El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Asamblea General de Naciones Unidas escogió este día para destacar tan desafiante meta porque seis años antes, en esa fecha, la Policía de Sudáfrica reprimió con armas de fuego una protesta que personas desarmadas realizaban contra las leyes del apartheid. Casi 200 personas resultaron heridas y 69 fueron asesinadas.
Desde entonces, leyes, instituciones y prácticas racistas fueron abolidas en numerosos países. Pero el racismo continúa vigente de diversas formas, incluso en ámbitos donde podríamos no sospecharlo.
En 1995, una educadora de ascendencia colla, graduada universitaria, presentó sus papeles para acceder a un cargo e n una escuela secundaria en la provincia de Tucumán.
La docente fue preseleccionada y convocada a una entrevista. Entonces, quien la entrevistaba, la rectora del establecimiento, también graduada universitaria, le dijo que no podrían darle el cargo.
Cuando la colega preguntó por qué, la rectora le respondió: “Por tu color de piel”. Este es un ejemplo de lo que podemos llamar “racismo explícito”. Pero abundan los casos de “racismo oculto”. El problema es que este es más difícil de identificar y de erradicar.
En los países de América latina, la mayoría de los medios de comunicación que informan sobre hechos de racismo suelen hacerlo especialmente acerca de los que acontecen en otras latitudes.
Si bien hay excepciones, rara vez informan sobre las numerosas situaciones y procesos que afectan de modo cotidiano a personas y a comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de sus propios países.
Estas situaciones y procesos no suelen convertirse en noticia. Esto es así porque ocurren “desde siempre” y afectan a personas y a comunidades que no nos sorprende que sufran estos hechos. La ausencia de noticias sobre el racismo que afecta a estas comunidades no parece conmover demasiado a otros grupos de población.
En estas sociedades, se ha naturalizado que estas personas y comunidades deban enfrentar palabras y comportamientos humillantes o prejuicios que afectan sus posibilidades de acceder a oportunidades laborales.
Además, se ha naturalizado que hayan sido desplazados de sus territorios originales y hoy vivan en otros espacios, en condiciones ambientales y sanitarias deplorables.
También se ha naturalizado que sus tierras sean usurpadas por terceros, que sus niñas sean víctimas de violaciones, que sus miembros trabajen sin derechos laborales en la agricultura, que las escuelas y los hospitales cercanos a sus comunidades presenten condiciones incluso peores que las que atienden a otros sectores sociales nada favorecidos por las políticas y los presupuestos públicos.
¿Por qué nada de esto sorprende? Porque el racismo es un elemento constitutivo y estructuralmente vigente en estas sociedades. Este problema, originado en el período colonial, continúa vigente.
Las instituciones y las políticas de educación superior no escapan a los problemas derivados del racismo. Ellos se expresan en la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre el estudiantado y los cuerpos docentes, y entre autoridades y funcionarios.
También se expresan en la exclusión de las historias, las lenguas y los conocimientos de esos pueblos en los planes de estudio. De este modo, el racismo también afecta la calidad de la educación que las universidades ofrecen, la investigación que realizan y su papel en la formación de profesionales, de ciudadanos y de opinión pública.
Además, las ideologías y las prácticas racistas impregnan la formación de docentes, y así se irradian hacia todo el sistema educativo.
En vista de estos problemas, la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, realizada en Córdoba en junio de 2018, entre otras recomendaciones enfatizó que las políticas y las instituciones de Educación Superior deben contribuir a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo.
Como una manera de asegurar esto, también destacó la necesidad de promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. Y planteó que el reto no es sólo incluir en las instituciones de educación superior a miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes e individuos de grupos sociales históricamente discriminados, sino transformar a estas instituciones para que sean pertinentes desde lo social y cultural.
Ahora se trata de poner estas recomendaciones en práctica.
* Investigador de Untref-Conicet, director de cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
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