Por: Vicent Maurí Genovés
«El conflicto real no es entre jóvenes y mayores, ni entre personas en activo y pensionistas. El conflicto es entre una mayoría social que quiere vivir con dignidad y un modelo económico y social que normaliza la precariedad, privatiza derechos y convierte las necesidades básicas en negocio…»
Quieren hacernos creer que el debate sobre las pensiones es una cuestión que afecta únicamente a la gente mayor, como si fuera un problema ajeno al resto de la sociedad. Esta visión interesada oculta una realidad mucho más profunda: las pensiones están directamente vinculadas a los salarios, a la precariedad laboral y a un modelo económico que condena a trabajadoras y trabajadores a vivir con dificultades antes y después de la jubilación. En el País Valenciano, esta realidad se manifiesta con especial dureza.
Nuestro territorio sufre desde hace décadas un modelo productivo basado en salarios bajos, temporalidad y empleo precario, agravado por una infrafinanciación crónica que limita la capacidad de garantizar servicios públicos y políticas sociales suficientes. Los salarios en el País Valenciano se sitúan sistemáticamente por debajo de la media estatal, y esto tiene un impacto directo en las cotizaciones y, en consecuencia, en las pensiones. Trabajar ya no garantiza vivir dignamente, ni durante la vida laboral ni cuando llega la jubilación.
Cotizar menos hoy significa pensiones más bajas mañana. No es una amenaza abstracta, es una certeza que ya golpea a miles de personas pensionistas valencianas que, pese a haber trabajado toda la vida, perciben pensiones insuficientes para afrontar el coste real de la vida. Las pensiones medias en el País Valenciano continúan estando por debajo de la media estatal, una desigualdad que no es casual, sino consecuencia directa de un mercado laboral precarizado y de un sistema que perpetúa las diferencias territoriales.
Cuando se anuncia que las pensiones suben de acuerdo con el IPC, a menudo se omite una parte esencial de la realidad. El encarecimiento de la vivienda, especialmente grave en muchas comarcas valencianas, así como el coste de la energía, de la alimentación y de los servicios básicos, no se refleja de manera equitativa en los índices generales. La inflación castiga con mucha más fuerza a las rentas bajas, tanto las de las personas pensionistas como las de las trabajadoras y trabajadores que apenas llegan a final de mes.
Por eso es un error, profundamente interesado, enfrentar generaciones, como si los derechos de las personas pensionistas pusieran en riesgo el futuro de la juventud. Este relato, impulsado por los poderes económicos, pretende ocultar el verdadero problema: un modelo que condena a la juventud valenciana a la precariedad y, al mismo tiempo, condena a las personas jubiladas a pensiones insuficientes. Defender pensiones públicas dignas es defender salarios dignos, empleo estable y un futuro con derechos para las generaciones que vienen.
El conflicto real no es entre jóvenes y mayores, ni entre personas en activo y pensionistas. El conflicto es entre una mayoría social que quiere vivir con dignidad y un modelo económico y social que normaliza la precariedad, privatiza derechos y convierte las necesidades básicas en negocio. En el País Valenciano, esta lucha pasa necesariamente por acabar con la infrafinanciación, mejorar los salarios y reforzar los servicios públicos y un sistema público de pensiones suficiente y solidario.
Las pensiones no son un privilegio ni un gasto excesivo. Son un derecho colectivo, fruto del esfuerzo compartido de generaciones enteras de trabajadoras y trabajadores valencianos. Defenderlas es defendernos a todas y todos. Porque lo que está en juego no es solo cómo vivimos cuando nos jubilamos, sino cómo vivimos ahora y qué futuro queremos construir en el País Valenciano.
Fuente de la información e imagen: https://loquesomos.es







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