Mujeres indígenas en América Latina, territorios en disputa, cuerpos que resisten

Por Alejandra Rizzo*

Por primera vez, este 5 de septiembre las Naciones Unidas conmemoraron oficialmente el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Indígenas del Mundo. La fecha nació en 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos Indígenas de América, realizado en Tiwanaku, Bolivia, en homenaje a la lucha de Bartolina Sisa. Recupera la memoria de esta mujer aymara, que encabezó junto a Túpac Katari el cerco a La Paz de 1781 y fue ejecutada por las fuerzas coloniales el 5 de septiembre de 1782. Más de dos siglos después, su historia vuelve sobre un presente marcado por la disputa por la tierra y los bienes comunes.

En América Latina, las mujeres indígenas ocupan un lugar central en esas disputas. Sostienen comunidades, transmiten lenguas y saberes y defienden territorios amenazados por proyectos mineros, petroleros, agroindustriales y forestales. La violencia que enfrentan no puede separarse de esos conflictos, criminalización, persecución judicial, desalojos y asesinatos aparecen allí donde la tierra y los recursos naturales se convierten en una fuente de acumulación.

La dimensión regional de esta realidad quedó expuesta el 4 y 5 de septiembre en Ciudad de México, donde mujeres indígenas de 14 países de América Latina y el Caribe discutieron territorio, cuidados, biodiversidad, cambio climático y participación política, con el objetivo de fortalecer alianzas y construir una agenda propia.

Pero esa articulación venía tomando forma desde semanas antes. Entre el 16 y el 21 de agosto, más de 2.500 personas participaron en Puyo, provincia de Pastaza, Ecuador, del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), que reunió a pueblos indígenas, comunidades y organizaciones de los nueve países de la cuenca amazónica. El encuentro reclamó el cese de las concesiones mineras y petroleras, mecanismos efectivos de protección para quienes defienden los territorios y el reconocimiento de la Amazonía como una zona libre de extracción.

La elección de Ecuador tampoco fue casual, allí, los pueblos waorani, ubicados en la región amazónica del país, continúan exigiendo el cumplimiento de la consulta popular de 2023, en la que cerca del 60% votó por mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Tres años después, solamente una parte de los pozos fue cerrada y las comunidades siguen reclamando que se respete el mandato popular.

En Colombia, esa defensa del territorio tiene además consecuencias cada vez más violentas. El 1 de septiembre fueron asesinados en su vivienda, en Cajibío, departamento del Cauca, María Ovidia Palechor, mujer indígena Yanakuna y defensora de derechos humanos, y su compañero James Flor, líder campesino y representante de víctimas. Palechor había coordinado el Programa Mujer y el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Ambos acompañaban las iniciativas comunitarias de paz de La Pedregosa y habían denunciado la presencia y las amenazas de actores armados en la zona.

En Guatemala aparece otra dimensión de la misma disputa: la criminalización. Un informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos calificó de “alarmante” la persecución contra personas defensoras, especialmente indígenas, y advirtió sobre intimidaciones, violencia y utilización de mecanismos judiciales contra quienes enfrentan proyectos extractivos, energéticos y agroindustriales.

Argentina: la tierra, para qué y para quiénes 

En Argentina, el avance del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrió una nueva discusión sobre tierra, vivienda y territorios indígenas. Organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos advirtieron que las modificaciones propuestas pueden facilitar desalojos y profundizar la inseguridad jurídica de comunidades que todavía esperan el reconocimiento efectivo de sus territorios.

La discusión se cruza con un proceso de concentración y extranjerización de la tierra. En Puerto Libertad, Misiones, alrededor del 80% de las tierras productivas están en manos de la multinacional forestal Arauco. En Salta, comunidades indígenas denuncian conflictos vinculados con el agronegocio, la minería y la especulación inmobiliaria. En la Patagonia, el desalojo de familias de la comunidad mapuche Quintriqueo y la amenaza sobre la comunidad Melo volvieron a mostrar las consecuencias de la eliminación, en 2024, de la emergencia territorial indígena.

El 5 de septiembre fue también una jornada de organización. En distintas provincias se realizaron encuentros, actividades comunitarias y acciones de reivindicación de las mujeres indígenas. En Río Negro, organizaciones docentes reivindicaron a las mujeres mapuche como protagonistas de la defensa del territorio, la lengua, la identidad y los saberes. En Chaco, mujeres de la comunidad Toba recuperaron la memoria de sus referentes y volvieron a poner en el centro las necesidades y demandas de sus pueblos. En Jujuy se homenajeó a Bartolina Sisa y a mujeres referentes de las cuatro regiones de la provincia. También hubo espacios de organización y celebración comunitaria. En Tunuyán, Mendoza, mujeres andinas realizaron una jornada con música, danzas y expresiones culturales en homenaje a Bartolina Sisa, mientras en distintos territorios del país organizaciones indígenas y populares reivindicaron la fecha desde una perspectiva de resistencia anticolonial, antipatriarcal y antiimperialista.

Cinco siglos resistiendo

La lucha de las mujeres indígenas por el territorio también permite recuperar la figura de Milagro Sala, dirigente social jujeña y referente de la Organización Barrial Tupac Amaru. A diez años de su detención, su trayectoria continúa asociada a una experiencia de organización territorial que construyó viviendas, escuelas, centros de salud y espacios comunitarios para sectores populares. Su caso muestra otra dimensión de la disputa: la criminalización de las organizaciones populares que construyen poder colectivo y se atreven a disputar recursos, derechos y condiciones de vida.

Bartolina Sisa tampoco puede quedar reducida a una imagen del pasado. Su historia recuerda que la resistencia indígena fue organización política, construcción de fuerza y lucha por el territorio. Esa misma disputa atraviesa hoy a las mujeres que enfrentan desalojos, proyectos extractivos y persecuciones mientras sostienen la vida comunitaria.

En la nueva fase del capitalismo, la tierra, el agua, los minerales y los bosques aparecen cada vez más subordinados a la lógica de la acumulación. Sobre esos territorios avanza también una disputa por los cuerpos y por las condiciones de reproducción de la vida. Las mujeres indígenas muestran que ambas luchas no están separadas,defender el territorio es defender la posibilidad de decidir cómo vivir, producir y organizarse.

A más de cinco siglos de las primeras resistencias contra la conquista, esa pelea continúa abierta. Allí donde la tierra se concentra y la vida se convierte en mercancía, las comunidades siguen construyendo organización. Bartolina Sisa no vuelve como una efeméride: vuelve en cada territorio donde una mujer indígena se planta frente al despojo y convierte la defensa de la vida en fuerza colectiva.

*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de Nodal

https://www.nodal.am/2026/09/mujeres-indigenas-en-america-latina-territorios-en-disputa-cuerpos-que-resisten-por-alejandra-rizzo/

Comparte este contenido:

A 11 años de Ni Una Menos, la marea feminista que convirtió el dolor en una fuerza política continental

Por Alejandra Rizzo*

El 3 de junio de 2015 una multitud desbordó las plazas argentinas bajo una consigna que nació en las redes sociales y se volvió un grito colectivo: “Ni Una Menos, vivas nos queremos”. Aquella movilización, convocada luego de cuantiosos femicidios que conmocionaron al país, marcó un punto de inflexión en la historia política y social de Argentina y de América Latina. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, las cifras siguen evidenciando la persistencia de las violencias por motivos de género. Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. En estos once años ocurrió, en promedio, un femicidio cada 31 horas, una realidad que da cuenta de la vigencia de una lucha que transformó para siempre la agenda política y social del país.

El reciente femicidio de Agostina, en la provincia de Córdoba, irrumpe como un recordatorio brutal de la vigencia de las demandas que dieron origen a Ni Una Menos. En un contexto de retroceso de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias de género, y de discursos que buscan relativizar las desigualdades estructurales que atraviesan a mujeres y diversidades, su asesinato vuelve a interpelar a toda la sociedad. Once años después de aquella movilización histórica, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las mujeres seguirán siendo asesinadas por el solo hecho de ser mujeres? El nombre de Agostina se suma a una larga lista de vidas arrebatadas por la violencia patriarcal y a una memoria colectiva que el movimiento feminista transformó en organización, lucha y exigencia permanente de justicia. Su historia reafirma que Ni Una Menos sigue siendo una urgencia política y social de nuestro presente.

El 3J no fue solamente una movilización multitudinaria o un fenómeno viral, la marea feminista logró instalar en el centro de la discusión pública problemáticas históricamente invisibilizadas y construir una nueva gramática política para pensar la violencia, los cuidados, las desigualdades y las condiciones materiales de la vida. Once años después, su potencia sigue vigente no sólo en las calles, sino también en la memoria colectiva de una generación que entendió que lo personal también es político y que la organización popular podía transformar el miedo y la bronca en una fuerza capaz de disputar el sentido del sistema, y que la heterogeneidad puede organizarse en torno a un enemigo común, el capitalismo patriarcal.

La magnitud de aquella convocatoria no puede comprenderse sin el papel central que tuvieron las redes sociales. Facebook, Twitter y otras plataformas digitales funcionaron como espacios de encuentro, difusión y planificación que permitieron amplificar rápidamente el reclamo y conectar experiencias atravesadas por una misma violencia sistemática. En muy pocos días, y disputando el territorio virtual, una consigna impulsada inicialmente por periodistas, escritoras, artistas y activistas feministas se volvió un fenómeno social de calle. Según relevamientos de aquel momento, más del 60% de quienes participaron de la movilización se enteraron de la convocatoria a través de redes sociales, mostrando cómo la disputa del territorio virtual se convirtió en una herramienta decisiva para producir poder y disputar sentidos en el espacio público.

De Ciudad Juárez a Buenos Aires, los antecedentes de una consigna

La consigna “Ni Una Menos” tiene una genealogía latinoamericana. Fue inspirada en la frase “Ni una menos, ni una muerte más”, utilizada por la poeta y activista mexicana Susana Chávez Castillo para denunciar los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue asesinada en 2011.

En Argentina, el proceso comenzó a consolidarse en marzo de 2015, tras el asesinato de Daiana García. Periodistas, escritoras y activistas organizaron una maratón de lectura en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para visibilizar la violencia patriarcal. Entre las organizadoras estaba Vanina Escales, quien propuso utilizar el nombre “Ni Una Menos” para la convocatoria.

Ese mismo año, otros casos de femicidio atravesaron al país, como los casos de Melina Romero que apareció asesinada tras haber desaparecido luego de festejar su cumpleaños, el de Katherine Moscoso que fue enterrada viva en un médano, y en mayo el caso de Chiara Páez, asesinada a golpes a los 14 años, el cual terminó de detonar la indignación social.

La periodista Marcela Ojeda escribió entonces en Twitter: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, ¿no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”. Ese tuit funcionó como disparador de una articulación profunda entre periodistas, escritoras, activistas y usuarias de redes sociales.

Cuando las redes hicieron posible la masividad

Ni Una Menos nació primero como un poema y luego como un hashtag, antes que como organización formal. Las plataformas digitales permitieron transformar experiencias individuales de violencia en una narrativa colectiva capaz de construir legitimidad política y movilización territorial, como herramientas de realización del poder popular.

El territorio virtual funcionó, y funciona, como una herramienta donde el feminismo y el transfeminismo global se encuentran, planifican y difunden consignas y actividades para luego ser realizadas en las calles de cada provincia, estado, ciudad o municipio. Twitter y Facebook funcionaron como aquella infraestructura organizativa, donde se compartieron convocatorias, materiales gráficos, testimonios y consignas.

Durante el 3 de junio de 2015 el hashtag #NiUnaMenos fue mencionado más de 516 mil veces. Según L’Internationale, el fenómeno se define como una experiencia de “tecnopolítica feminista, capaz de producir comunidad, identidad afectiva y presión pública sostenida’’.

El movimiento también desarrolló consignas virtuales propias: hashtags como #VivasNosQueremos, #NosMueveElDeseo y #ParoDeMujeres, transmisiones en vivo, coberturas colaborativas; ilustraciones feministas y el pañuelo verde se convirtieron en símbolos de un movimiento feminista que comenzaba a fortalecer su legitimidad.

La potencia de esa articulación virtual permitió sostener la continuidad organizativa entre movilizaciones, internacionalizar las consignas y universalizar las luchas, las cuales incorporaron demandas vinculadas al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, la feminización de la pobreza, la brecha salarial, la precarización laboral y el endeudamiento, además de denunciar la violencia institucional, la criminalización de la protesta social y el vaciamiento de políticas públicas.

La masividad de Ni Una Menos también permitió construir una genealogía política que enlazó al movimiento con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los Encuentros Nacionales de Mujeres y las luchas LGBTIQ+, sindicales, indígenas, migrantes y piqueteras.

Una región atravesada por la violencia machista

La experiencia argentina se expandió rápidamente por América Latina y Europa. Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador replicaron movilizaciones, articulaciones feministas y estrategias de ciberactivismo.

En Perú, la movilización de agosto de 2016 fue considerada la protesta más grande de la historia del país. En México, la consigna retomó la lucha de Susana Chávez y denunció los femicidios sistemáticos y la impunidad estatal. En Italia, el movimiento transfeminista Non Una Di Meno se convirtió en una de las expresiones feministas más importantes de Europa y en Estados Unidos y Francia impulsó los movimientos como el #MeToo.

La lucha continúa. América Latina continúa siendo una de las regiones más peligrosas para las mujeres y diversidades. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, al menos 19.254 feminicidios fueron registrados en América Latina y el Caribe en los últimos cinco años. Entre seis y ocho de cada diez mujeres de la región atravesaron algún episodio de violencia física, sexual, económica o psicológica a lo largo de sus vidas.

La violencia se profundiza en contextos de pobreza, ruralidad y discriminación étnica. Las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas enfrentan mayores obstáculos para denunciar y acceder a protección estatal. A nivel global, ONU Mujeres advierte que menos del 40% de las víctimas busca ayuda institucional y que menos del 10% recurre a la policía. Solo el 55% de los países penaliza integralmente la violencia doméstica y más del 60% carece de leyes de violación basadas en el consentimiento.

La violencia digital también se convirtió en una dimensión central del problema. El auge de discursos misóginos en redes sociales y comunidades virtuales, como la llamada “manósfera”, amplifica el acoso y las amenazas contra mujeres periodistas, activistas y dirigentes políticas.

En Argentina, los datos económicos muestran cómo las desigualdades de género siguen estructurando el acceso al trabajo y a los ingresos. Según datos de CEPA y relevamientos publicados en 2026, las mujeres representan el 64,2% del sector con menores ingresos. La brecha salarial ronda el 27% y alcanza el 40% entre trabajadoras informales. La tasa de actividad femenina es del 52,6%, muy por debajo del 70,1% registrado entre los varones.

La informalidad también golpea más fuerte a las mujeres: el 38% trabaja en condiciones precarias. Además, destinan en promedio tres horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Los sectores más feminizados son, a su vez, los peores remunerados: el 98,8% del trabajo doméstico registrado es realizado por mujeres.

En un escenario atravesado por el ajuste, el avance de discursos antifeministas y el debilitamiento de políticas públicas destinadas a garantizar derechos, el 3 de junio vuelve a funcionar como una fecha de memoria, protesta y articulación política continental.

El movimiento continúa recordando que la lucha por una vida libre de violencias está inseparablemente ligada a la disputa por condiciones materiales dignas para vivir. Por eso, cada 3 de junio no solo se exige justicia para quienes ya no están también se reafirma la necesidad de construir sociedades más humanas, democráticas y solidarias. Porque si algo nos deja la lucha feminista es la certeza de que frente al miedo, la indiferencia y la violencia de este sistema capitalista y patriarcal, la organización popular sigue siendo una de las herramientas más poderosas para imaginar y construir otros futuros posibles.

Porque, once años después, la consigna sigue condensando una urgencia que atraviesa fronteras: ni una menos, vivas y libres nos queremos.

*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL

A 11 años de Ni Una Menos, la marea feminista que convirtió el dolor en una fuerza política continental – Por Alejandra Rizzo

Comparte este contenido:

Del discurso al crimen: cómo el “antifeminismo” crece en América Latina y el Caribe

Por: Alejandra Rizzo

En los últimos meses, América Latina volvió a estremecerse frente a una ola de femicidios que expone la persistencia y la profundidad de la violencia machista en la región. Argentina, Uruguay y El Salvador registraron cifras alarmantes, pero más allá de los números, emerge un dato inquietante: los discursos antifeministas dejaron de ser marginales para transformarse en parte del poder político y mediático. Lo que antes se enunciaba en los márgenes digitales hoy circula desde los ministerios, los juzgados y los medios de comunicación, hasta las calles de América Latina y el Caribe.

Solo en 2024, al menos 4.854 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 17 países de América Latina y el Caribe. Es decir, 13 mujeres asesinadas por día. En Argentina, desde enero hasta septiembre de 2025, se registraron 178 femicidios, 1 cada 36 horas, según el Observatorio Ahora que sí nos ven. En Ecuador, la fundación ALDEA contabilizó 82 femicidios en apenas dos meses y medio. Detrás de cada cifra hay una historia de desprotección, impunidad y desidia estatal que habilitan tal violencia, y una estructura fascista que construye un sentido común contra la lucha feminista.

El fascismo como hilo conductor de la violencia patriarcal

El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, Argentina, es otro ejemplo fiel del resultado de las prácticas que habilitan la violencia. El asesino de Luna y Mariel, Pablo Laurta, no es un desconocido: es el fundador de Varones Unidos, una organización nacida en Uruguay en 2015 que se presenta como ‘’defensora de los derechos humanos de los hombres’’, pero que en realidad funciona como un espacio de articulación del antifeminismo regional. Laurta no sólo impulsaba teorías conspirativas sobre la ‘’ideología de género’’, sino que además mantenía vínculos con figuras ultraderechistas como Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos de los principales voceros ideólogos del pensamiento neofascista liberal en Latinoamérica, cercanos al presidente argentino Javier Milei.

La relación entre estos actores no es casual. Desde la Fundación Faro —el think tank encargado de librar la “batalla cultural” contra el feminismo, la educación sexual integral y el derecho al aborto presidido por Laje y creado por Milei— hasta los espacios religiosos y mediáticos que promueven el negacionismo de la violencia de género, existe un entramado político y económico que sostiene esta ofensiva. En Uruguay, los grupos vinculados a Laurta presionaron para modificar la Ley 19.580 de Violencia Basada en Género, y en Argentina el gobierno impulsa un nuevo Código Penal que tipifica las “falsas denuncias” por violencia, en línea con las demandas de organizaciones antifeministas. La senadora argentina, Carolina Losada, presentó incluso un proyecto para agravar las penas en esos casos, legitimando un relato sin evidencia: que las mujeres denuncian falsamente.

En México existen convocatorias “antifeministas” como las que circularon el 8 de marzo por grupos de varones conocidos como “Espartanos Unidos” y “Macho Alfa Stars” con el objetivo de contramarchar, provocar y frenar las actividades del movimiento feminista en torno al Dia Internacional de la Mujer.

Estos hechos no son aislados. Son parte de una estrategia regional, que se expande preocupantemente y combina desinformación, victimización masculina y una retórica que busca reinstalar la duda sobre quienes denuncian y sobre la razón de lucha de los movimientos feministas. Estos ‘’movimientos de varones” se organizan en redes sociales y espacios legislativos para disputar sentido, atacar la educación sexual integral, el derecho al aborto y las políticas de género para la igualdad. Su narrativa se nutre de los mismos recursos que los neo-fascismos de Europa y Estados Unidos: simplificación del conflicto, apelación a la emoción y demonización del adversario.

El problema no es solo el discurso, sino su institucionalización y legitimidad. Cuando una ministra de Seguridad, como Patricia Bullrich en Argentina, afirma públicamente que “el feminismo pisoteó a los hombres y eso generó que la violencia les vuelva en contra a las mujeres”, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en reproductor del odio. Estas declaraciones legitiman la violencia, habilitan la crueldad y legalizan el desmantelamiento de las instancias de prevención y acompañamiento de mujeres y disidencias víctimas. En ese contexto, cada ataque deja de ser un hecho individual para volverse síntoma del sistema capitalista y patriarcal vigente.

La urgencia del feminismo popular y revolucionario

Es menester comprender que la lucha del feminismo revolucionario y popular de la región es sostenido por los pueblos, quienes vivimos en carne propia hace siglos la opresión del sistema patriarcal. Hoy los feminismos continuamos alzando la voz por las que no están, con el objetivo de poder construir un mundo sin opresores ni oprimidos. Pasando por el ‘’Ni Una Menos’’, el Aborto Legal, y el #YoTeCreoHermana, recordando las luchas por el voto femenino y el divorcio, seguimos exigiendo vidas más dignas.

El movimiento feminista a través de la historia ha puesto en cuestión las estructuras de poder y ha logrado avances concretos en materia de derechos. Esto amenaza la continuidad de sectores conservadores neo-fascistas que buscan restaurar viejas prácticas para poder disciplinarnos, y así seguir acumulando riquezas. Hoy, esos sectores se reorganizan con nuevas banderas, nuevos lenguajes y nuevas plataformas, pero con la misma raíz patriarcal capitalista.

El caso Laurta, como muchos, condensa ese giro: un militante antifeminista convertido en femicida, que encontró en el clima actual una legitimación social y política para su odio. No fue “un loco suelto”. Fue un actor dentro de un sistema que fabrica sentido, financia campañas de desinformación y capitaliza el malestar social para imponer miedo y disciplinamiento. Hoy más que nunca los feminismos populares y revolucionarios de la región debemos generar acciones directas, imponer así nuestras consignas y tomar las calles. Decimos que es urgente, no como una vana consigna, sino porque perdemos vidas en el camino. Reconocerlo no es solo una tarea del feminismo: es una urgencia popular. #QueArda.

Del discurso al crimen: cómo el “antifeminismo” crece en América Latina y el Caribe – Por Alejandra Rizzo

Comparte este contenido: