Author: Alejandra Perinetti

Por Alejandra Perinetti

Durante mucho tiempo, la legislación de nuestro país criminalizó la pobreza y, a partir de una concepción paternalista de la infancia, se encargó de poner bajo una pseudoprotección a cualquier «niño que se encontrara en riesgo o estado de abandono moral o material», ingresándolos a dispositivos institucionales de control social como los institutos de menores.

Estas instituciones poco tenían que ver con el fortalecimiento de los vínculos familiares o con estrategias de revinculación con su familia de origen, vulnerando así los derechos del niño y afectando su desarrollo pleno.

Hoy en día, a más de 25 años de sancionada la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), donde niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derecho, éste debería ser un tema saldado en pos de la construcción de un sistema de protección integral de derechos con características que garanticen el bienestar de todos los niños, independientemente del estrato social al que pertenezcan. Lamentablemente, esto no es así.

Un estudio publicado en 2015 por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) junto a Unicef, revela que hay 3908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años, inclusive. Esta cantidad representa al 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país.

Por otro lado, si se considera el nivel educativo alcanzado por este grupo de adolescentes y jóvenes, podemos observar que el 17% cuenta con la educación primaria completa, el 16% con la primaria incompleta, el 64% no ha cumplimentado con el nivel secundario completo mientras que solo el 3% logró finalizar los estudios secundarios.

Podemos deducir entonces que hay un sector de la sociedad más vulnerado para el cual la respuesta punitiva del Estado parece ser la más recurrente.

Además, una vez que ingresan al circuito penal juvenil, las condiciones en las que se encuentran estos adolescentes distan mucho de convertirse en una oportunidad para que, una vez que recuperan la libertad, puedan reinsertarse saludablemente en el contexto de sus comunidades.

Por ello, se vuelve urgente remarcar que el mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad.

Sin embargo, los institutos de libertad restringida son totalmente iatrogénicos (dícese del acto médico que a pesar de haber sido realizado debidamente no consigue la recuperación de la salud del paciente): las condiciones en las que pasan sus días los adolescentes y jóvenes privados de libertad dan cuenta de pautas y normas de convivencia que, sin profundizar demasiado, se podrían asociar a una clara violación de los estándares mínimos de calidad de vida y derechos humanos que se establecen y reconocen en distintos tratados internacionales, Constitución Nacional, así como en las leyes nacionales y provinciales que se dictaron en consecuencia.

En este contexto surge la siguiente pregunta: ¿cómo es posible exigirle a un adolescente o joven que se «reinserte» en la sociedad una vez cumplida su condena si durante la permanencia en estos dispositivos no se ha hecho más que profundizar la vulneración de sus derechos?

Más allá de la deuda que nuestro país tiene en materia de responsabilidad penal juvenil, es necesario avanzar hacia el fortalecimiento de políticas destinadas a mejorar las condiciones en la permanencia y el egreso de los adolescentes que transiten por el circuito penal juvenil.

Tratamiento diferenciado

El tratamiento que se le da a la comisión de un delito por parte de un adolescente o joven no puede ser el mismo que a un adulto. Necesitamos contar con un sistema judicial que resguarde a los jóvenes en conflicto con la ley penal, con el objetivo de romper el círculo vicioso que reproduce la violencia en la que viven inmersos.

Más aún, es necesario mejorar los mecanismos de integración social que apunten a evitar no sólo la reproducción de conductas juveniles delictivas, sino que, fundamentalmente, garanticen sus derechos, brindándoles un marco para su inserción social.

Desde Aldeas Infantiles SOS entendemos a la juventud y la adolescencia como un período entre la niñez y la adultez, en el cual se busca consolidar su relación con la sociedad, en un afán de reinventar el mundo desde su propia mirada y formas de expresión.

Esto nos convoca a todos como sociedad a acompañar la transición, desde la inclusión y la participación, de quienes van a construir nuestro futuro, posibilitando así un debate real sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

¿Una inclusiva y constructiva o una que ensanche la brecha por donde se filtran cada vez más niños, niñas adolescentes y jóvenes?

La autora es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina; www.aldeasinfantiles.org.ar

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1897714-las-fallas-del-circuito-penal-juvenil-mas-violencia-y-pocos-derechos