Una marea por una escuela inclusiva

Agustín Moreno

“Cuanta más mezcla se dé en el crisol de una

sociedad o de una escuela, habrá más riqueza” .

Federico Mayor Zaragoza

 

La diversidad es un valor en sí misma y enriquece a todas las personas que participan en ella. Pero la administración educativa del Partido Popular, por razones políticas, no está de acuerdo con esta idea y aplica medidas segregadoras. Por ello, la sociedad civil ha puesto en marcha iniciativas para mejorar la calidad de la educación para todo el alumnado. Esto significa que en cada centro se debe garantizar la diversidad y aplicar medidas para aquellos que tienen necesidades especiales o compensatorias de cualquier tipo.

La inequidad y la segregación son un atentado al derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes.Los datos hablan por sí solos. Según PISA, España está muy por encima de la media de la OCDE en segregación social en la escuela y sigue aumentando. Estamos al nivel de Brasil, México y Hungría, y en las antípodas de Finlandia, Canadá y Japón, como demuestra en un excelente análisis de Lucas Gortazar. Las cosas están peor aún en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) que está a la cabeza de España en segregación y en repeticiones, y la tendencia es creciente si comparamos 2012 y 2015. La European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), perteneciente al Consejo de Europa, demuestra que Madrid es una región donde los problemas de la educación tienen que ver con la desigual distribución de alumnado inmigrante y de etnia gitana, la existencia de escuelas “gueto” y con las prácticas en el proceso de admisión que permite a los colegios concertados seleccionar a su alumnado. Eligen el alumnado a través de diferentes trucos, ante la pasividad de la inspección y de las autoridades educativas. Es tan escandaloso, que los centros que no escolaricen un cupo de alumnos con dificultades no deberían disfrutar de conciertos pagados por todos.

Todo tiene su explicación. La política seguida por los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid ha convertido la segregación en un patrón de sus actuaciones. Combina medidas como el aumento de la red privada sostenida con fondos públicos (concertada), la implantación del modelo mal llamado “bilingüe”, los centros de “excelencia” y el establecimiento de la “zona única” de escolarización. Ésta última, ha roto el acertado criterio de escolarizar por proximidad. Por si fuera poco, las pruebas externas y reválidas, cuyos datos con la LOMCE pueden ser publicados, ponen al alumnado y a los centros a competir y no a cooperar.

Se aplica todo lo anterior al tiempo que se recortan recursos para atender a la educación compensatoria. En concreto, ha bajado un 15% desde 2011 la partida destinada a apoyos para alumnos en desventaja social. Así, estamos llegando al absurdo de crear primero guetos y luego cerrar aulas de los centros con mayores niveles de alumnado vulnerable. Esta política cristaliza las desigualdades y margina al alumnado que tiene necesidades educativas y diferencias de origen socioeconómico y cultural.

Frente a la situación descrita se ha puesto en marcha, desde las comunidades educativas de la zona sur, una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en la educación no universitaria. La razón es muy clara: la calidad de la educación a la que debemos de aspirar es la suma de la inclusión y la excelencia. La ILP es una herramienta pensada para hacer frente a este problema. Se está produciendo un intenso proceso de explicación y debate que ha recabado el apoyo de 160 entidades y que cuenta con el asesoramiento de expertos universitarios y juristas.

Como dice uno de sus promotores, José Miguel Martín: “No todos los centros sostenidos con fondos públicos acogen por igual al alumnado. Se están cerrando aulas en los centros con mayores tasas de alumnado vulnerable, por lo que se premia a los centros que excluyen, mientras que se castiga a los colegios que apuestan por la diversidad y la inclusión en sus aulas”. Y añade un argumento preocupante: “Si las familias compran segregación es porque la Administración vende segregación”.

La idea central es planificar con equidad la oferta educativa, para evitar que el alumnado con dificultades se concentre en los centros públicos no bilingües, reducir las ratios, reforzar las plantillas y los equipos de orientación y atención a la diversidad. Se ha iniciado formalmente el proceso con los acuerdos simultáneos del día 11 de mayo de los ayuntamientos de Leganés, Getafe y Parla. Las tres localidades superan en mucho los 50.000 habitantes requeridos por la Ley 6/1986 de Iniciativa legislativa popular. Y se piensa llevar a otros 23 municipios para su aprobación antes de remitirlo a la Asamblea Regional.

En la misma dirección ha surgido otra iniciativa en un barrio de Madrid que pide más recursos y, sobre todo que la inclusividad sea un rasgo normal y común de todas las escuelas financiadas con fondos públicos. Con la Declaración por la Dignidad de la Escuela Pública de Vallecas se propone que el distrito sea zona libre de recortes y con una escolarización equilibrada ante el escándalo de que el 80% del alumnado con dificultades de aprendizaje está en los centros públicos. La comunidad educativa del distrito, representada por la Plataforma por la Escuela Pública, ha llevando sus propuestas a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y la respuesta ha sido positiva, con la posibilidad de que varios partidos presenten una Proposición No de Ley unitaria para afrontar los problemas denunciados y que no admiten demora. También se están recogiendo miles de firmas de apoyo a la Declaración.

La educación debe combatir las desigualdades, no limitarse a comprobar que existen. La escuela es un reflejo de la sociedad pero puede y debe propiciar cambios justos, basados no tanto en la igualdad como en la equidad, dando más a quien más lo necesita y no al contrario. Acabar con la segregación social y académica mejora el conjunto del sistema. Se tiene que asegurar el derecho a desarrollar al máximo las capacidades de todas las personas escolarizadas en la educación obligatoria. Para ello se deben impulsar cambios legales, curriculares, metodológicos y organizativos que ofrezcan mejores respuestas a la diversidad, con especial atención a quienes más lo precisan.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/05/18/una-marea-una-escuela-inclusiva/

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