia en la lactancia porque aún no hay estadísticas nacionales, esta ha producido cambios en la atención perinatal y neonatal para minimizar los riesgos de transmisión al recién nacido y al personal sanitario, desviándose en ocasiones hacia prácticas “restrictivas”.

 “Las recomendaciones al inicio de la pandemia sobre el cuidado y la alimentación del lactante cuando la madre tiene covid-19 van desde la separación de la madre con el lactante y evitar la alimentación con leche materna hasta retrasar el inicio del contacto temprano de piel a piel y la lactancia materna directa”, relata Susana Ares, coordinadora del área de lactancia materna del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la AEP.

Ares destaca que muchas prácticas sanitarias durante la pandemia no han sido positivas para la lactancia. “A pesar de las recomendaciones de la OMS para promover la lactancia materna temprana y directa y el contacto piel a piel, estas y otras recomendaciones no se están siguiendo en el entorno clínico”, describe. “Por ejemplo, algunas madres se han visto obligadas a pasar por el trabajo de parto y el posparto solas, mientras que algunos hospitales tienen visitas de los padres limitadas o nulas a los bebés. Además, los hospitales están dando de alta a las madres y sus recién nacidos temprano, lo que limita la cantidad de tiempo que las familias reciben atención especializada en lactancia, educación y asistencia técnica”.

Del otro lado, Ares insiste en remarcar lo que para la AEP son puntos claves: es poco probable que el SARS-CoV-2 se transmita a través de la leche materna y las madres pueden amamantar de forma segura con las medidas adecuadas de control de infecciones.

“Durante la pandemia, achacando todo a los protocolos del covid, se han vulnerado sistemáticamente los derechos de las madres y de las criaturas”

Vulneración de derechos

“Durante la pandemia, achacando todo a los protocolos del covid, se han vulnerado sistemáticamente los derechos de las madres y de las criaturas”. Esther Coronado, presidenta de la asociación Amamanta, es clara al resumir la situación. Por ello, desde la entidad que preside se pusieron a trabajar a favor de la lactancia desde el minuto uno. Su asociación ejercía como grupo de apoyo en tres hospitales de Valencia (La Fe, Clínic y Manises) impartiendo talleres de lactancia y con voluntariado. “Llega el estado de alarma y no podemos tener ese contacto con las madres, pero necesitaban nuestro apoyo. Comenzamos talleres virtuales, todos los días de lunes a viernes uno por la mañana y otro por la tarde. Es infinitamente más fácil poder observar una toma desde pocos centímetros, poder ayudar a una madre en una postura, poder coger al bebé. No sabíamos pero no queríamos dejarlas solas y lo hicimos”.

La iniciativa que les enseñó a comunicarse “de otra forma” les permitió crecer. Y de una manera torrencial sus talleres llegaron hasta madres de toda España e incluso de Latinoamérica. “En los hospitales ponen un cartel con un código QR que les redirige a nuestros talleres”, explica Coronado.

Desde Amamanta tenían claro que la pandemia no podía acabar con su necesario asesoramiento porque “las madres somos uno de los colectivos que más se ha abandonado durante la pandemia”. “Las mamás llegaban a los talleres más verdes, no habían podido tener clases de preparación al parto. Además durante este tiempo ha sido muy difícil juntarse con mujeres con experiencia en lactancia en su entorno”, cuenta la presidenta de Amamanta.

“Se han dado casos de madres que tenían que ingresar por una operación y no se les ha dejado ingresar con la criatura y hemos tenido que intervenir para explicarles la necesidad de que el  bebé continuara pegado para proseguir con la lactancia. En muchos casos se ha imposibilitado”

Coronado cuenta que durante estos últimos meses las llamadas con consultas al servicio jurídico de su asociación denunciando vulneraciones de derechos no han parado. “Se han dado casos de madres que tenían que ingresar por una operación y no se les ha dejado ingresar con la criatura y hemos tenido que intervenir para explicarles la necesidad de que el  bebé continuara pegado para proseguir con la lactancia. En muchos casos se ha imposibilitado”, denuncia.

Salud mental y lactancia

Las medidas restrictivas también han hecho mella en el estado anímico de las madres. Según un estudio de la Universidad de Alberta en Canadá el número de mujeres que reportaron depresión materna durante la pandemia pasó de un 15 a un 41%. Liset Álvarez es psicóloga perinatal y forma parte de Mammasur, un grupo de apoyo a la maternidad, lactancia y crianza. Durante estos últimos meses confirma que ha constatado un aumento de la depresión posparto y de cuadros de ansiedad, que dificultan la lactancia materna.

“En las mamás primerizas la lactancia tiene que instaurarse, circula una especie de fantasía de que la leche surge a chorros de repente, y eso no es así. El proceso de pasar del calostro hasta la subida de la leche requiere su tiempo y si están muy angustiadas cuesta mucho”, explica Álvarez, quien informa de que esto se ha traducido en muchos casos en el abandono de la lactancia.

“Los primeros protocolos de separación precoz de los bebés han sido horrorosos. Las 24 horas de instauración de la lactancia son fundamentales. Y, todo esto, ha contribuido a que disminuya la lactancia o a que se abandone antes”

“Estas madres han llegado al parto recorriendo unos kilómetros de angustia. En muchos casos han asistido solas a las ecografías, a las consultas, en la parte más dura algunas parieron solas”, cuenta esta psicóloga perinatal. “Los primeros protocolos de separación precoz de los bebés han sido horrorosos. Las 24 horas de instauración de la lactancia son fundamentales. En muchos casos estas primeras 24 horas no se pudieron dar”. Y, todo esto, “ha contribuido a que disminuya o a que abandonen antes. Ha dificultado que se instale y mucho más que se mantenga. Ha habido grandes tasas de cese de la lactancia”, explica.

Helena del Pozo, por su parte, es consciente de que no todas han tenido la misma suerte. “Decían que en 18 meses nunca había ingresado una bebé en la unidad covid”, señala mientras es consciente de que probablemente le precedieron muchas madres que vieron su derecho a la lactancia bloqueado. “Ayer tuve revisión y la matrona me dijo que de las últimas 20 madres que había visto era la única que continuaba con el pecho”, cuenta. “Mi caso creó un precedente y espero que esté sirviendo de algo”, concluye.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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México: “Nos dijeron que por ese ojito de agua se escuchaban los lamentos”

Texto: Daniela Rea

Familiares de desaparecidos en Guanajuato exploraron un predio en Celaya, ante la decisión de autoridades de suspender búsquedas por pandemia. Encontraron varias fosas de las que a una semana de su hallazgo se habían exhumado 19  cuerpos. Guanajuato es la segunda entidad con más cuerpos recuperados de fosas clandestinas.

“Fuimos y nos dicen que para allá, para un ojito de agua, para un cerrito, por ahí nos dicen que se oyen lamentos, atrás del palenque también, allá en la comunidad Sauz de Villaseñor, en Celaya. Ahora sí que por los rumores y, bueno, pues vamos, no perdemos nada. Y fuimos por el ojito de agua, el pozo de agua y por el palenque. Estuvimos siete horas trabaje y trabaje, varillando, excavando y al final encontramos un perrito colgado, una perrita, la colgaron unos dos días a lo mucho, nos espantamos y pues… ¿quién puede venir a hacer aquí todo esto? Pensamos que era una señal, que era reciente y empezamos a checar más adelantito y fue que encontramos los montículos de piedrecitas, cobijas, ropa, encontramos varios objetos. Escarbamos como 30 centímetros y encontramos los primeros cuerpos, unos 4 cuerpos…”.

Así relata la señora Norma Patricia Barrón Núñez, que busca a su esposo y a su hijo desaparecidos en Irapuato en junio del 2019, cómo fue que un grupo de familiares en Guanajuato decidieron retomar por su cuenta las búsquedas, ante la decisión de las autoridades estatales de no realizar más exploraciones por la pandemia.

El pasado sábado 20 de febrero llegaron a este lugar y encontraron las fosas. Llamaron a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado para avisar del hallazgo y pedir su exhumación, pero no les atendieron, que no podían ir, que irían hasta el martes. Finalmente se les ocurrió marcar al 911 y llegaron algunas patrullas de la policía municipal. Pero los agentes intentaron detener a las buscadoras por encontrarlas en una escena del crimen.

“Nadie llegaba, se estaba haciendo noche, y le llamamos al 911 y pues fue el primero que llegó al lugar. Pero luego luego nos dijo que nos iba a detener porque no era bueno que nosotras hubiéramos encontrado esos cuerpos. Nos empezó a dar miedo, pero de ratito llegó la Guardia Nacional y se calmaron los policías”, recuerda Patricia.

El periódico am publicó el testimonio de otra madre de familia que acudió a la búsqueda de ese sábado 20 de febrero. “Cuando llega el primer respondiente, que en este caso fue la policía municipal, nos empieza de alguna manera a agredir, que teníamos que decir cómo fue que dimos en ese punto, que se les hacía muy raro, que incluso nos iban a detener. Se nos vulneraron nuestros derechos, porque nos vuelven a criminalizar”, relató la mujer.

Hasta el 28 de febrero se habían encontrado 19 cuerpos. Todos completos, con ropa y en estado de osamenta. Las familias hallaron los primeros cuatro, el sábado que fueron a la búsqueda.

“El primero que encontramos fueron unas costillas con una prenda azul, con una playera. En otro encontramos algo negro y también eran huesos salidos, como del pie, y el otro que encontramos era una tibia con un hueso del pie con una placa de titanio. Teníamos duda de que fueran humanos pero con esa placa ya no hubo duda. Hicimos cuatro excavaciones y ahí dejamos para llamar a las autoridades”.

Foto: Especial.

Un año de búsquedas

En agosto del año pasado un grupo de investigadores, académicos y periodistas publicó el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020). Ahí advertían la existencia de fosas clandestinas en la entidad y alertaban la falta de reconocimiento gubernamental del problema.

“La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas en diferentes años. Además, en la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad. Las cifras disponibles sobre fosas clandestinas han sido documentadas por la prensa escrita local y nacional”, dice el informe.

Lo que ha sucedido en Guanajuato desde mediados del año pasado, sin embargo, hizo inevitable que se reconociera el problema. En 2020 se encontraron las fosas de El Conejo con 15 cuerpos desmembrados, en Salvatierra con un total de 79 cuerpos, en Cortázar con al menos 45 cuerpos, en Acámbaro con 60 cuerpos, y ahora éstas en la comunidad de Sauz de Villaseñor, en Celaya.

Al cierre del 2020 la Comisión Nacional de Búsqueda registraba el hallazgo de más de 204 cuerpos (sin contar los de El Sauz de Villaseñor), lo que ubicaba a Guanajuato en el segundo lugar nacional con mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, después de Jalisco.

En noviembre del año pasado las autoridades estatales suspendieron las búsquedas por la emergencia sanitaria de covid-19, por lo que las familias decidieron seguir con las búsquedas por su cuenta. En esos meses Guanajuato se encontraba en semáforo rojo.

“Nos desanimó mucho que la fiscalía no esté haciendo lo que tiene que hacer. Nos  decidimos a hacer búsquedas independientes bajo nuestros propios riesgos y situación económica, lo mejor era ir a buscar”, dice la señora Norma Patricia.

Así, a finales de enero las familias de distintos colectivos decidieron salir a buscar. En estos dos meses fueron a Venado de Yóstiro, en Irapuato; a San Nicolás de Temascatio, a San Juan de Temascatio y Celaya.

En Sauz de Villaseñor  “el sábado la fiscalía comenzó a escavar pero lo dejo a la mitad. El domingo nos acompañaron de nuevo, pero no se hizo la búsqueda bien, nada más nos dijeron que no siguiéramos escarbando, ya habíamos encontrado otros dos. El domingo nos tuvieron ahí sin hacer nada”.

Las búsquedas de personas desaparecidas están organizadas por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Matilde Domínguez es integrante del Grupo de Observadores que acompaña a las familias a las exhumaciones y búsquedas en Guanajuato. En entrevista dice que la formación de un grupo forense por parte de la Fiscalía General del estado es positivo para mejorar la exhumación, resguardo e identificación de los cuerpos, sin embargo el trabajo aún es lento y con poca coordinación entre las distintas instituciones del gobierno local.

“La Fiscalía ha llegado tarde, el nuevo grupo forense parece que trabaja mejor, hace dibujo de hallazgos, mapa de excavación, pero aun así van muy lentos. Falta articulación entre los distintos órdenes de gobierno, no sabemos cuál es el esquema de trabajo entre la Comisión estatal y la Fiscalía. En lo técnico y en lo organizativo falta, porque las familias hubo en momento en que decían ¿que hacemos?, falta que se llegue tempano, que se explique qué se va a hacer”.

Entre más tiempo pase, se aleja la justicia

Bibiana Mendoza, que busca a su hermano Manuel Mendoza desaparecido en enero del 2018, insiste en la importancia de que las búsquedas continúen y de que se acelere el proceso de identificación de los cuerpos encontrados, más de 200 cuerpos desde diciembre del 2018.

“El tiempo para nosotras es vital, entre más tiempo pase se pierden indicios, se va alejando la verdad, la justicia de nosotras como víctimas indirectas. El tiempo apremia para el estado psicológico de cada familia. La familia deja de vivir, de soñar, deja sus proyectos, de pensar en donde esta su familiar, entre más tiempo pase la incertidumbre es mayor, moralmente y económicamente te desgasta, psicológicamente, porque estas pensando cómo estará, donde lo tendrán, si lo tienen muerto o no, si esta vivo, qué sufrimientos tiene… El tiempo te va consumiendo. Por eso es importante salir a buscar, porque en base al tiempo no se pierden indicios ni cosas importantes, por eso es lo primordial, pero parece que  la autoridad no lo entiende”.

Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Mendoza, desaparecido en enero de 2018.

Bibiana hizo un llamado:

“A la sociedad queremos decirle que si tienen puntos, si saben donde tienen gente en esta situación, enterradas en algún punto, que nos informen. No estamos peleados con nadie, solo queremos a nuestros familiares, volver a continuar viviendo de alguna manera y que las autoridades se sensibilicen”.

La búsqueda en Acámbaro

Del 7 al 17 de diciembre del 2020 se realizaron exhumaciones en Acámbaro, en las faldas del cerro del Toro, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Fiscalía General del Estado (FGE), la Sedena, la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) y Protección Civil.

De acuerdo con el Grupo de Observadores, integrado por  activistas, académicos y solidarios de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que han acompañado las exhumaciones, previo acuerdo con la CEB.

En el “Informe del Equipo de Observación de Sociedad Civil para las Búsquedas en Guanajuato, Búsqueda generalizada de personas desaparecidas, Acámbaro, Guanajuato”, se informó que se localizaron 38 fosas. Ahí se recuperaron los 15 cuerpos y 104 bolsas con restos humanos.

Las fosas estaban cerca de casas habitacionales. “La casa en obra negra con la mayoría de los entierros se ubica frente a otra que sí está habitada. Unos 50 metros antes de ingresar a la finca con puerta azul y número 1362 está a medio camino un altar a la virgen de Guadalupe y otros santos, como si delimitara que a partir de ahí estaban las fosas y, a mano izquierda, está una roca que sobresale de la falda del cerro y hace una especie de cueva o sobra, y en ese espacio pareciera como si fuera un lugar de vigilancia, quizá de las personas que cuidaban la casa de seguridad, ya que había restos de una fogata y algunas piedra alrededor para sentarse”, dice el informe.

“Los restos se encontraron en bolsas negras, cerradas, y se encontraban cuerpos fragmentados y mezclados. Se encontraron a una profundidad de no más de un metro, no estaban visibles, pero se veía el terreno ya modificado y algunas cubiertas por piedras y vegetación (…) Algunas bolsas se abrieron en el lugar y se tomaron fotografías de algunas partes de los cuerpos, ropas y zapatos para que en el reconocimiento de los cuerpos por parte de las familias puedan identificar algún aspecto o rasgo de sus familiares. Algunos restos estaban con tejido blando y en otros puntos se encontraron osamentas y estas no estaban en bolsas, sino en tipo de costal”.

El informe señala que no hay certeza de a dónde se están llevando y resguardando los cuerpos encontrados, pues a pregunta expresa de la antropóloga física Claudia Bisso no hubo mayor aclaración sobre sus condiciones y sitio de conservación.

En esa búsqueda el Grupo de Observación registró dos incidentes de seguridad. El automóvil donde viajaban las familias se le ponchó la llanta: “para este momento ya no se contaba con el cinturón de seguridad de la Guardia Nacional y el Ejercito, sólo las dos patrullas de las FESPE y una camioneta de la CEB. En el crucero las fuerzas especiales hicieron guardia aproximadamente 20 minutos en lo que hacían el cambio de llanta”. El segundo fue que a un compañero observador le quitaron el teléfono para borrarle las fotos que había tomado, luego se lo regresaron y le pidieron sus datos personales.

Fuente e imagen: https://piedepagina.mx/nos-dijeron-que-por-ese-ojito-de-agua-se-escuchaban-los-lamentos/

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Un centenar de familias denuncia que España vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva

Un centenar de familias de niños con necesidades educativas especiales, profesionales de educación y activistas han hecho pública un escrito en el que denuncian que España vulnera el derecho fundamental a la educación inclusiva y reclaman la aprobación de una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva.

«España aún no tiene un sistema pleno de educación inclusiva», lamentan en el documento dirigido a los poderes públicos, Gobierno central, comunidades autónomas, partidos políticos, asociaciones educativas sobre inclusión y al conjunto de la sociedad.

En concreto, explican que las evaluaciones que se efectúan a alumnos con necesidades educativas especiales «constituyen, por el enfoque, metodología y orientación, una de las causas determinantes de la exclusión y segregación de tales alumnos del sistema educativo».

A su juicio, son «una prueba incontestable de que España mantiene un sistema dual educativo y unas prácticas administrativas discriminatorias».

En este sentido, sostienen que los alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad «no se someten a ninguna evaluación psicopedagógica ni, por tanto, se les analizan sus capacidades y competencias».

«Por el contrario, a los alumnos con diversidad funcional se les somete a pruebas inadecuadas basadas en tests psicométricos de tal manera que se convierten las evaluaciones psicopedagógicas en instrumentos de legitimación de la atribución de incompetencias al alumno que presenta diversidad funcional, lo que determina su segregación o separación del sistema educativo», argumentan.

Asimismo, el escrito, realizado por el abogado Juan Rodríguez Zapatero, destaca que en 2018 el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instaba a España a «eliminar la excepción de la educación segregada en la legislación educativa incluyendo la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización».

Por todo ello, reclaman una Ley Básica Integral de la Educación Inclusiva, y la supresión de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización en su configuración y orientación actual (enfoque clínico). En su lugar han de establecerse informes de actuación educativa.
Fuente: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-centenar-familias-denuncia-espana-vulnera-derecho-fundamental-educacion-inclusiva-20200708173731.html

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Iklas Saleh Ali, «quería continuar mis estudios pero no pude, me obligaron a casarme» en Chad

Redacción: Murcia

La vulneración del derecho a la educación es una forma de violencia y limita las oportunidades de las niñas para el ejercicio de otros derechos

A su vez, la escuela puede ser un espacio de protección para prevenir y promover la transformación personal y colectiva que garantice la eliminación de cualquier forma de violencia hacia las niñas

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, un día importante en la agenda internacional para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y las niñas y reclamar la puesta en marcha de políticas en todos los países orientadas a su erradicación.

Cada diez minutos en algún lugar del mundo una adolescente muere a causa de la violencia. En 18 países los esposos pueden impedir de manera legal que sus esposas trabajen de forma remunerada. Cada año, 12 millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años. Más de 132 millones de niñas de entre 6 y 17 años no asisten a la escuela.

Estos son algunos datos que ayudan a comprender la dimensión de la violencia que ensombrece a las niñas y mujeres en el mundo. Pero, tras las cifras, hay rostros e historias concretas. Como la de Iklas Saleh Ali, sudanesa que vive en el campo de refugiados de Iridimi, al este de Chad, con sus cuatros hijos y dos hijas. Iklas fue víctima de un matrimonio infantil forzado, una práctica que sufre el 67% de las mujeres menores de 18 años en Chad. Con 15 años su madre se vio obligada a darla en matrimonio. Por la falta de medios económicos no podía seguir costeando la escuela. «Le dije que no quería casarme. Yo quería continuar mis estudios, pero me obligaron a casarme». Así, Iklas tuvo que abandonar la escuela. Sin embargo, en todo momento tuvo claro que quería volver a estudiar y así lo hizo. Ahora su sueño es ser «doctora o profesora para poder educar bien a mis hijos».

Según el dossier «No Quiero, contra el matrimonio infantil, temprano y forzado», que presentamos el pasado mes de octubre junto a Amnistía Internacional,Mundo Cooperante y Save the Children, África Subsahariana es la región del mundo con mayor nivel de matrimonio infantil, donde aproximadamente 4 de cada 10 mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años, seguida del sur de Asia, donde lo están 3 de cada 10. La tercera en nivel de prevalencia a nivel mundial es América Latina y Caribe (23% en 2017) y, por último, Oriente Medio y África del Norte (17%) y Europa Oriental y Asia Central (11%).

Por países, aquellos en los que más mujeres de 20 a 24 años se casaron por primera vez antes de los 15 años son Chad (30%), República Centroafricana (29%), Níger (28%), Bangladesh (22%) y Guinea (19%); y los países en los que se han casado antes de los 18 años son Níger (76%), República Centroafricana (68%), Chad (67%), Bangladesh (59%) y Mali (52%).

Iklas ha logrado volver a estudiar. Iklas podia ser una de las 32.000 niñas que Entreculturas ha acompañado con el programa La Luz de las Niñas que, junto al Servicio Jesuita a Refugiados y Fe y Alegría, impulsa en 15 países. Las niñas tienen derecho a una infancia en igualdad de oportunidades, libre de miedos, de amenazas y agresiones. El programa quiere visibilizar la desigualdad que sufren las niñas, protegerlas frente a la violencia, valorar su capacidad para elegir su futuro e incidir para transformar las causas de esta injusticia

El sueño de Iklas ahora es ser «doctora o profesora para poder educar bien a mis hijos». Mientras tanto, está segura de dos cosas: de que «nunca daré en matrimonio a mis hijas mientras sean pequeñas» y que «la educación es muy importante para el futuro de mis hijos».

La educación, clave para la seguridad de las niñas y la garantía de sus derechos

La educación es un derecho humano de todas las niñas y es la llave que permite la garantía de otros derechos. La educación es fundamental para contribuir a su desarrollo y erradicar la feminización de la pobreza, es condición necesaria para alejarlas de la violencia, tiene una relación directa en su salud, permite que tengan posibilidad de acceder a un trabajo digno e impacta en la posibilidad de participar activamente en la vida social y política.

El acceso de las niñas a la escuela supone un derecho promotor de otros derechos y, desde la experiencia educativa con sus organizaciones socias en diversos países, Entreculturas advierte que el entorno escolar puede contribuir a crear identidades no violentas y en sintonía con el desarrollo igualitario de todo el alumnado. La escuela y el derecho de las niñas a acceder a ella sigue siendo un privilegio y no un derecho en muchos países del mundo, tal y como aborda el informe de Entreculturas «Seguras para aprender en libertad». La generalización del acceso a una educación de calidad, crítica y emancipadora, que integre de manera transversal el enfoque coeducativo en su práctica, permitiendo a su alumnado abordar de forma crítica los estereotipos y roles de género y fomente su desarrollo libre e integral, tiene que estar en la agenda de todos los países que quieren conseguir la igualdad, no sólo pero también, a través de la educación.

La escuela debe servir para erradicar la idea de que las diferencias biológicas determinan diferencias sociales ya que los estereotipos, prejuicios, roles, comportamientos y normas que se derivan de estas ideas de lo masculino y lo femenino y se aprenden de múltiples maneras a través del proceso de socialización. El avance hacia un modelo de escuela que integre en su práctica educativa como eje transversal el cuestionamiento de estos estereotipos y roles atribuidos, fomentando el desarrollo libre e integral de las potencialidades, intereses y capacidades de su alumnado, constituye un primer paso esencial a la hora de defender los derechos de las niñas y transitar hacia sociedades más igualitarias.

Entreculturas defiende que la igualdad de género debe ser un elemento protagonista y transversal en todo tipo de aprendizajes críticos y de calidad. La cuestión de género nos sitúa directamente en el corazón de los derechos humanos y de la justicia, por lo que su tratamiento, a través de la lucha contra la violencia hacia las niñas, es uno de los requisitos fundamentales de nuestra praxis para acompañarlas, defenderlas y proteger sus derechos.

Fuente: https://www.murcia.com/region/noticias/2019/11/25-iklas-saleh-ali-queria-continuar-mis-estudios-pero-no-pude-me-obligaron-a-casarme.asp

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Los ataques se triplican contra indefensas escuelas de Afganistán

Redacción: Ipsnoticias

Los ataques contra las escuelas en Afganistán se triplicaron entre 2017 y 2018, según un nuevo informe de Unicef, cuando pasaron de 68 a 192, y es probable que esa alarmante cifra suba este año porque el gobierno va a utilizar nuevamente para unos comicios las instalaciones educativas, esta vez  para las elecciones presidenciales. 

El informe se lanzó en paralelo a la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, realizada en la ciudad española de Palma de Mallorca, donde la comunidad internacional discutió el cumplimiento de la Declaración sobre Escuelas Seguras, destinada a proteger a estudiantes, profesores, profesoras e instituciones educativas en medio de conflictos armados.

Se trata de un compromiso intergubernamental adoptado en Oslo en 2015, nacido como instrumento para propiciar esa seguridad. Pero los participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca, celebrada entre el 27 y el 29 de mayo, criticaron su efectividad y dudaron de la voluntad de los gobiernos involucrados y la comunidad internacional en cumplir lo acordado.

La directora ejecutiva de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Henrietta Fore, expresó su preocupación porque la educación esté “bajo fuego en Afganistán”, al presentar el informe el 27 de mayo.

“Los ataques sin sentido a las escuelas; los asesinatos, lesiones y secuestros de maestros; y las amenazas contra la educación están destruyendo las esperanzas y los sueños de toda una generación de niños”, dijo en un comunicado.

El martes 4, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que “debido al conflicto en Afganistán, más de 1.000 escuelas cerraron a fines del año pasado, dejando a medio millón de niños sin escuela”.

De hecho, la mitad de los escolares de entre siete y 17 años no asiste a las escuelas en ese país de Asia, lo que equivale a 3,7 millones de niños y adolescentes.

La oleada de ataques se produce cuando las escuelas están siendo arrastradas a convertirse otra vez en foco del conflicto en Afganistán al mantenerlas como centros de registro electoral y votación para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre, pese a que el país suscribió la Declaración de Escuelas Seguras.

El uso de los centros escolares como colegios electorales es habitual en el mundo pero en el caso afgano coloca a las instalaciones como foco de ataques, al igual que sucedió en los comicios de 2014 y 2018.

La mayoría de las escuelas atacadas en 2018 habían sido utilizadas durante las elecciones legislativas de ese año.

Anthony Neal, gerente de Defensa del no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) y participante en el encuentro de Palma de Mallorca dijo a IPS que “de los 192 ataques a escuelas que se llevaron a cabo el año pasado en Afganistán, 92 fueron relacionados con las elecciones”.

“Usar las escuelas de esta manera las coloca directamente en la línea del frente “, planteó.

“En muchos países del mundo, las escuelas se utilizan como centros de votación, incluso recientemente en toda Europa para las elecciones legislativas europeas”, dijo Neal. “Lamentablemente no es el caso en Afganistán, donde las elecciones se consideran la expresión de una gran división entre los diferentes lados del conflicto”, planteó.

Patricia Gossman, investigadora principal en Afganistán de Human Rights Watch (HRW), coincidió a IPS en que “un lugar de votación será un objetivo desafortunadamente, dada la actitud de los talibanes hacia las elecciones”.

Organizaciones sociales como NCR y HRW y agencias de la ONU han pedido que las mesas electorales y los centros de registro de votantes se retiren de las escuelas.

“Muchas escuelas en todo Afganistán están siendo utilizadas actualmente por las fuerzas armadas”, dijo Neal, “para proteger la educación en Afganistán, las personas que apoyan las elecciones deben encontrar sitios alternativos de votación y registro de votantes”.

A pesar de este llamado para encontrar nuevos lugares para las actividades electorales, el gobierno afgano no parece haber avanzado en la búsqueda de esos locales  alternativos, y los informes indican que ya están preparando edificios escolares para las elecciones presidenciales.

“No han hecho preparativos para utilizar otro tipo de instalación”, dijo Gossman,  aunque ello “no está fuera del alcance” de los responsables de los procesos electorales.

La activista sugirió usar tiendas de campaña como cabinas de votación, que se han utilizado con éxito en otros países en el pasado, y son independientes, neutrales y baratas.

Con las próximas elecciones programadas para septiembre, Afganistán podría ver un empeoramiento en una situación educativa ya precaria.

Según el Banco Mundial, Afganistán tiene una tasa de alfabetización de solo 31 por ciento, una de las más bajas del mundo. Esto se debe en parte a la prohibición casi completa de la educación femenina bajo el régimen islamista talibán de 1996 a 2001.

Los ataques a centros educativo y al propio derecho a la educación en Afganistán son parte de un problema global que la comunidad internacional ha intentado abordar.

Durante la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, Mark Lowcock, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia dijo: “en los últimos cinco años, se reportaron más de 14.000 ataques a la educación en 34 países”.

Afirmó que la falta de adhesión a la Declaración de Escuelas Seguras, de la que Afganistán es signatario, es en parte culpable; “cuando los países se suscriben a la declaración, tienen que cumplir con las obligaciones en virtud de ella”, agregó, “estamos viendo demasiados ejemplos de fuerzas que ocupan las escuelas. Eso tiene que terminar”.

Sin embargo, en el caso específico de Afganistán, la efectividad de la Declaración de Escuelas Seguras parece cuestionable.

Al reflexionar sobre la intensidad de la violencia en Afganistán, Gossman señaló que “incluso las mejores intenciones parecen palabras al viento una vez que te enfrentas a este tipo de ritmo de conflicto”.

Agregó que “hay todo tipo de promesas en papel que se ven muy bien, pero que faltan severamente la implementación y el cumplimiento”.

Si bien la Declaración de Escuelas Seguras puede apuntar a proteger la educación en tiempos de conflicto, cuando se enfrenta a un contexto en el que la educación está siendo atacada violentamente, parece impotente para impulsar un cambio real, coincidieron los expertos consultados, en coincidencia con participantes en la Conferencia de Palma de Mallorca.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2019/06/los-ataques-se-triplican-indefensas-escuelas-afganistan/

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